TA SAN - Sentencia 680012333000-2020-00972-00 (27-03-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrado Ponente: Iván Fernando Prada Macías

Bucaramanga, veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado 680012333000-2020-00972-00 Medio de control Reparación directa Demandante Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB judiciales@cdmb.gov.co h_alier@yahoo.com Demandado Municipio de Bucaramanga notificaciones@bucaramanga.gov.co carlosalfaroabg7@gmail.com cmalfarof@bucaramanga.gov.co Ministerio Público Procuraduría 159 Judicial II para Asuntos Administrativos nmgonzalez@procuraduria.gov.co Asunto Presupuestos para la existencia del daño. No se determinó la antijuridicidad del daño, pues no puede considerarse que la declaratoria de nulidad de un acto administrativo general tenga efectos ex tunc.

En desarrollo de los artículos 182 A y 187 de la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, se profiere sentencia anticipada de primera instancia en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda1.

La demanda fue interpuesta mediante apoderado judicial por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, en adelante CDMB, en ejercicio del medio de control de reparación directa , a efectos que se declare administrativa y extracontractualmente responsable al Municipio de Bucaramanga, por el daño antijurídico que se le causó como consecuencia del

CDMB, en ejercicio del medio de control de reparación directa , a efectos que se declare administrativa y extracontractualmente responsable al Municipio de Bucaramanga, por el daño antijurídico que se le causó como consecuencia del menoscabo patrimonial derivado de la omisión en la transferencia de los recursos de la sobretasa ambiental a la que está obligado en los términos del artículo 44 de la Ley 99 de 1993, en específico respecto del tercer y cuarto trimestre del año 2018 y el primer, segundo y tercer trimestre del año 2019; para tal efecto, solicitó acceder a las siguientes pretensiones:

“1. Declarativas

PRIMERA: Que se DECLARE administrativamente responsable al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA por los perjuicios materiales ocasionados a la CORPORACIÓN

AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE

1 Ver documento “001Demanda” del Expediente Digital contenido en OneDrive – índice 00009 de SAMAI.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Primera Instancia Exp. 680012333000-2020-00972-00

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BUCARAMANGA (CDMB) por haber omitido transferirle los recursos de la sobretasa ambiental a la a que está obligado en los términos del artículo 44 de la ley 99 de 1993, durante el tiempo que más adelante se precisa.

SEGUNDA: Que se DECLARE que MUNICIPIO DE BUCARAMANGA es la entidad encargada de recaudar la sobretasa con destino a la protección del medio ambiente, recaudo que debe transferir a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA (CDMB) de conformidad con

encargada de recaudar la sobretasa con destino a la protección del medio ambiente, recaudo que debe transferir a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA (CDMB) de conformidad con lo establecido en el mismo artículo 44 de la Ley 99 de 1993.

TERCERA: Que se DECLARE que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA (CDMB) es la beneficiaria de la sobretasa ambiental que debe recaudar el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, en los términos de la ley.

CUARTA: Que se DECLARE que el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA debe transferir los recursos recaudados por concepto de la sobretasa ambiental de la que es beneficiaria la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA (CDMB), desde la ejecutoría de la sentencia de 21 de junio de 2018, que declaró la nulidad del Acuerdo Metropolitano No. 016 de 31 de agosto de 2012, expedido por el Área Metropolitana de Bucaramanga.

QUINTA: Que se DECLARE que el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA no ha transferido a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA (CDMB) los recursos de la sobretasa ambiental correspondientes al tercero y cuarto trimestres del año 2018, primero, segundo y tercer trimestres del año 2019.

SEXTA: Que se DECLARE que los recursos correspondientes a la sobretasa ambiental desde el terce ro y cuarto trimestres del año 2018, primero, segundo y tercer trimestres del año 2019 que debe transferir el MUNICIPIO DE

SEXTA: Que se DECLARE que los recursos correspondientes a la sobretasa ambiental desde el terce ro y cuarto trimestres del año 2018, primero, segundo y tercer trimestres del año 2019 que debe transferir el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA ascienden a la suma de cuarenta y tres mil ciento veintisiete millones ochocientos diecinueve mil doscientos dos pesos ($43.127.819.202).

SÉPTIMA: Que se DECLARE que el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA debe pagar los intereses moratorios de la suma de dinero que debe transferir el municipio desde que se hizo exigible la obligación y que hasta fecha de radicación de la demanda ascienden a la suma de tres mil novecientos treinta y dos millones trescientos cuarenta y tres mil setecientos nueve pesos ($3.932.343.709).

2. Pretensiones de condena

OCTAVA: Que se CONDENE al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA a transferir a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA por concepto de la sobretasa ambiental de que trata el artículo 44 de la Ley 99 de 1993, la suma de cuarenta y tres mil c iento veintisiete millones ochocientos diecinueve mil doscientos dos pesos ($43.127.819.202), que corresponden al tercero y cuarto trimestres de 2018 y al primero, segundo y tercer trimestres del año 2019.

NOVENA: Que se CONDENE al MUNICIPIO DE BUCARAMANG A a pagar a la

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA

trimestres del año 2019.

NOVENA: Que se CONDENE al MUNICIPIO DE BUCARAMANG A a pagar a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA los intereses moratorios de la suma de dinero que debe transferir el municipio desde que se hizo exigible la obligación, los cuales, hasta la fecha de radicación de la demanda ascienden a la suma de tres mil novecuentos

(sic) treinta y dos millones trescientos cuarenta y tres mil setecientos nueve pesos ($3.932.343.709).Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Primera Instancia Exp. 680012333000-2020-00972-00

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DÉCIMA: Que se actualice la suma de cuarenta y tres mil ciento veitisiete (sic) millones ochocientos diecinueve mil doscientos dos pesos ($43.127.819.202), a la fecha de expedición de la sentencia y se CONDENE al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA a pagar el valor correspondiente.

DÉCIMA PRIMERA: Que se CONDENE al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA a pagar a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA intereses moratorios de la suma a la que resultare condenado desde la ejecutoría de la sentencia hasta que se haga efectivo el pago.

DÉCIMA SEGUNDA: Que se CONDENE en costas a la parte demandada...”

Como hechos relevantes en los cuales se sustenta la pretensión de declaración de responsabilidad y la resarcitoria de los perjuicios, indicó la parte demandante,

DÉCIMA SEGUNDA: Que se CONDENE en costas a la parte demandada...”

Como hechos relevantes en los cuales se sustenta la pretensión de declaración de responsabilidad y la resarcitoria de los perjuicios, indicó la parte demandante, que en virtud de lo estipulado en el artículo 44 de la Ley 99 de 1993, se estableció la sobretasa ambiental como una fuente de recursos de las Corporaciones Autónomas Regionales; sin embargo, en el año 2012, se expidió el Acuerdo Metropolitano No. 016 del 31 de agosto, donde se “despojó irregularmente a la CDMB de las funciones de autoridad ambiental”, trasladándose dichas competencias al Área Metropolitana de Bucaramanga – AMB y, se dispuso que la misma funcionaría con el 50% del producto correspondiente al “recaudo del porcentaje o de la sobretasa del impuesto predial y de otros gravámenes que sobre la propiedad inmueble tengan predios en el Área Metropolitana de Bucaramanga” . No obstante, en sentencia de segunda instancia de fecha 21 de junio de 2018 , la Sección Primera del Consejo de Estado declaró la nulidad del citado Acuerdo Metropolitano. Por lo tanto, a juicio de la demandante, desde la ejecutoria de la mencionada sentencia, esto es, del 25 de agosto de 2018, “el municipio de Bucaramanga ha debido re caudar la sobre tasa ambiental y transferirla a la CDMB, en calidad de beneficiaria de dichos recursos” . Empero, si bien se realizó un contrato de transacción parcial entre las dos entidades estatales, el Municipio de Bucaramanga aún le adeuda “la suma (sic) […]

ambiental y transferirla a la CDMB, en calidad de beneficiaria de dichos recursos” . Empero, si bien se realizó un contrato de transacción parcial entre las dos entidades estatales, el Municipio de Bucaramanga aún le adeuda “la suma (sic) […] $43.127.819.202 […] que corresponde al tercer y cuatro trimestres (sic) de (sic) 2018, y al primer, segundo y tercer trimestres (sic) del año 2019”, suma a la cual le adiciona el valor de “$3.932.343.709 por concepto de intereses desde que se hizo exigible la obligación hasta la fecha de radicación de la presente demanda”.

II. TRÁMITE PROCESAL

La demanda fue presentada el día 14 de agosto de 20 20, ante el Tribunal Administrativo de Santander2. Mediante providencia de fecha 15 de septiembre de 20213, se admitió la demanda y su reforma, después de haberse inadmitido 4 y

2 Ver documento “004ActaReparto” del Expediente Digital contenido en OneDrive – índice 00009 de SAMAI. 3 Ver documento “015AutoAdmiteReformaYDemanda” del Expediente Digital contenido en OneDrive – índice 00009 de SAMAI. 4 Ver documento “007AutoInadmite” del Expediente Digital contenido en OneDrive – índice 00009 de SAMAI.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Primera Instancia Exp. 680012333000-2020-00972-00

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subsanado5 por la parte demandante; en tal sentido, se procedió a impartir el trámite del proceso ordinario6.

De esta manera, el día 17 de octubre de 20247, en los términos del artículo 182A

subsanado5 por la parte demandante; en tal sentido, se procedió a impartir el trámite del proceso ordinario6.

De esta manera, el día 17 de octubre de 20247, en los términos del artículo 182A del CPACA (norma adicionada por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021), se impulsó el proceso para dictar sentencia anticipada , al considerar que sólo hay lugar a valorar las pruebas documentales aportadas con la demanda y la contestación de la demanda y, por cuanto las pruebas documentales solicitadas por la parte demandada eran innecesarias. En tal sentido, se corrió traslado para que las partes alegaran de conclusión.

De las anteriores actuaciones, convienen destacar:

1. Contestación de la demanda8.

En oposición a las pretensiones, el Municipio de Bucaramanga se defendió bajo el argumento, que la competencia del Área Metropolitana de Bucaramanga – AMB como autoridad ambiental no estaba únicamente supeditada al Acuerdo Metropolitano No. 016 del 31 de agosto 2012, sino que también tenía su origen en el Acuerdo Metropolitano No. 031 del 29 de agosto de 2014. Luego, a juicio de la entidad demandada, este último acto administrativo “se expide en virtud de la atribución legal contenida en la Ley 1625 de 2013, por medio de la cual le asigna de manera específica la función de autoridad ambiental a las áreas Metropolitanas y les confiere competencia expresa en el manejo ambiental en el territorio de su jurisdicción, derogando tácitamente el condicionamiento de la competencia en razón del número de habitantes”. Por esa razón, expuso, que si bien el Consejo de Estado

les confiere competencia expresa en el manejo ambiental en el territorio de su jurisdicción, derogando tácitamente el condicionamiento de la competencia en razón del número de habitantes”. Por esa razón, expuso, que si bien el Consejo de Estado declaró la nulidad del Acuerdo Metropolitano No. 016 del 31 de agosto 2012, las competencias de autoridad ambiental del Área Metropolitana de Bucaramanga – AMB seguían dadas por el Acuerdo Metropolitano No. 031 del 29 de agosto de 2014, el cual tan sólo fue suspendido en sus efectos de manera provisional por el Tribunal Administrativo de Santander, hasta el día 16 de octubre de 2019, de acuerdo con la medida cautelar proferida en el proceso de simple nulidad con radicado No. 680012333000-2019-00299-00.

En consecuencia, para la parte demandada, la obligación de transferir los recursos de la sobretasa ambiental, establecida en el artículo 44 de la Ley 99 de 1993, surgió a partir del 17 de octubre de 2019, momento en el que la CDMB retomó sus competencias y funciones como autoridad ambiental. Por tal razón, “el Comité de Conciliación del municipio de Bucaramanga llevó a cabo sesión extraordinaria de fecha 6 de agosto de 2020 para aprobar la celebración del contrato de transacción con la CDMB, cuyo objeto consistió en realizar el giro de la SOBRETA SA AMBIENTAL correspondiente a los trimestres no girados a partir de la ejecutoria del

5 Ver documento “010MemorialSubsanacionDemanda” del Expediente Digital contenido en OneDrive – índice 00009 de SAMAI. 6 Ver documento “08AutoAdmiteDemanda” del Expediente Digital contenido en OneDrive – índice 00056 de SAMAI.

5 Ver documento “010MemorialSubsanacionDemanda” del Expediente Digital contenido en OneDrive – índice 00009 de SAMAI. 6 Ver documento “08AutoAdmiteDemanda” del Expediente Digital contenido en OneDrive – índice 00056 de SAMAI. 7 Ver índice 00019 de SAMAI. 8 Ver índice 00012 de SAMAI.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Primera Instancia Exp. 680012333000-2020-00972-00

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auto que ordenó la suspensión provisional del Acuerdo Metropolitano n.° 031 de 2014, es decir, con posterioridad al 17 de octubre de 2019, por la suma de $46.781.206.512”; reconociéndose, en el mismo contrato, “intereses moratorios a una tasa anual del 6%, por la suma de $1.303.908.548”.

2. Alegatos de conclusión.

2.1. De la parte demandante9.

La parte demandante, en sus alegatos de conclusión, propuso como tesis central, que el Municipio de Bucaramanga está obligado a transferir los recursos de la sobretasa ambiental a la CDMB, desde la ejecutoria de la sentencia del Consejo de Estado del 21 de junio de 2018, que declaró la nulidad del Acuerdo Metropolitano No. 016 de 2012 ; frente a lo cual, consideró, que dicha obligación se mant uvo a pesar de la existencia del Acuerdo Metropolitano 031 de 2014, que también fue declarado nulo con efectos retroactivos por el Tribunal Administrativo de Santander el día 20 de abril de 2023. En consecuencia, adujo, que l a nulidad de dichos

pesar de la existencia del Acuerdo Metropolitano 031 de 2014, que también fue declarado nulo con efectos retroactivos por el Tribunal Administrativo de Santander el día 20 de abril de 2023. En consecuencia, adujo, que l a nulidad de dichos Acuerdos implicó que la CDMB recobró sus funciones y competencias como autoridad ambiental y, por lo tanto, es la beneficiaria legítima de los recursos de la sobretasa ambiental. En este sentido, precisó, que el daño antijurídico sufrido por la CDMB, consistente en la omisión del Municipio de Bucaramanga de transferir los recursos de la sobretasa ambiental, es imputable y debe ser indemnizado. La suma adeudada asciende a $43.127.819.202 más $1.932.343.709 , po r concepto de intereses moratorios.

2.2. De la parte demandada10.

El Municipio de Bucaramanga, en sus alegatos de conclusión reiteró las razones de defensa aducidas en el escrito de contestación de la demanda ; para lo cual, afirmó, que durante el tercer y cuarto trimestre de 2018 y el primer, segundo y tercer trimestre de 2019, el Acuerdo Metropolitano No 031 de 2014 confería competencia y funciones de autoridad ambiental a la AMB, el cual gozaba de presunción de legalidad y, sólo a partir del 1 7 de octubre de 2019, fecha en la cual se decretó la suspensión provisional del mencionado acto administrativo en el proceso con radicación 68001233300020190029900, puede considerarse que la CDMB ostenta la competencia y las funciones de autoridad ambiental.

3. Ministerio Público.

suspensión provisional del mencionado acto administrativo en el proceso con radicación 68001233300020190029900, puede considerarse que la CDMB ostenta la competencia y las funciones de autoridad ambiental.

3. Ministerio Público.

La representante del Ministerio Público se abstuvo de rendir concepto de fondo.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación cumplida y , hallándose estructurados los

9 Ver índice 00025 de SAMAI. 10 Ver índice 00024 de SAMAI.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Primera Instancia Exp. 680012333000-2020-00972-00

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presupuestos de Ley para decidir el fondo de la cuestión, procederá la Corporación a proferir el fallo de primera instancia.

1. Competencia.

Conforme al artículo 152 del CPACA (vigente para el momento de la presentación de la demanda), el Tribunal Administrativo es competente para conocer en primera instancia de las demandas que, en ejercicio del medio de control de reparación directa se promuevan con cuantía superior a 500 sal arios mínimos legales mensuales vigentes.

2. Asunto o bjeto de decisión y p lanteamiento del problema jurídico a resolver.

Los hechos sustanciales controvertidos por las partes, bajo el principio dispositivo11, determinan que el thema decidendum al que se debe enfrentar la Sala de Decisión, consiste en dar respuesta al siguiente planteamiento interrogativo:

¿Estaba obligado el Municipio de Bucaramanga a transferirle a la

determinan que el thema decidendum al que se debe enfrentar la Sala de Decisión, consiste en dar respuesta al siguiente planteamiento interrogativo:

¿Estaba obligado el Municipio de Bucaramanga a transferirle a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB los recursos de la sobretasa ambiental a partir de la declaratoria de nulidad de Acuerdo Metropolitano 016 del 31 de agosto 2012, sin perjuicio de lo dispuesto en el Acuerdo Metropolitano 031 del 29 de agosto de 2014?

Como plan metodológico de la decisión, la Sala analizará, a partir de la apreciación material de las pruebas que obran en el proceso, cada uno de los elementos sobre los cuales se cimienta la responsabilidad del Estado conforme al artículo 90 de la Constitución Política; esto es, en un primer momento se revisará la acreditación del daño –como primer elemento de la responsabilidad, esto es, si el daño ocasionado a la CDMB reviste las características de ser antijurídico; para luego de ello, con fundamento en alguno de los títulos de imputa ción aceptados por la jurisprudencia administrativa, proceder a valorar si el daño es imputable a la entidad demandada.

3. Análisis y decisión del caso concreto.

Desde una perspectiva constitucional, el carácter de Estado Social y Democrático de Derecho impone a toda manifestación del poder público una serie de vínculos

11 En este sentido, el Consejo de Estado a través de la Sección Cuarta, en sentencia de fecha ocho (08) de

marzo de dos mil diecinueve (2019) radicación número: 76001 -23-31-000-2011-01132-01(21295), indicó: “…el principio dispositivo “tiene doble connotación, sustancial y procesal. En lo sustancial, implica que es el propio demandante quien puede disponer de los derechos subjetivos y quien incita la función judicial a través de los actos de postulación, lo cual ha llevado a la doctrina a precisar que «el juez no puede inmiscuirse en aquello que las partes no aduzcan como thema decidendum»11; en lo procesal, el principio dispositivo se materializa en el cumplimiento de las cargas procesales. Así, corresponde a las partes conducir el debate judicial a partir de las actuaciones procesales que ellos ejerzan dentro de los lineamientos de la ley, sin perjuicio de la actividad probatoria oficiosa que puede realizar el juez para resolver aspectos oscuros o dudosos que le impidan dirimir la controversia…”Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Primera Instancia Exp. 680012333000-2020-00972-00

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sustanciales o primarios, que se materializan en los derechos subjetivos y los fines esenciales del Estado, que establecen un sistema marco de deberes consistentes en obligaciones de prestación o en prohibiciones de lesión y, de manera correlativa, aparecen vínculos secundarios o mecanismos de tutela efectiva de la persona – como lo es cláusula general de responsabilidad del Estado – como garantía de reparación que opera en caso de que los vínculos sustanciales sean vulnerados o desconocidos por la acción o la omisión del Estado. Con lo cual, desde la dogmática constitucional, el instituto de la responsabi lidad es una garantía dispuesta para la

reparación que opera en caso de que los vínculos sustanciales sean vulnerados o desconocidos por la acción o la omisión del Estado. Con lo cual, desde la dogmática constitucional, el instituto de la responsabi lidad es una garantía dispuesta para la protección de la dignidad del ser humano, que vela por el restablecimiento de la crisis del sistema de gobernabilidad generada por el daño.

Bajo esta dimensión constitucional, l a responsabilidad patrimonial del Estado se entiende como el mecanismo de protección integral de los intereses y derechos de las personas , que se activa frente a los daños causados por la actuación de la administración12, tiene como sustrato constitucional el artículo 90 Superior, norma que contiene la denominada “Cláusula general de la responsabilidad del Estado”13, a partir de la cual la jurisprudencia Contenciosa Administrativa, teniendo como fundamento la determinación del daño antijurídico y la imputación del mismo a la administración (ejes axiales para su configuración ), ha desarrollado el juicio de responsabilidad.

De esta manera, para el análisis del juicio de responsabilidad del Estado, se deberá seguir un orden lógico que inicia con la constatación del daño como primer elemento de la responsabilidad; de aceptarse su configuración se procede con la imputación fáctica y jurídica, entendida la primera como el juicio de atribución material que se lleva a cabo para identificar al autor o autores del hecho catalogado como dañino y, la segunda, que es el juicio normativo que se adelanta para determinar cuál es el fundamento jurídico de la responsabilidad; finalmente, sólo de llegarse a acreditar los elementos del juici o de responsabilidad, se abre paso la valoración del daño,

la segunda, que es el juicio normativo que se adelanta para determinar cuál es el fundamento jurídico de la responsabilidad; finalmente, sólo de llegarse a acreditar los elementos del juici o de responsabilidad, se abre paso la valoración del daño, aspecto que hace referencia a determinar la magnitud del perjuicio y, por lo tanto, las medidas idóneas para resarcirlo, conforme lo establece el principio de reparación in integrum, integrado al ordenamiento jurídico interno a través del artículo 16 de la Ley Estatutaria 446 de 1998. Así las cosas, sólo de la sumatoria de cada uno de los elementos estructurales del juicio de responsabilidad, surge plenamente el deber de reparar el daño, haciéndose efectivo el principio neminem laedere.

12 Conforme lo ha expuesto la Corte Constitucional en sentencia C 333 de 1996, la “responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resul tado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constit ucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización”. En igual sentido, consúltese la sentencia C 892 de 2001.

el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización”. En igual sentido, consúltese la sentencia C 892 de 2001. 13 Cfr. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINI STRATIVO, SECCIÓN TERCERA,

SUBSECCIÓN C. Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA. Bogotá, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 73001-23-31-000-2006-01328-01(36565).Tribunal Administrativo de Santander

Sentencia de Primera Instancia Exp. 680012333000-2020-00972-00

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Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como primer elemento estructural del instituto resarcitorio, el aná lisis del elemento subsiguiente carece de toda utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad patrimonial de la Administración.14

3.1. De la acreditación del daño.

El daño como presupuesto primigenio del juicio de responsabilidad del Estado requiere que sea cierto, actual, real, determinado o determinable y protegido jurídicamente; o en términos de la jurisprudencia del Consejo de Estado15, frente al daño se torna imprescindible que se acrediten los siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama: i) que sea cierto en oposición

daño se torna imprescindible que se acrediten los siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama: i) que sea cierto en oposición al daño hipotético, esto es, que se pueda apreciar material y jurídicamente –que no se limite a una mera c onjetura o eventualidad –, y que suponga una lesión o infracción a un derecho, bien o interés legítimo 16 que se encuentre tutelado en el ordenamiento jurídico, y ii) que sea personal, es decir, que sea padecido por quien lo solicita, en tanto se cuente con la legitimación en la causa para reclamar o debatir el interés que se debate en el proceso, bien a través de un derecho que le es propio (iure proprium) o uno que le deviene por la vía hereditaria o bajo la figura procesal de la acción iure hereditatis , en el entendido que los herederos de un causante pueden solicitar la indemnización de perjuicios de los daños directos que este último sufre como consecuencia de un acto lesivo en sus derechos e intereses legítimos, por cuanto el derecho a reclamar por los daños sufridos es susceptible de trasmitirse por causa de muerte17.

14 Frente a la existencia del daño como elemento de la responsabilidad, la Corte Suprema de Justicia ha considerado, que: “cabe afirmar que dentro del concepto y la configuración de la responsabilidad civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las circunstancias, cuya trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin daño demostrado, y que el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica como empírica, sea la enunciación, establecimiento y determinación

ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin daño demostrado, y que el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica como empírica, sea la enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuy falta resulta inoficiosa cualquier acción indemnizatoria”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de abril de 1968. Por su parte, el profesor Fernando Hinestrosa expresa sobre este particular lo siguiente: “La responsabilidad, entendida latamente como la obligación de resarcir daños y perjuicios, parte de un dato imprescindible: el daño. La presencia de un quebranto, independientemente del esmero en su definición y de la exigencia de actualidad o consolidación de él, o de su certidumbre o su advenimiento más o menos probable. En ausencia de daño no hay obligación, y el aserto, por demás obvio, pone de presente el carácter estrictamente resarcitorio de la responsabilidad en el derecho de tradición romanista.” Hinestrosa, Fernando., “Devenir del derecho de daños”, Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 32, enero-junio de 2017, 5-26. Pág. 6. 15 Cfr. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO , SECCIÓN TERCERASUBSECCIÓN C. Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO . Bogotá D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil doce (2012). Expediente: 05001232500019942279 01. Radicación interna No.: 21.861. 16 Fernando Hinestrosa, identifica el daño con la “lesión del derecho ajeno consistente en el quebranto

mil doce (2012). Expediente: 05001232500019942279 01. Radicación interna No.: 21.861. 16 Fernando Hinestrosa, identifica el daño con la “lesión del derecho ajeno consistente en el quebranto económico recibido, en la merma patrimonial sufrida por la víctima, a la vez que en el padecimiento moral que la acongoja”16; de igual manera, entendió por daño, como fenómeno inherente del ser humano, la “lesión a su integridad psico-física, siguiendo con el menoscabo de su patrimonio, hasta llegar a otras manifestaciones más sutiles, más refinadas o complejas de la lesión a derechos o a intereses suyos” - HINESTROSA, FERNANDO. prólogo al libro El Daño, análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en Derecho Colombiano y Francés del Dr. Juan Carlos Henao. Bogotá, Universidad Externado de Colombia,