TA SAN - Sentencia 680012333000-2020-01008-00 (28-02-2025)

SIGCMA-SGC

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

SALA CONJUECES

Bucaramanga, veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

RADICADO: 680012333000-2020-01008-00

MEDIO DE CONTROL: Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho

DEMANDANTE: Nancy Smith Acevedo Suarez

fabian7borja@hotmail.com

DEMANDADO: Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la

Judicatura - Sala Administrativa - Dirección Ejecutiva dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

MINISTERIO PUBLICO

AGENCIA NACIONAL

DE DEFENSA

JURIDICA DEL

ESTADO

procesosnacionales@defensajuridica.gov.co

TEMA: Prima Especial De Servicios 30%

PROVIDENCIA: Sentencia Primera Instancia

SALA No. 03

CONJUEZ PONENTE: DAIRO EFRAIN CASTRO FLOREZ

Procede la Sala en desarrollo de los artículos 182 y 187 de la Ley 1437 de 2011 a proferir Sentencia De Primera Instancia dentro del medio de control de Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho instaurado por Nancy Smith Acevedo Suarez en contra de Nación - Rama Judicial-Consejo Superior De La Judicatura -Sala Administrativa - Dirección Ejecutiva.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., el señor Nancy Smith Acevedo

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., el señor Nancy Smith Acevedo Suarez presenta demanda contra Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa - Dirección Ejecutiva, formulando las siguientes:Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2020-01008-00 Sentencia de Primera Instancia

1.1 Pretensiones

Primera: Se declare la nulidad de los actos administrativos DESAJBUR19-5580 del 29 de abril de 2019 de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga y del acto ficto o presunto negativo por la no contestación del recurso de apelación presentado ante esa entidad el día 12 de julio de 2019, notificado ese mismo día por correo electrónico, mediante los cuales se le negó el reconocimiento y pago del descuento o plus por cada mes de servicio equivalente al NO pago de la prima especial de servicios, al igual que no tener en cue nta como factor salarial la prima de servicios, bonificación por actividad judicial y la bonificación judicial por concepto de prestaciones sociales, como primas, vacaciones, bonificaciones, cesantías, aportes patronales etc, Por inaplicación de los decretos.

Segunda: como restablecimiento del derecho se reconozca y cancele a favor de mi poderdante sobre sus salarios básicos por cada mes de servicio un 30% equivalente a la prima especial de servicios no cancelada a mi poderdante como un plus o adicional por la inadecuada aplicación de la ley 4 de 1992, que en vez de aumentar el ingreso de mis poderdantes como nivelación, lo que hizo fue

equivalente a la prima especial de servicios no cancelada a mi poderdante como un plus o adicional por la inadecuada aplicación de la ley 4 de 1992, que en vez de aumentar el ingreso de mis poderdantes como nivelación, lo que hizo fue descontar el 30% del salario base para convertirlo en una aparente prima especial de servicios, por lo que se les debe a mi poderdante desde el día primero (01) de enero de 1993 en los periodos en que se desempeñó como juez hasta la fecha y en los que a futuro sea nombrada, el pago del porcentaje descontado como equivalente al valor de la prima especial de servicio por cada mes que equivale aproximadamente a $ 205.800.208.oo en los periodos en que se ha desempeñado como juez equivalente al 30% adicional al salario como prima especial de servicio no cancelada por cada MES: ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL , MAYO , JUNIO , JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN CADA AÑO. Valores que deberán aplicarse el artículo 176 -178 del C.C.A y concordantes mes a mes y sobre los que se sigan generando

Tercera: como consecuencia de lo anterior ordenar la liquidación y pago de los valores dejados de percibir desde el día primero (01) de enero de 1993 en los periodos en que se desempeñó como juez hasta la fecha y en los que a futuro sea nombrado del pago completo de todas las prestaciones sociales legales, devengadas tales como primas, bonificaciones, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías y aportes patronales a pagar a los correspondientes fondos de pensiones, Cesantías, salud , riesgos y demás de ley , los valores que

devengadas tales como primas, bonificaciones, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías y aportes patronales a pagar a los correspondientes fondos de pensiones, Cesantías, salud , riesgos y demás de ley , los valores que correspondan por la anterior condena sobre el valor del 30% no cancelado equivale a la prima especial de servicios.

Cuarta: Que luego de la sentencia y en adelante, la Nación - Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, siga liquidand o y pagando a mi poderdante, todas sus prestaciones sociales y demás emolumentos y derechos laborales, con base en el 100% de su remuneración básica mensual legalmente establecida, incluyendo el 30% de prima especial que no se ha cancelado y que se debe au mentar a los ya reconocidosNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2020-01008-00

Sentencia de Primera Instancia

Quinta: Ordenar la liquidación y pago de los valores dejados de percibir desde el día primero (01) de enero de 1993 en los periodos en que se desempeñó como juez hasta la fecha y en los que a futuro sea nombrado hasta la fecha en que se produzca efectivamente el pago teniendo como base únicamente que el 70% del valor de dichas prestaciones se canceló, adeudándosele desde esa época, lo correspondiente al 30% de la prima especial como factor salarial para su reliquidación de l salario real sin el descuento aplicado equivalente a aproximadamente a $ 30.162.690.oo y los que sigan causando debidamente indexados por cada mes de servicios.

correspondiente al 30% de la prima especial como factor salarial para su reliquidación de l salario real sin el descuento aplicado equivalente a aproximadamente a $ 30.162.690.oo y los que sigan causando debidamente indexados por cada mes de servicios.

Sexta: Se declare como factor salarial la bonificación por actividad judicial desde el año 2 005 en los periodos en que se desempeñó como juez y en los que a futuro sea nombrada.

Séptima: Se declare como factor salarial la bonificación judicial desde el año 2013 en los periodos en que se desempeñó como juez o funcionaria y en los que a futuro sea nombrada.

Octava: Ordenar la liquidación y pago de las prestaciones con base en la bonificación judicial como juez y empleada del decreto 383 de 2013 y bonificación por actividad judicial del decreto 3131 de 2016 como factor salarial de los valores dejados de percibir desde el año 2013, adeudándosele desde esa época aproximadamente la suma de $ 19.274.977..oo de todas las prestaciones sociales legales, devengadas tales como primas, bonificaciones, vacaciones, y demás Cesantías aproximadas: Bonificación por actividad judicial desde el año 2013 y bonificación judicial desde el año 2013 así : $ 18.454.711.oo.

Novena: ordenar que luego de la sentencia y en adelante se sigan liquidando y pagando a mi poderdante, todas sus prestaciones sociales y demás emolumentos y derechos laborales, con la inclusión de la Bonificación por actividad judicial y la bonificación judicial y en los periodos en que sea designada como juez o funcionaria.

Decima: Que la demandada sea condenada ultra y extra petita por cuanto resulte probado en el proceso.

Bonificación por actividad judicial y la bonificación judicial y en los periodos en que sea designada como juez o funcionaria.

Decima: Que la demandada sea condenada ultra y extra petita por cuanto resulte probado en el proceso.

Undécima: Que como consecuencia de lo anterior, la demandada sea condenada a pagar al demandante los valores y sumas reclamados, ajustados e indexados de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor. De igual manera ordenar que la demandada de cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 176 y 178 del C. C.A., es decir que en las condenas respectivas las sumas sean actualizadas e indexadas mes a mes y prestación por prestación y con intereses de mora… ( sentencia del consejo de Estado Sección Segunda subsección B del 21 de agosto de 2008 Consejera Ponente Dra BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ expediente 520012331000200101770 01 actor aldrin Alfonso Cabezas ) “ por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la formula se aplicara separadamente, mes por mes , por cada mesada salarial y prestacional… teniendo en cuenta que el indicie inicial es el vigente al momento de la acusación de cada uno de ellos.”Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2020-01008-00

Sentencia de Primera Instancia

Duodécima: Que a la providencia de fallo favorable, se ordene a la entidad accionada adoptar todas las medidas necesarias para su cumplimiento.

Trigésima: se ordene la expedición de las correspondientes copias auténticas y constancias necesarias para el cobro

Catorceava: Se condene en costas y agencias en derecho a la entidad

accionada adoptar todas las medidas necesarias para su cumplimiento.

Trigésima: se ordene la expedición de las correspondientes copias auténticas y constancias necesarias para el cobro

Catorceava: Se condene en costas y agencias en derecho a la entidad accionada en caso de oposición dilatoria

1.2 Hechos La demandante, Nancy Smith Acevedo Suarez, se encuentra vinculado a la Rama Judicial desde el 01 de enero de 1993 , desempeñándose como Juez de la República. El 04 de abril de 2019 , a través de su apoderado, presentó una solicitud de reconocimiento y pago de la Prima Especial de Servicios corresp ondiente al 30% sobre su salario básico mensual, desde la fecha de su vinculación hasta el momento de la solicitud, argumentando que dicho porcentaje, en lugar de ser considerado como un incremento salarial, había sido indebidamente descontado. La entidad demandada, mediante Resolución No. DESAJBUR 19-5580 del 29 de abril de 2019 , negó la solicitud presentada por el demandante , bajo el argumento que el demandante había recibido todos sus salarios y prestaciones sociales conforme a la normatividad vigente y que el porcentaje correspondiente a la Prima Especial del 30% había sido eliminado de los decretos salariales desde el año 2003. Decisión frente a la cual el demandante interpuso recurso de apelación , el cual no fue resuelto, operando el silencio administrativo negativo. 1.3 Normas violadas y concepto de violación

Se invocan por el demandante como normas violadas las siguientes:

Constitucionales: Artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 29, 53, 93, 150 numeral 19 literal e,

Se invocan por el demandante como normas violadas las siguientes:

Constitucionales: Artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 29, 53, 93, 150 numeral 19 literal e, 209 y 215 inciso 9 de la Constitución Política.

Legales: Ley 4 de 1992, artículos 2 y 14; el numeral 7 del artículo 152 de la Ley 270 de 1996; Código Sustantivo del Trabajo, artículos 14 y 65; y los Decretos 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 0874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, 1105 y 1157 de 2015, entre otros.

Se argumenta que la Prima Especial del 30% no fue correctamente considerada como un componente salarial, violando el mandato legal de la Ley 4 de 1992. Esta incorrecta interpretación condujo a que, en lugar de ser sum ada al salario, fuera descontada, reduciendo injustificadamente los ingresos totales de los empleados judiciales.

Además, se sostiene que hubo una violación del principio de progresividad y de protección del salario, al despojar de efectos salariales el 30% correspondiente a laNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2020-01008-00 Sentencia de Primera Instancia

Prima Especial, lo que contraviene el principio constitucional de progresividad de los derechos laborales. Esto resultó en una disminución injustificada de los ingresos, afectando los derechos fundamentales de los empleados de la Rama Judicial.

II. CONTESTACION DE LA DEMANDA

los derechos laborales. Esto resultó en una disminución injustificada de los ingresos, afectando los derechos fundamentales de los empleados de la Rama Judicial.

II. CONTESTACION DE LA DEMANDA

2.1 Pronunciamiento sobre los hechos y pretensiones.

La apoderada de la Nac ión - Rama Judicial - Consejo Superior de la JudicaturaSala Administrativa - Dirección Ejecutiva, en relación con los hechos y fundamentos fácticos de la demanda, aceptó que el demandante estaba vinculado a la Rama Judicial y que había presentado una so licitud para el reconocimiento y pago de diferencias salariales y prestacionales que consideraba adeudadas, las cuales fueron respondidas negativamente por la entidad.

Frente a las pretensiones, se opuso argumentando que los salarios y prestaciones sociales pagados al demandante habían sido cancelados conforme al régimen legal y prestacional vigente para los servidores públicos. Los actos administrativos impugnados fueron expedidos respetando la normatividad aplicable al momento en que el demandante solici tó el reconocimiento del carácter salarial de la prima especial. Por lo tanto, dichos actos gozaban de presunción de legalidad y debían considerarse válidos y ejecutables.

Asimismo, planteó la excepción de integración de litisconsorcio necesario, solicitando la vinculación de la Nación - Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Administrativo de la Función Pública. Justificó esta solicitud en la necesidad de que dichas entidades participaran en el proceso, dado que cualquier decisión podría afectar los decretos emitidos por el Gobierno Nacional, responsables del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos.

solicitud en la necesidad de que dichas entidades participaran en el proceso, dado que cualquier decisión podría afectar los decretos emitidos por el Gobierno Nacional, responsables del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos.

Además, invocó la figura de la prescripción trienal, afirmando que la mayoría de las pretensiones del dem andante estaban prescritas. Explicó que los derechos reclamados, incluida la solicitud de reliquidación de salarios y el reconocimiento de la prima especial, solo podían abarcar un período de tres años anteriores a la presentación formal de su solicitud, d e acuerdo con la normativa vigente. En consecuencia, solicitó que se declarara la prescripción parcial de las pretensiones.

Finalmente, solicito a que se llame como LITISCONSORTE NECESARIO o, subsidiariamente, como LLAMADO EN GARANTÍA, al Departamento Administrativo De La Presidencia De La República, Al Ministerio De Hacienda Y Crédito Público Y Al Departamento Administrativo De La Función Pública, para que responda por las pretensiones referidas a la inaplicabilidad de los decretos salariales expedidos po r el Gobierno Naciona l. y asimismo, solicitó se declaren probadas las excepciones propuestas en el escrito de contestación.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIONNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2020-01008-00

Sentencia de Primera Instancia

3.1 Parte demandante

El apoderado de la parte demandante no presentó alegatos de conclusión.

3.2 Parte demandada

La parte demandada manifiesta que revisadas las bases de datos con las que

3.1 Parte demandante

El apoderado de la parte demandante no presentó alegatos de conclusión.

3.2 Parte demandada

La parte demandada manifiesta que revisadas las bases de datos con las que cuenta la Dirección Seccional para el registro de procesos judiciales en los que la entidad ha sido demandada, se encuentra que el abogado Fabian Alberto Borja Pinzón, como apoderado judicial de la Señora Nancy Smith Acevedo Suárez, ha interpuesto previamente demanda de nulidad y restablecimiento pretendiendo el reconocimiento y pago de la BONIFICACIÓN JUDICIAL DECRETO 383 DE 2013 como factor salarial, proceso que s e tramita bajo el radicado número 680013333005-2019-00289-00(1), la cual ya cuenta con sentencia de primera instancia de fecha veintiocho (28) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) proferida por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Bucaramanga, que accedió a las pretensiones de la señora Nancy Smith Acevedo Suárez.

La apoderada de la parte demanda, argumentó que a los hechos relacionados con el periodo de vinculación de la parte demandante a la Rama Judicial del Poder Público, resultan probados de acuerdo a los documentos expedidos por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga – Santander y, en esa medida, se logró verificar el contenido de los hechos relacionados con este aspecto, únicamente conforme lo que corresponda al periodo obrante en los documentos públicos

En primer lugar, fundamentó sus alegatos de conclusión en la defensa de la legalidad de los actos administrativos impugnados, la indebida acumulación de

aspecto, únicamente conforme lo que corresponda al periodo obrante en los documentos públicos

En primer lugar, fundamentó sus alegatos de conclusión en la defensa de la legalidad de los actos administrativos impugnados, la indebida acumulación de pretensiones, la caducidad y prescripción de las reclamaciones incoadas.

Argumenta la apoderada judicial que la parte demandante incurrió en una indebida acumulación de pretensiones, al mezclar pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho con argumentos de inconstitucionalidad. Aduce que, este tipo de acumulación no es procedente, dado que ambas pretensiones deben ser tramitadas en procesos separados y con requisitos procesales distintos. Indica que la parte demandante omitió vincular al Gobierno Nacional, autoridad competente para pronunciarse sobre la legalidad de los decretos salariales, lo que afecta gravemente la validez de sus reclamaciones.

Insiste que muchas de las pretensiones presentadas estaban afectadas por la caducidad y la prescripción. De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, las reclamaciones sobre derechos salariales, como la prima especial de servicios, debieron formularse dentro de los tres años siguientes a la fecha en que se tornaron exigibles. Por lo tanto, al no haber presentado las reclamaciones en el plazo indicado, la parte demandante perdió su derecho a exigir el reconocimiento de prestaciones anteriores a dicho per íodo, lo que imposibilita su reconocimiento judicial.

Finalmente, la apoderada judicial solicita no acceder a las pretensiones de la parte demandante conforme han sido formuladas en la demanda, menos aún, cuando lasNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2020-01008-00 Sentencia de Primera Instancia

demandante conforme han sido formuladas en la demanda, menos aún, cuando lasNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2020-01008-00 Sentencia de Primera Instancia

mismas buscan reconocer carácter salari al a prestaciones que no lo tienen, por lo que ruega declarar probadas las excepciones propuestas y, en todo caso, denegar las pretensiones de la demanda conforme argumentado y, sobre todo, de conformidad con lo previsto en el ordenamiento jurídico vigente , solicitando así emitir un fallo en derecho y no contrario a derecho, según lo expuesto en los argumentos de la defensa. Asimismo, solicita, declarar que su representada no tiene responsabilidad administrativa ni patrimonial en los hechos que dieron origen a este proceso, confirmando que su actuación carece de ilegalidad, que fue en derecho, que no puede predicarse la nulidad de su actuación ya que no se incurre en vicio de nulidad o ilegalidad, dado que está acorde al ordenamiento jurídico vigente.

3.3 Ministerio Publico

Dentro del término otorgado por el Despacho el Ministerio Público guardó silencio y no presentó concepto de fondo.

IV. CONSIDERACIONES

Habiéndose surtido a cabalidad las demás etapas procesales sin que se evidencie causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, y como quiera que los presupuestos procesales se encuentran satisfechos, procede la Sala a dictar Sentencia de Primera Instancia.

4.1 Acerca de la competencia.

Conforme a la norma de competencia establecida por el artículo 152 del Código Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo; y una vez llevada a

Sentencia de Primera Instancia.

4.1 Acerca de la competencia.

Conforme a la norma de competencia establecida por el artículo 152 del Código Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo; y una vez llevada a cabo la audiencia pública de sorteo de conjueces recae en el Tribunal Administrativo de Santander Sala de Conjueces, el conocimiento del presente asunto.

4.2 Problema Jurídico

De conformidad con la fijación del litigio, corresponde al Despacho determinar si:

P. J. 1: ¿Hay lugar a declarar la nulidad de la resolución DESAJBUR19-5580 del 29 de abril de 2019 de la dirección ejecutiva seccional de administración judicial de Bucaramanga y del acto ficto o presunto negativo por la no contestación del recurso de apelación presentado ante esa entidad mediante los cuales se negó el del descuento o plus por cada mes de servicio equivalente al NO pago de la prima especial de servicios, al igual que no tener en cuenta como factor salarial la prima de servicios y la bonificación por actividad judicial por c oncepto de prestaciones sociales, como primas, vacaciones, bonificaciones, cesantías, aportes patronales

P. J. 2: En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, ¿hay lugar a, reconocer y pagar a favor de la señora Nancy Smith Suarez Acevedo la prima de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4ta de 1992, que en vez de aumentar el ingreso de la demandante como nivelación, lo que hizo fue descontar el 30% del salario base para convertirlo en una aparente prima especial de servicios, por lo que se les debe a mi poderdante desde el día primero (01) de enero de 1993 y en losNulidad y Restablecimiento del Derecho

salario base para convertirlo en una aparente prima especial de servicios, por lo que se les debe a mi poderdante desde el día primero (01) de enero de 1993 y en losNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2020-01008-00 Sentencia de Primera Instancia

periodos en que se desempeñó como juez y en adelante, hasta la fecha en que se sigan causando?

P. J. 3: Tiene derecho la señora Nancy Smith Suarez Acevedo a que se le reconozca y paguen las diferencias que resulten a su favor por concepto de reliquidación de las prestaciones sociales (primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, bonificaciones, licencias y demás emolumentos), teniendo en cuenta el 30% corre spondiente a la prima especial de servicios desde el primero (01) de enero de 1993 y la bonificación por actividad judicial desde el primero (01) de enero de 2005 en los periodos en que la demandante se ha desempeñado como juez y en adelante hasta la fecha en que se sigan causando?

En caso de ser afirmativo,

P. J. 4: ¿Hay lugar a aplicar el término de prescripción trienal frente a las mesadas causadas tres años antes de la solicitud elevada ante la entidad demandada?

4.3 Marco normativo y jurisprudencial

4.3.1 Prima Especial de Servicios

Constitucionalmente se ha establecido que la función de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, corresponde al gobierno nacional a través de los lineamientos que de forma privativa el legislador dicte para el efecto; tal y como lo preceptúa el artículo 150 numeral 19 literal E superior, así:

prestacional de los empleados públicos, corresponde al gobierno nacional a través de los lineamientos que de forma privativa el legislador dicte para el efecto; tal y como lo preceptúa el artículo 150 numeral 19 literal E superior, así:

“ARTÌCULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:

..e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública”.

En desarrollo del antedicho mandato constitucional, el legislador expidió la ley 4ª de 1992, ” Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.

El artículo 14 de la ley 4 de 1992 establece:

“El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Minis terio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y

orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Minis terio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces deNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2020-01008-00 Sentencia de Primera Instancia

Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad”. (Sub rayas fuera de texto original)

Se vislumbra la fijación de ciertos parámetros en el contexto de los cuales el Gobierno Nacional, en ejercicio de la facultad establecida por el numeral 11 del artículo 189 constitucional, debe desarrollar la prima up supra aludida, la pena de incurrir en una omisión violatoria de la constitucionalidad y la legalidad.

En cumplimiento del enunciado deber se expidieron por el Gobierno Nacional los respectivos decretos an uales, mediante los cuales se dictaron disposiciones en materia salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial, del Ministerio Público, de la Justicia Penal Militar y se dictaron otras disposiciones

respectivos decretos an uales, mediante los cuales se dictaron disposiciones en materia salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial, del Ministerio Público, de la Justicia Penal Militar y se dictaron otras disposiciones

La mentada normativa regulatoria, como b ien es manifestado, fue objeto de la acción de Nulidad Simple de radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00, en la cual la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de fecha 29 de abril de 2014, señaló:

“En virtud de la potestad otorgada por la Ley 4ª de 1992, el Gobierno Nacional expidió los decretos demandados, reproduciendo año por año la previsión de que el 30% del salario devengado por los funcionarios enumerados en el artículo 14 de la mencionada ley, sería considerado c omo prima. Dichos decretos no ofrecieron la suficiente claridad y fueron interpretados erróneamente por las entidades encargadas de aplicarlos, pues entendieron que el 30% del salario básico era la prima misma y no que ésta equivalía a ese 30%. Aunque pare ce un juego de palabras, son dos cosas completamente diferentes, pues la primera interpretación implica una reducción del salario básico al 70%, mientras que la segunda, que es la correcta de conformidad con la Ley y la Constitución Política, como se explicará más adelante, implica que se puede tomar el 30% del salario, pero solamente para efectos de cuantificar la prima especial, para luego adicionarla al salario básico”

(…)

“De acuerdo con los criterios establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional contravino los criterios fijados por

adicionarla al salario básico”

(…)

“De acuerdo con los criterios establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional contravino los criterios fijados por el legislador con la expedición de los decretos demandados, pues como se pudo observar, el literal a) del artículo 2º de la mencionada Ley establecióNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2020-01008-00 Sentencia de Primera Instancia

que de ninguna manera se pod ían desmejorar los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la Ley 4ª de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad”. Resaltado incluido en el texto original.

Así, a partir del enuncia do fallo de nulidad se estableció que los decretos anuales mediante los cuales “se dictan unas disposiciones en materia salarial y prestacional de la rama judicial, del Ministerio Público, de la justicia penal militar y se dictan otras disposiciones”, venían generando el pago salarial y prestacional en contravía de lo dispuesto po