TA SAN - Sentencia 680012333000-2021-00246-00 (23-01-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER MAGISTRADO PONENTE: Dr. JULIO EDISSON RAMOS SALAZAR Bucaramanga, veintitrés (23) de enero de dos mil veintic inco (2025).

Se decide el en desarrollo de los artículos 182 y 187 de la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA, se profiere sentencia de primera instancia dentro del proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

Del escrito de la demanda se extraen las siguientes pretensiones:

“DECLARACIONES Y CONDENAS

PRIMERO: Que se declare la nulidad del acto administrativo oficio No E1523-201906808-CASUR-id: 415011 de fecha 27 de marzo de 2019 , dimanado de la Caja de Sueldos de retiro de la Policía Nacional y notificado el día 28 de mayo de 2019, mediante correo certificado 4/72

SEGUNDO: Como consecuencia de la decisión anterior, se reconozca la ASIGNACIÓN DE RETIRO al señor LEONARDO ALEXANDER ALBA DÍAZ, en el grado que ostentaba como INTENDENTE, por haber laborado en la institución POLICIA NACIONAL, por un lapso de tiempo de 21 años y 19 días, conforme a los fundamentos de derecho antes expuestos Como consecuencia de la declaración anterior y a manera de restablecimiento del derecho, se condene a la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA

POLICIA NACIONAL – CASUR.

MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE LEONARDO ALEXANDER ALBA DÍAZ linoralfa@hotmail.com

DEMANDADO

POLICIA NACIONAL – CASUR.

MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE LEONARDO ALEXANDER ALBA DÍAZ linoralfa@hotmail.com

DEMANDADO

CAJA DE SUELDO DE RETIRO DE LA POLICÍA

NACIONAL - CASUR

jairo.ruiz226@casur.gov.co MINISTERIO PÚBLICO XIRYS MARIA MORA ALVARADO xmora@procuraduria.gov.co

ASUNTO

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA –

RECONOCIMIENTO Y PA GO DE ASIGNACIÓN DE

RETIRO RADICADO Y LINK DE EXPEDIENTE DIGITAL 680012333000-2021-00246-00Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente No. 680012333000-2021-00246-00 Sentencia de primera instancia 2

al reajuste anual de las mesadas de la pensión que percibe el actor con la inclusión de los porcentajes del Índice de Precios al Consumido r decretado por el D.A.N.E. correspondiente a los años 2018, 2019 Y 2020 a la que ponga fin a esta solicitud y en adelante, deberá aplicar este índice cuando sea mayor a la escala gradual porcentual y al método de la oscilación.

CONDENAS PRIMERA: Como consecuencia de la decisión anterior se restablezcan los derechos desde 01 de agosto de 2017, fecha en que fue emitida resolución 03653 de 01 de agosto de 2017, dimanada DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL y que se procedió a destituir a mi prohijado. Reconociendo los siguientes emolumentos así: Los tres meses de alta, las mesadas pensionales dejadas de percibir y hasta el momento

GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL y que se procedió a destituir a mi prohijado. Reconociendo los siguientes emolumentos así: Los tres meses de alta, las mesadas pensionales dejadas de percibir y hasta el momento en que se concilie y seas aprobada la misma o en la fecha en la que se profiera la sentencia por el juez Contencioso adm inistrativo, las prestaciones sociales, vacaciones y demás emolumentos que no le hayan cancelado al momento de su retiro y que laboralmente le correspondan con su respectiva indexación SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración anterior Las sumas a que sean obligada a pagar a mi poderdante serán actualizadas en los términos del articulo 192 del C.P.A.C.A. tomando como base los intereses al DTF. más los intereses comerciales moratorios a que hubiera lugar en los términos de Artículo 195 ibidem.” Sic.

2. Hechos

Como fundamento de las pretensiones formuladas, el apoderado de la parte actora presentó en síntesis los siguientes hechos relevantes: • El demandante fue dado de alta como alumno de nivel ejecutivo mediante Resolución Nro. 000075 del 20 de agosto d e 1996. Posterior a ello, fue dado de alta como miembro del nivel ejecutivo en el grado de patrullero mediante Resolución Nro. 05306 del 25 de octubre de 1996.

• Que el 1 de agosto de 2017 la Dirección General de la Policía Nacional expidió Resolución 03653, en la cual se resolvió: “ RETIRAR DEL

SERVICIO ACTIVO DE LA POLICIA NACIONAL POR DESTITUCION, SIN

RECONOCIMIENTO DE ASIGNACION DE RETIRO, DESCONOCIENDO

expidió Resolución 03653, en la cual se resolvió: “ RETIRAR DEL SERVICIO ACTIVO DE LA POLICIA NACIONAL POR DESTITUCION, SIN RECONOCIMIENTO DE ASIGNACION DE RETIRO, DESCONOCIENDO SUS DERECHOS ADQUIRIDOS” Sic.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente No. 680012333000-2021-00246-00 Sentencia de primera instancia 3

• Señala que para la fecha en que se produjo el retiro, e sto es, el 01 de agosto de 2017, el demandante contaba en la institución con 21 años y 19 días.

• Refiere que mediante oficio Nro. E -1523-201906808 -CASUR-id: 415011 del 27 de marzo de 2019, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional no accedió a s u solicitud de reconocimiento de asignación de retiro.

3. Normas violadas y concepto de violación

Se invocan por el demandante como normas violadas las siguientes:

Constitucionales:

• Artículos 2, 23, y 48.

Legales:

• Ley 923 de 2004, artículo 3 - Ley 4 de 1992, artículo 1, 2 - Decreto 1213 de 1990, artículo 104 - Decreto 1212 de 1990, artículo 144

En lo conceptuado por la parte demandante referente a la violación de las normas expuestas, manifiesta que en los actos administrativos acusados no se tuvo en cu enta las normas de carrera de la Policía Nacional para el nivel ejecutivo, afectando la posibilidad de acceder a la asignación de retiro del señor Leonardo Alexander Alba Díaz.

tuvo en cu enta las normas de carrera de la Policía Nacional para el nivel ejecutivo, afectando la posibilidad de acceder a la asignación de retiro del señor Leonardo Alexander Alba Díaz.

Así mismo, indica que se vulneraron los derechos adquiridos mediante la Ley 923 de 2004 y la Ley 4 de 1992, teniendo en cuenta que no se puede desfavorecer al trabajador, resaltando que el personal de la fuerza pública tendrá derecho a una pensión del 50% por los primeros 15 años de servicio cualquiera que sea la causal de retiro y del 70% a los 20 años de servicio, como en el caso del demandante, quien, a la fecha de retiro contaba con 21 años y 19 días de servicio.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente No. 680012333000-2021-00246-00 Sentencia de primera instancia 4

II. TRÁMITE PROCESAL

El 23 de marzo de 2021 se radicó ante esta corporación el proceso de la referencia, siendo asig nado a este despacho; mediante providencia del 15 de abril del 2021 se admitió la demanda ordenando las notificaciones de rigor.

Una vez vencido el término de traslado de la demanda y el traslado de las excepciones, con auto del 6 de noviembre de 2024 se resolvieron excepciones previas, se fijó el litigio, se decidió decretar pruebas y se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que las partes presentaran sus alegatos de conclusión.

III. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

1. Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR.

partes y al Ministerio Público para que las partes presentaran sus alegatos de conclusión.

III. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

1. Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR.

Señala que el demandante ingresó a la Policía Nacional en la categoría del nivel ejecutivo y prestó sus servicios por 20 años, 08 meses y 27 días, siendo retirado de la Institución a partir del 18 de mayo de 2017, por la causal de DESTITUCION, de acuerdo con lo certificado en el extracto de la hoja de vida.

Refiere que el régimen de pensiones o asignaciones de retiro de la Fuerza Pública es de naturaleza especial, y, referente al Nivel Ejecutivo del cual hace parte el aquí demandante, fue creado con la Ley 62 de 12 de agosto de 1993, desarrollada por el Decreto 041 del 10 de enero de 1994; sin embargo, este decreto fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C417 de 22 de s eptiembre de 1994.

Indica que el demandante ingresó a la Policía Nacional de manera directa a la jerarquía del nivel ejecutivo, siendo escalafonado el día 25 de octubre de 1996 y, en ese orden de ideas, se debe tenerse en cuenta que el IT (r) LEONARDO ALEXANDER ALBA DIAZ, fue retirado de la Policía Nacional por la causal denominada Destitución el día 18 de mayo de 2017, en vigencia de los artículos 1 y 3 del Decreto 1858 de 2012, y que por esta causal se requiere cumplir con un tiempo de servicios total de 20 años, toda vez que los tiempos establecidos en el mencionado artículo primero del Decreto 1858 de 2012 se encuentran

1 y 3 del Decreto 1858 de 2012, y que por esta causal se requiere cumplir con un tiempo de servicios total de 20 años, toda vez que los tiempos establecidos en el mencionado artículo primero del Decreto 1858 de 2012 se encuentran acordes con la Ley marco 923 de 2004 y el Decreto 1212 de 1990, es decir, los 15 y 20 años según causal de retiro y que es el régimen p ara dicha jerarquía, pues el mismo indica que se refiere al régimen de transición para el personal homologado del Nivel Ejecutivo, por ende, se debe dar plena aplicación a este articulado y no accederse a las pretensiones incoadas por no cumplir con elMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente No. 680012333000-2021-00246-00 Sentencia de primera instancia 5 requisito de tiempo establecido en la norma vigente al momento del retiro para los miembros del Nivel Ejecutivo.

Concluye formulando la excepción de cosa juzgada, señalando que para el caso que nos ocupa el señor LEONARDO ALEXANDER ALBA DIAZ formuló demanda en contra de la Dirección de la Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional a fin de obtener la nulidad de la Resolución de la Policía Nacional que lo destituyó de la Institución y, consecuencia de ello, solicitó se le paguen las mesadas pensionales dejadas de percibir, situación que ya fue objeto de estudio en vía judicial por el Juzgado segundo Administrativo de Bucaramanga, e llo dentro del proceso identificado con el número de radicado 68001333300220180008800 mediante el cual s e definió la situación del

de estudio en vía judicial por el Juzgado segundo Administrativo de Bucaramanga, e llo dentro del proceso identificado con el número de radicado 68001333300220180008800 mediante el cual s e definió la situación del demandante en el sentido de negar las pretensiones incoadas, oportunidad en la que también existió pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Santander en decisión notificada en estados el día 28 de junio de 2019, en donde confirma el auto que declaró probada la excepción de Inepta demanda alegada por CASUR, estableciéndose en el caso particular una situación jurídica consolidada.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

1. Parte demandante.

Reitera lo expuesto en los hechos y pretensiones de la demanda, así como el sustento normativo respecto del régimen de pensiones y asignación de retiro del personal de la fuerza pública.

2. Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR.

La parte demandada sustenta alegatos de conclusión exponiendo que el señor “IT (r) YOVANNY TERÁN PALACIOS, quien se identifica con Cédula de Ciudadanía No. 73.241.861, fue retirado por DESTITUCION, con un tiempo total de servicios prestados de diecinueve (19) años un (1) meses y ocho (8) días” Sic. Asimismo, reitera el fundamento legal de la decisión, insistiendo que , para el caso en concreto, CASUR actuó bajo la normatividad vigente, no siendo posible acceder a las pretensiones de la demanda.

Finalmente, solicita se deniegue la condena en costas.

3. Ministerio Público.

el caso en concreto, CASUR actuó bajo la normatividad vigente, no siendo posible acceder a las pretensiones de la demanda.

Finalmente, solicita se deniegue la condena en costas.

3. Ministerio Público.

El Ministerio público no presentó concepto de fondo en esta oportunidad .Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente No. 680012333000-2021-00246-00 Sentencia de primera instancia 6

V. CONSIDERACIONES

1. Problema Jurídico.

De acuerdo con lo plateado en la demanda y su contestación, corresponde establecer sí le asiste el derecho a la parte demandante al reconocimiento y pago de la asignación de retiro en su condición de funcionario de nivel ejecutivo de la Policía Nacional.

Puntualmente se determinará si en su calidad de intendente retirado de la Policía Nacional, tiene derecho al reconocimiento y pago de la asignación de retiro en aplicación del artículo 3º, ordinal 3.1 de la Ley 923 de 2004 y con ello de las previsiones de l Decreto 1212 de 1990 o, si, por el contrario, su situación se encuentra regulada por las disposiciones contenidas en el Decreto 1858 de 2012

VI. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL .

1. Régimen de asignación del retiro de la Policía Nacional.

El Decreto 1212 d e 1990 definió en su artículo 144 los siguientes requisitos para el reconocimiento de la asignación de retiro así:

“ARTICULO 144. Asignación de retiro. Durante la vigencia del presente Estatuto, los Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional que sean

el reconocimiento de la asignación de retiro así:

“ARTICULO 144. Asignación de retiro. Durante la vigencia del presente Estatuto, los Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional que sean retirados del servicio activo después de quince (15) años, por llamamiento a calificar servicios, o por mala conducta, o por no asistir al servicio por más de cinco (5) días sin causa justificada, o por voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional, o por sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado, o por disminución de la capacidad sicofísica, o por incapacidad profesional, o por conducta deficiente y los que se retiren o sean separados con más de veinte (20) años de se rvicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se les pague una asignación mensual de retiro equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas de que trata el artículo 140 de este Estatuto, por los quince (15) primeros años de servicio y un cuatro por ciento (4%) más por cada año que exceda a los quince (15), sin que el total sobrepase del ochenta y cinco por ciento (85%) de los haberes de actividad.

PARAGRAFO 1o. La asignación de retiro de los Oficiales y Suboficiales que durante la vigencia de este Estatuto se retiren con treinta (30) o másMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente No. 680012333000-2021-00246-00 Sentencia de primera instancia 7 años de servicio, será equivalente al noventa y cinco por ciento (95%) de

Expediente No. 680012333000-2021-00246-00 Sentencia de primera instancia 7 años de servicio, será equivalente al noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas fijadas en el artículo 140, liquidadas en la forma prevista en este Decreto.

PARAGRAFO 2o. Los Oficiales y Suboficiales retirados antes del 17 de diciembre de 1968 con treinta (30) o más años de servicio, continuarán percibiendo la asignación de retiro reaju stada al noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas que se incluyeron en cada caso para la respectiva asignación.”

De otro lado, el Decreto 1213 de 1990, “Por el cual se reforma el estatuto del personal de agentes de la Policía Nacional” , reiteró en su artículo 104 la posibilidad para los Agentes de la Policía Nacional que sean retirados del servicio de acceder al derecho de asignación de retiro siempre y cuando hayan acreditado 15 años de servicio en la medida en que este no haya ocurrido por solicitud propia, o 20 años, cuando quiera que esta solicitud sea la circunstancia que motivare su desvinculación.

La Ley 62 de 1993 determinó que la Policía Nacional estaría compuesta por oficiales, suboficiales, agentes, alumnos y por quienes prestaran el servicio militar obligatorio en la Institución, así como por los servidores públicos no uniformados perteneciente s a ella; otorgando además facultades al Ministro de Defensa Nacional por un término de 6 meses para adoptar su nueva estructura. Así, en ejercicio de tales facultades extraordinarias, el Gobierno Nacional dictó el Decreto Ley 41 de 10 de enero de 1994, “Por el cual se modifican las normas

Defensa Nacional por un término de 6 meses para adoptar su nueva estructura. Así, en ejercicio de tales facultades extraordinarias, el Gobierno Nacional dictó el Decreto Ley 41 de 10 de enero de 1994, “Por el cual se modifican las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones”, y en él se consagró el llamado nivel ejecutivo que comprende los grados de comisario, subcomisario, intendente, subintendente, patrullero, carabinero e investigador, según la especialidad. No obstante, la Corte Constitucional en Sentencia C -417 de 1994, declaró la inexequibilidad por inconstitucionalidad de las expresiones “nivel ejecutivo”, “personal del nivel ejecutivo” y “miembro del nivel ejecutivo”, al igual que lo hizo con varios artículos que se referían específicamente al nivel ejecutivo de la Policía Nacional toda vez que consideró que dicha normatividad excedía el límite material fijado por el legislador en la Ley de facultades extraordinarias.

Después de la creación del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, en desarrollo de las normas generales establecidas en la Ley 4 de 1992, el Gobierno expidió el Decreto Reglamentario 1029 del 20 de mayo de 1994, por medio del cual emitió el Régimen de Asignaciones y Prestaciones para el personal del nivel ejecutivo, cuyo artículo 53 consagró el derecho a la asignación de retiro al cumplir 20 o 25 años de servicio, según la causal de retiro, sin hacer distinciónMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente No. 680012333000-2021-00246-00 Sentencia de primera instancia 8 entre el personal incorporado directamente y el homologado.

Expediente No. 680012333000-2021-00246-00 Sentencia de primera instancia 8 entre el personal incorporado directamente y el homologado.

Posteriormente, la Ley Marco 923 de 2004 reguló los objetivos y criterios para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la fuerza pública, así como determinó los elementos mínimos que deben contener y orientar la reglamentación del régimen de asignación de retiro, la pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los reajustes de estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública , que sea fijado por el Gobierno Nacional.

El numeral primero del artículo 3 de la citada Ley, indicó que el derecho a la asignación de retiro se fijaría exclusivamente teniendo en cuenta el tiempo de formación, y que el tiempo de servicio sería mínimo de 18 años y en ningún caso se exigía como requisito para reconocer el derecho un tiempo superior a 25 años. Así mismo, señaló que, a los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia de la Ley, no se les exigiría como re quisito para el reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones vigentes al momento de la expedición de la misma, cuando el retiro se produjera por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro se diera por cualquier otra causal.

A su vez, el numeral 9 del artículo 3 consagró la obligación de establecer un “régimen de transición que reconociera las expectativas legítimas de quienes se encontraran próximos a acceder al derecho de pensión y/o asignación de retiro” y explicó que, en todo caso, ese régimen debía mantener como mínimo

“régimen de transición que reconociera las expectativas legítimas de quienes se encontraran próximos a acceder al derecho de pensión y/o asignación de retiro” y explicó que, en todo caso, ese régimen debía mantener como mínimo los tiempos de servicio exigidos en esa Ley para acceder al derecho de asignación de retiro para el personal de oficiales, suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y agentes de la Fuerza Pública que se encontraran en servicio activo a la fecha de su entrada en vigencia.

Con base en la anterior Ley Marco, se expidió el Decreto Reglamentario 4433 de 2004 , cuyo artículo 25, parágrafo 2, estableció que el personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional en servicio activo que, a la fecha de entrada en vigencia de ese Decreto, sea retirado con 20 o 25 años de servicio, según la causal de retiro, tendría derecho a una asignación mensual de retiro. Sin embargo, ese parágrafo fue declarado nulo mediante sentencia del 12 de abril de 2012 proferida por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado 1.

1 Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Sentencia del 12 de abril de 2012. Radicación número: 11001 -03-25-000-2006-00016-00 (0290 -06) y 11001 -03-25-0002007-00049-00 (1074-07). C.P: Alfonso Vargas Rincón.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente No. 680012333000-2021-00246-00 Sentencia de primera instancia 9 El Honorable Consejo de Estado explicó que para fijar el régimen salarial y

Expediente No. 680012333000-2021-00246-00 Sentencia de primera instancia 9 El Honorable Consejo de Estado explicó que para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados de la Fuerza Pública existe una competencia compartida entre el Congreso y el Gobierno, donde el primero señala las normas, objetivos, criterios y ele mentos mínimos que debe atender el segundo para tal efecto. Así, los parámetros que se debían tener en cuenta eran: i) el tiempo de servicio será mínimo de 18 años de servicio y en ningún caso podrá ser superior a 25 años; ii) a quienes se encuentren en se rvicio activo a la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004, no se les puede exigir un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones vigentes al 30 de diciembre de 2004, cuando el retiro sea por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro se produzca por otra causal. El Consejo de Estado indicó, que al haber sido declarado inexequible el Decreto Ley 2070 de 2003 y nulo el artículo 51 del Decreto 1091 de 1995, que regulaba lo atinente al régimen pensional del nivel ejecutivo, qued aron vigentes el Decreto 1212 de 1990 tratándose de suboficiales, y el Decreto 1213 de 1990 sobre los agentes.

Así mismo, consideró el HCE que desconocía la obligación prevista en el numeral 3.9 del artículo 3 de la ley marco, referente a establecer un ré gimen de transición que reconociera las expectativas legítimas de quienes se encontraban próximos a acceder a la asignación de retiro. A juicio de esa Corporación, el

numeral 3.9 del artículo 3 de la ley marco, referente a establecer un ré gimen de transición que reconociera las expectativas legítimas de quienes se encontraban próximos a acceder a la asignación de retiro. A juicio de esa Corporación, el parágrafo 2 del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004 “excedió lo dispuesto por la ley marco e invadió competencias legislativas (…). En efecto, estableció como tiempo mínimo para obtener la asignación de retiro por solicitud propia en 25 años, tiempo que excede al contemplado en el régimen anterior para suboficiales en 5 años. Y tratándose de causales diferentes al retiro por solicitud propia, lo estableció en 20 y 25 años, cuando las normas anteriores habían establecido entre 15 y 20 años”.

De acuerdo con lo anterior, se expidió el Decreto Reglamentario 1858 del 6 de septiembre de 2012, en el que diferenció dos regímenes en materia pensional y de asignación de retiro para los miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional. En el artículo 1° estableció un régimen de transición para el personal homologado, así: aquellos que siendo suboficia les o agentes, y que hubieran ingresado voluntariamente al nivel ejecutivo antes del 1º de enero de 2005, tendrán derecho cuando sean retirados de la institución después de 15 años de servicio por llamamiento a calificar servicios, por voluntad de la Direc ción General o por disminución de la capacidad psicofísica, y los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta o destituidos después de los 20 años de servicio, a que se les pague una asignación mensual de retiro.

solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta o destituidos después de los 20 años de servicio, a que se les pague una asignación mensual de retiro.

En el artículo 2° fijó un régimen común para el personal que ingresó porMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente No. 680012333000-2021-00246-00 Sentencia de primera instancia 10 incorporación directa hasta el 31 de diciembre de 2004, quienes tendrán derecho cuando sean retirados de la institución con 20 años o más de servicio por llamamiento a calificar servicios, o por voluntad del Director General de la Policía por delegación, o por disminución de la capacidad psicofísica, y los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta o destituidos después de 25 años de servicio, a que se les pague una asignación mensual de retiro.

En sentencia del 3 de septiembre de 2018, la Subsección B, Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado 2 declaró la nulidad con efectos ex tunc del artículo 2 del Decreto 1858 de 2012, esto es, el referente al régimen común para el personal que se incorporó al nivel ejecutivo de manera directa.

Al respecto, señaló que los aspectos relativos a la regulación de la asignación de retiro de los integ rantes del nivel ejecutivo de la Policía Nacional previstos en los Decretos Reglamentarios 1091 de 1995 y 4433 de 2004 fueron anulados por el Consejo de Estado, y los establecidos sobre la materia en el Decreto Ley 2070 de 2003 fueron dejados sin efectos p or la Corte Constitucional. Bajo ese

por el Consejo de Estado, y los establecidos sobre la materia en el Decreto Ley 2070 de 2003 fueron dejados sin efectos p or la Corte Constitucional. Bajo ese entendido destacó lo siguiente:

“Siendo cierto que al momento de expedición de la Ley 923 de 2004, el constituyente derivado no habría podido prever que el Decreto 1091 de 1995 sería declarado nulo, también es cierto q ue los efectos de la declaratoria de su nulidad son de carácter extunc, por lo que en términos claramente aceptados por la jurisprudencia de esta Corporación dichas disposiciones fueron expulsadas del ordenamiento jurídico, manteniendo tan solo incólumes las situaciones que hubieren estado consolidadas. Por consiguiente, siendo verdad de Perogrullo que el Decreto 1091 de 1995 fue declarado nulo y que en la práctica el operador jurídico desde el 14 de febrero de 2007 no puede aplicar frente a situaci ones no consolidadas durante el tiempo de su vigencia las disposiciones en este contenidas, no es posible a ciencia cierta admitir desde ningún punto de vista prudente sin desconocer principios generales del Derecho y del efecto útil de las normas jurídicas, que los tiempos máximos previstos en dicho acto para acceder al Derecho de asignación de retiro sean aquellos que deban acogerse a la luz de lo previsto en el artículo 3.1, inciso 2, de la Ley 923 de 2004. Tampoco es de recibo sostener que fue el querer del legislador incorporar tácitamente los términos temporales del Decreto

2 Subsección B, Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Sentencia

legislador incorporar tácitamente los términos temporales del Decreto

2 Subsección B, Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Sentencia del 8 de septiembre de 2018. Radicación número: 11001 -03-25-000-2013-00543-00 (106013) y acumulados. C.P: César Palomino Cortés.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente No. 680012333000-2021-00246-00 Sentencia de primera instancia 11 1091 de 1995 para completar la proposición jurídica contenida en el artículo 3.1, inciso 2 de la Ley 923 de 2004, no solamente porque de haber sido así, nada hubiera obstado para qu e lo hubiera dejado expresamente consignado en el texto legal, sino porque el propio Congreso de la República conocía de primera mano el devenir histórico signado por las declaratorias de inexequibilidad y nulidad de leyes y actos que no cumplían con los parámetros constitucionales de haber sido expedidos en observancia de la reserva de Ley o con las garantías establecidas en la Ley Marco.

De suerte tal, que la Ley 923 de 2004 no advirtió jamás distinción alguna entre las instituciones que integran la Fuer za Pública, ni mucho menos diferenció para el Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional entre personal homologado o de vinculación directa al momento de establecer los límites, criterios y objetivos que debían ser tenidos en cuenta para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro”.

Así las cosas, la Corporación adujo que por remisión expresa de la Ley 923 de

límites, criterios y objetivos que debían ser tenidos en cuenta para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro”.

Así las cosas, la Corporación adujo que por remisión expresa de la Ley 923 de 2004, a los miembros de la Policía Nacional, entre los cuales se hallan los que integran el nivel ejecutivo que se encontraran activos al momento de la expedición de la ley, esto es, al 31 de diciembre de 2004, no se les puede exigir un tiempo de servicio para efectos de acceder a la asignación de retiro superior al establecido en los Decretos 1212 y 1213 de 1990 , por ser esta la normativa que se encontraba vigente para dicho mome nto, cuando quiera que la causal de retiro invocada sea la de solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando la desvinculación se produzca por cualquier otra causal.

De igual forma, indicó el HCE que el artículo 2 del Decreto 1858 de 2012 se encontraba en abierta contradicción