TA SAN - Sentencia 680012333000-2021-00465-00 (27-03-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrado Ponente: Iván Fernando Prada Macías

Bucaramanga, veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado 680012333000-2021-00465-00 Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante Dirección de Tránsito de Bucaramanga edgarivanardila@gmail.com notificacionesjudiciales@transitobucaramanga.gov.co director@transitobucaramanga.gov.co info@transitobucaramanga.gov.co Demandado Nación – Ministerio de Transporte notificacionesjudiciales@mintransporte.gov.co Ministerio Público Procuraduría 159 Judicial II para Asuntos Administrativos nmgonzalez@procuraduria.gov.co Tema Pago Derechos de tránsito al Ministerio de Transporte / Niega pretensiones.

En desarrollo de los artículos 182 y 187 de la Ley 1437 de 2011 se profiere sentencia de primera instancia dentro del proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda1.

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, instauró demanda ante esta jurisdicción por conducto de apoderado debidamente constituido la Dirección de Tránsito de Bucaramanga contra la Nación-Ministerio de Transporte, formulando las siguientes:

2. Pretensiones.

“PRIMERO: Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución No. 202003040033725 del 28 de diciembre de 2020, por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, contra la resolución No. 0006628 del 27 de

en la resolución No. 202003040033725 del 28 de diciembre de 2020, por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, contra la resolución No. 0006628 del 27 de diciembre de 2019, por la cual se ordena el pago del 35% de los valores que deben ser transferidos por los Organismos de Tránsito al Ministerio de Transporte por concepto de costos inherentes a la facultad que tiene el Ministerio de Transporte de asignar series, códigos y rangos de la especie venal respectiva, por ilegales y por considerar que la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, ha cumplido anualmente con los ajustes de tarifas, tal y como lo prevé la Ley 1005 de 2006 y la Resolución No. 2395 de 2009, igualmente emanada del precitado Ministerio.

1 Samai, índice 00005, archivo 01.DemandaTribunal Administrativo de Santander Sentencia de Primera Instancia Exp. 680012333000-2021-00465-00

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SEGUNDO: Que se declare, que la Dirección de Tránsito de Bucaramanga no tiene ninguna obligación legal de pagar o reconocer los montos de las tarifas que originan “las cuentas de cobro” que de manera equivocada considera el Ministerio de Transporte están por debajo de los porcentajes que determina la Ley y espec ialmente, porque la Dirección de Tránsito de Bucaramanga no es el responsable de aprobar tarifas, ya que esa es una obligación legal que recae para el presente caso en el

Concejo Municipal de Bucaramanga.

TERCERO: Que, como consecuencia de lo anterior, se le exima a la

que esa es una obligación legal que recae para el presente caso en el Concejo Municipal de Bucaramanga.

TERCERO: Que, como consecuencia de lo anterior, se le exima a la Entidad que represento de pagar la cuenta de cobro enunciada y a título de restablecimiento se ordene el archivo de la misma.”.

3. Hechos.

Indica que el Ministerio de Transporte ha dado una interpretación errónea al artículo 15 de la Ley 1005 de 2006 pues considera que el pago del 35% debe cobrarse a todos los trámites llevados a cabo en los organismos de tránsito, lo cual conlleva a un cobro de lo no debido o incluso, a un doble pago por trámite. Dicha interpretación ha dado como resultado que el Ministerio de Transporte tome como base de liquidación todos los pagos realizados en favor de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga para posteriormente calcular el 35% de dicha suma, lo cual, inevitablemente aumenta el monto a pagar ocasionando un detrimento al erario público. Considera que se trata de una actuación errónea que da cuenta de la mala fe y el abuso dominante por parte del Ministerio frente a la Dirección de Transito de Bucaramanga.

4. Normas violadas y concepto de violación.

Expresa que la entidad demandada desconoce lo previsto en el artículo 388 de la Constitución Política de Colombia al insinuar que hay inconsistencias entre las tarifas reportadas por la Dirección de Tránsito y Transporte de Bucaramanga y las fijadas por el Concejo mun icipal de Bucaramanga, lo que indica que la DTB no tiene responsabilidad alguna en lo relacionado con las tarifas establecidas para el cobro de los diferentes trámites que realiza.

Bucaramanga y las fijadas por el Concejo mun icipal de Bucaramanga, lo que indica que la DTB no tiene responsabilidad alguna en lo relacionado con las tarifas establecidas para el cobro de los diferentes trámites que realiza.

Asegura que teniendo en cuenta que el RUNT es el sistema electrónico del Ministerio de Transporte encargado de liquidar el 35% de los trámites que generen especies venales de acuerdo a las tarifas cargadas en el sistema HQRUNT por los organismos de transporte, no resulta clara la razón por la cual alega diferencias en las tarif as de la DTB si el Ministerio es el encargado de registrarlas todas en el sistema.

Indica que los pagos exigidos por el Ministerio contrarían el contenido del artículo 15 de la Ley 1005 de 2006 el cual esgrime que el porcentaje por concepto de tarifas por derechos de tránsito, correspondientes a licencias deTribunal Administrativo de Santander Sentencia de Primera Instancia Exp. 680012333000-2021-00465-00

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conducción, licencias de tránsito y placa única que debe ser pagado en favor de aquella entidad es del 35% . Sin embargo, las sumas que se pretender cobrar a la DTB superan el porcentaje establecido debido a una errónea liquidación de los montos por parte del Ministerio de Transporte.

Considera que el Ministerio desconoce que la DTB no realiza las liquidaciones pues el sistema las arroja automáticamente con las tarifas allí registradas. Aunado a ello, la entidad no se beneficiar del recaudo de tarifas pues dichos dineros son consignados por los usuarios directamente a las cuentas del RUNT que a su vez son transferidos al Ministerio.

Aunado a ello, la entidad no se beneficiar del recaudo de tarifas pues dichos dineros son consignados por los usuarios directamente a las cuentas del RUNT que a su vez son transferidos al Ministerio.

II. TRÁMITE PROCESAL

La demanda fue presentada el 21 de junio de 20 21 correspondiendo su conocimiento a este Despacho donde fue admitida el día 25 de octubre de 2021 ordenando las notificaciones de rigor.

Con auto de fecha 22 de octubre de 2024 se agotaron las etapas del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, haciendo pronunciamiento sobre el saneamiento del proceso, excepciones, conciliación, se fi jó el litigio y se decretan pruebas documentales. Finalmente, mediante auto de fecha 04 de febrero de 2025 se cerró la etapa probatoria y se corrió traslado a las partes para alegar y al Ministerio Público para concepto de fondo. De este trámite se destaca:

1. Contestación de la demanda

La entidad demandada se opone a las pretensiones de la demanda pues en su sentir, carecen de fundamentos legales y probatorios que demuestren la presunta ilegalidad aducida sobre las resoluciones No. 20204680003112 del 05 de febrero de 2020 y No. 6628 del 27 de diciembre de 2019.

Señala que, si bien es cierto el Organismo de Tránsito, ajustó sus tarifas para los trámites de tránsito, no dio cumplimiento cabal a las disposiciones contenidas en la Ley 1005 de 2006 y la Resolución No. 2395 de 2009.

Por el contrario , el Ministerio de Transporte para la expedición de los actos

los trámites de tránsito, no dio cumplimiento cabal a las disposiciones contenidas en la Ley 1005 de 2006 y la Resolución No. 2395 de 2009.

Por el contrario , el Ministerio de Transporte para la expedición de los actos administrativos acusados se acogió plenamente a las disposiciones normativas contempladas en la Ley 1005 de 2006 y la Resolución N° 2395 de 2009, en donde se determinó que las tarifas de tránsito deberán ser fijadas con base en un estudio económico que involucre los costos asociados al servicio con indicadores de eficiencia, eficacia y economía. De manera que dentro de este estudio económico se deben incluir todos los valores que formen parte de la estructura de costos de la tarifa (costos directos e indirectos) para el respectivo trámite, tales como, sustrato de licencia de tránsito, sustrato de licencia de conducción, placa, sistematización, papelería, gastos administrativos, insumos, mantenimiento, etc.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Primera Instancia Exp. 680012333000-2021-00465-00

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Que de conformidad con las funciones que como autoridad de tránsito le confiere la ley, el Ministerio de Transporte mediante circular No. 201440104899341 del 10 de diciembre de 2014 estableció el procedimiento que deben observar los organismos de tránsito para realizar el cálculo y posterior transferencia del 35% del pago de los valores recaudados por los derechos de tránsito que pagan los ciudadanos conforme a las tarifas que año tras año fijan la s asambleas departamentales o concejos municipales, que

posterior transferencia del 35% del pago de los valores recaudados por los derechos de tránsito que pagan los ciudadanos conforme a las tarifas que año tras año fijan la s asambleas departamentales o concejos municipales, que para el caso de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga se hace a través del Consejo Directivo, de conformidad con el artículo 5° del Acuerdo municipal No. 016 de 1980, lo cual hizo para el año 2016 a través de los Acuerdos No. 14 del 23 de diciembre de 2015 y 01 de 2016, por medio del cual se modificaron las tarifas de la revisión de vehículos del centro de diagnóstico automotor, de las licencias de conducción y de tránsito y de la fabricación de placas.

Informa que mediante Circular # 20164010008911 de 18 de enero de 2016, el Ministerio de Transporte, en su calidad de ente rector del sector, luego de hacer un recuento normativo, le recordó a los Organismos de Tránsito su deber de informar los valore s de las tarifas de derechos de tránsito, so pena de incurrir en la conducta establecida en la Ley 1702 de 2013 Artículo 19 numeral 14, y, de igual manera, puso de manifiesto el procedimiento a seguir para el reporte y cargue de las tarifas establecidas po r los Concejos Municipales, Distritales y/o las Asambleas Departamentales, en la plataforma HQ-RUNT, para el año 2016 y la forma como se calcula el valor a pagar al Ministerio.

Propone como excepción la denominada “legalidad de los actos administrativos expedidos”, al respecto, refiere que no se han identificado los vicios de anulación del acto acusado lo que se traduce en una carencia

Propone como excepción la denominada “legalidad de los actos administrativos expedidos”, al respecto, refiere que no se han identificado los vicios de anulación del acto acusado lo que se traduce en una carencia imposibilitante e invalidante para el ejercicio del control de legalidad.

Resalta que no está en discusión la imposición de tarifas, tasas o contribuciones de tránsito lo cual constituye una obligación que debe darse a través de mandato legal, ordenanza o acuerdo; sino el desconocimiento de las transferencias que por ley le obliga a realizar al organismo de tránsito año a año, por concepto de derechos de tránsito.

Trámite que es conocido por la DTB conforme a las circulares atrás mencionadas, lo que lleva a concluir que en el presente caso se está frente a dos situaciones distintas. De un lado se encuentra la fijación de tar ifas por derechos de tránsito para el periodo 2015, conforme a lo dispuesto en el precepto constitucional, y, de otro lado, la obligación que recae sobre los Organismos de Tránsito de transferir al Ministerio de Transporte el 35% de los mismos, conforme a la forma establecida para su recaudo.

Por lo tanto, no hay duda que los Organismos de Tránsito son responsables del cargue a la plataforma HQ RUNT de las tarifas de tránsito previamente aprobadas por el Concejo Municipal o Distrital, o la Asamblea Departamental según sea el caso, al igual que la transferencia al Ministerio de Transporte del 35% sobre el valor de las tarifas de tránsito fijadas.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Primera Instancia Exp. 680012333000-2021-00465-00

35% sobre el valor de las tarifas de tránsito fijadas.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Primera Instancia Exp. 680012333000-2021-00465-00

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Sostiene que, el RUNT es meramente un sistema en línea que centraliza, registra y actualiza la información del sector, tomando como insumo los valores reportados por los diferentes Organismos de Tránsito y el HQ RUNT es un aplicativo o herramienta, alimentada y utilizada por los Organismos de Tránsito. Que tanto el RUNT como la plataforma HQ RUNT no son responsables de validar la información y controlar y hacer seguimiento de la misma; los únicos responsables en el proceso de cargue de tarifas y posterior transferencia del 35% del total facturado al Ministerio de Transporte, son los propios Organismos de Tránsito. Señala además que, la Mesa de Ayuda de la Concesión RUNT, tiene como f unción principal la de atender y resolver inquietudes a los usuarios sobre el uso del sistema HQ-RUNT, luego no tiene potestad para ejercer vigilancia por las acciones de los Organismos de Tránsito, quienes son los obligados a cargar al sistema las tarifas a cobrar para la vigencia correspondiente conforme la Ley.

Concluye afirmando que ni el Ministerio de Transporte ni la Concesión RUNT tienen la facultad de validar, hacer seguimiento o modificar las tarifas de tránsito aprobadas por los Concejos Municipales o Distritales o las Asambleas Departamentales, como tampoco realizar transferencia del 35% al Ministerio de Transporte por la facultad de asignar series, códigos o rangos, y por tanto, el único responsable de cargue de información de tarifas a la plata forma HQ

Departamentales, como tampoco realizar transferencia del 35% al Ministerio de Transporte por la facultad de asignar series, códigos o rangos, y por tanto, el único responsable de cargue de información de tarifas a la plata forma HQ RUNT es el respectivo Organismo de Tránsito y que la precitada Concesión no tiene dentro de sus facultades verificar la calidad de la información o si la misma va acorde con lo aprobado por los Concejos Municipales o Distritales o las Asambleas Departamentales.

Señala que en el caso de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, se estaba dejando de transferir recursos al Ministerio de Transporte por un error del mismo Organismo al momento de cargar las tarifas en el aplicativo HQ-RUNT, razón por la que el Ministerio de Transporte procedió a realizar la liquidación de los valores pendientes de transferir, generando las cuentas de cobro respectivas, con el fin de recaudar lo que efectivamente corresponde cobrar en cumplimiento de la norma, y previo ago tamiento del procedimiento señalado en la Resolución N° 1154 de 2009.

2. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público2.

2.1. Demandante

Insiste en que la interpretación que hace el Ministerio y que se incorporó en la Circular MT No. 20144010489341 de fecha 10 de diciembre de 2014, es contraria a la ley 1005 de 2006 y la resolución 2395 de 2009, porque le dio una explicación a los intereses de Mintransporte en detrimento de las autoridades de Tránsit o, realizando cobros a través de las resoluciones acusada s de nulidad en forma incorrecta, adicionalmente, por incluir los gastos de papelería

explicación a los intereses de Mintransporte en detrimento de las autoridades de Tránsit o, realizando cobros a través de las resoluciones acusada s de nulidad en forma incorrecta, adicionalmente, por incluir los gastos de papelería

2 Samai, índices 00032 y 00033Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Primera Instancia Exp. 680012333000-2021-00465-00

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y sistematización como costos asociados al trámite lo que es a toda luz contrario a la normatividad vigente e inj ustificado porque son las entidades y autoridades de tránsito las que la tienen a cargo dicho concepto.

Refiere que en dicha circular se evidencia que el Ministerio de Transporte toma el valor de la Facturación (sistematización, papelería u otros) como propios de las especies venales, y no como un aporte que realiza y le corresponde a las autoridades de tránsito, se hace énfasis que lo correspondiente a sistematización, papelería dentro del trámite es una tarifa interna que la entidad cobra por concepto de gastos internos ocasionados por el servicio prestado, esto genera una diferencia con respecto a las tasas cargadas por la DTB en la plataforma HQ-RUNT.

Así mismo, el Ministerio de Transporte, amparado en la interpretación de un concepto que por prelación legal se encuentra jerárquicamente por debajo de Ley 1005 de 2006 y la Resolución No. 002395, ordena el pago de una presunta obligación relacionada con los valores dejados de transferir por concepto del 35% de los derechos de tránsito, cuando los mismos fueron debidamente soportados en el acuerdo que ordenó las tarifas correspondientes y las cuales

obligación relacionada con los valores dejados de transferir por concepto del 35% de los derechos de tránsito, cuando los mismos fueron debidamente soportados en el acuerdo que ordenó las tarifas correspondientes y las cuales fueron igualmente estudiadas, aprobadas y cargadas en el sistema RUNT, el actuar del Ministerio de Transporte es a todas luces incorrecto y contrario a las normas que rigen la materia.

Considera que ley 1005 de 2006 consagra una tasa por el servicio de la asignación de series, rangos y códigos y que la resolución 2395 de 2009 a pesar de que determina qué se entiende por derechos de tránsito y formula la regla del total facturado por el usuario, refiere exclusivamente a las especies venales y no a los costos asociados como se interpretó dentro de la circular hoy objeto de discusión.

En consecuencia, la c ircular cuestionada, que conllevó a los actos administrativos acusados y que dieron origen a que el Ministerio de Transporte pretenda el cobro adicional por conceptos que no tiene derecho, es sin lugar a equívocos contraria a la constitución política, leyes y resoluciones que rigen la materia.

2.2. Demandada.

Reitera los argumentos de defensa presentados en el escrito de contestación de la demanda indicando que la entidad no ha dado una interpretación errónea al artículo 15 de la Ley 1005 de 2006 y mucho menos ha infringido el artículo 338 de la Carta Política, pues nunca ha estado en discusión la competencia para establecer las tarifas de tránsito aplicables para el periodo fiscal 2016, la cual corresponde, para el presente asunto, al Consejo Directivo de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

para establecer las tarifas de tránsito aplicables para el periodo fiscal 2016, la cual corresponde, para el presente asunto, al Consejo Directivo de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

Contrario ocurre con la fijación de las tarifas de tránsito que por mandato legal debían ser fijadas conforme al resu ltado de un estudio económico queTribunal Administrativo de Santander Sentencia de Primera Instancia Exp. 680012333000-2021-00465-00

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involucraran todos los costos asociados al servicio con indicadores de eficiencia, eficacia y economía, el cual no fue aportado por la parte demandante, a pesar de corresponder a una prueba decretada por el Despacho.

Así, el valor cobrado por el Ministerio de Transporte contenido en el acto administrativo cuya nulidad se persigue, corresponde a las diferencias encontradas en el valor del 35% de dichas tarifas que en cumplimiento de la Ley 1005 de 2006 le corresponde transf erir el Organismo de Tránsito a la entidad demandada, además de actualizar año a año dichas tarifas como se desprende del Código Nacional de Tránsito.

Señala que de la copia del expediente contentivo de las actuaciones adelantadas por el Ministerio de Tra nsporte en procura de lograr el pago de los valores dejados de transferir por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, se puede demostrar que éste no incluyó el valor total de facturación (licencia de conducción, -costo físico de la lámina -, licencia de tr ánsito -costo de la licencia-, facturación y fabricación de placa de vehículos y motocicletas),

se puede demostrar que éste no incluyó el valor total de facturación (licencia de conducción, -costo físico de la lámina -, licencia de tr ánsito -costo de la licencia-, facturación y fabricación de placa de vehículos y motocicletas), generando que, la liquidación del referido 35% se hiciera sobre una base inferior a la que legalmente correspondía.

2.3 El Ministerio Público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA.

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación cumplida, y hallándose estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo de la cuestión, procederá la Corporación a proferir sentencia de primera instancia.

1. Competencia.

Conforme al artículo 152 del CPACA, vigente para la fecha de la presentación de la demanda, y por expresa disposición del artículo 86 de la ley 2080 de 20213, el Tribunal Administrativo de Santander es competente para conocer en primera instancia de los actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2. Problema Jurídico.

De conformidad con los planteamientos expuestos dentro del proceso y lo dispuesto en la fijación del litigio, la controversia planteada en el asunto bajo estudio, consiste en determinar si:

3 ARTÍCULO 86. RÉGIMEN DE VIGENCIA Y TRANSICIÓN NORMATIVA. La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos

3 ARTÍCULO 86. RÉGIMEN DE VIGENCIA Y TRANSICIÓN NORMATIVA. La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Primera Instancia Exp. 680012333000-2021-00465-00

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Se encuentra viciado de nulidad el acto administrativo acusado – Resolución No. 202003040033725 del 28 de diciembre de 2020 , por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, contra la Resolución No. 0006628 del 27 de diciembre de 2019 “Por la cual se ordena el pago del 35% de los valores que deben ser transferidos por los Organismos de Tránsito al Ministerio de Transporte por concepto de costos inherentes a la facultad que tiene el Ministerio de Transporte de asignar series, códigos y rangos de la especie venal respectiva”- por cuanto el procedimiento efectuado por el Ministerio de Transporte para calcular el 35% de los derechos de tránsito correspondientes a licencia de conducción, licencias de tránsito y placa única nacional es erróneo, desconociéndose con ello el artículo 15 de la Ley 1005 de 2006.

3. Marco normativo y jurisprudencial aplicado al caso concreto:

Con la expedición de la Ley 1005 de 2006 se adiciona y modifica el Código

desconociéndose con ello el artículo 15 de la Ley 1005 de 2006.

3. Marco normativo y jurisprudencial aplicado al caso concreto:

Con la expedición de la Ley 1005 de 2006 se adiciona y modifica el Código Nacional de Tránsito Terrestre, Ley 769 de 2002. En su artículo 15 se disponía4:

“ARTÍCULO 15. LICENCIA DE CONDUCCIÓN, LICENCIA DE TRÁNSITO Y PLACA UNICA NACIONAL. Corresponde a las Asambleas Departamentales, Concejos Municipales o Distritales de conformidad con el artículo 338 de la Carta Política, y el artículo 168 de la Ley 769 de 2002, fijar el método y el sistema para determinar las tarifas por derechos de tránsito, correspondientes a licencias de conducción, licencias de tránsito y placa única nacional.

Dichas tarifas estarán basadas en un estudio económico sobre los costos del servicio con indicadores de eficiencia, eficacia y economía.

Dentro de ese cálculo deberá contemplarse un 35% que será transferido por el correspondiente organismo de tránsito al Ministerio de Transporte, por concepto de costos inherentes a la facultad que tiene el Ministerio de Transporte de asignar series, códigos y rangos de la especie venal respectiva”.

El Ministerio de Transporte mediante Resolución N°2395 de 2009 fijó las tarifas de las Especies Venales asignadas a los Organismos de Tránsito del país, los derechos de los trámites que atiende el Ministerio y las tarifas de los servicios para garantizar la sostenibilidad del Registro Único Nacional de

tarifas de las Especies Venales asignadas a los Organismos de Tránsito del país, los derechos de los trámites que atiende el Ministerio y las tarifas de los servicios para garantizar la sostenibilidad del Registro Único Nacional de Tránsito – RUNT; resolución, que refiriéndose a la transferencia al Ministerio de Transporte por virtud de la Ley 1005 de 2006, así como a los derechos de tránsito, consagró en sus artículos 2 y 3, respectivamente:

“Artículo 2°. Transferencia al Ministerio de Transporte. De conformidad con lo preceptuado en la Ley 1005 de 2006, los Organismos de Tránsito del país deberán transferir al Ministerio de Transporte, por concepto de costos inherentes a la facultad que tiene este de asignar códigos y rangos de especies venales, una suma equivalente al 35% de los Derechos de Tránsito que cancele el usuario para la expedición de la Licencia de Conducción, Licencia de Tránsito y Placa Único Nacional de vehículos,

4 Términos vigentes antes de la modificación introducida por el artículo 3 de la Ley 2027 de 2020.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Primera Instancia Exp. 680012333000-2021-00465-00

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motocicletas y similares. En el evento que se realicen varios trámites en una misma solicitud, el 35% se aplicará a la sumatoria de los Derechos de Tránsito establecidos por el respectivo Organismo de Tránsito.

Artículo 3°. Derechos de tránsito. Para los efectos previstos en este

una misma solicitud, el 35% se aplicará a la sumatoria de los Derechos de Tránsito establecidos por el respectivo Organismo de Tránsito.

Artículo 3°. Derechos de tránsito. Para los efectos previstos en este artículo, entiéndase por Derechos de Tránsito el valor total facturado que cancelan los usuarios, propietarios y conductores de vehículos para obtener el beneficio de su matrícula y trámites asociados ante un Organismo de Tránsito para la obtención de las licencias y placas respectivas, según el caso, exceptuándose el concepto de retención en la fuente de vehículos en el evento que s ea incluido en la factura”. (Subrayado por la Sala)

Y en lo que respecta al reporte anual al RUNT de las nuevas tarifas, dispone en su artículo cuarto:

“Artículo 4°. Reporte anual al RUNT. Anualmente, los Organismos de Tránsito del país deberán reportar en el Sistema del Registro único Nacional de Tránsito –RUNT–, las nuevas tarifas, de acuerdo con los protocolos establecidos, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su expedición por parte de las respectivas Asambleas Departamentales o Concejos Municipales según el caso.

Cualquier modificación que un Organismo de Tránsito del país, efectúe en los valores de las tarifas de Derechos de Tránsito a su cargo, deberá reportarlo al Sistema del Registro Único Nacional de Tránsito –RUNT–, de acuerdo con los protocolos establecidos, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes”.

Ahora bien, en relación con el cálculo del 35% a transferir por derechos de

acuerdo con los protocolos establecidos, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes”.

Ahora bien, en relación con el cálculo del 35% a transferir por derechos de tránsito al Ministerio de Transporte, dicha entidad mediante Circular MT No. 20144010489341 de fecha 10 de diciembre de 20145 dirigida a los Organismos de Transporte a nivel nacional, señaló que, con el fin de mejorar la información al ciudadano y reducir la posibilidad de errores y reclamaciones, se recomendaba adoptar en los actos administrativos que expidieran tanto los Concejos Municipales o Distritales o las Asambleas Departame ntal, como los mismos entes territoriales, las siguientes medidas: “El estudio económico de los costos del servicio que determina el valor total del trámite o tarifa a pagar por el ciudadano, debe incluir todos los costos asociados a la expedición de dicho trámite; por lo tanto, no pueden existir costos liquidados ni facturados en forma adicional o independiente. • El 35% con destino a la Dirección del Tesoro Nacional, se calcula como un costo dentro del estudio económico (Costo inherente a la facultad que tiene el Ministerio de Transporte de asignar series, códigos y rangos de la especie venal respectiva).

El cuadro siguiente muestra a título de ejemplo, como se calcularía el valor a pagar al Ministerio de Transporte: +Costo de especie venal o sustrato +Costo papelería +Costo sistematización

5 Samai, índice 00009, archivo Documentos Tto. Bga, pág. 27-30Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Primera Instancia Exp. 680012333000-2021-00465-00

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+Otros Costos ______________________________ Subtotal Costos = 65% +Ministerio de Transporte = 35% ______________________________ Total Costos o Tarifa = 100%

Finalmente se advierte que, mediante Acuerdo N°014 del 23 de diciembre de 20156 el Consejo Directivo de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, invocando el uso de sus facultades le