TA SAN - Sentencia 680012333000-2021-00752-00 (29-05-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrado Ponente: Iván Fernando Prada Macías

Bucaramanga, veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado 680012333000-2021-00752-00 Medio de control Reparación Directa Demandante Gilberto Arcesio Jurado Belalcázar, María Isabel Serrano Rincón y Natalia Andrea Jurado Serrano gomezespaoldavidricardo@gmail.com Demandado Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co jgomezsa@cendoj.ramajudicial.gov.co Cooperativa de Ahorro y Crédito Santander Limitada – Financiera Comultrasan gerencia.juridica@comultrasan.com.co info@splabogados.com Ministerio Público Procuraduría 159 Judicial II para Asuntos Administrativos nmgonzalez@procuraduria.gov.co Tema Sentencia anticipada que declara caducidad. Aplicación de la regla dada por la jurisprudencia, según la cual , “cuando el daño alegado proviene de un error judicial el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que contiene el aludido yerro” . Y, que en tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de la administración de la justicia bajo el fundamento del deterioro injustificado o pérdida de un bien incautado o secuestrado, se tiene como regla pacífica de la jurisprudencia, que el término d e

defectuoso funcionamiento de la administración de la justicia bajo el fundamento del deterioro injustificado o pérdida de un bien incautado o secuestrado, se tiene como regla pacífica de la jurisprudencia, que el término d e caducidad se cuenta a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho u omisión, debiendo tener en cuenta el conocimiento de dicho daño por la parte demandante.

De conformidad con el artículo 182A de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – norma adicionada por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021 –, procede la Sala a dictar sentencia anticipada para decidir respecto de la excepción de “caducidad”.Tribunal Administrativo de Santander

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I. ANTECEDENTES

1. La demanda1.

La demanda fue interpuesta mediante apoderado judicial por los señores Gilberto Arcesio Jurado Belalcázar, María Isabel Serrano Rincón y Natalia Andrea Jurado Serrano, en ejercicio del medio de control de reparación directa, en contra de la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial , en adelante Rama Judicial , y, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santander Limitada , en adelante Financiera Comultrasan; para tal efecto, la parte demandante solicitó acceder a las siguientes pretensiones:

“PRIMERA: La FINANCIERA COMULTRASAN y la NACIÓN RAMA JUDICIAL, son administrativa y solidariamente responsables de los perjuicios materiales y morales

pretensiones:

“PRIMERA: La FINANCIERA COMULTRASAN y la NACIÓN RAMA JUDICIAL, son administrativa y solidariamente responsables de los perjuicios materiales y morales causados a los señores GILBERTO ARCESIO JURADO BELALCAZAR, MARIA ISABEL SERRANO RINCÓN y NATALIA ANDREA JURADO SERRANO, por la pérdida de la oportunidad, así como por falla o falta del servicio que condujo a ocasionarle la pérdida total de su patrimonio.

SEGUNDA. Condenar, en consecuencia, para que la FINANCIERA COMULTRASAN; y la NACIÓN -RAMA JUDICIAL, respondan solidariamente como reparación de los daños antijurídicos, causados por las omisiones en el manejo con debida diligencia de los procesos: 68001310300220110 041800 – 68001310300220110041802 respectivamente y de conformidad con el Articulo 90 de la Constitución Política de Colombia, así:

1.- PERJUICIOS MATERIALES:

1.1 Daño Emergente: Consiste en el precio cobrado y pagado a título de compraventa por los tres vehículos descritos en el numeral segundo del acápite de HECHOS Y OMISIONES, uno de ellos cancelado en favor de la FINANCIERA COMULTRASAN; 3 por valor de ($180. 000.000.oo); Los Establecimientos Comerciales 1. - Horizontes Travel, y 2. -Marketing y Servicios Farmacéuticos, descritos en el párrafo penúltimo del numeral tercero del acápite de HECHOS Y OMISIONES, consistente en el patrimonio en capital, que constituía estas actividades comerciales, por valor de ($150.000.000.oo).

descritos en el párrafo penúltimo del numeral tercero del acápite de HECHOS Y OMISIONES, consistente en el patrimonio en capital, que constituía estas actividades comerciales, por valor de ($150.000.000.oo).

1.1.2 Lucro Cesante: Consiste en la sumatoria del rédito mensual, producto de la actividad comercial de los vehículos (De servicio Público), descritos en el numeral segundo del acápite de HECHOS Y OMISIONES, desde su captura el (26-03-2012) hasta la fecha de presentación de la solicitud de conciliación en el mes de Febrero de 2019, (80 meses), esto por valor de ($600.000.000.oo), con un promedio de ingreso de cada vehículo de (2.500.000.oo); los intereses bancarios moratorios causados sobre el anterior capital, desde la anterior fecha y hasta hoy, a la tasa del 1,5 veces del interés bancario corriente fijado mensualmente por la Superfinanciera.

Total capital sin intereses moratorios bancarios estimados……………………………..…………………………………($930.000.000.o)

Equivalente a………………………..………………1123 S.M.M.L.V para el año 2019

1 Ver documento “ 10MemorialAllegaSubsanacionDemanda 30 -11-2021” del Expediente Digital de OneDrive índice 00013 de SAMAI.Tribunal Administrativo de Santander

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2.- PERJUICIOS INMATERIALES:

2.1 POR EL DAÑO A LA SALUD OCASIONADO A GILBERTO AECESIO JURADO

BELALCAZAR ………………………………….………………….……100 S.M.M.L.V.

2.- PERJUICIOS INMATERIALES:

2.1 POR EL DAÑO A LA SALUD OCASIONADO A GILBERTO AECESIO JURADO

BELALCAZAR ………………………………….………………….……100 S.M.M.L.V.

3.- POR LOS DAÑOS MORALES:

3.1 Para GILBARTO ARCESIO JURADO BELALCAZAR:……………100 S.M.M.L.V.

3.1.1 Para MARIA ISABEL SERRANO RINCON y NATALIA ANDREA JURADO SERRANO en calidad de esposa e hija perjudicadas:…20 S.M.M.L.V para cada una.

4. - POR DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN:

4.1 Para GILBERTO ARCESIO JURADO BELALCAZAR:…….……100 S.M.M.L.V.

4.1.1 Para MARIA ISABEL SERRANO RINCON y NATALIA ANDREA JURADO SERRANO en calidad de esposa e hija perjudicadas:....20 S.M.M.L.V para cada una.

TERCERA. La parte demandada dará cumplimiento a la sentencia, en los términos de los art. 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

CUARTA. Que se condene en costas a la parte demandada…”

Como hechos relevantes se indicó, que la Financiera Comultrasan inició proceso ejecutivo mixto en contra de la parte demandante, tramitándose bajo el radicado 68001310300220110041800 ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga, quien a través de auto del 12 de enero de 2012 libró mandamiento de pago y, mediante providencia de fecha 26 de marzo de 2012 ordenó el embargo

68001310300220110041800 ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga, quien a través de auto del 12 de enero de 2012 libró mandamiento de pago y, mediante providencia de fecha 26 de marzo de 2012 ordenó el embargo de 3 vehículos de servicio público (identificados con las placas SPL-636, XMD-423 y SUF-782) de propiedad del señor Gilberto Arcesio Jurado Belalcázar, así como del establecimiento de comercio de su propiedad. Sostiene, que la captura de los vehículos se realizó el día 9 de abril de 2012 y 9 de mayo de 2012, frente a los cuales el 28 de mayo de 2012 se solicitó el secuestro.

Se afirmó en la demanda, que el proceso ejecutivo pasó al conocimiento del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Bucaramanga, quien avocó conocimiento mediante auto del 25 de junio de 2014 y, posteriormente, el 15 de julio de 2014 decretó nueva medida cautelar consistente en la inmovilización “de uno de los vehículos”, y mediante auto del 21 de octubre de 2014 se ordenó su secuestro. Frente a lo cual, la parte ejecutada (aquí demandante) solicitó, a través de escrito presentado el día 3 de febrero de 2016, se realizara el avalúo del vehículo SUF782, solicitud que fue negada por no haberse presentado a través de apoderado judicial mediante auto de fecha 12 de febrero de 2016 ; por lo que, por intermedio de apoderado judicial el día 8 de abril de 2016 se solicitó nuevamente el avalúo y remate del vehículo, por lo que, el “día 12 de abril de 2016 el Juzgado de instancia

de apoderado judicial el día 8 de abril de 2016 se solicitó nuevamente el avalúo y remate del vehículo, por lo que, el “día 12 de abril de 2016 el Juzgado de instancia niega la solicitud de avalúo y manifiesta que es carga de las partes, en ese caso de la parte demandante quien tiene la obligación, ya que lo pidió, de adjudicarse o rematar las propiedades”; sin que el Juzgado, a juicio de la parte actora, designaraTribunal Administrativo de Santander

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perito ni adoptara medidas orientadas a rematar o adjudicar los bienes, a pesar de que, según la parte actora, ya se cumplían los presupuestos procesales para ello conforme al artículos 444 del CGP.

Igualmente, se manifestó en la demanda, que sólo hasta el 18 de julio de 2017, el Juzgado requirió a la Financiera Comultrasan para allegar constancia del despacho comisorio, y solo hasta el 10 de agosto de 2017 se comisionó a los Juzgados Promiscuos de Puerto Gaitán (Meta), para llevar a cabo diligencia de secuestro del vehículo, sin que a la fecha de presentación de la demanda se hubiese finalizado el trámite de adjudicación o remate ; limitándose, la Financiera Comultrasan al embargó del salario y posteriormente su pensión del señor Gilberto Arcesio Jurado Belalcázar, situación que, según afirmó el actor, vulnera su mínimo vital.

Finalmente, aseveró la parte demandante, que la prolongada inactividad procesal, la omisión en la designación de perito para el avalúo, la ausencia de remate o

su mínimo vital.

Finalmente, aseveró la parte demandante, que la prolongada inactividad procesal, la omisión en la designación de perito para el avalúo, la ausencia de remate o adjudicación de los bienes y la persistencia del embargo sobre su pensión constituyen una falla del servicio judicial que le ha ocasionado la pérdida total de su patrimonio y un daño antijurídico por la ineficaz utilización de las medidas cautelares.

II. TRÁMITE PROCESAL

La demanda fue presentada el día 27 de agosto de 202 1, ante el Tribunal Administrativo de Santander2. Mediante providencia de fecha 4 de febrero de 20223, se admitió la demanda, después de haberse inadmitido4 y subsanado5 por la parte demandante; y, en tal sentido, se procedió a impartir el trámite del proceso ordinario. Vencido el traslado de la demanda, a través de auto de fecha 4 de febrero de 20256, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 182A del CPACA (norma adicionada por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021) se dio trámite para proferir sentencia anticipada, a efectos de decidir la excepción de “caducidad” propuesta por la Financiera Comultrasan.

De las actuaciones realizadas, convienen destacar las siguientes:

2 Ver documento “0 6ACTA DEMANDA GILBERTO ARCESIO JURADO ” del Expediente Digital de OneDrive índice 00013 de SAMAI. 3 Ver índice 00006 de SAMAI. 4 Ver documento “008AutoInadmiteDemanda” del Expediente Digital de OneDrive índice 00013 de SAMAI.

índice 00013 de SAMAI. 3 Ver índice 00006 de SAMAI. 4 Ver documento “008AutoInadmiteDemanda” del Expediente Digital de OneDrive índice 00013 de SAMAI. 5 Ver documento “ 10MemorialAllegaSubsanacionDemanda 30 -11-2021” del Expediente Digital de OneDrive índice 00013 de SAMAI. 6 Ver índice 00038 de SAMAI.Tribunal Administrativo de Santander

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1. Contestación de la demanda.

1.1. De la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la JudicaturaDirección Ejecutiva de Administración Judicial.7

En oposición a las pretensiones, la Rama Judicial se argumentó, que las actuaciones de los Juzgados Civiles que conocieron el proceso ejecutivo mixto 68001310300220110041800 se ajustaron al ordenamiento jurídico vigente y, por lo tanto, no constituyen una falla del servicio judicial , así como tampoco un error jurisdiccional. En tal sentido, señaló que las providencias judiciales impugnadas fueron proferidas por autoridades competentes en ejercicio legítimo de la función jurisdiccional, amparadas por los principios de autonomía e independencia judicial consagrados en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, así como en el artículo 5 de la Ley 270 de 1996.

Así mismo, precisó que, desde el 28 de mayo de 2012, el señor Gilberto Arcesio Jurado Belalcázar, demandado en el proceso ejecutivo, había conferido poder a la abogada Carmen Cecilia Solano Vargas, quien fue reconocida por el Juzgado

Así mismo, precisó que, desde el 28 de mayo de 2012, el señor Gilberto Arcesio Jurado Belalcázar, demandado en el proceso ejecutivo, había conferido poder a la abogada Carmen Cecilia Solano Vargas, quien fue reconocida por el Juzgado mediante la radicación del poder en esa misma fecha. En virtud de lo anterior, el Despacho Judicial tuvo al entonces ejecutado por notificado del mandamiento de pago por conducta concluyente. Pese a ello, indicó la Rama Judicial, el demandado o su apoderada omitieron ejercer oportunamente los mecanismos procesales de defensa disponibles, tales como proponer excepciones, objetar medidas cautelares, impugnar providencias o presentar liquidación del crédito.

En este contexto, manifestó, que la pasividad del actor durante el trámite ejecutivo no puede ser trasladada como una responsabilidad de la administración de justicia; así, a su juicio, no existió actuación arbitraria, caprichosa ni contraria al ordenamiento jurídico por parte del Juzgado, sino una conducta negligente de la parte demandante, lo que configura la causal eximente de responsabilidad por culpa exclusiva de la víctima, conforme al artículo 70 de la Ley 270 de 1996.

Adicionalmente, la Rama Judicial refutó la configuración de un error jurisdiccional, en tanto no se acreditó la existencia de una providencia judicial abiertamente contraria a derecho, y que haya generado un daño antijurídico imputable a la administración de justicia. Citó en apoyo de su tesis la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, en la que se sostiene que el error jurisdiccional debe ser manifiesto, evidente, y exceder la autonomía interpretativa

administración de justicia. Citó en apoyo de su tesis la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, en la que se sostiene que el error jurisdiccional debe ser manifiesto, evidente, y exceder la autonomía interpretativa del Juez para dar lugar a responsabilidad estatal ; en tanto q ue, las actuaciones judiciales en el proceso ejecutivo fueron regulares, respetaron el debido proceso y se realizaron conforme al marco legal.

Por otra parte, sostuvo que tampoco se configura un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, ya que no existió omisión, irregularidad o negligencia

7 Ver índice 00027 de SAMAI.Tribunal Administrativo de Santander

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atribuible al aparato jurisdiccional. Por el contrario, afirmó que las circunstancias alegadas por el demandante (como la prolongación del proceso o la afectación de su patrimonio) fueron consecuencia directa de su propia inacción procesal y de la falta de gestión oportuna de su defensa técnica.

Finalmente, concluyó que el medio de control de reparación directa no puede utilizarse como una instancia paralela para cuestionar decisiones judiciales ni como mecanismo para subsanar las falencias procesales en que incurrió la parte actora en el curso del proceso ejecutivo. En virtud de lo anterior , solicitó declarar que no hay lugar a responsabilidad patrimonial del Estado, dado que no se acreditó la existencia de un daño antijurídico ni de una falla del servicio judicial, y que, en todo caso, se encuentra configurado el eximente de responsabilidad por culpa exclusiva de la víctima.

existencia de un daño antijurídico ni de una falla del servicio judicial, y que, en todo caso, se encuentra configurado el eximente de responsabilidad por culpa exclusiva de la víctima.

1.2. De la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santander Limitada.8

Solicitó declarar infundadas las pretensiones de la demanda, al considerar que no existe nexo causal entre su actuación como acreedora en un proceso ejecutivo y los supuestos daños invocados por la parte actora, los cuales , a su juicio , son atribuibles a la negligencia e inactividad procesal del propio demandante . Como fundamento principal, la Financiera Comultrasan sostuvo, que el señor Gilberto Arcesio Jurado Belalcázar incumplió sus obligaciones crediticias derivadas del pagaré suscrito el 28 de junio de 2010 por valor de $63.475.000, lo que motivó el inicio del proceso ejecutivo identificado con radicado 68001310300220110041800. En dicho proceso se libró mandamiento de pago el 12 de enero de 2012 y se ordenó seguir adelante la ejecución mediante auto del 16 de agosto de 2012. A la fecha de la contestación, la deuda ascendía a $106.904.401,25.

La entidad enfatizó , que el demandante omitió ejercer diligentemente los mecanismos procesales a su disposición en el trámite del proceso ejecutivo , tales como proponer excepciones, presentar liquidaciones, objetar avalúos, solicitar reducción de embargos o rendición de cuentas a los secuestres. Señaló que la inactividad del actor se evidenció en que ni siquiera acreditó adecuadamente el estado actual de los vehículos embargados, ni presentó prueba de que su deterioro

reducción de embargos o rendición de cuentas a los secuestres. Señaló que la inactividad del actor se evidenció en que ni siquiera acreditó adecuadamente el estado actual de los vehículos embargados, ni presentó prueba de que su deterioro obedeciera a actuaciones imputables a Comultrasan. Por el contrario, advirtió que en muchos casos la tenencia y custodia de los automotores correspondía a terceros no vinculados al proceso, como los parqueaderos y secuestres, siendo improcedente endilgar responsabilidad alguna a la cooperativa.

Finalmente, propuso como excepciones la caducidad del medio de control, tanto bajo la tesis del error judicial como por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, para lo cual argumentó, que las providencias cuestionadas (autos del 12 de febrero de 2016, 12 de abril de 2016 y 10 de agosto de 2017) se encontraban ejecutoriadas varios años antes de la presentación de la

8 Ver índice 00026 de SAMAI.Tribunal Administrativo de Santander

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demanda, lo que hacía extemporáneo el ejercicio de la acción. También formuló la excepción de falta de nexo causal y ausencia de daño antijurídico debidamente probado, resaltando que, en todo caso, el deterioro de los vehículos alegado por el demandante no era atribuible a Comultrasan, sino a causas ajenas como el abandono, la custodia de terceros o embargos proferidos en otros procesos judiciales.

2. Alegatos de conclusión referidos a la excepción de caducidad.

2.1. De la parte demandante.9

abandono, la custodia de terceros o embargos proferidos en otros procesos judiciales.

2. Alegatos de conclusión referidos a la excepción de caducidad.

2.1. De la parte demandante.9

La parte demandante, en el término de presentación de alegatos de conclusión consideró, que en el presente los demandantes tuvieron conocimiento real del daño “en los tiempos denunciados en el escrito demandatorio, nunca antes; una cosa es saber que los bienes estén embargados y otra muy diferente enterarse que nunca los remataron y adjudicaron por negligencia, la omisión de una actuación judicial no es un daño e n sí mismo, es la simple tarea del Juez” ; precisó, que no se ha estructurado la caducidad, por cuanto el daño sobreviene de una ejecución de tracto sucesivo, por causa de la “inoperancia judicial” o p or no haberse impulsado oficiosamente el proceso; luego, según su criterio, “hasta tanto no haya sentencia ejecutoriada que diga lo contrario y que resuelva de fondo los asuntos acusados y se habla de los procesos y juzgados demandados, no tiene esta actuación dañosa término de caducidad, lo que sucede acá, es que como los bienes son a la fecha y desde hace años chatarra, están inservibles, se dañaron, perdieron su valor, entonces desean seguir persiguiendo a mi poder dante hasta la eternidad en un proceso sin fin, sabiendo que en Colombia, Constitucionalmente todas las formas de perpetuidad están erradicadas”.

2.2. De la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la JudicaturaDirección Ejecutiva de Administración Judicial.10

proceso sin fin, sabiendo que en Colombia, Constitucionalmente todas las formas de perpetuidad están erradicadas”.

2.2. De la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la JudicaturaDirección Ejecutiva de Administración Judicial.10

En los alegatos de conclusión sostuvo, que dado que se configuró un presupuesto procesal insubsanable como lo es la caducidad, s e impide el estudio de fondo de las pretensiones ; pa ra sustentar su posición, la Rama Judicial aseveró, que el señor Gilberto Arcesio Jurado Belalcázar tenía conocimiento de los hechos que alega como dañosos desde la ejecutoria de las providencias judiciales que los originaron. Así, respecto del auto del 12 de febrero de 2016, que negó una solicitud de avalúo, indicó que el mismo quedó ejecutoriado el 18 de febrero de 2016, y por ende, el término de dos años para demandar vencía el 19 de febrero de 2018. Sin embargo, la solicitud de conciliación extrajudicial fue radicada hasta el 18 de febrero de 2019, cuand o el término de caducidad ya se encontraba vencido. De igual manera, afirmó, que los hechos dañosos que se alegan a partir del auto del 12 de abril de 2016 y la solicitud de cobro del parqueadero del 26 de abril de 2016, también caducó, pues en estos casos, el término de 2 años vencía, respectivamente, el 19

9 Ver índice 00049 de SAMAI. 10 Ver índice 00048 de SAMAI.Tribunal Administrativo de Santander

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9 Ver índice 00049 de SAMAI. 10 Ver índice 00048 de SAMAI.Tribunal Administrativo de Santander

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y el 26 de abril de 2018 ; en tanto que, la solicitud de conciliación sólo fue radicada en febrero de 2019.

Frente a los hechos relacionados con el auto del 18 de julio de 2017 y el despacho comisorio del 10 de agosto del mismo año, la Rama Judicial reconoció que la solicitud de conciliación alcanzó a suspender el término de caducidad en curso. Sin embargo, al calcular los días restantes y la fecha de reanudación del conteo tras la constancia de no conciliación (3 de abril de 2019), concluyó que el p lazo para presentar la demanda expiraba, a más tardar, entre el 13 y el 28 de septiembre de

2019. No obstante, la demanda fue presentada solo hasta el 27 de agosto de 2021, es decir, casi 2 años después del vencimiento definitivo de todos los términos habilitantes.

2.3. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santander Limitada.11

Financiera Comultrasan, en los alegatos de conclusión reiteró, que ha operado de manera íntegra el fenómeno de la caducidad del medio de control de reparación directa, tanto bajo la tesis del error judicial como desde la perspectiva del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. En desarrollo de dicha tesis, sostuvo que las actuaciones judiciales objeto de reproche por l a parte demandante se concretaron, principalmente, en los autos de fechas 12 de febrero de 2016, 12 de

funcionamiento de la administración de justicia. En desarrollo de dicha tesis, sostuvo que las actuaciones judiciales objeto de reproche por l a parte demandante se concretaron, principalmente, en los autos de fechas 12 de febrero de 2016, 12 de abril de 2016 y 10 de agosto de 2017. Indicó que la ejecutoria de la primera providencia, cuestionada por la supuesta ausencia de defensa técnica por parte del demandante, se produjo el 19 de febrero de 2016, sin que se acreditara por parte de este que hubiese solicitado amparo de pobreza ni que hubiese perdido la representación judicial que ya ostentaba desde el 28 de mayo de 2012. En tales condiciones, adujo que no puede alegarse que el juzgado incurrió en un error judicial por no designarle curador ad litem, ni se configura falla alguna del servicio judicial, máxime cuando la providencia no fue objeto de recurso alguno, ni se acreditó que el vehículo SUF-782 estuviese secuestrado formalmente por orden judicial.

En relación con el auto del 12 de abril de 2016, mediante el cual el despacho judicial negó la solicitud de avalúo del vehículo embargado, sostuvo que la decisión se ajustó a derecho, toda vez que, conforme al artículo 444 del CGP, el avalúo de bienes solo procede cuando estos se encuentran debidamente secuestrados, circunstancia que no se verificaba en el caso concreto. S eñaló que el actor y su apoderada omitieron solicitar la práctica del secuestro o allegar elementos de prueba que acreditaran la tenencia del bien por parte de un auxiliar de la justicia, por lo que no puede predicarse una omisión judicial generadora de responsabilidad.

apoderada omitieron solicitar la práctica del secuestro o allegar elementos de prueba que acreditaran la tenencia del bien por parte de un auxiliar de la justicia, por lo que no puede predicarse una omisión judicial generadora de responsabilidad.

Por su parte, frente al auto del 10 de agosto de 2017, en el cual se ordenó la práctica de un despacho comisorio, indicó que dicho acto judicial materializó una solicitud del actor tendiente al secuestro de un vehículo, lo que excluye cualquier imputación de mora o inactividad del despacho. Añadió que los daños reportados sobre el bien

11 Ver índice 00046 de SAMAI.Tribunal Administrativo de Santander

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fueron posteriores y se originaron en circunstancias ajenas al proceso, como el abandono del automotor, hecho que fue advertido por la Policía Nacional al momento de su inmovilización en octubre de 2014, sin que el demandante hubiese promovido actuaciones procesales orientadas a salvaguardar su integridad o recuperar su posesión.

Asimismo, en cuanto a la tesis del daño derivado de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, alegó que, con base en las pruebas aportadas por el propio actor, este tuvo conocimiento del deterioro de sus bienes desde el 21 de enero y e l 25 de abril de 2016, fechas en las que recibió cuentas de cobro y solicitudes de chatarrización del parqueadero que custodiaba el vehículo SUF-782; luego, es desde esos momentos que comenzaba el término de 2 años para ejercer

solicitudes de chatarrización del parqueadero que custodiaba el vehículo SUF-782; luego, es desde esos momentos que comenzaba el término de 2 años para ejercer la acción, el cual vencía, en todo caso, con anterioridad al 18 de abril de 2019, fecha límite para haber radicado la demanda. No obstante, esta fue presentada el 13 de octubre de 2021, es decir, fuera del término legal.

En suma, a firmó, que la acción fue promovida de manera extemporánea, con desconocimiento del término de caducidad establecido legal y jurisprudencialmente.

3. Concepto de fondo.

La representante del Ministerio Público con funciones de intervención judicial ante este Despacho, en esta oportunidad no presentó concepto de fondo.

III. CONSIDERACIONES

Procede esta Sala de Decisión a dictar sentencia anticipada en los términos del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – norma adicionada por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021 –, en concordancia con lo dispuesto en el previsto en el parágrafo 2 inciso 4 artículo 175 Ibidem; a afectos de decidir respecto de la excepción de “caducidad de la acción” , propuesta por la Financiera Comultrasan. Lo anterior en virtud de que este medio exceptivo constituye un presupuesto procesal de orden público, cuya configuración impide el ejercicio válido del derecho de acción y comporta, en consecuencia, la terminación anticipada y definitiva del proceso respecto del objeto litigioso que lo contiene.

1. De la caducidad del medio del control de reparación directa en los eventos en los cuales se debate la responsabilidad por error judicial y

consecuencia, la terminación anticipada y definitiva del proceso respecto del objeto litigioso que lo contiene.

1. De la caducidad del medio del control de reparación directa en los eventos en los cuales se debate la responsabilidad por error judicial y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

La caducidad del derecho de acción es una institución jurídico -procesal que tiene por finalidad garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, la cual fue concebida como una sanción en los eventos en que el ejercicio del derecho del acceder an te el aparato jurisdiccional, no se ejercita en el término específico señalado por el legislador; situación que, bajo el principio de la debida diligencia oTribunal Administrativo de Santander

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agenciamiento de los derechos, le corresponde a quien acciona impulsar el litigio dentro del plazo prestablecido en la Ley procesal, pues dicho fenómeno, tiene la virtualidad de operar ipso iure o de pleno derecho ; pues se ha entendido, que su término “está edificado sobre la conveniencia de señalar un plazo objetivo, sin consideración a situacio