TA SAN - Sentencia 680012333000-2021-00801-00 (28-02-2025)

SIGCMA-SGC

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

SALA CONJUECES

Bucaramanga, veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

RADICADO: 680012333000-2021-00801-00

MEDIO DE CONTROL: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

DEMANDANTE: Ana Patricia Rojas Rueda

fabian7borja@hotmail.com

DEMANDADO: NaciónFiscalía General de la Nación

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co angelica.linan@fiscalia.gov.co MINISTERIO PUBLICO regional.santander@procuraduria.gov.co

AGENCIA NACIONAL

DE DEFENSA

JURIDICA DEL

ESTADO

procesosnacionales@defensajuridica.gov.co

TEMA: Prima Especial e Servicios 30% Plus, y Bonificación

Judicial.

PROVIDENCIA: Sentencia Primera Instancia

SALA No. 03

CONJUEZ PONENTE: RONALD EDGARDO CUENCA TOVAR

Procede la Sala en desarrollo de los artículos 182 y 187 de la Ley 1437 de 2011 a proferir Sentencia De Primera Instancia dentro del medio de control de Nulidad Y Restablecimiento Del Der echo instaurada por Ana Patricia Rojas Rueda en contra de Nación – Fiscalía General de la Nación.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., la señora Ana Patricia Rojas

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., la señora Ana Patricia Rojas Rueda presenta demanda contra Nación – Fiscalía General de la Nación , formulando las siguientes:Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2021-00801-00

1.1. Pretensiones

“PRIMERA: Se declare la nulidad de los actos administrativos oficio 3120020610-197 del 28 de mayo de 2021 de la Subdirec ción Regional de Apoyo Nororiental, mediante el cual se le negó el reconocimiento y pago de los valores que, por concepto de prestaciones sociales, como primas, vacaciones, bonificaciones, cesantías, etc.

SEGUNDA: como restablecimiento del derecho se rec onozca y cancele a favor de mi poderdante sobre sus salarios básicos por cada mes de servicio un 30% por cada mes de servicio por l a inadecuada aplicación de la ley 4 de 1992 , por el porcentaje descontado de los salarios en los periodos en que se ha desem peñado como fiscal equivalente al 30% descontado al salario real a que tienen derecho mi poderdante por cada mes de servicio prestado , ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL , MAYO , JUNIO , JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN CADA AÑO. Valores que deberán aplicarse el artículo 176 -178 del C.C.A y concordantes mes a mes y sobre los que se sigan generando desde el día

AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN CADA AÑO. Valores que deberán aplicarse el artículo 176 -178 del C.C.A y concordantes mes a mes y sobre los que se sigan generando desde el día primero (01) de enero de 1993 en los periodos en que se desempeñó como fiscal hasta la fecha y en los periodos en que sea des ignado como fiscal, equivale aproximadamente a $ 300.000.000.oo valores que deberán aplicarse el articulo 176 y concordantes del C.C.A mes a mes.

TERCERA: Como restablecimiento del derecho se reconozca y cancele a favor de mi poderdante a partir del mes d e enero de 2021 y en adelante mientras sea fiscal, la diferencia del treinta por ciento no cancelada por el decreto 272 de 2021, te niendo en cuenta que debe tomarse la bonificación judicial que forma parte del salario y que no fue reconocida por el gobierno.

CUARTA: como consecuencia de lo anterior ordenar la liquidación y pago de los valores dejados de percibir y las que se sigan causando para mi poderdante del pago completo de todas las prestaciones sociales legales, devengadas tales como primas, bonific aciones, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías y aportes patronales a pagar a los correspondientes fondos de pensiones, Cesantías, salud , riesgos y demás de ley por los valores que correspondan por la anterior condena y las que se sigan generan do para la pensión y demás sobre el valor del 30% no cancelado en los periodos en que se desempeñó como fiscal hasta la fecha y en los periodos en que sea designada como fiscal.

QUINTA: Que luego de la sentencia y en adelante, la Fiscalía General de la

cancelado en los periodos en que se desempeñó como fiscal hasta la fecha y en los periodos en que sea designada como fiscal.

QUINTA: Que luego de la sentencia y en adelante, la Fiscalía General de la Nación, siga liquidando y pagando a mi poderdante, todas sus prestaciones sociales y demás emolumentos y derechos laborales, con base en el 100% de su remuneración básica mensual legalmente establecida, incluyendo el 30% del sueldo básico adicional que le ad euda en los periodos en que sea designada como fiscal y de forma permanente.Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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SEXTA: Se declare como factor salarial la bonificación por actividad judicial desde el año 2005 en los periodos en que se desempeñó como fiscal por inaplicación de los decretos.

SEPTIMA: Se declare como factor salarial la bonificación por actividad judicial desde el año 2005 en los periodos en que se desemp eñó como fiscal por inaplicación de los decretos.

OCTAVA: Ordenar la liquidación y pago de las prestaciones con base en la bonificación judicial y bonificación por actividad judicial como factor salarial en sus liquidaciones para mi poderdante, de los valores dejados de percibir con base en el decreto 382 de 2013 desde el año 2013, y el decreto 3131 de 2005 desde el año 2005, d e todas las prestaciones sociales legales, devengadas tales como primas, bonificaciones, vacaciones, cesantías, intereses a las ces antías y demás hasta la fecha en que se produzca efectivamente el pago, en los periodos en que se desempeñaron o

devengadas tales como primas, bonificaciones, vacaciones, cesantías, intereses a las ces antías y demás hasta la fecha en que se produzca efectivamente el pago, en los periodos en que se desempeñaron o desempeñan como fiscales y se mantenga de forma permanente desde el día primero (01) de enero de 2005 en los periodos en que se desempeñó como fiscal hasta la fecha de la bonificación por actividad judicial, adeudándosele desde esa época aproximadamente la suma de $ 49.967.095.00; Cesantías aproximadas: Bonificación judicial y Bonificación por actividad judicial: $ 33.606.216.oo.

NOVENA: Que la demandada sea condenada ultra y extra petita por cuanto resulte probado en el proceso.

DECIMA: Que como consecuencia de lo a nterior, la demandada sea condenada a pagar al demandante los valores y sumas reclamados, ajustados e indexados de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor. De igual manera ordenar que la demandada de cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 176 y 178 del C.C.A., es decir que en las condenas respectivas las sumas sean actualizadas e indexadas mes a mes y prestación por prestación y con intereses de mora... ( sentencia del consejo de Estado Sección Segunda subsección B del 21 de agosto de 2008 Consejera Ponente Dra BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ expediente 520012331000200101770 01 actor aldrin Alfonso Cabezas ) “ por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la formula se aplicara separadamente , mes por mes , por cada mesada sal arial y prestacional... teniendo en cuenta que el indicie inicial es el vigente al momento de la acusación de cada uno de ellos.”

por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la formula se aplicara separadamente , mes por mes , por cada mesada sal arial y prestacional... teniendo en cuenta que el indicie inicial es el vigente al momento de la acusación de cada uno de ellos.”

UNDECIMA: Que a la providencia de fallo favorable, se ordene a la entidad accionada adoptar todas las medidas necesarias para su cumplimiento.

DUODECIMA: se ordene la expedición de las correspondientes copias auténticas y constancias necesarias para el cobro.Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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TRIGECIMA: Se condene en costas y agencias en derecho a la entidad accionada en caso de oposición dilatoria.”

1.2. Hechos El demandante, Ana Patricia Rojas Rueda se encuentra vinculad a a la Fiscalía General de la Nación desde el 01 de enero de 1993 hasta la fecha como Fiscal en diferentes periodos. El 06 de enero de 2021 a través de su apoderado, presentó una solicitud de reconocimiento y pago de la Prima Especial de Servicios correspondiente al 30% sobre su salario básico mensual, desde la fecha de su vinculación hasta el momento de la solicitud, argumentando que dicho porcentaje, en lugar de ser considerado como un incremento salarial, había sido indebidamente descontado. La entidad demandada , mediante Oficio 31200 -20610-197 del 28 de mayo de 2021, negó la solicitud presentada por la demandante, bajo el argumento que se le había liquidado y pagado los salarios y prestacio nes sociales conforme a la normatividad vigente. Decisión frente a la cual no procede recurso de apelación.

2021, negó la solicitud presentada por la demandante, bajo el argumento que se le había liquidado y pagado los salarios y prestacio nes sociales conforme a la normatividad vigente. Decisión frente a la cual no procede recurso de apelación. 1.1 Normas violadas y concepto de violación

Se invocan por el demandante como normas violadas las siguientes: Constitucionales: Los artículos 1, 2, 4, 5, 11,12, 13,25, 29, 53, 93 150 numeral 19 literal e, 209 y 215 inciso 9.

Legales: Decretos 717 de 1978 articulo 12, Ley 4 de 1 992 artículo 2 y 14, ley 482 de 1998, el numeral 7 del artículo 152 de la Ley 270 de 1996, Código Sustantivo del trabajo artículos 14 y 65.

Se aduce en la demanda que el artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo precisa que las disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden público y por consiguiente los derechos y prerrogativas que ellas conceden son irrenunciables, salvo las expresamente exceptuadas por ley.

Así mismo, sostiene la parte demandante que los actos administrativos demandados son abiertamente violatorios del artículo 12 del decreto 717 de 1978, artículos 2 y 10 de la ley 4 de 1992, porque en ningún caso se puede desmejorar o disminuir los derechos salariales y prestacionales de los servidores públicos.

2. Contestación de la demanda

La apoderada de la NaciónFiscalía General de la Nación, frente a los hechos de la demanda le consta que la deman dante se encuentra ACTIVA dentro de la

2. Contestación de la demanda

La apoderada de la NaciónFiscalía General de la Nación, frente a los hechos de la demanda le consta que la deman dante se encuentra ACTIVA dentro de la entidad, y asimismo, se opone a las declaraciones y condenas solicitadas, argumentando que carecen de fundamentos facticos y jurídicos, por cuanto los actos demandados se limitaron a señalar el cumplimiento de un debe r legal que le impuso el legislador a la Fiscalía General de la Nación, pues no es dable para laMedio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2021-00801-00

Entidad otorgarle un alcance mayor o diferente a los decretos salariales anuales que regulan a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, en cuanto desde la promulgación del decreto, que regulaba la materia para el año 2003, se eliminó la prima especial de servicio del 30%, por lo que no es posible cancelar un rubro del que no es beneficiara la demandante según la normatividad dictada por el Gobierno Nacional.

Adicionalmente, manifiesta que la Bonificación Judicial cuenta con plena vigencia y validez jurídica, al ceñirse a la Constitución y la Ley, como se entrará a demostrar en los capítulos siguientes de esta contestación, y por ello la Entidad demandada emitió los actos administrativos demandados en cumplimiento de un deber legal.

3. ALEGATOS DE CONCLUSION

3.1 Parte demandante

El apoderado de la parte demandante no presentó alegatos de conclusión.

3.2 Parte demandada

La apoderada judicial de la parte dem andada reitera l as disposiciones contenidas

3.1 Parte demandante

El apoderado de la parte demandante no presentó alegatos de conclusión.

3.2 Parte demandada

La apoderada judicial de la parte dem andada reitera l as disposiciones contenidas en los Decretos salariales anuales , a consideración de que el 30% del salario básico mensual sería considerado como prima especial de servicios sin factor salarial, de donde se desprende que la Entidad no adeuda ningún emolumento correspondiente a estas vigencias, pues para los años a los cuales hace referencia la parte demandante, los salar ios y prestaciones sociales se liquidaron con base en el 100% del salario de conformidad con la normatividad vigente, y de esta manera se procedió a su correspondiente pago, por lo que no es posible concluir que la Entidad deba re liquidar o pagar diferencias sobre sumas inexistentes.

La Fiscalía General de la Nación concluye que actúo en CUMPLIMIENTO DE UN DEBER LEGAL, al aplicar estrictamente lo regulado por el Decreto 0382 de 2013 y demás normas concordantes, pues no podría ser otro el obrar de la entid ad que realizar el pago conforme a lo estipulado, y finalmente solicita que conforme a lo expresado se declaren negadas las pretensiones de la demanda.

3.3 Ministerio Publico

Dentro del término otorgado por el Despacho el Ministerio Público guardó silencio y no presentó concepto de fondo.

II. CONSIDERACIONES

Habiéndose surtido a cabalidad las demás etapas procesales sin que se evid encie causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, y como quiera que los

y no presentó concepto de fondo.

II. CONSIDERACIONES

Habiéndose surtido a cabalidad las demás etapas procesales sin que se evid encie causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, y como quiera que los presupuestos procesales se encuentran satisfechos, pr ocede la Sala a dictar Sentencia de Primera Instancia.Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2021-00801-00

1. Acerca de la competencia.

Conforme a la norma de competencia establ ecida por el artículo 152 del Código Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo; y una vez llevada a cabo la audiencia pública de sorteo de conjueces recae en el Tribunal Administrativo de Santander Sala de Conjueces, el conocimiento del pre sente asunto.

2. Problema Jurídico

De conformidad con la fijación del litigio, corresponde al Despacho determinar si: PJ.1. ¿Hay lugar a declarar la nulidad del oficio 31200 -20610-197 del 28 de mayo de 2021 de la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental, en el cual se indicó que no procede el recurso de apelación mediante el cual se negó el del descuento o plus por cada mes de servicio equivalente al NO pago de la prima especial de servicios, al igual que no tener en cuenta como factor salarial la prima de servicios, bonificación por actividad judicial y la bonificación judicial por concepto de prestaciones sociales, como primas, vac aciones, bonificaciones, cesantías, aportes patronales?

PJ.2. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, ¿ha y lugar a,

bonificación por actividad judicial y la bonificación judicial por concepto de prestaciones sociales, como primas, vac aciones, bonificaciones, cesantías, aportes patronales?

PJ.2. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, ¿ha y lugar a, reconocer y pagar a favor de la señora Ana Patricia Rojas Rueda la prima de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4ta de 1992, que en vez de aumentar el ingreso de la demandante como nivelación, lo que hizo fue descontar el 30% del salario base para convertirlo en una aparente prima especial de servicios, por lo que se les debe desde el día primero (01) de enero d e 1993 y en los periodos en que se desempeñó como fiscal y en adelante, hasta la fecha en que se sigan causando?

PJ.3. ¿Tiene derecho la señora Ana Patricia Rojas Rueda a que se le reconozca y paguen las diferencias que resulten a su favor por concepto de reliquidación de las prestaciones sociales (primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, bonificaciones, licenc ias y demás emolumentos), teniendo en cuenta el 30% correspondiente a la prima especial de servicios desde el primero (01) de enero de 1993, la bonificación por actividad judicial desde el primero (01) de enero de 2005 y la bonificación judicial desde el primero (01) de enero de 2013 en los periodos en que el demandante se ha desempeñado como fiscal y empleada en adelante hasta la fecha en que se sigan causando?

En caso de ser afirmativo,

PJ.4. ¿Hay lugar a aplicar el término de prescripción trienal fren te a las mesadas causadas tres años antes de la solicitud elevada ante la entidad demandada?

hasta la fecha en que se sigan causando?

En caso de ser afirmativo,

PJ.4. ¿Hay lugar a aplicar el término de prescripción trienal fren te a las mesadas causadas tres años antes de la solicitud elevada ante la entidad demandada?

3. Marco normativo y jurisprudencialMedio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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3.1. Prima Especial de Servicios

En abril de 2009, el Consejo de Estado, mediante sentencia proferida dentro de la acción de Nulidad radicado 2007 -00098-001, efectuó un análisis acerca de los Decretos por medio de los cuales, el Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades y directrices establecidas por el legislador en la ley 4ª de 1992, fijó el régimen salarial y presta cional aplicable a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial del Poder Público; pronunciándose respecto al alcance de las disposiciones contenidas en dichos reglamentos, según las cuales, el 30% de la remuneración mensual de los servidores enlistad os, se considera como prima especial sin carácter salarial.

En dicha sentencia, la Corporación aborda la problemática manifestando que en principio, el Presidente de la República si era competente para expedir el Decreto 618 de 2007, es decir, el Acto por medio del cual se creó la prima especial del 30%; como quiera que el mismo, fue proferido en desarrollo de las directrices habilitadas por los artículos 14 y 15 de la ley 4ª de 1992; sin embargo, al entrar a

30%; como quiera que el mismo, fue proferido en desarrollo de las directrices habilitadas por los artículos 14 y 15 de la ley 4ª de 1992; sin embargo, al entrar a determinar si hubo o no desvío de poder en la expedición de dicha reglamentación y si bajo la apariencia de una prima especial, en realidad se disfrazó la intención de despojar de efectos salariales a un porcentaje del salario básico para procurar un ahorro en el gasto público, el máximo tribu nal de lo contencioso administrativo, hace un estudio de los criterios y fines contemplados en la ley 4ª de 1992 de la siguiente manera:

“En efecto, la Ley 4 a de 1992, materializo el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la Carta Política, por cu anto contiene las normas generales, los objetivos y los criterios dentro de los que el Ejecutivo fijará el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública. Así, esta Ley en su artículo 2º, estipuló tales criterios y objetivos dentro de los que el Gobierno Nacional cumple el encargo constitucional diseñado. De dicho enunciado, es posible deducir que los referentes que regulan la expedición de la actividad reglamentaria reflejan pautas qu e pese a que su contenido generalmente abierto, en el literal a) del artículo 2º citado, expresa un concepto cerrado en cuanto prohíbe al Gobierno de manera genérica desmejorar los salarios y las prestaciones sociales de los servidores del Estado…” (Negrilla Fuera del Texto)

Así mismo, establece que: “Los decretos reglamentarios de esta Ley, habrán de

desmejorar los salarios y las prestaciones sociales de los servidores del Estado…” (Negrilla Fuera del Texto)

Así mismo, establece que: “Los decretos reglamentarios de esta Ley, habrán de obedecer sistemáticamente dichos conceptos, que pese a su naturaleza técnica, permiten en su conjunto un contenido sustancial de coherencia que inobjetablemente le es exigible al Estado en el instante de estructurar el sistema salarial y prestacional, categoría jurídica de tanto significado que por sí misma excluye por ilegal, cualquier forma de antagonismo, no en función del texto legal propiamente dicho –en su mera literalidad - sino

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, expediente Número 11001-03-25-000-200700098-00 (1831-07), Magistrado Ponente Dr. GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGURENMedio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2021-00801-00

directamente, atendiendo el criterio de corrección lógico que sustenta el esquema remuneratorio aplicado a los servidores públicos”

Conforme lo anterior, el H Consejo de Estado Rectifica la Jurisprudencia fijada en Sentencia de 9 de marzo de 2006 2 donde establecía que el Gobierno Nacional “no desbordó la pauta señalada en el artículo 14 de la ley 4ª de 1992, porque su actividad únicamente se limitó a señalar el porcentaje, a título de prima, dentro de la escala porcentual señalad a por el legislador; estimando que el 30% de la

actividad únicamente se limitó a señalar el porcentaje, a título de prima, dentro de la escala porcentual señalad a por el legislador; estimando que el 30% de la asignación básica tendría tal connotación”; en su lugar bajo la premisa de que el juez contencioso debe ejercer un control de contenido de los Decretos que desarrollan una ley marco o cuadro, pues es su debe r verificar su correspondencia con el conjunto de principios y valores consignados por el legislador en la norma, el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo expuso entonces:

“Lo primero que hay que registrar es que conforme al Acto Legislativo surgido del Plebiscito de 1957 (artículo 5 o), la función pública quedo vinculada a la carrera administrativa como sistema de acceso y permanencia en el servicio público, es por eso que fue expedida la Ley 19 de 1958, para facilitar un modelo técnico en la c lasificación de los empleados públicos que serviría de guía principal para establecer entre otros aspectos, la remuneración de los servidores públicos conforme a los deberes del empleo, la responsabilidad y los requisitos mínimos para la designación; sin embargo, fue solo hasta la conocida reforma constitucional de 1968, que posibilitó la expedición de la Ley 65 de 1967, base normativ a para la modernización de la regulación técnica de la función pública, de ahí se derivan los Decretos 2400 de 1968 y 1950 de 1973, 3135 del mismo año y 3148 que la adiciona, donde surgen con regularidad un particular fenómeno jurídico en la remuneración de los empleados del Estado ordinariamente mencionado bajo el título de “primas”, para significar invariablemente, un agregad o en su ingreso laboral en ocasiones de

fenómeno jurídico en la remuneración de los empleados del Estado ordinariamente mencionado bajo el título de “primas”, para significar invariablemente, un agregad o en su ingreso laboral en ocasiones de naturaleza prestacional y en otras de carácter salarial, o como simple bonificación pero en todo caso con la constante de representar un incremento en los ingresos derivados de la relación laboral.” (Negrilla Fuera del Texto)

Añade que, en el Decreto 1042 de 1968 contentivo de la clasificación y remuneración de los cargos para los empleos públicos: “ La noción de “prima”, como concepto genérico, emerge a título de reconocimientos económicos adicionales para el emplea do a fin de expresar cualidades o características particulares del mismo, que con todo, implican un aumento en su ingreso laboral, es así, como la prima técnica, la prima de clima, entre otras, representan un sistema utilizado en la función pública para r econocer un

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, proceso No. 0121 -2003, La Corporación analiza los Decretos Reglamentarios Nos. 057, 106, 043, 036, 076, 064, 044, 2740, 2720 y 673 de las anualidades comprendidas entre 1993 y 2002 respectivamente.Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2021-00801-00

“plus” en el ingreso de los servidores públicos, sin importar que en la definición normativa de esencia, sea o no definido su carácter salarial, prestacional o simplemente bonificatorio” (Negrilla fuera del Texto)

“plus” en el ingreso de los servidores públicos, sin importar que en la definición normativa de esencia, sea o no definido su carácter salarial, prestacional o simplemente bonificatorio” (Negrilla fuera del Texto)

Por tal razón, esa H Corporac ión concluye que: “el concepto de prima dentro del régimen jurídico anterior a la expedición de la carta de 1991, opera invariablemente como un fenómeno retribuido de carácter adicional a la actividad laboral cumplida por el servidor público” . En adición a lo anterior, establece que con posterioridad a la expedición de la Constitución del 91, “el concepto mantiene identidad funcional con la manera como el régimen jurídico anterior se refirió a las primas para sobre su estructura representar básicamente u n incremento a la remuneración; propiamente es posible reconocer que la Ley 4ª de 1992, retomó los elementos axiológicos de la noción, de manera que volvió a mencionar el concepto de prima como un fenómeno complementario de adición a la remuneración de los servidores públicos, tal como efectivamente quedo consagrado en los articulo 14 y 15 de dicha codificación; de forma que el entendimiento del concepto en vigencia del sistema de remuneración de los servidores públicos, luego de la Carta de 1991 y conforme a su ley marco, sigue situándose como un incremento, un “plus” para añadir el valor del ingreso laboral del servidor”

Finalmente anula el artículo 7 del Decreto 618 de 2007, en tanto considera que tomar el 30% de la remuneración del funcionario para re starle su valor a título de

añadir el valor del ingreso laboral del servidor”

Finalmente anula el artículo 7 del Decreto 618 de 2007, en tanto considera que tomar el 30% de la remuneración del funcionario para re starle su valor a título de prima especial sin carácter salarial, conduce a una contradicción, toda vez que dicho emolumento, debe ser considerado como un plus o un incremento en el ingreso del servidor público, y no una merma o disminución en el mismo; de igual manera, establece que no es dable asignar al concepto de “prima”, usado por el legislador en los artículos 14 y 15 de la Le y 4ª de 1992, una interpretación distinta a la de representar un incremento remuneratorio, pues además de lo expuesto, vulneraria el precepto superior de progresividad, contemplado en el artículo 53 de la CP y la noción de salario vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad del trabajo.

Aunado a lo anterior, esta Sala advierte que, en un caso de idénticos supuestos fácticos y jurídicos, el Consejo de Estado a través de la sentencia proferida en el proceso radicado 250002325000200501134-01, revoca l a decisión adoptada por la Sección Segunda, Subsección “C” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en su lugar, acoge l as pretensiones demandadas por la Juez Catorce (14) de Familia de Bogotá, quien solicita la reliquidación de las prestaciones sociales teniendo en cuenta como factor salarial el 30% correspondiente a la prima especial de servicios, sustentando su decisión, en la tesis adoptada por esa H Corporación, en el expediente Nro. 110010325000200700098 -00, esto es, la que

teniendo en cuenta como factor salarial el 30% correspondiente a la prima especial de servicios, sustentando su decisión, en la tesis adoptada por esa H Corporación, en el expediente Nro. 110010325000200700098 -00, esto es, la que declaró la nulidad del Decreto 7º del Decreto 618 de 2 de marzo de 2007.

En igual orden, inaplica por inconstitucionales los artículos 7 de los D ecretos Nos 2740 de 2000 y 2720 de 2001 y 6 de los Decretos Nos 673 de 2002 y 3569 de 2003, en cuanto previeron como prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual devengado por el demandante.Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2021-00801-00

Así mismo, ha de señal ar esta Sala, que el veintinueve (29) de Abril de Dos Mil Catorce, la sala de conjueces de la Sección Segunda del H Consejo de Est ado, dentro de la acción de Simple Nulidad radicado 11001032500020070008700 – Nro. Interno 1686 -07, declaró la nulidad de los Artículos: 9º del Decreto 51 de 1993; 9º y 10º del Decreto 54 de 1993; 6º del Decreto 57 de 1993; 9º del Decreto 104 de 1994; 6º del Decreto 106 de 1994; 9º y 10º del Decreto 107 de 1994; 10º y

11º del Decreto 26 de 1995; 7º del Decreto 43 de 1995; 9º del Decreto 47 de 1995; 9º del Decreto 34 de 1996; 10º, 12º y 14º del Decreto 35 de 1996; 6º del Decreto 36 de 1996; 9º del Decreto 47 de 1997; 9º, 11º y 13º del Decreto 56 de 1997; 6º del Decreto 76 de 1997; 6º del Decreto 64 de 1998; 9º del Decreto 65 de 19 98; 9º, 11º y 13º del Decreto 67 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 37 de 1999; 9º del Decreto 43 de 1999; 6º del Decreto 44 de 1999; 9º, 11º y 13 del Decreto 2734 de 2000; 9º del Decreto 2739 de 2000; 7º del Decreto 2740 de 2000; 9º del Decreto 1474 de 20 01; 7º del Decreto 1475 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto 1482 de 2001; 7º del Decreto 2720 de 2001; 9º del Decreto 2724 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto 2730 de 2001; 6º del Decreto 673 de 2002; 9º del Decreto 682 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 683 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 3548 de 2003; 9º

8º, 10º y 12