TA SAN - Sentencia 680012333000-2022-00062-00 (14-08-2025)

1

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAGISTRADO PONENTE: Dr. JULIO EDISSON RAMOS SALAZAR

Bucaramanga, catorce (14) de agosto de dos mil veinticinco (2025).

MEDIO DE CONROL REPETICIÓN

DEMANDANTE MUNICIPIO DE BARBOSA

juridicafasa@gmail.com.co notificacionesjudiciales@barbosa-santander.gov.co juridicafas@mail.com

DEMANDADO CARLOS CORTES TORRES

cortocar@gmail.com.co Wilgar333-3@hotmail.com

RADICADO Y LINK DEL EXPEDIENTE 680012333000-2022-00062-00

MINISTERIO PÚBLICO XIRYS MARIA MORA ALVARADO

xmora@procuraduria.gov.co ASUNTO Niega pretensiones no se prob ó el dolo y la culpa grave del Exalcalde Carlos Cortes Torres por la Terminación Unilateral del contrato de concesión de alumbrado público celebrado con la sociedad Ingeniería de Servicios Públicos.

Se dicta sentencia de primera instancia dentro del proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones1

La parte demandante solicita:

PRIMERO: que se declare a la señor CARLOS CORTES TORRES, quien fungía como Alcalde del Municipio de Barbosa, Santander para la vigencia 2000 -2003 RESPONSABLE EN SU CONDUCTA DOLOSA, por la Declaratoria de terminación Unilateral del Contrato de concesión

del Municipio de Barbosa, Santander para la vigencia 2000 -2003 RESPONSABLE EN SU CONDUCTA DOLOSA, por la Declaratoria de terminación Unilateral del Contrato de concesión existente entre la Sociedad Ingeniería de servicios públicos S.A y el Municipio de Bar bosa, Santander, el cual causo prejuiciosos al Municipio por la suma de MIL CIENTO UN MILLONES VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS MCTE ($ 1.101.020.638) a la Sociedad Ingeniería de servicios Públicos S.A.

SEGUNDO: que como consecuencia de la anterior declaración, se condene a CARLOS CORTES TORRES ex alcalde del Municipio de Barbosa, Santander, identificado con cedulade ciudadanía No 91.010.139, al pago total del valor que tuvo que asumir el municipio con sus recurso s por el valor descrito en el numeral anterior, por la Declaratorio de terminación Unilateral del Contrato antes mencionado el cual fue dirimido el litigio mediante sentencia del 11 de abril de 2019.

TERCERO: que se condene en costas a la parte demandada

2. Hechos2

El municipio de Barbosa y la sociedad Ingeniería de Servicios Públicos S.A. celebraron un contrato de concesión el 15 de agosto de 2000, por 20 años para el servicio de alumbrado público, con una inversión inicial de $631.677.275 y un valor mensual de operación y mantenimiento de $17.261.366. El ente territorial se comprometió a pagar al concesionario el 93.5% del recaudo mensual de la

1 Expediente SAMAI Ítem 006 DEMANDA Y ANEXOS PDF 022

mensual de operación y mantenimiento de $17.261.366. El ente territorial se comprometió a pagar al concesionario el 93.5% del recaudo mensual de la

1 Expediente SAMAI Ítem 006 DEMANDA Y ANEXOS PDF 022 2 Expediente SAMAI Ítem 006 DEMANDA Y ANEXOS PDF 022Medio de Control: Repetición Expediente No. 680012333000-2022-00062-00 Sentencia de primera instancia.

2

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander facturación, ajustado según el IPC, mientras que el 6.5% restante se destinó a un fondo de reservas y cuentas de difícil cobro.

Ante una eventual insuficiencia en el recaudo, se acordaron mecanismos para restablecer el equilibrio financiero, incluyendo el uso de fondos acumulados, recursos propios del municipio, incremento tarifario, acuerdo económico entre las partes, o ampliación del plazo contractual. Sin embargo, debido a la insuficiencia del recaudo y la reducción del porcentaje de la contribución del 21% al 14% por parte del municipio en 2001, no se garantizó dicho equilibrio.

Pese a que el contratista cumplió con sus obligaciones desde el inicio del contrato, el 1° de febrero de 2002, el alcalde municipal declaró la terminación unilateral del contrato mediante Resolución 015, con base en supuestos cobros excesivos, una investigación fiscal en curso y un embargo judicial, fundamentos que no constituían causal legal para dicha terminación.

contrato mediante Resolución 015, con base en supuestos cobros excesivos, una investigación fiscal en curso y un embargo judicial, fundamentos que no constituían causal legal para dicha terminación.

La sociedad Ingeniería de Servicios Públicos S.A. interpuso demanda el mismo año -radicado 2002-01780-, y tras el proceso judicial, obtuvo sentencia favorable el 11 de abril de 2019. El cobro de la condena inició el 9 de agosto de 2019 y culminó con el pago total de la obligación el 28 de abril de 2021, mediante acuerdo de pago suscrito en 2020.

II. Trámite Procesal

La demanda fue admitida el 1 7 de febrero de 20 223. Una vez el demandado contestó la demanda 4 sin haberse notificado electrónicamente se tuvo por notificado por conducta concluyente 5. Mediante auto del 6 de marzo de 2025 se prescindió de la audiencia inicial , se fijó litigio , se incorporó el material probatorio allegado y se corrió traslado para alegatos de conclusión 6. Posteriormente el 9 de mayo de 2025 se ordenó oficiar al municipio de Barbosa y otros para que allegasen documentos relacionados con el proceso de la referencia . A continuación, se destacan las intervenciones de las partes durante el curso del proceso.

III. Contestación 7

El señor Carlos Cortes Torres se opone a la prosperidad de las pretensiones, argumentando que no actuó con dolo ni culpa grave, sino de buena fe, al proteger el patrimonio del municipio y sus vigencias futuras. Señala que los verdaderos responsables del fraude al fisco municipal son el exalcalde José Elberto Cuadrado

argumentando que no actuó con dolo ni culpa grave, sino de buena fe, al proteger el patrimonio del municipio y sus vigencias futuras. Señala que los verdaderos responsables del fraude al fisco municipal son el exalcalde José Elberto Cuadrado Torres, quien celebró el contrato sin cumplir los requisitos legales, y el exalcalde Víctor Manuel Camacho Camargo, por haber aceptado pagar de inmediato el valor de la condena impuesta.

Refiere que e l 15 de agosto de 2000, el Municipio de Barbosa celebró con la sociedad Ingeniería de Servicios Públicos S.A. el contrato de concesión para la prestación del servicio de alumbrado público en dicha entidad territorial, por un término de 20 años.

En virtud de dicho contrato, la sociedad concesionaria se obligaba a realizar una inversión inicial por valor de $631.677.275, destinada a la modernización y sustitución de la tecnología existente por una más eficiente, en la infraestructura de alumbrado público municipal. Asimismo, se acordó una suma de $17.261.366 para dar inicio a las actividades de operación y mantenimiento del servicio.

3 Expediente SAMAI ítem 006 AUTO ADMITE 4 Expediente SAMAI ítem 042 CONTESTACIÓN DEMANDA 5 Expediente SAMAI ítem 043 NOTIFICACIÓN 6 Expediente SAMAI ítem 043 AUTO DE TRAMITE 7 Expediente SAMAI ítem 042 CONTESTACIÓN DEMANDAMedio de Control: Repetición Expediente No. 680012333000-2022-00062-00 Sentencia de primera instancia.

3

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

Sentencia de primera instancia.

3

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

Como mecanismo de retribución, el municipio se comprometió a transferir al concesionario, dentro de los 30 días siguientes a la prestación mensual del servicio, el 93.5% del recaudo derivado del impuesto de alumbrado público, a través de giros realizados a una empresa fiduciaria designada p or el concesionario. Esta retribución sería ajustada mensualmente conforme al Índice de Precios al Consumidor IPC determinado por el Gobierno Nacional, e incluiría los valores adicionales que se causaran como resultado de l ingreso de nuevos usuarios o del aumento en el recaudo del impuesto, el cual para ese momento se encontraba fijado en un 21% sobre la tarifa de energía.

El restante 6.5% se distribuiría así: el 1.5% para conformar un Fondo de Reservas, destinado a expansiones o mejoras del servicio, especialmente en zonas marginales, y administrado conjuntamente con el municipio; y el 5% restante, sería reconocido como cue ntas de difícil cobro, sin exigibilidad inmediata para el concesionario.

El contrato preveía, además, mecanismos específicos para restablecer el equilibrio económico en caso de que el recaudo mensual fuera insuficiente para cubrir la retribución pactada. Entre estos mecanismos se incluyeron: a) La transferencia al concesionario de los montos acumulados en el Fondo de Reservas y de las cuentas de difícil cobro; b) La utilización de recursos propios del municipio, incluyendo

retribución pactada. Entre estos mecanismos se incluyeron: a) La transferencia al concesionario de los montos acumulados en el Fondo de Reservas y de las cuentas de difícil cobro; b) La utilización de recursos propios del municipio, incluyendo incrementos tarifarios; c) El acuerdo entre las partes para definir nuevas condiciones económicas, o d) La ampliación del plazo contractual.

Durante la ejecución del contrato, se evidenció que el recaudo no era suficiente para cumplir con las obligaciones pactadas ni para constituir debidamente el fondo de reserva, por lo cual, conforme a lo estipulado, debía aplicarse el segundo mecanismo, est o es, la financiación con recursos propios del municipio. No obstante, esta medida no fue adoptada.

La situación se agravó cuando, mediante el Acuerdo Municipal 002 de 2001, aprobado por la administración municipal que asumió el gobierno en ese período, se redujo la tarifa del impuesto de alumbrado público del 21% al 14%, disminuyendo considerablemente el recaudo y afectando gravemente la sostenibilidad financiera del contrato. Pese a ello, el concesionario continuó prestando el servicio y cumpliendo con sus obligaciones contractuales desde el 29 de agosto de 2000, fecha en la cual entró en operación el contrato.

Paralelamente, la Contraloría Departamental de Santander inició una investigación sobre la legalidad del proceso licitatorio que dio lugar a la adjudicación del contrato a Ingeniería de Servicios Públicos S.A., sin que, hasta ese momento, se hubiere adoptado decisión o resultado definitivo dentro de la indagación. Sin embargo, el alcalde Municipal de Barbosa, invocando como causales de terminación la existencia de presuntos cobros excesivos, la investigación en curso por parte del

adoptado decisión o resultado definitivo dentro de la indagación. Sin embargo, el alcalde Municipal de Barbosa, invocando como causales de terminación la existencia de presuntos cobros excesivos, la investigación en curso por parte del ente de control fiscal, y un embargo judicial que afectaba al concesionario, expidió la Resolución No. 015 del 1 de febrero de 2002, mediante la cual dio por terminado unilateralmente el contrato de concesión.

Es importante destacar que las razones alegadas para justificar dicha terminación no se enmarcan en las causales previstas en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993, por lo que se configuró una desviación de poder y falsa motivación, al utilizar argumentos ajenos al marco legal para poner fin al vínculo contractual. Además, no existía fundamento jurídico suficiente para que el municipio desconociera las obligaciones contractualmente adquiridas.Medio de Control: Repetición Expediente No. 680012333000-2022-00062-00 Sentencia de primera instancia.

4

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Ante esta situación, la sociedad Ingeniería de Servicios Públicos S.A., actuando a través de su apoderado judicial, presentó demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa, la cual fue radicada bajo el número 2002 -01780, en ejercicio de la acción contractual contra el municipio de Barbosa. El proceso cumplió todas las etapas procesales correspondientes y culminó mediante sentencia proferida el 11 de abril de 2019, en la cual se accedió a las pretensiones de la sociedad demandante, reconociendo el carácter injustificado de la terminación y condenando

etapas procesales correspondientes y culminó mediante sentencia proferida el 11 de abril de 2019, en la cual se accedió a las pretensiones de la sociedad demandante, reconociendo el carácter injustificado de la terminación y condenando al municipio al pago de los perjuicios derivados de dicha actuación.

Posteriormente, la sociedad INGECARIBE LTDA., cesionaria de los derechos litigiosos reconocidos en la sentencia mencionada, inició el proceso de ejecución y cobro de la obligación mediante acuerdo de pago suscrito con el municipio de Barbosa el 9 de agosto de 2019, el cual dio lugar al desembolso progresivo de los valores adeudados, culminando el 28 de abril de 2021 con el pago total de la condena impuesta.

IV. Alegatos de Conclusión

La parte demandada reitera los r4gumentos expuestos en la contestación de la demanda y hace énfasis en que no se probado siquiera en forma sumaria, la presunción de dolo o culpa grave, en la actuación realizada por el demandado, cuando profirió la sentencia de terminación unilateral del contrato.

V. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la competencia

Conforme a lo dispuesto en los artículos 142 del CPACA, el Tribunal es competente para conocer en primera instancia del presente asunto, al tratarse del medio de control de repetición con una pretensión de repetición contra el funcionario que fungía como alcalde del Municipio de Barbosa en la vigencia 2000-2003.

B. Cuestión previa: sobre la oportunidad de la demanda Respecto de la oportunidad para ejercer el medio de control jurisdiccional de

fungía como alcalde del Municipio de Barbosa en la vigencia 2000-2003.

B. Cuestión previa: sobre la oportunidad de la demanda Respecto de la oportunidad para ejercer el medio de control jurisdiccional de repetición, el literal l) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 dispone

lo siguiente:

ARTÍCULO 164. - Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: …

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: … l) Cuando se pretenda repetir para recuperar lo pagado como consecuencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, el término será de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas de conformidad con lo previsto en este Código.” (se resalta).

Por su parte, el artículo 11 de la Ley 678 de 20018 preceptúa sobre el término de la caducidad de las demandas de repetición: “La acción de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total efectuado por la entidad pública”.

8 Sin la modificación realizada por el artículo 42 de la Ley 2195 de 2022.Medio de Control: Repetición Expediente No. 680012333000-2022-00062-00 Sentencia de primera instancia.

5

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

Sentencia de primera instancia.

5

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander La Corte Constitucional 9 condicionó la exequibilidad del artículo 11 de la Ley 678 de 2001 “bajo el entendido que el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo” con el fin de no mantener en incertidumbre al funcionario público que pudiese ser sujeto de una demanda de repetición, en los siguientes términos:

Se tiene, pues, que uno de los requisitos de la acción de repetición es el pago de la condena que haya sufrido la Administración, y, por consiguiente, resulta razonable que se haya fijado el momento en que se realiza ese acto jurídico como punto de partida para computar el término de caducidad.

Por otra parte, contrariamente a lo que afirma el demandante, la entidad no puede, a su arbitrio, determinar el momento definitivo del pago, ya que el cumplimiento de esa obligación se encuentra sujeto a estrictas normas presupuestales.

De lo anterior se infiere, que como en razón del principio de legalidad del gasto público (artículos 345 y 346 de la Constitución), el Estado no puede, a diferencia de los particulares, disponer inmediatamente de sus recursos para el cumplimiento de las condenas a su cargo, la ley razonablemente le ha otorgado un plazo de dieciocho meses para realizar los trámites

disponer inmediatamente de sus recursos para el cumplimiento de las condenas a su cargo, la ley razonablemente le ha otorgado un plazo de dieciocho meses para realizar los trámites para el pago de las mismas, so pena de sanciones disciplinarias a los funcionarios que no procedan de acuerdo con el trámite anteriormente explicado.

Por lo tanto, el Estado cuenta con un término preciso para efectuar el respectivo trámite presupuestal para efectos de cancelar el monto de la condena judicial por los perjuicios causados a los particulares.

En síntesis, es viable afirmar, que el plazo con que cuenta la entidad para realizar el pago de las sentencias de condena en su contra, no es indeterminado, y, por lo tanto, el funcionario presuntamente responsable, objeto de la acción de repetición, no tendrá que esperar años para poder ejercer su derecho de defensa.

Si esta fecha no fuera determinada, se estaría vulnerando el derecho al debido proceso, ya que esto implicaría una prerrogativa desproporcionada para la Administración, y las prerrogativas deben ser proporcionadas con la finalidad que persiguen.” (negrilla fuera del texto).

Acorde con lo anterior, la jurisprudencia del Consejo de Estado10 ha precisado que para efectos del cómputo del término de caducidad contenido en el literal l) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA debe tenerse en cuenta el supuesto normativo que primero se configure, en atención de las siguientes reglas a tener en cuenta:

1. Si el pago de la condena impuesta se realiza dentro del término otorgado por la ley -ya sean 18 meses tratándose del CCA o 10 meses en el caso del CPACA 11-, el término de caducidad se contará desde el día siguiente a la fecha de pago.

ley -ya sean 18 meses tratándose del CCA o 10 meses en el caso del CPACA 11-, el término de caducidad se contará desde el día siguiente a la fecha de pago.

1. Cuando el término conferido por la ley para el pago de la condena se venza sin que se hubiese realizado el desembolso de esta, el cómputo del término de caducidad se hará desde el vencimiento de dicho término.

La anterior disposición fue modificada por el artículo 43 de la Ley 2195 de 2022 aumentando el término de caducidad a cinco (5) años contados a partir del día

9 Corte Constitucional, Sala Plena, (8 de agosto de 2001), C -832 de 2001, MP Rodrigo Escobar Gil. 10 Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera -Subsección A, CP María Adriana Marín; auto de 27 de agosto de 2021, radicación 05001-23-33-000-202000695-01 (67.008); Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera Subsección B, CP Ramiro Pazos Guerrero, auto de 29 de agosto de 2016, radicación 41001 -23-31-000-2003-00822-01 (45.544); Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera, CP Mauricio Fajardo Gómez, auto de 8 de julio de 2009, radicación 1100103-26-000-2002-00006-01(22.120). 11 Contados a partir de la ejecutoria de la sentencia que declaró patrimonialmente responsable a la entidad o del auto que aprobó la conciliación.Medio de Control: Repetición Expediente No. 680012333000-2022-00062-00 Sentencia de primera instancia.

Expediente No. 680012333000-2022-00062-00 Sentencia de primera instancia.

6

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander siguiente i) de la fecha del pago, o, ii) a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas.

En cuanto a la vigencia de la anterior norma, el artículo 42 de la Ley 2195 de 2022, que modificó el artículo 11 de la Ley 678 de 2001, dispuso:

Artículo 11. Caducidad. La acción de repetición caducara al vencimiento del plazo de cinco (5) años contados a partir del día siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas de conformidad con lo previsto en el Artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

El término de caducidad dispuesto en el presente Artículo aplicará a las condenas, conciliación o cualquier otra forma de solución de un conflicto permitida por la ley que quede ejecutoriada con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley .

C. Problema Jurídico.

Corresponde a la Sala establecer i) Si el exalcalde del Municipio de Barbosa, Carlos Cortés Torres «periodo 2000-2003», incurrió en una conducta dolosa o gravemente culposa al declarar unilateralmente la terminación del contrato de concesión suscrito con la Sociedad Ingeniería de Servicios Públicos S.A., sin que concurrieran

Cortés Torres «periodo 2000-2003», incurrió en una conducta dolosa o gravemente culposa al declarar unilateralmente la terminación del contrato de concesión suscrito con la Sociedad Ingeniería de Servicios Públicos S.A., sin que concurrieran los supuestos normativos establecidos en la Ley 80 de 1993, lo que llevó a que el municipio fuera condenado judicialmente al pago de una indemnización. ii) En consecuencia, si el demandado es responsable patrimonialmente frente al municipio de Barbosa por el valor pagado en cumplimiento de la sentencia condenatoria, dado que su actuación habría generado un detrimento en el erario. iii) Finalmente, si el demandado debe ser condenado al pago de la suma de $1.101.020.638, monto correspondiente a la condena impuesta al municipio, debidamente indexado, como reparación del perjuicio patrimonial derivado de la terminación unilateral del contrato

Para ello se debe determinar i) si el demandado actuó con dolo o culpa, en los hechos que generaron la condena; ii) si hay lugar a condenarlo a reintegrar a la entidad demandante la suma cancelada.

VI. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política el Estado debe repetir contra los servidores públicos que con su conducta dolosa o gravemente culposa le ocasionen daños patrimoniales que le sean imputables, y esta obligación fue desarrollada por la Ley 678 de 2001 que define en su artículo 2 la acción de repetición como de carácter patrimonial dirigida contra el servidor o ex servidor público, que con su conducta dolosa o gravemente culposa haya generado al Estado el pago de un reconocimiento indemnizatorio como consecuencia de una

la acción de repetición como de carácter patrimonial dirigida contra el servidor o ex servidor público, que con su conducta dolosa o gravemente culposa haya generado al Estado el pago de un reconocimiento indemnizatorio como consecuencia de una condena, una conciliación y otra forma de terminación de un conflicto judicial.

El artículo 5 de la norma, señala que la conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado, y se presume el solo por las siguientes causas.

1. Obrar con desviación de poder.

2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento.Medio de Control: Repetición

Expediente No. 680012333000-2022-00062-00 Sentencia de primera instancia.

7

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

3. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión de la administración.

4. Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado.

5. Haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial.

En relación con la culpa grave el artículo 6 de la norma señala que, la conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de

contrario a derecho en un proceso judicial.

En relación con la culpa grave el artículo 6 de la norma señala que, la conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones.

El artículo es claro en indicar que se presuma que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas:

1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.

2. Carencia o abuso de competencia para proferir de decisión anulada, determinada por error inexcusable.

3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable.

4. Violar el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal.

En sentencia SU 354 de 2020 la Honorable Corte Constitucional precisó que para decidir las demandas de repetición y para determinar la responsabilidad del demandado, está excluida la posibilidad de extrapolar las conclusiones sobre responsabilidad que se hayan efectuado en el fallo condenatorio, y en este orden, le correspon de al Juez examinar todos los elementos de juicio allegados al expediente a efectos de realizar un análisis totalmente independiente en el cual el demandado tenga la oportunidad de ejercer una defensa acorde.

Explicó también la providencia que para determinar el origen del daño y también si la conducta fue dolosa o gravemente culposa, le corresponde al Juez valorar los aspectos propios de la función pública como i) las funciones del agente y; ii) el grado

Explicó también la providencia que para determinar el origen del daño y también si la conducta fue dolosa o gravemente culposa, le corresponde al Juez valorar los aspectos propios de la función pública como i) las funciones del agente y; ii) el grado de diligencia que le sea exigible en función de los requisitos para acceder al cargo, así como la jerarquía del mismo.

Ahora, en cuanto la conducta del agente y el deber de la administración de probar que la misma sea dolosa o gravemente culposa, en sentencia del 1 de octubre de 201812 la Sección Tercera Subsección B del Honorable Consejo de Estado indicó:

Como el régimen sustantivo que gobierna esta acción de repetición es la Ley 678 de 2001, deben aplicarse las presunciones legales previstas en los artículos 5° y 6° de la citada ley, que califican la conducta del agente de dolosa o gravemente culposa. Estas “presunciones” inciden directamente en la carga de la prueba, pues antes de la Ley 678 de 2001, le correspondía a la entidad demandante demostrar los supuestos de hecho en los que se fundamentaba y, por tanto, acreditar la culpa grave o el dolo del agente del Estado.

12 Radicación número: 41001-23-31-000-2011-00445-01(59434)Medio de Control: Repetición Expediente No. 680012333000-2022-00062-00 Sentencia de primera instancia.

8

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Con la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001 se invirtió la carga de la prueba,

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Con la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001 se invirtió la carga de la prueba, una vez la entidad demandante acredita que el servidor del Estado incurrió en alguno de los supuestos que presumen el dolo o la culpa grave, el servidor demandado tiene el deber de aportar la prueba que desvirtúe el supuesto que configura la presunción. De modo que el juez de la acción de repetición puede estudiar la conducta del agente con el fin de determinar si no obstante configurarse alguna de las “presunciones”, el dem andado no actuó en forma dolosa o gravemente culposa. Del mismo modo, el juez evaluará todos los eventos que no se subsumen en los supuestos de “presunciones” previstos por el legislador.

Régimen jurídico aplicable al caso

Como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal, el inciso segundo del artículo 90 de la CN señala que «en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste».

Por su parte, el legislador expidió la Ley 678 de 2001, «por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición». Esta ley definió la repetición como una acción civil de carácter patrimonial que debe ejercerse en contra del servidor o ex servidor público, así como también respecto de los particulares que ejercen función pública, cuando

con fines de repetición». Esta ley definió la repetic