TA SAN - Sentencia 680012333000-2022-00650-00 (28-08-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

MEDIO DE CONTROL: Nulidad y restablecimiento del derecho RADICADO: 680012333000-2022-00650-00

DEMANDANTE: Leonardo Rojas Patiño y otros

ortizquitian6@hotmail.com

DEMANDADO:

Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional notificaciones.bucaramanga@mindefensa.gov.co desan.notificacion@policia.gov.co isabel.cadena1657@correo.policia.gov.co,

MINISTERIO PÚBLICO:

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO: Sentencia de primera instancia

TEMA: Sanción disciplinaria

Se encuentra para conocimiento de la Sala de Decisión el expediente de la referencia con el fin de dictar sentencia en los términos de lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA.

1. Antecedentes 1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, el señor Leonardo Rojas Patiño por conducto de apoderad o judicial formuló demanda ante la jurisdicción de lo

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, el señor Leonardo Rojas Patiño por conducto de apoderad o judicial formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, en orden a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) fallo disciplinario del 22 de septiembre de 2020, emitido por el jefe Oficina Control Interno Disciplinario Interno MEBUC y ii)

1 Expediente digital, actuación 3, índice SAMAI, link one drive, archivo 1.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de primera instancia

Demandante: Leonardo Rojas Patiño

Demandado: Policía Nacional Radicado 680011233000-2022-00650-00

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fallo disciplinario de segunda instancia del 29 de octubre de 2021, proferido por el inspector delegado Región de Policía Núm. 5, mediante los cuales se impuso sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad de doce años.

En consecuencia, solicitó:

«PRIMERO: DECLARAR la Nulidad parcial del (i) acto administrativo del 7 de septiembre de 2020, suscrito por el señor capitán OMAR ORLANDO PARRA RODRIGUEZ, jefe oficina control disciplinario interno MEBUC, por el cual Declara DISCIPLINARIAMENTE RESPONSABLE dentro del proceso de radicado MEBUC-2019-7 al señor Patrullero LEONARDO ROJAS PATIÑO por

RODRIGUEZ, jefe oficina control disciplinario interno MEBUC, por el cual Declara DISCIPLINARIAMENTE RESPONSABLE dentro del proceso de radicado MEBUC-2019-7 al señor Patrullero LEONARDO ROJAS PATIÑO por los hechos expuestos anteriormente, de igual manera el (ii) acto administrativo fechado el 29 de octubre de 2021, suscrito por el señor Teniente Coronel EDUARDO CHAMORRO PINZON, inspector delegado Región de Policía No 5 por el cual confirma en su integridad el contenido del auto (fallo disciplinario) anterior, y finalmente el (iii) la resolución No 04344 fechada el 20 de diciembre de 2021, suscrita por el G eneral JORGE LUIS VARGAS VALENCIA, director general de la Policía Nacional, por medio del cual decide retirar del servicio activo de la policía nacional por destitución al señor Patrullero LEONARDO ROJAS PATIÑO, y excluirlo del escalafón de carrera de conformidad con la decisión de la autoridad disciplinaria.

Que como consecuencia de la decisión anterior que dicte su señoría, con el debido respeto proceda a:

SEGUNDO: ORDENAR a La NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -POLICIA NACIONAL, proceda a reintegrar al servicio activo al señor LEONARDO ROJAS PATIÑO, en el cargo del cual fue retirado mediante el acto anulado o a uno de igual o superior categoría

TERCERO: ORDENAR a La NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -POLICIA NACIONAL declare y reconozca que para todos los efectos no existió solución de continuidad en la prestación de los servicios del

TERCERO: ORDENAR a La NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -POLICIA NACIONAL declare y reconozca que para todos los efectos no existió solución de continuidad en la prestación de los servicios del

patrullero LEONARDO ROJAS PATIÑO.

CUARTO: ORDENAR y CONDENAR a La NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL, a pagar al patrullero

(reintegrado) LEONARDO ROJAS PATIÑO, los sueldos, prestaciones y demás emolumentos correspondientes al cargo que venía desempeñado y dejados de percibir desde la fecha de su retiro y hasta que se haga efectivo el reintegro, como consecuencia de los perjuicios materiales causados sustentados en el daño al lucro cesante

QUINTO: Sumado a lo anterior, CONDENAR a La NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL, a reconocer y pagar al señor patrullero(reintegrado) LEONARDO ROJAS PATIÑO por perjuicios materiales la suma de DIEZ 10 salarios mínimos legales mensuales vig entes, como consecuencia de los perjuicios materiales causados sustentados en el daño emergente.

SEXTO: CONDENAR a la NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL, por los daños inmateriales ocasionados al señor LEONARDO ROJAS PATIÑO, la señora DAISY LORENA ARISMENDI MARTINEZ y sus hijos DANIEL FELIPE ROJAS ARISMENDI y NICOLAS ROJAS ARISMENDI, por la vulneración y trasgresión de los derechos

LEONARDO ROJAS PATIÑO, la señora DAISY LORENA ARISMENDI MARTINEZ y sus hijos DANIEL FELIPE ROJAS ARISMENDI y NICOLAS ROJAS ARISMENDI, por la vulneración y trasgresión de los derechos convencional, constitucional y legalmente protegidos por el estado Colombiano, derecho a la honra, buen nombre dignidad humana y protección integral de la familia

SÉPTIMO: TASAR monetariamente, en la proporción y estimación que su señoría considere pertinente los daños inmateriales ocasionados señor LEONARDO ROJAS PATIÑO, la señora DAISY LORENA ARISMENDINulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de primera instancia

Demandante: Leonardo Rojas Patiño

Demandado: Policía Nacional Radicado 680011233000-2022-00650-00

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MARTINEZ y sus hijos DANIEL FELIPE ROJAS ARISMENDI y NICOLAS ROJAS ARISMENDI, ORDENANDO además a la NACION -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL, se pague oportunamente la sanción impuesta.

OCTAVO: CONDENAR a La NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL, al pago de las costas y agencias en derecho a la parte demandada y disponer que se tasen oportunamente » (sic en todo el texto)

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:

derecho a la parte demandada y disponer que se tasen oportunamente » (sic en todo el texto)

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:

1. El 23 de noviembre de 2018, el señor Leonardo Rojas Patiño, patrullero de la Policía Nacional, fue vinculado a la indagación preliminar P-MEBUC-2018117, relacionada con la captura de un uniformado por presunto hurto. La vinculación se fundamentó en la visualización de videos y fotogramas en los que, según algunos oficiales, se identificaba al actor.

1. Como parte de la investigación, la Policía Nacional ordenó recaudar pruebas consistentes en registros de órdenes de servicio, videogramas, antecedentes documentales y declaraciones de testigos; no obstante, varios de los citados se negaron a comparecer, a pesar de múltiples citaciones.

1. La defensa técnica inicial fue asumida en noviembre de 2018 y luego revocada. El 4 de enero de 2019, el actual apoderado asumió la representación.

Desde entonces, se evidenció que no existía prueba directa que vinculara al actor con los hechos investigados, ni testimonios que lo señalaran.

1. La investigación incorporó testimonios de superiores como el del mayor Fabio Mauricio Gallego Giraldo, la intendenta Amparo Durán Jerez y el subintendente Rubén Darío Bueno Tapias, quienes afirmaron reconocer al patrullero Rojas en los videos. No obstante, esos reconocimientos se practicaron sin autorización judicial, sin la presencia de la defensa y sin aplicar los procedimientos técnicos previstos en el CPP, lo que afectó la validez de las pruebas.

patrullero Rojas en los videos. No obstante, esos reconocimientos se practicaron sin autorización judicial, sin la presencia de la defensa y sin aplicar los procedimientos técnicos previstos en el CPP, lo que afectó la validez de las pruebas.

1. Se encuentra probado dentro de la investigación que el señor Leonardo Rojas Patiño asistió a una capacitación entre el 23 y el 27 de julio de 2018, hecho que quedó registrado en planillas firmadas. Posteriormente, se dirigió a la actividad de integración en el municipio de Piedecuesta, lo cual fue corroborado por su jefatura directa, la intendenta Amparo Durán.

1. El sistema SIGIC registró la asistencia del patrullero Rojas Patiño a la capacitación del 27 de julio de 2018 Una auditoría informática posterior evidenció que el registro fue insertado el 31 de julio de 2018. La autoridad disciplinaria interpretó este hecho como una supuesta manipulación del actor, sin demostrar quién realizó la anotación ni desde qué terminal se ingresó.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de primera instancia

Demandante: Leonardo Rojas Patiño

Demandado: Policía Nacional Radicado 680011233000-2022-00650-00

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1. La defensa solicitó controvertir pruebas, acceder a los videos originales, citar nuevos testigos y ampliar declaraciones. Varias de estas pruebas fueron negadas o no se practicaron, lo que configuró una vulneración al debido proceso y al derecho de defensa.

citar nuevos testigos y ampliar declaraciones. Varias de estas pruebas fueron negadas o no se practicaron, lo que configuró una vulneración al debido proceso y al derecho de defensa.

1. El 22 de septiembre de 2020, la Oficina de Control Disciplinario Interno MEBUC profirió fallo de primera instancia, mediante el cual declaró responsable disciplinariamente al patrullero Rojas Patiño por 1) f alta gravísima: artículo 34, numeral 9 de la Ley 1015 de 2006 (supuesto hurto) , 2) falta gravísima: artículo 34, numeral 30 (registros contrarios a la realidad) y 3) f alta grave: artículo 35, numeral 7 (inasistencia al servicio).

1. El 29 de octubre de 2021, la segunda instancia confirmó el fallo y se expidió la Resolución 04344 del 20 de diciembre de 2021, que ordenó la destitución e inhabilidad general por 12 años, excluyéndolo del escalafón de la

Policía Nacional.

1. La decisión administrativa se fundamenta en hechos falsos, pruebas irregulares y valoraciones subjetivas, lo que genera una falsa motivación, vulnera el principio de legalidad y el debido proceso y ocasiona perjuicios materiales e inmateriales al actor y a su núcleo familiar.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

En el escrito de la demanda se invocaron como violad os el preámbulo y los artículos 2,6,13,29,31 de la Constitución Política; Ley 734 de 2002; Ley 769 de 2002; Ley 1015 de 2006 y 3 de la Ley 1437 de 2011.

artículos 2,6,13,29,31 de la Constitución Política; Ley 734 de 2002; Ley 769 de 2002; Ley 1015 de 2006 y 3 de la Ley 1437 de 2011.

En desarrollo del concepto de violación, la parte demandante expuso que los actos administrativos demandados adolecen de nulidad, conforme a los siguientes cargos:

1. Violación del debido proceso y derecho de defensa , por 1) no practicar pruebas solicitadas por la defensa, entre ellas , testimonios y el acceso a los videos originales, 2) no trasladar oportunamente informes técnicos ni resultados de auditorías informáticas, lo que impidió su contradicción y 3) omitir la valoración integral y objetiva de los descargos, la versión libre del actor y la prueba documental aportada, en especial las planillas e informes académicos que demostraban su presencia en la capacitación del 27 de julio de 2018.

1. Falsa motivación, toda vez que l os actos administrativos sancionatorios se fundamentaron en hechos no probados y en una indebida valoración de la prueba. La identificación del patrullero Rojas Patiño en los videos se realizó sin métodos técnicos ni procedimiento legal, sin presencia de la defensa y sin aval judicial. Igualmente, se ignoraron testimonios y documentos que evidenciaban su asistencia a la actividad de integración y a la capacitación, configurándose una motivación arbitraria y contraria a la realidad procesal.

1. Infracción de las normas en que debía fundarse el acto, en atención a que el fallo disciplinario y la resolución de destitución violaron las disposiciones de laNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de primera instancia

Demandante: Leonardo Rojas Patiño

Demandado: Policía Nacional

el fallo disciplinario y la resolución de destitución violaron las disposiciones de laNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de primera instancia

Demandante: Leonardo Rojas Patiño

Demandado: Policía Nacional Radicado 680011233000-2022-00650-00

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Ley 1015 de 2006 (artículos 5, 20 y 58), así como los artículos 35 y 36 de la Ley 734 de 2002, al imputar faltas gravísimas y graves sin prueba idónea ni análisis normativo ajustado. La sanción se impuso con desconocimiento de la proporcionalidad y la tipicidad de la conducta.

1. Defecto fáctico y valoración indebida de la prueba , comoquiera que l os videos y fotogramas utilizados como sustento no cuentan con validación técnica ni pericial y presentan defectos que fueron reconocidos en el proceso sin que se aportaran los originales. A su turno, no se probó la comisión del presunto hurto ni la participación del actor y la autoridad omitió valorar los elementos probatorios favorables, razón por la cual incurrió en un error manifiesto en la apreciación de las pruebas.

1. Violación de los principios de legalidad y proporcionalidad , toda vez que la decisión administrativa excedió los límites del poder disciplinario al imponer una sanción de destitución e inhabilidad general por doce años sin que existiera prueba plena de las faltas imputadas. Por su parte, desconoció el principio de legalidad al sancionar conductas que no se encontraban plenamente acreditadas

una sanción de destitución e inhabilidad general por doce años sin que existiera prueba plena de las faltas imputadas. Por su parte, desconoció el principio de legalidad al sancionar conductas que no se encontraban plenamente acreditadas y al ignorar que, en todo caso, la conducta atribuida podría ser calificada como leve.

1.2. Contestación de la demanda2

1.2.1. Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional

Por conducto de apoderada la mencionada entidad allegó memorial de contestación en el cual no se identifican expresamente excepciones previas ni de mérito, pero sí se formulan razones de oposición a la totalidad de las pretensiones de la demanda por considerar que:

1. Las decisiones disciplinarias fueron proferidas por autoridad competente, con fundamento en la Ley 1015 de 2006, la Ley 734 de 2002 y la Ley 1474 de

2011.

1. Durante toda la actuación se le garantizó al actor e l debido proceso y el derecho de defensa, toda vez que se le concedió la oportunidad de presentar pruebas, rendir versión libre, interponer recursos y participar en las diligencias.

1. Los elementos probatorios utilizados en la investigación disciplinaria fueron decretados y practicados conforme a las reglas de la sana crítica y con plena validez jurídica. En ese orden de ideas, no se configuran los cargos de nulidad alegados por la parte actora.

1. No es procedente ordenar el reintegro del actor ni el pago de salarios o prestaciones dejadas de percibir, toda vez que el retiro fue consecuencia de una falta disciplinaria gravísima debidamente comprobada.

1. No es procedente ordenar el reintegro del actor ni el pago de salarios o prestaciones dejadas de percibir, toda vez que el retiro fue consecuencia de una falta disciplinaria gravísima debidamente comprobada.

2 Expediente digital, actuación 14, índice SAMAI,Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de primera instancia

Demandante: Leonardo Rojas Patiño

Demandado: Policía Nacional Radicado 680011233000-2022-00650-00

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1. A su turno, se niega la existencia de perjuicios materiales o inmateriales, como daño emergente, daño moral o afectación al buen nombre, puesto que la sanción disciplinaria es la consecuencia natural de la conducta atribuida al actor.

1. Por su parte, d estaca que los procedimientos disciplinarios de la Policía se rigen por un régimen especial contenido en la Ley 1015 de 2006 y, por tanto, no aplican las normas generales del CAPCA para sanciones disciplinarias.

1.3. Alegatos de conclusión

1.3.1. Parte demandante3

Además de reiterar los argumentos expuestos en el escrito de la demanda, las alegaciones se resumen de la siguiente manera:

1. El reconocimiento de personas en videos realizado por un funcionario de la SIJIN sin autorización de la Fiscalía General de la Nación, violó normas del Código Penal. El reconocimiento irregular contaminó toda la investigación disciplinaria y fue la base para declarar responsable al patrullero Rojas Patiño.

la SIJIN sin autorización de la Fiscalía General de la Nación, violó normas del Código Penal. El reconocimiento irregular contaminó toda la investigación disciplinaria y fue la base para declarar responsable al patrullero Rojas Patiño.

1. Se insiste que n inguna de las personas que identificaron al actor fue ron testigos presenciales del supuesto hurto. Los funcionarios dudaron de la identidad del actor y se basaron en criterios subjetivos (como vestimenta) para identificarlo. La autoridad disciplinaria omitió aplicar el procedimiento formal de reconocimiento previsto en el artículo 252 CPP.

1. Aunado a lo anterior, existían planillas, informes, minutas y testimonios que demostraban que el actor asistió a una capacitación entre el 23 y 27 de julio de 2018 y que el día 27 de ese mes y año, se presentó a firmar planillas antes de la actividad de integración en Piedecuesta , lo que demuestra que Rojas Patiño no se ausentó del servicio ni manipuló registros en el SIGIC.

1.3.2. Parte demandada4

Además de reiterar los argumentos expuestos en el escrito de contestación de la demanda, las alegaciones se resumen de la siguiente manera:

1. Los fallos disciplinarios fueron emitidos por autoridad competente y en estricto cumplimiento de la Ley 1015 de 2006, la Ley 734 de 2002 y la Ley 1474 de 2011, con el respeto del debido proceso y las garantías del investigado.

1. La responsabilidad disciplinaria del patrullero Leonardo Rojas Patiño se acreditó con pruebas documentales, testimoniales y análisis de videos, en los que fue identificado junto al patrullero Diego Eliecer Moreno Oviedo en hechos

1. La responsabilidad disciplinaria del patrullero Leonardo Rojas Patiño se acreditó con pruebas documentales, testimoniales y análisis de videos, en los que fue identificado junto al patrullero Diego Eliecer Moreno Oviedo en hechos delictivos ocurridos el 27 de julio de 2018.

3 Expediente digital, actuación 25, índice SAMAI, 4 Expediente digital, actuación 22, índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de primera instancia

Demandante: Leonardo Rojas Patiño

Demandado: Policía Nacional Radicado 680011233000-2022-00650-00

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1. Se encuentra demostrado que el señor Rojas Patiño no tenía orden de servicio ese día y que registró en el SIGIC una supuesta capacitación inexistente para justificar su ausencia en la actividad de integración.

1. El investigado contó con defensa técnica, presentó pruebas, alegatos, recursos y participó en todas las etapas del proceso, lo que desvirtúa cualquier alegación que encierre violación del debido proceso.

1.3.3. Ministerio Público

No se presentaron.

1.4. Trámite procesal

Como aspectos relevantes del trámite del proceso, se señalan los siguientes:

La demanda se radicó el 18 de abril de 2022 en los juzgados administrativos,5 y fue remitida por com petencia por el Juzgado Sexto Administrativo a esta Corporación el 2 de noviembre de 2022. 6La demanda fue repartida a este

fue remitida por com petencia por el Juzgado Sexto Administrativo a esta Corporación el 2 de noviembre de 2022. 6La demanda fue repartida a este Despacho el 18 de noviembre de 2022. 7 La demanda fue admitida el 25 de noviembre de 2022. 8 El 4 de diciembre de 2023 se aportó contestación de la Policía Nacional. 9 El 21 de mayo de 2023, el Despacho profirió auto mediante el cual i) se fijó el litigio, ii) se decretaron las pruebas y iii) se corrió traslado para alegar.10 El 6 de junio de 2024, la Policía Nacional allegó el expediente disciplinario. 11Finalmente, el 17 de julio de 2024 el proceso ingresó al despacho para fallo.12

2. Consideraciones

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación adelantada, y luego de verificar que se hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo del asunto, procederá la Corporación a proferir el fallo de primera instancia.

2.1. Competencia

Conforme al numeral 23 del artículo 152 del CPACA, modificado por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021, el Tribunal Administrativo es competente sin atención a la cuantía para conocer en primera instancia de los asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho , contra actos administrativos de carácter disciplinario que impongan sanciones de destitución e inhabilidad general, separación absoluta del cargo, o suspensión con inhabilidad especial, expedidos

5 Expediente digital, actuación 3, índice SAMAI, link one drive, archivo 6

disciplinario que impongan sanciones de destitución e inhabilidad general, separación absoluta del cargo, o suspensión con inhabilidad especial, expedidos

5 Expediente digital, actuación 3, índice SAMAI, link one drive, archivo 6 6 Expediente digital, actuación 3, índice SAMAI, link one drive, archivo 16 7 Expediente digital, actuación 2 índice SAMAI. 8 Expediente digital, actuación 6 índice SAMAI. 9 Expediente digital, actuación 14, índice SAMAI, 10 Expediente digital, actuación 16 índice SAMAI. 11 Expediente digital, actuación 23 índice SAMAI. 12 Expediente digital, actuación 26 índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de primera instancia

Demandante: Leonardo Rojas Patiño

Demandado: Policía Nacional Radicado 680011233000-2022-00650-00

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contra servidores públicos o particulares que cumplan funciones públicas en cualquier orden, incluso los de elección popular, cuya competencia no esté asignada al Consejo de Estado, de acuerdo con el artículo 149A..

2.2. Problema jurídico13

De acuerdo con los argumentos planteados en la demanda y la contestación, le corresponde a la Sala establecer si hay lugar a declarar la nulidad de: i) el fallo disciplinario del 22 de septiembre de 2020, emitido por el jefe Oficina Control Interno Disciplinario Interno MEBUC y ii) el fallo disciplinario de segunda instancia

disciplinario del 22 de septiembre de 2020, emitido por el jefe Oficina Control Interno Disciplinario Interno MEBUC y ii) el fallo disciplinario de segunda instancia del 29 de octubre de 2021, proferido por el inspector delegado Región de Policía Núm. 5, mediante los cuales se impuso sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad de doce años al señor Leonardo Rojas Patiño, por incurrir, al parecer, en falsa motivación, infracción a las normas en que debía fundarse , defecto fáctico y vulneración de los derechos al debido proceso y de defensa y iii) si a título de restablecimiento del derecho, hay lugar a ordenar su reintegro, al pago de salarios, prestaciones sociales y perjuicios reclamados.

2.3. Marco normativo

Según lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución Política, son fines esenciales del Estado, «servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigen cia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares».

El artículo 6 ibidem establece que los servidores públicos son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución Política y las Leyes, y por omisión o

y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares».

El artículo 6 ibidem establece que los servidores públicos son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución Política y las Leyes, y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

Además, respecto a las garantías del derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 ibidem se encuentran las relacionadas a que « [n]adie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio […] quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones inju stificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho».

13 La fijación del litigio se efectuó mediante el auto del 22 de agosto de 2023.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de primera instancia

Demandante: Leonardo Rojas Patiño

Demandado: Policía Nacional Radicado 680011233000-2022-00650-00

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

Por otra parte, debe resaltarse que el artículo 209 ibidem dispone como principios de la función administrativa, la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Por otra parte, debe resaltarse que el artículo 209 ibidem dispone como principios de la función administrativa, la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

En relación con la Policía Nacional, el artículo 218 ibidem dispone que esta Institución es un «[…] cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en pa z […]», y respecto a sus miembros, señala dicha disposición que la « [l]ey determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario».

Conforme a lo señalado en precedencia, la Ley 1015 del 7 de febrero de 2006, norma vigente para la época de los hechos que ocuparán la atención de la Sala, 14 señaló como destinatarios del Régimen Disciplinario para la Policía Nacional al personal uniformado escalafonado y los auxiliares de Policía que estén prestando servicio militar en la Institución Policial.

El artículo 3 ibidem dispone que el personal cobijado por esta norma será investigado y sancionado por conductas que se encuentren descritas como faltas disciplinarias en la normatividad vigente al momento de su ejecución.

Ahora bien, respecto al derecho al debido proceso, el artículo 5 ibidem, dispone que «[e]l personal destinatario de este régimen será investigado conforme a las leyes preexistentes a la falta disciplinaria que se le endilga, ante funcionario con atribuciones disciplinarias previamente establecidas y observando las garantías contempladas en la Constitución Política y en el procedimiento señalado en la

leyes preexistentes a la falta disciplinaria que se le endilga, ante funcionario con atribuciones disciplinarias previamente establecidas y observando las garantías contempladas en la Constitución Política y en el procedimiento señalado en la ley. La finalidad del proceso es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en él intervienen».

Frente a la resolución de la duda y el principio de presunción de inocencia, los artículos 6 y 7, respectivamente de dicha normativa, disponen:

«Artículo 6°. En el proceso disciplinario toda duda razonable se resolverá a favor del investigado o disciplinado, cuando no haya modo de eliminarla.

Artículo 7°. El destinatario de esta ley a quien se le atribuya una falta disciplinaria se presume inocente mientras no se declare legalmente su responsabilidad en fallo ejecutoriado»

2.3.1. Control judi