TA SAN - Sentencia 680012333000-2024-00529-00 (25-09-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL DE SANTANDER

MAGISTRADO PONENTE Dr. JULIO EDISSON RAMOS SALAZAR

Bucaramanga, veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

MEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA

DEMANDANTES:

FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA DE SANTANDER

(FOSCAL)

notificaciones@foscal.com.co; carlosp.abogado@foscal.com.co;

DEMANDADOS:

MINISTERIO DE SALUD Y DE LA PROTECCION

SOCIAL

notificacionesjudiciales@minsalud.gov.co;

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

snsnotificacionesjudiciales@supersalud.gov.co;

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN

SALUD notificaciones.judiciales@adres.gov.co;

RADICADO Y LINK DEL EXPEDIENTE: 680012333000-2024-00529-00

ASUNTO:

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA – FALLA EN EL

SERVICIO – SUPRESIÓN EPS – DEBER DE

VIGILANCIA

MINISTERIO PÚBLICO XIRYS MARÍA MORA ALVARADO xmora@procuraduria.gov.co

Procede la Sala a dictar sentencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 182 A de la Ley 1437 de 2011.

I. ANTECEDENTES1

1. PRETENSIONES.

Del escrito de la demanda se extraen las siguientes pretensiones:

“ PRIMERA.- Se declare administrativamente responsable a la NACIÓN –

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE SALUD Y LA ADMINISTRADORA DE RECURSOS DEL

“ PRIMERA.- Se declare administrativamente responsable a la NACIÓN –

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE SALUD Y LA ADMINISTRADORA DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD -ADRES-, por el detrimento económico causado por el no pago de los servicios de salud prestados a los afiliados de CAFESALUD EPS.

SEGUNDO.- Se condene a la NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD Y

PROTECCIÓN SOCIAL, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD Y LA

ADMINISTRADORA DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

1Medio de control: Reparación Directa Radicado 680012333000-2024-00529-00 Sentencia de primera instancia.

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SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD -ADRES-, reparar a mi representada, generando el pago de la suma de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($2.388.065.485) debidamente indexado.

2. HECHOS2

Como fundamento de sus pretensiones, la parte demandante expone que la atención en salud, en cuanto servicio público esencial a cargo del Estado, ha sido delegada por disposición legal a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), responsables de afiliar, registrar, recaudar cotizaciones y garantizar la prestación directa e indirecta de los servicios de salud a la población colombiana.

En virtud de dicha delegación fue creada Cafesalud EPS , entidad encargada de organizar y asegurar la atención en salud de sus afiliados, tanto del régimen contributivo como del subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

En virtud de dicha delegación fue creada Cafesalud EPS , entidad encargada de organizar y asegurar la atención en salud de sus afiliados, tanto del régimen contributivo como del subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud. La Fundación Oftalmológica de Santander – FOSCAL, en su calidad de institución prestadora de servicios de salud, brindó atención médica a los afiliados de Cafesalud EPS que acudieron a sus instalaciones, incluyendo consultas de medicina general y especializada, servicios de urgencias, laboratorio clínic o, hospitalización, cirugía, tratamientos oncológicos e imágenes diagnósticas, entre otros.

No obstante, debido a los desbalances financieros y a decisiones administrativas adoptadas por Cafesalud EPS, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó, mediante Resolución 00051 de 2013, la medida de vigilancia especial sobre la entidad, y posteriormen te, mediante Resolución 002426 de 2017, aprobó un plan de reorganización. Finalmente, el 22 de julio de 2019, a través de la Resolución 7172, se dispuso la toma de posesión de bienes, haberes y negocios, así como la intervención forzosa administrativa para su liquidación.

Abierto el proceso de calificación y graduación de acreencias, la Fundación FOSCAL radicó las obligaciones pendientes de pago derivadas de los servicios prestados. Sin embargo, el Agente Liquidador rechazó dichas acreencias, pese a que las facturas habían sido debidamente radicadas, no fueron glosadas oportunamente y, en consecuencia, se entendían aceptadas tácitamente. El monto total adeudado ascendía a DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y

habían sido debidamente radicadas, no fueron glosadas oportunamente y, en consecuencia, se entendían aceptadas tácitamente. El monto total adeudado ascendía a DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y

CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($2.388.065.485).

Posteriormente, el 23 de mayo de 2022, el Agente Liquidador declaró la terminación de la existencia legal de Cafesalud EPS S.A. en liquidación, sin que se hubiesen cancelado las obligaciones a favor de la Fundación FOSCAL.

La parte demandante sostiene que la liquidación de una EPS refleja, por regla general, una deficiente gestión administrativa o una demanda desbordada de servicios, lo que evidencia la desfinanciación estructural del aseguramiento en salud. En todo caso, afirma que los prestadores no pueden ver comprometidos sus derechos ciertos e indiscutibles por la liquidación de una entidad que administraba recursos públicos, siendo el Estado garante del sistema.

2 Expediente digital SAMAI, índice 00003Medio de control: Reparación Directa Radicado 680012333000-2024-00529-00 Sentencia de primera instancia.

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Finalmente, señala que en este proceso de supervisión y vigilancia el Estado se encuentra representado por la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social y la ADRES , entidades que omitieron el ejercicio de sus funciones de rectoría, inspección, vigilancia y administración del flujo de recursos, permitiendo que el daño se consolidara sin medidas correctivas eficaces. En consecuencia, la Fundación FOSCAL no está llamad a a soportar el detrimento

sus funciones de rectoría, inspección, vigilancia y administración del flujo de recursos, permitiendo que el daño se consolidara sin medidas correctivas eficaces. En consecuencia, la Fundación FOSCAL no está llamad a a soportar el detrimento patrimonial derivado de la omi sión institucional frente a una EPS que operaba con recursos públicos.

3. FUNDAMENTOS DE DERECHO3.

Constitucionales. Artículo 2, 48, 49 y 365

Legales. Decreto 663 de 1993 modificado a su vez por la Ley 510 de 1999, Decreto 2555 de 2010 y articulo 22 y 23 del Decreto 4747 de 2007 en concordancia con la Ley 1438 de 2011, Articulo 140 de la Ley 1437 de 2011.

Manifiesta que la Constitución Política de 1991, en su artículo 90, establece que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables por acción u omisión de sus agentes, sin que el afectado esté obligado a soportarlos.

En ese sentido, sostiene que la permisividad institucional frente al funcionamiento de una EPS que recibía recursos públicos sin cumplir sus obligaciones contractuales genera una responsabilidad directa, conforme a lo previsto en el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011.

Asegura que, en los términos de dicha norma, la acción de reparación directa procede cuando el daño antijurídico tiene origen en un hecho, una omisión, una operación administrativa o cualquier otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo instrucciones expresas de la misma.

Por ende, en el presente caso, la omisión de las entidades estatales encargadas de

administrativa o cualquier otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo instrucciones expresas de la misma.

Por ende, en el presente caso, la omisión de las entidades estatales encargadas de inspeccionar, vigilar y controlar el flujo de recursos del sistema de salud —Ministerio de Salud, Superintendencia Nacional de Salud y ADRES — permitió que Cafesalud EPS continuara operando sin solvencia, acumulando pasivos con prestadores como la Fundación FOSCAL, sin que se adoptaran medidas correctivas eficaces.

Refiere que, conforme al Decreto Ley 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero), modificado por la Ley 510 de 1999, el Decreto 2555 de 2010 y los artículos 22 y 23 del Decreto 4747 de 2007, en concordancia con el artículo 57 de la Ley 1438 de 2 011, la apertura de un trámite liquidatorio implica la separación de administradores, la exigibilidad de obligaciones a plazo, la disolución jurídica de la entidad, la conformación del patrimonio a liquidar, la remisión de procesos ejecutivos y la preferencia del trámite liquidatario sobre cualquier otro.

3 Expediente digital SAMAI, índice 00003Medio de control: Reparación Directa Radicado 680012333000-2024-00529-00 Sentencia de primera instancia.

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Indica que, adicionalmente, la resolución de apertura ordena el embargo, secuestro y avalúo de bienes, la aprehensión de libros contables, la inscripción ante la autoridad registral, y la sujeción de todo pago a las reglas del proceso. También prevé la

avalúo de bienes, la aprehensión de libros contables, la inscripción ante la autoridad registral, y la sujeción de todo pago a las reglas del proceso. También prevé la prevención a los deudores de que solo pueden pagar al liquidador, y a quienes tengan negocios o procesos pendientes, de que deben entenderse exclusivamente con éste.

Sostiene que el proceso de liquidación forzosa administrativa, como expresión de la facultad interventora del Estado en la actividad privada, no extingue de inmediato la persona jurídica intervenida, sino que transfiere sus funciones de administración y dirección al aparato estatal, como garantía para los acreedores y terceros afectados. En consecuencia, las normas generales que regulan las relaciones jurídicas continúan siendo aplicables, y deben ser acatadas por los funcionarios encargados del trámite.

Concluye que las obligaciones derivadas de las facturas radicadas oportunamente ante Cafesalud EPS configuran un daño patrimonial cierto, toda vez que, conforme a la normativa sustantiva en salud, dicha entidad tenía un plazo de veinte (20) días hábiles para revisar y objetar la facturación, y al no hacerlo, surgía la obligación legal de cancelar.

En ese contexto, la inoperancia de las entidades estatales para vigilar el uso de los recursos públicos y garantizar el pago a los prestadores del sistema, genera una responsabilidad patrimonial que debe ser resarcida mediante el reconocimiento de las acreencias derivadas de las atenciones médicas prestadas a los afiliados del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

2.1 . NACIÓN MINISTERIO DE SALUD Y DE LA PROTECCIÓN SOCIAL.4

General de Seguridad Social en Salud.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

2.1 . NACIÓN MINISTERIO DE SALUD Y DE LA PROTECCIÓN SOCIAL.4

La apoderada judicial del Ministerio de Salud y Protección Social manifestó oposición a las pretensiones, señalando que su representada carece de competencia funcional sobre los hechos que originaron el presunto perjuicio económico alegado. Explicó que, conforme al Decreto Ley 4107 de 2011 y la Ley 715 de 2001, el Ministerio formula políticas públicas en salud, sin facultades de inspección, vigilancia o control sobre EPS, ni intervención en procesos de liquidación o calificación de acreencias, funciones asignadas a la Superintendencia Nacional de Salud.

Indicó que la responsabilidad por el pago de servicios a afiliados de Cafesalud EPS recae en dicha entidad y que las decisiones en su liquidación corresponden al agente interventor designado por la Superintendencia, con autonomía funcional. Añadió que la administración de los recursos del sistema es competencia de la ADRES, creada por la Ley 1753 de 2015 y regulada por el Decreto 1429 de 2016 y el Decreto 546 de 2017.

Propuso como excepciones la falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de nexo causal, ausencia de obligación indemnizatoria, hecho de un tercero, cobro de lo no debido y caducidad de la acción. Además, objetó el juramento estimatorio por considerarlo excesivo y sin soporte técnico, e invocó el principio de buena fe institucional. Asimismo, solicitó declarar probadas las excepciones y negar en su

4 Expediente digital SAMAI, índice 00013Medio de control: Reparación Directa

considerarlo excesivo y sin soporte técnico, e invocó el principio de buena fe institucional. Asimismo, solicitó declarar probadas las excepciones y negar en su

4 Expediente digital SAMAI, índice 00013Medio de control: Reparación Directa Radicado 680012333000-2024-00529-00 Sentencia de primera instancia.

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totalidad las pretensiones, por no existir vínculo jurídico ni material con los hechos objeto del proceso.

2.2 . ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUDADRES.5

La apoderada judicial de la entidad contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones, al estimar que no obran en el expediente elementos probatorios que permitan acreditar responsabilidad administrativa o patrimonial alguna por el presu nto detrimento económico alegado por la parte actora.

Sostuvo que, conforme al marco normativo vigente, la ADRES carece de competencia funcional para calificar o reconocer acreencias derivadas de la prestación de servicios de salud, así como para intervenir en los procesos de liquidación de las Entidades Promotoras de Salud, atribuciones que corresponden de manera exclusiva a la Superintendencia Nacional de Salud.

Precisó que la obligación de pago reclamada por la demandante se origina en una relación contractual entre la IPS y Cafesalud EPS, entidad que, para la época de los hechos, se encontraba en proceso de liquidación bajo la dirección de un agente interventor designado por la Superintendencia Nacional de Salud. Dicho agente, en su calidad de auxiliar de la justicia, actúa con plena autonomía funcional y sin

los hechos, se encontraba en proceso de liquidación bajo la dirección de un agente interventor designado por la Superintendencia Nacional de Salud. Dicho agente, en su calidad de auxiliar de la justicia, actúa con plena autonomía funcional y sin subordinación ni vínculo alguno con la ADRES, razón por la cual no puede imputarse a esta última la decis ión de rechazo de acreencias ni el presunto daño patrimonial alegado.

Agregó que la administración de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud por parte de la ADRES se circunscribe estrictamente a las funciones asignadas por la Ley 1753 de 2015, el Decreto 1429 de 2016 y el Decreto 546 de 2017, las cuale s no comprenden la asunción de obligaciones contractuales derivadas de relaciones entre IPS y EPS, ni la participación en procesos liquidatorios.

Propuso como excepciones de fondo la falta de legitimación en la causa por pasiva, la inexistencia de nexo causal entre la actuación de la ADRES y el perjuicio alegado, la ausencia de obligación indemnizatoria, el hecho de un tercero y el cobro de lo no de bido, al considerar que las actuaciones que dieron origen al presunto daño fueron desplegadas por el liquidador de Cafesalud EPS en ejercicio de sus funciones legales. Alegó igualmente la caducidad de la acción, por haberse presentado la demanda por fuera del término legal de dos años, incluso considerando la suspensión derivada de la conciliación extrajudicial.

Finalmente, objetó el juramento estimatorio por considerar que la cuantía reclamada es desproporcionada y carente de soporte técnico y probatorio, e invocó el principio de buena fe institucional, solicitando que se declare que la ADRES ha

Finalmente, objetó el juramento estimatorio por considerar que la cuantía reclamada es desproporcionada y carente de soporte técnico y probatorio, e invocó el principio de buena fe institucional, solicitando que se declare que la ADRES ha obrado dentro del marco de sus competencias legales. En mérito de lo expuesto, pidió que se declare probada la excepción de falta de legitimación en la causa por

5 Expediente digital SAMAI, índice 00014Medio de control: Reparación Directa Radicado 680012333000-2024-00529-00 Sentencia de primera instancia.

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pasiva y las demás excepciones propuestas, y que se nieguen en su integridad las pretensiones formuladas en su contra, por no existir fundamento fáctico ni jurídico que permita atribuirle responsabilidad en los hechos objeto del proceso.

2.1. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 6

La apoderada judicial de la entidad se opuso a la prosperidad de las pretensiones, aduciendo que no existe fundamento fáctico ni jurídico para imputar responsabilidad administrativa o patrimonial a la Superintendencia Nacional de Salud, cuyas competencias, conforme a la Ley 1122 de 2007, la Ley 1438 de 2011 y el Decreto 2462 de 2013, se limitan a la inspección, vigilancia, control, intervención y liquidación de las EPS, sin asumir obligaciones contractuales entre estas y las IPS.

Señaló que la obligación reclamada proviene de un vínculo contractual con Cafesalud EPS, en liquidación bajo la dirección de un agente interventor con autonomía funcional encargado de verificar, calificar y decidir sobre la inclusión

Señaló que la obligación reclamada proviene de un vínculo contractual con Cafesalud EPS, en liquidación bajo la dirección de un agente interventor con autonomía funcional encargado de verificar, calificar y decidir sobre la inclusión o rechazo de acreencia s, por lo que la exclusión de la obligación obedece exclusivamente a su determinación.

En ejercicio de sus funciones de supervisión, la Superintendencia delegada para la Supervisión Institucional verificó el cumplimiento de la Resolución 4968 de 2018, encontrando incumplimientos sustanciales por parte de Cafesalud EPS S.A., como la no presen tación oportuna del plan de trabajo para la conciliación con 3.077 prestadores acreedores, la ausencia de certificación del revisor fiscal sobre el saldo insoluto de las acreencias conciliadas, el incumplimiento del término legal para adelantar el proceso de conciliación y la falta de presentación del plan de pagos.

Asimismo, se detectaron inconsistencias financieras que impedían establecer con certeza la realidad económica de la EPS, entre ellas diferencias en las cuentas por pagar del POS, falta de correspondencia en la disminución de pasivos por licencias e incapacidades, ausencia de variación en obligaciones de nómina e impuestos, subestimación de provisiones para procesos judiciales y falta de detalle sobre medidas de embargo por cuantías significativas.

Con base en estos hallazgos, la Superintendencia delegada para las Medidas Especiales presentó informe al Comité de Medidas Especiales, que en sesión del 26 de junio de 2019 concluyó que Cafesalud EPS S.A. no estaba en condiciones de desarrollar su objeto social ni de generar mejores condiciones para el pago de sus acreencias, recomendando la toma de posesión inmediata

del 26 de junio de 2019 concluyó que Cafesalud EPS S.A. no estaba en condiciones de desarrollar su objeto social ni de generar mejores condiciones para el pago de sus acreencias, recomendando la toma de posesión inmediata de sus bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para su liquidación. La Superintendencia Nacional de Salud acogió dicha recomendación y ordenó la medida conforme a los artículos 113 a 116 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el artículo 294 del Decreto Ley 663 de 1993, precisando que corresponde al liquidador adelantar, bajo su inmediata dirección y responsabilidad, el proceso de liquidación forzosa administrativa.

Propuso como excepciones la inexistencia de falla administrativa y de nexo

6 Expediente digital SAMAI, índice 00015Medio de control: Reparación Directa Radicado 680012333000-2024-00529-00 Sentencia de primera instancia.

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causal, al considerar que la causa adecuada del perjuicio alegado radica en las decisiones de los órganos de administración de la EPS y en la gestión autónoma del Agente Especial Liquidador, auxiliar de la justicia, quien adelantó el proceso concursal bajo su exclusiva responsabilidad.

Alegó que no se configuran los presupuestos del daño especial ni del daño antijurídico, pues la actuación de la Superintendencia fue legítima, general y sin romper la igualdad frente a las cargas públicas, recibiendo la demandante el mismo trato que los de más acreedores y asumiendo el riesgo propio de su actividad comercial. Sostuvo que el Estado no es garante de las obligaciones insolutas de las empresas en liquidación y solo responde por daños probados

mismo trato que los de más acreedores y asumiendo el riesgo propio de su actividad comercial. Sostuvo que el Estado no es garante de las obligaciones insolutas de las empresas en liquidación y solo responde por daños probados conforme al artículo 90 de la Constitución.

Finalmente, planteó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, al no existir vínculo jurídico que permita atribuirle responsabilidad por las obligaciones reclamadas, y la de falta de integración del litisconsorcio necesario por pasiva, a l tratarse de una relación jurídica material única e indivisible que exige la comparecencia del Agente Especial Liquidador, quien, conforme al artículo 295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, responde personalmente por los perjuicios que, con dolo o culpa grave, cause a la entidad en liquidación o a sus acreedores, siendo su vinculación imprescindible para adoptar una decisión uniforme y eficaz.

III. TRÁMITE PROCESAL7

Por auto del 28 de agosto de 2024 se admitió la demanda y, una vez surtida la notificación al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, se recibieron los escritos de contestación el 22 de octubre de 2024 por parte del Ministerio, el 25 de octubre de 2024 por parte de ADRES y el 5 de noviembre de 2024 por parte de la Superintendencia. Verificadas dichas actuaciones, se corrió traslado al Ministerio Público por tres días hábiles, conforme al parágrafo 2° del artículo 38 de la Ley 2080 de 2021 y al artículo

Verificadas dichas actuaciones, se corrió traslado al Ministerio Público por tres días hábiles, conforme al parágrafo 2° del artículo 38 de la Ley 2080 de 2021 y al artículo 110 del Código General del Proceso, lo cual fue acreditado mediante constancia secretarial del 23 de enero de 2025.

En aplicación del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011 se resolvieron las excepciones propuestas, se fijó el litigio y se decretaron las pruebas. En cumplimiento de dicho auto, el Ministerio de Educación allegó memorial el 17 de marzo de 2025 y la Superintendencia Nacional de Salud presentó requerimiento el 19 de marzo de 2025.

El expediente ingresó al despacho para alegatos de conclusión el 20 de marzo de 2025 y, mediante auto del 25 de junio de 2025, se ordenó correr traslado al Ministerio Público, se fijó en estado y se notificó el 1° de julio de 2025. Se recibieron alegatos de conclusión el 10 de julio de 2025 por la Nación y el Ministerio de Salud, el 11 de julio de 2025 por ADRES, el 14 de julio de 2025 por la Superintendencia y el 15 de julio de 2025 por la FOSCAL.

7 Expediente digital SAMAIMedio de control: Reparación Directa Radicado 680012333000-2024-00529-00 Sentencia de primera instancia.

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IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 8

9 El MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL solicita sentencia

Sentencia de primera instancia.

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IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 8

9 El MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL solicita sentencia absolutoria, señalando que, conforme a la Ley 1444 de 2011, el Decreto Ley 4107 de 2011 y la Ley 715 de 2001, su competencia se limita a la formulación y coordinación de políticas públicas en salud, sin facultades para la prestación directa de servicios ni para ejercer inspección, vigilancia o control sobre EPS o IPS, funciones asignadas de manera exclusiva a la Superintendencia Nacional de Salud. Precisa que no intervino en la toma de posesión, liquidación o designación de agente liquidador de CAFESALUD EPS S.A ., ni en actos administrativos relacionados con su terminación, y que el control tutelar previsto en la Ley 489 de 1998 no le otorga injerencia en las decisiones autónomas de las entidades adscritas. Invoca jurisprudencia del Consejo de Estado que excluye la responsabilidad del ente rector cuando no existe participación material o funcional en los hechos, y afirma que no se acreditan los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado previstos en el artículo 90 de la Constitución Política, por lo que solicita se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva y se absuelvan las pretensiones en su contra.

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUDADRES10

La ADRES solicita se declare la no prosperidad de las pretensiones en su contra, indicando que su función se limita a la administración, giro y control de los recursos

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUDADRES10

La ADRES solicita se declare la no prosperidad de las pretensiones en su contra, indicando que su función se limita a la administración, giro y control de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, sin competencia para la prestación de servicios de salud ni para ejercer inspección, vigilancia o control sobre las EPS.

Precisa que no intervino en la toma de posesión, liquidación o designación de agente liquidador de CAFESALUD EPS S.A ., ni en la expedición de actos administrativos relacionados con dicho proceso, siendo el liquidador designado el único competente para la calificación, graduación y pago de créditos, y que los recursos que administra están excluidos de la masa liquidatoria.

Manifiesta que, en atención al requerimiento judicial, adelantó el acopio, organización y validación técnica de la información solicitada, labor que por su volumen, dispersión y complejidad exigió un tratamiento especializado para garantizar su integridad, coherencia y exactitud, motivo por el cual solicitó la ampliación del término procesal. Afirma que no ostenta la titularidad de la obligación discutida ni existe disposición legal que la vincule solidariamente, por lo que la solidaridad alegada carece de sustento. En consecuencia, solicita se declare la no prosperidad de las pretensiones y se impongan las costas a la parte actora.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. 11

8 Expediente digital SAMAI, índice 00037 9 10 Expediente digital SAMAI, índice 00038 11 Expediente digital SAMAI, índice 00039Medio de control: Reparación Directa Radicado 680012333000-2024-00529-00 Sentencia de primera instancia.

9 10 Expediente digital SAMAI, índice 00038 11 Expediente digital SAMAI, índice 00039Medio de control: Reparación Directa Radicado 680012333000-2024-00529-00 Sentencia de primera instancia.

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La Superintendencia Nacional de Salud expone que, dentro del proceso liquidatorio de CAFESALUD EPS S.A ., la acreencia radicada por la parte demandante bajo el número D16 ‑000211 fue rechazada en su totalidad mediante acto administrativo motivado por el agente especial liquidador, con fundamento en causales como la insuficiencia de soportes, la existencia de pagos totales o parciales, anticipos, notas débito o crédito y cobr os en exceso. Señala que dicho rechazo, según su criterio, impide derivar responsabilidad patrimonial en cabeza de la entidad y evidencia culpa exclusiva de la parte interesada por no allegar la documentación idónea.

Agrega que, si lo pretendido era controvertir la legalidad de las resoluciones de rechazo, el medio de control procedente era el de nulidad y restablecimiento del derecho, no la reparación directa, lo que a su juicio configura indebida escogencia de la acc ión e incluso caducidad, al haber transcurrido el término legal desde la expedición de dichos actos administrativos.

Asimismo, la Superintendencia indica que ejerció sus competencias de inspección, vigilancia y control sobre CAFESALUD EPS S.A., adoptando medidas como la vigilancia especial y la toma de posesión para administrar y liquidar, conforme al Decreto 1259 de 1994. Sostiene que no existe disposición normativa que le imponga asumir obligaciones dinerarias de las vigiladas ni que configure solidaridad con la

vigilancia especial y la toma de posesión para administrar y liquidar, conforme al Decreto 1259 de 1994. Sostiene que no existe disposición normativa que le imponga asumir obligaciones dinerarias de las vigiladas ni que configure solidaridad con la EPS liquidada, dado que cada persona jurídica conserva su propio patrimonio para atender sus compromisos. En consecuencia, solicita que se denieguen las pretensiones y se impongan las costas a la parte actora.

FUNDACIÓN OFTAMOLÓGICA DE SANTANDER – FOSCAL12

La FOSCAL solicita se declare la no prosperidad de las pretensiones en su contra, señalando que su naturaleza jurídica corresponde a la de una institución prestadora de servicios de salud de carácter privado, cuya función se limita a la atención médica y hospitalaria de los usuarios, sin competencia alguna en materia de inspección, vigilancia, control o liquidación de entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Precisa que no intervino en la toma de posesión, liquidación ni en la designación del agente liquidador de CAFESALUD EPS S.A., ni en la expedición de actos administrativos relacionados con dicho proceso, por lo que carece de legitimación en la causa por pasiva.

Agrega que la relación jurídica que la vinculaba con CAFESALUD EPS S.A. se limitaba a la prestación de servicios de salud en virtud de contratos de naturaleza privada, de manera que las obligaciones derivadas de dichos vínculos se enmarcan en el ámbito con tractual de la EPS liquidada, sin que pueda trasladarse responsabilidad patrimonial a la institución pre