TA SAN - Sentencia 680012333000-2024-00747-00 (09-10-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL DE SANTANDER

MAGISTRADO PONENTE Dr. JULIO EDISSON RAMOS SALAZAR

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Bucaramanga, nueve (09) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE

LOS COMUNEROS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE

BUCARAMANGA S.A.

consultores.juridicos@ascal.net DEMANDADO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD snsnotificacionesjudiciales@supersalud.gov.co

RADICADO Y LINK DEL EXPEDIENTE 680012333000-2024-00747-00

ASUNTO FALLA EN EL SERVICIO

MINISTERIO PÚBLICO XIRYS MARÍA MORA ALVARADO xmora@procuraduria.gov.co

Procede la Sala a dictar sentencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 182 A de la Ley 1437 de 2011.

I. ANTECEDENTES1

1. HECHOS

Expone el demandante que la Superintendencia Nacional de Salud incumplió sus funciones de inspección, vigilancia y control frente a la situación crítica y prolongada de COOMEVA EPS S.A. en liquidación. A pesar de conocer desde el 2016 los incumplimientos administrativos, financieros, jurídicos y asistenciales de esta EPS, la Superintendencia actuó de forma tardía y negligente, permitiendo su operación y el aumento de las deudas con las instituciones prestadoras de salud.

Señala que, prestó servicios médicos por más de $9 mil millones sin recibir pago oportuno, pese a que sus acreencias fueron reconocidas parcialmente por el agente liquidador en resoluciones de 2023. También reconoce una deuda adicional por

Señala que, prestó servicios médicos por más de $9 mil millones sin recibir pago oportuno, pese a que sus acreencias fueron reconocidas parcialmente por el agente liquidador en resoluciones de 2023. También reconoce una deuda adicional por incapacidades de cerca de $29 millones. La EPS ya presentaba desde años anteriores desequilibrio financiero, pérdidas operacionales y sanciones, todo lo cual era conocido por la Superintendencia.

Argumenta que el Estado es responsable de los perjuicios sufridos por la entidad actora, debido a su omisión al no intervenir a tiempo a COOMEVA EPS. Esto ha causado un grave impacto económico al hospital, afectando su operación, y generando además un lucro cesante por los dineros no pagados.

2. PRETENSIONES

Del escrito de la demanda se extraen las siguientes pretensiones:

1 Expediente SAMAI DEMANDA Y ANEXOS ITEM 3 PDF 1.Medio de control: Reparación Directa Radicado 680012333000-2024-00747-00 Sentencia de primera instancia.

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PRIMERA: Que conforme los hechos relatados, en curso de la audiencia de conciliación se proceda a la aceptación y reconocimiento de la responsabilidad de la

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD por el daño patrimonial antijuridico Calle 34 No. 19 -46 oficinas 507 – 508 Norte Centro Internacional de Negocios La Triada,

Teléfonos: 6422168 – 6525122, celular: 3163686689 Mail:

consultores.juridicos@oscal.net Bucaramanga causado a LOS COMUNEROS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BUCARAMANGA S.A, a causa de los incumplimientos

Teléfonos: 6422168 – 6525122, celular: 3163686689 Mail:

consultores.juridicos@oscal.net Bucaramanga causado a LOS COMUNEROS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BUCARAMANGA S.A, a causa de los incumplimientos por acción u omisión en sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre COOMEVA EPS S.A EN LIQUIDACION, identificada con el NIT:805.000.427-1.

SEGUNDA: Que en consecuencia de lo anterior la convocada realice el pago de las siguientes sumas de dinero: DAÑO EMERGENTE: La suma total de NUEVE MIL CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($9.058.626.837.oo), por c oncepto de las sumas debidamente causadas en favor de la actora por concepto de prestación de servicios medico asistenciales, no canceladas oportunamente por el sistema general de seguridad social y reconocidas dentro del proceso de liquidación de sobre COOMEVA EPS S.A EN LIQUIDACION, identificada con el NIT:805.000.427-1, las cuales deberán ser indexadas al momento del pago efectivo. LUCRO CESANTE: A manera de lucro cesante, atendiendo que los dineros no pagados le han impedido a la demandante cont inuar con su normal actividad comercial, deberán liquidarse los intereses moratorios sobre el capital referido, tasados al porcentaje máximo legal que establece la Superintendencia Financiera de Colombia y que ascienden a la suma de SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($6.389.048.958.oo) conforme la liquidación que se

Financiera de Colombia y que ascienden a la suma de SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($6.389.048.958.oo) conforme la liquidación que se anexa a la demanda, elaborada para efectos de la radicación del presente tramite desde la fecha de radicación de acreencias esto es el 9 de Marzo de 2022 y hasta el 25 de Abril de 2024, sin perjuicio de lo cual deberá actualizarse hasta la fecha en que se realice el pago total de las sumas pretendidas.

TERCERA: Que en consecuencia de lo anterior la convocada realice el pago de las siguientes sumas de dinero: DAÑO EMERGENTE: La suma total de VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($28.845.875.oo), por concepto de las sumas debidamente causadas en favor de la actora por concepto de incapacidades, no canceladas oportunamente por el sistema general de seguridad social y reconocidas dentro del proceso de liquidación de sobre COOMEVA EPS S.A EN LIQUIDACION, identificada con el NIT:805.000.427-1, las cuales deberán ser indexadas al momento del pago efectivo. LUCRO CESANTE: A manera de lucro cesante, atendiendo que los dineros no pagados le han impedido a la demandante continuar con su normal actividad comercial, deb erán liquidarse los intereses moratorios sobre el capital referido, tasados al porcentaje máximo legal que establece la Superintendencia Financiera de Colombia y que ascienden a la suma de

VEINTE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS

intereses moratorios sobre el capital referido, tasados al porcentaje máximo legal que establece la Superintendencia Financiera de Colombia y que ascienden a la suma de VEINTE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($20.344.994.oo) conforme la liquidación que se anexa a la demanda, elaborada para efectos de la radicación del presente tramite desde la fecha de radicación de acreencias esto es el 9 de Marzo de 2022 y hasta el 25 de Abril de 2024, sin perjuicio Calle 34 No. 19 -46 oficinas 507 – 508 Norte Centro Internacional de Negocios La Triada, Teléfonos: 6422168 – 6525122, celular: 3163686689 Mail: consultores.juridicos@oscal.net Bucaramanga de lo cual deberá actualizarse hasta la fecha en que se realice el pago total de las sumas pretendidas.

CUARTA: Que se condene a las convocada al pago costas judiciales y agencias en derecho.

3. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Constitucionales. Artículo 90 y Legales. Artículos 140, 152, 159 y siguientes delMedio de control: Reparación Directa Radicado 680012333000-2024-00747-00 Sentencia de primera instancia.

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CAPACA Decreto 780 de 2016 y su modificación por el Decreto 995 de 2022 2. Ley 100 de 1993, Ley 1438 de 2011.

Argumenta que le causaron perjuicios económicos por la omisión de la Superintendencia Nacional de Salud, al no actuar oportunamente frente a las fallas financieras, administrativas y técnicas de la EPS COOMEVA, que posteriormente fue

Argumenta que le causaron perjuicios económicos por la omisión de la Superintendencia Nacional de Salud, al no actuar oportunamente frente a las fallas financieras, administrativas y técnicas de la EPS COOMEVA, que posteriormente fue liquidada.

Indica que, la EPS prestó servicios de salud a afiliados sin contar con la capacidad técnica ni financiera suficiente. La Superintendencia conocía la crítica situación de la EPS y no adoptó medidas correctivas oportunas. Cuando finalmente intervino, ya no existía patrimonio ni activos suficientes para cubrir las deudas con los acreedores. Y se suspendieron los procesos judiciales y coactivos contra la EPS, dejando sin herramientas efectivas a los acreedores para reclamar sus derechos.

Concluye que s e configura la responsabilidad del Estado por cuanto la Superintendencia Nacional de Salud, no ejerci ó eficazmente su deber de vigilancia y control, lo cual permitió la continuidad indebida de una EPS inviable financieramente, causando daños económicos antijurídicos a la IPS acreedora.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 3 Se opone a la prosperidad de las pretensiones, respecto al nexo causal señala que el demandante no logra establecer de manera clara y concreta el nexo causal entre la presunta falla del servicio atribuida a la Superintendencia y el no pago de sus acreencias. Indica que, l a demanda pretende atribuirle decisiones propias de la autonomía empresarial de terceros como EPS, con quienes el actor decidió libremente contratar.

Hace una distinción entre función pública -actos realizados por el Estado para cumplir fines estatales - y enfatiza que el servicio público -actividades que el Estado debe

EPS, con quienes el actor decidió libremente contratar.

Hace una distinción entre función pública -actos realizados por el Estado para cumplir fines estatales - y enfatiza que el servicio público -actividades que el Estado debe garantizar a todos los ciudadanos -. Indica que l a responsabilidad del Estado debe analizar si el daño se generó en ejercicio de la función pública o durante la prestación de un servicio público.

Señala que la Superintendencia Nacional de Salud hace parte de la Rama Ejecutiva del poder público y actúa como ente técnico -administrativo con funciones de inspección, vigilancia y control IVC sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Tiene competencias legales específicas para intervenir entidades como EPS, incluyendo intervenciones forzosas administrativas o liquidaciones, cuando se presentan riesgos para el sistema.

Señala que, actuó conforme a su marco normativo y ejerció funciones de vigilancia sobre Coomeva EPS y otras entidades, implementando medidas como vigilancia especial e intervención forzosa. Las decisiones tomadas como permitir el funcionamiento o proceder a la liquidación hacen parte de su discrecionalidad administrativa, no de una falla en el servicio. No tiene competencia para obligar al pago de acreencias entre terceros, razón por la cual la ley prevé mecanismos como

2 sobre habilitación financiera de las EPS

3 Expediente digital SAMAI CONTESTACIÓN DEMANDA índice 00013Medio de control: Reparación Directa Radicado 680012333000-2024-00747-00 Sentencia de primera instancia.

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la conciliación4 para resolver esas diferencias contractuales.

Concluye, no incurrió en una falla del servicio, por cuanto actuó dentro del marco legal,

Sentencia de primera instancia.

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la conciliación4 para resolver esas diferencias contractuales.

Concluye, no incurrió en una falla del servicio, por cuanto actuó dentro del marco legal, en ejercicio de su función pública y conforme a sus competencias técnicas y administrativas.

III. TRÁMITE PROCESAL

Mediante auto del 03 de diciembre de 2024 5 se admitió la demanda y, una vez surtida la notificación a la Superintendencia Nacional de Salud, se resolvieron las excepciones propuestas, se fijó el litigio y se decretaron las prueba s6. Una vez llevaba a cabo la audiencia de pruebas 7 en la cual se ordenó correr traslado a las partes y al Ministerio Público ingresó al Despacho para fallo.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.

La Superintendencia Nacional de Salud 8 sostiene que , no hubo falla en su servicio. Al contrario, las medidas que implementó fueron indispensables para mitigar riesgos mayores y asegurar la continuidad del servicio de salud. Detalla una serie de acciones que tomó desde 2016 hasta la liquidación en enero de 2022 -vigilancia especial, requerimientos, limitación de afiliaciones, etc. -, demostrando que actuó de manera diligente y oportuna, no hubo inacción. Respecto a la inexistencia de antijuridicidad del daño, indica que el supuesto daño -no pago total de la acreencia - no es antijurídico porque i) d eriva del régimen concursal, el impago se debe a la insuficiencia de activos en la masa liquidatoria y a la aplicación estricta de las normas de liquidación. No es culpa de la

-no pago total de la acreencia - no es antijurídico porque i) d eriva del régimen concursal, el impago se debe a la insuficiencia de activos en la masa liquidatoria y a la aplicación estricta de las normas de liquidación. No es culpa de la Supersalud. ii) no hay deber de garantizar el pago integral , la Supersalud no tiene la obligación de asumir las deudas de las EPS ni de garantizar el pago total a todos los acreedores. Su función es proteger usuarios y recursos públicos. iii) Es una consecuencia normativa y l a falta de pago total es algo previsto y legítimo dentro de los procesos de liquidación forzosa administrativa. Reitera que no se probó un deber incumplido por parte de la Supersalud ni cómo su supuesta omisión causó el daño. El impago es una consecuencia legal del proceso concursal, no un daño antijurídico imputable al Estado. Concluye, e l verdadero causante del impago es la propia Coomeva EPS, cuya gestión financiera llevó a la insolvencia. Esto rompe el nexo causal con cualquier actuación de la Supersalud.

VII. CONSIDERACIONES

1. PROBLEMA JURIDICO

4 Circular 30 de 2013. 5 Expediente digital SAMAI ADMITE DEMANDA índice 0005 6 Expediente digital SAMAI AUTO RESUELVE EXCEPCIONES índice 0027 7 Expediente digital SAMAI AUDIENCIA DE PRUEBAS índice 0047 8 Expediente digital SAMAI ALEGATOS DE CONCLUSIÓN índice 0050Medio de control: Reparación Directa Radicado 680012333000-2024-00747-00 Sentencia de primera instancia.

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8 Expediente digital SAMAI ALEGATOS DE CONCLUSIÓN índice 0050Medio de control: Reparación Directa Radicado 680012333000-2024-00747-00 Sentencia de primera instancia.

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Consiste en establecer si le asiste responsabilidad de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD por el daño patrimonial antijuridico causado a LOS COMUNEROS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BUCARAMANGA S.A, a causa de los incumplimientos por acción u omisión en sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre COOMEVA EPS S.A EN LIQUIDACION.

En consecuencia, determinar si hay lugar a realizar el pago de:

DAÑO EMERGENTE: La suma total de NUEVE MIL CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($9.058.626.837.oo) por prestación de servicios medico asistenciales, no canceladas oportunamente,

LUCRO CESANTE: por dineros no pagados le han impedido a la demandante continuar con su normal actividad comercial, deberán liquidarse los intereses moratorios sobre el capital referido, tasados al porcentaje máximo legal que establece la Superintendencia Financiera de Colombia y que ascienden a la suma

de SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y

OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($6.389.048.958.oo)

DAÑO EMERGENTE: La suma total de VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($28.845.875.oo), sumas debidamente causadas en favor de la actora por concepto

CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($28.845.875.oo), sumas debidamente causadas en favor de la actora por concepto de incapacidades, no canceladas oportunamente.

LUCRO CESANTE: por los dineros no pagados le han impedido a la demandante continuar con su normal actividad comercial, deberán liquidarse los intereses moratorios sobre el capital referido, tasados al porcentaje máximo legal que establece la Superintendencia Financiera de Colombia y que ascienden a la suma de VEINTE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($20.344.994.oo) desde el 9 de Marzo de 2022 y hasta el 25 de abril de 2024, sumas actualizadas hasta la fecha en que se realice el pago total de las sumas pretendidas.

VIII. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

1. Funciones del Ministerio de Salud y de la Protección Social

La Ley 1444 de 2001, en sus artículos 6, 7, 9 y 10 dispuso:

Artículo 6°. Escisión del Ministerio de la Protección Social. Escíndase del Ministerio de la Protección Social los objetivos y funciones asignados por las normas vigentes al Despacho del Viceministro de Salud y Bienestar, y los temas relacionados al mismo, así como las funciones asignadas al Viceministerio Técnico.

Artículo 7°. Reorganización del Ministerio de la Protección Social. Reorganícese el Ministerio de la Protección Social, el cual se denominará Ministerio del Trabajo y continuará cumpliendo los objetivos y funciones señalados por las normas vigentes, salvo en lo concerniente a la escisión de que trata el

Social. Reorganícese el Ministerio de la Protección Social, el cual se denominará Ministerio del Trabajo y continuará cumpliendo los objetivos y funciones señalados por las normas vigentes, salvo en lo concerniente a la escisión de que trata el artículo 6° de la p resente ley. Esta entidad será responsable del fomento y de las estrategias para la creación permanente de empleo estable y con las garantías prestacionales, salariales y de jornada labora l aceptada y suscrita en la Organización Internacional del Trabajo (OIT).Medio de control: Reparación Directa Radicado 680012333000-2024-00747-00 Sentencia de primera instancia.

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(…). Artículo 9°. Creación del Ministerio de Salud. Créase el Ministerio de Salud y Protección Social, cuyos objetivos y funciones serán los escindidos del Ministerio de la Protección Social, de acuerdo con el artículo 6° de la presente ley.

Artículo 10. Sector Administrativo de Salud y Protección Social. El Sector Administrativo de Salud y Protección Social estará integrado por el Ministerio de Salud y Protección Social, las superintendencias y demás entidades que la ley defina como adscritas o vinculadas al mismo.

Por su parte, el artículo 2 del Decreto 4107 de 2011estableció las funciones de esta última cartera, dentro de las que se destacan:

Artículo 2. Funciones. El Ministerio de Salud y Protección Social, además de las funciones determinadas en la Constitución Política y en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998 cumplirá las siguientes:

1. Formular la política, dirigir, orientar, adoptar y evaluar los planes, programas y proyectos del Sector Administrativo de Salud y Protección Social.

funciones determinadas en la Constitución Política y en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998 cumplirá las siguientes:

1. Formular la política, dirigir, orientar, adoptar y evaluar los planes, programas y proyectos del Sector Administrativo de Salud y Protección Social.

2. Formular la política, dirigir, orientar, adoptar y evaluar los planes, programas y proyectos en materia de Salud y Protección Social.

3. Formular la política, dirigir, orientar, adoptar y evaluar la ejecución, planes, programas y proyectos del Gobierno Nacional en materia de salud, salud pública, riesgos profesionales, y de control de los riesgos provenientes de enfermedades comunes, amb ientales, sanitarias y psicosociales, que afecten a las personas, grupos, familias o comunidades.

4. Formular, adoptar, coordinar la ejecución y evaluar estrategias de promoción de la salud y la calidad de vida, y de prevención y control de enfermedades transmisibles y de las enfermedades crónicas no transmisibles.

5. Dirigir y orientar el sistema de vigilancia en salud pública.

De acuerdo con lo anterior, en términos generales, el MINISTERIO DE SALUD Y DE LA PROTECCIÓN SOCIAL es responsable de la formulación de políticas y regulación para el efectivo funcionamiento del Sistema General de Salud.

2. Funciones de la Superintendencia Nacional de Salud

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 48, 49 y 365 de la Constitución Política es obligación del Estado garantizar para todos los habitantes del territorio nacional el derecho a la Seguridad Social y delimitar las políticas para la prestación de dicho servicio, ya que se trata de una finalidad a la finalidad social a este. Además, podrá ser prestado por entidades públicas o por particulares.

el derecho a la Seguridad Social y delimitar las políticas para la prestación de dicho servicio, ya que se trata de una finalidad a la finalidad social a este. Además, podrá ser prestado por entidades públicas o por particulares.

El control, inspección y vigilancia esta actividad dentro del sistema de Seguridad Social en Salud compete al Presidente de la República, según lo dispone el numeral 22 del artículo 189 de la Constitución Política, función que podrá ser delegada, entre otras, a las superintendencias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 489 de 29 de diciembre de 1998 y que fue delegada, en este caso, a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD , en los términos del artículo 3 del Decreto 1259 de 20 de junio de 1994.

Artículo 3º. Objetivos. La Superintendencia Nacional de Salud ejercerá las funciones que legalmente le competen, en materia de inspección, vigilancia y control, para alcanzar los siguientes objetivos, en coordinación con las demás autoridades del ramo en lo que a ellas competa de ntro del Sistema de Seguridad Social en Salud:Medio de control: Reparación Directa Radicado 680012333000-2024-00747-00 Sentencia de primera instancia.

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1. La eficiencia en la obtención y aplicación de todos los recursos con destino a la prestación de los servicios de salud canalizados a través de las entidades descentralizadas directas o indirectas del orden nacional; las entidades descentralizadas directas o indirectas del orden departamental, municipal, distrital o metropolitano; o las asociaciones de municipios y las dependencias directas de la Nación o de las entidades territoriales.

descentralizadas directas o indirectas del orden departamental, municipal, distrital o metropolitano; o las asociaciones de municipios y las dependencias directas de la Nación o de las entidades territoriales.

2. La eficiencia en la utilización de los recursos fiscales, con destino a la prestación de los servicios del Sistema de Seguridad Social en Salud.

3. La oportuna y adecuada liquidación, recaudo, giro, transferencia, cobro y utilización de los recursos fiscales y demás arbitrios rentísticos, cualquiera que sea su origen, con destino a la prestación de los servicios de salud.

4. La cabal, oportuna y eficiente explotación de los arbitrios rentísticos que se obtengan de los monopolios de loterías, beneficencias que administren loterías, sorteos extraordinarios, apuestas permanentes y demás modalidades de juegos de suerte y azar.

5. El cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la prestación de los servicios de salud por parte de las entidades de los subsectores oficial y privado del sector salud, y

6. La adopción de políticas de inspección y vigilancia encaminadas a permitir que los entes vigilados centren su actividad en la evolución de sanas prácticas y desarrollos tecnológicos que aseguren un crecimiento adecuado de las mismas.

3. Procedimiento para la liquidación forzosa de entidades vigiladas del sector salud

Para el debido cumplimiento de estas funciones, el artículo 1º del Decreto 1015 y el artículo 1º del Decreto 3023 de 2002, confieren a la Superintendencia la facultad para aplicar a las Entidades Promotoras de Salud la figura de la intervención forzosa

artículo 1º del Decreto 3023 de 2002, confieren a la Superintendencia la facultad para aplicar a las Entidades Promotoras de Salud la figura de la intervención forzosa administrativa, la que puede ser para fines de liquidación. Disponen las normas:

Decreto 1015 de 2002 Artículo 1°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 715 de 2001, la Superintendencia Nacional de Salud aplicará en los procesos de intervención forzosa administrativa, para administrar o para liquidar las entidades vigiladas que cumplan funciones de explotación u operación de monopolios rentísticos cedidos al sector salud, Empresas Promotoras de Salud e Instituciones Prestadoras de Salud de cualquier naturaleza, así como en los de intervención técnica y administrativa de las Direcciones Territorial es de Salud, las normas de procedimiento previstas en el artículo 116 del Decreto -ley 663 de 1993, la Ley 510 de 1999, el Decreto 2418 de 1999 y demás disposiciones que lo modifican y desarrollan. (…)

Decreto 3023 de 2002 Artículo 1º. La Superintendencia Nacional de Salud, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley 715 de 2001, podrá en todo tiempo ejercer la intervención forzosa administrativa para la liquidación total de un ramo o programa del régimen subsidiado o c ontributivo en las Entidades Promotoras de Salud y Administradoras del Régimen Subsidiado, cualquiera sea su naturaleza, de conformidad con la evaluación previa, el grado y la causa de la falta, anomalía e ineficiencia en la prestación de los servicios de salud.

Administradoras del Régimen Subsidiado, cualquiera sea su naturaleza, de conformidad con la evaluación previa, el grado y la causa de la falta, anomalía e ineficiencia en la prestación de los servicios de salud.

Para tales efectos, la Superintendencia Nacional de Salud aplicará las normas de procedimiento previstas en el Decreto -ley 663 de 1993, la Ley 510 de 1999 y el Decreto 2418 de 1999 y demás disposiciones que lo modifican y desarrollan.Medio de control: Reparación Directa Radicado 680012333000-2024-00747-00 Sentencia de primera instancia.

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En lo relacionado con la toma de posesión y las medidas cautelares, el Decreto 506 de 2005 señala que el procedimiento se rige por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. En esos términos, los artículos 295 y siguientes del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero disponen el régimen de control que debe desplegarse en el proceso de liquidación forzosa que debe adelantar el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, el que para el caso del sector salud compete a la Superintendencia Nacional de Salud.

Articulo 295. Régimen Aplicable Al Liquidador Y Al Contralor.

1. Naturaleza de las funciones del liquidador. El liquidador designado por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras o por los acreedores reconocidos, ejercerá funciones públicas administrativas transitorias, sin perjuicio de la aplicabilidad de las reglas del derecho privado a los actos de ge stión que deba ejecutar durante el proceso de liquidación.

PARAGRAFO. Cuando el liquidador sea designado por la Asamblea de Accionistas

aplicabilidad de las reglas del derecho privado a los actos de ge stión que deba ejecutar durante el proceso de liquidación. PARAGRAFO. Cuando el liquidador sea designado por la Asamblea de Accionistas convocada según lo dispuesto en el numeral 17 del artículo 300 del presente Estatuto, no tendrá funciones públicas administrativas y por consiguiente únicamente ejercerá las funciones y facultades que le atribuyan los estatutos sociales de la respectiva entidad y el Código de Comercio.

2. Naturaleza de los actos del liquidador. Las impugnaciones y objeciones que se originen en las decisiones del liquidador relativas a la aceptación, rechazo, prelación o calificación de créditos y, en general, las que por su naturaleza constituyan actos administrativos, corresponderá dirimirlas a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Los actos administrativos del liquidador gozan de presunción de legalidad y su impugnación ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo no suspenderá en ningún caso el proceso liquidatorio.

Contra los actos administrativos del liquidador únicamente procederá el recurso de reposición; contra los actos de trámite, preparatorios, de impulso o ejecución del proceso, no procederá recurso alguno. Las decisiones sobre aceptación, rechazo, calificación o graduación de créditos quedarán ejecutoriadas respecto de cada crédito salvo que contra ellas se interponga recurso. En consecuencia, si se encuentran en firme los inventarios, el liquidador podrá fijar inmediatamente fechas para el pago de tales créditos. Lo anterior, sin perj uicio de resolver los recursos interpuestos en relación con otros créditos y de la obligación de constituir provisión para su pago en el evento de ser aceptados.

liquidador podrá fijar inmediatamente fechas para el pago de tales créditos. Lo anterior, sin perj uicio de resolver los recursos interpuestos en relación con otros créditos y de la obligación de constituir provisión para su pago en el evento de ser aceptados.

El liquidador podrá revocar directamente los actos administrativos que expida en los términos y condiciones previstas en el Código Contencioso Administrativo, salvo que se disponga expresamente lo contrario. (…)

9. Facultades y deberes del liquidador. El liquidador designado por el Director del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras tendrá la guarda y administración de los bienes que se encuentren en poder de la intervenida, de la masa de la liquidación o excluidos de ella y, además, los siguientes deberes y facultades:

a. Actuar como representante legal de la intervenida; b. Ejecutar los actos que tiendan a facilitar la preparación y realización de una liquidación rápida y progresiva; c. Adelantar durante todo el curso de la liquidación el recaudo de los dineros y la recuperación de los activos que por cualquier concepto deban ingresar a la masa de la liquidación, para lo cual podrá ofrecer incentivos por la denuncia de la existencia y entrega de tales activos; d. Administrar la masa de la liquidación con las responsabilidades de un secuestre judicial; e. Velar por la adecuada conservación de los bienes de la intervenida, adoptando las medidas necesarias para mantener los activos en adecuadas condiciones deMedio de control: Reparación Directa Radicado 680012333000-2024-00747-00 Sentencia de primera instancia.

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seguridad física y ejerciendo las acciones judiciales y administrativas requeridas para el efecto;

Radicado 6800123