TA SAN - Sentencia 680012333000-2025-00183-00 (05-05-2025)
Detalles
- Título
- TA SAN - Sentencia 680012333000-2025-00183-00 (05-05-2025)
- Autor
- Tribunal Administrativo de Santander
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2025
SIGCMA-SGC
Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander
REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ
Bucaramanga, cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
ACCIÓN Tutela RADICADO 680012333000-2025-00183-00
ACCIONANTE Sandra Patricia Dueñez Arias sandra.duenez@hotmail.com
ACCIONADO
Juzgado Cuarto Laboral del Circuito Judicial de Bucaramanga J04lcbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co
VINCULADOS
ARL Positiva notificacionesjudiciales@positiva.gov.co
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co
Dirección Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co
Consejo Superior de la Judicatura info@cendoj.ramajudicial.gov.co
Oficina de Asesoría para la Seguridad de la Rama Judicial del Consejo Superior de la Judicatura mrianoc@consejosuperior.ramajudicial.gov.co
MINISTERIO PÚBLICO
Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO Derechos al debido proceso, a la seguridad e integridad física, a la vida, a la estabilidad laboral
Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO Derechos al debido proceso, a la seguridad e integridad física, a la vida, a la estabilidad laboral en la carrera judicial . Traslado laboral y trabajo en casa por razones de seguridad. Excepción de inconstitucionalidad del artículo 142 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 73 de la Ley 2430 de 2024, como instrumento jurídicoAcción de tutela Sentencia de primera instancia
Accionante: Sandra Patricia Dueñez Arias
Accionado: Juzgado Cuarto Laboral del
Circuito Judicial de Bucaramanga Radicado. 680012333000-2025-00183-00
Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander
Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por la señora Sandra Patricia Dueñez Arias en contra del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito Judicial de Bucaramanga y los vinculados ARL Positiva, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, el Consejo Superior de la Judicatura y la Oficina de Asesoría para la seguridad de la Rama Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al trabajo, estabilidad laboral, igualdad, vida en condiciones dignas, seguridad social, petición, debido proceso, continuidad en la función pública y unidad familiar.
1. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
estabilidad laboral, igualdad, vida en condiciones dignas, seguridad social, petición, debido proceso, continuidad en la función pública y unidad familiar.
1. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, la señora Sandra Patricia Dueñez Arias solicitó el amparo de los derechos fundamentales al trabajo, estabilidad laboral, igualdad, vida en condiciones dignas, seguridad social, petición, debido proceso, continuidad en la función pública y a la unidad familiar.
En consecuencia, deprecó:
«[…] 2. Se ordene al competente ABSTENERSE DE DECLARARME INSUBSISTENTE ante la imposibilidad de reintegrarme físicam ente a mi puesto de trabajo el día 25 de abril de 2025.
3. Como medida de PROTECCIÓN PROVISIONAL se ORDENE al competente habilitar la modalidad de trabajo a la servidora Sandra Patricia Dueñez Arias, profiriendo el acto administrativo pertinente.
4. Se O RDENE a la ARL Positiva la habilitación de la servidora Sandra Patricia Dueñez Arias, para que ejecute sus funciones desde el lugar de su residencia. Según las normas vigentes derivadas del decreto 649 de 2022 y el “ARTÍCULO 2.2.1.C.7.12. Trabajo en casa en el exterior…”
5. Se ORDENE a los accionados GESTIONAR ante LOS ÓRGANOS COMPETENTES la materialización de los acuerdos interadministrativos que materialicen un traslado laboral a una dependencia cerca a mi residencia en Estados Unidos. Apelando a la Coordinación Interinstitucional
COMPETENTES la materialización de los acuerdos interadministrativos que materialicen un traslado laboral a una dependencia cerca a mi residencia en Estados Unidos. Apelando a la Coordinación Interinstitucional fundamentada en el artículo 2A de la ley 2421 de 2024 es viable la exigibilidad del trabajo interinstitucional para poder garantizar el goce de mis derechos adquiridos, particularmente el de carrera judicial. Vigorizando esta petición en el “ARTÍCULO 2C. COORDINACIÓN ARMÓNICA Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL. Con el objeto de lograr de manera efectiva, eficiente y oportuna los fines establecidos en esta ley, las entidades y las distintas instancias del Estado trabajarán de manera armónica y descentralizada, respetando su autonomía”. Adicional el artículo 21 de la misma norma permite “PRINCIPIO COMPLEMENTARIEDAD. Todas las actuaciones de las entidades tendientes a desarrollar medidas de
1 Expediente digital, archivo 3, actuación 4 Índice SAMAI. para garantizar los derechos fundamentales de la accionante/concedeAcción de tutela Sentencia de primera instancia
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atención, asistencia, reparación y no repetición deben establecerse de forma armónica, garantizando la concentración de información en un lenguaje claro y accesible acerca de los planes y programas de atención y
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atención, asistencia, reparación y no repetición deben establecerse de forma armónica, garantizando la concentración de información en un lenguaje claro y accesible acerca de los planes y programas de atención y reparación integral, así como de todos los mecanismos que propendan por la protección de los derechos de las víctimas.” Esta acción es fundamental para que pueda continuar desempeñando funciones como servidora pública, manteniendo las condiciones labora les iguales o mejores que las actuales, en atención a las circunstancias de riesgo que enfrentamos como familia.
6. Se ORDENE al Juez Cuarto laboral del Circuito presente un informe sobre la pertinencia de la ejecución de las funciones asignadas a mi carg o en propiedad como ESCRIBIENTE grado nominado de esa cédula Judicial en la modalidad de TRABAJO EN CASA de manera remota con la totalidad de las herramientas tecnológicas con las que cuento, características que me permito enviar como anexo.» (sic en todo el texto)
1.1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes, la parte accionante señaló los siguientes:
- En el año 2013 , ingresó al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de
Bucaramanga mediante el sistema de carrera judicial y ha desempeñado las funciones asignadas con calificaciones satisfactorias.
- En el año 2024, debido a continuos actos de amenazas a la integridad física de su cónyuge derivadas de su condición de fundador de la veeduría para apoyo a víctimas de derechos humanos en la región de los Santanderes, las que se extendieron en su contra y sus hijos, se vieron en la necesidad de
de su cónyuge derivadas de su condición de fundador de la veeduría para apoyo a víctimas de derechos humanos en la región de los Santanderes, las que se extendieron en su contra y sus hijos, se vieron en la necesidad de refugiarse en el extranjero y presentar solicitud de asilo político con la finalidad de evitar la desintegración de la unidad familiar; por ende, solicitó licencias no remuneradas otorgadas desde el 24 de octubre de 2024 hasta el 16 de abril de 2025.
- En la actualidad se encuentran en proceso de adjudicación de estatus de protección previsto por la Convención de la Organización de Naciones Unidas identificada con el núm. A235320 979 , procedimiento que ha impedido el desarrollo de actividades laborales para su sustento diario, lo que ha conllevado afectación económica. En ese sentido, se funda la procedencia de traslado laboral al exterior para garantizar el derecho al trabajo y a la reunificación familiar conforme lo prevé el artículo 7 de la Ley 2088 de 2021 y, por ende, surge el derecho provisional a la realización de sus funciones en la modalidad de trabajo en casa hasta tanto no se surta el trámite interadministrativo requerido para resolver su petición.
- El 9 de abril de 2025 a través de la Resolución 7, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bucaramanga, resolvió la solicitud de forma negativa y argumentó la imposibilidad de garantizar la cobertura de riesgos laborales; no obstante, se abstuvo de manera previa de solicitar pronunciamiento de la entidad competente de conformidad con lo previsto en el Decreto 1660 de 1978 y, además, omitió expresarse respecto de todas las peticiones
no obstante, se abstuvo de manera previa de solicitar pronunciamiento de la entidad competente de conformidad con lo previsto en el Decreto 1660 de 1978 y, además, omitió expresarse respecto de todas las peticiones formuladas. La decisión referenciada vulnera sus derechos fundamentales dada su condición de víctima del conflicto armado ; además, desmejora suAcción de tutela Sentencia de primera instancia
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calidad de vida, produce un impacto a su estabilidad emocional y psicológica y desconoce las garantías que el Estado debe brindar a las mujeres en situación de vulnerabilidad.
1.2 Intervenciones:
1.2.1. Consejo Seccional de la Judicatura de Santander2
El presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander allegó informe en el que expuso lo siguiente:
- Las funciones del órgano entutelado se encuentra previstas en el artículo 101 de la Ley 270 de 1996 modificada por la Ley 2430 de 2024 dentro de las cuales que no se comprenden las de resolver solicitudes como las formuladas en el trámite de la referencia y, por ende, se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva , comoquiera que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante.
- La modalidad de teletrabajo se reglamentó por el Consejo Superior de la
en la causa por pasiva , comoquiera que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante.
- La modalidad de teletrabajo se reglamentó por el Consejo Superior de la Judicatura con la expedición de los Acuerdos PCSJA22 -12024 del 14 de diciembre de 2022, PCSJA23 -12042 del 1 de febrero de 2023 y PCSJA2412151 del 28 de febrero de 2024 mediante los cuales se fijaron los siguientes requisitos de procedencia: a) el principio rector la voluntad del servidor y del nominador para el trámite de solicitud, suspensión y continuidad ; b) que el desempeño del cargo o funciones no demand en presencia física para la prestación del servicio; c) la prohibición de acceder a su realización en el exterior; d) contar con un año de antigüedad en la Rama Judicial continuo o discontinuo en los últimos tres años; e) que el despacho judicial contabilice un índice de evacuación igual o superior al 80% conforme la publicación realizada por la UDAE en consonancia con l a puesta al día en el reporte de información del SIERJU.
- La Ley 2088 de 2021 reguló la modalidad de trabajo en casa para el desarrollo de la prestación del servicio en situaciones ocasionales, excepcionales o especiales que se presenten en el marco d e una relación laboral, legal y reglamentaria con el Estado, sin que su reconocimiento conlleve variación de las condiciones en la prestación del servicio por lo cual excluyó de su aplicación a los servidores públicos cobijados por regímenes especiales de orden constitucional o legales dada la naturaleza de las funciones que desempeñan.
1.2.2. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial3
excluyó de su aplicación a los servidores públicos cobijados por regímenes especiales de orden constitucional o legales dada la naturaleza de las funciones que desempeñan.
1.2.2. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial3
Por intermedio de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial planteó la configuración de la «falta de legitimación en la causa por pasiva» en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 y los artículos 99 y 103 de la Ley 270 de 1996 para lo cual citó en sustento los siguientes argumentos:
2 Expediente digital, actuación 13 Índice SAMAI. 3 Expediente digital, actuación 15 Índice SAMAI.Acción de tutela Sentencia de primera instancia
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- El 2 de julio de 2013, la señora Sandra Patricia Dueñez, ingresó en calidad de escribiente en propiedad al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bucaramanga y se le concedió licencia no remunerada el 24 de octu bre de 2024 mediante Resolución 12 por el periodo comprendido entre el 24 de octubre hasta el 19 de diciembre de 2024.
- La competencia para dar trámite a la solicitud de trabajo en casa y traslado
2024 mediante Resolución 12 por el periodo comprendido entre el 24 de octubre hasta el 19 de diciembre de 2024.
- La competencia para dar trámite a la solicitud de trabajo en casa y traslado laboral temporal se encuentra atribuida al despacho ju dicial en el que el servidor esté nombrado en propiedad.
- De las afirmaciones y las pruebas obrantes en el escrito de tutela no se evidencia un actuar diligente de la accionante, comoquiera que no ha realizado el trámite pertinente para atender la sol icitud de trabajo en casa durante la vigencia 2025 ; sin embargo, la accionante pone de presente que para el año 2024 solicitó teletrabajo el 7 de marzo de 2024 el que fue formalizado el 24 de abril de 2024 con vigencia hasta el 24 de abril de 2025.
- La modalidad de teletrabajo se reguló para la Rama Judicial mediante Acuerdo PCSJA24-12151 de 2024 que fijó los requisitos de procedencia y trámite de los cuales se destaca, en primer lugar, la exigencia de presentar la solicitud dentro de las fechas establecidas y, en segundo lugar, la necesidad de contar con un año de antigüedad , continuo o discontinuo en los últimos tres años de servicios.
1.2.3. Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bucaramanga4
El titular del despacho allegó informe en el que expuso los siguientes argumentos:
- La accionante fue nombrada a través de la Resolución 2 del 6 de mayo de 2013, en el cargo de escribiente en propiedad del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bucaramanga y tomó posesión el 2 de julio de ese año. En las
de 2013, en el cargo de escribiente en propiedad del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bucaramanga y tomó posesión el 2 de julio de ese año. En las siguientes fechas se le concedió licencia no remunerada: a) el 25 de febrero de 2020 mediante Resolución 2, por el período del 2 al 11 de marzo de 2020; b) el 11 de marzo de 2020 mediante Resolución 3, se amplió la licencia del 12 de marzo al 3 de abril de 2020; c) el 24 de octubre de 2024, mediante Resolución 12, se concedió por el periodo del 24 de octubre al 19 de diciembre de 2024; d) el 14 de enero de 2025 con Resolución 1, se concedió por el período comprendido entre el 16 de enero al 11 de abril de 2025 y e) el 9 de abril de 2025, mediante Resolución 7, se amplió por el período del 21 al 24 de abril de 2025; además, durante los días 13, 14 y 15 de enero de 2025 se otorgó permiso. En ese orden de ideas, no ha prestado el servicio desde el 24 de octubre de 2024 a la fecha.
- La petición formulada por la accionante tiene fundamento en situaciones de seguridad y unidad familiar, eventualidades que conllevan la imposibilidad la prestación del servicio sin riesgo de su integridad personal y la de su núcleo
4 Expediente digital, actuación 16 Índice SAMAI.Acción de tutela Sentencia de primera instancia
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Circuito Judicial de Bucaramanga Radicado. 680012333000-2025-00183-00
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familiar y, por esa razón , a través de Resolución 7 de 2025 se amplió el término de licencia no remunerada acorde a las disposiciones del artículo 142 de la Ley 270 de 1996 y el 1 de abril de 2025 se corrió traslado de la solicitud al director ejecutivo seccional de administración judicial de Santander para activar la cadena de protección; el mencionado funcionario, a su vez, remitió la solicitud a la Oficina de Asesoría para la Seguridad de la Rama Judicial del Consejo Superior de la Judicatura sin que se tenga —a la fecha de presentación del informe — conocimiento de la realización de estudio de seguridad.
- La declaratoria de insubsistencia por abandono del cargo regulada en el artículo 149 A de la Ley 270 de 1996 y adicionada por el artículo 75 de la Ley 2430 de 2024, procede en el evento de que , transcurridos tres días al vencimiento de la licencia, no se reasuman las funciones del cargo. En el caso concreto, el término corre a partir del día 25 hasta el 29 de abril de 2025 y, por ende: a) la licencia no remunerada otorgada a la accionante no puede superar el período de tres mese s dentro del mismo año calendario de conformidad con lo establecido en el artículo 142 de la Ley 270 de 1996,
y, por ende: a) la licencia no remunerada otorgada a la accionante no puede superar el período de tres mese s dentro del mismo año calendario de conformidad con lo establecido en el artículo 142 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 73 de la Ley 2430 de 2024, b) la eventualidad de la accionante no se encuentra dentro de las situaciones administrativa s previstas en el artículo 135 de la Ley 270 de 1996, esto es, no tiene licencia remunerada derivada de incapacidad por estado de salud o maternidad, no cuenta con vacaciones por compensar , no media suspensión o medida disciplinaria y no le resulta aplicable la figura del permiso remunerado previsto en el artículo 102 ibidem.
- En el caso particular procede la figura de traslado de sede judicial por seguridad de conformidad con el inciso 1 del artículo 134 de la Ley 270 de 1994; sin embargo, la accionante no lo ha solicitado y el trámite no es de competencia del nominador.
- La falta de definición de la situación administrativa de la accionante impide el nombramiento de otra persona para el desempeño del cargo, lo que particularmente afecta la prestación del servicio por incumplimiento del artículo 122 de la Constitución Política.
- La modalidad de teletrabajo se encuentra reglamentada en el Acuerdo PCSJA24-12151 del 28 de febrero de 2024, que contempla la necesidad de asistir por lo menos un día a la sede judicial, requisito que no se puede cumplir, como sucede en el caso dado que la empleada se encuentra en el exterior, excepto que el juez de tutela considere la inaplicación de esta prohibición para privilegiar los derechos fundamentales de la accionante ,
cumplir, como sucede en el caso dado que la empleada se encuentra en el exterior, excepto que el juez de tutela considere la inaplicación de esta prohibición para privilegiar los derechos fundamentales de la accionante , atributo que no puede desplegar el nominador dado que en el presente caso cumple una función administrativa y, por ende, no puede apartarse del acatamiento de la norma jurídica reglamentaria so pena de verse inmerso en prevaricato por acción.Acción de tutela Sentencia de primera instancia
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1.2.4. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga5
A través de apoderado judicial, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó se niegue las peticiones de la acción de tutela, por las siguientes razones:
- La accionante sostiene vínculo legal y reglamentario con la Rama Judicial desde el 2 de julio de 2013 hasta la fecha y desempeña el cargo de escribiente en el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bucaramanga según certificación núm. DESAJBUCER25-775 del 23 de abril de 2025 expedida por el coordinador del área de talento humano ; sin embargo, no se tiene conocimiento de las calificaciones de desempeño laboral realizadas a la servidora por parte del nominador.
el coordinador del área de talento humano ; sin embargo, no se tiene conocimiento de las calificaciones de desempeño laboral realizadas a la servidora por parte del nominador.
- Las funciones y competencias de ese órgano se encuentran señaladas en el artículo 103 de la Ley 270 de 1996 las que se enmarcan en el ámbito de su jurisdicción y, por ende, de conformidad con los artículos 131 y 175 ibidem, carece de competencia para tomar decisiones frente a situaciones administrativas de los empleados adscritos a los juzgados o despachos judiciales, así como para emitir las directrices pertinentes para que la autoridad nominadora las resuelva.
- La modalidad de trabajo en casa no se e ncuentra regulada por parte del Consejo Superior de la Judicatura debido a que solamente se ha acogido por la Rama Judicial el «teletrabajo» a través del Acuerdo PCSJA24 -12151 del 28 de febrero de 2024.
- El 1 de abril de 2025, el Juez Cuarto Laboral del Circuito de Bucaramanga trasladó la solicitud de « activación de estudio de seguridad y cadena de protección» en favor de la accionante que fue remitida por competencia a la Oficina de Asesoría para la Seguridad de la Rama Judicial del Consejo Superior de la Judicatura de conformidad con el artículo 21 del CPACA.
- En el caso concreto, no se encuentran acreditados los criterios de procedencia de la acción de tutela reglamentada en el artículo 86 de la Constitución Política, esto es, que no exista otro me dio de defensa judicial para la protección de los derechos fundamentales o la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
procedencia de la acción de tutela reglamentada en el artículo 86 de la Constitución Política, esto es, que no exista otro me dio de defensa judicial para la protección de los derechos fundamentales o la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
1.2.5. La Oficina de Asesoría para la Seguridad de la Rama Judicial del Consejo Superior de la Judicatura6
El director de la Oficina de Asesoría para la Seguridad de la Rama Judicial del Consejo Superior de la Judicatura con posterioridad al término que se le otorgó para que ejerciera la intervención, informó:
5 Expediente digital, actuación 18 Índice SAMAI. 6 Expediente digital, actuación 46 Índice SAMAI.Acción de tutela Sentencia de primera instancia
Accionante: Sandra Patricia Dueñez Arias
Accionado: Juzgado Cuarto Laboral del
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- De acuerdo con los Decretos 1249 de 2011, 1066 de 2015, 1139 de 2021 y Ley 270 de 1996 y el artículo 35 núm. 34 de la Ley 2430 de 2024 la dependencia actúa como coadyuvante ante los organismos de seguridad del Estado para la adopción de medidas de protección y estudios de seguridad de los funcionarios y servidores judiciales.
- El 28 de abril de 2025, con oficio OSO25 -449 se solicitó al Comando de
Estado para la adopción de medidas de protección y estudios de seguridad de los funcionarios y servidores judiciales.
- El 28 de abril de 2025, con oficio OSO25 -449 se solicitó al Comando de Policía Metropolitana de Bucaramanga garantizar la seguridad de la servidora judicial y su núcleo familiar y la adopción de otras medidas pertinentes.
- Mediante oficio OSO25.450 del 28 de abril de 2025, se solicitó a la Unidad Nacional de Protección el inicio del procedimiento para la adopción de medidas de protección a favor de la accionante y en orden a que se adelanten los estudios de seguridad requeri dos para determinar el nivel de riesgo y asignación de las medidas de protección necesarias.
- En la solicitud allegada a la dependencia, no se advierte que la accionante pretenda un traslado por razones de seguridad y, en consecuencia, solamente se ordenó adelantar las medidas de seguridad y el estudio de nivel de riesgo ante los organismos competentes.
- El estudio de nivel de riesgo, aspecto que es de competencia de la Unidad Nacional de Protección, se constituye en un factor determinante para la toma de la decisión por parte del Consejo Superior de la Judicatura ; sin embargo, debido al lugar de residencia de la accionante, esto es, en Estados Unidos se torna imposible conocer el riesgo y , en consecu encia, se configura la imposibilidad material para su determinación.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
El Tribunal Administrativo de Santander es competente para conocer de la presente acción de tutela, de acuerdo a lo dispuesto en el ordinal 5. del
imposibilidad material para su determinación.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
El Tribunal Administrativo de Santander es competente para conocer de la presente acción de tutela, de acuerdo a lo dispuesto en el ordinal 5. del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 de 2021 según el cual « [l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada».
2.2. El problema jurídico
Consiste en dilucidar, en primer l ugar, si se subsume la vulneración de los derechos fundamentales de petición, al debido proceso, a la estabilidad laboral en la carrera administrativa, a la vida e integridad personal y a la unidad familiar de la señora Sandra Patricia Dueñez Arias con ocasión de la decisión adoptada a través de la Resolución 7 del 9 de abril de 2025 emitida por el Juez Cuarto Laboral del Circuito de Bucaramanga que n egó tácitamente las peticiones tendientes al traslado laboral a dependencia en el exterior, acceso a la modalidad de trabajo en casa y de prescindir de laAcción de tutela Sentencia de primera instancia
Accionante: Sandra Patricia Dueñez Arias
Accionado: Juzgado Cuarto Laboral del
Circuito Judicial de Bucaramanga Radicado. 680012333000-2025-00183-00
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Radicado. 680012333000-2025-00183-00
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declaratoria de in subsistencia por abandono de carg o ante el eventual no reintegro de la accionante con motivo de la culminación de la licencia no remunerada y por parte de la Oficina de Asesoría para la Seguridad de la Rama Judicial del Consejo Superior de la Judicatura 7 en virtud a la solicitud de traslado al exterior formulada por la accionante y, en segundo lugar, si es procedente ordenar una protección laboral transitoria.
2.3. De la acción de tutela
La acción de tutela tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y se encuentra reglamentada en el Decreto 2591 de 1991 como un mecanismo preferente y sumario para la protección inmediata de derechos fundamentales, se caracteriza por ser residual y subsidiaria y, procede cuando: a) existe una acción u omisión de la autoridad pública entendida esta en un sentido lato, o por particulares en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, b) se vulnere o amenace derechos fundamentales y c) no existe otro medio de defensa judicial idóneo, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2.3.1. Del derecho fundamental de petición
El derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política corresponde a una garantía fundamental en virtud de la cual toda persona puede presentar solicitudes respetuosas a las autoridades , y también ante
El derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política corresponde a una garantía fundamental en virtud de la cual toda persona puede presentar solicitudes respetuosas a las autoridades , y también ante particulares, por motivos de interés general o particular y obtener de ellas pronta resolución. Se trata de un derecho de aplicación inmediata según e l artículo 85 ibidem, que se encuentra regulado en la Ley 1755 de 2015.
La Corte Constitucional8 en reiteradas oportunidades estableció que el citado derecho comprende los siguientes elementos: «i.) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas (núcleo esencial) 9; ii.) una respuesta que debe ser pronta y oportuna, es decir, otorgada dentro de los
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