TA SAN - Sentencia 680012333000-2025-00192-00 (06-05-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrado Ponente: Iván Fernando Prada Macías

Bucaramanga, seis (6) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado 680012333000-2025-00192-00 Acción Constitucional de Tutela Accionante Ana Lucia Ortega Rodríguez actuando como agente oficioso de la señora Calixta Rodríguez Corcho ananancalix3@gmail.com Accionado Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barrancabermeja adm02bmja@cendoj.ramajudicial.gov.co Vinculados Ecopetrol S.A. notificacionesjudicialesecopetrol@ecopetrol.com.co kevin.santos@ecopetrol.com.co Medicuc IPS Ltda. medicucips@gmail.com directorjuridico@redinsalud.com contactenos.barrancabermeja@medicuc.com Ricardo Roa Barragán en su calidad de representante legal de Ecopetrol S.A. (incidentado) Tema Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales que ponen fin al trámite incidental de desacato.

Procede la Sala a decidir la acción de tutela interpuesta por l a señora Ana Lucia Ortega Rodríguez actuando como agente oficioso de la señora Calixta Rodríguez Corcho.

I. ANTECEDENTES

La acción de tutela1 fue promovida por la señora Ana Lucía Ortega Rodríguez, en calidad de agente oficiosa de la señora Calixta Rodríguez Corcho, en contra el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de

La acción de tutela1 fue promovida por la señora Ana Lucía Ortega Rodríguez, en calidad de agente oficiosa de la señora Calixta Rodríguez Corcho, en contra el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barrancabermeja; por considerar vulnerados los derechos fundamentales de su representada al debido proceso, a la igualdad y al acceso efectivo a la administración de justicia, causa de la providencia de fecha 4 de diciembre de 2024 mediante la cual el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barrancabermeja se abstuvo de sancionar por desacato a Ecopetrol S.A. y, en su lugar, ordenó el archivo del incidente, pese al incumplimiento manifiesto de una orden de tutela proferida en sentencia del 16 de septiembre de 2024, confirmada posteriormente por el Tribunal Administrativo de Santander.

1 Ver documento “2_Expedientedigi_38ac94986fee4e80b6f8_1_20250423124853910”, índice 00003 de SAMAI.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Tutela de Primera Instancia Exp. 680012333000-2025-00192-00

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De esta manera, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

Se indicó, que a través de sentencia de tutela del “16 de septiembre de 2024”, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barrancabermeja, decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Santander a través de sentencia del 17 de octubre de 2024 ; en la cual se ordenó, de forma excepcional, la prestación del servicio de cuidador a favor de la señora Calixta Rodríguez Corcho —persona adulta mayor, en condición de

de Santander a través de sentencia del 17 de octubre de 2024 ; en la cual se ordenó, de forma excepcional, la prestación del servicio de cuidador a favor de la señora Calixta Rodríguez Corcho —persona adulta mayor, en condición de discapacidad y con dependencia total para actividades básicas de la vida diaria—, a cargo de Ecopetrol S.A., bajo los parámetros técnicos establecidos por la junta médica profesional realizada el día “19 de septiembre de 2024” por el “Programa de Atención Domiciliaria” de Medicuc IPS, quien decidió “que el número de horas diarias del servicio de cuidador se realizará durante doce (12) horas al día de lunes a domingo, en horario de 6:00 am a 6.00 pm, documento que es firmado por los asistentes para su validez” . No obstante, s ostuvo la accionante, que a partir del día 1 de noviembre de 2024, Medicuc IPS interrumpió, de manera injustificada, el servicio de “cuidador”.

La accionante adujo, que Ecopetrol S.A., mediante memorial presentado el día 5 de noviembre de 2024, informó al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barrancabermeja “que desde el 31/10/2024 se ejecutaron una serie de sucesos por parte del PAD Medicuc IPS que pretenden “demostrar” las razones por las cuales NO se dio continuidad al servicio d e cuidadora a la paciente Calixta ”, manifestando que se encuentra en “imposibilidad material para realizarlo”. Expresó, que en el informe presentado se adjuntó un a comunicación remitida por la directa del Medicuc IPS al interventor del contrato, en el que se realizaron aseveraciones de presuntas

“imposibilidad material para realizarlo”. Expresó, que en el informe presentado se adjuntó un a comunicación remitida por la directa del Medicuc IPS al interventor del contrato, en el que se realizaron aseveraciones de presuntas agresiones y maltratos en contra de las cuidadoras por parte de la hija de la señora señora Calixta Rodríguez Corcho , así como el hecho que no ha ya procedido a buscar empleo; afirmaciones, frente a las cuales la accionante se opone y reprocha el hecho que no se le hubiera dado la oportunidad de manifestar réplica o ejercer el derecho de contradicción.

Ante el incumplimiento de la orden de tutela, manifestó la accionante, se inició el trámite de desacato procediendo el Juzgado accionado, a través de auto de fecha 12 de noviembre de 2024, a requerir a Ecopetrol S.A. y a Medicuc IPS para que, de manera concreta y precisa, informaran “los trámites que han adelantado para d ar cumplimiento a la orden” de tutela y, que posterior a la notificación de la decisión anterior, se recibió visita médica domiciliaria, restableciéndose el servicio de cuidadora a partir del día 14 de noviembre de 2024, pero sólo “de lunes a sábado de 6:00 am a 12:00 m”, desconociendo sin razón alguna, a voces de la accionante, lo decidido por la junta de profesionales del 19 de septiembre de 2024. No obstante, el Juzgado accionado resolvió abstenerse de imponer sanción a través de auto del 4 de diciembre de 2024.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Tutela de Primera Instancia Exp. 680012333000-2025-00192-00

accionado resolvió abstenerse de imponer sanción a través de auto del 4 de diciembre de 2024.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Tutela de Primera Instancia Exp. 680012333000-2025-00192-00

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Respecto de la procedencia de la acción de tutela, señaló la accionante que se cumplen con los presupuestos generales de la acción de tutela contra providencias judiciales y, frente los requisitos específicos argumentó, que el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barrancabermeja incurrió en un “defecto fáctico” al omitir el análisis probatorio integral, valorar afirmaciones unilaterales como si fueran pruebas legales y desplazar arbitrariamente la carga de la pru eba sobre la incidentante. Alegó, además, que se omitió su derecho a controvertir las razones del prestador del servicio que dio por terminado el contrato, y que las razones invocadas fueron construidas a posteriori y nunca notificadas formalmente a la parte interesada. Reprochó también que el juez, con base en afirmaciones recogidas informalmente en la historia clínica y sin práctica probatoria formal, desestimó pruebas documentales aportadas para demostrar su resocialización y actividad económica, así com o el cumplimiento personal del cuidado a su madre tras el incumplimiento del servicio. Así mismo fundamentó la procedencia de la acción de tutela en el “desconocimiento del precedente constitucional” y por “violación directa de la Constitución”, citando para ello las sentencias T 233 de 2018 , T 161 de 2013 y C 590 de 2005 de la Corte Constitucional.

constitucional” y por “violación directa de la Constitución”, citando para ello las sentencias T 233 de 2018 , T 161 de 2013 y C 590 de 2005 de la Corte Constitucional.

En consecuencia, la señora Ana Lucía Ortega Rodríguez, en calidad de agente oficiosa de la señora Calixta Rodríguez Corcho, solicita, como pretensión constitucional, la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso efectivo a la administración de justicia de su representada, por considerar que tales garantías resultaron vulneradas por la providencia de fecha 4 de diciembre de 2024 , mediante la cual el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barrancabermeja se abstuvo de sancionar por desacato a Ecopetrol S.A. y, en su lugar, ordenó el archivo del incidente, pese al incumplimiento manifiesto de una orden de tutela proferida en sentencia del 16 de septiembre de 2024, confirmada posteriormente por el Tribunal Administrativo de Santander. De esta manera, pretende, como medidas de protección efectiva de los derechos fundamentales, “DEJAR SIN EFECT OS la Sentencia [sic] de fecha 04 de diciembre de 2024, proferida por el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BARRANCABERMEJA, lo que implica que en consecuencia quede incólume la sentencia de tutela dictada en primera

instancia por el JUZGADO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

JUDICIAL DE BARRANCABERMEJA”.

II. TRAMITE PROCESAL

La acción de tutela fue presentada el 23 de abril de 2025 ante el Tribunal

instancia por el JUZGADO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

JUDICIAL DE BARRANCABERMEJA”.

II. TRAMITE PROCESAL

La acción de tutela fue presentada el 23 de abril de 2025 ante el Tribunal Administrativo de Santander 2, a través de providencia de dicha fecha se admitió y se ordenó la notificación al Juzgado Segundo Administrativo Oral del

2 Ver índice 00002 de SAMAI.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Tutela de Primera Instancia Exp. 680012333000-2025-00192-00

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Circuito de Barrancabermeja , así como la vinculación y notificación personal de Ecopetrol S.A., Medicuc IPS Ltda. y del señor Ricardo Roa Barragán.3

Notificado el auto admisorio de la acción de tutela4, se presentaron las siguientes intervenciones, dejándose constancia, que Medicuc IPS Ltda. no presentó informe sobre los hechos expuestos en la acción de tutela.

1. Informe presentado por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del

Circuito de Barrancabermeja.5

El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Barrancabermeja, tan sólo se limita a remitir el enlace “para acceder al expediente digital de la acción de Tutela adelantada en este despacho bajo el radicado 680813333002-202400110-00”.

2. Informe presentado por Ecopetrol S.A.6

En respuesta a la acción de tutela promovida por la señora Ana Lucía Ortega Rodríguez, en calidad de agente oficiosa de la señora Calixta Rodríguez

00110-00”.

2. Informe presentado por Ecopetrol S.A.6

En respuesta a la acción de tutela promovida por la señora Ana Lucía Ortega Rodríguez, en calidad de agente oficiosa de la señora Calixta Rodríguez Corcho, Ecopetrol S.A. manifestó “total oposición” al advertir que se presenta un “abuso del derecho (…) por los constantes memoriales ” que han sido presentados en el trámite del incidente de desacato radicado No. 68081333300220240011000 del Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Barrancabermeja.

Frente al trámite del incidente desacato, señaló, que el 1 de noviembre de 2024 se radicó, ante el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Barrancabermeja, memorial “con el fin de prevenir un requerimiento previo a incidente de desacato, donde se informa y avisa al juez de conocimiento sobre la imposibilidad material de cumplimiento de la orden judicial (…), debido a comportamientos por vía de hecho realizados por la hoy accionante contra el personal designado para prestar el servicio de cuidador”. Explicó, que el 12 de noviembre de 2024 se notificó “auto de requerimiento previo a incidente de desacato”, empero, a través de providencia de fecha 19 de noviembre de 2024 se resolvió “abstenerse de dar apertura formal” y, se exhortó “a la señora ANA LUCÍA ORTEGA RODRÍGUEZ para que, en lo sucesivo y, mientras persista el servicio de cuidador, garantice un trato digno y adecuado a las profesionales designadas por la entidad para prestar el servicio de cuidador a la señora

LUCÍA ORTEGA RODRÍGUEZ para que, en lo sucesivo y, mientras persista el servicio de cuidador, garantice un trato digno y adecuado a las profesionales designadas por la entidad para prestar el servicio de cuidador a la señora Calixta Rodríg uez Corcho y, se abstenga de imponer barreras para la ejecución y cumplimiento de la medida constitucional otorgada dentro del presente trámite, conforme el análisis y las precisiones desarrolladas en la parte motiva”.

3 Ver índice 00004 de SAMAI. 4 Ver índice 00007 de SAMAI. 5 Ver documento “ 6_680012333000202500192002MemorialWeb2025424154651”, índice 000 10 de SAMAI. 6 Ver documento “9_680012333000202500192002MemorialWeb2025425213018”, índice 000 12 de SAMAI.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Tutela de Primera Instancia Exp. 680012333000-2025-00192-00

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Informó, que nuevamente el día 25 de noviembre de 2024, se notifica “auto de requerimiento previo a incidente de desacato” , indicando el Segundo Administrativo Oral del Circuito de Barrancabermeja la insistencia de la accionante respecto del “incumplimiento parcial” de la sentencia de tutela de fecha 16 de septiembre de 2024 ; frente a lo cual, Ecopetrol manifestó, en respuesta, que en cumplimiento de la orden de tutela se realizó una “socialización de deberes y derechos con la usuaria” , adquiriéndose “compromisos de buen trato e información sobre los canales establecidos para

respuesta, que en cumplimiento de la orden de tutela se realizó una “socialización de deberes y derechos con la usuaria” , adquiriéndose “compromisos de buen trato e información sobre los canales establecidos para quejas o reclamos y no tomar vías de hecho para superar sus descontentos” ; así mismo, que en “valoración realizada por el equipo interdisciplinario del PAD (múltiples disciplinas, se determinó que la paciente Calixta tendría derecho al servicio de cuidador por 6 horas de lunes a sábado y que esto se consideraba prudente, tiempo suficiente para gar antizar una resocialización de la señora Ana Lucia Ortega Rodríguez para su activación laboral que le pueda permitir ingresos económicos para su subsistencia”.

De esta manera, el Juzgado accionado a través de auto de fecha 4 de diciembre de 2024, se abstuvo de sancionar por desacato, siendo la producto del análisis jurídico y motivación, en la que precisó, que “no se evidencia un incumplimiento a la orden judicial”, por cuanto “la entidad es la facultada para determinar el tiempo para la prestación del servicio de cuidador, conforme valoración médica y atendiendo los criterios de necesidad del núcleo familiar, por lo que por concepto de profesional pertinente, se consideró la necesidad del servicio de 6 horas diarias de lunes a sábado y, este Despacho no cuenta con un criterio profesional y médico para determinar su pertinencia o no, así como tampoco fue demostrado que las consideraciones realizadas por los médicos tratantes no son las adecuadas”.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

El artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 “Por medio del cual se expide

médicos tratantes no son las adecuadas”.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

El artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 de 2021 7, dispone en el numeral 5, como regla de reparto contra acciones de tutela dirigidas contra los Jueces y Tribunales, que conocer án de la respectiva acción el superior funcional; veamos:

"…ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas:

7 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela"Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Tutela de Primera Instancia Exp. 680012333000-2025-00192-00

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(…)

5. Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior

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(…)

5. Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada…”

Así las cosas, en aplicación del factor funcional de competencia y según lo previsto en el citado numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 de 2021 , esta Corporación es competente para conocer la acción de tutela de la referencia, dado que se trata del superior jerárquico funcional del Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Barrancabermeja.

2. Delimitación del problema jurídico y metodología de la decisión.

Como se expuso en la sección de los antecedentes de esta providencia, mediante el ejercicio de la presente acción la señora Ana Lucía Ortega Rodríguez, invocó la protección de los derechos fundamentales, en particular, el derecho al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, de la señora Calixta Rodríguez Corcho, quien, según se señaló, es una mujer adulta mayor, en situación de discapacidad y con dependencia total para la realización de actividades básicas de la vida diaria. Se aleg ó, que dichos derechos fundamentales han sido presuntamente vulnerados por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Barrancabermeja a través de la providencia de fecha 4 de diciembre de 2024, mediante la cual se abstuvo de imponer sanción por desacato contra Ecopetrol S.A. y, en su lugar, orden ó el archivo del incidente de desacato, a pesar de que se presenta un

providencia de fecha 4 de diciembre de 2024, mediante la cual se abstuvo de imponer sanción por desacato contra Ecopetrol S.A. y, en su lugar, orden ó el archivo del incidente de desacato, a pesar de que se presenta un incumplimiento manifiesto de la orden de tutela dispuesta en el proceso 680813333002-2024-00110-00, por haber disminuido en intensidad horaria y días la prestación del servicio de cuidador . En estricto sentido, la accionante sostuvo que tal decisión constituyó un error judicial, al incurrir en un defecto fáctico por omitir el análisis integral de las pruebas, valorar de manera unilateral las afirmaciones realizadas por Medicuc IPS y desplazar la carga de la prueba hacia la parte actora; adicionalmente, se argumentó que el Juzgado desconoció el precedente constitucional y trasgredió de manera directa la Constitución.

Por su parte, Ecopetrol S.A., al oponerse a las pretensiones de la acción de tutela sostuvo, grosso modo, que existió imposibilidad material para cumplir con la orden judicial, debido a las conductas obstructivas de la agente oficiosa de la accionante contra el personal encargado de prestar el servicio de cuidador. Así mismo indicó que, tras una valoración interdisciplinaria, se determinó la prestación del ser vicio por 6 horas diarias, de lunes a sábado, como medida proporcional a las necesidades del núcleo familiar y con miras a la resocialización de la agente oficiosa. En consecuencia, argumentó, que el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Barr ancabermeja se abstuvo de imponer sanción por desacato, al considerar que no se configurabaTribunal Administrativo de Santander

Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Barr ancabermeja se abstuvo de imponer sanción por desacato, al considerar que no se configurabaTribunal Administrativo de Santander Sentencia de Tutela de Primera Instancia Exp. 680012333000-2025-00192-00

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incumplimiento de la orden judicial, debido a la suficiencia de las justificaciones presentadas y la ausencia de elementos técnicos que permitieran controvertir la decisión médica tomada por el prestador del servicio.

De esta manera , la Sala se enfrenta a dos problemas jurídicos, a saber: un problema jurídico de procedibilidad, en el cual tendrá que verificarse si la acción de tutela satisface los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra de providencias judiciales dictadas en el trámite incidental de desacato por incumplimiento a orden de tutela . De concluirse que dichos presupuestos se encuentran acreditados, la Sala estudiará el fondo del asunto, es decir, procederá a determinar si el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Barrancabermeja incurrió en el defecto sustancial invocado por la accionante; de ahí que, el problema jurídico sustancial se circunscribe a establecer sí ¿Se vulneran los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia en el incidente de desacato seguido por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Barrancabermeja, al declarar cumplida la orden de amparo constitucional con fundamento en la respuesta emitida por Ecopetrol S.A.?

3. De la procedencia excepcional de l a acción de tutela contra providencias judiciales: reiteración de jurisprudencia.

cumplida la orden de amparo constitucional con fundamento en la respuesta emitida por Ecopetrol S.A.?

3. De la procedencia excepcional de l a acción de tutela contra providencias judiciales: reiteración de jurisprudencia.

La posibilidad estrictamente excepcional de activar el derecho de acceso a la administración de justicia haciendo uso del recurso constitucional de la acción de tutela contra providencias judiciales8, es un tema que ha sido desarrollado por la Corte Constitucional, en donde en el inicio de sus decisiones, se acudía, para fundamentar la excepcionalidad de la tutela, a la doctrina de las vías de hecho, consistente en la grave y palmaria transgresión del ordenamiento jurídico, que conllevaba a la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales9. Posteriormente, la doctrina jurisprudencial de la Corte Constitucional adoptó que el análisis sobre la procedencia de la tutela contra providencias judiciales debía hacerse a la luz de lo que denominó requisitos generales de procedencia (de naturaleza procesal o adjetiva ) y requisitos específicos de procedencia (de naturaleza sustantiva o material )10. Entendiendo por lo s primeros , aquellos “presupuestos cuyo completo cumplimiento es una condición indispensable para que el juez de tutela pueda entrar a valorar de fondo el asunto puesto en su conocimiento” 11 y, por los segundos, los “los vicios o defectos presentes en la decisión judicial y que constituyen la causa de la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales”12.

Así las cosas, la profusa jurisprudencia de la Corte Constitucional – al respecto ver la sentencia SU 215 de 2022, ha indicado que, en el análisis de las

fundamentales”12.

Así las cosas, la profusa jurisprudencia de la Corte Constitucional – al respecto ver la sentencia SU 215 de 2022, ha indicado que, en el análisis de las

8 Ver, entre otras, Sentencias C-590 de 2005 y SU-157 de 2022. 9 Ver, por ejemplo, sentencias SU-477 de 1997, SU-429 de 1998 y T-774 de 2004. 10 Sentencia C-590 de 2005. 11 Sentencia SU-026 de 2021. 12 Sentencia SU-026 de 2021.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Tutela de Primera Instancia Exp. 680012333000-2025-00192-00

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causales generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el Juez Constitucional de tutela debe verificar lo s siguientes presupuestos procesales:

• Que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13, Decreto-Ley 2591 de 1991). - Que la providencia cuestionada no sea una sentencia de tutela13, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, como tampoco la que resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad por parte del Consejo de Estado14. - Que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un plazo razonable15. - Que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal16.

• Que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal16. - Que se cumpla con el requisito de subsidiariedad , esto es que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable17 o los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo18. - Que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico19. - Que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto20.

Por su parte, en tratándose de las causales específicas de procedencia, la Corte Constitucional ha indicado que “se trata de defectos graves que hacen que la decisión sea incompatible con la Constitución y genere una transgresión de los derechos fundamentales. Sobre el particular, a partir de la Sentencia C-590 de 2015, la Corte precisó que la tutela se concederá si se presenta al menos uno de los (…) defectos”21, a saber:

13 La única excepción a esta reg la tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T -218 de 2012 y T373 de 2014.

13 La única excepción a esta reg la tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T -218 de 2012 y T373 de 2014. 14 Ver: Sentencia SU-074 de 2022. 15 Ver, por ejemplo, la Sentencia T-322 de 2008. 16 Ver, por ejemplo, Sentencias: C-590 de 2005 y T-926 de 2014. 17 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015. 18 Sentencia SU-388 de 2021. 19 Ver, entre otras, la Sentencias: SU-128 de 2021. 20 Ver, por ejemplo, las Sentencia: SU-573 de 2017 y SU-061 de 2018. 21 Sentencia SU 215 de 2022.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Tutela de Primera Instancia Exp. 680012333000-2025-00192-00

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• Defecto orgánico, que se genera cuando la sentencia acusada es expedida por un funcionario judicial que carecía de competencia22; - Defecto procedimental absoluto, que se produce cuando la autoridad judicial actuó por fuera del procedimiento establecido para determinado asunto.23; - Defecto fáctico, que se presenta cuando la providencia acusada tiene problemas de índole probatorio, como la omisión del decreto o práctica de pruebas, la valoración de pruebas nulas de pleno derecho o la realización indebida y contraevidente de pruebas existentes en el proceso24; - Defecto material o sustantivo, que ocurre cuando la decisión judicial se toma con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o

realización indebida y contraevidente de pruebas existentes en el proceso24; - Defecto material o sustantivo, que ocurre cuando la decisión judicial se toma con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o cuando existe una clara contradicción entre los fundamentos de la decisión25; - Error inducido, que se genera cuando la autoridad judicial vulnera los derechos fundamentales del afectado producto de un error al que ha sido inducido por factores externos al proceso, y que tienen la capacidad de influir en la toma de una decisión contraria a derecho o a la realidad fáctica probada en el caso26; - Decisión sin motivación, que supone que el juez no cumplió con su deber de expresar los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión27; - Desconocimiento del precedente, que se genera cuando frente a un caso con los mismos hechos una autoridad se aparta de los procedimientos establecidos por los tribunales de cierre (precedente vertical) o por los dictados por ellos mismos (precedente horizontal), sin cumplir con la carga de justificar de forma suficiente y razonada por qué se cambia de precedente28; y - Violación directa de la Constitución, que se genera cuando una providencia judicial desconoce por completo un postulado de la Constitución, le atribuye un alcance insuficiente o lo contradice29.

Ahora bien, debe recordar la Sala que, en garantía y respeto de los principios de autonomía e independencia judicial, de la cosa juzgada y de la seguridad jurídica, el carácter excepcional de la tutela contra providencias judiciales hace que la acción de t utela tenga por finalidad ejercer un juicio de validez y no así un juicio de corrección de la providencia judicial; a partir de este

jurídica, el carácter excepcional de la tutela contra providencias judiciales hace que la acción de t utela tenga por finalidad ejercer un juicio de validez y no así un juicio de corrección de la providencia judicial; a partir de este enfoque, la Corte Constitucional precisó en la sentencia SU 128 de 2021, que “el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de

22 Ver, por ejemplo, las Sentencias SU-041 de 2018, SU-373 de 2019 y SU-388 de 2021. 23 Esto es, cuando el juez desconoce las formas propias del proceso cuyo desco nocimiento implica la amenaza o violación de los derechos fundamentales. Para que este defecto se configure se exige que este no sea atribuible al afectado, que sea manifiesto y capaz de influir en la decisión final. Ver, po