TA SAN - Sentencia 680012333000-2025-00227-00 (10-06-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, diez (10) de junio de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN: Acción de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos RADICADO: 680012333000-2025-00227-00

ACCIONANTE:

Fundación Hogar Geriátrico Luz de Esperanza,

FUNDELUZ

fundeluz@hotmail.com

ACCIONADO:

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, DAPS notificaciones.Juridica@ProsperidadSocial.gov.co

MINISTERIO

PÚBLICO:

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO: Sentencia de segunda instancia TEMA: El deber que se depreca acatar no se encuentra en las normas mencionadas en la demanda como incumplidas y frente a las cuales se agotó el requisito de renuencia. La acción de cumplimiento no sustituye los recursos ordinarios y se torna improcedente cuando las pretensiones requieren una interpretación normativa que desborda la competencia del juez de cumplimiento.

Decide la Sala la acción de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos interpuesta por la Fundación Hogar Geriátrico Luz de

pretensiones requieren una interpretación normativa que desborda la competencia del juez de cumplimiento.

Decide la Sala la acción de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos interpuesta por la Fundación Hogar Geriátrico Luz de Esperanza, en adelante FUNDELUZ, en contra del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, DAPS.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos, prevista en el artículo 8 7 de la Constitución Política, reglamentada por la Ley 393 de 1997 , la Fundación Hogar Geriátrico Luz de Esperanza, solicitó el cumplimiento de lo previsto en los artículos 13, 46, 58, 209 de

1 Expediente digital, actuación 4 Índice SAMAI, carpeta ZIP archivo 01, folios 1 a 4.Acción de cumplimiento Sentencia de primera instancia

Accionante: FUNDELUZ

Accionado: DAPS Radicado. 680012333000-2025-00227-00

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la Constitución Política, artículos 2.2.14.1.1; 2.2.14.1.28; 2.2.14.1.32; 2.2.14.1.37. 2.2.14.1.38 del Decreto 1833 de 2016; la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 y, en consecuencia, se ordene lo siguiente:

2.2.14.1.38 del Decreto 1833 de 2016; la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 y, en consecuencia, se ordene lo siguiente:

«PRIMERO: Ordenar al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL (DAPS) que, en un término perentorio y de forma inmediata, dé cumplimiento a los artículos 13, 46, 58 y 209 de la Constitución Política, al Decreto 1833 de 2016 y a los principios de la contratación estatal, y en consecuencia, culmine sin más dilaciones todos los trámites administrativos precontractuales y contractua les necesarios para la suscripción, legalización y ejecución del convenio con la FUNDACIÓN HOGAR GERIÁTRICO LUZ DE ESPERANZA “FUNDELUZ” (nit 804.016.32 6,2) para el Programa Colombia Mayor (modalidad indirecta) vigencia 2025, asegurando la continuidad efectiva desde el 1 de enero de 2025.

SEGUNDO: Ordenar al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

(DAPS) que, reconozca la fuerza vinculante de la tradición contractual y la confianza legítima, así como la intangibilidad de los derechos adquiridos por los adultos mayores beneficiarios activos vinculados a la FUNDACIÓN HOGAR GERIÁTRICO LUZ DE ESPERANZA “FUNDELUZ” nit 804.016.326,2 y proceda a la suscripción del convenio 2025 sin someter a estos beneficiarios específicos ni a la institución, respecto de los cupos ya activos y asignados a la institución por tradición contractual, al proceso de convocatoria general anunciado.

2025 sin someter a estos beneficiarios específicos ni a la institución, respecto de los cupos ya activos y asignados a la institución por tradición contractual, al proceso de convocatoria general anunciado.

TERCERO: Declarar que la omisión del DAPS en garantizar la continuidad contractual desde el inicio de la vigencia 2025 y la imposición del requisito de participar en una convocatoria general a beneficiarios activos y centros con tradición contractual, constituyen un incumplimiento de sus deberes l egales y una vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad (trato diferencia l positivo), a la protección especial del adulto mayor, a los derechos adquiridos (Arts. 13, 46, 58 CP) y al principio de confianza legítima. Así mismo, declarar la total incapacidad de las causales de exclusión del art. 2.2.14.1.28 del Decreto 1833/2016 para justificar la discontinuidad derivada de esta situación administrativa.

CUARTO: Ordenar al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

(DAPS) que, una vez suscrito el convenio, reconozca y gire con carácter retroactivo los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2025 desde el 1 de enero hasta la fecha, que equivalen a la suma de VEINTE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DE PESOS M/CTE ($20 .320.000), cubriendo los meses transcurridos sin convenio por la demora administrativa imputable al DAPS.

QUINTO: Ordenar al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

(DAPS) dar celeridad en el recibido de reportes de novedades de adultos mayores para completar el cupo puesto que nuestra institución alberga a 140 adultos mayores

QUINTO: Ordenar al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

(DAPS) dar celeridad en el recibido de reportes de novedades de adultos mayores para completar el cupo puesto que nuestra institución alberga a 140 adultos mayores internos, y de estos solo (62) son beneficiarios del programa, pero al no recibir el reporte de los nuevos que reemplazan los fallecidos, nuestra institución cuenta con 13 cupos libres para remplazar y cumplir con el cupo asignado.

SEXTO: Se revise el no giro de los recursos en los convenios de vigencias 2023 y 2024, puesto que para la vigencia 2023, se dejaron de cancelar 4 meses por parte del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL (DAPS) y para el año 2024 se dejaron de cancelar 8 meses por parte del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL (DAPS), llevando a las instituciones a una inestabilidad financiera y desmejorando las condiciones de vida de esta población adulta mayor en estado de vulnerabilidad por el no giro de los recursos del programa.». (sic en todo el texto).

1.1.2. Fundamentos fácticos

Se exponen como hechos relevantes de la acción, los siguientes:Acción de cumplimiento Sentencia de primera instancia

Accionante: FUNDELUZ

Accionado: DAPS Radicado. 680012333000-2025-00227-00

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1. La Fundación Hogar Geriátrico Luz de Esperanza ha sostenido una relación contractual continuidad con el DAPS por más de diez vigencias fiscales para la

Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

1. La Fundación Hogar Geriátrico Luz de Esperanza ha sostenido una relación contractual continuidad con el DAPS por más de diez vigencias fiscales para la ejecución del programa Colombia Mayor en la modalidad indirecta con 62 cupos asignados a los adultos mayores, lo cual generó una expectativa legítima y razonable de continuidad del servicio y del convenio tanto para la institución como para sus beneficiarios.

1. En vigencias anteriores se presentaron demoras injustificadas por parte del DAPS en la gestión contractual que evidencia una falta de diligencia en la gestión de estos convenios que resultan esenciales para la población de adultos mayores más vulnerables.

1. El 27 de diciembre de 2024 se presentó ante el DAPS solicitud para iniciar los trámites para el convenio de la vigencia 2025 y asegurar la continuidad del pago desde enero , la cual fue negada por la entidad el 26 de febrero de 2025 con el argumento de que, a esa fecha, no se había publicado la convocatoria general.

1. El DAPS en el proceso de formalización de los convenios necesarios para la ejecución del programa Colombia Mayor, incumplió con la diligencia, celeridad y previsión que exigen el artículo 209 de la Constitución Política y la Ley 80 de 1993.

La exigencia de un trámite administrativo como condición para la continuidad de la atención a beneficiarios activos vulnera los principios de la contratación pública, la confianza legítima, los derechos adquiridos, el fuero constitucional especial y el trato diferencial positiv o, lo cual genera un riesgo inminente sobre la prestación del

atención a beneficiarios activos vulnera los principios de la contratación pública, la confianza legítima, los derechos adquiridos, el fuero constitucional especial y el trato diferencial positiv o, lo cual genera un riesgo inminente sobre la prestación del servicio y pone en peligro el sustento de 6 2 adultos mayores en condición de extrema vulnerabilidad vinculados a la fundación.

1. El Decreto 1833, en su artículo 2.2.14.1.28, establece de manera taxativa las causales que pueden originar la pérdida del subsidio, las cuales se relacionan exclusivamente con la situación individual del adulto mayor, tales como, el fallecimiento, la superación de las condiciones de vulnerabilidad y el fraude, entre otras. En consecuencia, el argumento basado en la obligación de adelantar una convocatoria general no es una causal válida para excluir o suspender el beneficio.

1.2 Trámite procesal

La acción fue radicada el 8 de mayo de 2025 , ante el Juzgado 32 Administrativo Sección Tercera Oral de Bogot á, Despacho que, tras verificar las reglas de competencia resolvió mediante auto del 12 de mayo de 2025, remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Santander, en consideración a lo dispuesto en los artículos 152, 155 y 156 del CPACA. En consecuencia, el proceso fue radicado en esta Corporación el 13 de marzo de 2025 y en la misma fecha fue admitido.

1.3 Intervenciones

1.3.1. Departamento Administrativo para la Prosperidad Social2

La entidad accionada allegó memorial de contestación en el que se opuso a las pretensiones de la acción, bajo los siguientes fundamentos:

1.3 Intervenciones

1.3.1. Departamento Administrativo para la Prosperidad Social2

La entidad accionada allegó memorial de contestación en el que se opuso a las pretensiones de la acción, bajo los siguientes fundamentos:

2 Expediente digital, gestión en otras corporaciones actuaciones 7 y 8 Índice SAMAI.Acción de cumplimiento Sentencia de primera instancia

Accionante: FUNDELUZ

Accionado: DAPS Radicado. 680012333000-2025-00227-00

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1. En el presente asunto se reclama el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 13, 46, 58, 87, 209 de la Constitución Política, artículos 2.2.14.1.1., 2.2.14.1.32, 2.2.14.1.37, 2.2.14.1.38 y 2.2.14.1.28, Ley 393 de 1993 ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007 ; sin embargo, ninguna de estas disposiciones contiene mandatos imperativos, inmediatos y precisos con relación a la obligación de suscribir un contrato en determinado término.

1. La acción de cumplimiento para su procedencia exige que el mandato reclamado esté consignado en normas con fuerza de ley o en actos administrativos de manera imperativa, inobjetable y exigible, razón por la cua l la falta de suscripción de un contrato en términos determinados no constituye incumplimiento material de la ley.

En el ámbito contractual, la celebración de contratos requiere estudios

imperativa, inobjetable y exigible, razón por la cua l la falta de suscripción de un contrato en términos determinados no constituye incumplimiento material de la ley. En el ámbito contractual, la celebración de contratos requiere estudios administrativos, técnicos y financieros previos, y su ausencia vulnera ría principios constitucionales.

1. La acción de cumplimiento tiene como finalidad garantizar la ejecución de deberes legales y la eficacia material de las normas y actos administrativos por parte de autoridades y particulares que ejercen funciones públicas y, por ende, no es un mecanismo para exigir la suscripción de contratos en ninguna modalidad.

1. En el marco de la acción de cumplimiento, el juez no puede determinar cómo efectuar un gasto previsto que debe estar incorporado en la ley de presupuesto o que la partida que en ésta se contempla se ejecute, y por consiguiente toda acción contraria, quebrantaría el sistema presupuestal diseñado por el constituyente y el orden de competencias y procedimientos que lo sustentan.

1. El carácter residual o subsidiario de la acción de cumplimiento implica que su procedencia se circunscribe en los eventos que no existen otros medios judiciales para garantizar el acatamiento de una norma o acto administrativo.

1.3.2. Concepto del Ministerio Público

No allegó concepto.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Por la naturaleza del asunto y la calidad de las partes involucradas, esta Sala es competente para conocer en primera instancia el caso, conforme a lo dispuesto en los artículos 3º de la Ley 393 de 1997 y 152 del CPACA, en virtud de los cuales, la

Por la naturaleza del asunto y la calidad de las partes involucradas, esta Sala es competente para conocer en primera instancia el caso, conforme a lo dispuesto en los artículos 3º de la Ley 393 de 1997 y 152 del CPACA, en virtud de los cuales, la competencia territorial corresponde a la autoridad judicial del domicilio del demandante.

2.2. De la acción de cumplimiento

De conformidad con el artículo 87 de la Carta Política de 1991, la acción de cumplimiento constituye un importante mecanismo constitucional de protección y aplicación de los derechos; se caracteriza por permitir que judicialmente se exija aAcción de cumplimiento Sentencia de primera instancia

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las autoridades públicas, la realización o el cumplimiento de un deber omitido que se encuentra claramente previsto en una norma legal o un acto administrativo.

Por lo tanto, su objetivo está íntimamente ligado a la noción de Estado Social de Derecho, y en virtud de tal concepto, los derechos consagrados en la normatividad jurídica dejan de ser simples postulados de contenido teórico y formal, para convertirse en una realidad tangible de verdadero disfrute para sus titulares.

La acción de cumplimiento fue reglamentada por la Ley 393 de 1997, de la que se puede inferir los requisitos mínimos exigidos para que esta prospere, a saber:

1. El deber jurídico que se pretende hacer cumplir se encuentre consignado en

La acción de cumplimiento fue reglamentada por la Ley 393 de 1997, de la que se puede inferir los requisitos mínimos exigidos para que esta prospere, a saber:

1. El deber jurídico que se pretende hacer cumplir se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos (artículo 1).

1. El mandato sea imperativo, inobjetable y que esté radicado en cabeza de autoridad pública o de un particular en ejercicio de funciones públicas, frente a las cuales se reclama su cumplimiento (artículos 5 y 6).

1. Que se pruebe la renuencia al cumplimiento del deber, ocurrida ya sea por acción u omisión del exigido a cumplir o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente incumplimiento (artículo 8).

1. No procederá la acción cuando exista otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico, salvo el caso que de no proceder se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejercite la acción (artículo 9).

De los requisitos antes señalados, puede concluirse que la acción de cumplimiento debe estar revestida de un carácter subsidiario respecto de los restantes mecanismos de defensa judicial, de tal manera que para su procedencia ha de observarse por el juzgador que no existan otros medios de defensa que resulten más eficaces que el instrumento promovido. Lo anterior, se traduce en un requisito sine qua non para que sea viable su estudio de fondo, ya que de lo contrario se deberá declarar su improcedencia.

2.3. Prueba de la renuencia

El párrafo segundo del artículo 8° de la Ley 393 de 1997, estableció como requisito

deberá declarar su improcedencia.

2.3. Prueba de la renuencia

El párrafo segundo del artículo 8° de la Ley 393 de 1997, estableció como requisito de procedibilidad de la acción de cumplimiento, que con la demanda la parte accionante aporte una prueba de haber requerido a la entidad demandada de manera directa y con anterioridad al ejercicio de la acción, el cumplimiento del deber legal o administrativo que ha sido presuntamente desatendido por aquélla y, que la entidad requerida se haya ratificado en el incumplimiento.

Para que la prueba aportada como renuencia del demandado sea aceptada, el Consejo de Estado 3 ha fijado algunos presupuestos que deben observarse entre ese escrito y la demanda: que «a) coincidan en el escrito de renuencia y en la demanda, las normas o actos administrativos calificados como incumplidos ; b) sea idéntico el contenido de lo pretendido ante la administración, a lo planteado ante la

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, consejera ponente: María Nohemí Hernández Pinzón , sentencia del 6 de mayo de 2004 , radicado 63001-23-31-0002004-0073-01.Acción de cumplimiento Sentencia de primera instancia

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Accionado: DAPS Radicado. 680012333000-2025-00227-00

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jurisdicción en ejercicio de la acción de cumplimiento ; c) quien suscribe la petición de renuencia sea el actor del proceso ; d) la entidad a la cual va dirigida la petición

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jurisdicción en ejercicio de la acción de cumplimiento ; c) quien suscribe la petición de renuencia sea el actor del proceso ; d) la entidad a la cual va dirigida la petición previa sea la misma que se demanda en la acción de cumplimiento 4 y; e ) la autoridad a quien va dirigido el escrito se haya ratificado en el incumplimiento del deber legal o administrativo reclamado, o haya guardado silencio frente a la solicitud».

Sobre la prueba de la renuencia también ha manifestado esa Corporación ,5 lo siguiente:

«La jurisprudencia de esta Corporación ha sido reiterativa en precisar que la renuencia consiste en “la rebeldía al cumplimiento de su deber” 6 por parte de las autoridades y que no basta el ejercicio del derecho de petición en forma genérica para que pueda hablarse de renuencia, pues para ello es necesario reclamar específicamente un mandato con fuerza material de ley o acto administrativo y que la autoridad concernida se ratifique en el incumplimiento o no conteste la petición en el término de diez (10) días . Es claro, sin embargo, que el referido requisito de procedibilidad de la acción de cumplimiento presupone el ejercicio del derecho de petición previsto en el artículo 23 de la Constitución Política, en virtud del cual las personas pueden presentar solici tudes respetuosas a las autoridades. Pero la petición para constituir en renuencia es una especie del género que implica el señalamiento de la norma o acto administrativo presuntamente incumplidos, la determinación del alcance del respectivo mandato y los actos o hechos que configuran el incumplim iento o que son indicativos del inminente incumplimiento ». (Negrilla fuera del texto original).

incumplidos, la determinación del alcance del respectivo mandato y los actos o hechos que configuran el incumplim iento o que son indicativos del inminente incumplimiento ». (Negrilla fuera del texto original).

Además, el artículo 146 del CPACA, establece que «[…] toda persona podrá acudir ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, previa constitución de renuencia, para hacer efectivo el cumplimiento de cualesquiera normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos».

En el sub-lite la Sala observa que, la parte actora aportó constancia del escrito de renuencia de fecha 2 de enero de 2025, dirigido al buzón electrónico del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, petición en la cual solicitó lo siguiente: 7

«PRIMERA.- Se le dé debido trámite y cumplimiento desde enero de 2005, a lo ordenado en el articulado del decreto 1833 de 2016, en lo que respecta a la subcuenta de Colombia Mayor, adelantando los trámites y procesos administrativos precontractuales y contractuales establecidos en la ley 80 de 1993 Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, ejerciendo el debido proceso de suscripción oportuna de convenio en la modalidad indirecta con LA FUNDACIÓN HOGAR GERIÁTRICO LUZ DE ESPERANZA DE BUCARAMANGA, Santander, con el fin de no pasar ni un solo mes de la vigencia fiscal 2025 sin convenio, ejecutando, debidamente los recursos destinados para este gin y cumpliendo con el objetico social para la cual fue creada de esta subcuenta mediante el decreto 1833 de 2016.

SEGUNDA.- En atención a la documentación e información suministrada por parte de

recursos destinados para este gin y cumpliendo con el objetico social para la cual fue creada de esta subcuenta mediante el decreto 1833 de 2016.

SEGUNDA.- En atención a la documentación e información suministrada por parte de LA FUNDACIÓN HOGAR GERIÁTRICO LUZ DE ESPERANZA DE BUCARAMANGA, Santander, vía mail el MES DE NOVIEMBRE de 2024, correspondiente a la solicitud realizada por el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL con el fin de iniciar

4 Sobre el particular, véase, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 16 de abril de 2004, radicado 1669 - 2004. 5 Consejo de Estado, Sección Quinta, consejero ponente: Reinaldo Chavarro Buriticá, sentencia del 21 de noviembre de 2002. Radicación número: 25000-23-25-000-2002-2256-01 (ACU-1614) 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 8 de abril de 1999 dictada en el expediente N°ACU-657. 7 Expediente digital, actuación 4 Índice SAMAI, carpeta ZIP archivo 01, folios 5 a 12.Acción de cumplimiento Sentencia de primera instancia

Accionante: FUNDELUZ

Accionado: DAPS Radicado. 680012333000-2025-00227-00

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procesos contractuales de la prórroga del convenio actual hasta el 31 de diciembre

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procesos contractuales de la prórroga del convenio actual hasta el 31 de diciembre de 2025, y en consideración a la posterior negativa unilateral por parte del DAPS al desarrollo de esta prórroga, respetuosamente solicito que dicha documentación e información allegada sea considerada como parte integral del inicio precontractual y contractual del convenio para la vigencia 2025, con el fin de que se realicen oportunamente dichos trámites y se surtan los actos administrativos que tengan lugar en un término mínimo de modo que se garantice cobertura contractual para todo el 2025, y el giro oportuno de los recursos de la modalidad indirecta para brindar con integralidad los servicios sociales de los _adultos mayores beneficiarios activos de esta subcuenta vinculados a esta institución, sin que incurran nuevamente en la vulneración de derechos fundamentales y en dilaciones injustificadas como las ya acontecidas en las vigencias 2023 y 2024 y cumpliendo con el objetico social para la cual fue creada de esta subcuenta mediante el decreto 1833 de 2016.

TERCERA.- Se reconozca el carácter de retroactividad a los recursos de cada vigencia fiscal que no se ejecuten en los meses de 2023, los meses de 2024, y mientras inicia el convenio en los meses 2025 no se cuente con suscripción del convenio entre el DAPS y el CPSAM, a los cuales tienen derecho de ley los adultos mayores beneficiarios activos de la modalidad indirecta de Colombia Mayor salvaguardando derechos fundamentales y cumpliendo el objetivo social para el cual fue creado este programa mediante el decreto 1833 de 2016.

mayores beneficiarios activos de la modalidad indirecta de Colombia Mayor salvaguardando derechos fundamentales y cumpliendo el objetivo social para el cual fue creado este programa mediante el decreto 1833 de 2016.

CUARTA.- Informar la base legal y normativa vigente (leyes, decretos, resoluciones, circulares, sentencias, etc) aplicable al caso.

QUIINTA.- En caso de no acceder a las peticiones, informar detalladamente las consideraciones y motivos de rechazo de la misma, además ruego detalle el sustento legal que soporte la negativa, citando las leyes, resoluciones, circulares o en general normas que la sustenten […]» (sic en todo el texto)

En ese sentido, sin mayores elucubraciones para la Sala no hay duda de que previó a acudir al ejercicio de la presente acción de cumplimiento, la parte actora en debida forma agotó el requisito de renuencia respecto de los aportad os normativos contenidos en el Decreto 1833 de 2016 y la Ley 80 de 1993.

Sin embargo, en torno de los artículos 13, 46, 58, 87 y 209 de la Constitución Política y la Ley 1150 de 2007 la accionante no constituyó en renuencia a la parte pasiva, por cuanto no mencionó estas disposiciones en el escrito radicado el 2 de enero de 2025 y, en consecuencia, se rechazará la acción de cumplimiento respecto de estos apartados normativos.

De otra parte, con relación a la Ley 80 de 1993 se advierte que la parte actora de forma genérica menciona esta disposición cuales artículos de este catálogo normativo son los incumplidos, motivo por el cual la Sala considera que tampoco se acredita la satisfacción del requisito de renuencia.

forma genérica menciona esta disposición cuales artículos de este catálogo normativo son los incumplidos, motivo por el cual la Sala considera que tampoco se acredita la satisfacción del requisito de renuencia.

2.4. De la causal de improcedencia de la acción de cumplimiento por la existencia de otro mecanismo de defensa judicial

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley 393 de 1997, se itera que este mecanismo constitucional no procederá cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento de defensa judicial para lograr el efectivo obedecimiento de la norma o acto administrativo, salvo que, de no proceder el juez, se cause un perjuicio grave e inminente para el accionante.Acción de cumplimiento Sentencia de primera instancia

Accionante: FUNDELUZ

Accionado: DAPS Radicado. 680012333000-2025-00227-00

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

Al respecto el Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia 8 ha desarrollado «la existencia de otro mecanismo judicial», como causal de improcedencia, en aquellos casos en los que no se acredite un perjuicio irremediable.

Puntualmente, esa Corporación señaló que: 9.

«[…] la razón de ser de esta causal de improcedencia es garantizar que la resolución de las diferencias jurídicas sea efectuada por el juez natural, bajo el trámite que el ordenamiento jurídico ha establecido como propio para ello y evitar la alteración de las competencias que han sido radicadas en las diferentes jurisdicciones. No puede

de las diferencias jurídicas sea efectuada por el juez natural, bajo el trámite que el ordenamiento jurídico ha establecido como propio para ello y evitar la alteración de las competencias que han sido radicadas en las diferentes jurisdicciones. No puede entenderse que el Constituyente haya creado la acción de cumplimiento como un instrumento paralelo a los medios judiciales ordinarios; por ello la causal señalada, le imprime a la acción de cumplimiento el carácter de mecanismo residual y subsidiario. En el evento consagrado como excepción, la norma habilita al Juez de la acción de cumplimiento para que, pese a la existencia de un instrumento judicial, se pronuncie de fondo en relación con la solicitud, pero siempre y cuando se acrediten los presupuestos de necesidad, urgencia, gravedad e inminencia del perjuicio […]»

2.5. Hechos probados

Acorde al material probatorio allegado al expediente y luego de la valoración correspondiente en aplicación de las reglas de la sana crítica la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

2.5.1. El 9 de agosto de 2021, se suscribió otrosí núm. 10 al convenio 84-3 suscrito entre la Fundación Hogar Luz de Esperanza para la ejecución del programa Colombia Mayor en la modalidad de subsidio indirecto, por medio del cual se prorrogó hasta el 15 de diciembre de 2021 la ejecución del convenio.10

2.5.2. El 28 de enero de 2022, la Fundación Hogar Luz de Esperanza suscribió con el DAPS el convenio de asociación núm. 239, en el cual se consignó como fecha de inicio el 18 de marzo de 2022 y fecha de terminación el 30 de diciembre de 2022. El objeto pacto fue el siguiente:11

el DAPS el convenio de asociación núm. 239, en el cual se consignó como fecha de inicio el 18 de marzo de 2022 y fecha de terminación el 30 de diciembre de 2022. El objeto pacto fue el siguiente:11

«la entidad FUND