TA SAN - Sentencia 680012333000-2025-00254-00 (17-06-2025)

Tribunal Administrativo de Santander

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Detalles

Título
TA SAN - Sentencia 680012333000-2025-00254-00 (17-06-2025)
Autor
Tribunal Administrativo de Santander
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2025

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, diecisiete (17) de junio del dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

RADICADO: 680012333000-2025-00254-00

ENLACE DEL EXPEDIENTE: https://samai.azurewebsites.net/Vistas/Casos/list_ procesos.aspx?guid=6800123330002025002540

06800123

MEDIO DE CONTROL: CUMPLIMIENTO DE NORMAS CON FUERZA

MATERIAL DE LEY O ACTOS

ADMINISTRATIVOS

ACCIONANTE: HOGAR SAN FRANCISCO JAVIER DE LA

CONGREGACIÓN DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS . identificada con NIT núm. 890.201.495-4

sanfranciscoj@hotmail.com

ACCIONADA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA

PROSPERIDAD SOCIAL

notificaciones.juridica@prosperidadsocial.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO: JHON CARLOS GARCÍA PEREA

jcgarcia@procuraduria.gov.co

SENTENCIA NÚM: 049

TEMA: SE RECHAZA LA ACCIÓN POR FALTA DE

CONSTITUCIÓN EN RENUENCIA FRENTE A

ALGUNAS DISPOSICIONES, Y SE DECLARA

IMPROCEDENTE RESPECTO DE AQUELLAS

CUYA CONTROVERSIA EXCEDE EL OBJETO Y

ALCANCE DEL MEDIO DE CONTROL DE

CONSTITUCIÓN EN RENUENCIA FRENTE A

ALGUNAS DISPOSICIONES, Y SE DECLARA

IMPROCEDENTE RESPECTO DE AQUELLAS

CUYA CONTROVERSIA EXCEDE EL OBJETO Y

ALCANCE DEL MEDIO DE CONTROL DE

CUMPLIMIENTO.

MAGISTRADA PONENTE: CLAUDIA PATRICIA PEÑUELA ARCE

La Sala decide la acción de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativo s, promovido por el Hogar San Francisco Javier de la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, representado legalmente por la señora María Virginia Cortes Cortes, contra el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (en adelante, DAPS).

I. ANTECEDENTESACCIÓN DE CUMPLIMIENTO

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIONANTE: HOGAR SAN FRANCISCO JAVIER DE LA

CONGREGACIÓN DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS

DESAMPARADOS

ACCIONADA: DAPS RADICADO: 680012333000-2025-00254-00

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A. Solicitud de cumplimiento1

En ejercicio del medio de control previsto en la Ley 393 de 1997, el Hogar San Francisco Javier de la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados presentó demanda contra el DPS, por el presunto incumplimiento de los artículos 13, 46, 58, 87 y 209 de la Constitución Política; de los artículos

2.2.14.1.1, 2.2.14.1.32, 2.2.14.1.37, 2.2.14.1.38 y 2.2.14.1.28 del Decreto 1833 de 2016, así como de las disposiciones contenidas en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, con la finalidad de que se accediera a las siguientes pretensiones:

«PRIMERO: Ordenar al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL (DAPS) que, en un término perentorio y de forma inmediata, dé cumplimiento a los artículos 13, 46, 58 y 209 de la Constitución Política, al Decreto 1833 de 2016 y a los principios de la contratación estatal, y en consecuencia, culmine sin más dilaciones todos los trámites administrativos precontractuales y contractuales necesarios para la suscripción, legalización y ejecución del convenio con HOGAR SAN

FRANCISCO JAVIER DE LA CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE

LOS ANCIANOS DESAMPARADOS para el Programa Colombia Mayo r (modalidad indirecta), vigencia 2025, asegurando la continuidad efectiva desde el 1 de enero de 2025.

SEGUNDO: Ordenar al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL (DAPS) que, reconozca la fuerza vinculante de la tradición contractual y la confianza legítima, así como la intangibilidad de los derechos adquiridos por los adultos mayores beneficiarios activos vinculados a HOGAR SAN FRANCISCO JAVIER DE LA CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS, y proceda a la suscripción del convenio 2025 sin someter a estos beneficiarios específicos

HOGAR SAN FRANCISCO JAVIER DE LA CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS, y proceda a la suscripción del convenio 2025 sin someter a estos beneficiarios específicos ni a la institución, respecto de los cupos ya activos y asignados a la institución por tradición contractual, al proceso de convocatoria general anunciado.

TERCERO: Declarar que la omisión del DAPS en garantizar la continuidad contractual desde el inicio de la vigencia 2025 y la imposición del requisito de participar en una convocatoria general a beneficiarios activos y centros con tradición contractual, constituyen un incumplimiento de sus de beres legales y una vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad (trato diferencial positivo), a la protección especial del adulto mayor, a los derechos adquiridos (Arts. 13, 46, 58 C.P.) y al principio de confianza legítima. Así mismo, declarar la total inaplicabilidad de las causales de exclusión del Art. 2.2.14.1.28 del Decreto 1833/2016 para justificar la discontinuidad derivada de esta situación administrativa.

CUARTO: Ordenar al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL (DAPS) que, una vez suscrito el convenio de la vigencia 2025, reconozca y gire con carácter retroactivo los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2025 desde el 1 de enero hasta la fecha, que equivalen a la suma de TREINTAY(sic) SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($37.825.000), cubriendo los meses transcurridos sin convenio por la demora administrativa imputable al

que equivalen a la suma de TREINTAY(sic) SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($37.825.000), cubriendo los meses transcurridos sin convenio por la demora administrativa imputable al DAPS», [negrilla del texto original]

Como fundamento fáctico de la demanda expuso:

1 Expediente digital, actuación, índice 003 SAMAI, enlace en la plataforma, archivo 1ED_1_Expedientedigi_001(.rar), visible en one drive.ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO

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Que ha mantenido una relación contractual continuada con el DAPS durante once vigencias fiscales, en el marco de la ejecución del programa «Colombia Mayor», bajo la modalidad indirecta, a través de la cual atendió setenta y seis (76) cupos asignados a adultos mayores beneficiarios del subsidio.

Indicó que dicha tradición contractual no solo acredita su capacidad técnica y operativa, sino que, además, generó una expectativa legítima y razonable respecto de la continuidad del servicio y de la suscripción del respectivo convenio, condicionada únicamente al cumplimiento de los requisitos legales y contractuales.

Precisó que, en vigencias anteriores, se presentaron demoras significativas por parte de la entidad demandada, las cuales afectaron la oportunidad en la ejecución de los giros y generaron incertidumbre institucional, situación que, a su juicio,

Precisó que, en vigencias anteriores, se presentaron demoras significativas por parte de la entidad demandada, las cuales afectaron la oportunidad en la ejecución de los giros y generaron incertidumbre institucional, situación que, a su juicio, evidencia un patrón de conducta marcado por la falta de diligencia en la gestión de los convenios.

Sostuvo que el 20 de enero de 2025 constituyó en renuencia a la administración, por cuanto solicitó expresamente al DAPS adelantar los trámites necesarios para la suscripción del convenio correspondiente a la vigencia 2025 y garantizar así la continuidad del programa desde el mes de enero. No obstante, señaló que, el 17 de febrero del mismo año, la entidad respondió que dic ho trámite se encontraba supeditado, de un lado, a la suscripción del convenio y, de otro, al resultado de una convocatoria general futura que, para ese momento, no había sido publicada. Puso de presente que, a la fecha de presentación de la demanda, había n transcurrido más de cuatro meses desde el inicio de la vigencia fiscal 2025, lo cual consideró un plazo más que razonable para que la administración hubiera formalizado los convenios de continuidad con instituciones como la accionante, cuya necesidad de permanencia en el programa resultaba plenamente previsible. En tal sentido, calificó como injustificada la pretensión de « planear» una convocatoria general para resolver la atención de beneficiarios ya activos, lo que, a su juicio, evidencia una omisión administrativa que compromete de forma directa la garantía de derechos fundamentales.

Afirmó que imponer una convocatoria general como condición para la continuidad en la atención de beneficiarios activos desconoce y vulnera abiertamente: (i) la

la garantía de derechos fundamentales.

Afirmó que imponer una convocatoria general como condición para la continuidad en la atención de beneficiarios activos desconoce y vulnera abiertamente: (i) la tradición c ontractual y la confianza legítima depositada en la entidad; (ii) los derechos adquiridos por los usuarios beneficiarios; y (iii) el fuero de especial protección constitucional que ampara a las personas mayores, así como el principio de trato diferencial positivo.ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO

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Finalmente, adujo que el artículo 2.2.14.1.28 del Decreto 1833 de 2016 consagra de forma taxativa las causales de pérdida del subsidio por parte de los beneficiarios, todas ellas referidas a aspectos individuales y objetivos atribuibles a la pers ona mayor. En esa medida, consideró que el condicionamiento del servicio a una convocatoria no puede entenderse como causal legal de exclusión ni de suspensión, pues implicaría la imposición de una exigencia no prevista en el ordenamiento jurídico.

Por lo anterior, concluyó que la omisión atribuida al DAPS configura un incumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, que compromete la continuidad en la atención y afecta el único sustento económico de personas en situación de especial vulnerabilidad vinculadas a la entidad demandante.

B. Del trámite de la solicitud de cumplimiento

continuidad en la atención y afecta el único sustento económico de personas en situación de especial vulnerabilidad vinculadas a la entidad demandante.

B. Del trámite de la solicitud de cumplimiento

Mediante providencia del 13 de mayo de 2025 2, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró su falta de competencia para conocer del presente asunto y, con fundamento en el criterio de competencia territorial previsto en el artículo 3° de la Ley 393 de 1997 y en el numeral 14 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011, remitió el expediente a este Tribunal para el reparto correspondiente; el 22 de mayo de 20253 fue asignado al despacho ponente y el 26 de mayo del mismo año4 se admitió la demanda, se ordenó la notificación DAPS y se tuvieron como pruebas los documentos aportados por la parte actora.

C. Posición de la accionada

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DAPS)5 se opuso a todas y cada una de las pretensiones formuladas por la parte actora, al considerar que carecen de sustento fáctico y jurídico, en la medida en que no existe disposición normativa que le imponga la obligación de celebrar convenios o contratos con una entidad específica.

En ese sentido, precisó que lo que la demandante denomina « tradición contractual» no constituye una figura jurídica que, por sí sola, genere un deber automático de contrat ar en los términos en que lo plantea. Señaló que, como

2 Expediente digital, actuación, índice 003 SAMAI, enlace en la plataforma, archivo 2ED_0052025714ACHogarvsD(.pdf), visible en one drive.

automático de contrat ar en los términos en que lo plantea. Señaló que, como

2 Expediente digital, actuación, índice 003 SAMAI, enlace en la plataforma, archivo 2ED_0052025714ACHogarvsD(.pdf), visible en one drive. 3 Expediente digital, actuación, índice 003 SAMAI, enlace en la plataforma, archivo 3ED_acta49214pdf(.pdf)), visible en one drive. 4 Expediente digital, actuación, índice 005 SAMAI, enlace en la plataforma, archivo 4Autoadmitedem_68001233300020250025(.pdf), visible en one drive. 5 Expediente digital, actuación, índice 0014 SAMAI, enlace en la plataforma, archivo 13_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-CONTESTACIONACCION(.pdf), visible en one drive.ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO

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entidad pública, está sujeto a restricciones de índole administrativa, financiera y social, que deben ser evaluadas en cada proceso contractual, razón por la cual las expectativas de continuidad no constituyen fuente de derechos adquiridos.

Expuso que, mediante memorando S -2025-4422-020994 del 17 de febrero de 2025, informó a la demandante que se encontraba adelantando las actividades de planeación financiera y contractual con miras a la publicación de la convocatoria para la operación del programa «Colombia Mayor », en cuya ejecución participarían los operadores que cumplieran con los requisitos establecidos.

planeación financiera y contractual con miras a la publicación de la convocatoria para la operación del programa «Colombia Mayor », en cuya ejecución participarían los operadores que cumplieran con los requisitos establecidos. Especificó que, solo una vez surtido dicho procedimiento, podrían celebrarse los convenios correspondientes a la asignación de cupos en las distintas regiones del país. En consecuencia, calificó como fundamentada y jurídicamente soportada la respuesta que emitió, al tratarse de una actuación propia del trámite contractual.

Bajo esa línea argumentativa, indicó que las formas contractuales no pueden ser consideradas, en sí mismas, como mecanismos que desconozcan derechos fundamentales de una población específica. Asimismo, afirmó que los argumentos empleados por la accionante para sustentar una supuesta obligación de contratar desatienden los principios que rigen la gestión contractual en el sector público. Por lo tanto, consideró que las afirmaciones contenidas en la demanda no guardan relación con el objeto del medio de control de cumplimiento, al no estar dirigido a hacer efectiva una obligación legal, sino a forzar la suscripción de un contrato respecto del cual no existe deber jurídico alguno.

Como medios exceptivos, propuso las que denominó: (i) «ausencia de incumplimiento por parte del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Programa Colombia Mayor» ; (ii) «inexistencia de incumplimiento de norma con fuerza material de ley» ; (i ii) «improcedencia de la acción de cumplimiento para forzar la suscripción de negocios jurídicos» ; (iv) «desconocimiento de los principios de la contratación al emplear la acción de cumplimiento para la suscripción de negocios jurídicos» y (v) «improcedencia de

cumplimiento para forzar la suscripción de negocios jurídicos» ; (iv) «desconocimiento de los principios de la contratación al emplear la acción de cumplimiento para la suscripción de negocios jurídicos» y (v) «improcedencia de la acción de cumplimiento por no ostentar el carácter de subsidiaria».

Respecto de cada una, argumentó lo siguiente:

(i) «Ausencia de incumplimiento por parte del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Programa Colombia Mayor»: afirmó que no existe norma jurídica que imponga a la entidad el deber de celebrar convenios, contratos u otros negocios jurídicos con determinada persona jurídica. En su criterio, admitir dicha imposición implicaría desconocer el principio de selección obj etiva consagrado en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO

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(ii) «Inexistencia de incumplimiento de norma con fuerza material de ley »: indicó que la acción de cumplimiento es un mecanismo judicial dirigido a garantizar la ejecución de normas legales o actos administrativos frente a omisiones de las autoridades, sin embargo, consideró que ni los hechos narrados ni las disposiciones invocadas por la actora cumplen con los requisitos exigidos para la procedencia del medio de control.

(iii) «Improcedencia de la acción de cumplimiento para forzar la suscripción

los hechos narrados ni las disposiciones invocadas por la actora cumplen con los requisitos exigidos para la procedencia del medio de control.

(iii) «Improcedencia de la acción de cumplimiento para forzar la suscripción de negocios jurídicos »: aseveró que las pretensiones formuladas exceden el ámbito propio de la ejecución normativa, al pretender que se obligue a la entidad a suscribir un convenio, sin qu e exista disposición alguna que así lo ordene. Además, consideró improcedente la solicitud de reconocimiento de pagos con efectos retroactivos, en ausencia de un contrato que los justifique.

(iv) «Desconocimiento de los principios de la contratación al emplear la acción de cumplimiento para la suscripción de negocios jurídicos »: explicó que el procedimiento previsto por la normatividad vigente faculta a la entidad para adelantar procesos de convocatoria pública, con el fin de seleccionar al operador idóneo, sin que pueda predicarse la existencia de obligación alguna de contratar de manera directa con un operador anterior.

(v) «Improcedencia de la acción de cumplimiento por no ostentar el carácter de subsidiaria»: finalmente, sostuvo que este medio de control solo resulta procedente cuando no existen otros mecanismos legales para obtener el cumplimiento de la norma o acto administrativo. En ese orden, advirtió que admitir su uso para discutir cualquier inconformidad con relación a procesos contractuales implica ría desnaturalizar su carácter excepcional y subsidiario.

De acuerdo con ello, solicitó denegar las pretensiones y declarar probadas las excepciones propuestas a su favor.

I. CONSIDERACIONES

D. Competencia

carácter excepcional y subsidiario.

De acuerdo con ello, solicitó denegar las pretensiones y declarar probadas las excepciones propuestas a su favor.

I. CONSIDERACIONES

D. Competencia

Esta Sala es competente para conocer del presente medio de control, en primera instancia, debido a la naturaleza del asunto y la calidad de las partes, conforme a lo dispuesto en el artículo 3.º de la Ley 393 de 1997 y en el artículo 152 del CPACA, en tant o dichas disposiciones asignan la competencia a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y determinan que, en cuanto al factor territorial, esta corresponde al juez del domicilio del demandante.

E. Normas con fuerza material de ley presuntamente incumplidasACCIÓN DE CUMPLIMIENTO

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En el caso concreto , el Hogar San Francisco Javier de la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados solicitó el cumplimiento de los artículos 13, 46, 58, 87 y 209 de la Constitución Política; de los artículos 2.2.14.1.1, 2.2.14.1.32, 2.2.14.1.37, 2.2.14.1.38 y 2.2.14.1.28 del Decreto 1833 de 2016, así

como de las disposiciones contenidas en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.

A continuación, se transcriben las normas de rango constitucional invocadas por la part e actora, respecto de las cuales a firmó que su observancia ha sido desconocida en el asunto bajo estudio:

«ARTICULO 13 de la Constitución Política. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

[…]

ARTICULO 46. El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria.

El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia.

ARTICULO 58. <Artículo modificado por el artículo 1o. del Acto Legislativo 1 de 1999. El nuevo texto es el siguiente:> Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.

[…]

ARTICULO 87. Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo.

ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.

[…]

ARTICULO 87. Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo.

En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido. […]

ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términ os que señale la ley» [negrilla de la Sala para diferenciar una de otra disposición].

Sobre el Decreto 1833 de 2016, se citan las siguientes:

«ARTÍCULO 2.2.14.1.1. Naturaleza y objeto del Fondo de Solidaridad Pensional. El Fondo de Solidaridad Pensional es una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio del Trabajo, destinado aACCIÓN DE CUMPLIMIENTO

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ampliar la cobertura mediante un subsidio a las cotizaciones para pensiones de

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ampliar la cobertura mediante un subsidio a las cotizaciones para pensiones de los grupos de población que por sus características y condiciones socioeconómicas no tienen acceso a los sistemas de seguridad social, así como el otorgamiento de subsidios económicos para la protección de las personas en estado de indigencia o de pobreza extrema.

El Fondo de Solidaridad Pensional tendrá dos subcuentas que se manejarán de manera separada así:

1. Subcuenta de Solidaridad destinada a subsidiar los aportes al sistema general de pensiones de los trabajadores asalariados o independientes del sector rural y urbano que carezcan de suficientes recursos para efectuar la totalidad del aporte, tales como artistas, deportistas, músicos, compositores, toreros y sus subalternos, la mujer microempresaria, las madres comunitarias, los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, los miembros de las cooperativas de trabajo asociado y otras formas asociativas de producción.

2. Subcuenta de subsistencia destinada a la protección de las personas en estado de indigencia o de pobreza extrema, mediante un subsidio económico que se otorgará de acuerdo con lo establecido en los artículos 2.2.14.1.30 a 2.2.14.1.40 del presente decreto.

(Decreto número 3771 de 2007, artículo 1).

[…]

ARTÍCULO 2.2.14.1.32. Modalidades de beneficio s. Los beneficios de la Subcuenta de Subsistencia serán otorgados en las modalidades de subsidio económico directo y subsidio económico indirecto.

[…]

ARTÍCULO 2.2.14.1.32. Modalidades de beneficio s. Los beneficios de la Subcuenta de Subsistencia serán otorgados en las modalidades de subsidio económico directo y subsidio económico indirecto.

El subsidio económico directo se otorga en dinero, el cual se gira directamente a los beneficiarios.

El subsidio económico indirecto se otorga en servicios sociales básicos y se entrega a través de los centros de bienestar del adulto mayor, centros diurnos, resguardos indígenas o a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

(ICBF).

Los aspectos proc edimentales para la entrega de los subsidios indirectos otorgados a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar serán los señalados en el manual operativo. La población desplazada beneficiada de estos subsidios deberá acreditar tal condición a tr avés de la certificación que para el efecto expida la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas o la entidad que haga sus veces.

La modalidad de subsidio de cada beneficiario será establecida en el proyecto presentado por el ente territ orial. Los indígenas residentes en resguardos podrán ser beneficiarios del subsidio directo, siempre y cuando se elija esta modalidad para todos los beneficiarios incluidos en el proyecto.

En ambas modalidades, el subsidio económico podrá contener adicionalmente servicios sociales complementarios, siempre y cuando exista cofinanciación de las entidades territoriales y/o resguardos indígenas.

La asignación de cupos, el valor del subsidio económico y los componentes que se financien serán definidos por la e ntidad pública responsable del Programa de subsidios según corresponda, de acuerdo con la disponibilidad

las entidades territoriales y/o resguardos indígenas.

La asignación de cupos, el valor del subsidio económico y los componentes que se financien serán definidos por la e ntidad pública responsable del Programa de subsidios según corresponda, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y de conformidad con las metas de cobertura señaladas por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes). En todo caso, el valor del subsidio no podrá superar el (50%) del salario mínimo legal mensual vigente.

PARÁGRAFO 1. Servicios sociales básicos. Los servicios sociales básicos comprenden alimentación, alojamiento, elementos de higiene y salubridad,ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO

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medicamentos o ayudas téc nicas, prótesis u órtesis (elementos para atender una discapacidad y que favorecen la autonomía personal y su calidad de vida) no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), de acuerdo con el régimen aplicable al beneficiario, ni financiadas con otr as fuentes. Podrá comprender medicamentos o ayudas técnicas incluidas en el PBS, cuando el beneficiario del Programa no esté afiliado al sistema general de seguridad social en salud.

Los proyectos productivos también podrán formar parte de los servicios sociales básicos para la población beneficiaria, en consideración a las particularidades culturales, sociales y las condiciones de habitación o residencia, propias de cada grupo social beneficiario de estos subsidios,

Los proyectos productivos también podrán formar parte de los servicios sociales básicos para la población beneficiaria, en consideración a las particularidades culturales, sociales y las condiciones de habitación o residencia, propias de cada grupo social beneficiario de estos subsidios, parametrizadas en el manual operativo.

PARÁGRAFO 2. Servicios sociales básicos - ayudas técnicas, prótesis u órtesis y/o medicamentos. Cuando el beneficiario opte por el subsidio económico representado en el componente de ayudas técnicas, prótesis u órtesis y/o medicamentos, estos le serán ent regados directamente, por tratarse de un beneficio a su favor, que no se encuentra contemplado en el PBS.

Si la utilización de la ayuda técnica requiere necesariamente un procedimiento quirúrgico para su inserción, este hará parte del subsidio, siempre y cuando no esté incluido en el PBS de acuerdo con el régimen aplicable al beneficiario, o incluido en el PBS cuando el beneficiario del Programa no esté afiliado al sistema general de seguridad social en salud.

El monto que se destine anualmente para el otorgamiento del subsidio representado en este componente será determinado por la entidad pública responsable del Programa de subsidios. El valor total del beneficio a recibir por persona durante el año, incluidas las ayudas técnicas, prótesis u órtesís y/o los medicamentos y el procedimiento quirúrgico no podrá superar el valor anual del subsidio establecido en el parágrafo del artículo 2.2.14.2.4. del presente decreto.

Para el otorgamiento de este subsidio, la e ntidad pública responsable del Programa priorizará las personas que al momento de la solicitud no sean beneficiarias de la Subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad

decreto.

Para el otorgamiento de este subsidio, la e ntidad pública responsable del Programa priorizará las personas que al momento de la solicitud no sean beneficiarias de la Subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional. Durante el año en que el beneficiario reciba este subsidio, podrá percibir otra modalidad de subsidio, respetando el valor total señalado en el inciso anterior.

Una vez efectuada la priorización, los beneficiarios que estén recibiendo el subsidio económico en cualquier modalidad también podrán acceder a los elementos del com ponente previsto en este parágrafo y, para tal efecto, la entidad pública responsable del Programa establecerá las equivalencias necesarias entre el valor de este y el subsidio que vienen recibiendo, de tal manera que esta equivalencia genere incentivos para que el beneficiario opte por este co

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