TA SAN - Sentencia 680012333000-2025-00292-00 (13-11-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

MEDIO DE CONTROL: Simple Nulidad RADICADO: 680012333000-2025-00292-00

DEMANDANTE: Empresa Licorera de Santander S.A.S BIC

gerencia@els-sas.com

DEMANDADO:

Departamento de Santander notificaciones@santander.gov.co ln.vcalderon@santander.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO:

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO: Sentencia de primera instancia TEMA: Efectos ex nunc de la declaratoria de inexequibilidad de los incisos primero y segundo del artículo 28 de la Ley 1816 de 2016. Nulidad del Decreto 823 de 2024 por haberse expedido en contravención de las normas que debían sustentar su emisión, dado que, al momento de su expedición, el departamento de Santander no acreditaba el ejercicio efectivo del monopolio de producción de aguardiente, requisito esencial que se encontraba previsto en los incisos primero y segundo del artículo 28 de la Ley 1816 de 2016 para habilitar la protección de la producción local

acreditaba el ejercicio efectivo del monopolio de producción de aguardiente, requisito esencial que se encontraba previsto en los incisos primero y segundo del artículo 28 de la Ley 1816 de 2016 para habilitar la protección de la producción local

Se encuentra para conocimiento de la Sala de Decisión el expediente de la referencia con el fin de dictar sentencia en los términos de lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA.

1. Antecedentes 1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de controversias contractuales consagrado en el artículo 137 del CPACA, la Empresa Licorera de Santander S.A.S. BIC, formuló

1 Expediente digital, actuación 3 índice SAMAI, archivo 1Simple Nulidad Sentencia de primera instancia Demandante: Alcibíades Blanco Téllez Demandado: departamento de Santander Radicado: 680012333000-2025-00292-00

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demanda ante la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, en orden a que se declare la nulidad del Decreto 823 del 6 de septiembre de 2024 «[p]or medio del cual se adopta la protección especial establecida en el artículo 28 de la Ley 1816 de 2016 y se suspende la expedición de permisos para la introducción de aguardiente nacional o extranjero, para la comercialización en el departamento de Santander».

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:

aguardiente nacional o extranjero, para la comercialización en el departamento de Santander».

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:

1. El artículo 28 de la Ley 1816 de 2016, autorizaba a los departamentos que ejercían el monopolio de licores a suspender por un máximo de seis años, los permisos de introducción de aguardiente nacional o extranjero, cuando existiera amenaza grave a la produc ción local. Esta medida debía aplicarse de manera general, sin discriminar ni restringir arbitrariamente el comercio.

1. La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-032 de 2025 declaró inexequibles los incisos primero y segundo del artículo 28 de la Ley 1816 de 2016 por vulnerar los artículos 333, 336 y 78 de la Constitución Política y, en consecuencia, el Decreto 823 del 6 de septiembre de 2024, perdió su fuerza ejecutoria por decaimiento del acto administrativo, al encontrarse sustentado en la referida disposición normativa.

1. La Corte Constitucional en la referida providencia precisó que la inexequibilidad tenía efectos inmediatos desde la publicación de la sentencia, esto es, el 30 de mayo de 2025, al no existir razones que justificaran diferir sus efectos.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

En desarrollo del concepto de violación, la parte demandante expuso que el decreto demandado adolece de nulidad, debido a la pérdida de su fuerza legal y ejecutoria por decaimiento del acto administrativo y por infracción de las normas que lo fundamentan.

Sobre el particular, expuso los siguientes argumentos:

decreto demandado adolece de nulidad, debido a la pérdida de su fuerza legal y ejecutoria por decaimiento del acto administrativo y por infracción de las normas que lo fundamentan.

Sobre el particular, expuso los siguientes argumentos:

1. Los incisos primero y segundo del artículo 28 de la Ley 1816 de 2016, base jurídica del decreto acusado, fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-032 de 2025, lo cual ocasionó el decaimiento del acto administrativo y la imposibilidad de mantener suspensiones sobre permisos de introducción de aguardiente en los departamentos. En ese sentido, d e acuerdo con el artículo 137 de l CPACA, el Decreto 823 de 2024 configura la causal de nulidad por infracción de las normas que lo fundamentan, dado que se apoyó en disposiciones legales eliminadas del ordenamiento jurídico.Simple Nulidad Sentencia de primera instancia Demandante: Alcibíades Blanco Téllez Demandado: departamento de Santander Radicado: 680012333000-2025-00292-00

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1. El departamento de Santander no ejercía el monopolio de la producción de licores, ni de forma directa ni indirecta, toda vez que no fabricaba ni comercializaba licor alguno. En efecto, aunque se creó la Empresa Santandereana de Licores ( EICE), la ausencia de planta o destilería impidió el ejercicio real del monopolio previsto por la ley.

comercializaba licor alguno. En efecto, aunque se creó la Empresa Santandereana de Licores ( EICE), la ausencia de planta o destilería impidió el ejercicio real del monopolio previsto por la ley.

1. La pérdida de ejecutoriedad y el decaimiento del Decreto 823 se sustentan en el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, según el cual los actos administrativos pierden obligatoriedad cuando desaparecen sus fundamentos de hecho o de derecho. Al respecto, e l Consejo de Estado ha precisado que el decaimiento impide la producción de efectos hacia el futuro, aunque no excluye el control de legalidad del acto, al persistir la posibilidad de confrontarlo con las normas vigentes al momento de su expedición.

1. En cuanto a la causal de nulidad por infracción de las normas en que debía fundamentarse el acto administrativo, el consejo de Estado ha establecido que se configura en tres hipótesis, por falta de aplicación de las normas, aplicación indebida o interpretación errónea. En el caso del Decreto 823 de 2024, el cargo corresponde a la primera causal, por falta de aplicación de las normas que debían fundamentarlo.

1. Las normas relacionadas con este caso conforman un bloque normativo común, dado que regulan la protección especial del aguardiente colombiano contenida en el artículo 28 de la Ley 1816 de 2016, especialmente en sus incisos primero y segundo, que constituyen el fundamento principal del Decreto 823 de 2024 expedido por el departamento de Santander. En ese sentido, la declaratoria de inexequibilidad de los mencionados incisos deja sin fuerza ejecutoria al decreto, causa su decaimiento y conlleva la posterior declaración de nulidad del acto administrativo.

2024 expedido por el departamento de Santander. En ese sentido, la declaratoria de inexequibilidad de los mencionados incisos deja sin fuerza ejecutoria al decreto, causa su decaimiento y conlleva la posterior declaración de nulidad del acto administrativo.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Departamento de Santander2

La apoderada de la parte demandada allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos: excepciones innominadas: «no se configura la causal de desconocimiento de las normas en que debería fundarse»; «inexistencia de transgresión de la norma»; «imposibilidad de desvirtuar la legalidad del Decreto departamento 823 de 2024»; «buena fe»; «improcedencia de la declaratoria judicial de la pérdida de ejecutoria del Decreto departamental 823 de 2024 por vía judicial, por cuanto de oficio el departamento ya declaró la pérdida de ejecutoria mediante Decreto 455 de 2025».

Los argumentos para solicitar la denegatoria de las pretensiones de la demanda, se sustentan de la siguiente manera:

1. Con relación a la causal de nulidad por desconocimiento de las normas en que debía fundarse el acto administrativo, el Consejo de Estado ha precisado que se

2 Expediente digital, actuación 20 índice SAMAI, archivo 04Simple Nulidad Sentencia de primera instancia Demandante: Alcibíades Blanco Téllez Demandado: departamento de Santander Radicado: 680012333000-2025-00292-00

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configura cuando existe falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de normas superiores y, para su comprobación, debe demostrarse la violación de normas pertinentes al caso, que integren el bloque normativo aplicable.

1. En el caso concreto, el demandante consideró que el departamento de Santander no podía ejercer la protección especial del aguardiente, dado que no producía licor en una planta destiladora ni a través de terceros; sin embargo, el artículo 28 de la Ley 1816 de 2016 permitía la protección a las entidades departamentales que ejercieran el monopolio de producción de forma directa o por contrato. A su vez, el artículo 7 de la citada norma, definía el monopolio como la facultad de producir directamente o media nte terceros, lo cual incluía la posibilidad de contratar o adelantar actos preparatorios relacionados con la fabricación, como registros, permisos o adquisiciones de insumos.

1. El departamento de Santander, en ejercicio de las prerrogativas legales vigentes, expidió el Decreto 823 de 2024 el 6 de septiembre de 2024, luego de la creación de la Empresa Santandereana de Licores mediante los Decretos 761 y 789 del mismo año. El decreto tuvo como objetivo proteger a la nueva empresa, prevenir perjuicios económicos y garantizar los recursos destinados a salud y educación, en concordancia con el artículo 336 de la Constitución Política y la Ley 1816 de 2016. Sobre el particular, la norma no requería que el departamento

prevenir perjuicios económicos y garantizar los recursos destinados a salud y educación, en concordancia con el artículo 336 de la Constitución Política y la Ley 1816 de 2016. Sobre el particular, la norma no requería que el departamento produjera licores al momento de suspender permisos de introducción, ni la realización de estudios macroeconómicos o la autorización de la Asamblea Departamental; únicamente exigía prever posibles riesgos derivados de u n incremento súbito de productos similares provenientes de otras regiones.

1. Desconocer el mencionado marco normativo y aplicar retroactivamente los efectos de la Sentencia C -032 de 2025 constituye un desconocimiento de la legalidad, toda vez que las sentencias de inexequibilidad rigen hacia el futuro, según el artículo 45 de la Ley 270 de 1996. En consecuencia, el Decreto 823 de 2024 se expidió conforme a las normas vigentes en su momento y no incurrió en infracción de norma superior.

1. En el sub examine es improcedente la declaratoria judicial de la pérdida de ejecutoria del Decreto 823 de 2024, dado que ya fue declarada de oficio por la administración mediante el Decreto 455 del 5 de septiembre de 2025 , lo cual demostró la buena fe institucional y garantizó la confianza legítima a los administrados.

1. El Decreto 823 de 2024, expedido por el departamento de Santander, se ajustó al ordenamiento jurídico colombiano, en especial a la Constitución Política y a la Ley 1816 de 2016, que regulan el monopolio rentístico de licores. En efecto, las decisiones adoptadas se fundamentaron en las facultades vigentes durante

ajustó al ordenamiento jurídico colombiano, en especial a la Constitución Política y a la Ley 1816 de 2016, que regulan el monopolio rentístico de licores. En efecto, las decisiones adoptadas se fundamentaron en las facultades vigentes durante el año 2024 otorgadas por la mencionada norma y, por ende, le correspondía al demandante demostrar la causal de nulidad previsto en el artículo 137 del CPACA conforme a la carga probatoria establecida en el artículo 167 del CGP.Simple Nulidad Sentencia de primera instancia Demandante: Alcibíades Blanco Téllez Demandado: departamento de Santander Radicado: 680012333000-2025-00292-00

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1. En el caso en estudio, el demandante no acreditó ninguna causal de nulidad ni evidenció desconocimiento de las normas que sustentaron el decreto, razón por la cual la presunción de legalidad del acto administrativo permanece incólume.

1.3. Alegatos de conclusión

1.3.1. Parte demandante

No presentó.

1.3.2. Departamento de Santander

No presentó.

1.3.3. Ministerio Público

No presentó concepto de fondo.

1.4. Trámite procesal

Como aspectos relevantes del trámite del proceso, se señalan los siguientes:

La demanda se radicó el 5 de junio de 2025 3 y fue asignada al Tribunal Administrativo de Santander, el cual mediante auto del 11 de agosto de 2025

Como aspectos relevantes del trámite del proceso, se señalan los siguientes:

La demanda se radicó el 5 de junio de 2025 3 y fue asignada al Tribunal Administrativo de Santander, el cual mediante auto del 11 de agosto de 2025 dispuso su admisión4 y ordenó el traslado de la medida cautelar solicitada por la parte demandante.5 Posteriormente, con proveído del 20 de octubre de 2025, negó la medida cautelar6 y, en la misma fecha, dispuso ajustar el procedimiento para proferir sentencia anticipada y, se corrió traslado para alegatos de conclusión.7

2. Consideraciones

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación adelantada, y luego de verificar que se hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo del asunto, procederá la Corporación a proferir el fallo de primera instancia.

2.1. Competencia

Conforme al numeral 5 del artículo 152 del CPACA, en la redacción vigente antes de la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021 —aplicable al momento de la radicación de la demanda según el artículo 86 de la mencionada ley —, el Tribunal Administrativo tiene competencia para conocer en primera instancia los asuntos relacionados con contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que

3 Expediente digital actuación 03 índice SAMAI, archivo 07 4 Expediente digital actuación 6 índice SAMAI 5 Expediente digital actuación 7 índice SAMAI 6 Expediente digital actuación 22 índice SAMAI 7 Expediente digital actuación 23 índice SAMAISimple Nulidad Sentencia de primera instancia

Demandante: Alcibíades Blanco Téllez

5 Expediente digital actuación 7 índice SAMAI 6 Expediente digital actuación 22 índice SAMAI 7 Expediente digital actuación 23 índice SAMAISimple Nulidad Sentencia de primera instancia Demandante: Alcibíades Blanco Téllez Demandado: departamento de Santander Radicado: 680012333000-2025-00292-00

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participe una entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en el ejercicio de funciones propias del Estado, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2.2. Problema jurídico8

De acuerdo con los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación, corresponde a la Sala establecer, en primer lugar, si la declaratoria de inexequibilidad del artículo 28 de la Ley 1816 de 2016 produce efectos retroactivos que afecten la validez y los efectos jurídicos del Decreto 823 de 2024, o sus efectos se proyecta únicamente hacia el futuro, según el artículo 45 de la Ley 270 de 1996 y, en segundo lugar, si procede declarar la nulidad del Decreto 823 de 2024, proferido por el departamento de Santander «[p]or medio del cual se adopta la protección especial establecida en el artículo 28 de la Ley 1816 de 2016 y se suspende la expedición de permisos para la introducción de aguardiente nacional o extranjero para la comercialización en el departamento de Santander», por haber sido proferido con desconocimiento de las normas en

1816 de 2016 y se suspende la expedición de permisos para la introducción de aguardiente nacional o extranjero para la comercialización en el departamento de Santander», por haber sido proferido con desconocimiento de las normas en que debía fundarse, o en su defecto, el acto administrativo se ajustó al ordenamiento jurídico vigente en su momento de expedición.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Del decaimiento del acto administrativo por falta de fundamento de derecho y de los efectos de las sentencias de inexequibilidad sobre la fuerza ejecutoria de los actos administrativos.

El decaimiento de los actos administrativos constituye una consecuencia jurídica derivada de la pérdida de su fuerza ejecutoria , la cual se presenta cuando desaparecen los fundamentos de hecho o de derecho que sustentan la validez del acto, conforme a lo previsto en el artículo 91 del CPACA, según el cual, los actos administrativos en firme mantienen su obligatoriedad mientras no hayan sido anulados por la jurisdicción de lo contencioso-administrativo; sin embargo, pierden este carácter en circunstancias específicas, entre ellas, la desaparición de sus fundamentos normativos o fácticos.

La pérdida de fuerza ejecutoria implica que el acto no puede producir efectos hacia el futuro, pues deja de tener sustento jurídico dentro del ordenamiento. No obstante, el decaimiento no equivale a la nulidad del acto ni excluye la posibilidad de ejercer control judicial sobre su validez

Sobre el particular, el Consejo de Estado ha precisado lo siguiente:9

«[…] el acto administrativo existe desde que la Administración ha manifestado

de ejercer control judicial sobre su validez

Sobre el particular, el Consejo de Estado ha precisado lo siguiente:9

«[…] el acto administrativo existe desde que la Administración ha manifestado su voluntad a través de una decisión, y su eficacia (efectos) está condicionada a que tal acto se publique o se notifique. En tal sentido, una vez existe el acto administrativo y se ha notificado o publicado, la Administración queda facultada

8 La fijación del litigio se efectuó mediante el auto del 20 de octubre de 2025. 9 Sección Cuarta, consejero ponente: Milton Chaves García, radicado: 11001-03-27-000-201600012-00(22362), providencia del 15 de agosto de 2018Simple Nulidad Sentencia de primera instancia Demandante: Alcibíades Blanco Téllez Demandado: departamento de Santander Radicado: 680012333000-2025-00292-00

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para cumplirlo o hacerlo cumplir. Esto es lo que se denomina la fuerza ejecutoria del acto. También ha considerado que no puede confundirse la ocurrencia de la pérdida de fuerza de ejecutoria del acto administrativo con las causales de nulidad del mismo. Las causales de nulidad se encuentran previstas en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo [art. 137, CPACA] y se dan desde la misma formación o expedición del acto, bien sea porque se aparta de las normas en que debía fundarse, o porque fue expedido por funcionario u organismo

Código Contencioso Administrativo [art. 137, CPACA] y se dan desde la misma formación o expedición del acto, bien sea porque se aparta de las normas en que debía fundarse, o porque fue expedido por funcionario u organismo incompetente o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de defensa o mediante falsa motivación o desviación de poder. “La pérdida de fuerza ejecutoria es un fenómeno jurídico distinto (…) dicha figura está referida específicamente a uno de los atributos o características del acto administrativo, cual es la de la ejecutividad del mismo, es decir, la obligación que en él hay implícita de su cumplimiento y obedecimiento, tanto por parte de la Administración como de los administrados en lo que a cada uno corresponda, consagrada en el primer inciso del precitado artículo 66, al disponer que “salvo norma en contrario, los actos ad ministrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso pero perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos…”. Dentro de las cinco circunstancias o causas de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo, está (…) la desaparición de sus fundamentos de derecho (numeral 2, artículo 66 cit.), cuya ocurrencia para nada afecta la validez del acto, en cuanto deja incólume la presunción de legalidad que lo acompaña, precisamente el atributo de éste que es el objeto de la acción de nulidad. Por lo mismo, tales causales de pérdida de ejecutoria, vienen a ser situaciones posteriores al nacimiento del a cto de que se tra te, y no tienen la virtud de provocar su anulación.”

En relación con la segunda causal de pérdida de fuerza ejecutoria, que la

posteriores al nacimiento del a cto de que se tra te, y no tienen la virtud de provocar su anulación.”

En relación con la segunda causal de pérdida de fuerza ejecutoria, que la doctrina ha llamado decaimiento del acto (cuando desaparecen sus fundamentos de hecho o de derecho), ésta se produce “cuando ya no existen las circunstancias de modo, tiempo y lugar que le sirvieron de base” o por cuanto se ha presentado: “a) la derogación o modificación de la norma legal en que se fundó el acto administrativo ; b) la declaratoria de inexequibilidad de la norma constitucional o legal hecha por el juez que ejerce el co ntrol de constitucionalidad, en los países donde existe; c) la declaratoria de nulidad del acto administrativo de carácter general en que se fundamenta la decisión de contenido individual o particular…”

Por tanto, la pérdida de fuerza ejecutoria de un acto administrativo no hace infructuoso el análisis de legalidad del acto, en la medida en que el juicio de legalidad requiere la confrontación del acto con las normas superiores a que debía someterse el mismo, a fin de determinar su adecuación al ordenamiento, lo cual es independiente de su validez. Por otra parte, si un acto viciado de nulidad produce o produjo efectos jurídicos, hay lugar a pronunciarse sobre su legalidad como consecuencia del ejercicio de l medio de control de nulidad objetivo, con el fin de preservar la integridad del orden jurídico.10[…]»

Sobre los efectos de las sentencias de la Corte Constitucional proferidas en desarrollo del control judicial de constitucionalidad, el artículo 45 de la Ley 270

objetivo, con el fin de preservar la integridad del orden jurídico.10[…]»

Sobre los efectos de las sentencias de la Corte Constitucional proferidas en desarrollo del control judicial de constitucionalidad, el artículo 45 de la Ley 270

10 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 27 de junio de 2018, exp. 21235, M.P . Stella Jeannette Carvajal Basto. Sobre el mismo punto, ver sentencias del 23 de enero de 2014, exp. 18841, M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; 20 de noviembre de 2014, exp. 18943, M.P . Martha Teresa Briceño de Valencia; 28 de mayo de 2015, exp. 21116, M.P . Jorge Octavio Ramírez Ramírez, y del 19 de abril de 2018, exp. 21176, M.P . Jorge Octavio Ramírez Ramírez, entre otras.Simple Nulidad Sentencia de primera instancia Demandante: Alcibíades Blanco Téllez Demandado: departamento de Santander Radicado: 680012333000-2025-00292-00

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de 1996, 11 precisa que las decisiones de dicha Corporación sobre los actos sujetos a su competencia, conforme al artículo 241 de la Constitución Política, producen efectos hacia el futuro, salvo que la propia Corte disponga lo contrario. En consecuencia, la regla general dis pone que la exclusión de una norma del ordenamiento jurídico opera a partir de la publicación de la sentencia que declara

producen efectos hacia el futuro, salvo que la propia Corte disponga lo contrario. En consecuencia, la regla general dis pone que la exclusión de una norma del ordenamiento jurídico opera a partir de la publicación de la sentencia que declara su inexequibilidad, excepto cuand o se determine expresamente efectos diferentes.

Al respecto, la Sección Segunda, consideró lo siguiente:12

«[…] En tal sentido, es claro que con la pérdida de ejecutoriedad de los actos administrativos, no se discute ni se afecta su presunción de legalidad, así como tampoco se corrigen errores formales en la actuación, sino que, ante la configuración de alguna de las causales de la norma en comento, lo que se concreta finalmente es una excepción a la firmeza del acto, la cual puede ser planteada tanto por la administración como por el particular afectado cuando se materialice alguno de los mencionados supuestos habilitantes, ello con el fin de tener una causa legal y justificada para dejar de cumplir lo resuelto por la entidad.

Por esa misma razón, resulta consecuente afirmar que el aludido decaimiento opera ipso iure (o de pleno derecho), esto es, sin que sea necesaria su declaratoria en vía administrativa o judicial, pues la consecuencia de su estructuración únicamente implica la ineficacia de la decisión administrativa, sin afectar su existencia ni su validez, dado que las causales en comento se concretan de manera posterior a la expedición del acto y no son inherentes a su propia esencia, sino a circunstancias externas que imp osibilitan el acatamiento material de la situación jurídica previamente creada, extinguida o modificada por la autoridad, tanto así que sus efectos siempre serán a futuro y no retroactivos

propia esencia, sino a circunstancias externas que imp osibilitan el acatamiento material de la situación jurídica previamente creada, extinguida o modificada por la autoridad, tanto así que sus efectos siempre serán a futuro y no retroactivos como sucedería con una eventual nulidad.

De hecho, sobre el punto esta Subsección 13 ha precisado su alcance de la siguiente forma:

«[…] El decaimiento del acto supone que el acto no podrá surtir efectos hacia el futuro, desde el momento en que desaparecen sus fundamentos de derecho. No obstante, ello no impide que pueda adelantarse el estudio de legalidad respectivo, pues el juicio de nulidad del acto es diferente al de la ejecutoriedad del acto. […] La pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo ocurre cuando, después de su expedición, sobreviene la ausencia de obligatoriedad de ejecución por alguna de las causales allí señaladas, entre ellas, por la desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho. […] La jurisprudencia y la doctrina han desarrollado la institución del «decaimiento del acto administrativo», haciéndola consistir en una «“extinción” del acto acusado, que tiene ocurrencia cuando se presentan circunstancias que comportan la desaparición de los fundamentos jurídicos del respectivo acto administrativo». […]»

De otra parte, en relación con la configuración del decaimiento de los actos administrativos por la desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho,

11 Artículo 45: «Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro

11 Artículo 45: «Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario.» 12 Consejo de Estado, consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez, radicado: 18001-23-33000-2017-00170-01 (6301-2018), sentencia del 4 de julio de 2024 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 12 de noviembre de 2020. Radicado: 63001 -23-33-000-2014-00244-01 (29912016).Simple Nulidad Sentencia de primera instancia Demandante: Alcibíades Blanco Téllez Demandado: departamento de Santander Radicado: 680012333000-2025-00292-00

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

el Consejo de Estado 14 ha precisado que dicha circunstancia no genera su nulidad ni impide el control judicial. En efecto, el acto aun cuando haya perdido fuerza de ejecutoria, conserva la presunción de legalidad que lo ampara desde su expedición, por lo que su validez debe examinarse con base en las circunstancias jurídicas y fácticas existentes al momento en que fue proferido , en esa medida, solamente una sentencia que declare su nulidad tiene la capacidad de desvirtuar dicha presunción, con efectos ex tunc , esto es, retroactivos al momento mismo de su creación, lo que distingue claramente el

en esa medida, solamente una sentencia que declare su nulidad tiene la capacidad de desvirtuar dicha presunción, con efectos ex tunc , esto es, retroactivos al momento mismo de su creación, lo que distingue claramente el juicio de legalidad del fenómeno del deca