TA SAN - Sentencia 680012333000-2025-00502-00 (29-09-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

SIGCMA–

SGC

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público Tribunal Administrativo de Santander

Bucaramanga, veintinueve (29) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

Sentencia de primera instancia

Medio de control Acción de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos Radicado 680012333000-2025-00502-00 Accionantes Sofía Jaramillo Figueroa, Paola Marcela Silva Pérez, Yibeth Zhareth Almeida Martínez y Karen Stefanni Pérez Álvarez litigio.estrategico@uis.edu.co Accionado Ministerio de Salud y Protección Social notificacionesjudiciales@minsalud.gov.co ministeriodesaludballesteros@gmail.com Ministerio público Jesús Eduardo Rodríguez Orozco procjudadm47@procuraduria.gov.co Sentencia núm. 075 Tema La Sala, verificados los requisitos de procedibilidad de la acción, en particular la constitución en renuencia, abordó en primer término la pertinencia del enfoque de género en asuntos estructurales del sector salud y precisó, seguidamente, que los deberes de elaborar, adoptar y actualizar protocolos y guías de atención recaen de manera cierta en el Ministerio de Salud y Protección Social. Con base en una interpretación integral, finalista y sociológica de la Ley 1257 de 2008 y del Decreto 4796 de 2011, a la luz de los

guías de atención recaen de manera cierta en el Ministerio de Salud y Protección Social. Con base en una interpretación integral, finalista y sociológica de la Ley 1257 de 2008 y del Decreto 4796 de 2011, a la luz de los principios de progresividad y no regresividad y de la necesaria actualización constante que impone la evolución normativa, técnica y científica, se concluyó que los instrumentos invocados por la entidad no satisfacen los mandatos legales y reglamentarios. Se constató la desactualización del protocolo de violencia sexual adoptado en 2012, la derogatoria sin sustitución de la guía de mujer maltratada, la ausencia de protocolos para la violencia psicológica, la intrafamiliar y la económica o patrimonial, así como la omisión de violencias propias del ámbito sanitario, en especial la obstétrica, y la falta de lineamientos diferenciados frente a la violencia sexual. En este marco, la Sala declara el incumplimiento de lo dispuesto enAccionantes: Sofía Jaramillo Figueroa y otras.

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el artículo 13, numeral 1, de la Ley 1257 de 2008 y en el artículo 5 de l Decreto 4796 de 2011. Magistrada ponente Claudia Patricia Peñuela Arce

La Sala decide la acción de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos interpuesta por las señoras Sofía Jaramillo Figueroa, Paola Marcela Silva Pérez, Yibeth Zhareth Almeida Martínez y Karen Stefanni Pérez Álvarez en su

La Sala decide la acción de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos interpuesta por las señoras Sofía Jaramillo Figueroa, Paola Marcela Silva Pérez, Yibeth Zhareth Almeida Martínez y Karen Stefanni Pérez Álvarez en su calidad de personas naturales, profesores/as y estudiantes integrantes de la Clínica Jurídica «Carlos Gaviria Díaz» de la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Industrial de Santander contra el Ministerio de Salud y Protección Social.

1. Antecedentes

1.1. Trámite

La demanda del medio de control se radicó el 25 de agosto de 2025 1 y, por reparto, correspondió al Despacho 06 2, a cargo del magistrado Iván Mauricio Mendoza Saavedra, que la admitió al día siguiente 3. El 29 de agosto de 2025 4 la entidad accionada presentó escrito de intervención. Con posterioridad, el 18 de septiembre de 20255, el expediente ingresó al despacho ponente para decisión en ponencia de mayorías, luego de que el proyecto inicialmente presentado por el magistrado Iván Mauricio Mendoza Saavedra fuera derrotado.

1.2. Posición de la parte accionante

En ejercicio de la acción de cumplimiento 6 prevista en la Ley 393 de 1997, las ciudadanas promovieron demanda contra el Ministerio de Salud y Protección Social, encaminada a hacer efectivos los mandatos contenidos en el artículo 13, numeral 1.º, de la Ley 1257 de 2008 y en el artículo 5 del Decreto 4796 de 2011, en el marco de las obligaciones del sector salud frente a las violencias contra las mujeres.

Con ese fin, formularon las siguientes pretensiones:

de la Ley 1257 de 2008 y en el artículo 5 del Decreto 4796 de 2011, en el marco de las obligaciones del sector salud frente a las violencias contra las mujeres.

Con ese fin, formularon las siguientes pretensiones:

PRIMERO: ORDENAR al Ministerio de Salud y Protección Social el cumplimiento de los mandatos claros e imperativos establecidos en el artículo 13 de la Ley 1257 de 2018 [sic]. En consecuencia, se deberán actualizar/crear los protocolos del sector salud para la atención de casos de violencias contra la mujer.

1 Expediente digital, actuación 003 SAMAI, enlace en la plataforma, archivo denominado 13ED_CONSTANCIACORREO(.pdf). 2 Expediente digital, actuación 003 SAMAI, enlace en la plataforma, archivo denominado 11ED_actareparto(.pdf). 3 Expediente digital, actuación 005 SAMAI, enlace en la plataforma, archivo denominado 14Autoadmitedem_2025502AutoAdmiteCum(.pdf). 4 Expediente digital, actuación 00 11 SAMAI, enlace en la plataforma, archivo denominado 18_MemorialWeb_CONTESTACIONACCIONDECUMPLIMEINTO-RAD68001233300020250050200SOFIAJARAMILLOFIGUEROAYOTROS(.pdf). 5 Expediente digital, índice 0019 SAMAI. 6 Expediente digital, actuación 003 SAMAI, enlace en la plataforma, archivo denominado 12ED_5adf3dd3166f48778324(.pdf).Accionantes: Sofía Jaramillo Figueroa y otras.

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SEGUNDO: ORDENAR al Ministerio de Salud y Protección Social actualizar la norma

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SEGUNDO: ORDENAR al Ministerio de Salud y Protección Social actualizar la norma técnica de la Mujer Maltratada, y el Modelo y protocolo de atención integral a víctimas de violencia sexual.

En el caso del documento “GUIA DE LA MUJER MALTRATADA” referido en el acápite de hechos y adjunto al presente escrito ordenar:

1. Se actualice las estadísticas y contexto en salud en el marco de las Violencias contra la mujer.

2. Se actualice el marco conceptual de la guía teniendo en cuenta las diversas tipologías de violencia contra la mujer incluido el conce pto de violencia interfamiliar, de conformidad con la Ley 1257 del 2008, Ley 1959 del 2019 y ley 2126 del 2021 y el marco jurídico legal vigente.

3. Se actualicen los acápites de “denuncia” de la guía teniendo en cuenta el marco jurídico frente a la activación de rutas en caso de violencia contra las mujeres menores y mayores de edad. Lo anterior, de conformidad al artículo 67 ley 906 de 2004, y articulo 1 Ley 1542 de 2012 que establece la violencia intrafamiliar como un delito investigable de oficio.

4. Se inco rporen los enfoques diferenciales, enfoque de género e interseccionalidad.

TERCERO: ORDENAR al Ministerio de Salud y Protección Social crear los protocolos pertinentes que permitan abordar todos los tipos de violencias contra la mujer de que trata la ley 1257 del 2008 incluido el abordaje y ruta en caso de violencia intrafamiliar,

TERCERO: ORDENAR al Ministerio de Salud y Protección Social crear los protocolos pertinentes que permitan abordar todos los tipos de violencias contra la mujer de que trata la ley 1257 del 2008 incluido el abordaje y ruta en caso de violencia intrafamiliar, así como la violencia obstétrica reconocida por la corte constitucional.

CUARTO: ORDENAR al Ministerio de Salud y Protección Social publicar los documentos sobre GUIAS Y PROTOCOLOS en casos de violencia contra la mujer en su página web para la respectiva consulta ciudadana y de los profesionales de la salud.

QUINTO: ORDENAR al Ministerio de Salud y Protección Social socializar los documentos sobre GUIAS Y PROTOCOLOS en casos de violencia contra la mujer a las EPS e IPS del país.

1.2.1. Sustentaron sus pretensiones en las siguientes afirmaciones: En el marco de una investigación sobre la presencia estatal y el cumplimiento de las medidas de sensibilización y prevención del capítulo IV de la Ley 1257 de 2008, la Línea de Género de la Clínica Jurídica «Carlos Gaviria Díaz» de la Universidad Industria l de Santander revisó la información del Ministerio de Salud y Protección Social. En la sección “Guías y Protocolos” aparecían referencias a cuatro normas técnicas –menor maltratado, mujer maltratada, modelo y protocolo de atención integral a víctimas de violencia sexual y protocolo de urgencias para víctimas de ataques con agentes químicos–, pero el enlace a la norma técnica de “mujer maltratada” no permitió acceder al documento y no se halló versión actualizada en los portales institucionales. Ante esa situación, el 7 de octubre de 2024 presentaron derecho de petición para que

al documento y no se halló versión actualizada en los portales institucionales. Ante esa situación, el 7 de octubre de 2024 presentaron derecho de petición para que se identificaran los protocolos y guías aplicables a la atención de casos de violencia contra la mujer, con sus fechas de expedición y última actualización, se remitieran sus versiones vigentes o, en su defecto, se informara sobre el estado de elaboración y actualización. El 20 de enero de 2025, mediante radicado 2024423001630052, el Ministerio reconoció la responsabilidad prevista en el numeral 1 del artículo 13 de la Ley 1257 de 2008 yAccionantes: Sofía Jaramillo Figueroa y otras.

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remitió al Modelo y Protocolo de Atención Integral en Salud a Víctimas de Violencia Sexual adoptado por la Resolución 0459 de 2012. Ese instrumento no registra actualizaciones desde 2012 y se circunscribe a violencia sexual, por lo que no cubre las demás modalidades previstas en la Ley 1257 de 2008. El 9 de junio de 2025 presentaron nueva solicitud de información y constitución de renuencia, reiteraron los requerimientos iniciales y pidieron, en caso de inexistencia de versiones vigentes, que se realizaran las actualizaciones correspondientes. Ante la falta de respuesta, el 18 de julio de 2025 realizaron una búsqueda adicional y localizaron un documento titulado “Guía de la Mujer Maltratada” con membretes oficiales, sin fecha, atribuible por referenc ias institucionales al periodo 1998 a 2002. El

localizaron un documento titulado “Guía de la Mujer Maltratada” con membretes oficiales, sin fecha, atribuible por referenc ias institucionales al periodo 1998 a 2002. El examen del contenido evidenció desactualización: estadísticas entre 1993 y 1998, tipologías y definiciones no armonizadas con la Ley 1257 de 2008 ni con los ajustes de las Leyes 1959 de 2019 y 2126 de 2021, apartados sobre denuncia que solo contemplan violencia física y sexual sin reflejar el deber de denunciar del artículo 67 de la Ley 906 de 2004 ni la investigación de oficio de la violencia intrafamiliar prevista en la Ley 1542 de 2012, y ausencia de enfoque s diferencial, de género e interseccional. Con base en esos hallazgos, el 23 de julio de 2025 presentaron nueva constitución de renuencia con solicitudes específicas sobre dicha guía. Al 25 de agosto de 2025 no obraba respuesta física o virtual ni constancia descargable en el sistema de seguimiento del Ministerio, circunstancia que motivó la presentación de la acción de cumplimiento. 1.3. Posición de la parte accionada El Ministerio de Salud y Protección Social 7 se opuso a todas las pretensiones con fundamento en que no se configura incumplimiento del artículo 13 de la Ley 1257 de 2008. En la página oficial obran guías y protocolos sobre atención a víctimas de violencias basadas en género, incluida la referencia a mujer maltratada. Se precisa que la ruta de atención integral no se reduce a un documento en la web institucional, pues respon de a un conjunto de acciones articuladas orientadas a la protección, recuperación y restitución de derechos. Esa ruta integra actuaciones internas según competencias y

atención integral no se reduce a un documento en la web institucional, pues respon de a un conjunto de acciones articuladas orientadas a la protección, recuperación y restitución de derechos. Esa ruta integra actuaciones internas según competencias y coordinación intersectorial, con adaptación a las condiciones de cada caso y a la disponibilidad institucional en cada territorio.

7 Expediente digital, actuación 0011 SAMAI, enlace en la plataforma, archivo denominado 18_MemorialWeb_CONTESTACIONACCIONDECUMPLIMEINTO-RAD68001233300020250050200SOFIAJARAMILLOFIGUEROAYOTROS(.pdf).Accionantes: Sofía Jaramillo Figueroa y otras.

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En este marco se adelantan acciones permanentes de fortalecimiento y apoyo técnico a departamentos, distritos y municipios priorizados para la construcción y actualización de rutas. En desarrollo de la Ley 1257 de 2008 y normas complementarias se han expedido actos administrativos y se han elaborado piezas pedagógicas, protocolos de atención y rutas intersectoriales. El ordenamiento vigente comprende, entre otras, la Ley 1257 de 2008, la Ley 1719 de 2014, la Ley 1761 de 2015 y los protocolos y resoluciones sectoriales, que operan como referentes obligatorios para la atención integral de mujeres víctimas de violencias. Consta respuesta del 20 de enero de 2025, radicado 2025210200086601, en la que se reconoce la función prevista en el numeral 1.° del artículo 13 y se informa la adopción del Modelo y Protocolo de Atención Integral en Salud a Víctimas de Violencia Sexual

reconoce la función prevista en el numeral 1.° del artículo 13 y se informa la adopción del Modelo y Protocolo de Atención Integral en Salud a Víctimas de Violencia Sexual mediante Resolución 0459 de 2012, con remisión a su consulta electrónica. Se sostiene que no hay i ncumplimiento de las obligaciones derivadas del artículo 13, dado que la Resolución 0459 de 2012 es un instrumento vigente y aplicable para la atención integral. La obligación ministerial no se agota en un único protocolo y se ha desarrollado a través de un conjunto de actos normativos, protocolos especializados y rutas intersectoriales, entre ellos el Decreto 1033 de 2014 y la Resolución 4568 de 2014 sobre atención de urgencias a víctimas de ataques con agentes químicos. La “Guía de la Mujer Maltratada” identificada por la parte actora corresponde a lineamientos previos a la Ley 1257 de 2008 y no refleja el cumplimiento actual. La existencia de ese antecedente no desvirtúa el marco jurídico y técnico actualizado, integrado por la Resolución 0459 de 2012, el Decreto 1033 de 2014, la Resolución 4568 de 2014 y demás instrumentos posteriores. Se agrega que desde la Resolución 412 de 2000 existían guías técnicas para la atención de mujeres y menores maltratados y que el andamiaje se ha complementado con lineamientos, instructivos, manuales, cartillas, videos y módulos de capacitación comunitaria. También se citan el Plan Decenal de Salud Pública 2012 a 2021, la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos y el CONPES Social 161 de 2013 sobre equidad de género para las mujeres. Con ese panorama se concluye que

Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos y el CONPES Social 161 de 2013 sobre equidad de género para las mujeres. Con ese panorama se concluye que los protocolos existen, están adoptados y hacen parte del marco regulatorio vigente y que su implementación y difusión corresponde a entidades territoriales, EPS e IPS en un proceso intersectorial. De ahí que la solicitud de ordenar en sede de cumplimiento la creación o actualización de protocolos específicos desborde el mandato legal, pues no existe disposición expresa que imponga la expedición de nuevos instrumentos ni la actualización periódica de los ya vigentes. 1.4. Concepto del Ministerio PúblicoAccionantes: Sofía Jaramillo Figueroa y otras.

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El Procurador 47 Judicial II8 rindió concepto en el que solicitó acceder a las pretensiones porque persiste el incumplimiento del artículo 13 numeral 1.° de la Ley 1257 de 2008. Las actuaciones invocadas por el Ministerio de Salud, Resolución 0459 de 2012, Decreto 1033 de 2014 y Resolución 4568 de 2014, eviden cian avances acotados en violencia sexual y en ataques con agentes químicos. Falta un marco integral para las demás modalidades previstas por la ley, en especial la violencia psicológica, de modo que la obligación de elaborar y actualizar protocolos permanece abierta. A ello se suma que el presupuesto de renuencia quedó acreditado. Consta el derecho de petición del 7 de octubre de 2024 y obran las constituciones en renuencia del 9 de

que la obligación de elaborar y actualizar protocolos permanece abierta. A ello se suma que el presupuesto de renuencia quedó acreditado. Consta el derecho de petición del 7 de octubre de 2024 y obran las constituciones en renuencia del 9 de junio y del 23 de julio de 2025 con sus respectivas constancias de recepción. Todas las gestiones se encaminaron a exigir la expedición o actualización de los lineamientos para la atención de la violencia contra las mujeres. Por otra parte, el mandato legal es claro, imperativo y vigente. El artículo 13 numeral 1.° impone al M inisterio la elaboración o actualización de protocolos y guías para las instituciones de salud y su personal con especial cuidado hacia las víctimas. La acción de cumplimiento resulta procedente, pues no existe otro medio judicial idóneo para hacer efectiv a esta obligación de hacer y su ejecución descansa en actos administrativos y directrices técnicas, no en nuevas apropiaciones presupuestales. Por lo tanto , se pidió ordenar al Ministerio de Salud la elaboración y actualización integral de los protocolos y guías, con enfoque de atención oportuna, prevención de la revictimización y coordinación interinstitucional, hasta la plena satisfacción del deber legal.

2. Consideraciones

2.1. Competencia Esta Corporación es competente para conocer, en primera instancia, de la presente acción de cumplimiento, por dirigirse contra el Ministerio de Salud y Protección Social, autoridad del orden nacional, según lo dispuesto en el artículo 152 9, numeral 14, de la Ley 1437 de 2011. 2.2. Normas presuntamente incumplidas

8 Expediente digital, actuación 0011 SAMAI, enlace en la plataforma, archivo denominado 19_MemorialWeb_Concepto-CONCEPTOACRAD680(.pdf).

Ley 1437 de 2011. 2.2. Normas presuntamente incumplidas

8 Expediente digital, actuación 0011 SAMAI, enlace en la plataforma, archivo denominado 19_MemorialWeb_Concepto-CONCEPTOACRAD680(.pdf). 9 Artículo 152 CPACA. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: 14. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de e se mismo ámbito desempeñen funciones administrativas.Accionantes: Sofía Jaramillo Figueroa y otras.

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En el caso concreto, se pidió el cumplimiento de las siguientes disposiciones, que se transcriben en su tenor literal: Ley 1257 de 2008. Artículo 13. Medidas en el ámbito de la salud. Reglamentado por el Decreto Nacional 4796 de 2011. El Ministerio de la Protección Social, además de las señaladas en otras leyes, tendrá las siguientes funciones:

1. Elaborará o actualizará los protocolos y guías de actuación de las instituciones de salud y de su personal ante los casos de violencia contra las mujeres. En el marco de la presente ley, para la elaboración de los protocolos el Ministerio tendrá especial cuidado en la atención y protección de las víctimas.

Decreto 4796 de 2011. Artículo 5°. Guías y protocolos. Dentro del año siguiente a la entrada en vigencia del presente decreto, el Ministerio de Salud y Protección Social,

cuidado en la atención y protección de las víctimas. Decreto 4796 de 2011. Artículo 5°. Guías y protocolos. Dentro del año siguiente a la entrada en vigencia del presente decreto, el Ministerio de Salud y Protección Social, actualizará las guías para la atención de la mujer maltratada y del menor de edad maltratado, contenidas en la Resolución 412 de 2000 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. De igual forma, adoptará el Modelo y Protocolo de Atención integral en Salud a Víctimas de Violencia Sexual.

2.3. Procedibilidad de la acción de cumplimiento La acción de cumplimiento10 está reglamentada por la Ley 393 de 1997. De ese estatuto se desprenden los requisitos mínimos de procedencia11, así: (i) Que el deber jurídico cuyo acatamiento se reclama esté consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o en actos administra tivos, conforme al artículo 1.

(ii) Que el mandato sea imperativo e inobjetable y se encuentre radicado en cabeza de una autoridad pública o de un particular en ejercicio de funciones públicas, de acuerdo con los artículos 5 y 6.

(iii) Que se acredite la renuencia al cumplimiento del deber, ya por acción u omisión del obligado o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente incumplimiento, según el artículo 8. (iv) Que no exista otro instrumento judicial idóneo para obtener el cumplimien to efectivo del deber jurídico, salvo cuando su ausencia genere un perjuicio grave e inminente para quien ejerce la acción, en los términos del artículo 9.

(iv) Que no exista otro instrumento judicial idóneo para obtener el cumplimien to efectivo del deber jurídico, salvo cuando su ausencia genere un perjuicio grave e inminente para quien ejerce la acción, en los términos del artículo 9. Solo una vez suplidas las anteriores exigencias, corresponderá analizar la existencia de un mandato imperativo e inobjetable que esté radicado en cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido esta acción. Este último corresponde a un análisis del fondo del asunto del cual depende la prosperidad de las pretensiones expuestas en la demanda. Estos criterios se aplicarán al caso para efecto de determinar la procedencia

10 Como lo señaló la Corte Constitucional [el objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la auto ridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo] (subrayado por fuera del texto). 11 Conforme a lo dispuesto en la Ley 393 de 1997, la Sección Quinta del H. Consejo de Estado ha sostenido que la procedencia de la acción de cumplimiento se encuentra supeditada a la acreditación de los cuatro requisitos generales que aquí se enuncian.Accionantes: Sofía Jaramillo Figueroa y otras.

sostenido que la procedencia de la acción de cumplimiento se encuentra supeditada a la acreditación de los cuatro requisitos generales que aquí se enuncian.Accionantes: Sofía Jaramillo Figueroa y otras.

Accionado: Ministerio de Salud y Protección Social Radicado: 680012333000-2025-00502-00

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de la acción y, de ser el caso, abordar el problema jurídico y su metodología de resolución. 2.3.1. El deber jurídico que se pretende hacer cumplir se encuentra consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos

En cuanto a la solicitud de hacer efectivo el acatamiento del artículo 13, numeral 1.º, de la Ley 1257 de 2008 y del artículo 5 del Decreto 4796 de 2011, se está ante una norma con fuerza material de ley y un acto administrativo de carácter general comprendidos en el ámbito del artículo 1.° de la Ley 393 de 1997.

Por otra parte, el artículo 9 del mismo estatuto dispone que la acción no puede perseguir el cumplimiento de disposiciones que establezcan gastos; en este caso, la ejecución pretendida no implica gastos en los términos de dicha prohibición, pues se contrae a la realización de deberes de hacer previam ente definidos por el legislador y su decreto reglamentario dentro de la función administrativa ordinaria.

Con esta precisión, se satisface el presupuesto relativo a la fuente del deber exigible y queda habilitado el examen de procedencia respecto de los demás requisitos.

2.3.2. Existencia de un mandato legal o administrativo imperativo, expreso, claro y exigible

queda habilitado el examen de procedencia respecto de los demás requisitos.

2.3.2. Existencia de un mandato legal o administrativo imperativo, expreso, claro y exigible El artículo 13, numeral 1.º, de la Ley 1257 de 2008 impone el deber de elaborar o actualizar los protocolos y guías de actuación de las instituciones de salud y de su personal frente a los casos de violencia contra las mujeres, con especial cuidado en la atención y protección de las víctimas. A su vez, el artículo 5 del Decreto 4796 de 2011, en su condición de decreto reglamentario, precisa el contenido y la oportunidad de ese deber al disponer que, dentro del año siguiente a su entrada en vigencia, se actualizarán las guías para la atención de la mujer maltratada y del menor maltratado contenidas en la Resolución 412 de 2000 o en las normas que la modi fiquen, adicionen o sustituyan, y se adoptará el Modelo y Protocolo de Atención Integral en Salud a Víctimas de Violencia Sexual. Se trata de deberes imperativos e inobjetables radicados en cabeza de una autoridad pública del orden nacional con competencia en salud. La conducta debida está delimitada en su contenido y en su oportunidad, y las formas verbales “elaborará”, “actualizará” y “adoptará” denotan obligaciones de cumplimiento y no simples directrices programáticas. De este modo queda satisfecho el presupuesto relativo a la existencia de un deber exigible previsto por la Ley 393 de 1997. 2.3.3. La renuenciaAccionantes: Sofía Jaramillo Figueroa y otras.

Accionado: Ministerio de Salud y Protección Social Radicado: 680012333000-2025-00502-00

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2.3.3. La renuenciaAccionantes: Sofía Jaramillo Figueroa y otras.

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Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea emitida en tiempo, “resulte contraria al querer del ciudadano”12. En el expediente obran dos peticiones, de fechas 10 de junio y 29 de julio de 2025, presentadas ante el Ministerio de Salud y Protección Social por la misma parte que promueve esta acción, mediante las cuales se sol icitó identificar, remitir y, de ser el caso, crear o actualizar los protocolos y guías del sector salud para la atención de violencias contra las mujeres con fundamento en el artículo 13, numeral 1, de la Ley 1257 de 2008. Ambas solicitudes tuvieron la fi nalidad de constituir en renuencia a la entidad, y la identidad de normas invocadas, objeto pretendido, sujeto activo y autoridad requerida se mantiene entre tales escritos y la demanda, de manera que se satisface la correspondencia exigida por la jurisprudencia para tener por configurada la renuencia. Ahora bien, al momento de la admisión del medio de control no reposaba en el expediente respuesta de la administración. Con posterioridad, el 5 de septiembre de 2025, la parte actora allegó comunicación susc rita por la entidad requerida. Corresponde, entonces, valorar su contenido para efectos de la renuencia. Su contenido se limita a remitir al Protocolo y Modelo de Atención Integral en Salud a Víctimas de

2025, la parte actora allegó comunicación susc rita por la entidad requerida. Corresponde, entonces, valorar su contenido para efectos de la renuencia. Su contenido se limita a remitir al Protocolo y Modelo de Atención Integral en Salud a Víctimas de Violencia Sexual adoptado en 2012, a informar que la guía de atención a la mujer maltratada no se encuentra vigente y a anunciar procesos de actualización y lineamientos transversales. Frente al requerimiento concreto de acreditar la existencia, actualización o adopción de protocolos y guías para la atención de las distintas formas de violencia contra las mujeres, la comunicación no aporta los documentos exigi dos ni demuestra actos administrativos de actualización o adopción que satisfagan la solicitud en los términos del artículo 13 de la Ley 1257 de 2008. En clave de artículo 8 ibidem, tal respuesta equivale a ratificación del incumplimiento respecto del debe r cuya observancia se pidió. Resta precisar el alcance de la renuencia frente al artículo 5 del Decreto 4796 de 2011. Aunque en la petición del 10 de junio de 2025 no se citó expresamente dicho precepto, sí se reclamó el cumplimiento de su contenido al r equerir información y actualización sobre la “Guía de atención a la mujer maltratada” y sobre el Modelo y Protocolo de Atención Integral en Salud a Víctimas de Violencia Sexual. La entidad, en la respuesta del 5 de septiembre de 2025, manifestó que la primera guía no se encuentra vigente por haber sido derogada y que el segundo instrumento se