TA SAN - Sentencia 680012333000-2025-00619-00 (22-10-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, veintidós (22) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

ACCIÓN: Recurso de insistencia RADICADO: 680012333000-2025-00619-00

DEMANDANTE: Jennifer Pedraza Sandoval, representante a la

Camara de Bogotá Jennifer.pedraza@camara.gov.co

DEMANDADO:

Universidad Industrial de Santander notijudiciales@uis.edu.co

MINISTERIO PÚBLICO:

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO: Sentencia de única instancia TEMA: i) la condición de autoridad legislativa de la solicitante aún bajo la hipótesis de que la información solicitada estuviera revestida del carácter de reservada, comporta dar aplicación al artículo 27 del CPACA, para hacer prevalecer esta norma sobre la cláusula de confidencialidad pactada entre la Universidad Industrial de Santander y el Ministerio del Interior en el Contrato Interadministrativo 2402 de 2023 y ii) los documentos y la información solicitada por la representante que se sometió a reserva a través de la cláusula de confidencialidad pactada en el

Ministerio del Interior en el Contrato Interadministrativo 2402 de 2023 y ii) los documentos y la información solicitada por la representante que se sometió a reserva a través de la cláusula de confidencialidad pactada en el contrato interadministrativo no podía revestirse de ese carácter a luz del ordenamiento jurídico colombiano y el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos

Decide la Sala el recurso de insistencia interpuesto por la señora Jennifer Pedraza Sandoval en su condición de Representante a la Cámara de Bogotá contra la decisión del 5 de septiembre de 2025 adoptada por la Universidad Industrial de Santander mediante la cual se negó a suministrar la información solicitada por motivos de reserva.Recurso de Insistencia Sentencia de única instancia

Demandante: Jennifer Pedraza Sandoval Demandado Universidad Industrial de Santander Radicado. 680012333000-2025-00619-00

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

1. Antecedentes

1.1. La petición1

El 21 de agosto de 2025 , e n ejercici o del derecho fundamental de petición , previsto en el artículo 23 de la Constitución Política, la señora Jennifer Pedraza Sandoval presentó solicitud a la Universidad Industrial de Santander.

La solicitud elevada es del siguiente tenor literal:

«[…] en ejercicio del artículo 23 de la Constitución Política de la República de Colombia y en ejercicio de las funciones de control político (numeral 3, artículo

La solicitud elevada es del siguiente tenor literal:

«[…] en ejercicio del artículo 23 de la Constitución Política de la República de Colombia y en ejercicio de las funciones de control político (numeral 3, artículo 6, Ley 5 de 1992) y control público (numeral 7, artículo 6, Ley 5 de 1992), presento el siguiente DERECHO DE PETICIÓN

PRIMERO. Se REMITA una copia del contrato de prestación de servicios 113 de 2024, celebrado entre la Universidad Industrial de Santander y la señora JULIANA ANDREA GUERRERO JIMÉNEZ, junto a los soportes de ejecución, los informes del supervisor o interventor y demás anexos relacionados al mismo.

SEGUNDO. Se REMITA una copia del contrato de prestación de servicios 306 de 2023, celebrado entre la Universidad Industrial de Santander y la señora JULIANA ANDREA GUERRERO JIMÉNEZ, junto a los soportes de ejecución, los informes del supervisor o interventor y demás anexos relacionados al mismo.

TERCERO. Se INFORMEN los criterios de selección de la señora JULIANA ANDREA GUERRERO JIMÉNEZ como enlace territorial de las actividades relacionadas con espacios de sensibilización y articulación de escenarios de convivencia y seguridad ciudadana en el marco de la ejecución de l Contrato Interadministrativo No. 2402 de 2023, suscrito entre el Ministerio del Interior y la Universidad Industrial de Santander.

CUARTO. Se INFORME si la señora JULIANA ANDREA GUERRERO JIMÉNEZ o su hermana, la señora VERÓNICA GUERRERO, tienen o han tenido alguna otra vinculación contractual con la Universidad Industrial de Santander. - Remitir

CUARTO. Se INFORME si la señora JULIANA ANDREA GUERRERO JIMÉNEZ o su hermana, la señora VERÓNICA GUERRERO, tienen o han tenido alguna otra vinculación contractual con la Universidad Industrial de Santander. - Remitir copia del o los contratos en caso de que existiesen. - Remitir los soportes de ejecución, los informes del supervisor o interventor y demás anexos relacionados a los contratos en caso de que existiesen. […]» (sic en todo el texto)

1.2. De la respuesta a la solicitud2

El 5 de septiembre de 2025, el profesional de Rectoría de la Universidad Industrial de Santander dio respuesta a la solicitud realizada por la señora Jennifer Pedraza Sandoval, en los siguientes términos:

«[…] Ahora bien, el derecho de acceso a la información pública en Colombia se encuentra regulado principalmente en la Ley 1712 de 2014, la Ley 1755 de 2015 y la Ley 1581 de 2012. Dichas normas establecen un equilibrio entre el principio de transparencia y la necesidad de proteger la intimidad, los datos personales y la información reservada.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley 1712 de 2014, las entidades públicas deben publicar información relacionada con sus servidores y contratistas, como el nombre, formación académica, experiencia, objeto contractual, valor y plazo del contrato. Esa información es de carácter público y puede ser consultada libremente.

1 Expediente digital, actuación 4, índice SAMAI, folios 6 a 8 2 Expediente digital, actuación 4, índice SAMAI, folio 11 a 15Recurso de Insistencia Sentencia de única instancia

Demandante: Jennifer Pedraza Sandoval

1 Expediente digital, actuación 4, índice SAMAI, folios 6 a 8 2 Expediente digital, actuación 4, índice SAMAI, folio 11 a 15Recurso de Insistencia Sentencia de única instancia

Demandante: Jennifer Pedraza Sandoval Demandado Universidad Industrial de Santander Radicado. 680012333000-2025-00619-00

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

Sin embargo, el mismo marco normativo advierte que debe omitirse cualquier información que pueda afectar la privacidad, el buen nombre o la seguridad de las personas. En ese mismo sentido, resulta importante precisar que la información que se encuentra en la plataforma oficial de contratación pública, SECOP, corresponde únicamente a los datos que, por ley, tienen carácter público. No obstante, los informes de ejecución, soportes técnicos, reportes de supervisión e interventoría y demás documentos de similar naturaleza constituyen información reservada, razón por la cual no hacen parte de las publicaciones en dicha plataforma ni pueden ser objeto de divulgación por parte de la Universidad.

[…] De otra parte, es pertinente dar aplicación a las disposiciones legales contenidas en la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales, que define como datos sensibles «aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las conv icciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de der echos humanos o que promueva

discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las conv icciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de der echos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos».

Respecto a la protección de todas las bases de datos, serán aplicables los principios instituidos en la citada ley para los documentos sujetos a reserva legal, para lo cual debe tenerse en cuenta el principio de libertad desarrollado en el Artículo 4 de la Ley 1581 ibidem, que establece:

[…]

Resulta fundamental resaltar que en el Contrato Interadministrativo N.º 2402 de 2023 suscrito entre la Universidad y el Ministerio del Interior, establece en la Cláusula Vigésima Segunda: Confidencialidad de manera expresa que ninguna de las partes podrá d ivulgar, comunicar o utilizar en forma indebida la información a la que tenga acceso o que se genere con ocasión de la ejecución del contrato, salvo autorización previa, expresa y por escrito de la otra parte.

Esta cláusula no solo impone un deber contractual de confidencialidad, sino que eleva la obligación a un compromiso institucional de protección de la información, incluso frente a terceros, incluidos servidores públicos o particulares que soliciten acceso a documentos que hagan parte del proceso de ejecución. Su alcance implica que los contratos, informes de supervisión, soportes de ejecución, documentos técnicos y demás anexos relacionados con el desarrollo del proyecto, tienen el carácter de información r eservada, cuya

ejecución. Su alcance implica que los contratos, informes de supervisión, soportes de ejecución, documentos técnicos y demás anexos relacionados con el desarrollo del proyecto, tienen el carácter de información r eservada, cuya entrega sin autorización constituiría un incumplimiento contractual.

De igual forma, debe recordarse que la cláusula en mención vincula directamente a la Universidad como entidad contratante, lo cual significa que cualquier decisión de suministrar dicha información, sin atender las restricciones contractuales, podría deriva r en responsabilidad administrativa, contractual y patrimonial para la institución.

Así mismo, debe tenerse en cuenta que el quebrantamiento de dichas restricciones puede traducirse en responsabilidad patrimonial para la Universidad, al comprometer sus recursos institucionales frente a eventuales reclamaciones. Por esta razón, la aplicaci ón estricta de las cláusulas contractuales de confidencialidad no constituye un mero formalismo, sino una garantía para salvaguardar la seguridad jurídica de la entidad, la protección de los derechos de los particulares involucrados y el cumplimiento de los principios de legalidad y responsabilidad que rigen la función pública.

[…]Recurso de Insistencia Sentencia de única instancia

Demandante: Jennifer Pedraza Sandoval Demandado Universidad Industrial de Santander Radicado. 680012333000-2025-00619-00

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

En relación con las pretensiones primera y segunda, es preciso indicar que los contratos de prestación de servicios N.º 113 de 2024 y N.º 306 de 2023,

Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

En relación con las pretensiones primera y segunda, es preciso indicar que los contratos de prestación de servicios N.º 113 de 2024 y N.º 306 de 2023, celebrados entre la Universidad Industrial de Santander y la señora Juliana Andrea Guerrero Jiménez, junto con la información esencial de los mismos, se encuentran disponibles en los sistemas de acceso público dispuestos para la contratación estatal.

De conformidad con la Ley 1712 de 2014 y la normatividad vigente en materia de transparencia y acceso a la información pública, dicha documentación puede ser consultada en la Plataforma SECOP, en donde reposan los contratos suscritos por la Universidad, in cluyendo el objeto contractual, valor, plazo y demás datos que hacen parte de la publicidad obligatoria. En este orden de ideas, la información relacionada con los contratos en mención se encuentra disponible en los siguientes enlaces de SECOP. Adicionalme nte adjuntamos copia de los contratos de prestación de servicios No 306 de 2023 (Registro Contractual 2023000581) y No 113 de 2024 (Registro Contractual 2024000220).

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notic eUID=CO1.NTC.5198342&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notic eUID=CO1.NTC.5526608&isFromPublicArea=True&isModal=False

La Universidad cuenta con la Veeduría Institucional, la cual constituye un mecanismo interno de control social a través del cual los ciudadanos pueden verificar y hacer seguimiento a la gestión contractual, incluyendo la información

La Universidad cuenta con la Veeduría Institucional, la cual constituye un mecanismo interno de control social a través del cual los ciudadanos pueden verificar y hacer seguimiento a la gestión contractual, incluyendo la información básica de los contratos y su ejecución. En este orden ideas se adjunta el enlace de veeduría ciudadana de la universidad en donde se encuentra la información publicada de los contratos en mención.

• https://www.uis.edu.co/veeduria/indexNuevo.html

Consulta de Proveedores / Búsqueda por razón social / Por nombre o razón social (digitar el nombre del contratista) / Buscar

En cuanto a la tercera pretensión, referente a los criterios de selección de los contratistas para la ejecución del Contrato Interadministrativo N.º 2402 de 2023, suscrito entre el Ministerio del Interior y la Universidad Industrial de Santander, se relacionan con espacios de sensibilización y articulación de escenarios de convivencia y seguridad ciudadana, obedecen a las dinámicas de conflictividad y las características de cada territorio, en el anterior sentido se priorizan las personas que ya venían dese mpeñándose como gestores para la vida en vigencias anteriores, lideres o lideresas sociales, jóvenes, grupos minoritarios, juntas de acción comunal, medios alternativos, personal LGBTI, comunidades afro e indígenas. La selección de personas para implementa r el programa Sistema Nacional Convivencia para la Vida (SNCPV) fue realizada por organizaciones sociales, culturales, comunales, grupos étnicos y agremiaciones.

En relación con la cuarta pretensión, se informa que, una vez recibida la solicitud, se elevó consulta formal ante la División de Gestión de Talento Humano y la División de Contratación de la Universidad Industrial de Santander,

En relación con la cuarta pretensión, se informa que, una vez recibida la solicitud, se elevó consulta formal ante la División de Gestión de Talento Humano y la División de Contratación de la Universidad Industrial de Santander, en el marco de sus competencias, a efectos de verificar la existencia de posibles vinculaciones contractuales de las ciudadanas mencionadas. Para efectos d e veracidad se adjuntan las certificaciones que sustentan las afirmaciones del presente aparte.

Del análisis realizado y de la información suministrada por dichas dependencias, se validó que la señora Juliana Andrea Guerrero Jiménez identificada con cédula de ciudadanía N.º 1003275678, no registra contratos adicionales distintos a los ya señalados en el presente trámite.

De igual manera, se constató que la señora Verónica Patricia Guerrero Jiménez identificada con cedula de ciudadanía N.º 1003390772, no ha tenido, ni tieneRecurso de Insistencia Sentencia de única instancia

Demandante: Jennifer Pedraza Sandoval Demandado Universidad Industrial de Santander Radicado. 680012333000-2025-00619-00

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

actualmente, vinculación contractual o relacionamiento jurídico alguno con la Universidad.

De esta manera damos por atendida su petición de manera clara, completa, precisa, congruente y de fondo. […]».

1.3. Del recurso de insistencia3

El 22 de septiembre de 2025, e n ejercicio del recurso de insistencia, previsto en

precisa, congruente y de fondo. […]».

1.3. Del recurso de insistencia3

El 22 de septiembre de 2025, e n ejercicio del recurso de insistencia, previsto en el artículo 26 del CPACA, la señora Jennifer Pedraza Sandoval insistió en la información solicitada que no le fue entregada y, sobre el particular, señaló los siguientes aspectos:

«[…] presento ESCRITO DE INSISTENCIA de mi petición del 21 de agosto de 2025, mediante la cual solicité copia de los contratos suscritos entre la Universidad Industrial de Santander y la señora Juliana Andrea Guerrero Jiménez, así como los soportes de ejecución, los informes del supervisor o interventor y demás anexos relacionados con dichos contratos.

[…] El 5 de septiembre de 2025 recibí respuesta en la que se me indicó que se negaba la entrega de la información por encontrarse sujeta a reserva legal, con fundamento en las Leyes 1712 de 2014 y 1581 de 2012.

[…] Presento este escrito de insistencia amparada en el artículo 26 de la Ley 1437 de 2011 toda vez que discrepo con el fundamento jurídico en el que la Universidad Industrial de Santander -UISme niega el acceso a la información solicitada. En particular, me permito destacar que por mi condición de Representante a la Cámara dicha reserva legal no me es oponible y, en el hipotético caso, de manera subsidiaria, que fuese oponible la reserva, se me debería compartir la información solicitada omitiendo, tapando y ocultando aquellos asuntos que sean objeto de la reserva, garantizando el acceso a la información relevante de mi consulta.

[…]

debería compartir la información solicitada omitiendo, tapando y ocultando aquellos asuntos que sean objeto de la reserva, garantizando el acceso a la información relevante de mi consulta.

[…] El artículo 27 de la Ley 1437 de 2011, establece que el carácter reservado de los documentos no será oponible a las autoridades legislativas que lo soliciten para el debido ejercicio de sus funciones, siendo este el caso en virtud de que elevo esta solicitud en el ejercicio de mis funciones de control político establecidas en la Ley 5 de 1992.

Es oportuno destacar que lo anterior fue expuesto a la UIS en mi solicitud de información del 5 de septiembre del 2025, fundamento normativo sobre el que no se pronunció en absoluto en su respuesta negativa.

[…] Ahora bien, valga la pena destacar que mi petición a la UIS no fue elevada a título de ciudadana sino a título de Representante a la Cámara. En particular, me permito destacar que en mi petición indiqué con precisión que “Solicito que la notificación se haga al correo electrónico jennifer.pedraza@camara.gov.co en el término fijado por el artículo 258 de la Ley 5 de 1992”.

Aunado a ello, la petición la firmé en calidad de Representante a la Cámara y la envié desde la dirección de correo oficial que la corporación me ha asignado, es decir, desde la dirección jennifer.pedraza@camara.gov.co.

Ahora bien, se constituye en un hecho notorio mi acción de control político en calidad de Representante a la Cámara sobre la trayectoria académica y profesional de la señora Guerrero Jiménez, motivo por el que mi petición guarda íntima relación con los asuntos que he tratado desde mi curul. En todo caso,

calidad de Representante a la Cámara sobre la trayectoria académica y profesional de la señora Guerrero Jiménez, motivo por el que mi petición guarda íntima relación con los asuntos que he tratado desde mi curul. En todo caso,

3 Expediente digital, actuación 4, índice SAMAI, folios 29 a 33Recurso de Insistencia Sentencia de única instancia

Demandante: Jennifer Pedraza Sandoval Demandado Universidad Industrial de Santander Radicado. 680012333000-2025-00619-00

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

anexo documento en formato excel mediante el cual se registran 198 notas de prensa a nivel nacional en la que se me identifica como la congresista que ha realizado este control político.

Así las cosas, se encuentra plenamente probado que la naturaleza de mi petición se origina en función del ejercicio de la condición de autoridad legislativa, motivo por el cual la reserva legal alegada por el «ICFES» (sic) no me es oponible y la información solicitada debe ser allegada.

Finalmente, conforme a lo ordenado expresamente por el artículo antes citado será mi obligación legal proteger los contenidos reservados que existan en la información solicitada, tal como indica la norma antes citada, o que se me presente la información excluyendo datos personales no solicitados o protegidos. En ese orden de ideas, la Universidad debe remitirme la información solicitada y yo seré la garante de la reserva, en caso de que exista, de la información consignada en los soportes de ejecución del c ontrato de los informes del supervisor o interventor y demás anexos.

solicitada y yo seré la garante de la reserva, en caso de que exista, de la información consignada en los soportes de ejecución del c ontrato de los informes del supervisor o interventor y demás anexos.

Subsidiariamente, la información que se considere objeto de reserva puede ser ocultada, tapada u omitida, sin impedir el acceso a la información solicitada.

De conformidad con el artículo 21 de la Ley 1712 de 2014 “en aquellas circunstancias en que la totalidad de la información contenida en un documento no esté protegida por una excepción contenida en la presente ley, debe hacerse una versión pública que mant enga la reserva únicamente de la parte indispensable” y que “la reserva de acceso a la información opera respecto del contenido de un documento público pero no de su existencia”.

Por tanto, además de ser oponible la reserva legal en virtud de mi condición de Representante a la Cámara, la UIS no expuso los motivos por los que la totalidad de la información solicitada sea objeto de reserva, pero de serlo, dicha información puede ser protegida mediante la elaboración de una versión pública que proteja aquella parte que resulte indispensable de ser protegida.

En particular, la UIS no detalló el fundamento legal por el que información se considera reservada, específicamente en lo que respecta a: i) criterios de selección de la institución; ii) eventuales contratos adicionales a los solicitados por mi entre la in stitución y la señora Juliana Andrea Guerrero Jiménez o su hermana Verónica Guerrero Jiménez.

Aunado a lo anterior, la UIS expresa que la información solicitada, en su totalidad y sin discriminar por cada uno de los elementos pedidos, constituye dato personal de naturaleza privada. Sin embargo, no se realiza argumentación

hermana Verónica Guerrero Jiménez.

Aunado a lo anterior, la UIS expresa que la información solicitada, en su totalidad y sin discriminar por cada uno de los elementos pedidos, constituye dato personal de naturaleza privada. Sin embargo, no se realiza argumentación alguna que soporte que la información solicitada se encuentra protegida de forma expresa por la Ley 1581 de 2012. Nótese especialmente que no solicité ningún dato sensible, definidos estos por el artículo 5 de la norma antes mencionada.

Es la misma ley para la protección de datos personales la que en su artículo 10 reglamenta casos en los que no es necesaria la autorización del titular de la información para que la misma sea distribuida o entregada. El literal a) de dicho artículo precisa que no se requiere autorización del titular cuando es “la información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial”. Como ya indiqué, en el caso concreto solicité la información en virtud de mi condición de Representante a la Cámara para desarrollar mi función de control público y político. (El énfasis en negrilla es propio).

Lo anterior es, además, plenamente concordante con el contenido del artículo 13 de la Ley 1581 de 2012 que reitera que la información que reúne las condiciones establecidas en esa ley podrá ser suministrada “a las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial”.Recurso de Insistencia Sentencia de única instancia

Demandante: Jennifer Pedraza Sandoval Demandado Universidad Industrial de Santander Radicado. 680012333000-2025-00619-00

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado

Demandado Universidad Industrial de Santander Radicado. 680012333000-2025-00619-00

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

En suma, contrario a lo expresado por la UIS en su respuesta a mi solicitud, es la misma Ley 1581 de 2012 la que habilita la entrega de información que contenga datos personales sin autorización de la titular en virtud de que quien la solicita, es decir yo , soy autoridad pública en desarrollo de actividades de Representante a la Cámara. […]». (Sic en todo el texto)

El 2 de octubre de 2025, la Universidad Industrial de Santander remitió al Tribunal Administrativo de Santander el recurso de insistencia interpuesto.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Por la naturaleza del asunto, esta Sala de Decisión, es competente para conocer del recurso de insistencia interpuesto por señora Jennifer Pedraza Sandoval en su condición de Representante a la Cámara de Bogotá conforme a lo consagrado en el artículo 21 de la Ley 57 de 19854 y el numeral 5 del artículo 151 del CPACA.

2.2. El problema jurídico

El problema jurídico se contrae a establecer, si la cláusula de confidencialidad prevista en el Convenio Interadministrativo 2402 de 2023, suscrito entre el Ministerio del Interior y la Universidad Industrial de Santander es oponible a una autoridad legislativa y, en consecuencia si la negativa de la Universidad Industrial de Santander plasmada en la decisión adoptada el 5 de septiembre de 2025 a través de la cual negó la entrega de la totalidad de la información solicitada por la

autoridad legislativa y, en consecuencia si la negativa de la Universidad Industrial de Santander plasmada en la decisión adoptada el 5 de septiembre de 2025 a través de la cual negó la entrega de la totalidad de la información solicitada por la señora Jennifer Pedraza Sandoval satisface las exigencias co nvencionales, constitucional y legales para la preservación del derecho fundamental a la información en su modalidad derivada del derecho de petición.

2.3. Del recurso de insistencia

El artículo 74 de la Constitución Política consagra el derecho de toda persona a acceder al conocimiento de los documentos públicos, salvo los casos en los que la Constitución Política o la ley no lo permite, por cuanto no es admisible que sean las autoridades administrativas las que asignen la reserva.

La Corte Constitucional ha determinado que el recurso de insistencia constituye un procedimiento preferente y sumario para hacer efectivo el derecho a la

4 Ley 57 de 1985 « Por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales » «Artículo 21. La Administración sólo podrá negar la consulta de determinados documentos o la copia o fotocopia de los mismos mediante providencia motivada que señale su carácter reservado, indicando las disposiciones legales pertinentes. Si la persona interesada insistiere en su solicitud, corresponderá al Tribunal de lo Contencioso Administrativo que tenga jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos decidir en única instancia si se acepta o no la petición formulada o si se debe atender parci almente. Ante la insistencia del peticionario para que se le permita consultar o se le expida la copia requerida, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al Tribunal para que éste decida dentro de los diez (10) días

permita consultar o se le expida la copia requerida, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al Tribunal para que éste decida dentro de los diez (10) días hábiles sigui entes. Se interrumpirá este término en el caso de que el Tribunal solicite copia o fotocopia de los documentos sobre cuya divulgación deba decidir y hasta la fecha en la cual los reciba oficialmente».Recurso de Insistencia Sentencia de única instancia

Demandante: Jennifer Pedraza Sandoval Demandado Universidad Industrial de Santander Radicado. 680012333000-2025-00619-00

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

información cuando se considere que no ha sido satisfecho por parte de la administración.5

En ese sentido a los funcionarios judiciales les compete el estudio del referido recurso cuando i) el interesado insista en la petición de documentos y/o información y ii) la autoridad invoque el carácter de reserva para negar el suministro de lo solicitado.

Bajo este contexto, la Corte Constitucional en Sentencia C -491 de 2007 6 estableció los parámetros a evaluar para determinar si una norma establece la reserva de ley al acceso a documentos públicos, los cuales en síntesis son: i) la norma que limita el acceso a la libertad de información debe ser precisa, y lo es cuando define qué tipo de información es reservada; ii) los límites al acceso a la información son de interpretación restrictiva. En caso de duda y dond e no exista reserva, se resuelve a favor de la libertad de información; iii) cualquier decisión destinada a mantener en reserva determinada información debe ser

información son de interpretación restrictiva. En caso de duda y dond e no exista reserva, se resuelve a favor de la libertad de información; iii) cualquier decisión destinada a mantener en reserva determinada información debe ser adecuadamente motivada ; iv) la reserva s olo opera sobre la información que compromete derechos fundamentales o bienes constitucionales, y no «