TA SAN - Sentencia 680012333000-2025-00643-00 (22-10-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público Tribunal Administrativo de Santander

Bucaramanga, veintidós (22) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Sentencia de primera instancia

Medio de control Acción de tutela Radicado 680012333000-2025-00643-00

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0202500643006800123 Accionante Manuel Ernesto Serrano García man.ernesto.se@gmail.com man.ernesto.se@gmail.gov.co Accionado Procuraduría General de la Nación procesosjudiciales@procuraduria.gov.co Ministerio público Jhon Carlos García Perea jcgarcia@procuraduria.gov.co Sentencia núm. 080 Tema La Sala declara improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, dado que el acto administrativo particular es controvertible a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , y no se acreditó un perjuicio irremediable ni una afectación cierta del mínimo vital del accionante. Magistrada ponente Claudia Patricia Peñuela Arce

La Sala decide en primera instancia la acción de tutela de la referencia.

1. Antecedentes 1.1. Trámite La solicitud de tutela se radicó el 8 de octubre de 20251 y, por reparto, fue asignada

La Sala decide en primera instancia la acción de tutela de la referencia.

1. Antecedentes 1.1. Trámite La solicitud de tutela se radicó el 8 de octubre de 20251 y, por reparto, fue asignada al despacho ponente2, que al día siguiente la admitió3, negó la medida provisional solicitada y dispuso correr traslado de la demanda y sus anexos a la entidad accionada.

1 Expediente digital, índice 003 SAMAI, enlace en la plataforma, archivo 3ED_Correo_AccionesConst(.pdf). 2 Expediente digital, índice 003 SAMAI, enlace en la plataforma, archivo 1ED_actarepartotutela510(.pdf). 3 Expediente digital, índice 005 SAMAI, enlace en la plataforma, archivo 17Autoadmiteya_68001233300020250064(.pdf).Accionante: Manuel Ernesto Serrano García Accionado: Procuraduría General de la Nación Radicado: 680012333000-2025-00643-00

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1.2. Posición de la parte accionante El señor Manuel Ernesto Serrano García, en nombre propio, promovió acción de tutela4 contra la Procuraduría General de la Nación para la protección de sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral relativa, mínimo vital, debido proceso y seguridad social, que estima vulnerados por el Decreto núm. 1821 del 1.º de octubre de 2021, por medio del cual no se prorrogó su nombramiento por vencimiento del término. Como pretensión principal, solicitó que se ordene su reintegro inmediato al cargo de Procurador 32 Judicial I para la Restitución de Tierras de Bucaramanga, con la

vencimiento del término. Como pretensión principal, solicitó que se ordene su reintegro inmediato al cargo de Procurador 32 Judicial I para la Restitución de Tierras de Bucaramanga, con la reasignación de sus funciones; y, como medida provisional, pidió decretar la suspensión provisional del Decreto 1821 de 2025. Para sustentar lo anterior, afirmó que el Procurador General de la Nación, mediante el Decreto 1156 del 19 de septiembre de 202 3, lo nombró en provisionalidad hasta por seis meses como Procurador Judicial I, código 3PJ, grado ED (ID 1423), adscrito a la Procuraduría 32 Judicial I para la Restitución de Tierras de Manizales, con funciones en Bucaramanga, y tomó posesión el 3 de octubre de 202 3. Indicó, además, que el nombramiento recibió tres prórrogas a través de los Decretos 0426 del 22 de marzo y 1498 del 30 de septiembre de 2024, y 0297 del 31 de marzo de 2025. Posteriormente, el 2 de octubre de 2025, le fue comunicado el Decreto 1821 del 1.º de octubre de 2025, por medio del cual la entidad decidió no prorrogar el nombramiento de 94 servidores, entre ellos el suyo, con efectos desde esa misma fecha. Sostuvo que el Decreto 1821 carece de motivación suficiente, dado que, aunque cita el parágrafo del artículo 188 del Decreto -ley 262 de 2000, que autoriza la desvinculación en provisionalidad «por razones del servicio », su fundamento se limita al vencimiento del término, sin precisar motivo relacionado con las

cita el parágrafo del artículo 188 del Decreto -ley 262 de 2000, que autoriza la desvinculación en provisionalidad «por razones del servicio », su fundamento se limita al vencimiento del término, sin precisar motivo relacionado con las necesidades del servicio. En ese sentido, alegó desconocimiento del precedente de las altas cortes y nulidad del acto por falta de motivación, más aún cuando el cargo no ingresó a concurso ni se produjo el retorno del titular de carrera. Adujo que la afectación grave del mínimo vital y de la seguridad social de su núcleo familiar, conformado por su cónyuge Silvia Catalina Vergara Sánchez y sus dos hijos menores de edad , dado que su salario constituye el único ingreso y la familia habita vivienda en arriendo. Sostuvo que su situación evidencia el carácter de sujeto de especial protección constitucional como padre cabeza de familia,

4 Expediente digital, índice 003 SAMAI, enlace en la plataforma, archivo 4ED_DEMANDA_8_10_20259_1(.pdf).Accionante: Manuel Ernesto Serrano García Accionado: Procuraduría General de la Nación Radicado: 680012333000-2025-00643-00

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condición que, manifestó, no depende de una formalidad jurídica, dado que se adquiere a partir de circunstancias materiales. En su caso, de su trabajo depende plenamente el sustento propio y el de su núcleo familiar. Indicó que, ante la decisión de no prórroga, provista de falsa motivación, se configura un potencial perjuicio irremediable de alcance existenci al, toda vez que convive con sus dos hijos menores y asume de manera integral su

familiar. Indicó que, ante la decisión de no prórroga, provista de falsa motivación, se configura un potencial perjuicio irremediable de alcance existenci al, toda vez que convive con sus dos hijos menores y asume de manera integral su manutención y la de su cónyuge, lo que suprime el único medio para acceder a seguridad social y satisfacer el mínimo vital mientras se define en el proceso judicial ordinario la legalidad del acto administrativo cuestionado. Consideró que el medio ordinario y la suspensión provisional no resultan idóneos ni eficaces para evitar el perjuicio inmediato y que la prolongación de su provisionalidad generó una expectativa legítima d e estabilidad, amparada por la buena fe y la confianza legítima. Con fundamento en lo expuesto, solicitó la protección de sus derechos fundamentales. 1.3. Posición de la parte accionada La Procuraduría General de la Nación 5 sostuvo que la acción de tutela resulta improcedente por incumplir la subsidiariedad, ya que lo debatido puede controvertirse mediante los medios de control ordinarios. Recordó que, por regla general, los actos administrativos son ajenos al escrutinio del juez de tutela y que este no puede arrogarse competencias propias de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Indicó que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es idóneo y eficaz porque permite solicitar la suspensión provisional. Invocó el precedente del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,

providencia del 8 de agosto de 2025, Radicación 08001 -23-33-000-2025-0019001, con ponencia del consejero Juan Camilo Morales Trujillo, que declaró improcedente la tutela en un caso de terminación de provisionalidad por vencimiento del término en la PGN. Transcribió que «la accionante para controvertir el acto administrativo antes señalado dispone del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 », por lo que debe acudir a la jurisdicción contenciosa para discutir la irregularidad del acto.

5 Expediente digital, índice 0011 SAMAI, enlace en la plataforma, archivo 22_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda5PGNCONTESTA(.pdf).Accionante: Manuel Ernesto Serrano García Accionado: Procuraduría General de la Nación Radicado: 680012333000-2025-00643-00

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Expuso que el actor conocía desde su aceptación y posesión el carácter temporal de su vinculación, dado que, el Decreto 1107 del 1 de agosto de 2025 dispuso un nombramiento en provisionalidad hasta por seis meses. Afirmó que la decisión de no prórroga contenida en el Decreto 1821 del 1 de octubre de 2025, comunicada el 2 de octubre, no podía sorprenderlo y se en marca en el régimen especial de carrera de la PGN regulado por el Decreto Ley 262 de 2000. Precisó que el artículo 82 autoriza la provisionalidad para vacancias definitivas con personas no seleccionadas por mérito . El artículo 185 faculta al Procurador par a proveer de

carrera de la PGN regulado por el Decreto Ley 262 de 2000. Precisó que el artículo 82 autoriza la provisionalidad para vacancias definitivas con personas no seleccionadas por mérito . El artículo 185 faculta al Procurador par a proveer de ese modo los empleos de carrera y que el artículo 188 fija una duración hasta por seis meses con la posibilidad de una prórroga por igual término y, en ciertos supuestos, hasta la culminación del proceso de selección. Agregó que el artículo 158 numeral 6 consagra como causal objetiva de retiro el vencimiento del período. Recalcó que la prórroga es potestad discrecional del Procurador General y que la desvinculación también procede antes del vencimiento cuando existan razones del servicio, tal como lo prevé el parágrafo del artículo 188. Sostuvo que, en el caso concreto, la terminación respondió a la expiración del plazo sin nueva prórroga y que esa circunstancia constituye razón suficiente de retiro para servidores en provisionalidad. Invocó la línea de la Corte Constitucional sobre estabilidad relativa o intermedia y sobre la validez del retiro por vencimiento del término con sustento en normas vigentes y hechos comprobables, entre otras, SU-917 de 2010, T-360 de 2015, T407 de 2016, T-443 de 2022 y T-052 de 2023. Añadió que la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia del 28 de noviembre de 2024, Radicación 110010315-000-2024-05896-00, con ponencia del consejero Wilson Ramos Girón, consideró suficiente la motivación basada en la expir ación del plazo cuando el acto la consigna de manera expresa.

0315-000-2024-05896-00, con ponencia del consejero Wilson Ramos Girón, consideró suficiente la motivación basada en la expir ación del plazo cuando el acto la consigna de manera expresa. Argumentó que los planteamientos del accionante sobre confianza legítima, evaluación satisfactoria y expectativa de permanencia no modifican la naturaleza temporal de la provisionalidad ni gene ran derecho a la prórroga. Señaló que la ausencia de concurso o el no retorno del titular de carrera no crean estabilidad propia de la carrera administrativa ni transforman el vínculo provisional en indefinido. Cuestionó la alegada afectación del mínimo vital. Indicó que el Sistema General de Seguridad Social en Salud prevé un período de protección en salud con posterioridad a la terminación del vínculo conforme al artículo 2.1.8.1 del Decreto 780 de 2016. Afirmó que el actor no acreditó la condición de cabeza de familia en los términos de la jurisprudencia constitucional, citó la sentencia T-084 de 2018 yAccionante: Manuel Ernesto Serrano García Accionado: Procuraduría General de la Nación Radicado: 680012333000-2025-00643-00

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explicó que en la PGN existe el «Procedimiento Trámite para Estabilidad Laboral Reforzada – Madres o Padres Cabeza de Familia » identificado como TH-P 10, versión 4 vigente entre el 17 de julio de 2023 y el 8 de mayo de 2025, y versión 5 vigente desde el 9 de mayo de 2025. Precisó que dicho trámite exige radicar la solicitud con soportes por el sistema SIGDEA o por los correos institucionales y

vigente desde el 9 de mayo de 2025. Precisó que dicho trámite exige radicar la solicitud con soportes por el sistema SIGDEA o por los correos institucionales y que no obra en el expediente solicitud previa que hubiese activado ese procedimiento. Afirmó que el debido proceso permanece garantizado porque el actor dispone de recursos en vía gubernativa, incluidos la reposición y la eventual revocatoria directa, y del medio de control contencioso ya mencionado. Concluyó que la no prórroga del nombramiento se ajustó al Decreto Ley 262 de 2000 y a los precedentes de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. En consecuencia, solicitó declarar improcedente la acción y negar las pretensiones al no acreditarse perjuicio irremediable ni vulneración de derechos fundamentales.

2. Consideraciones 2.1. Competencia Como la acción se dirige contra la Procuraduría General de la Nación, esta Corporación es competente para conocer del asunto, conforme al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y a las reglas de reparto previstas en el artículo 2.2.3.1.2.1, numeral 3, del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho. 2.2. Procedibilidad de la acción de tutela Presunta afectación de un derecho fundamental . Para determinar la procedencia de la acción de tutela como mecanismo subsidiario, definitivo o transitorio, la Sala debe constatar, en primer término, si el caso plantea la posible vulneración de derechos fundamentales. En este asunto, el actor solicitó el amparo del debido proceso, del mínimo vital, de la estabilidad laboral relativa y de la seguridad social, de modo que la controversia adquiere naturaleza

vulneración de derechos fundamentales. En este asunto, el actor solicitó el amparo del debido proceso, del mínimo vital, de la estabilidad laboral relativa y de la seguridad social, de modo que la controversia adquiere naturaleza iusfundamental.

En ese marco, antes de abordar el fondo, la Sala verificará el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad fijados por la jurisprudencia y las normas procesales del amparo constitucional: legitimación en la causa por activa y por pasiva, inmediatez y subsidiariedad. La acreditación de estos requisitos es una condición para adelantar un estudio de fondo. Por lo tanto, el incumplimiento de alguna de estas exigencias conduce a la improcedencia de la solicitud de amparo.Accionante: Manuel Ernesto Serrano García Accionado: Procuraduría General de la Nación Radicado: 680012333000-2025-00643-00

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2.2.1. De la legitimación en la causa

2.2.1.1. Legitimación en la causa por activa. La Sala encuentra que el accionante, quien actúa en nombre propio, está legitimado para formular la solicitud de amparo objeto de estudio, en tanto afirma la afectación directa de sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la estabilidad laboral relativa, a la seguridad social, todos ellos susceptibles de protección mediante la acción de tutela.

2.2.1.2. Legitimación en la causa por pasiva . Se observa que la acción se dirige contra la Procuraduría General de la Nación, autoridad pública que expidió el Decreto 1821 del 1.º de octubre de 2025, mediante el cual se dispuso la no

contra la Procuraduría General de la Nación, autoridad pública que expidió el Decreto 1821 del 1.º de octubre de 2025, mediante el cual se dispuso la no prórroga del nombramiento en provis ionalidad del accionante. En esa medida, la entidad demandada es quien adoptó el acto que presuntamente dio lugar a la vulneración de los derechos fundamentales invocados, y, por tanto, se encuentra legitimada en la causa por pasiva para intervenir en el presente trámite de tutela.

2.2.2. Inmediatez. Se advierte que la acción de tutela se presentó el 8 de octubre de 2025, siete días después de la expedición y comunicación del Decreto 1821 del 1.º de octubre del mismo año ; por tanto, se interpuso dentro de un término razonable y proporcional, sin que pueda predicarse desidia o inactividad por parte del actor.

2.2.3. Subsidiariedad. Previo al estudio de este requisito en el caso concreto, la Sala ve necesario reiterar las reglas generales fijadas por la jurisprudencia constitucional sobre la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela frente a actos administrativos de desvinculación o no prórroga en cargos públicos. Ello resulta indispensable, en tanto el análisis de la subsidiariedad exige determinar si, dadas las particularidades del asunto, la acción de tutela constituye el mecanismo idóneo o si existe n otros medios judiciales eficaces para la protección de los derechos invocados.

Con ese propósito, la Corte Constitucional6 ha establecido que en los casos en los que se atacan actos administrativos que ordenaron la desvinculación de un funcionario, la acción de tutela es procedente de manera excepcional, toda vez

invocados.

Con ese propósito, la Corte Constitucional6 ha establecido que en los casos en los que se atacan actos administrativos que ordenaron la desvinculación de un funcionario, la acción de tutela es procedente de manera excepcional, toda vez que la jurisdicción contencioso-administrativa cuenta con mecanismos idóneos y eficaces para resolver solicitudes de reintegro. Además, destacó que las medidas cautelares en esta jurisdicción ofrecen una protección adecuada que pueden ser decretadas en cualquier etapa del proceso, incluso antes de la notificación de la demanda. Y esas medidas, según los artículos 229 y 230 del CPACA, pueden ser

6 Corte Constitucional. Sentencia T-235 de 2012.Accionante: Manuel Ernesto Serrano García Accionado: Procuraduría General de la Nación Radicado: 680012333000-2025-00643-00

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preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, permitiendo al juez suspender provisionalmente los efectos de un acto o procedimiento administrativo. En efecto, señaló:

65. En la mencionada sentencia de unificación la Corte reconoció que existen eventos en los cuales la tutela procede como un mecanismo definitivo para la protección de los derechos de los funcionarios que solicitan el reintegro definitivo o bien como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Con respecto al primer evento, desde el año 2003 la Corte Constitucional ha declarado que la acción de tutela funge como un mecanismo de protección definitivo cuando se evidencia que la única fuente de ingre sos del funcionario que solicita el reintegro era aquella que recibía en su cargo y, particularmente,

declarado que la acción de tutela funge como un mecanismo de protección definitivo cuando se evidencia que la única fuente de ingre sos del funcionario que solicita el reintegro era aquella que recibía en su cargo y, particularmente, cuando esa persona logra demostrar que es un individuo de especial protección constitucional, como por ejemplo cuando es una mujer en estado de embarazo, cuando tiene un estado de salud que requiere de una especial atención, o cuando el funcionario tiene bajo su cuidado a otras personas en situación de vulnerabilidad como lo son los hijos, personas de la tercera edad o en situación de discapacidad. Por otro lado, en la Sentencia SU -691 de 2017 la Corte consideró que la tutela era procedente como mecanismo transitorio cuando el juez tenga que evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, esto mientras el accionante surte el proceso ante la jurisdicción correspondiente7.

También se ha considerado que de manera excepcional la acción de tutela procede como mecanismo principal «(i) cuando el presunto afectado no disponga de otro medio de defensa judicial; o (ii) cuando existiendo ese medio carezca de idoneidad o eficacia para proteger de forma adecuada, oportuna e integral los derechos fundamentales, a la luz de las circunstancias del caso concreto» y como mecanismo transitorio cuando se interponga para evitar la consumación de un perjuicio irremediable8.

En síntesis, la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para solicitar el reintegro a un cargo público, dado que, para ello existen otras vías idóneas y oportunas como la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. No obstante, excepcionalmente cuando el empleo no es de libre nombramiento y remoción, la

reintegro a un cargo público, dado que, para ello existen otras vías idóneas y oportunas como la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. No obstante, excepcionalmente cuando el empleo no es de libre nombramiento y remoción, la acción de tutela es procedente cuando, del análisis de cada situación concreta, se concluya que los otros medios de defensa carecen de idoneidad o eficacia. Descendiendo al caso concreto, se tiene que la parte accionante atribuye a la Procuraduría General de la Nación la vulneración de sus garantías fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y a la estabilidad laboral relativa. Atribuyó dicha transgresión, en particular, al Decreto 1821 del 1.º de octubre de 2025, por medio del cual la entidad dispuso la no prórroga y la terminación por vencimiento del término de su nombramiento provisional en el cargo de Procurador Judicial I. Resulta claro que el acto administrativo de carácter particular objeto de controversia puede ser cuestionado a través del medio de control de nulidad y

7 Corte Constitucional. Sentencia T-356 de 2024. 8 Corte Constitucional. Sentencia T-376 de 2017.Accionante: Manuel Ernesto Serrano García Accionado: Procuraduría General de la Nación Radicado: 680012333000-2025-00643-00

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restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA . La eficacia del mecanismo está determinada por la existencia de las medidas cautelares ordinarias o de urgencia que puede adoptar el juez administrativo con el fin de evitar la configuración de un perjuicio irremediable, tal como lo establece la Ley 1437 de 2011.

del mecanismo está determinada por la existencia de las medidas cautelares ordinarias o de urgencia que puede adoptar el juez administrativo con el fin de evitar la configuración de un perjuicio irremediable, tal como lo establece la Ley 1437 de 2011. Finalmente, atendiendo al carácter subsidiario de la acción de tutela, lo adecuado es acudir al proceso judicial principal, para evitar que caduque la acción, hecho ante el cual la acción de tutela no es procedente, pues no puede ser invocada para revivir términos de caducidad. En esa medida, la existencia de este mecanismo judicial idóneo y eficaz conduce, en principio, a la improcedencia del amparo por incumplimiento del requisito de subsidiariedad. Sin embargo, en punto a justificar la procedenc ia de la acción de tutela como mecanismo transitorio, el accionante adujo la configuración de un perjuicio irremediable, fundado en que ostenta la condición de padre cabeza de familia, que asume la carga económica de su cónyuge Silvia Catalina Vergara Sánc hez y de sus dos hijos menores , y que la retribución que percibía en la Procuraduría constituía su única fuente de ingresos. Conviene precisar que la jurisprudencia constitucional9 ha señalado que, para que la madre, en este caso el padre, ostente la calidad de cabeza de familia y, por tanto, resulte beneficiario del derecho a la estabilidad laboral reforzada, se requiere: (i) responsabilidad de cuidado, consistente en tener a su ca rgo hijos menores o personas incapacitadas para trabajar; (ii) responsabilidad exclusiva, entendida como la ausencia de apoyo efectivo de otros miembros de la familia, o

requiere: (i) responsabilidad de cuidado, consistente en tener a su ca rgo hijos menores o personas incapacitadas para trabajar; (ii) responsabilidad exclusiva, entendida como la ausencia de apoyo efectivo de otros miembros de la familia, o que, si lo hay, resulte insuficiente para cubrir el mínimo vital de los dependientes; y (iii) responsabilidad permanente, derivada de la ausencia o abandono del hogar por parte de la pareja, o de la incapacidad física, sensorial, síquica o mental de esta para asumir sus responsabilidades, o de su fallecimiento. De igual modo, la Corte Cons titucional10 ha precisado que la condición de padre cabeza de familia no puede sustentarse en el mero hecho de fungir como proveedor económico, como lo pretende justificar el accionante, por cuanto ese entendimiento reproduce un modelo tradicional de distr ibución de roles y no al concepto de protección reforzada que busca el ordenamiento. En palabras del alto tribunal: No basta con que el hombre se encargue de proveer el dinero necesario para sostener el hogar y asegurar así las condiciones mínimas de

9 Corte Constitucional. Sentencia T-265 de 2024 10 Corte Constitucional. Sentencia SU-389 de 2005.Accionante: Manuel Ernesto Serrano García Accionado: Procuraduría General de la Nación Radicado: 680012333000-2025-00643-00

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subsistencia de los hijos, panorama tradicional del hombre que mantiene un hogar, es el proveedor de los bienes de consumo, y el pater familias. El hombre que reclame tal status, a la luz de los criterios sostenidos para las mujeres cabeza de familia, debe demostrar ante las autoridades competentes,

un hogar, es el proveedor de los bienes de consumo, y el pater familias. El hombre que reclame tal status, a la luz de los criterios sostenidos para las mujeres cabeza de familia, debe demostrar ante las autoridades competentes, algunas de las situaciones que se enuncian, las cuales obviamente no son todas ni las únicas, pues deberá siempre tenerse en cuenta la proyección de tal condición a los hijos como destinatarios principales de tal beneficio. (i) Que sus hijos propios, menores o mayores discapacitados, estén a su cuidado, que vivan con él, dependan económicamente de él y que realmente sea una persona que les brinda el cuidado y el amor que los niños requieran para un adecuado desarrollo y crecimiento ; que sus obligaciones de apoyo, cuidado y manutención sean efectivamente asumidas y cumplidas, pues se descarta todo tipo de procesos judiciales y demandas que se sigan contra los trabajadores por inasistencia de tales compromisos. (ii) Que no tenga alternativa económica, es decir, que se trate de una persona que tiene el cuidado y la manutención exclusiva de los niños y que en el evento de vivir con su esposa o compañera, ésta se encuentre incapacitada física, mentalmente o moralmente, sea de la tercera edad, o su presencia resulte totalmente indispensable en la atención de hijos menores enfermos, discapacitados o que médicamente requieran la presencia de la madre. (iii) Lo anterior, sin perjuicio de la obligación que le asiste de acreditar los mismos requisitos formales que la Ley 82 de 1993 le impone a la madre cabeza de familia para demostrar tal condición11. [Énfasis de la sala]. Con sustento en esos criterios, la Sala advierte que no se acreditó la concurrencia

82 de 1993 le impone a la madre cabeza de familia para demostrar tal condición11. [Énfasis de la sala]. Con sustento en esos criterios, la Sala advierte que no se acreditó la concurrencia de los elementos materiales que configuran la calidad de padre cabeza de familia. De una parte, no obra prueba de que el accionante asuma de manera exclusiva la manutención o el cuidado de sus hijos menores, ni de que su cónyuge, Silvia Catalina Vergara Sánchez, se encuentre e n situación de incapacidad, abandono o imposibilidad permanente para contribuir al sostenimiento familiar. Por el contrario, en el expediente reposa certificación expedida por Alianza Fiduciaria S.A., según la cual la señora Vergara Sánchez culminó su vínculo laboral el 12 de septiembre de 2025 12, sin que se acredite que dicha desvinculación obedezca a una situación médica o limitación que le impida reincorporarse al mercado de trabajo. Así las cosas, no es posible predicar la responsabilidad exclusiva y permanente que exige la jurisprudencia constitucional. En ese orden, el señor Serrano García no demostró que sea un sujeto de especial protección constitucional en los términos que la jurisprudencia constitucional exige, ni que su situación familiar se enmarque en las hipótesis que justifican un tratamiento diferenciado por parte del juez de tutela. Por consiguiente, la alegación de ser padre cabeza de familia no puede sustentar, por sí sola, la procedencia del amparo. Ahora, en relación con la alegada afectación del mínimo vital y, por ende, la configuración del perjuicio irremediable, la Sala concluye que por este aspecto tampoco procede la tutela. Al respecto, la jurisprudencia constitucional 13 ha

Ahora, en relación con la alegada afectación del mínimo vital y, por ende, la configuración del perjuicio irremediable, la Sala concluye que por este aspecto tampoco procede la tutela. Al respecto, la jurisprudencia constitucional 13 ha

11 Ibidem. 12 Expediente digital, índice 003 SAMAI, enlace en la plataforma, archivo 13ED_PRUEBA_8_10_20259_33(.pdf). 13 Corte Constitucional. Sentencia SU-691 de 2017.Accionante: Manuel Ernesto Serrano García Accionado: Procuraduría General de la Nación Radicado: 680012333000-2025-00643-00

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sostenido de manera uniforme que la sola terminación del vínculo laboral o la consecuente disminución de ingresos no comportan, por sí mismas, una vulneración del mínimo vital; el amparo únicamente se abre paso cuando se demuestra, de forma cierta y co mprobable, una imposibilidad real de atender las necesidades básicas que aseguran una existencia digna. En esa línea, se ha precisado: […] [Q]uien alega la vulneración al derecho fundamental al mínimo vital debe demostrar que, ante el desempleo, no tien e las posibilidades de disfrutar de la satisfacción de necesidades como la alimentación, el vestuario, la salud, la educación, la vivienda y la recreación, como mecanismos para contar con una vida en condiciones dignas14. En el expediente se advierte que la terminación del nombramiento provisional redujo los ingresos del hogar . S in embargo, no se constata una imposibilidad material para cubrir las necesidades esenciales. Obra contrato de arrendamiento vigente desde diciembre de 2021 15, instrumento que acre dita una obligación

redujo los ingresos del hogar . S in embargo, no se constata una imposibilidad material para cubrir las necesidades esenciales. Obra contrato de arrendamiento vigente de