TA SAN - Sentencia 680012333012-2025-00191-01 (20-10-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Mag. Ponente. LUISA FERNANDA FLÓREZ REYES

Bucaramanga, veinte (20) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

TUTELA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Radicado Link expediente digital:

680012333012-2025-00191-01

Accionante:

FERNANDO GÓMEZ RINCÓN, TD 421007552-P2

derechosdepe-cion.epamsgiron@inpec.gov.co juridica.epamsgiron@inpec.gov.co

Accionadas:

CENTRO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA

SEGURIDAD DE GIRÓN – CPAMS GIRÓN

E-mail: epamsgiro@inpec.gov.co

tutelas.epamsgiron@inpec.gov.co juridica.epamsgiron@inpec.gov.co

Vinculado: JUZGADO CUARTO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y

MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BUCARAMANGA E-mail: j04epbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co

Acción: Tutela

Tema: Se alega como vulnerado el derecho de petición, con ocasión de la remisión documentación para otorgamiento de beneficios y estudio de redención de pena / Se revoca la sentencia de primera instancia, al determinar vulnerado el derecho fundamental de petición

Decide la Sala la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la sentencia proferida en el asunto de la referencia, por el Juzgado Doce

primera instancia, al determinar vulnerado el derecho fundamental de petición

Decide la Sala la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la sentencia proferida en el asunto de la referencia, por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, el nueve (09) de septiembre de dos mil veinticinco (2025), allegada al despacho ponente de esta providencia el 20/09/2025 según muestra la actuación No. 2 aplicativo SAMAI.

I. LA DEMANDA

A. Pretensiones (índice 03 Samai de origen)

La parte accionante busca, en síntesis, la protección de su derecho de petición. En consecuencia, solicita se ordene a la autoridad penitenciaria remitir la totalidad de los cómputos y certificaciones requeridas al juez que vigila su condena, a efectos de redimir la condena impuesta.

B. Hechos Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante expone, en síntesis, que presenta varias solicitudes ante el área jurídica del centro de reclusión, con elTribunal Administrativo de Santander. Sentencia de tutela de segunda instancia. M.P. Luisa

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fin de que se remitan al juez de ejecución de penas los cómputos de redención por trabajo y estudio, junto con las certificaciones correspondientes. No obstante, sostiene que la información enviada resulta incompleta, por cuanto no incluye los periodos comprendidos entre el 4 de abril de 2018 y diciembre de 2020, a pesar de contar con los certificados que acreditan dichas actividades.

sostiene que la información enviada resulta incompleta, por cuanto no incluye los periodos comprendidos entre el 4 de abril de 2018 y diciembre de 2020, a pesar de contar con los certificados que acreditan dichas actividades.

Indica que, el 29 de febrero de 2024, la entidad informó sobre el envío de los documentos, pero el despacho judicial no recibió la totalidad de los cómputos. Posteriormente, el 19 de agosto de 2024, obtiene constancia de haber radicado nuevamente la solicitud, sin que hasta la fecha haya recibido una respuesta integral. Manifiesta que, como consecuencia de esta omisión, no ha podido redimir la totalidad del tiempo correspondiente, lo cual afecta el trámite de su libertad condicional.

Agrega que la autoridad accionada ha desatendido reiteradamente sus peticiones, limitándose a remitir únicamente los cómputos del periodo comprendido entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025, omitiendo los demás certificados que reposan en su poder.

II. INFORME DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS

1. Centro Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Girón – CPAMS GIRÓN, (índice 09 Samai de origen), rinde el informe solicitado, indicando que, el 30 de abril de 2024, mediante oficio GESDOC nro. 2024EE0093016, remitió al Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga los certificados de cómputos correspondientes al periodo comprendido entre el 4 de abril de 2018 y el 31 de diciembre de 2023, junto con la calificación de conducta y demás soportes requeridos para el estudio de redención de pena.

los certificados de cómputos correspondientes al periodo comprendido entre el 4 de abril de 2018 y el 31 de diciembre de 2023, junto con la calificación de conducta y demás soportes requeridos para el estudio de redención de pena.

Sostiene que, habiéndose dado respuesta integral a la solicitud del interno, la situación que motivó la acción de tutela se encuentra superada, por lo que solicita declarar su improcedencia por hecho superado y ordenar el archivo del trámite.

Finalmente, indica que corresponde al Juzgado de Ejecución de Penas decidir sobre la redención solicitada.

2. Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga (índice 11 Samai de origen) rinde el informe solicitado, indicandoTribunal Administrativo de Santander. Sentencia de tutela de segunda instancia. M.P. Luisa

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que, vigila de la pena de 14 años, 4 meses y 15 días de prisión impuesta a Fernando Gómez Rincón mediante sentencia condenatoria proferida el 27 de febrero de 2024, por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Mixto de Conocimiento de Ocaña, por el delito de homicidio agravado.

Señala que, ha reconocido al accionante varias redenciones de pena por trabajo y estudio, las cuales se han abonado como descuento a la pena impuesta, mediante autos de fechas 19 de julio, 26 de agosto, 3 de septiembre, 29 de octubre de 2024, 31 de julio y 25 de agosto de 2025, acumulando en total 588 días redimidos.

mediante autos de fechas 19 de julio, 26 de agosto, 3 de septiembre, 29 de octubre de 2024, 31 de julio y 25 de agosto de 2025, acumulando en total 588 días redimidos.

Igualmente, se ha negado en reiteradas oportunidades la libertad condicional, al verificarse que el condenado no cumple el requisito objetivo de haber descontado las tres quintas partes de la pena exigido por el artículo 64 del Código Penal.

Advierte que, también ha reconocido tiempo de privación de la libertad sufrido en otro proceso en el que el accionante fue absuelto, conforme al artículo 361 de la Ley 600 de 2000, y mantiene vigilancia permanente del cumplimiento de la condena.

Finalmente, señala que no existe vulneración de derechos fundamentales atribuible a su actuación, toda vez que las peticiones del sentenciado han sido tramitadas y resueltas en debida forma, dentro del turno correspondiente y garantizando su derecho de defensa y contradicción. Por tanto, solicita que se declare improcedente la acción de tutela, al no evidenciarse desconocimiento del derecho de petición ni omisión alguna atribuible al despacho.

III. LA SENTENCIA IMPUGNADA (índice 12 Samai de origen) La sentencia de primera instancia es proferida el 09.09.2025, resuelve:

“(…) PRIMERO: Deniéguese la presente acción de tutela interpuesta por Fernando Gómez Rincón en contra del Centro Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Girón – CPAMS GIRÓN, en la que se vinculó al Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga, de conformidad con las razones dadas en la parte motiva de

Mediana Seguridad de Girón – CPAMS GIRÓN, en la que se vinculó al Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga, de conformidad con las razones dadas en la parte motiva de esta providencia.”Tribunal Administrativo de Santander. Sentencia de tutela de segunda instancia. M.P. Luisa Fernanda Flórez Reyes Exp. 680013333012-2025-00191-01

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En síntesis, el a quo, advierte que, el Centro Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Girón, sí remitió al Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga, los certificados de cómputos correspondientes al periodo del 4 de abril de 2018 al 31 de diciembre de 2023, con sus calificaciones de conducta, mediante el oficio GESDOC 2024EE0093016 del 30 de abril de 2024.

Que, el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas, ha adelantado una actuación continua y diligente, reconociendo redenciones de pena en varios autos 19 de julio, 26 de agosto, 3 de septiembre y 29 de octubre de 2024, aplicando además el principio de favorabilidad de la Ley 2466 de 2025, para un total de 588 días redimidos, más 154 días adicionales reconocidos en agosto de 2025.

En consecuencia, no advierte vulneración alguna al derecho fundamental de petición del aquí accionante.

IV. LA IMPUGNACIÓN (índice 09 Samai de origen) El accionante interpone recurso de impugnación contra la decisión de primera instancia, al considerar que, contrario a lo valorado por el juez de tutela, el CPAMS

IV. LA IMPUGNACIÓN (índice 09 Samai de origen) El accionante interpone recurso de impugnación contra la decisión de primera instancia, al considerar que, contrario a lo valorado por el juez de tutela, el CPAMS de Girón no remitió la totalidad de los certificados para que sean redimidos de su condena.

Afirma que, faltan por redimir 384 horas, correspondientes a los certificados expedidos entre el 1 de octubre de 2020 y mayo de 2021. Asimismo, advierte que no se han tenido en cuenta los tiempos certificados desde abril de 2018 hasta mayo de 2021, toda vez que no han sido remitidos por el establecimiento penitenciario, al Juzgado que vigila su condena.

En consecuencia, solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y se tutele su derecho fundamental de petición.

V. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la competencia Recae en esta Corporación, según lo previsto en el art. 1° del Decreto 1382 de 2000 y el art. 37 del Decreto 2591 de 1991. De otra parte, el recurso fue interpuesto oportunamente por la parte accionante.

B. El Problema Jurídico en esta instanciaTribunal Administrativo de Santander. Sentencia de tutela de segunda instancia. M.P. Luisa

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Con base en la reseña que antecede y especialmente en el escrito de impugnación esta Sala plantea y resuelve el siguiente;

Pj1. ¿Vulnera el CPAMS de Girón el derecho fundamental de petición del

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Con base en la reseña que antecede y especialmente en el escrito de impugnación esta Sala plantea y resuelve el siguiente;

Pj1. ¿Vulnera el CPAMS de Girón el derecho fundamental de petición del señor Fernando Gómez Rincón con ocasión a la falta de notificación del oficio No. 2024EE0093016 del 30.04.2024, mediante el cual remite los certificados de trabajo y estudio correspondientes al periodo abril de 2018 y diciembre de 2023?

Tesis: Sí.

Fundamento jurídico: La Sala advierte que, del material probatorio allegado al expediente, el establecimiento penitenciario ha realizado las gestiones administrativas pertinentes con ocasión de la solicitud elevada por el señor Fernando Gómez Rincón, consistentes en la remisión de los certificados trabajo y estudio de los periodos correspondientes entre abril de 2018, y diciembre de 2023, para que sean redimidos de su condena por parte del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. No obstante, no se observa evidencia que, dicha comunicación fuese puesta en conocimiento del aquí accionante.

El artículo 23 de la Constitución de 1991, consagra el derecho de petición como un derecho fundamental, donde cualquier persona puede presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular, y a obtener una pronta respuesta. El H. Consejo de Estado, respecto a los eventos en que se incurre violación al derecho de petición, ha manifestado que:

“La Constitución Política en su artículo 23 consagra el derecho de petición como un derecho fundamental en virtud del cual se otorga a los ciudadanos la posibilidad de presentar solicitudes respetuosas a las

“La Constitución Política en su artículo 23 consagra el derecho de petición como un derecho fundamental en virtud del cual se otorga a los ciudadanos la posibilidad de presentar solicitudes respetuosas a las autoridades y a obtener de ellas una resolución oportuna y completa sobre el particular. Como lo ha sostenido en forma reiterada la jurisprudencia constitucional, para la satisfacción de ese derecho la respuesta (i) debe ser oportuna, (ii) debe resolver el asunto de fondo, en forma clara, precisa y de m anera congruente con lo solicitado; (iii) debe ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumplen esosTribunal Administrativo de Santander. Sentencia de tutela de segunda instancia. M.P. Luisa Fernanda Flórez Reyes Exp. 680013333012-2025-00191-01

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presupuestos se incurre en una vulneración del derecho fundamental de petición1”. La H. Corte Constitucional2 ha recalcado también, que: << En relación con los requisitos señalados, esta Corporación ha manifestado que una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la respuesta sea negativa a las pretens iones del peticionario; es efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea; y es congruente si existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución verse sobre lo pedido y no sobre un tema semejante, sin que se excluya la posibilidad de suministrar información adicional que se encuentre relacionada con la petición propuesta.>> (subrayado fuera de texto) Derecho de petición en relación a las personas privadas de la libertad

un tema semejante, sin que se excluya la posibilidad de suministrar información adicional que se encuentre relacionada con la petición propuesta.>> (subrayado fuera de texto) Derecho de petición en relación a las personas privadas de la libertad La H. Corte Constitucional en sentencia T -044 de 2019, recuerda que, el derecho de petición adquiere especial relevancia en el contexto penitenciario, dado que los internos se encuentran en una situación de sujeción frente al Estado. En virtud de ello, las autoridades penitenciarias tienen el deber de garantizar su ejercicio efectivo, recibiendo y remitiendo oportunamente las solicitudes que los reclusos dirijan a otras autoridades, sin imponer obstáculos administrativos. Asimismo, las respuestas deben ser de fondo, claras y motivadas, permitiendo al interno comprender su situación jurídica y controvertir la decisión si lo considera pertinente.

(…) En ese sentido, el derecho de petición de las personas privadas de la libertad además de otorgar una facultad para formular solicitudes respetuosas a las autoridades públicas, o a los particulares según sea el caso, implica la garantía de gestión por parte de las autoridades penitenciarias. Estas deberán (i) recibir y (ii) dirigir las comunicaciones de los internos en forma efectiva y célere a las autoridades, internas al

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, consejero Ponente: Darío Quiñones Pinilla, Sentencia del treinta (30) de octubre de dos mil tres (2003), Radicación Número: 25000-23-26-000-2003-1582-01.

Darío Quiñones Pinilla, Sentencia del treinta (30) de octubre de dos mil tres (2003), Radicación Número: 25000-23-26-000-2003-1582-01. 2 Corte Constitucional Colombiana, Sentencia T-682 de 2017.Tribunal Administrativo de Santander. Sentencia de tutela de segunda instancia. M.P. Luisa Fernanda Flórez Reyes Exp. 680013333012-2025-00191-01

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establecimiento penitenciario o externas, a las que se encuentre dirigida la comunicación, sin barreras administrativas para ese efecto. Respecto de la contestación, además de la respuesta de fondo, clara, oportuna y congruente con lo solicitado, es preciso que las personas privadas de la libertad obtengan una contestación motivada y particularmente sustentada, de modo que puedan reconocer su situación jurídica y fáctica con claridad, y contradecir si así lo desean la respuesta otorgada por la persona o autoridad requerida. Por ende, dicha respuesta debe incluir los anexos en los que se sustenta, para que el interno pueda tener información suficiente sobre la voluntad de la administración.» Finalmente, cuando se invoque este derecho mediante acción de tutela, no se le puede exigir al interno demostrar que su petición fue recibida por la autoridad destinataria, siendo deber del juez verificarlo directamente. En caso de ausencia de respuesta, se aplica el principio de veracidad previsto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.

C. Análisis de las Pruebas de cara a la normatividad reseñada en el acápite anterior

1. El accionante manifiesta en los hechos de la demanda que el establecimiento

artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.

C. Análisis de las Pruebas de cara a la normatividad reseñada en el acápite anterior

1. El accionante manifiesta en los hechos de la demanda que el establecimiento penitenciario, ha enviado de manera incompleta los certificados de trabajo y estudio al Juez que vigila su condena, por cuanto no se incluyó los periodos comprendidos entre abril de 2018, y diciembre de 2020, vulnerando de esta manera su derecho fundamental de petición.

2. Que, mediante oficio No. 2024EE0093016 del 30.04.2024, el CPAMS Girón, envía solicitud de redención de pena del señor Gómez Rincón, en la cual se adjunta certificado de TEE desde el 04/04/2018 hasta 31/12/2023, – véase doc.06 fol.02 índice 06 Samai de origen - textualmente responde;Tribunal Administrativo de Santander. Sentencia de tutela de segunda instancia. M.P. Luisa

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3. Que, el Juzgado Cuarto de Ejecución de penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga, mediante providencia de fecha 29 de octubre de 2024, resuelve la solicitud de redención de pena de los periodos señalados (índice 11, Doc. 09 Fol. 22 a 29 Samai de origen) textualmente indica:

«(…) El establecimiento penitenciario allega certificados de cómputo del periodo comprendido entre el 4 de abril de 2018 al 31 de octubre de 2023, no obstante, como el sentenciado se le reconoció como tiempo de privación

«(…) El establecimiento penitenciario allega certificados de cómputo del periodo comprendido entre el 4 de abril de 2018 al 31 de octubre de 2023, no obstante, como el sentenciado se le reconoció como tiempo de privación de la libertad por este asunto desde el 06 de abril de 2021 hasta el 29 de septiembre de 2023, solamente se tendrá en cuenta las actividades de redención realizadas dentro de esas fechas.

Efectuados los cómputos legales según lo previsto en los artículos 82 y 97 del Código Penitenciario y Carcelario, y comoquiera que se cumplen los requisitos previstos en el artículo 101 ibídem, por las 5.520 horas de trabajo; se reconoce redención de pena al sentenciado en 345 días; los cuales se abonarán como descuento a la pena de prisión impuesta.»

4. De las pruebas allegadas por parte del CPAMS GIRÓN, no se aporta notificación del oficio No. 2024EE0093016 del 30.04.2024.Tribunal Administrativo de Santander. Sentencia de tutela de segunda instancia. M.P. Luisa

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De conformidad con el análisis probatorio que antecede, advierte la Sala que el CEPAMS de Girón, en cumplimiento de sus obligaciones remitió la solicitud de redención de pena presentada por el aquí accionante, junto con la documentación correspondiente esto es, los certificados de trabajo y estudio de los periodos comprendidos entre abril de 2018 y diciembre de 2023, al Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga, autoridad que vigila

correspondiente esto es, los certificados de trabajo y estudio de los periodos comprendidos entre abril de 2018 y diciembre de 2023, al Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga, autoridad que vigila la condena impuesta.

Dicha solicitud fue resuelta mediante providencia del 29 de octubre de 2024. No obstante, no obra en el expediente prueba que permita establecer que el accionante tenga conocimiento del oficio No. 2024EE0093016 del 30.04.2024, mediante el cual CPAMS Girón, envía solicitud de redención de pena con los certificados de TEE desde el 04/04/2018 hasta 31/12/2023.

En consecuencia, se revocará la decisión de primera instancia y, en su lugar, se tutelará el derecho fundamental de petición del señor Fernando Gómez Rincón, para que el CEPAMS de Girón ponga en su conocimiento el oficio No. 2024EE0093016 del 30.04.2024, mediante el cual CPAMS Girón, envía solicitud de redención de pena con los certificados de TEE desde el 04/04/2018 hasta 31/12/2023.

En mérito de lo expuesto el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, FALLA Primero. Revocar la sentencia proferida el nueve (09) de septiembre de dos mil veinticinco (2025), por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, y en su lugar: «(…) Primero. Tutelar el derecho fundamental de petición del señor Fernando Gómez Rincón, y, en consecuencia; Segundo. Ordenar al CENTRO PENITENCIARIO DE ALTA Y

Judicial de Bucaramanga, y en su lugar: «(…) Primero. Tutelar el derecho fundamental de petición del señor Fernando Gómez Rincón, y, en consecuencia; Segundo. Ordenar al CENTRO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE GIRÓN, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, notifiqué el oficio No. 2024EE0093016 del 30.04.2024, al aquí accionante» Segundo. Notificar el presente fallo por el medio más expedito o en la forma señalada en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Comunicar la presente decisión al juzgado de origen. Cuarto. Remitir por la Secretaría de la Corporación el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez ejecutoriada estaTribunal Administrativo de Santander. Sentencia de tutela de segunda instancia. M.P. Luisa Fernanda Flórez Reyes Exp. 680013333012-2025-00191-01

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decisión, en concordancia con lo establecido en los Acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11518, PCSJA20-11519 y PCSJA2011521 del mes de marzo de 2020, proferidos por el Consejo Superior De La Judicatura. Notifíquese y Cúmplase. Aprobado virtualmente en herramienta Teams. Acta No. 79/2025. Los Magistrados,

[Firma electrónica]

LUISA FERNANDA FLÓREZ REYES

Ponente

[Sin pronunciamiento]

IVÁN MAURICIO MENDOZA SAAVEDRA

Magistrado

[Firma electrónica]

[Firma electrónica]

LUISA FERNANDA FLÓREZ REYES

Ponente

[Sin pronunciamiento]

IVÁN MAURICIO MENDOZA SAAVEDRA

Magistrado

[Firma electrónica]

CLAUDIA PATRICIA PEÑUELA ARCE

Magistrada

Constancia: Esta providencia se firmó electrónicamente en el Tribunal Administrativo de Santander, SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el art. 186 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el art. 46 de la Ley 2080 de 2021.