TA SAN - Sentencia 680013331005-2016-00075-03 (03-04-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 6 de septiembre de 2021 , proferida por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante la cual se concedieron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, los señores Floralba Aza Mancilla: Nelly Isabel Ortiz Rojas; Sandra Patricia Rodríguez Hernández y Fabio

1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 10 índice SAMAI, archivo 3 MEDIO DE CONTROL Nulidad y restablecimiento del derecho RADICADO 680013331005-2016-00075-03

DEMANDANTES

Floralba Aza Mancilla Nelly Isabel Ortiz Rojas Sandra Patricia Rodríguez Hernández Fabio Humberto Barragán Téllez ioculman@hotmail.com ioculman@gmail.com

DEMANDADO

Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Nelly Isabel Ortiz Rojas Sandra Patricia Rodríguez Hernández Fabio Humberto Barragán Téllez ioculman@hotmail.com ioculman@gmail.com

DEMANDADO

Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co dsajbga@cendoj.ramajudicial.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO Sentencia de segunda instancia TEMA Bonificación Judicial Decreto 383 de 2013Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Floralba Aza Mancilla y otros

Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Radicado: 680013331005-2016-00075-03

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

Humberto Barragán Téllez formularon demanda ante la jurisdicción de lo contencioso — administrativo, en orden a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Resolución 4232 del 10 de octubre de 2015 proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y ii) acto ficto o presunto que configuró el silencio de la entidad demandada frente a la interposición del recurso de apelación.

En consecuencia, solicitó:

«1. Que se declare la nulidad de la RESOLUCION No. 4232 DE 10 DE OCTUBRE DE 2015, proferida por el DIRECTOR EJECUTIVO SECCIONAL

En consecuencia, solicitó:

«1. Que se declare la nulidad de la RESOLUCION No. 4232 DE 10 DE OCTUBRE DE 2015, proferida por el DIRECTOR EJECUTIVO SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA y del ACTO ADMINISTRATIVO FICTO NEGATIVO configurado por el silencio guardado frente al recurso de apelación interpuesto contra el primer acto demandado, habiendo transcurrido los dos (2) meses indicados por el artículo 86 del

C.P.A.C.A.

2. Que, a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se ordene a la

NACION-RAMA JUDICIAL-DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

JUDICIAL

2.1 RELIQUIDAR las prestaciones sociales devengadas desde el 1 de enero de 2013 y las que se sigan devengando durante el trámite de este proceso por los servidores judiciales demandantes, como primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantí as, bonificaciones y demás emolumentos recibidos, tomando como FACTOR SALARIAL la BONIFICACION JUDICIAL creada con el Decreto 383 de 2013 del Departamento Administrativo de la Función Pública.

2.2 Que en adelante, se reconozca la BONIFICACION JUDICIAL como FACTOR SALARIAL, no solo para los descuentos destinados a la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, como actualmente se hace.

2.3. Que se condene en COSTAS, ordenando como recono cimiento de AGENCIAS EN DERECHO en porcentaje del 20% de las pretensiones

Seguridad Social en Salud, como actualmente se hace.

2.3. Que se condene en COSTAS, ordenando como recono cimiento de AGENCIAS EN DERECHO en porcentaje del 20% de las pretensiones conforme el numeral 3.1.2. del artículo 6 del Acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura No 1887 de 2003[…]» (sic en todo el texto).

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, el apoderado de la parte demandante señaló los siguientes:

1. Los demandantes Floralba Aza Mancilla: Nelly Isabel Ortiz Rojas; Sandra Patricia Rodríguez Hernández y Fabio Humberto Barragán Téllez se encuentran vinculados a la Rama Judicial y laboran en el Juzgado Tercero de Familia, razón por la cual son beneficiari os de la bonificación judicial creada mediante el Decreto 383 de 2013.

1. La entidad demandada no ha incluido la bonificación judicial como factor salarial al momento de liquidar las prestaciones sociales.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Floralba Aza Mancilla y otros

Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Radicado: 680013331005-2016-00075-03

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

1. En virtud de lo anterior, presentó derecho de petición ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Santander, mediante la cual solicitó el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial y la

1. En virtud de lo anterior, presentó derecho de petición ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Santander, mediante la cual solicitó el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial y la consecuente reliquidación y pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos a que tiene derecho.

1. El 10 de agosto de 2015 , mediante Resolución 4232, la entidad demandada dio respuesta a la petición de manera negativ a, la cual fue notificada el 17 de septiembre de 2015.

1. El 25 de septiembre de 2015, se interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión , el cual no ha sido resuelto , motivo por el cual la entidad ha incurrido en silencio administrativo negativo, circunstancia que genera un acto ficto o presunto a través del cual se confirmó la decisión denegatoria.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

En el escrito de la demanda se invocaron como violados los artículos 2, 13, 25 y 53 de la Constitución Política ; 2 de la Ley 4 de 1992 y 127 del Código Sustantivo del Trabajo.

En desarrollo del concepto de violación, el apoderado de la parte demandante expuso las siguientes razones:

1. Los actos administrativos demandados resultan violatorios a las normas nacionales y más aún a los tratados internacionales, razón por la cual se debe inaplicar la expresión «constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema Gener al de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud», contenida en el artículo 1 del Decreto 383 de

2013.

inaplicar la expresión «constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema Gener al de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud», contenida en el artículo 1 del Decreto 383 de 2013.

1. Deben darse todos los efectos jurídicos de salario a la bonificación judicial, toda vez que esta se devenga en forma periódica y c omo contraprestación directa del servicio, tal y como se estableció por el Consejo de Estado frente al asunto relacionado con la prima especial creada por el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, antecedente que no solo resulta pertinente y necesario, sino que deja sin argumentos cualquier negativa que en contrario intente erigirse.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial2

El apoderado de la parte demandada allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos excepciones innominadas «legalidad de los actos administrativos demandados»; «prescripción trienal de

2Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 10 índice SAMAI, archivo 10Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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Administración Judicial Radicado: 680013331005-2016-00075-03

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los derechos reclamados» ; «no violación de la ley» «respeto a la garan tía

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

los derechos reclamados» ; «no violación de la ley» «respeto a la garan tía constitucional del debido proceso» y «respeto del principio de legalidad y de la función pública». A su turno, manifestó que se opone a las pretensiones de la demanda.

Los argumentos para solicitar la denegatoria de las pretensiones de la demanda, se sustentan de la siguiente manera:

1. En el presente caso, la entidad ha liquidado y pagado la asignación salarial y prestacional de sus servidores, con estricta sujeción a lo previsto en los decretos expedidos por el Gobierno Nacional para cada vigencia fiscal, puesto que estos estipulan que ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido en tales normas, en concordancia con el artículo 10 de la Ley 4 de 1992.

1. Si bien es cierto la entidad opera como ej ecutora de los recursos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación para efectos del pago de salarios y prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de esta circunscripción territorial, también lo es, que para cumplir dicha función, la Dirección Ejecutiva se encuentra atada a los Decretos salariales que anualmente expide el Gobierno Nacional.

1. La Seccional de la Rama Judicial se ha limitado a dar cumplimiento a la norma que crea la Bonificación Judicial, en razón a que no tiene facultad para interpretar las leyes e inaplicarlas, puesto que son los jueces en sus respectivos fueros, quienes a través de sentencias ostentan esta competencia.

1.3. La sentencia apelada3

interpretar las leyes e inaplicarlas, puesto que son los jueces en sus respectivos fueros, quienes a través de sentencias ostentan esta competencia.

1.3. La sentencia apelada3

El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramang a mediante sentencia del 6 de septiembre de 2021, resolvió:

«PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucional e ilegal, para el caso en concreto, la expresión “únicamente” contenida en el art. 1 del Decreto 383 de 2013 y demás decretos que lo modifican, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. 4232 de 10 de agosto de 2015 por medio de la cual se negó la reliquidación de las prestaciones sociales de los demandantes con inclusión de la Bonificación Judicial creada con el Decreto 383 de 2013, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO: DECLARAR la ocurrencia del silencio administrativo negativo derivado de la falta de respuesta del recurso de apelación, interpuesto contra el acto administrativo contenido en la Resolución No. 4232 de 10 de agosto de 2015 el cual negó el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial y la reliquidación de las prestaciones sociales a los demandantes.

3Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 10 índice SAMAI, archivo 32 .Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Floralba Aza Mancilla y otros

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.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Floralba Aza Mancilla y otros

Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Radicado: 680013331005-2016-00075-03

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

CUARTO. DECLARAR la nulidad del acto administrativo ficto producto de la ocurrencia del silencio administrativo negativo derivado de la falta de respuesta del recurso de apelación interpuesto contra el acto administrativo contenido en la Resolución No. 4232 de 10 de octubre de 2015, el cual negó el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial y la reliquidación de las prestaciones sociales a los demandantes.

QUINTO. ORDENAR, a la NACIONRAMA JUDICIAL -CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL, a título de restablecimiento del derecho, a reconocer a favor de las demandantes FLORALBA AZA MANCILLA, NELLY ISABEL ORTIZ ROJAS, SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ HERNANDEZ Y FABIO HUMBERTO BARRAGAN TELLEZ, la bonificación judicial creada por el Decreto 383 de 2013 como factor salarial, desde el 01 de enero de 2013 en adelante, por el tiempo efectivamente laborado en la RAMA JUDICIAL, y hasta la terminación del vínculo laboral, reliquidando todas las prestaciones sociales devengadas por ellos.

SEXTO. CONDENAR, a la NACION-RAMA JUDICIAL -CONSEJO

adelante, por el tiempo efectivamente laborado en la RAMA JUDICIAL, y hasta la terminación del vínculo laboral, reliquidando todas las prestaciones sociales devengadas por ellos.

SEXTO. CONDENAR, a la NACION-RAMA JUDICIAL -CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL, a pagar las diferencias resultantes entre las prestaciones sociales devengadas y las que resulten de la reliquidación ordenada.

SÉPTIMO. DECLARAR que en el presente asunto NO ha operado la prescripción, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

OCTAVO. Las sumas reconocidas deberán ser debidamente actualizadas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

NOVENO. La NACION-RAMA JUDICIAL -CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA, dará cumplimiento a la sentencia de conformidad con los arts. 192 y 195 del CPACA.

DÉCIMO. CONDENAR en costas, a la NACION-RAMA JUDICIAL-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL de conformidad con lo expuesto en la parte motiva […]» (Sic en todo el texto)

En lo correspondiente al fondo del asunto, el a quo concedió las pretensiones de la demanda con sustento en los siguientes argumentos:

1. Conforme a las pruebas allegadas los demandante s Floralba Aza Mancilla, Nelly Isabel Ortiz Rojas, Sandra Patricia Rodríguez Hernández y Fabio Humberto Barragán Téllez, laboran o han laborado en la Rama Judicial,

1. Conforme a las pruebas allegadas los demandante s Floralba Aza Mancilla, Nelly Isabel Ortiz Rojas, Sandra Patricia Rodríguez Hernández y Fabio Humberto Barragán Téllez, laboran o han laborado en la Rama Judicial, y pertenecen al régimen acogido toda vez que devengan mensualmente la

Bonificación Judicial.

1. La bonificación judicial les ha sido cancelada en forma continua, mensual y habitual, sin que esta haya sido considerada factor sa larial al momento de la liquidación de las demás prestaciones sociales devengadas y reconocidas, situación que es aceptada por la entidad demandada al señalar en la respectiva contestación que el hecho de no computar los valores en la forma en que lo depre ca la parte actora, obedece al estricto cumplimiento de lo dispuesto en la norma que regula la bonificación judicial cuando indica queNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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este emolumento solo constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema G eneral de Seguridad Social en Salud.

1. De conformidad con los fundamentos normativos y jurisprudenciales expuestos en esta providencia, resulta claro que al reconocerse en forma mensual y constante la bonificación judicial, es factible concluir que dicho reconocimiento no obedece a la mera liberalidad del empleador, sino que

expuestos en esta providencia, resulta claro que al reconocerse en forma mensual y constante la bonificación judicial, es factible concluir que dicho reconocimiento no obedece a la mera liberalidad del empleador, sino que consiste en una remuneración directa del servicio, circunstancia que permite considerarla entonces como elemento constitutivo de salario, máxime cuando la propia norma citada estableció que tal bonificación constituye un pago mensual y por lo tanto habitual y periódico, de manera que cumple las características de ser un a remuneración fija en dinero y establecida como contraprestación directa del servicio.

1. La bonificación judicial tiene naturaleza salarial en tanto fue creada para nivelar los ingresos y reconocida como un incremento del salario de los servidores de la Rama Judicial, pero al limitarle los efectos que ella causa en la liquidación de las demás prestaciones, ello constituye una disminución final del monto reconocido, por lo tanto e torna en una desmejora en las prestaciones sociales, lo cual se vislumbra como una omisión por parte del Gobierno Nacional de cumplir con el deber contemplado en el literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992.

1. El límite advertido en la incidencia de la liquidación de las prestaciones percibidas por los servidores de la Rama Judic ial, a pesar de tratarse la bonificación otorgada de una remuneración directa percibida como contraprestación a sus servicios, constituye una restricción que va en contra de la calidad de reconocimiento económico de carácter habitual pagado con ocasión o c ausa de la labor encomendada, lo que constituye en sí mismo salario y tiene incidencia para reliquidar las demás prestaciones sociales.

1. La bonificación judicial reviste un carácter salarial y tiene incidencia

ocasión o c ausa de la labor encomendada, lo que constituye en sí mismo salario y tiene incidencia para reliquidar las demás prestaciones sociales.

1. La bonificación judicial reviste un carácter salarial y tiene incidencia prestacional a partir de su reconocimiento y de forma sucesiva a futuro y hace parte de la asignación mensual, motivo por el cual ostenta el carácter permanente de la remuneración y genera por tanto la obligación de reliquidar las prestaciones sociales y demás factores salariales con base en la totalidad del salario devengado. De allí que en atención al precedente expuesto se determine que la misma es factor salarial y , en este sentido , la expresión «únicamente» contemplada en los artículos 1 de los Decretos 383 de 2013 y 1269 de 2015 deberá ser inaplicada, deberá ser inaplicada, porque implica una violación de principios, contenidos y valores establecidos en el art ículo 1 del Convenio 095 de la OIT, el artículo 53 de la Constitución Política y el artículo 2 de la Ley 4 de 1992 , al desconocer el concepto de salario en los términos señalados.

1. Con la expedición del Decreto 383 de 2013, el Ejecutivo desconoció los postulados internacionales y constitucionales respecto a la aplicación de losNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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Radicado: 680013331005-2016-00075-03

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

principios de favorabilidad e irrenunciabilidad de los beneficios mínimos consagrados en las normas laborales, así como los objetivos y principios señalados en la Ley 4 de 1992, puesto que, despojó de efectos salariales a la bonificación judicial creada para servidores públicos de la Rama Judicial, vinculados a partir de la expedición o acogidos al Decreto 057 de 1993.

1.4. El recurso de apelación

1.4.1. Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial4

La apoderada de la parte demandada en el recurso interpuesto solicitó revocar la decisión de primera instancia y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. La entidad no cuenta con facultades ni atribuciones en materia de fijación de salarios y prestaciones para los servidores de la Rama Judicial, puesto que su competencia recae únicamente en el Gobierno Nacional, específicamente con la expedición de l Decreto 383 de 2013 proferido con el objeto de establecer la bonificación judicial para esos funcionarios.

1. El a quo le impuso una carga excesiva a la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que no est aba en el deber soportar y le exigió un imposible jurídico al no tener en cuenta dicha normatividad comoquiera que es con base en sus dictados que se reconocen y pagan las remuneraciones en la entidad.

Ejecutiva de Administración Judicial que no est aba en el deber soportar y le exigió un imposible jurídico al no tener en cuenta dicha normatividad comoquiera que es con base en sus dictados que se reconocen y pagan las remuneraciones en la entidad.

1. Aunado a lo anterior, dado que la responsabilidad no le asiste a la Rama Judicial y sí al Gobierno Nacional, la prosperidad de las pretensiones involucra necesariamente la inaplicación de l Decreto 383 y, en consecuencia, para el pago de emolumentos que no se encuentran contemplados en los cálculos efectuados por la Rama Judicial se deberá acudir por mandato de Ley al ejecutivo, es decir, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que proceda a la asignación de recursos adicionales a la entidad que no están amparados en las finanzas públicas, lo cual implica la alteración del

Presupuesto General de la Nación.

1.5. Trámite de segunda instancia

Por auto del 5 de diciembre de 202 45 se admiti ó el recurso de apelación interpuesto y se ordenó la notificación personal al Ministerio Público y a las partes por estado, quienes no rindieron concepto ni allegaron pronunciamiento alguno.

2. Consideraciones

4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 10 índice SAMAI, 5 Expediente digital, actuación 19, índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Floralba Aza Mancilla y otros

Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Radicado: 680013331005-2016-00075-03

Rama Judicial del Poder Publico

Demandante: Floralba Aza Mancilla y otros

Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Radicado: 680013331005-2016-00075-03

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación adelantada, y luego de verificar que se hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo del asunto, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia.

2.1. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial, razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2.2. Problema jurídico

De acuerdo con los argumentos planteados en el fallo de primera instancia y en el escrito de apelación, le corresponde a la Sala establecer i) si la demandante tiene derecho a que se le reconozca la bonificación judicial como factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales, y, en consecuencia, si hay lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos demandados; ii) si es procedente la inaplicación por inconstitucionalidad de la expresión «y constituirá únicamente facto r salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud », contenida en el artículo 1 de l Decreto 383 de 2013, por medio de la cual se

constituirá únicamente facto r salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud », contenida en el artículo 1 de l Decreto 383 de 2013, por medio de la cual se creó la bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial.

2.3. Marco normativo

2.3.1. De la bonificación judicial

El régimen salarial y prestacional de los empleados públicos corresponde al Gobierno Nacional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 numeral 19 literal e) de la Constitución Política; dicho mandato constitucional, fue materializado en el literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992 6, según los parámetros previstos en el artículo 2 ídem.

A su turno, con base en dichas normas generales, objetivos y criterios, el presidente de la República de Colombia, mediante el Decreto 383 de 2013, creó la denominada bonificación judicial para los servidores de la Rama Judicial y de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, respectivamente, que se rigieran por lo establecido en el Decreto 53 de 1993, a partir del 1 de enero de 2013, con base en la escala de valores consagrada en el artículo 1 para cada cargo.

Los artículos 1 y 2 del Decreto 383 de 2013 son del siguiente tenor literal:

6 a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales (subrayado no original)Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Floralba Aza Mancilla y otros

general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales (subrayado no original)Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Floralba Aza Mancilla y otros

Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Radicado: 680013331005-2016-00075-03

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

«ARTÍCULO 1. Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el Decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1º de enero de 2013, se percibirá mensualmente, mientras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde para cada año en las siguientes tablas, así: […]

PARÁGRAFO. La bonificación judicial creada en el presente artículo se ajustará a partir del año 2014 de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor (IPC) del dos por ciento (2%) resp ecto del valor de la bonificación asignada en el año inmediatamente anterior.

a partir del año 2014 de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor (IPC) del dos por ciento (2%) resp ecto del valor de la bonificación asignada en el año inmediatamente anterior.

En el evento en que la variación del índice de Precios al consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para las vigencias fiscales de los años 2014 a 2018 inclusive, sea diferente al dos por ciento (2%) proyectado para el valor de la bonificación judicial para los mismos años, el Gobierno Nacional ajustará las tablas correspondientes para la respectiva vigencia en la diferencia que presente.

Para el año 2019 y en adelante el valor mensual de la bonificación judicial será equivalente al valor que se perciba en el año inmediatamente anterior reajustado con la variación del índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.

ARTÍCULO 2. Los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar que no optaron por el régimen establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994 y 43 de 1995 y que viene regidos por el Decreto 848 de 2012 y las disposiciones que lo modifique o sustituyan, de percibir en el año 2013 y siguientes, un ingreso total anual inferior al ingreso total anual más la bonificación judicial que se crea en e l presente decreto, respecto de quien ejerce el mismo empleo y se cuenta regido por el régimen salarial y prestacional obligatorio señalado en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994 y 43 de 1995, percibirán la diferencia respectiva a título de bonificación judicial, mientras

ejerce el mismo empleo y se cuenta regido por el régimen salarial y prestacional obligatorio señalado en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994 y 43 de 1995, percibirán la diferencia respectiva a título de bonificación judicial, mientras permanezcan vinculados al servicio.

[…]».

En el artículo citado se precisa que la bonificación judicial será reconocida a partir del 1 de enero de 2013, se cancelará