TA SAN - Sentencia 680013331012-2012-00339-03 (23-10-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrado Ponente: Iván Fernando Prada Macías

Bucaramanga, veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado 680013331012-2012-00339-03 Medio de control Reparación Directa Demandante Sandra Patricia Bonilla Pava y otros liyafarfana@hotmail.com Demandado Municipio de Bucaramanga notificaciones@bucaramanga.gov.co saabogados@hotmail.com Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF Notificaciones.judiciales@icbf.gov.co Marco.mendoza@dejud.com Ministerio Público Procuraduría 159 Judicial II para Asuntos Administrativos nmgonzalez@procuraduria.gov.co Tema Enfoque diferencial de género. La mujer como sujeto de especial protección constitucional. Derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Juez de daños como Juez interno de convencionalidad. Aplicación directa de los instrumentos internacionales (Convención Belem do Pará).

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el Municipio de Bucaramanga, contra la sentencia del 28 de junio de 2024, proferida por el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga.

I. Antecedentes

1. La demanda.1

La demanda fue interpuesta mediante apoderado judicial por la señora Sandra Patricia Bonilla Pava quien actúa en nombre propio y en representación de los niños Jhon Hamer Carrero Bonilla, Duván Alexis Gómez Bonilla y María Fernanda Gómez Bonilla, en ejercicio del medio de control de Reparación Directa, a efectos que se declare administrativa y

Bonilla Pava quien actúa en nombre propio y en representación de los niños Jhon Hamer Carrero Bonilla, Duván Alexis Gómez Bonilla y María Fernanda Gómez Bonilla, en ejercicio del medio de control de Reparación Directa, a efectos que se declare administrativa y extracontractualmente responsable al Municipio de Bucaramanga y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por el daño antijurídico que se les causó como consecuencia de las graves lesiones física y emocionales que padeció la señora Sandra Patricia Bonilla Pava, a causa de la falla del servicio en que incurrieron las entidades demandadas al no brindar la protección necesaria en la diligencia llevada a cabo el día 14 de abril de 2011 y, permitir que el señor Carlos Javier Gómez Orozco la agrediera físicamente. Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad, pretende la parte demandante, que se condene al Municipio de Bucaramanga y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la reparación integral de los perjuicios inmateriales bajo la tipología de perjuicio moral, así como materiales en la modalidad de lucro cesante.

Como hechos relevantes se expuso en la demanda, que entre los señores Sandra Patricia Bonilla Pava y Carlos Javier Gómez Orozco existió una relación sentimental. Durante la 1 Índice 00188 de SAMAI – Actuaciones de primera instancia, Expediente Digital, documento «01.DEMANDA».Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013331012-2012-00339-03

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convivencia, se presentaron actos reiterados de maltrato verbal y físico que motivaron a la señora Sandra Patricia Bonilla Pava instaurara denuncia penal por «violencia intrafamiliar»

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convivencia, se presentaron actos reiterados de maltrato verbal y físico que motivaron a la señora Sandra Patricia Bonilla Pava instaurara denuncia penal por «violencia intrafamiliar» ante la Fiscalía General de la Nación Seccional Floridablanca bajo el No.

68276600250201100568. Tales hechos motivaron que la señora Sandra Patricia Bonilla Pava cambiara de residencia, dejando a su hija «María Fernanda en poder de los abuelos paternos, puesto que por las circunstancias estos no accedieron a su entrega».

Frente a lo anterior, afirmó la parte demandante que, con el fin de recuperar la custodia de su hija, la señora Sandra Patricia Bonilla Pava acudió ante la Comisaría de Familia del barrio La Joya de Bucaramanga, instaurando denuncia verbal respecto de las «terribles amenazas que permanente recibía» de parte del señor Carlos Javier Gómez Orozco, quien fue citado el día 14 de abril de 2011 y, estando en las instalaciones de la Comisaría «ocasionó graves heridas con arma cortopunzante, en la humanidad Sandra Patricia Bonilla, quien por la gravedad de las mismas estuvo interna en el Hospital González Valencia por más de quince días, ya que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en varias ocasiones, por encontrarse entre la vida y la muerte».

2. Contestación de la demanda.

2.1. Del Municipio de Bucaramanga.2

El Municipio de Bucaramanga, al oponerse a las pretensiones de la demanda, se limitó a indicar que no le correspondía «prestar la seguridad» en las Comisarías de Familia, sino

2.1. Del Municipio de Bucaramanga.2

El Municipio de Bucaramanga, al oponerse a las pretensiones de la demanda, se limitó a indicar que no le correspondía «prestar la seguridad» en las Comisarías de Familia, sino que es a la «Policía Nacional que se encuentra acantonada en esas entidades».

2.2. Del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.3

Como razones de defensa expuso, que no le consta los motivos por los cuales se citó al señor Carlos Javier Gómez Orozco ante la Comisaría de Familia La Joya, así mismo que desconoce los hechos objeto de la pretensión de reparación, pues la Comisaría de Familia es una dependencia que pertenece al Municipio de Bucaramanga y, en esa medida, el ICBF no desconoce las medidas de seguridad que se prestan en la Comisaría de Familia de La Joya. En consecuencia, solicitó se declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva, al margen que se estructura la causal eximente de responsabilidad del «hecho exclusivo y determinante de un tercero», pues está determinado en el proceso que las lesiones causadas a la demandante fueron causadas por el señor Carlos Javier Gómez Orozco.

3. La sentencia de primera instancia.4

El Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, mediante providencia de fecha 28 de junio de 2024, accedió a las pretensiones de la demanda, en tal sentido, declaró la responsabilidad administrativa y extracontractual del Municipio de Bucaramanga y, lo condenó a la reparación integral de los perjuicios materiales e inmateriales. Respecto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar declaró la «Falta de legitimación en la causa por pasiva».

Bucaramanga y, lo condenó a la reparación integral de los perjuicios materiales e inmateriales. Respecto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar declaró la «Falta de legitimación en la causa por pasiva».

2 Índice 00188 de SAMAI – Actuaciones de primera instancia, Expediente Digital, documento «02. ADMISORIOCONTESTACIONAUDIENCIA INICIAL» folios 47 a 49. 3 Índice 00188 de SAMAI – Actuaciones de primera instancia, Expediente Digital, documento «02. ADMISORIOCONTESTACIONAUDIENCIA INICIAL» folios 17 a 27. 4 Índice 00190 de SAMAI – Actuaciones de primera instancia.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013331012-2012-00339-03

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Como fundamento de la decisión, el a quo indicó, a partir de la valoración probatoria, que el daño se materializó en las lesiones a la integridad física de la señora Sandra Patricia Bonilla Pava las cuales, según el informe de Medicina Legal, le derivó en una «incapacidad médico legal definitiva de 35 días» y «deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente». Así mismo, concluyó el a quo, que al Municipio de Bucaramanga le correspondía «el deber de proteger la integridad física de la señora Sandra Patricia Bonilla Pava mientras se encontraba al interior de las instalaciones de la Comisaría de Familia de la Joya, en tanto estaba haciendo uso legítimo de los servicios que allí se brindan en virtud de la Ley, y que esa Institución en virtud de su misión, no puede alegar que le resulta ajeno

la Joya, en tanto estaba haciendo uso legítimo de los servicios que allí se brindan en virtud de la Ley, y que esa Institución en virtud de su misión, no puede alegar que le resulta ajeno el fenómeno de la violencia de género que ha sido reconocido incluso por las Altas Corporaciones judiciales como un fenómeno estructural; a partir del tal consideración, aseveró que el daño era previsible, en tanto que el señor Carlos Javier Gómez Orozco aprovechó una omisión de la entidad para agredir con intención de causarle la muerte a la demandante.

Respecto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para fundamentar la decisión de la carencia de legitimación en la causa por pasiva, sostuvo que las Comisarías de Familia son «organismos municipales por lo que la seguridad de sus instalaciones es una obligaciones exigible al Ente Territorial que corresponda, para el caso de la Comisaría de Familia del Barrio La Joya, lo es el Municipio de Bucaramanga».

4. Del recurso de apelación.5

En el término de ejecutoria de la providencia de primera instancia, el Municipio de Bucaramanga presentó recurso de apelación, en términos generales argumentó que el hecho que ocasionó el daño fue imprevisible y exclusivamente determinado por un tercero, calificándolo como un caso fortuito. Se indicó que la Comisaría de Familia desconocía la situación de riesgo de peligro en la que se encontraba la señora Sandra Patricia Bonilla Pava, ya que no existían registros de procesos por violencia intrafamiliar entre las partes y, en la medida que la diligencia en curso era de rutina para definir la custodia y alimentos de una menor de edad, no relacionada con hechos de violencia intrafamiliar.

Pava, ya que no existían registros de procesos por violencia intrafamiliar entre las partes y, en la medida que la diligencia en curso era de rutina para definir la custodia y alimentos de una menor de edad, no relacionada con hechos de violencia intrafamiliar.

De igual manera, precisó que la Comisaría de Familia no se encontraba en una posición de garante frente a la seguridad de la demandante; frente a lo cual insistió, que los daños no le son imputables, pues la agresión fue impensada y ejecutada por la expareja. Además, destacó que la seguridad y vigilancia tanto de las instalaciones como de los usuarios, le correspondían a la fuerza pública y a la empresa de vigilancia privada contratada,

DELTHAC 1 SEGURIDAD LTDA.

Por otra parte, cuestionó la condena por perjuicios morales, para lo cual señaló que la sentencia de primera instancia graduó la gravedad de las lesiones sin que la parte demandante hubiera aportado prueba del porcentaje de pérdida de capacidad laboral de la señora Sandra Patricia Bonilla Pava. En consideración a que las lesiones generaron una incapacidad de 35 días sin prueba de secuelas permanentes.

Finalmente, el Municipio de Bucaramanga solicitó acoger los cargos de alzada, revocar íntegramente la sentencia de primera instancia y negar las pretensiones formuladas en su contra.

II. Consideraciones de la Sala. 5 Índice 00197 de SAMAI – Actuaciones de primera instancia.Tribunal Administrativo de Santander

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Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para

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Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación cumplida, y hallándose estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo de la cuestión, procederá la Corporación a proferir el f allo de segunda instancia.

1. Competencia.

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial; razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2. Asunto objeto de decisión y planteamiento del problema jurídico a resolver.

En el presente asunto, el a quo concluyó que el daño antijurídico se materializó en las lesiones físicas y emocionales sufridas por la señora Sandra Patricia Bonilla Pava, como consecuencia de la agresión perpetrada con arma cortopunzante por parte del señor Carlos Javier Gómez Orozco en el interior de la Comisaría de Familia del barrio La Joya de Bucaramanga, el 14 de abril de 2011. Con fundamento en la valoración probatoria, el juzgador de primera instancia consideró, a partir de un análisis desde el enfoque de género, que el Municipio de Bucaramanga incurrió en una falla del servicio por omisión en el deber de garantizar la seguridad de las personas que acudían a dichas dependencias, lo que condujo a declarar su responsabilidad administrativa y extracontractual, con la consecuente

que el Municipio de Bucaramanga incurrió en una falla del servicio por omisión en el deber de garantizar la seguridad de las personas que acudían a dichas dependencias, lo que condujo a declarar su responsabilidad administrativa y extracontractual, con la consecuente condena a la reparación integral de los perjuicios materiales e inmateriales reclamados. Respecto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva, al estimar que las Comisarías de Familia constituyen dependencias municipales.

Por su parte, el Municipio de Bucaramanga interpuso recurso de apelación contra la decisión de primera instancia, argumentó, en esencia, que el daño fue imprevisible y exclusivamente atribuible a un tercero, por lo cual no puede imputársele responsabilidad a la entidad territorial. Sostuvo que la diligencia en curso no estaba vinculada a hechos de violencia intrafamiliar y que, en consecuencia, la Comisaría de Familia no se encontraba en posición de garante frente a la seguridad de la demandante. Igualmente , reprochó la condena por perjuicios morales, por considerar que no existió prueba suficiente que acreditara secuelas permanentes más allá de la incapacidad médico -legal de 35 días establecida por Medicina Legal.

En este contexto, como thema decidendum, le corresponde a la Sala determinar, si se estructura la responsabilidad que se le atribuye al Municipio de Bucaramanga por el daño a los derechos constitucionales que se derivan de la garantía fundamental de toda mujer a tener una «vida libre de violencia», evento en el cual, habría que confirmar la decisión del a quo; o, sí por el contrario, se encuentra probado que la actuación de la entidad territorial está libre

los derechos constitucionales que se derivan de la garantía fundamental de toda mujer a tener una «vida libre de violencia», evento en el cual, habría que confirmar la decisión del a quo; o, sí por el contrario, se encuentra probado que la actuación de la entidad territorial está libre de cualquier reparo que configure una falla del servicio o si se estructura la causal de exoneración del hecho de un tercero, situación que enervaría el juicio de imputación del daño, dando lugar a infirmar la sentencia recurrida.

Ahora bien, de hallarse configurada la responsabilidad de la entidad demandada, deberá la Sala determinar, si la tasación de perjuicios realizada por el a quo se ajusta a los estándaresTribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013331012-2012-00339-03

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jurisprudenciales que gobiernan el principio de reparación integral, en particular respecto de los perjuicios morales reconocidos.

Como plan metodológico de la decisión, siguiendo los elementos sobre los cuales se cimienta la responsabilidad del Estado conforme al artículo 90 de la CP, la apreciación material de las pruebas que obran en el proceso se dirigirá a la acreditación del daño, como primer elemento de la responsabilidad; para posteriormente analizar, si el daño puede ser atribuido al Municipio de Bucaramanga. De configurarse la responsabilidad, como fue declarada en la sentencia de primer grado, se determinará si la cuantía de reparación ordenada por el a quo, se encuentra consonante con los parámetros y estándares de tasación de los perjuicios que ha desarrollado la jurisprudencia del Consejo de Estado desde el principio de la reparación integral del daño (artículo 16 de la Ley 446 de 1998).

tasación de los perjuicios que ha desarrollado la jurisprudencia del Consejo de Estado desde el principio de la reparación integral del daño (artículo 16 de la Ley 446 de 1998).

Ahora bien, la Sala precisa que el análisis del caso concreto se debe realizar desde un escenario constitucional a partir del enfoque diferencial o perspectiva de género y control difuso de convencionalidad, con el fin de identificar los deberes convencionales y constitucionales del Estado de propiciar y garantizar a las mujeres los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la seguridad, al acceso a la administración de justicia, a la dignidad humana y a tener una existencia libre de violencia.

Lo anterior, encuentra justificación, en el artículo primero constitucional que consagra que Colombia es Estado Social de Derecho fundado, entre otros principios y valores superiores, en el respeto de la dignidad humana en cuanto permite potencializar los derechos inalienables de la persona. Así mismo, acorde con la dimensión Social del Estado armonizada con la cláusula igualatoria (artículo 13 superior), si bien todas las personas deben recibir la misma protección y trato de las autoridades, gozando de los mismos «derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica», es claro que existen circunstancias de especialísima consideración que, en procura de una igualdad real o material6, exigen del Estado y la sociedad brindar una mayor protección. Es así como de forma inequívoca, se dispuso en el artículo 43 superior, partiendo de la equiparación que la mujer «no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación», exigencia que impone el deber de implementar medidas afirmativas.

forma inequívoca, se dispuso en el artículo 43 superior, partiendo de la equiparación que la mujer «no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación», exigencia que impone el deber de implementar medidas afirmativas.

Entonces, es a partir de la anterior ratio iuris, junto con los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos ratificados por Colombia , que se integran al ordenamiento interno en virtud del instituto del bloque de constitucionalidad, en especial: la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 7 (CEDAW) y su Protocolo Facultativo de 19998; la Convención Internacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer9 (o Convención de Belém do Pará), y la 6 El artículo 13 de la Constitución Política consagra el principio y derecho a la igualdad, categoría orientadora que integra dos dimensiones, una formal y otra material. Dichas categorías orientadoras deben armonizarse en concordancia con los demás cánones constitucionales que establecen la dignidad humana, la igualdad, la prohibición de discriminación (v.gr., artículo 43 CP “la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación”; la protección especial en favor de niños, niñas y adolescentes y la prevalencia de sus derechos (artículo 44 ibidem), sin que pueda perderse de vista el desarrollo jurisprudencial relacionado con los sujetos de especial protección constitucional. 7 Aprobada por Colombia mediante Ley 51 de 1981. Esta Convención establece como uno de los deberes del Estado “consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la

Estado “consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio” (artículo 2, literal a). 8 Aprobado por Colombia mediante Ley 984 de 2005. 9 Aprobada por Colombia mediante la Ley 248 de 1995. Precisa dentro de los deberes del Estado «establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos» y «establecer losTribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013331012-2012-00339-03

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Convención Americana sobre Derechos Humanos 10 (CADH); que llevo a que la jurisprudencia desarrollara el método de análisis denominado «perspectiva de género» de utilidad en la resolución de conflictos sometidos al examen jurisdiccional11, el cual se debe ver complementado con el control de convencionalidad que se le exige realizar a los Jueces.

3. De la acreditación del daño.

La concepción moderna de la responsabilidad exige que el daño se estructure a partir de una valoración objetiva que parta del reconocimiento del interés afectado, el cual debe ser constituido desde del agravio a los derechos personalísimos, en tanto determinan el contenido del daño resarcible como medio para lograr el restablecimiento del equilibrio quebrantado por la lesión; construcción que parte del reconocimiento de la dignidad humana12 como valor supremo del Estado Constitucional13 y valor inconmensurable que define el aseguramiento

del daño resarcible como medio para lograr el restablecimiento del equilibrio quebrantado por la lesión; construcción que parte del reconocimiento de la dignidad humana12 como valor supremo del Estado Constitucional13 y valor inconmensurable que define el aseguramiento de los derechos subjetivos, en cuanto posibilitan el despliegue y realización del desarrollo integral de la personificación del ser individual y, consecuentemente, genera un mandato de no hacer, esto es, de prohibición de alterar las condiciones de vida en proyecto de la persona humana.14

mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces» (artículo 7, literales f y g). 10 Aprobada por Colombia mediante Ley 16 de 1972. En su artículo 24, establece la igualdad ante la ley. Así mismo, en el artículo 17 literal b, «Los Estados Parte deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo». 11 Al respecto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia CSJ SC5039 -2021 manifestó, refiriéndose al enfoque diferencial de género, que, se trata de «…categoría hermenéutica impone al Juez de la causa que, tras identificar situaciones de poder, de desigualdad estructural, o contextos de violencia física, sexual, emocional o económica entre las partes de un litigio, realice los ajustes metodológicos que resulten necesarios para garantizar el equilibrio entre contendores que exige todo juicio justo. No se trata de

física, sexual, emocional o económica entre las partes de un litigio, realice los ajustes metodológicos que resulten necesarios para garantizar el equilibrio entre contendores que exige todo juicio justo. No se trata de actuar de forma parcializada, ni de conceder sin miramientos los reclamos de personas o grupos vulnerables, sino de crear un escenario apropiado para que la discriminación asociada al género no dificulte o frustre la tutela judicial efectiva de los derechos. Dicho de otro modo, la perspectiva de género se constituye en una importante herramienta para la erradicación de sesgos y estereotipos, permitiendo revelar, cuestionar y superar prácticas arraigadas en nuestro entorno social, que históricamente han sido normalizadas y que hoy resultan inadmisibles, dada la prevalencia de los derechos inherentes e inalienables de la persona, procurando así que la solución de las disputas atienda solamente a estrictos parámetros de justicia. En síntesis, tal como lo recalcó la Cumbre Judicial Iberoamericana en su modelo de incorporación de la perspectiva de género en las providencias judiciales11, el juzgamiento con observancia de las enunciadas directrices implica «hacer realidad el derecho a la igualdad, respondiendo a la obligación constitucional y convencional de combatir la discriminación por medio del quehacer jurisdiccional para garantizar el acceso a la justicia y remediar, en un caso concreto, situaciones asimétricas de poder»…» 12 A partir de la sentencia T 881 de 2002 la Corte Constitucional precisó la naturaleza, contenido y alcance de la dignidad humana desde su objeto de protección, reconociendo que el ser humano está compuesto de tres dimensiones, a saber: i. La autonomía individual o la facultad de autodeterminar su existencia, como una

la dignidad humana desde su objeto de protección, reconociendo que el ser humano está compuesto de tres dimensiones, a saber: i. La autonomía individual o la facultad de autodeterminar su existencia, como una manifestación de la expresión de construir un proyecto de vida acorde con sus más íntimas convicciones; ii. La garantía de gozar de condiciones materiales de existencia cualificadas12 que le permite cumplir con su propósito vital; y iii. La protección de integridad corporal y el respeto por las convicciones espirituales; y a partir de lo cual señala, que «Al tener como punto de vista el objeto de protección del enunciado normativo «dignidad humana», la Sala ha identificado a lo largo de la jurisprudencia de la Corte, tres lineamientos claros y diferenciables: (i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones).» 13 Cfr. Häberle, Peter. “La Dignidad del Hombre como fundamento de la comunidad Estatal”. En: Fernández Segado, Francisco (Coordinador). Dignidad de la persona, derechos fundamentales, justicia constitucional y otros estudios de derecho público. España, Dykinson, 2008. «La dignidad aparece así como «el valor jurídico más importante» dentro del ordenamiento constitucional, o como el «valor constitucional supremo». Lo que parece indicar el carácter «prepositivo» (präpositive) de la dignidad del hombre. También es característica la

más importante» dentro del ordenamiento constitucional, o como el «valor constitucional supremo». Lo que parece indicar el carácter «prepositivo» (präpositive) de la dignidad del hombre. También es característica la formulación de la dignidad como el «fin supremo de todo el Derecho», o como «mandamiento de inviolabilidad de la dignidad del hombre como base fundamental de todos los derechos fundamentales»”. 14 «Así, los bienes de especial relevancia, que tienen como fin la defensa y exaltación de la persona humana y que se encuentran revestidos de primacía constitucional, conforman un sistema axiológico que integran los más elementales intereses del hombre a través de lo que a nuestro juicio, constituyen los meta -derechos queTribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013331012-2012-00339-03

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Bajo la anterior disertación, los bienes de especial relevancia que tienen como fin la defensa y exaltación de la persona humana y, que por lo mismo se encuentran revestidos de primacía constitucional, conforman un sistema axiológico en donde se integran l os más elementales intereses, constituyéndose en aquellos bienes trascendentales o metaderechos que justifican la función totalizadora de garantía de la dignidad humana y que se convierten en el objeto de tutela del sistema de responsabilidad, a través de la concepción del daño reparable o antijurídico15.

Es así como, el contenido de la dignidad humana, al entendimiento de la Sala, puede ser comprendido desde cuatro ámbitos que surgen del mínimo existencial y que permiten la protección integral de toda persona humana, los cuales se materializan en:

1. La prohibición de hacer de la persona un objeto, esto es, el umbral mínimo de

comprendido desde cuatro ámbitos que surgen del mínimo existencial y que permiten la protección integral de toda persona humana, los cuales se materializan en:

1. La prohibición de hacer de la persona un objeto, esto es, el umbral mínimo de respeto que prevalece de manera inalienable por la naturaleza misma de la persona, y que se estructura como una cualidad intrínseca e inherente que impide tratos deshumanizados.

1. El principio básico o cláusula general de los derechos fundamentales de la persona y que se convierte en la esencia misma del Estado Constitucional, como un mandato de protección del bienestar y desarrollo de la integralidad física y espiritual de la persona, convirtiéndose, en consecuencia, en un atributo del ser humano.

1. Manifestación de la individualidad de la persona que exalta el libre ejercicio de la facultad de desplegar sus derechos fundamentales y la voluntad de dirigirse conforme a sus propias convicciones, valores e intereses; esto es, la expresión de la vida individual y el reconocimiento de la persona como un ser en proyecto como expresión de su autonomía, donde se le asegure su salud e integr idad físicoespiritual para el logro del acto de vivir, el cual encuentra un límite en los parámetros que impone la regulación normativa que coordina la vida en sociedad; en otras palabras, el bien común, como límite relativo y razonable de la cláusula general