TA SAN - Sentencia 680013333-003-2014-00299-01 (06-03-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada Ponente: CLAUDIA XIMENA ARDILA PÉREZ SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Bucaramanga, seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE

CONTROL CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

DEMANDANTE YURLE ZULEY VERGEL CARRILLO , identificada con C.C. 37.667.947 vergel.abogada@hotmail.com

DEMANDADO

E.S.E. HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO DEL

PLAYÓN, SANTANDER

esesantodomingosavio@gmail.com Daniela_Medina_Abogada@hotmail.com

MINISTERIO

PÚBLICO

XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

xmora@procuraduria.gov.co; RADICADO 680013333-003-2014-00299-01 TEMA Se revoca la sentencia de primera instancia . Aunque las Empresas Sociales del Estado pueden pactar como causal de terminación unilateral del contrato el incumplimiento en el pago de los aportes al sistema integral de seguridad social, en este caso, su aplicación resultó arbitraria por haberse fundamentado en hechos contrarios a la realidad.

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto oportunamente 1 por la parte demandante, contra la sentencia proferida el 8 de septiembre de 201 7 por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

A. La demanda2

1. Pretensiones

Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

A. La demanda2

1. Pretensiones La parte demandante pretende que se declare la nulidad de l as siguientes Resoluciones: (i) No. 053-12 del 9 de abril de 2012 y (ii) No. 075-12 del 14 de mayo de 2012, expedidas por la gerente de la E.S.E. Hospital Santo Domingo Savio del Playón, Santander, mediante las cuales se terminó unilateralmente el contrato de prestación de servicios No. 017-12.

1 La sentencia de primera instancia fue corregida y aclarada el 21 de septiembre de 2017 (expediente físico, folio 234 “Auto Resuelve Aclaración Corrección y Adición”) y el recurso de apelación fue interpuesto el 27 de septiembre de 2017, esto es, dentro de los 10 días siguientes (expediente físico folió 256 Auto Concede Recurso de Apelación). 2 Folios 1-25.Radicado: 680013333003-2014-00299-01

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Demandante: Yurle Zuley Vergel Carrillo

Demandado: E.S.E. Hospital Santo Domingo Savio del Playón, Santander

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander Solicita que se ordene a la E.S.E. Hospital Santo Domingo Savio del Playón el pago de $ 12.000.000 y que dicha suma sea indexada desde el 23 de mayo de 2012, con sus respectivos intereses.

2. Hechos

Solicita que se ordene a la E.S.E. Hospital Santo Domingo Savio del Playón el pago de $ 12.000.000 y que dicha suma sea indexada desde el 23 de mayo de 2012, con sus respectivos intereses.

2. Hechos La demandante señala que el 16 de marzo de 2012 celebró el contrato de prestación de servicios No. 017 -12 con la E.S.E. Hospital Santo Domingo Savio del Playón, Santander. Afirma que tenía como objeto la prestación de servicios profesionales como asesora jurídica especializada para la preparación, presentación y desarrollo de procesos de contratación, así como la elaboración de contratos relacionados con la administración pública.

Indica que el contrato tenía una duración de 4 meses y 15 días por un valor de $13.750.000. Relata, además, que se establecieron las siguientes funciones: i) realizar como mínimo 4 visitas mensuales a las instalaciones de la E.S.E.; ii) asesorar jurídicamente; iii) preparar, presentar y desarrollar los procesos de contratación; y, iv) las demás labores inherentes a su objeto contractual. Asegura que cumplió con los requisitos exigidos en la etapa precontractual, incluyendo estudios previos, propuesta, antecedentes judiciales, disciplinarios y fiscales, certificado de disponibilidad presupuestal, registro presupuestal y los demás soportes pertinentes, así como su vinculación a la seguridad social previamente a la suscripción del contrato. Refiere que el acta de inicio fue suscrita por la Gerente de la E.S.E. el 16 de marzo de 2012 . Expone que, s in embargo, el 18 de abril de 2012 le fue notificada personalmente la Resolución No. 053-12 del 9 de abril de ese año, mediante la cual

de 2012 . Expone que, s in embargo, el 18 de abril de 2012 le fue notificada personalmente la Resolución No. 053-12 del 9 de abril de ese año, mediante la cual se daba por terminado unilateralmente el contrato sin explicar las razones legales o señalar el incumplimiento contractual. Manifiesta que el 16 de abril de 2012 interpuso recurso de reposición contra la Resolución No. 053-12, pero que la misma fue confirmada mediante la Resolución No. 075-12 del 14 de mayo de 2012. Finalmente, relata que la Resolución No. 075 -12 del 14 de mayo de 2012 le fue notificada el 12 de junio de 2012, fecha en la que se dio por terminado el contrato de forma definitiva . Señala que , durante el tiempo transcurrido, desde el 23 de marzo hasta la notificación de la resolución, prestó los servicios contratados, pero no recibió pago alguno por dicho periodo, excepto un abono parcial de $1.750.000.

3. Normas violadas y concepto de la violación Se enlistan en la demanda como normas violadas los artículos: 185, 194 y 195 de la Ley 100 de 1993.Radicado: 680013333003-2014-00299-01

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Demandante: Yurle Zuley Vergel Carrillo

Demandado: E.S.E. Hospital Santo Domingo Savio del Playón, Santander

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander La parte demandante exp one que el parágrafo de la cláusula 15 del contrato estipulaba que las partes no podían terminar el contrato unilateralmente, solo

Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander La parte demandante exp one que el parágrafo de la cláusula 15 del contrato estipulaba que las partes no podían terminar el contrato unilateralmente, solo mediante mutuo acuerdo entre ellas. Afirma que la E.S.E. expidió la Resolución No. 053-12 con falsa motivación, puesto que los hechos en que se fundamentó la decisión son contrarios a la realidad. Asimismo, señala que el acto carece de motivación, toda vez que no existen fundamentos que respalden la manifestación de voluntad de la administración. Además, alega una desviación de poder, dado que el acto fue motivado en razones personales que se apartan de los propósitos establecidos en el ordenamiento jurídico.

B. Contestación La E.S.E. Hospital Santo Domingo Savio no contestó la demanda.

C. La sentencia recurrida3

El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, en sentencia del 8 de septiembre de 2017 negó las pretensiones de la demanda. Indicó que en la cláusula vigesimoquinta se estipuló que el contrato No. 075 -12 no se podía terminar unilateralmente, solo por mutuo acuerdo entre las partes. Señaló que. sin embargo, en el parágrafo de dicha cláusula se establecieron los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato, entre ellos, la obligación del contratista de allegar los documentos exigidos legalmente, y que, si no se aportaban dentro de los 5 días siguientes a la firma del contrato, la entidad podría terminarlo. Por ello, concluyó que la terminación del contrato se dio por el incumplimiento de

contratista de allegar los documentos exigidos legalmente, y que, si no se aportaban dentro de los 5 días siguientes a la firma del contrato, la entidad podría terminarlo. Por ello, concluyó que la terminación del contrato se dio por el incumplimiento de la demandante al no aportar , dentro del plazo establecido, los documentos necesarios para acreditar su vinculación al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones y no por la aplicación de las cláusulas excepcionales previstas en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993.

D. La apelación4

La demandante solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se concedan las pretensiones. Señala que los artículos 195 de la Ley 100 de 1993 y 16 del Decreto 1876 de 1994 establecen que el régimen de contratación de las Empresas Sociales del Estado se rige por el derecho privado, salvo que las partes pacten las cláusulas exorbitantes previstas en la Ley 80 de 1993 , las cuales deben estar dirigidas exclusivamente a garantizar el interés general y su uso debe estar sujeto al principio de buena fe. Agrega que la aplicación del régimen de derecho privado no puede interpretarse

3 Folios 223-232. 4 Folio 235-254.Radicado: 680013333003-2014-00299-01

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Demandado: E.S.E. Hospital Santo Domingo Savio del Playón, Santander

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander para incluir causales de terminación contractual, como las facultades excepcionales,

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander para incluir causales de terminación contractual, como las facultades excepcionales, fuera de lo previsto en la Ley 80 de 1993. Argumenta que la entidad no incluyó en el contrato c ausales específicas para la terminación unilateral. Por ello, considera que la Resolución No. 053-12, mediante la cual se le dio por terminado el contrato, es nula. Explica que en su caso no existió doble contratación ni se generó un daño fiscal a la entidad, como parece indicarlo el acto acusado, ya que los contratos que celebró con la entidad demandada y al tiempo con otra entidad tenían objetos diferentes; uno relacionado con asesorías jurídicas y otro con la prestación de servicios de salud. Afirma que está afiliada al régimen contributivo desde octubre de 2009, según se puede constatar en la certificación del FOSYGA , y que cumplió con los pagos a la seguridad social, por lo que, insiste, el acto demandado incurre en falsa motivación. Refiere que, aunque los contratistas están obligados a realizar aportes al Sistema General de la Seguridad Social, según lo previsto en los artículos 23 de la Ley 1150 de 2007 y 50 de la Ley 789 de 2002 , su incumplimiento no constituye causal de terminación unilat eral del contrato ; s ino que la entidad estatal debe retener las sumas adeudadas al sistema durante la liquidación del contrato y realizar el giro directo de dichos recursos a los sistemas de salud y pensión. Señala que el parágrafo segundo de la cláusula tercera del contrato establece que

sumas adeudadas al sistema durante la liquidación del contrato y realizar el giro directo de dichos recursos a los sistemas de salud y pensión. Señala que el parágrafo segundo de la cláusula tercera del contrato establece que los pagos quedan condicionados al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 . Dice que, sin embargo, en ninguna parte del contrato se especifica que la falta de pago de la seguridad social sea causal de terminación unilateral. Además, reitera que cumplió con el pago de los aportes al sistema de salud y pensión, mientras que la entidad incumplió con los pagos mensuales de los honorarios. Alega que los motivos aducidos por la demandada para terminar el contrato no fueron debidamente fundamentados . Refiere que la administración no m antuvo la exposición de motivos establecidos en la primera resolución, toda vez que en ella fundamenta su actuar en lo previsto en la causal primera del artículo 17 de la Ley 80 de 1993, mientras que, en la segunda, se fundamenta en el uso de la cláusula exorbitante, que se entiende pactada en la cláusula 15 del contrato de prestación de servicios, y en el artículo 1602 del Código Civil. Manifiesta que est a variación evidencia falta de coherencia en la motivación del acto administrativo y refuerza la existencia de una falsa motivación.

E. Trámite de segunda instancia Mediante auto del 24 de noviembre de 20175 se admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia. El 15 de mayo de 2019 se

5 Folio 260.Radicado: 680013333003-2014-00299-01

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Demandante: Yurle Zuley Vergel Carrillo

interpuesto contra la sentencia de primera instancia. El 15 de mayo de 2019 se

5 Folio 260.Radicado: 680013333003-2014-00299-01

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Demandado: E.S.E. Hospital Santo Domingo Savio del Playón, Santander

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto. La demandante no se pronunció. La E.S.E. Hospital Santo Domingo Savio solicita que se confirme la sentencia. Indica que el juez de primera instancia concluyó que el contrato no se podía terminar unilateralmente, pero que en la cláusula vigésima quinta del contrato se estableció que el contratista debía allegar los documentos exigidos dentro de los 5 días hábiles siguientes a la firma del contrato y, en caso de no hacerlo , podía terminarlo unilateralmente conforme al derecho privado. Manifiesta que, como lo sostuvo el a quo, se demostró que, transcurridos 13 días hábiles, la contratista no acreditó su afiliación ni el pago correspondiente a la seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales. Argumenta que una consulta web del FOSYGA no prueba que la demandante estuviera afiliada o realizara aportes al sistema de salud y pensiones. Según señala, dicho documento solo indica que la accionante se afilió por primera vez el 1 º de octubre de 2009 y que actualmente se encuentra activa.

II.CONSIDERACIONES

A. Acerca de la competencia

dicho documento solo indica que la accionante se afilió por primera vez el 1 º de octubre de 2009 y que actualmente se encuentra activa.

II.CONSIDERACIONES

A. Acerca de la competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los juzgados administrativos de su distrito judicial.

A. El problema jurídico y su resolución De acuerdo con la reseña que antecede, la Sala plantea y resuelve el siguiente problema jurídico: ¿La entidad demandada incumplió el contrato suscrito con la demandante, al terminarlo unilateralmente, tras considerar que esta no acreditó el pago de la seguridad social como requisito para la ejecución del contrato?

Tesis: Sí.

Fundamento jurídico: El régimen prevalente para la celebración y ejecución de los contratos de las Empresas Sociales del Estado es el derecho privado y excepcionalmente las normas de derecho público para el ejercicio de cláusulas excepcionales. En este orden de ideas, la terminación unilateral del contrato se puede establecer, bien como una cláusula excepcional de acuerdo con lo previsto en los artículos 14 y 17 de la Ley 80 de 1993, o bien por un acuerdo de voluntades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1602 del Código Civil, siempre que la cláusula sea clara. Así, las partes pueden establecer como una causal de terminación unilateral el incumplimiento de los requisitos para la ejecución delRadicado: 680013333003-2014-00299-01

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Demandado: E.S.E. Hospital Santo Domingo Savio del Playón, Santander

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander contrato, como el pago de la seguridad social. Así ocurrió en este caso. Sin embargo, ambas suscribieron el acta de inicio, y la demandante efectuó los aportes correspondientes a los sistemas de salud y pensión en calidad de independiente. Entonces, los fundamentos expuestos por la E.S.E. demandada para dar por terminado el contrato resultan contrarios a la realidad y constituyen una actuación arbitraria que configura su incumplimiento. Para sustentar la tesis planteada, se analizará la facultad de terminación unilateral en los contratos de prestación de servicios de las E.S.E. y la posibilidad de que las partes pacten el incumplimiento de los requisitos para la ejecución del contrato como causal de terminación unilateral. Con base en ello, se demostrará que, aunque la entidad demandada estaba facultada para dar por terminado el contrato objeto de la demanda, lo hizo con fundamento en supuestos contrarios a la realidad, lo que configura un incumplimiento contractual y da lugar a indemnizar los daños irrogados a la contratista.

B. Marco jurídico

1. La facultad de terminación unilateral de un contrato de prestación de servicios suscrito por una Empresa Social del Estado

De acuerdo con e l artículo 195 de la Ley 100 de 1993 6 y la jurisprudencia d el H. Consejo de Estado7, en materia de contratación, las Empresas Sociales del Estado se rigen por las normas de derecho comercial o civil , sin embargo, estas p ueden

Consejo de Estado7, en materia de contratación, las Empresas Sociales del Estado se rigen por las normas de derecho comercial o civil , sin embargo, estas p ueden incluir en sus contratos las cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública ,8 entre ellas, l a de terminación unilateral.

Dicha cláusula, prevista en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993 ,9 dispone que las entidades pueden terminar anticipadamente un contrato mediante acto administrativo debidamente motivado en los siguientes casos: (i) cuando las

6 ARTÍCULO 195. Régimen jurídico. Las Empresas Sociales de Salud se someterán al siguiente régimen jurídico:

6. En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto General de Contratación de la administración pública. 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Óscar Darío Amaya Navas, Sentencia del 23 de julio de 2024, Rad. 110010306000-2023-00074-00. 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Fredy Ibarra Martínez, Sentencia del 7 de sep tiembre de 2023, Rad. 760012333000-2014-01066-01 (67252); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercer a, C.P. Alberto

Montaña Plata, Auto que resuelve recurso de apelación del 4 de mayo de 2022, Rad. 050012333000 -2020-03333-01 (66732); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas, Sentencia d el 23 de septiembre de 2024, Rad. 050012333000 -2017-00207-00 (62422) Las Empresas Sociales del Estado E.S.E en materia contractual se rigen por el derecho privado, pero podrán discrecionalmente utilizar las cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 9 ARTÍCULO 17. DE LA TERMINACIÓN UNILATERAL. La entidad en acto administrativo debidamente motivado dispondrá la terminación anticipada del contrato en los siguientes eventos: 1o. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga. 2o. <Aparte subrayado del numeral 2o. CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es persona natural, o por disolución de la persona jurídica del contratista. 3o. Por interdicción judicial o declaración de quiebra del contratista. 4o. Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista que afecten de manera grave el cumpli miento del contrato. Sin embargo, en los casos a que se refieren los numerales 2o. y 3o. de este artículo podrá continuarse la ejecución con el ga rante de la obligación. La iniciación de trámite concordatario no dará lugar a la declaratoria de terminación unilateral. En tal ev ento la ejecución se hará

con sujeción a las normas sobre administración de negocios del deudor en concordato. La entidad dispondrá las medidas de inspección, control y vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contractual e impedir la paralización del servicio.Radicado: 680013333003-2014-00299-01

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Demandante: Yurle Zuley Vergel Carrillo

Demandado: E.S.E. Hospital Santo Domingo Savio del Playón, Santander

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga; (ii) por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es persona natural o por disolución de la persona jurídica del contratista; (iii) por interdicción o declaración de quiebra del contratista; y (iv) por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato.

La posibilidad de terminar unilateralmente el contrato también puede devenir de la estipulación contractual que las partes convengan, voluntaria y espontáneamente , de acuerdo con el artículo 1602 del Código Civil 10. Según esta disposición, los contratos válidamente celebrados son ley para las partes y sólo pueden ser invalidados por consentimiento mutuo o por causas legales. En concordancia con la norma anterior, el artículo 1603 ibidem11 dispone que los contratos deben ejecutarse de buena fe , por lo que las partes están obligadas no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino de todo lo que deriva de la naturaleza de la obligación.

norma anterior, el artículo 1603 ibidem11 dispone que los contratos deben ejecutarse de buena fe , por lo que las partes están obligadas no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino de todo lo que deriva de la naturaleza de la obligación.

Para el Consejo de Estado 12, en es tos casos se debe analizar si la cláusula es ambigua. En tal evento, debe interpretarse según lo establecido en el artículo 1624 del C.C. 13, es decir, en contra de la parte de quien proviene, sea deudora o acreedora. Además, en los casos en que exist a un abuso del derecho por una de las partes, esta debe indemnizar los perjuicios causados a la otra , t al como lo prescribe el artículo 830 del Código de Comercio.14

Ahora bien, aunque una Empresa Social del Estado esté facultada para pactar y ejercer la cláusula de terminación unilateral en sus contratos, esto no la habilita para hacer un uso irracional o arbitrario de dicha prerrogativa. Solo puede dar por terminado el contrato si se dan los supuestos fácticos que la facultan para tal efecto. Un uso arbitrario de esta prerrogativa, bajo supuestos que no corresponden a la realidad, configurará un incumplimiento contractual.

En conclusión, la posibilidad de que una ESE termine unilateralmente un contrato de prestación de servicios depende del régimen aplicable. Si el contrato se rige por el derecho privado, su terminación solo se puede efectuar conforme a lo pactado por las pa rtes y bajo los principios generales del derecho civil o comercial. Por el contrario, si incluye cláusulas excepcionales, la entidad contratante puede ejercer la facultad de terminación anticipada mediante acto administrativo debidamente

por las pa rtes y bajo los principios generales del derecho civil o comercial. Por el contrario, si incluye cláusulas excepcionales, la entidad contratante puede ejercer la facultad de terminación anticipada mediante acto administrativo debidamente

10 ARTÍCULO 1602. <LOS CONTRATOS SON LEY PARA LAS PARTES>. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. 11 ARTÍCULO 1603. <EJECUCION DE BUENA FE>. Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenec en a ella. 12 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION TERCERA - SUBSECCION A Consejero ponente: MAURICIO FAJARDO GÓMEZ. Sentencia del 9 de mayo de dos mil doce (2012). Radicación número: 85001 -23-31-0002000-00198-01(20968) 13 ARTICULO 1624. <INTERPRETACION A FAVOR DEL DEUDOR>. No pudiendo aplicarse ninguna de las reglas precedentes de interpretación, se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor. Pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpret arán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella. 14 ARTÍCULO 830. <ABUSO DEL DERECHO-INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS>. El que abuse de sus derechos estará obligado a indemnizar

ella, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella. 14 ARTÍCULO 830. <ABUSO DEL DERECHO-INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS>. El que abuse de sus derechos estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause.Radicado: 680013333003-2014-00299-01

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Demandante: Yurle Zuley Vergel Carrillo

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander motivado, de acuerdo con lo previsto en los artículos 14 y 17 de la Ley 80 de 1993. En cualquier caso, la terminación unilateral se debe fundamentar en el marco jurídico aplicable y en la realidad del contrato, no en hechos engañosos, simulados o falsos.

2. La cláusula penal como forma convencional de determinación anticipada de los perjuicios Al analizar un caso análogo, el H. Consejo de Estado 15 determinó que una E.S.E. incumplió un contrato de operación , pues, aunque las partes habían pactado una cláusula que le permitía terminar unilateralmente el contrato por una «decisión autónoma del hospital en cualquier tiempo», no cumplió con el deber de fundarla en justificaciones válidas. Para el alto tribunal, la E.S.E. tenía que justificar su decisión de manera adecuada y conforme al marco legal aplicable.

En cuanto a la indemnización por los daños que el ejercicio abusivo de una cláusula de ese tipo implica, el H. Consejo de Estado 16 expuso que , de acuerdo con el

de manera adecuada y conforme al marco legal aplicable.

En cuanto a la indemnización por los daños que el ejercicio abusivo de una cláusula de ese tipo implica, el H. Consejo de Estado 16 expuso que , de acuerdo con el artículo 867 del Código de Comercio , cuando los perjuicios son determinables «podrá el juez reducir equitativamente la pena, si la considera manifiestamente excesiva habida cuenta del interés que tenga el acreedor en que se cumpla la obligación. Lo mismo hará cuando la obligación principal se haya cumplido en parte».

Para la estimación de los perjuicios, el juzgador debe usar lo convenido por las partes en la cláusula penal, de existir , pues conviene recordar que e sta tiene prevalencia sobre la que se haga judicial o legalmente. Además de que con la cláusula penal solo es necesario acreditar judicialmente la existencia de una obligación principal y de la cláusula, así como de la infracción de la primera. 17 Así mismo, el artículo o 1599 del Código Civil18 establece que la pena es exigible todas las veces que se haya convenido, sin que pueda el deudor alegar que la inejecución de lo pactado no le ha causado perjuicio al acreedor.

Específicamente, frente a la cláusula penal, el H. Consejo de Estado señala que se debe determinar, por un principio de equidad, si la obligación y la pena son indivisibles o si, por el contrario, aunque una y otra sean divisibles se pacta la cláusula para el incumplimiento de todo o parte. E n el primer caso cabe la posibilidad de la rebaja de una parte, en el segundo no.19

indivisibles o si, por el contrario, aunque una y otra sean divisibles se pacta la cláusula para el incumplimiento de todo o parte. E n el primer caso cabe la posibilidad de la rebaja de una parte, en el segundo no.19

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Fredy Ibarra Martínez, Sentencia del 7 de sep tiembre de 2023, Rad. 760012333000-2014-01066-01 (67252). 16 Ídem. 17 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo. Regimen General de las Obligaciones. Editorial Temis. Bogotá. 1998. 18 ARTICULO 1599. <EXIGIBILIDAD DE LA PENA>. Habrá lugar a exigir la pena en todos los casos en que se hubiere estipulado, sin q ue pueda alegarse por el deudor que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio al acreedor o le ha producido benefici o. 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Fredy Ibarra Martínez, Sentencia del 7 de septiembre de 2023, Rad. 760012333000-2014-01066-01 (67252).Radicado: 680013333003-2014-00299-01

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Demandado: E.S.E. Hospital Santo Domingo Savio del Playón, Santander

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

3. El incumplimiento de la obligación de los contratistas de afiliarse al sistema general de seguridad social para dar inicio a la ejecución de un contrato puede ser pactada como una causal de terminación unilateral

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

3. El incumplimiento de la obligación de los contratistas de afiliarse al sistema general de seguridad social para dar inicio a la ejecución de un c