TA SAN - Sentencia 680013333-004-2018-00395-02 (30-04-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, Treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

RADICADO: 680013333-004-2018-00395-02

ENLACE DEL

EXPEDIENTE:

https://samai.azurewebsites.net/Vistas/Casos/list _procesos.aspx?guid=680013333004201800395 026800123

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

DEMANDANTE: LINA MARCELA TRIANA GÓMEZ

an_ge_li_ca82@hotmail.com jochoav@cendoj.ramajudicial.gov.co

DEMANDADO: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO: JHON CARLOS GARCIA PEREA

jcgarcia@procuraduria.gov.co ASUNTO: Sentencia de segunda instancia . La bonificación judicial debe ser reconocida como factor salarial para todos los efectos legales. Se modifica la condena en costas en primera instancia.

TEMA: Bonificación judicial

SENTENCIA No. 043

MAGISTRADA PONENTE: CLAUDIA PATRICIA PEÑUELA ARCE

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la

condena en costas en primera instancia.

TEMA: Bonificación judicial

SENTENCIA No. 043

MAGISTRADA PONENTE: CLAUDIA PATRICIA PEÑUELA ARCE

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia de fecha cuatro (04) de agosto de dos mil veintidós (2022), proferida por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga.

La Sala es competente para resolver el recurso de conformidad con lo previsto en el artículo 153 del CPACA.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Lina Marcela Triana Gómez

Demandado: Nación – Rama Judicial

Radicado No. 680013333-004-2018-00395-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante1

Solicita declarar la nulidad de la Resolución número DESAJBUR17-4101 del 30 de junio de 2017, expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, y del acto ficto negativo por la no contestación del recurso de apelación presentado el 1 de septiembre de 2017, mediante el cual se negó el reconocimiento, reliquidación y pago de los valores por concepto de prestaciones sociales de la demandante.

En consecuencia, solicitó:

«PRIMERO. Que se declare la nulidad de la Resolución No. DESAJBUR17

reconocimiento, reliquidación y pago de los valores por concepto de prestaciones sociales de la demandante.

En consecuencia, solicitó:

«PRIMERO. Que se declare la nulidad de la Resolución No. DESAJBUR17 4101 del 30 de junio de 2017, "Por medio de la cual se resuelve un Derecho de Petición", expedido por la NACIÓN — RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA — SANTANDER, mediante el cual negó a la señora LINA MARCELA TRIANA GOMEZ (…)

SEGUNDO. Que se declare la nulidad del Acto Administrativo Ficto o Presunto, que surgió con ocasión del Silencio Administrativo N egativo, derivado del recurso de reposición en subsidio del de apelación, interpuesto el día 1 de septiembre de 2017, en contra de la Resolución No. DESAJBUR17-4101 del 30 de junio de 2017, "Por medio de la cual se resuelve un derecho de petición", expedido por la NACIÓN — RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURADIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

DE BUCARAMANGA — SANTANDER. (…

TERCERO. Que de conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política, INAPLIQUESE por ser abiertamente contrario a la Constitución y a la Ley, el aparte "...y constituirá únicamente factor salarial para la baso de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud...", contenido en el artículo 1 del Decreto 383 del 2013.

aparte "...y constituirá únicamente factor salarial para la baso de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud...", contenido en el artículo 1 del Decreto 383 del 2013.

CUARTO. En consecuencia de lo anterior, que se ordene el reconocimiento y pago de la BONIFICACIÓN JUDICIAL, a partir del 29 de junio de 2014 y en adelante por el tiempo en que se siga causando, dispuesta en el Decreto 383 de 2013 como factor salarial y prestacional, esto es, con incidencia en las prestaciones laborales tales como prima de servicios, prima de productividad, prima de vacaciones, prima de navidad, bonificación por servicios prestados, cesantías o intereses a las cesantías; y demás emolumentos, por tratarse de una parte integral de la asignación básica correspondiente a funcionarios y empleados judiciales, de conformidad con la Constitución y la ley.

QUINTO. Que se ordene el reajuste y reliquidación desde el 29 de junio de 2014 y en adelante por el tiempo en que se siga causando, de las prestaciones laborales y sociales, tales como prima de servicios, prima de

1Expediente digital de OneDrive, 001DemandaAnexos.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Lina Marcela Triana Gómez

Demandado: Nación – Rama Judicial

Radicado No. 680013333-004-2018-00395-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander productividad, prima de vacacio nes, prima de navidad, bonificación por

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander productividad, prima de vacacio nes, prima de navidad, bonificación por servicios prestados, cesantías e intereses a las cesantías, y demás emolumentos, que de acuerdo a la Constitución y la Ley corresponden a los Funcionarios y empleados judiciales, con inclusión de la BONIFICACIÓN JUDICIAL con incidencia de factor salarial y prestacional, y en la misma proporción de la Asignación Básica por hacer parte integral del salario.

SEXTO. Que se ordenó el pago de los dineros, debidamente indexados, de los valores correspondie ntes a la diferencia obtenida a favor do la convocante, con ocasión del reajuste o reliquidación de las prestaciones laborales y sociales, desde el 29 de junio de 2014 y en adelante por el tiempo en que se siga causando, con inclusión de la Bonificación Ju dicial establecida en el Decreto 383 de 2013.

SÉPTIMO. Que se ordene el pago de los intereses moratorios, a título de sanción, por no haberse reconocido el pago de las prestaciones salariares conforme a la ley».

Las anteriores pretensiones se fundamentaron en las siguientes afirmaciones:

La demandante es servidora de la Rama Judicial en calidad de empleada judicial y devenga mensualmente la bonificación judicial creada con el Decreto No. 0383 de 2013.

El 29 de junio de 2017, radicó petición ante la entidad demandada, mediante la cual solicitó la liquidación y pago de todas las prestaciones sociales con base en la bonificación judicial como factor salarial de los valores dejados de percibir desde el

2013.

El 29 de junio de 2017, radicó petición ante la entidad demandada, mediante la cual solicitó la liquidación y pago de todas las prestaciones sociales con base en la bonificación judicial como factor salarial de los valores dejados de percibir desde el 13 de junio de 2014 y las que a futuro se generen.

En respuesta, la demandada emitió la resolución número DESAJBUR17 -4101 del 30 de junio de 2017, en la que negó las pretensiones.

Inconforme con la decisión, interpuso recurso de apelación el día 1 de septiembre de 2017. Sin embargo, la parte demandada guardó silencio.

Como fundamento de derecho invocó los artículos 2, 13, 25, 27, 53 y 58 de la Constitución Nacional, la Ley 4 de 1992, artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 14 de la Ley 50 de 1990, el Decreto 0383 de 2013, Convenio 95 de la OIT y demás normas concordantes.

B. Posición de la parte demandadaNulidad y Restablecimiento del derecho

Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Lina Marcela Triana Gómez

Demandado: Nación – Rama Judicial

Radicado No. 680013333-004-2018-00395-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander La Nación – Rama Judicial2 se opuso a la prosperidad de las pretensiones en los siguientes términos:

Adujo que los actos administrativos acusados tienen sustento en las disposiciones

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander La Nación – Rama Judicial2 se opuso a la prosperidad de las pretensiones en los siguientes términos:

Adujo que los actos administrativos acusados tienen sustento en las disposiciones legales contenidas en el Decreto 0383 de 2013, la Ley 4 a de 1992 y en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política; además, que el único con competencia para establecer el régimen prestacional y salarial de los empleados públicos de la Rama Judicial es el Gobierno nacional.

Señaló que, por expreso mandato legal, la Bonificación Judicial constituye factor salarial únicamente para efectos de constituir la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y que hace parte de la libertad de con figuración del legislador establecer qué parte de la remuneración de los empleados públicos constituye o no factor salarial y para qué fines.

Así mismo, refirió que los decretos por medio de los cuales el Gobierno nacional reguló los salarios y prestacion es de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial cumplieron con los estándares legales y constitucionales para su expedición y, en consecuencia, la responsabilidad sobre la inaplicabilidad de la norma salarial no puede ser asumida por la Rama Judicial.

Adicionalmente, propuso la excepción de prescripción trienal de los derechos reclamados.

C. Sentencia de primera instancia3

El juzgado de primera instancia, mediante sentencia del cuatro (04) de agosto de dos mil veintidós (2022), resolvió:

«PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucional e ilegal, para el caso en

El juzgado de primera instancia, mediante sentencia del cuatro (04) de agosto de dos mil veintidós (2022), resolvió:

«PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucional e ilegal, para el caso en concreto, la expresión “únicamente” contenida en el art. 1º de los Decretos 383 de 2013 y demás decret os que lo modifican, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos contenidos en la Resolución No. DESAJBUR17 -4101 del 30 de junio de 2017, y acto

2 Expediente digital de OneDrive, 035AnexoContestaciónDemanda.pdf. 3Expediente digital de OneDrive, 032SentenciaPrimeraInstancia.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Lina Marcela Triana Gómez

Demandado: Nación – Rama Judicial

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander ficto configurado el 1º de noviembre de 2017, proferidos por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO: ORDENAR, a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA, a título de restablecimiento del derecho, si aún no lo ha hecho, a reconocer y reliquidar

SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA, a título de restablecimiento del derecho, si aún no lo ha hecho, a reconocer y reliquidar a favor de la señora LINA MARCELA TRIANA GOMEZ, se le reconozca la bonificación judicial creada por el Decreto 383 de 2013 como factor salarial, desde el 29 de junio de 2014, en adelante, por el tiempo efectivamente laborado en la RAMA JUDICIAL, y hasta la terminación del vínculo laboral, reliquidando todas las prestaciones sociales devengadas por ella.

CUARTO: CONDENAR a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, a pagar las diferencias resultantes entre las prestaciones sociales devengadas y las que resulten de la reliquidación ordenada.

QUINTO: DECLARAR que ha operado de la prescripción de las sumas adeudadas con anterioridad al 29 de junio de 2014, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO: CONDENAR en costas a la entidad demandada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva».

Indicó que el Decreto 0383 de 2013 vulneró los principios constitucionales de favorabilidad e irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en la legislación laboral, al tiempo que transgredió los objetivos y principios señalados en la Ley 4 de 1992, en la medida en que desconoció los efectos salariales de la bonificación judicial.

legislación laboral, al tiempo que transgredió los objetivos y principios señalados en la Ley 4 de 1992, en la medida en que desconoció los efectos salariales de la bonificación judicial.

Consideró que la bonificación judicial fue otorgada de manera continua y mensual, lo que la convierte en una remuneración fija y directa, cumpliendo características de un salario, por lo que debe ser incluida en el cálculo de las demás prestaciones sociales.

Precisó que inaplicará la parte del primer inciso del artículo 1 del Decreto 0383 de 2013 que limita el reconocimiento de la bonificación judicial solo para efectos de cotización al sistema de salud y pensiones, en el entendido que sus disposiciones contravienen la Constitución y la ley, al no reconocer la bonificación como factor salarial para calcular todas las prestaciones sociales y salariales.

Respecto de la prescripción trienal, señaló que el demandante presentó la reclamación administrativa el 29 de junio de 2017; por tanto, las sumas causadas con anterioridad al 29 de junio de 2014 se encuentran prescritas.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Lina Marcela Triana Gómez

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Finalmente, ordenó condenar en costas a la parte demandada.

D. Recurso de apelación

La Nación-Rama Judicial 4 solicitó revocar la decisión de primera instancia con sustento en los siguientes argumentos:

Finalmente, ordenó condenar en costas a la parte demandada.

D. Recurso de apelación

La Nación-Rama Judicial 4 solicitó revocar la decisión de primera instancia con sustento en los siguientes argumentos:

1. La parte demandante no impugnó oportunamente los Decretos 0383 y 0384 de 2013 cuando fueron expedidos, y por lo tanto no puede ahora pretender su inaplicabilidad. El plazo para demandar la nulidad de estos decretos ya caducó según el artículo 138 del CPACA, por lo que la demanda debería ser desestimada.

1. La entidad no cuenta con facultades ni atribuciones en materia de fijación de salarios y prestaciones para los servidores de la Rama Judicial, puesto que su competencia recae únicamente en el Gobierno nacional, específicamente en la expedición del Decreto 0383 de 2013 con el objeto de establecer la bonificación judicial para esos funcionarios.

1. El juez de primera instancia desconoció lo anterior y le impuso una carga excesiva a la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que no está en el deber de soportar y le exigió un imposible jurídico al no tener en cuenta dicha normatividad, comoquiera que es con base en esta que se reconocen y pagan las remuneraciones en la entidad.

1. La responsabilidad recae en el Gobierno nacional y no en la Rama J udicial, por lo que el pago de emolumentos no contemplados en las proyecciones presupuestales de la Rama Judicial debe gestionarse, por mandato legal, ante el Ejecutivo, específicamente ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dicho organismo es e l que debe asignar recursos adicionales a la entidad, los cuales no están previstos en las finanzas públicas.

ante el Ejecutivo, específicamente ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dicho organismo es e l que debe asignar recursos adicionales a la entidad, los cuales no están previstos en las finanzas públicas.

1. La acción de inaplicabilidad de los decretos salariales por inconstitucionalidad no es válida en este caso, ya que los decretos siguen vigentes hasta que sean declarados inconstitucionales por la Corte

4 Expediente digital de OneDrive, 030MemorialRecursoApelacion.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Constitucional. Además, la demanda mezcla solicitudes de inaplicabilidad con peticiones de nulidad, lo que genera confusión.

1. La bonificación judicial reclamada no constituye un derecho adquirido , sino que fue el resultado de una negociación que no afecta derechos prestacionales adicionales. Por lo tanto, la demandante no tiene derecho a una compensación mayor a la que ya fue reconocida.

1. Los actos administrativos impugnados fueron proferidos en cumplimiento de los decretos salariales vigentes y, por tanto, no corresponden a actos definitivos que puedan ser revisados judicialmente.

1. Solicitó que se revoque la decisión de primera instancia de condenar en costas, puesto que los argumentos expuestos carecen de un análisis objetivo valorativo de conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y

1. Solicitó que se revoque la decisión de primera instancia de condenar en costas, puesto que los argumentos expuestos carecen de un análisis objetivo valorativo de conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con el Código General del

Proceso C.G.P.

E. Pronunciamiento en segunda instancia.

Sin pronunciamiento de las partes

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

F. Problema jurídico

Con el fin de establecer si procede confirmar o, por el contrario, revocar la sentencia de primera instancia, se resolverán los siguientes interrogantes que surgen de los argumentos de impugnación de la parte demandada:

1. ¿La oportunidad para cuestionar la legalidad de los Decretos 0383 y 0384 de 2013, caducó, al no haberse impugnado oportunamente cuando fueron expedidos?; ii) ¿La Rama Judicial, específicamente la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, no tiene competencia para modificar el régimen salarial y prestacional establecido por el Gobierno nacional en los Decretos 0383 y 0384 de 2013?; iii) ¿La inaplicación por inconstitucionalidad de estos decretos no es procedente en el caso particular,Nulidad y Restablecimiento del derecho

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander por estar vige ntes y no haber sido declarados inconstitucionales por la Corte

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander por estar vige ntes y no haber sido declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional?; iv) ¿No resulta procedente condenar en costas a la parte demandada?

G. Tesis de la Sala

1. No, el acto acusado al negar prestaciones periódicas puede ser demandado en cualquier tiempo, conforme lo señala el Art. 164, numeral 1, literal c) de la Ley 1437 de 2011. Adicionalmente, no se pueden entender como demandados los decretos que crean la b onificación judicial, habida cuenta de que lo único que se pretende frente a aquellos es la inaplicación de la expresión «únicamente», y no la declaratoria de ilegalidad. Igualmente, la jurisprudencia ha establecido que la bonificación judicial cumple con los requisitos de salario al ser un pago habitual en retribución al trabajo, por lo que su exclusión como factor salarial desconoce el mandato de nivelación salarial de la Ley 4ª de 1992.

1. Si bien la Dirección Ejecutiva de Administración Ju dicial no tiene competencia para modificar el régimen salarial y prestacional fijado por el Gobierno nacional, sí tiene la facultad de interpretar y aplicar las normas en materia salarial dentro de los límites establecidos.

1. La inaplicación del artíc ulo 1 del Decreto 0383 de 2013 no implica una modificación del régimen salarial, sino la correcta aplicación del principio « in dubio pro operario» en favor de los servidores judiciales, garantizando sus derechos constitucionales. La jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional

modificación del régimen salarial, sino la correcta aplicación del principio « in dubio pro operario» en favor de los servidores judiciales, garantizando sus derechos constitucionales. La jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional ha reconocido que el concepto de salario no depende de la denominación que le dé el empleador, sino de su naturaleza y periodicidad, lo que confirma que la bonificación judicial debe ser considerada factor salarial.

1. Dando aplicación al criterio subjetivo, al no acreditarse temeridad o mala fe por parte de la entidad demandada, toda vez que su conducta procesal se enmarcó en el legítimo ejercicio del derecho de defensa y contradicción, sin incurrir en maniobras dilatorias o en actuaciones manifiestamente infundadas.

H. Metodología de la decisiónNulidad y Restablecimiento del derecho

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Para resolver el problema jurídico, la Sala estudiará los siguientes temas: i) La bonificación judicial creada mediante el Decreto 0383 de 2013; ii) Igualdad en la liquidación y pago de la bonificación; iii) Naturaleza salarial de la bonificación judicial; iv) Naturaleza jurídica de los decretos que reglamentan las leyes marco; v) La excepción de inconstitucionalidad ; y v i) Costas en el proceso contencioso administrativo.

Por último, se analizará el caso concreto: hechos relevantes probados y su análisis

La excepción de inconstitucionalidad ; y v i) Costas en el proceso contencioso administrativo.

Por último, se analizará el caso concreto: hechos relevantes probados y su análisis crítico. Además, se llevará a cabo el estudio oficioso de la prescripción.

1. Bonificación judicial creada mediante el Decreto 0383 de 2013

La Ley 4 de 1992 establece el marco normativo para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, incluyendo los de la Rama Judicial, en cumplimiento del mandato constitucional del artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política de 1991.

Por su parte, el Gobierno nacional, en desarrollo de las preceptivas y orden de nivelación salarial de la Ley 4ª de 1992, expidió el Decreto 0383 de 6 de marzo de 2013, el cual creó la bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar.

De acuerdo con el mencionado decreto, dicho emolumento se reconoce mensual y únicamente constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y Salud, y se le excluyó como factor para liquidar otros emolumentos.

Los artículos 1 y 2 son del siguiente tenor literal:

«ARTÍCULO 1. Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el Decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una

en los decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el Decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1º de enero de 2013, se percibirá mensualmente mientras el s ervidor público permanezca en el servicio y corresponde para cada año en las siguientes tablas, así: […]Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander PARÁGRAFO. La bonificación judicial creada en el presente artículo se ajustará a partir del año 2014 de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor (IPC) del dos por ciento (2%) respecto del valor de la bonificación asignada en el año inmediatamente anterior.

En el evento en que la variación del índice de precios al consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacion al de Estadística (DANE), para las vigencias fiscales de los años 2014 a 2018 inclusive, sea diferente al dos por ciento (2%) proyectado para el valor de la bonificación judicial para los mismos años, el Gobierno nacional ajustará las tablas correspondientes para la respectiva

para las vigencias fiscales de los años 2014 a 2018 inclusive, sea diferente al dos por ciento (2%) proyectado para el valor de la bonificación judicial para los mismos años, el Gobierno nacional ajustará las tablas correspondientes para la respectiva vigencia en la diferencia que presente.

Para el año 2019 y en adelante, el valor mensual de la bonificación judicial será equivalente al valor que se perciba en el año inmediatamente anterior reajustado con la variación del índice de precios al consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.

ARTÍCULO 2. Los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar que no optaron por el régimen establecido en los Decret os 57 y 110 de 1993, 106 de 1994 y 43 de 1995 y que viene regidos por el Decreto 848 de 2012 y las disposiciones que lo modifique o sustituyan, de percibir en el año 2013 y siguientes, un ingreso total anual inferior al ingreso total anual más la bonificación judicial que se crea en el presente decreto, respecto de quien ejerce el mismo empleo y se encuentra regido por el régimen salarial y prestacional obligatorio señalado en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994 y 43 de 1995, percibirán la diferencia respectiva a título de bonificación judicial, mientras permanezcan vinculados al servicio.

[…]».

Uno de los objetivos centrales de la Ley 4 de 1992 fue abordar la falta de proporcionalidad en la estructura salarial del sector judicial, que se caracteriz aba por marcadas disparidades entre los diferentes niveles jerárquicos. Específicamente, los artículos 14 y 15 de esta ley buscaron implementar una

proporcionalidad en la estructura salarial del sector judicial, que se caracteriz aba por marcadas disparidades entre los diferentes niveles jerárquicos. Específicamente, los artículos 14 y 15 de esta ley buscaron implementar una nivelación salarial más equitativa y comprensiva.

Así, en el artículo 14, parágrafo, se señaló:

«Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la rama judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad». Del análisis de estas normas se llega a las siguientes conclusiones relevantes: ii) Igualdad en la liquidación y pago de la bonificación

Es imperativo garantizar un trato igualitario en la liquidación y pago de la bonificación judicial. Por tanto, se determina que: a. Para los funcionarios y empleados no acogidos al régimen de los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y normas complementarias, elNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Lina Marcela Triana Gómez

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander tope de la bonificación judicial será equivalente al 100% del salario mensual devengado por sus homólogos acogidos a dicho régimen. b. La bonificación debe liquidar se y pagarse mensualmente para todos los servidores, independientemente de su régimen, asegurando así su carácter de factor salarial al ser una remuneración periódica y permanente.

b. La bonificación debe liquidar se y pagarse mensualmente para todos los servidores, independientemente de su régimen, asegurando así su carácter de factor salarial al ser una remuneración periódica y permanente.

1. Naturaleza salarial de la bonificación judicial Se enfatiza que la bonific ación judicial, al ser pagada de forma periódica y permanente, constituye factor salarial para todos los efectos legales. Esta interpretación se alinea con el propósito