TA SAN - Sentencia 680013333-004-2025-00012-01 (14-03-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada ponente: CLAUDIA XIMENA ARDILA PÉREZ

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Bucaramanga, catorce (14) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

ACCIÓN TUTELA

ACCIONANTE

ANDREA KATHERINE GALVIS GÓMEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.095.804.422 agalvisgomez@gmail.com;

ACCIONADO

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN –SUBDIRECCIÓN DE

TALENTO HUMANO

juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co;

RADICADO Y

ENLACE DEL

EXPEDIENTE

DIGITAL

680013333-004-2025-00012-01

TEMA / ASUNTO

VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

AL ACCESO A CARGOS PÚBLICOS Y A LA UNIDAD FAMILIAR DE LA MADRE DE UN NIÑO EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD. Un hecho de fuerza mayor que impide posesionarse a un elegible no trae como consecuencia la pérdida de sus derechos de carrera. Si bien se acreditó que la señora Andrea Katherine desistió de su nombramiento, esta circunstancia no puede acarrear su exclusión de la lista de elegibles, puesto que tuvo origen en un hecho de fuerza mayor. La accionante vive con su familia en Bucaramanga. Se enteró que el cargo a proveer estab a ubicado en

circunstancia no puede acarrear su exclusión de la lista de elegibles, puesto que tuvo origen en un hecho de fuerza mayor. La accionante vive con su familia en Bucaramanga. Se enteró que el cargo a proveer estab a ubicado en Barranquilla cuando le fue comunicado su nombramiento . Durante su traslado al lugar donde debía posesionarse , la salud de su menor hijo, quien padece discapacidad intelectual, trastorno de la comunicación social y déficit de atención, empezó a deteriorarse debido a la separación. Esto la obligó a priorizar el cuidado de su hijo sobre la posesión en el cargo lejos de su familia, decisión por la que no puede ser culpada ni derivar en consecuencias negativas, como la pérdida de los derechos de carrera. / La pretensión de la accionante , encaminada a que su nombramiento sea efectuado en Bucaramanga, no contraviene la convocatoria pública ni el régimen especial de carrera de la Fiscalía, pues dicha convocatoria no estableció una vinculación territorial específica para los cargos ofertados. Además, se demostró que otros elegibles fueron designados en sus lugares de arraigo, lo que refuerza la viabilidad de la solicitud de la accionante, cuya finalidad es garantizar la unidad familiar y la salud de su hijo.

Se decide la impugnación formulada por las partes contra la sentencia proferida el 6 de febrero de 2025 por el Juzgado Cuarto Administrativo de Bucaramanga; remitida al Despacho ponente el 12 de febrero de 2025, según acta de reparto, la cual se muestra en la actuación No. 3 del expediente digital cargado en el sistema judicial SAMAI.1

1. ANTECEDENTES

remitida al Despacho ponente el 12 de febrero de 2025, según acta de reparto, la cual se muestra en la actuación No. 3 del expediente digital cargado en el sistema judicial SAMAI.1

1. ANTECEDENTES

A. El escrito de tutela2

1. Pretensiones

La accionante solicita la protección de sus derechos fundamentales al acceso a

1 Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI, índice 3. 2 Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMIA. Índice 3, documento denominado: 4ED_DEMANDA_24_1_20251_1ASUNTO: FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN: TUTELA RADICADO: 680013333004-2025-00012-01

ACCIONANTE: ANDREA KATHERINE GALVIS GÓMEZ ACCIONADO: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander cargos públicos, al trabajo, a la igualdad, a la unidad familiar en relación con el interés superior de su hijo en condición de discapacidad, a la salud y al núcleo familiar, los cuales considera vulnerados por la Fiscalía General de la Nación – Subdirección de Talento Humano, al no haberla nombrado en período de prueba en algún cargo de Profesional de Gestión II adscrito a la Seccional Santander.

2. Hechos

La accionante sostiene que participó en el concurso de méritos FGN 2022 para proveer 1.056 vacantes definitivas en las modalidades de ascenso e ingreso

2. Hechos

La accionante sostiene que participó en el concurso de méritos FGN 2022 para proveer 1.056 vacantes definitivas en las modalidades de ascenso e ingreso dentro de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación, adscrita al Sistema Especial de Carrera. Advierte que, además, en ninguna etapa del concurso se informó la ubicación geográfica de las vacantes.

Narra que el 15 de febrero de 2024 la Fiscalía General de la Nación mediante la Resolución No. 0027 publicó la lista de elegibles para la provisión de 23 vacantes definitivas en la modalidad de ingreso para el cargo de Profesional de Gestión II, identificado con el código OPECE. I-110-10-(23), en la cual ocupó el puesto 22, en empate con cuatro aspirantes más.

Señala que en el mes de julio de 2024 la entidad llevó a cabo la visita en su lugar de residencia para realizar el estudio de seguridad antes de efectuarse los nombramientos.

Aclara que el 1 de agosto de 2024 la institución mediante Resolución No. 0027 modificó la lista de elegibles y ubicó a quienes estaban en la posición 22 en el puesto 21; lo que, en su criterio, les otorgaba el derecho a participar en la audiencia de desempate para las vacantes 22 y 23.

Informa que la entidad empezó a nombrar en estricto orden de mérito y asignó las vacantes conforme a la residencia de los elegibles hasta la posición 20, donde designaron en la Seccional de Cundinamarca a un elegible que residía en la ciudad de Cali.

Sostiene que confiaba en que la Fiscalía General de la Nación aplicaría el mismo

donde designaron en la Seccional de Cundinamarca a un elegible que residía en la ciudad de Cali.

Sostiene que confiaba en que la Fiscalía General de la Nación aplicaría el mismo criterio a todos los seleccionados para ocupar las 23 vacantes, pues su núcleo familiar está conformado por su esposo y su hijo J.E.R.G. de 10 años, quien desde los 2 años recibe tratamiento en neuropediatría y psiquiatría infantil por dificultades en su desarrollo y actualmente cuenta con diagnóstico de discapacidad intelectual leve, trastorno de la comunicación social, déficit de atención y actividad, trastorno mixto de las habilidades escolares y trastorno del lenguaje expresivo.

Sostiene que los diagnósticos han impactado el desarrollo de su hijo en los ámbitos escolar, familiar y social, lo que requiere un proceso continuo de rehabilitación, ya que requiere: (i) terapias ocupacionales y de lenguaje de manera constante, con un total de 16 sesiones mensuales, (ii) suministro de Metilfenidato en tabletas de 10 mg, con una dosis de dos tabletas diarias, (iii) terapias de rehabilitación cognitiva tres veces por semana y (iv) adaptación curricular escolar en modalidad de inclusión en el Colegio Reggio Amelia de Bucaramanga.

Indica que, bajo esta situación , el 8 de noviembre de 2024 solicitó ante la Subdirección de Talento Humano de la entidad ser nombrada en su lugar deASUNTO: FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN: TUTELA RADICADO: 680013333004-2025-00012-01

ACCIONANTE: ANDREA KATHERINE GALVIS GÓMEZ

ACCIÓN: TUTELA RADICADO: 680013333004-2025-00012-01

ACCIONANTE: ANDREA KATHERINE GALVIS GÓMEZ ACCIONADO: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander arraigo, pero mientras radicaba la petición le comunicaron que mediante Resolución No. 9228 fue nombrada en el departamento del Atlántico.

Precisa que el 20 de noviembre de 2024 aceptó el nombramiento y solicitó una prórroga de 30 días para su posesión ante la Dirección Ejecutiva de la entidad. A su turno, el 27 de noviembre del mismo año la institución precisó que, una vez posesionada y tras finalizar y superar el período de prueba, podría presentar una solicitud de reubicación al lugar solicitado.

Cuestiona que la respuesta de la entidad no contenga un análisis de fondo sobre su solicitud, ya que no se pronunció sobre su situación familiar ni sobre la condición de discapacidad de su hijo. Señala que, además, no se adoptó ninguna acción afirmativa para evitar la ruptura de su núcleo familiar durante al menos siete meses, tiempo en el que debía cumplir el período de prueba antes de poder presentar la petición de reubicación.

Afirma que el 7 de enero de 2025 se presentó en las instalaciones de Talento Humano de la entidad en Barranquilla con la documentación exigida para la toma de posesión, quienes le informaron que la posesión se realizaría el 15 de enero de 2025.

Aclara que, no obstante, no tomó posesión del cargo, ya que la separación con

de posesión, quienes le informaron que la posesión se realizaría el 15 de enero de 2025.

Aclara que, no obstante, no tomó posesión del cargo, ya que la separación con su hijo J.E.R.G. generó que el niño rechazara los alimentos proporcionados por la persona encargada de su cuidado mientras su padre trabajaba, lo que llevó a que dicha persona desistiera de continuar prestando el servicio de niñera. Asimismo, señala que esta situación ha afectado su salud emocional, al presentar episodios de depresión y ansiedad.

Expone que el 18 de enero de 2025 se hizo evidente el impacto de la separación con su hijo J.E.R.G., quien sufrió un episodio de parálisis facial que requirió su traslado de urgencia a la Clínica Foscal, donde permaneció internado durante dos días mientras se descartaba una posible afectación cerebral mediante un TAC, análisis de sangre y un examen de monitorización electroencefalográfica por video con una duración de seis horas.

Atribuye a la Fiscalía las afectaciones descritas, al haberla nombrado en un cargo adscrito al departamento del Atlántico, a pesar de que la entidad, por su función investigativa y de justicia, cuenta con presencia en todo el territorio nacional y, en particular, con varias sed es en Bucaramanga, Lebrija, Girón, Floridablanca y Piedecuesta. Asimismo, destaca que el cargo de Profesional de Gestión II cuenta con 850 plazas, lo que evidencia, en su criterio, una amplia cantidad de cargos ocupados en provisionalidad a nivel nacional, considerando que en el concurso solo se ofertaron 23 vacantes en todo el país.

B. Informe de la accionada3

cantidad de cargos ocupados en provisionalidad a nivel nacional, considerando que en el concurso solo se ofertaron 23 vacantes en todo el país.

B. Informe de la accionada3

La Fiscalía General de la Nación se opone al amparo de los derecho s deprecados, con el argumento de que el nombramiento se realizó conforme a la normativa prevista para el concurso FGN 2022.

Sostiene que no existen elementos que permit an acreditar la procedencia excepcional y transitoria de la acción de tutela frente a los mecanismos ordinarios, pues advierte que el medio de control de nulidad y restablecimiento

3 Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI. Gestión en otros despachos, índice 6, documento denominado: 8_MemorialWeb_Respuesta20253000004061ASUNTO: FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN: TUTELA RADICADO: 680013333004-2025-00012-01

ACCIONANTE: ANDREA KATHERINE GALVIS GÓMEZ ACCIONADO: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander del derecho e s el mecanismo idóneo para obtener el resarcimiento de los derechos que la accionante considera vulnerados.

Informa que Andrea Katherine Galvis Gómez fue nombrada en el cargo de Profesional de Gestión II en la Dirección Seccional Atlántico, dado que Fernando Monsalve García, quien había sido designado en período de prueba para dicho cargo, rechazó el nombramiento, lo que permitió que la accionante, al ocupar la

Profesional de Gestión II en la Dirección Seccional Atlántico, dado que Fernando Monsalve García, quien había sido designado en período de prueba para dicho cargo, rechazó el nombramiento, lo que permitió que la accionante, al ocupar la posición No. 22, acceder a la vacante.

Advierte que las condiciones del proceso de selección, establecidas en la convocatoria, constituyen reglas de obligatorio cumplimiento tanto para los participantes como para la administración, con el fin de garantizar la igualdad en el acceso a los cargos públicos, el cual exige proveer los cargos con base en el mérito y las calidades de los aspirantes, quienes aceptan someterse a las reglas del concurso al postularse.

Precisa que ninguno de los empleos ofertados en el concurso FGN 2022 tiene una ubicación específica y que los nombramientos se han realizado conforme a la organización interna, las necesidades del servicio, los planes, estrategias y programas de la entidad, así como a la prevalencia del interés general. Sostiene que la condición de elegible solo genera una expectativa y no un derecho adquirido sujeto a condiciones particulares y que las listas de elegibles no pueden utilizarse para proveer vacantes adicionales distintas a las ofertadas.

Afirma que no ha afectado la unidad familiar de la accionante, pues los nombramientos en periodo de prueba no implican necesariamente un deterioro en la vida familiar, ya que esta va más allá de la presencia física y se fundamenta en lazos de afecto y apoyo mutuo . Reitera que la señora Galvis Gómez, al inscribirse en el concurso, aceptó las reglas establecidas para la provisión de los empleos, por lo que su decisión de aceptar o no el cargo responde a su propia

inscribirse en el concurso, aceptó las reglas establecidas para la provisión de los empleos, por lo que su decisión de aceptar o no el cargo responde a su propia voluntad, sin que ello configure una vulneración a su derecho de acceso a la función pública. Itera que, además, la entidad está obligada a proveer exclusivamente las vacantes ofertadas en el concurso FGN 2022, por lo que no era viable modificar la ubicación del cargo asignado a la accionante.

Añade que no se demuestra que la ubicación del nombramiento afecte los derechos a la unidad familiar, dado que la Fiscalía General de la Nación cuenta con mecanismos administrativos como el traslado o la reubicación, los cuales pueden solicitarse una vez finalizado el periodo de prueba. Señala también que la familia del accionante tiene la posibilidad de trasladarse con ella, garantizando así la continuidad de la unidad familiar.

C. Sentencia de primera instancia4

Mediante providencia del 6 de febrero de 2025 el Juzgado Cuarto Administrativo de Bucaramanga resolvió:

PRIMERO: NEGAR el amparo a los derechos fundamentales al acceso a cargos públicos y al trabajo, invocados por ANDREA KATHERINE GALVIS GOMEZ, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: TUTELAR el derecho a la igualdad y a la unidad familiar de ANDREA KATHERINE GALVIS GOMEZ en relación con el interés superior del

4 Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI. Gestión en otros despachos, índice 7, documento denominado: 12SentenciadePr_SENTENCIAASUNTO: FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN: TUTELA

4 Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI. Gestión en otros despachos, índice 7, documento denominado: 12SentenciadePr_SENTENCIAASUNTO: FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN: TUTELA RADICADO: 680013333004-2025-00012-01

ACCIONANTE: ANDREA KATHERINE GALVIS GÓMEZ ACCIONADO: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander menor de edad en condición de discapacidad, así como a la salud emocional y mental de la familia.

TERCERO: ORDENAR a la subdirección de talento humano de la Fiscalía General de la Nación y/o a quien corresponda al interior de la Entidad, que una vez los empleos de PROFESIONAL DE GESTIÓN II OPECE I -110-10-(23), ofertados en la convocatoria FGN 2022, para el cual concursó la accionante hayan sido provistos en período de prueba, la accionante sea incluida en las listas de elegibles resultantes de dicho proceso de selección y la entidad deberá informar, de manera preferente, a la demandante las vacante s definitivas que se generen en los mismos empleos inicialmente provistos, con ocasión de la configuración de alguna de las causales de retiro del servicio para su titular, dentro del término de duración de la lista de elegibles para que la señora Galvis Gómez escoja, de acuerdo a factores de cercanía geográfica o accesibilidad de transporte, la opción que más le convenga.

dentro del término de duración de la lista de elegibles para que la señora Galvis Gómez escoja, de acuerdo a factores de cercanía geográfica o accesibilidad de transporte, la opción que más le convenga.

Como fundamento de su decisión, consideró que la Fiscalía General de la Nación no tuvo en cuenta la situación particular de la accionante y su hijo, lo que implicó desconocer su deber de analizar con especial atención el caso y realizar una ponderación clara y precisa de las circunstancias que la afectaban . Dicha situación, en criterio del a quo , provocó la decisión de la actora de no posesionarse, pues la colocó en un dilema complejo, al obligarla a elegir entre asumir el cargo para el cual fue nombrada o priorizar la atención de su hijo.

Expuso que la accionante no salió de la lista de elegibles al desistir de su nombramiento, pues el acuerdo que regula la convocatoria no señala esa situación como causal de exclusión.

Advirtió que, no obstante, el concurso FGN 2022 fue diseñado para proveer 1.056 vacantes definitivas y, en particular, 23 cargos de Profesional de Gestión II, por lo que la lista de elegibles solo puede aplicarse a las vacantes ofertadas en el concurso, de conformidad con el régimen especial de carrera de la Fiscalía General de la Nación.

Sostuvo que, por lo anterior, no resulta viable nombrar a la accionante en la ciudad de Bucaramanga y que no se ha vulnerado su derecho al acceso a cargos públicos ni al trabajo, dado que la actuación de la entidad se ajusta a la normatividad aplicable y a las reglas del concurso FGN 2022.

D. Las impugnaciones

públicos ni al trabajo, dado que la actuación de la entidad se ajusta a la normatividad aplicable y a las reglas del concurso FGN 2022.

D. Las impugnaciones

1. La señora Andrea Katherine Galvis Gómez 5 cuestiona las órdenes impartidas en el fallo de primera instancia, pues si bien amparó sus derechos fundamentales, pues no resultan efectiva ni garantiza una reparación integral del daño causado por la Fiscalía.

Sostiene que la decisión adoptada depende de eventualidades relacionadas con las 23 vacantes ofertadas y no garantiza en ningún momento que, en caso de un nuevo nombramiento por parte de la entidad, este se realice en su lugar de residencia, lo que implicaría la persistencia de la afectación a sus derechos.

Advierte que dos elegibles, nombrados en Medellín y Tunja, no han tomado posesión del cargo al encontrarse en una situación similar a la suya, al haber sido asignados en una ubicación distinta a su lugar de residencia, por lo tanto, al menos tres vacantes ofertadas siguen sin ser ocupadas. Argumenta que, si bien

5 Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI. Gestión en otros despachos, índice 14, documento denominado: Índice 10ASUNTO: FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN: TUTELA RADICADO: 680013333004-2025-00012-01

ACCIONANTE: ANDREA KATHERINE GALVIS GÓMEZ ACCIONADO: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander ninguna de esas vacantes le resulta viable por implicar su traslado, la situación sugiere la existencia de más cargos en la Seccional Santander ocupados en provisionalidad.

Reitera que, como madre de un niño sujeto de especial protección constitucional, no le resulta viable desempeñar un cargo en un lugar que le impida regresar diariamente a su hogar, pues debe garantizar el bienestar de su hijo y atender sus necesidades de salud.

Resalta que la convocatoria no indicó la ubicación de las vacantes ni advirtió la necesidad de proveerlas en determinados lugares, lo que generó la expectativa de que la entidad respetaría el arraigo de los funcionarios, como ocurrió con los primeros elegibles. Añade que el señor Fernando Monsalve García, inicialmente designado en el cargo que la nombraron, tenía su residencia en Barranquilla, por lo que, de haber aceptado el nombramiento, habría permanecido en su ciudad de origen.

Sostiene que, por lo anterior, nunca existió una necesidad de servicio en las vacantes ofertadas, por lo tanto, era viable acceder a su solicitud y modificar el lugar de nombramiento para garantizar sus derechos y en especial, los de su hijo

J.E.R.G.

Relata que informó verbalmente su decisión de no tomar posesión a un funcionario de la Fiscalía Regional Atlántico, quien le indicó que debía formalizarla por escrito, razón por la cual envió su desistimiento de tomar posesión y no por desconocer las implicaciones jurídicas que ello conllevaba.

funcionario de la Fiscalía Regional Atlántico, quien le indicó que debía formalizarla por escrito, razón por la cual envió su desistimiento de tomar posesión y no por desconocer las implicaciones jurídicas que ello conllevaba.

2. La Fiscalía General de la Nación 6 solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se niegue el amparo de los derechos deprecados por la accionante.

Argumenta que el fundamento del a quo respecto a la presunta vulneración del interés superior del niño, la salud y la unidad familiar se basa en la inconformidad de la accionante con el acto administrativo, cuyo conocimiento le corresponde al juez ordinario en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que, reitera, acredita que la acción de tutela es improcedente.

Expone que el juez no realizó un pronunciamiento sobre las normas legales ni el acuerdo que reguló el concurso, tampoco sobre la respuesta emitida a la accionante, sino que únicamente acogió la tesis expuesta por la parte actora. Reitera que el nombramiento en período de prueba se efectuó conforme a lo dispuesto en los artículos 2 del Decreto Ley 018 de 2014 y 63 del Decreto Ley 898 de 2017, así como en el Acuerdo 01 de 2023, mediante el cual se convocó y establecieron las reglas del concurso de méritos FGN 2022, las cuales, insiste, la actora aceptó al momento de inscribirse.

Sostiene que la accionante tenía conocimiento de que su nombramiento se efectuaría dentro de la planta global y flexible de la entidad y que, desde el inicio del proceso, se evidenció la necesidad de asignar una de las vacantes a la

Sostiene que la accionante tenía conocimiento de que su nombramiento se efectuaría dentro de la planta global y flexible de la entidad y que, desde el inicio del proceso, se evidenció la necesidad de asignar una de las vacantes a la Seccional Atlántico, si n que ello implique la vulneración de derechos fundamentales, dado que en ningún momento se ofertaron empleos con ubicación específica.

6 Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI. Gestión en otros despachos, índice 13, documento denominado: Índice 13.ASUNTO: FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN: TUTELA RADICADO: 680013333004-2025-00012-01

ACCIONANTE: ANDREA KATHERINE GALVIS GÓMEZ ACCIONADO: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander Resalta que aceptar la pretensión de la accionante significaría modificar de facto un acto administrativo en firme de carácter general e implicaría dar un trato distinto y preferente a una persona que está en igualdad de condiciones respecto de los demás elegibles.

Es insistente en que las listas de elegibles solo podrán ser utilizadas para proveer de manera específica las vacancias definitivas que se generen en los mismos empleos inicialmente previstos. También reitera que el nombramiento en período de prueba no afecta la unidad familiar de la accionante, pues la vida familiar no se limita a la presencia física, sino que se sustenta en lazos de afecto y apoyo

empleos inicialmente previstos. También reitera que el nombramiento en período de prueba no afecta la unidad familiar de la accionante, pues la vida familiar no se limita a la presencia física, sino que se sustenta en lazos de afecto y apoyo mutuo. Añade que, una vez finalizado el período de prueba, la acci onante tiene la posibilidad de solicitar el traslado o la reubicación. Considera desproporcionada la orden del a quo de informar a la accionante las vacantes definitivas que pueden habilitarse, pues ella desistió a su nombramiento, lo que la excluyó de la lista de elegibles y, a su vez, significa una imposibilidad material para el cumplimiento de la orden.

E. Auto para mejor proveer7

El 7 de marzo de 2025 se requirió a la Fiscalía General de la Nación – Subdirección de Talento Humano para que informara cuántas vacantes del cargo Profesional de Gestión II OPECE han sido provistas, los elegibles que no han aceptado el nombramiento o no han tomado posesión, y si alguno fue designado en un cargo distinto.

Asimismo, se requirió conocer la cantidad de cargos de Profesional de Gestión II adscritos a la Seccional Santander, su modalidad de provisión, las razones por las cuales algunos en provisionalidad no fueron ofertados y si sus ocupantes tienen especial protección constitucional.

El 11 de marzo de 2025 la entidad informó que 8: (i) se han provisto las 23 vacantes del cargo de Profesional de Gestión II OPECE ofertadas en el concurso FGN 2022; (ii) ocho elegibles, incluida la accionante, no tomaron posesión del cargo; (iii) cuatro elegibles fueron nombrados en listas distintas; (iv) existen 11

FGN 2022; (ii) ocho elegibles, incluida la accionante, no tomaron posesión del cargo; (iii) cuatro elegibles fueron nombrados en listas distintas; (iv) existen 11 cargos de Profesional de Gestión II adscritos a la Seccional Santander, de los cuales solo cuatro están ocupados en propiedad; (v) no ha ofertado la totalidad de los cargos provistos en provisionalidad, dado que el artículo 118 del Decreto Ley 20 de 2014 establece su provisión progresiva para garantizar el acceso gradual al sistema de carrera, la adaptación al cargo y la continuidad del servicio en la institución; y (vi) no contempla la aplicación de medidas af irmativas para los servidores en provisionalidad.

II. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la Competencia

La competencia para resolver el recurso de impugnación recae en esta Corporación, según lo dispuesto en los artículos 1° del Decreto 1382 de 2000 y 37 del Decreto 2591 de 1991, como quiera que se interpuso contra una sentencia de tutela de primera instanci a proferida por un juez administrativo de esta sede judicial.

7 Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI, índice 8. 8 Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI, índice 13, documento denominado: 7_MemorialWeb_Respuesta-20253000012621ASUNTO: FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN: TUTELA RADICADO: 680013333004-2025-00012-01

ACCIONANTE: ANDREA KATHERINE GALVIS GÓMEZ ACCIONADO: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

Rama Judicial del Poder Publico

ACCIONANTE: ANDREA KATHERINE GALVIS GÓMEZ ACCIONADO: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

B. Los problemas jurídicos y su resolución

De acuerdo con la reseña que antecede, la Sala plantea y resuelve los siguientes problemas jurídicos:

Pj1 ¿ La exclusión de una elegible de la lista por desistir de su nombramiento, pese a la existencia de una justa causa, vulnera sus derechos fundamentales de acceso a la carrera y al mérito?

Tesis: Sí.

Fundamento: Si bien se acreditó que la señora Andrea Katherine Galvis Gómez desistió del cargo asignado, en este caso, no hay lugar a aplicar el artículo 113 del Decreto Ley 020 de 2014 relativo a la exclusión de la lista de elegibles, puesto que su decisión tuvo origen en un hecho de fuerza mayor. La accionante, residente en Bucaramanga, solo supo que el cargo asignado estaba en Barranquilla cuando le fue comunicado su nombramiento. En cumplimiento de dicho acto, viajó a esa ciudad el 7 de enero de 2025 para su posesión. Durante su ausencia, su hijo menor, quien padece discapacidad intelectual, trastorno de la comunicación social y déficit de atención, presentó alteraciones en su comportamiento y en sus hábitos alimenticios. Esto la obligó a priorizar el cuidado de su hijo sobre la posesión en el cargo lejos de su familia, decisión por la que no puede ser culpada ni derivar en consecuencias negativas, como la

comportamiento y en sus hábitos alimenticios. Esto la obligó a priorizar el cuidado de su hijo sobre la posesión en el cargo lejos de su familia, decisión por la que no puede ser culpada ni derivar en consecuencias negativas, como la pérdida de los derechos de carrera. La gravedad de la situación del menor se evidenció el 18 de enero, tres días después de que la accionante desistiera de su nombramiento y retornara a B ucaramanga, cuando el niño sufrió una crisis convulsiva y debió ser hospitalizado durante dos días, con diagnóstico de «Convulsiones Disociativas - Actividad Focal Frontal, Derecha con Rápida Generalización».

Los aspectos sociofam