TA SAN - Sentencia 680013333-004-2025-00234-01 (16-12-2025)

SIGCMA-SGC

Tribunal Administrativo de Santander Magistrada ponente: Claudia Ximena Ardila Pérez Bucaramanga, dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) Sentencia de segunda instancia Radicado: 680013333-004-2025-00234-01 Enlace del expediente: SAMAI | Proceso Judicial Acción: Tutela Parte accionante: Brayan Alexis Ortiz Hernández, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.095.834.028 -TD 76274

Parte accionada: - Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de

Bucaramanga - CPMS BUC notificaciones@inpec.gov.co

• Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios de Colombia – USPEC buzonjudicial@uspec.gov.co

• Instituto Nacional Carcelario – INPEC

tutelas@inpec.gov.co;

• Penitenciario Unión Temporal Norsalud PPL -Área de

Nutrición UT MACSD utnorsaludppl1@gmail.com; juridica1@norsaludppl.com; norsaludtunja@hotmail.com; notjudicialppl@fiduprevisora.com.co; mrueda82@hotmail.com;

• Fiduciaria Central S.AFiducentral S.A.

notjudicial@fondoppl.com; Ministerio Público: Xiris María Mora Alvarado Procuradora 160 Judicial II para asuntos administrativos xmora@procuraduria.gov.co; Tema: Se confirma sentencia de primera instancia que ampara el derecho a la salud. El servicio de salud de las personas privadas de la libertad debe entenderse como un sistema

xmora@procuraduria.gov.co; Tema: Se confirma sentencia de primera instancia que ampara el derecho a la salud. El servicio de salud de las personas privadas de la libertad debe entenderse como un sistema integral en el que intervienen una pluralidad de entidades que, ya sea como contratant es, prestadores directos o administradoras de recursos, deben garantizar la prestación del servicio de forma articulada. Según el rol que cada una desempeñe, todas tienen la obligación de actuar de manera coordinada para asegurar, dentro del ámbito de sus competencias, el acceso efectivo a los servicios de salud que requiera la persona privada de la libertad. La Sala decide la impugnación formulada por el INPEC contra la sentencia de tutela que amparó los derechos fundamentales del interno accionante, una vez verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación y las reglas de reparto1.

1. Antecedentes 1.1. Posición de la parte accionante2

Brayan Alexis Ortiz Hernández solicita la protección de su derecho fundamental a la salud, el cual considera vulnerado por la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Bucaramanga – CPMS BUC, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios de Colombia – USPEC, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, y la Unión Temporal Norsalud PPL- Área de Nutrición UT MACS, por no

1 Conforme a los artículos 1° del Decreto 1382 de 2000 y 37 del Decreto 2591 de 1991, este Tribunal es competente para conocer de las impugnaciones interpuestas contra las sentencias de tutela de primera instancia proferidas por jueces administrativos de este distrito judicial.

para conocer de las impugnaciones interpuestas contra las sentencias de tutela de primera instancia proferidas por jueces administrativos de este distrito judicial. 2 Samai, documento denominado: 3escritotutelaRadicado: 680013333-004-2025-00234-01

Acción: Tutela Asunto: Sentencia de segunda instancia Parte accionante: Brayan Alexy Ortiz Hernández Parte accionada: INPEC y otros

haber atendido su solicitud de realización de una ecografía para diagnosticar una hernia umbilical. 1.2. Posición de las entidades accionadas 1.2.1. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC3 afirma que la prestación de los servicios de salud a las PPL corresponde a las entidades prestadoras de salud, bajo la supervisión de la Fiduprevisora. Asimismo, la responsabilidad de los traslados recae en los centros penitenciarios. 1.2.2. La UT Norsalud S.A.4 sostiene que no existe vulneración ni amenaza a los derechos fundamentales del accionante atribuible a su actuación. Precisa que ha garantizado al accionante la prestación de servicios de baja y mediana complejidad, conforme a sus competencias. Resalta que la intervención quirúrgica de herniorrafia umbilical, vía abierta, está programada para el 20 de noviembre por el prestador de red externa asignado.

1.2.3. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC5 manifiesta que no interviene ni tiene acceso al agendamiento de citas médicas, al suministro de medicamentos ni a la coordinación de la atención en salud de las personas privadas de la libertad, funciones que corresponden al Fondo PPL y a los

que no interviene ni tiene acceso al agendamiento de citas médicas, al suministro de medicamentos ni a la coordinación de la atención en salud de las personas privadas de la libertad, funciones que corresponden al Fondo PPL y a los prestadores de servicios contratados para tal efecto. Aclara que la programación, cumplimiento y desplazamiento a las citas médicas son responsabilidad del INPEC, a través del centro penitenciario. 1.3. La sentencia recurrida6 El Juzgado Cuarto Administrativo de Bucaramanga, mediante sentencia proferida el 31 de octubre de 2025, amparó los derechos fundamentales del señor Brayan Alexis Ortiz Hernández y profirió las siguientes órdenes: PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental a la salud del señor BRAYAN ALEXIS

ORTIZ HERNANDEZ.

SEGUNDO: ORDENAR a LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD

DE BUCARAMANGA - CPMS BUC; UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DE COLOMBIA – USPEC; INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC; UNIÓN TEMPORAL NORSALUD PPLAREA DE NUTRICION UT MACSD , que, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas, si no lo han hecho, procedan a realizar las gestiones pertinentes para autorizar, programar y lograr la efectiva realización de lo ordenado por los médicos tratantes del señor BRAYAN AL EXIS ORTIZ HERNANDEZ . También se ordenará a dichas entidades que, en lo sucesivo, se sirvan garantizar la efectiva prestación de todos los servicios que le sean ordenados al accionante con ocasión de su patología en el oído

entidades que, en lo sucesivo, se sirvan garantizar la efectiva prestación de todos los servicios que le sean ordenados al accionante con ocasión de su patología en el oído derecho de conformidad con lo prescrito por su médic o tratante; ello. en virtud del tratamiento integral que aquí se concede.

TERCERO: ORDENAR a LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BUCARAMANGA - CPMS BUC, que, en coordinación con la UNIÓN TEMPORAL NORSALUD PPL, realicen las gestiones administrativas para garantizar los traslados médicos que requiera el accionante en virtud del tratamiento que le ordene su médico tratante en relación con la patología que el mismo padece.

El a quo concluye que, ante la existencia de una orden de remisión sin constancia de programación para la intervención quirúrgica denominada herniorrafía umbilical vía abierta, las entidades accionadas no han realizado las gestiones necesarias

3 Samai, documento denominado: 17_memorialweb_respuesta-3respuesta928820 4 Samai, documento denominado: 7_memorialweb_respuesta-respuestaadmisorio_ 5 Samai, documento denominado: 10_memorialweb_respuesta-no00234brayanalex 6 Samai, documento denominado: Sentencia 21fallotutelaRadicado: 680013333-004-2025-00234-01

Acción: Tutela Asunto: Sentencia de segunda instancia Parte accionante: Brayan Alexy Ortiz Hernández Parte accionada: INPEC y otros

para garantizar la oportuna prestación del servicio de salud en favor del accionante. Señala que tal omisión justifica el amparo solicitado. 1.4. La impugnación y el memorial de cumplimiento

para garantizar la oportuna prestación del servicio de salud en favor del accionante. Señala que tal omisión justifica el amparo solicitado. 1.4. La impugnación y el memorial de cumplimiento 1.4.1. El INPEC7 solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se declare la improcedencia de la acción frente a ella. Insiste en que la responsabilidad de la prestación del servicio de salud a las personas privadas de la libertad recae en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, la Fiduciaria La Previsora S.A. y la UT Norsalud. 1.4.2. En memorial aparte informa que las autoridades realizaron todas las gestiones administrativas necesarias para garantizar la atención médica del paciente. Programaron la consulta de primera vez con el especialista en anestesiología para el 19 de noviembre de 2025 a las 8:30 a.m. Además, agendaron la cirugía de herniorrafia umbilical vía abierta para ese mismo día8.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico y su tesis ¿Le asiste razón al a quo al emitir órdenes en contra del INPEC para garantizar el derecho a la salud del señor Brayan Alexis Ortiz Hernández?

Tesis: Sí.

Fundamento: Aunque los objetivos y funciones del INPEC no comprenden la prestación directa de servicios de salud a la población privada de la libertad, esa entidad sí tiene el deber de asegurar la atención intramural y extramural, así como de adelantar los trámites y autorizaciones que resulten necesarios para garantizar el acceso efectivo a servicios médicos, incluidos los especializados.

En ese marco, al INPEC le corresponde garantizar que el accionante reciba una

de adelantar los trámites y autorizaciones que resulten necesarios para garantizar el acceso efectivo a servicios médicos, incluidos los especializados. En ese marco, al INPEC le corresponde garantizar que el accionante reciba una prestación adecuada del servicio de salud, mediante la coordinación que sea pertinente con las entidades que integran o intervienen en el sistema de salud de las PPL. Por ello, la orden proferida en primera instancia no le impone cargas ajenas a su ámbito funcional, sino que reafirma el deber de articulación institucional para asegurar un servicio eficiente y oportuno; de ahí que, como lo sostuvo el a quo, todas las entidades vinc uladas al sistema ostenten legitimación en la causa por pasiva. 2.2. Marco jurídico El derecho a la salud ha sido ampliamente desarrollado por la jurisprudencia constitucional, especialmente a partir de la sentencia T-760 de 200810, en la cual la Corte Constitucional lo reconoció como un derecho fundamental autónomo, que debe prestarse de manera oportuna, eficaz y con calidad. Asimismo, ha sostenido que los servicios de salud deben ser accesibles en igualdad de condiciones, conforme al principio de universalidad, según el cual todas las personas residentes en el territorio colombiano gozan del derecho a la salud en todas las etapas de su vida. 11

7 Samai, documento denominado: 23_memorialweb_recurso-5impugnacion9288 8 Samai, documento denominado: 31_memorialweb_otro-2025ee0292185Radicado: 680013333-004-2025-00234-01

Acción: Tutela Asunto: Sentencia de segunda instancia Parte accionante: Brayan Alexy Ortiz Hernández Parte accionada: INPEC y otros

Acción: Tutela Asunto: Sentencia de segunda instancia Parte accionante: Brayan Alexy Ortiz Hernández Parte accionada: INPEC y otros

En el contexto de las personas privadas de la libertad,12 la Corte ha establecido que, si bien su situación conlleva restricciones legítimas a ciertos derechos fundamentales, estas deben ser necesarias y proporcionales. En consecuencia, se configura una relación de sujeción especial entre el interno y el Estado, en la que este último asume el deber de garante de los derechos no suspendidos, y el recluso está obligado a cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. En ese marco, la Corte ha reiterado que el Estado tiene una responsabilidad objetiva e ineludible en la protección de la vida, la salud, la seguridad y la integridad de las personas privadas de la libertad. No solo debe abstenerse de vulnerar estos derechos, sino también adoptar medidas activas y eficaces para garantizarlos. En la sentencia SU -16 de 2024 13 enfatizó que la omisión de las autoridades penitenciarias en la adopción de medidas adecuadas puede constituir una violación de los derechos fundamentale s, puesto que los internos, al encontrarse bajo la custodia estatal, dependen exclusivamente de las instituciones carcelarias para acceder a condiciones dignas de reclusión. La Corte14 ha insistido en qué el derecho a la salud debe garantizarse sin barreras administrativas o burocráticas, con especial énfasis en las personas privadas de la libertad. En su caso, son la USPEC, el INPEC, la fiduciaria designada y la IPS o EPS quienes deben asegurar una atención médica oportuna, continua e integral, según las necesidades de cada interno.

libertad. En su caso, son la USPEC, el INPEC, la fiduciaria designada y la IPS o EPS quienes deben asegurar una atención médica oportuna, continua e integral, según las necesidades de cada interno. En esta línea y conforme a lo establecido en el artículo 66 de la Ley 1709 de 201415, el Decreto-Ley 4150 de 201116 y el artículo 2.2.1.11.1.1 y s.s. del Decreto 1069 de 201517,, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC tiene como objeto gestionar y operar el suministro de bienes, la prestación de los servicios y la infraestructura que se requiera para el funcionamiento del sistema de salud penitenciario. Aunque la autoridad no presta directamente los servicios médicos, debe contratar con una entidad fiduciaria que administre los recursos del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, creado para ese fin.18 También es deber de la USPEC adelantar directamente «las auditorías que permitan la evaluación sistemática y continua de la calidad de los servicios de salud que propicien el adecuado uso de los recursos del Fondo», 19 analizar la situación de salud de la población privada de la libertad y del efecto de los determinantes sociales para la planeación de la atención y su modificación. 20 Igualmente le corresponde fijar las condiciones para la contratación de las instituciones prestadoras del servicio de salud que directamente ejecutarán la atención requerida por las PPL.21 Finalmente, expedir los manuales para la prestación de los servicios de salud a la PPL y adelantar todas las acciones tendientes a implementar el Modelo de Atención en Salud en coordinación con el INPEC.22 Por su parte, la Fiduprevisora S.A., como contratista encargada de la prestación

de salud a la PPL y adelantar todas las acciones tendientes a implementar el Modelo de Atención en Salud en coordinación con el INPEC.22 Por su parte, la Fiduprevisora S.A., como contratista encargada de la prestación integral y oportuna de los servicios de salud a la población privada de la libertad, debe contratar con las IPS para garantizar tanto la atención médica intramural como extramural. Esta atención incluye la oferta establecida en la normativa vigente, exámenes de ingreso y egreso, tecnologías en salud y servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico, entre otros.23Radicado: 680013333-004-2025-00234-01

Acción: Tutela Asunto: Sentencia de segunda instancia Parte accionante: Brayan Alexy Ortiz Hernández Parte accionada: INPEC y otros

A su vez, al INPEC le corresponde, entre otras funciones, «garantizar las condiciones y medios para el traslado de personas privadas de la libertad a la prestación de servicios de salud, tanto al interior de los establecimientos de reclusión como cuando se requiera atención extramural» y «realizar las acciones para garantizar la efectiva referencia y contrarreferencia». También, las demás funciones «que sean necesarias para la prestación de los servicios de salud de la población privada de la libertad».24 De igual forma, los establecimientos penitenciarios y carcelarios, bajo la dirección del INPEC, juegan un papel fundamental, pues al tener a los internos bajo su custodia, son responsables de velar por la protección de sus derechos,25 lo que incluye la atención intramural y los trámites o autorizaciones requeridas para la prestación oportuna de los servicios médicos.26

custodia, son responsables de velar por la protección de sus derechos,25 lo que incluye la atención intramural y los trámites o autorizaciones requeridas para la prestación oportuna de los servicios médicos.26 Asimismo, las IPS deben garantizar la prestación del servicio de salud de manera directa a través de los profesionales de la salud que contraten para la atención de los internos, de acuerdo con sus obligaciones contractuales. En el presente caso, el Patrimonio Autónomo Fondo de Atención en Salud PPL 2024, administrado por Fiduprevisora S.A., suscribió con la Unión Temporal Norsalud los contratos Nos. IPS -003-2024 e IPS -004-2024 para la prestación de servicios de salud de baja y mediana complejidad a la población privada de la libertad. Por tanto, la IPS debe prestar los servicios médicoasistenciales conforme a las necesidades de la PPL, en condiciones de accesibilidad, continuidad, oportunidad, integralidad y eficiencia, para c umplir con el objeto del contrato celebrado. Para la atención en salud de alta complejidad, como las citas y exámenes especializados que exceden el alcance de sus funciones, corresponde a dicha entidad adelantar los trámites necesarios para remitir al interno al prestador competente, conforme a los l ineamientos del sistema de referencia establecidos en la Resolución No. 00359 de 2016. Este esquema de prestación supone la existencia de un haz de deberes de tipo legal y contractual a cargo de diferentes sujetos que no puede analizarse de manera fraccionada, ya que corresponde a un conjunto de obligaciones articuladas que no sólo están relacionadas con la prestación directa del servicio a cargo del contratista del Estado, sino también con otro tipo de obligaciones igualmente importantes para

fraccionada, ya que corresponde a un conjunto de obligaciones articuladas que no sólo están relacionadas con la prestación directa del servicio a cargo del contratista del Estado, sino también con otro tipo de obligaciones igualmente importantes para la oportuna y eficiente prestación del mismo, 27 como son las de coordinación, planeación, control, s upervisión, interventoría, auditoría y sanción, entre otras, adscritas por lo general a las entidades contratantes o a quienes estás adjudiquen la actividad mediante contratación, cuando así lo permita o lo imponga la ley. 28 En consecuencia, cuando una persona privada de la libertad alega la vulneración de su derecho a la salud por deficiencias en la atención médica, no solo debe responder las entidades públicas que ostentan la titularidad del servicio y que participan en su implementación, sino también el contratista encargado, de manera que el derecho a la salud se garantice en condiciones de calidad, eficiencia, oportunidad y continuidad.Radicado: 680013333-004-2025-00234-01

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En ese sentido, la atención en salud de las personas privadas de la libertad debe prestarse en igualdad de condiciones respecto al resto de la población, sin discriminación ni demoras injustificadas. Si se compromete su prestación o se generan barreras ind ebidas, las entidades responsables deben garantizar su restablecimiento conforme a sus competencias y obligaciones contractuales. 2.3. Los hechos probados A partir de las pruebas que obran en el expediente, la Sala encuentra acreditado lo siguiente:

generan barreras ind ebidas, las entidades responsables deben garantizar su restablecimiento conforme a sus competencias y obligaciones contractuales. 2.3. Los hechos probados A partir de las pruebas que obran en el expediente, la Sala encuentra acreditado lo siguiente: 2.3.1. El 9 de octubre de 2025 el señor Brayan Alexis Ortiz Hernández fue valorado por un médico general. El profesional, tras revisar unos síndromes de colon irritable no especificados, diagnosticó hernia umbilical y ordenó su remisión a la especialidad correspondiente9.

2.3.2. El 6 de noviembre de 2025, la UT Norsalud programó la intervención de herniorrafía umbilical vía abierta para el 19 de noviembre de 2025 a las 8:00 a.m. en la IPS Cabecera10.

2.3.3. Ese mismo día, programó la consulta por primera vez con el especialista en anestesiología también para el 19 de noviembre de 2025, a las 8:30 a.m., en la misma IPS11. 2.4. Análisis de la Sala frente al caso concreto Con fundamento en los medios de convicción debidamente incorporados al expediente, la Sala concluye que, tal como lo expuso el juez de primera instancia, se vulneró el derecho a la salud del accionante al no autorizarse la cita de herniorrafía umbilical que fue ordenada por su médico general.

Al tratarse de una persona privada de la libertad, no resulta exigible la gestión autónoma de tales trámites, debido a su estado de especial sujeción frente al Estado. Corresponde a las autoridades penitenciarias y a las entidades prestadoras de servicios de salud adelantar todas las acciones necesarias para garantizar el

autónoma de tales trámites, debido a su estado de especial sujeción frente al Estado. Corresponde a las autoridades penitenciarias y a las entidades prestadoras de servicios de salud adelantar todas las acciones necesarias para garantizar el acceso y la continuidad en la atención médica requerida, en cumplimiento del deber institucional de protección reforzada que deriva de la condición en la que se encuentran las personas privadas de la libertad. En cuanto al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, como ente encargado de la custodia del actor, debe realizar los trámites administrativos necesarios para su traslado fuera del centro penitenciario con el fin de asistir a la cita médica con el especialista.

La falta de atención médica continua y oportuna no solo vulnera el derecho fundamental a la salud del interno, sino que también afecta su mínimo vital y pone en riesgo su bienestar. La demora en la realización de los exámenes médicos solicitados y la falta de seguimiento adecuado a su patología pueden llevar a la

9 Samai, documento denominado: 15_memorialweb_contestaciondemanda-5historiaclinica 10 Samai, documento denominado: 31_memorialweb_otro-2025ee0292185 11 Samai, documento denominado: 31_memorialweb_otro-2025ee0292185Radicado: 680013333-004-2025-00234-01

Acción: Tutela Asunto: Sentencia de segunda instancia Parte accionante: Brayan Alexy Ortiz Hernández Parte accionada: INPEC y otros

progresión de su enfermedad, empeorando su estado general, aumentando la probabilidad de complicaciones e impidiendo su mejoría. Entonces, no es viable la desvinculación de ninguna de las entidades vinculadas al

progresión de su enfermedad, empeorando su estado general, aumentando la probabilidad de complicaciones e impidiendo su mejoría. Entonces, no es viable la desvinculación de ninguna de las entidades vinculadas al proceso, ya que todas cumplen un papel esencial en la prestación efectiva de los servicios de salud en los establecimientos de reclusión. En consecuencia, el INPEC debe garantizar la correcta prestación del servicio de salud al accionante. Dado el estado de sujeción del accionante como persona privada de la libertad, las entidades deben coordinarse para brindarle un servicio de salud eficiente y oportuno. Por lo tanto, les asiste legitimación en la causa impetrada. Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Santander , administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política y la ley, FALLA Primero. Confirmar la sentencia de primera instancia proferida el 3 1 de octubre del 2025 por el Juzgado Cuarto Administrativo de Bucaramanga, que ampar ó el derecho fundamental de salud del señor Brayan Alexis Ortiz Hernández. Segundo. Notifíquese el presente fallo por el medio más expedito o en la forma señalada en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir por la Secretaría de la Corporación el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión una vez ejecutoriada esta decisión. Notifíquese y cúmplase Aprobado en Sala ordinaria de decisión de la fecha, según Acta No. 101 del 2025.

[Firma electrónica] Claudia Ximena Ardila Pérez Magistrada ponente

Notifíquese y cúmplase Aprobado en Sala ordinaria de decisión de la fecha, según Acta No. 101 del 2025.

[Firma electrónica] Claudia Ximena Ardila Pérez Magistrada ponente

[Ausente con permiso] Carolina Arias Ferreira Magistrada

[Ausente con permiso] María Eugenia Carreño Gómez Magistrada

[Ausente con permiso] Luisa Fernanda Flórez Reyes Magistrada

[Ausente con permiso] Iván Mauricio Mendoza Saavedra Magistrado

[Firma electrónica] Francy Del Pilar Pinilla Pedraza Magistrada