TA SAN - Sentencia 680013333-006-2017-00168-01 (10-04-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada ponente: CLAUDIA XIMENA ARDILA PÉREZ SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Bucaramanga, diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE

CONTROL

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE

CARÁCTER SANCIONATORIO

DEMANDANTE GASEOSAS HIPINTO S.A.S. identificada con Nit. No. 890200463-4 cvega@postobon.com.co; saraivelandia@gmail.com; clondono@lopezvillegas.com;

DEMANDADA NACIÓN – MINISTERIO DE TRABAJO – DIRECCIÓN

TERRITORIAL DE SANTANDER -COORDINACIÓN DEL

GRUPO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y

CONCILIACIONES

Notificacionesjudiciales@mintrabajo.gov.co;

VINCULADA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

cpssanchez@sena.edu.co;

MINISTERIO

PÚBLICO

XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

Procuradora 160 Judicial II Para Asuntos Administrativos xmora@procuraduria.gov.co

RADICADO Y

LINK

EXPEDIENTE

680013333-006-2017-00168-01 TEMA SANCIÓN A EMPLEADOR POR DESCONOCER TÉRMINO LEGAL PARA INICIAR NEGOCIACIÓN COLECTIVA. El empleador no inició las conversaciones de la convención colectiva dentro del término establecido en el artículo 433 del C.S.T., y no demostró la existencia de circunstancias especiales, objetivas y razonables que la eximieran del cumplimiento de los términos legales.

la convención colectiva dentro del término establecido en el artículo 433 del C.S.T., y no demostró la existencia de circunstancias especiales, objetivas y razonables que la eximieran del cumplimiento de los términos legales.

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto oportunamente por la Nación – Ministerio de Trabajo contra la sentencia proferida el 5 de mayo de 2022 por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, que concedió las pretensiones.

I. ANTECEDENTES

A. La demanda1

1. Pretensiones La sociedad demandante solicita que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos.

(i) 793 del 21 de julio de 2015, expedida por la Coordinadora del Grupo de Resolución de Conflictos y Conciliaciones de la Dirección Territorial Santander del

1 Documento 1 de SAMAI. Expediente digital de one drive. Fls 02 – 18.RADICADO: 6808133330006-2017-00168-01

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Ministerio de Trabajo, por medio de la cual fue multada con $38.661.000, a favor del SENA; (ii) 1195 del 26 de octubre de 2015, expedida por la misma autoridad , mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el acto mencionado anteriormente; y (iii) 947 del 30 de junio de 2016, expedida por la

mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el acto mencionado anteriormente; y (iii) 947 del 30 de junio de 2016, expedida por la Dirección Territorial de Santander, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación presentado contra el acto sancionatorio. A título de restablecimiento del derecho, solicita que se condene a la demandada a levantar la sanción impuesta, no iniciar el proceso de cobro coactivo, o terminarlo, de haberlo iniciado. De no declararse la nulidad, pide que se anulen parcialmente los actos y se disminuya el valor de la sanción, por ser desproporcionada. Igualmente pretende la actualización de la condena con base en el IPC, según lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA, se cumpla el artículo 192 ídem y se condene en costas a la parte demandada.

2. Hechos Gaseosas Hipinto S.A. m anifiesta que el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE BEBIDAS DE COLOMBIA – SINALTRAINBEC designó como negociadores sindicales a Gustavo Alberto Ortiz Burbano, Pedro Enrique Bautista Carreño y Alfredo Aranda, y presentó su pliego de cargos el 5 de marzo de 2014.

Afirma que, como los negociadores estaban incapacitados, el 28 de marzo de 2014 los convocó al inicio de las negociaciones para el 1º de abril de ese año , a la que asistieron los representantes de ambas partes. Sostiene que el 25 de marzo de 2014 el representante legal del sindicato, Gustavo Alberto Ortiz Burbano, presentó una queja ante el Ministerio del Trabajo, por el

asistieron los representantes de ambas partes. Sostiene que el 25 de marzo de 2014 el representante legal del sindicato, Gustavo Alberto Ortiz Burbano, presentó una queja ante el Ministerio del Trabajo, por el presunto incumplimiento de los términos para iniciar las negociaciones, por lo que esa entidad aperturó el expediente con el radicado No. 7268001-0010. Expone que el 23 de abril de 2014 terminó la etapa de arreglo directo sin que existiera acuerdo de las partes. Informa que el 24 de abril siguiente depositó en el Ministerio del Trabajo las actas de inicio, desarrollo y cierre de las negociaciones en la etapa de arreglo directo suscritas por los negociadores de ambas partes. Señala que, el 16 de abril de 2014, el Ministerio del Trabajo convocó a las partes para una mesa de trabajo con el fin de buscar soluciones en torno al conflicto colectivo, y fijó el 7 de mayo de ese año como nueva fecha para continuar, pero no se pudo desarrollar por la inasistencia justificada de su representante legal, por lo que el sindicato solicitó al ministerio que iniciara la investigación contr a ella por incumplir los términos para el inicio de las conversaciones. Narra que, dentro del trámite de la querella, el 1º de diciembre de 2014, la demandada la convocó junto con el sindicato para una mesa de trabajo que se realizó el 9 de diciembre siguiente, durante la cual le expuso por escrito que la etapa de negociación ya se había realizado, de manera que era un hecho superado.RADICADO: 6808133330006-2017-00168-01

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Expone que, mediante auto No. 394 del 23 de abril de 2015, la entidad demandada formuló el pliego en que le imputó como único cargo el haberse negado a iniciar las conversaciones en etapa de arreglo directo dentro del término legal. Relata que la entidad no decretó pruebas y expidió la Resolución No. 793 de 2015, mediante la cual le impuso la multa de $38.661.000, equivalente a sesenta (60) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Apunta que contra ese acto presentó los recursos de reposición y apelación que fueron resueltos mediante las resoluciones Nos. 000793 y 1195, del 21 de julio y 26 de octubre de 2015, respectivamente.

3. Normas violadas y concepto de violación La demandante considera que se violaron los artículos 29 38, 39, 55, 53, 25 de la Constitución Política; el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), los artículos 47 y siguientes de la Ley 1437 de 2011; los artículos 9 a 12 de la Ley 1610 de 2013 y el artículo 433 del Código Sustantivo del Trabajo.

Como concepto de violación, expone que el acto fue expedido con infracción de las normas en que se debió fundar. Sostiene que la entidad no interpretó debidamente el artículo 433 del C.S.T. ni tuvo en cuenta la Sentencia C-466 de 2006, de la Corte

normas en que se debió fundar. Sostiene que la entidad no interpretó debidamente el artículo 433 del C.S.T. ni tuvo en cuenta la Sentencia C-466 de 2006, de la Corte Constitucional, en la que se establece que las autoridades administrativas y jurisdiccionales deben sopesar las actuaciones que llevaron a la empresa a no cumplir con los términos establecidos. Afirma que aplicó un régimen objetivo y no subjetivo. Considera que no se le escuchó en audiencia pública para conocer las causales para negarse a iniciar las conversaciones, sino que citó a una mesa de trabajo que se celebraría el 7 de mayo de 2015, pero como su representante legal no asistió, de manera justificada, no hizo una nueva citación, por lo que se le impidió exponer que las negociaciones ya se habían realizado. También, alega que se violó el debido proceso, porque le limitó su derecho a la defensa, pues no le informó la fecha de inicio y terminación de la etapa probatoria. Para la demandante, no existió congruencia entre el cargo imputado y las razones del fallo sancionatorio. Sostiene que como cargo le endilgó la «negativa a iniciar las conversaciones en la etapa de arreglo directo dentro del término legal», lo que se relaciona con el derecho de negociación colectiva, pero la entidad, además, le reprochó haber vulnerado el derecho autónomo a la asociación sindical. Argumenta que no se respetaron los términos de 30 días, previsto en el artículo 48 del CPACA, y de 10 días, de la Ley 1610 de 2013. Esgrime la falsa motivación del acto, pues considera que no tuvo en cuenta que la única razón por la cual no se inició la negociación directa dentro del término legal

y de 10 días, de la Ley 1610 de 2013. Esgrime la falsa motivación del acto, pues considera que no tuvo en cuenta que la única razón por la cual no se inició la negociación directa dentro del término legal fue la incapacidad médica de los representantes del sindicato, y que, en todo caso, la negociación sí se realizó.RADICADO: 6808133330006-2017-00168-01

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B. Contestación La Nación - Ministerio del Trabajo 2 se opone a cada una de las pretensiones.

Expone que la sanción se impuso luego de corroborarse que la sociedad demandante incumplió sin justificación los términos establecidos en la ley para citar a la negociación directa de la convención colectiva, tal como lo prevé el artículo 433 del CST. Considera que la incapacidad de los negociadores del sindicato no es una excepción al cumplimiento de la norma , porque esa organización los podía reemplazar. Señala que no le violó el debido proceso a la demandante durante el procedimiento sancionatorio, porque le otorgó 15 días para solicitar o aportar pruebas. Además, manifiesta que no existió falsa motivación, toda vez que se pudo constatar que la empresa no citó a la negociación colectiva dentro del término legal, supuesto por el cual se le impuso la multa. Asevera que la multa fue bien tasada, porque la norma establece que la sanción debe oscilar entre 5 a 10 veces el SMLMV por cada día de mora, por lo que fijó la

cual se le impuso la multa. Asevera que la multa fue bien tasada, porque la norma establece que la sanción debe oscilar entre 5 a 10 veces el SMLMV por cada día de mora, por lo que fijó la suma en 3.3 SMLMV por los 19 días que tardó la demandante para cumplir con lo establecido por en la ley, del 12 de marzo de 2014, último día que tenía para ello (pues el pliego de negociación le fue presentado el 5 de marzo de ese año) hasta el 1º de abril de esa anualidad; lo que arrojó la cifra de $38.623.000, que fue mal calculada, pues la operac ión equivale a una suma mayor $58.520.000, si se multiplican $616.000 (valor del SMLMV para ese año) por los mencionados días de retardo. Ni el SENA ni el agente del Ministerio Público se pronunciaron.

C. La sentencia recurrida3

Mediante sentencia del 5 de mayo de 2022 el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga resolvió: Primero. Declarar la nulidad de las Resoluciones Nos. 793 del 21 de julio de 2015, 1195 del 26 de octubre de 2015 y 947 del 30 de junio de 2016, proferidas por el Ministerio del Trabajo, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo. A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR al Ministerio del Trabajo levantar la sanción impuesta en contra de Gaseosas Hipinto S.A.S consistente en multa de 60 SMLMV, equivalente a treinta y ocho millones seiscientos

Segundo. A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR al Ministerio del Trabajo levantar la sanción impuesta en contra de Gaseosas Hipinto S.A.S consistente en multa de 60 SMLMV, equivalente a treinta y ocho millones seiscientos sesenta y un mil pesos m/cte ($38.661.000), terminando cualquier proceso de cobro que se haya iniciado como consecuencia de esta. En el caso de haberse pagado la multa, devolver dicho valor, suma que deberá ser indexada en aplicación del Art. 187 de la Ley 1437 de 2011. Tercero. Condenar en costas a la p. demandada y a favor de la p. demandante, conforme a lo indicado en la parte considerativa de esta providencia, fijándose por concepto de agencias en derecho la suma equivalente a un (01) s.m.m.l.v. Por secretaría liquídense en forma concentrada de conformidad al art. 366 del CGP.

2 Documento 1 de SAMAI. Expediente digital de one drive. Fls 150 -180. 3 Documento 1 de SAMAI. Expediente digital de one drive. Documento 20.RADICADO: 6808133330006-2017-00168-01

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Como fundamento de su decisión, el a quo afirmó que existían argumentos que justificaban la tardanza de la demandante en la convocatoria a la etapa de negociación directa de la convención colectiva. En efecto, encontró acreditado que dicha demora obedeció a las incapacidades de los negociadores del sindicato. Expuso que esta circunstancia no fue considerada por la entidad demandada, como

negociación directa de la convención colectiva. En efecto, encontró acreditado que dicha demora obedeció a las incapacidades de los negociadores del sindicato. Expuso que esta circunstancia no fue considerada por la entidad demandada, como lo exige la sentencia C -741 de 2013, por lo cual se configuró el vicio de infracción de las normas en que debía fundarse el acto, lo que comprometía su validez. En cuanto a los otros vicios, consideró que la falsa motivación se configuró, porque la demandada no tuvo en cuenta los hechos que expuso la demandante al momento de expedir el acto. No encontró configurada la violación al debido proceso de la sociedad actora, pues no se limitó su derecho a la defensa, por el contrario, se le otorgó el término previsto por el CPACA para ello, y la sanción fue congruente con el cargo endilgado al inicio de la investigación, valga decir, la negativa a iniciar las conversaciones en la etapa de arreglo directo dentro del término legal.

D. La apelación La Nación – Ministerio del Trabajo 4 sostiene que la juez de primera instancia se equivocó en su interpretación y solicita que se revoque la sentencia. Explica que las incapacidades no justificaban el incumplimiento de los términos legales por la demandante, pues las fechas de las incapacidades de dos de los negociadores no interferían con el inicio de las conversaciones, mientras que la del tercer negociador no impedía la citación a la negociación directa, porque la organización sindical habría podido designar otro de reemplazo.

Para la entidad demandada, el artículo 433 del CST es claro , pero la demandante, mediante una interpretación errónea, pretendió desconocer la norma, cuando tenía

habría podido designar otro de reemplazo. Para la entidad demandada, el artículo 433 del CST es claro , pero la demandante, mediante una interpretación errónea, pretendió desconocer la norma, cuando tenía que haber citado a la negociación dentro de las 24 horas siguientes a su recibo, o máximo 5 días hábiles después. Concluye que, contrario a lo que apuntó la sentencia de primera instancia, no se podía considerar desproporcionado que se impusiera una sanción a la empresa demandante por infringir la norma, dado que la justificación alegada para incumplirla no fue demostrada.

E. Trámite de segunda instancia Mediante auto del 11 de agosto de 2022 se admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia. Durante el término de ejecutoria las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la competencia Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los juzgados administrativos de su distrito judicial.

4 Documento 1 de SAMAI. Expediente digital de one drive. Documento 22.RADICADO: 6808133330006-2017-00168-01

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B. El problema jurídico y su resolución Con base en la reseña que antecede, la Sala plantea el siguiente problema jurídico: ¿Los actos administrativos demandados, mediante los cuales se impuso una

B. El problema jurídico y su resolución Con base en la reseña que antecede, la Sala plantea el siguiente problema jurídico: ¿Los actos administrativos demandados, mediante los cuales se impuso una multa a la empresa por no iniciar oportunamente las conversaciones de la etapa de arreglo directo de la convención colectiva, conforme al artículo 433 del C.S.T., se expidieron con falsa motivación, con infracción de las normas en que debían fundarse y con desconocimiento del derecho de defensa y de audiencia?

Tesis: No.

Fundamento jurídico : El artículo 433 del C.S.T. prevé una sanción de 5 a 10

SMLMV por cada día que tarde el empleador en iniciar las conversaciones con los trabajadores, luego de 5 días hábiles contados desde la fecha en que le sea presentado el pliego de peticiones. Al imponer la sanción en el marco del procedimiento sancionatorio previsto en el CPACA y en la Ley 1610 de 2013, la autoridad administrativa laboral debe tener en cuenta las circunstancias concretas y excepcionales que puedan justificar el incumplimiento, conforme a lo establecido por la Corte Constitucional. En el presente caso, contrario a lo argumentado por la sociedad demandante, no se demostró que las incapacidades de los sindicalistas hubiesen sido razón suficiente para incumplir el plazo para iniciar las negociaciones. En cuanto a los cargos concretos de nulidad, ninguno fue probado. La entidad demandada le garantizó a la empresa demandante su derecho a la defensa y el debido proceso, pues la sanción se fundamentó en la falta endilgada durante el pliego de cargos proferido en su contra. Además, respetó los términos establecidos

demandada le garantizó a la empresa demandante su derecho a la defensa y el debido proceso, pues la sanción se fundamentó en la falta endilgada durante el pliego de cargos proferido en su contra. Además, respetó los términos establecidos en los artículos 47 del CPACA y 6º de la Ley 1610 de 2013, dentro de los cuales la accionante no solicitó ninguna prueba encaminada a demostrar la supuesta causal de justificación.

Los actos no se expidieron con falsa motivación ni en contravención de las normas que los fundamentan, dado que, con base en las pruebas obrantes en el proceso administrativo, la entidad demandada concluyó que las incapacidades médicas de los negociadores del sindicato no constituían una circunstancia excepcional que justificara la inobservancia de los términos legales para iniciar la etapa de negociación directa de la convención colectiva.

La Sala advierte que , en efecto, la parte demandante no acreditó que dichas incapacidades hubieran incidido en la demora ni que esta obedeciera a una solicitud de los negociadores sindicales. Ahora, como lo refiere la autoridad administrativa, la eventual ausencia de los negociadores pri ncipales podía ser cubierta por los suplentes designados por el sindicato en el pliego de peticiones. En este contexto, si se acogiera la tesis de la entidad empleadora, aquí demandante, también habríaRADICADO: 6808133330006-2017-00168-01

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que asumir que es ella quien elige a los negociadores con quienes debe adelantar

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que asumir que es ella quien elige a los negociadores con quienes debe adelantar la negociación, y no el sindicato, en contravía de las normas que rigen la materia.

Por último, la tasación de la multa fue proporcional, pues la entidad demandada la estableció con base en los parámetros establecidos en la ley, teniendo en cuenta para ello la conducta de la demandante.

Para arribar a esta conclusión, la Sala analizará las garantías del debido proceso en los procedimientos administrativos sancionatorios, especialmente los adelantados por las autoridades del trabajo. Además, se analizará la sanción prevista en el artículo 433 del C.S.T , su finalidad y aplicación según el análisis de circunstancias de cada caso. Por último, se establecerá en el análisis del caso que la sanción fue impuesta de acuerdo con lo previsto en el artículo 433 del C.S.T, proporcionalmente, sin que las circunstancias alegadas por la sancionada configuraran una excepción que la eximiera de cumplir con los términos previstos en la norma.

C. Marco jurídico

1. Las garantías del debido proceso en los procedimientos administrativos sancionatorios, entre ellos el adelantado por las autoridades de trabajo

Dentro de los procedimientos sancionatorios se debe garantizar el derecho al debido proceso, que de acuerdo con la H. Corte Constitucional 5 consiste en las garantías previstas en el ordenamiento jurídico con las que se protege a quien es sujeto de una actuación judicial o administrativa, con el fin de que durante su trámite se respeten sus derechos y se aplique correctamente la justicia.

previstas en el ordenamiento jurídico con las que se protege a quien es sujeto de una actuación judicial o administrativa, con el fin de que durante su trámite se respeten sus derechos y se aplique correctamente la justicia.

Entre las garantías que se deben brindar al procesado están, en primer lugar, la motivación de las decisiones que los afectan, así como el derecho a interponer los recursos previstos contra dichas decisiones, ante autoridades de mayor jerarquía; y a acceder a la jurisdicción.6

En segundo lugar, las personas tienen derecho a que su situación sea conocida por el juez natural, que, en el marco de los procesos administrativos sancionatorios, corresponde al «funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley ».7 En el caso de la sanción prevista en el artículo 433 del CST, son competentes para su imposición las autoridades del trabajo, según la regla general de competencia dispuesta en el artículo 1º de la Ley 1610 de 2013.8

5 Corte Constitucional. Sentencia C341 de 4 de junio de 2014, magistrado ponente Mauricio González Cuervo. 6 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEGUNDA. SUBSECCIÓN “A”. Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS. Sentencia del veintidós (22) de julio de dos mil veintiuno (2021). Radicación número: 18001 -23-33000-2015-00117-01(1738-18). 7 Ibidem.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS. Sentencia del veintidós (22) de julio de dos mil veintiuno (2021). Radicación número: 18001 -23-33000-2015-00117-01(1738-18). 7 Ibidem. 8 ARTÍCULO 1o. COMPETENCIA GENERAL. Los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social ejercerán sus funciones de inspección, vigila ncia y control en todo el territorio nacional y conocerán de los asuntos individuales y colectivos en el sector privado y de derecho colectivo del trabajo del sector público.RADICADO: 6808133330006-2017-00168-01

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El funcionario judicial encargado de tomar la decisión debe actuar con independencia y libre de injerencia de las otras ramas del poder público. Lo anterior no es lo único que garantiza la independencia del fallador, pues el derecho del procesado también requiere que las decisiones se fundamenten, se motiven, en los hechos y las normas aplicables al caso, libre de prejuicios, influencias ilícitas y el tráfico de influencias o presiones.9

Una tercera garantía es el derecho de audiencia y defensa, del cual hace parte «el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso»;10 es decir, por este derecho se faculta a los procesados a emplear todos los medios legítimamente establecidos para exponer sus

la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso»;10 es decir, por este derecho se faculta a los procesados a emplear todos los medios legítimamente establecidos para exponer sus argumentos en busca de obtener una decisión a su favor.

Las oportunidades para ejercer la defensa dentro del procedimiento administrativo sancionatorio laboral se rigen por las normas que el CPACA establece para ese tipo de procesos, así como las previstas en la Ley 1610 de 2013. A propósito del tema, el artículo 47 del CPACA11 establece que «l os investigados podrán, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la formulación de cargos, presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que pretendan hacer valer. Serán rechazadas de manera motivada, las inconducentes, la s impertinentes y las superfluas y no se atenderán las practicadas ilegalmente».

En cuanto al periodo probatorio, la Ley 1610, en su artículo 10, establece que «cuando deban practicarse pruebas se señalará un término no mayor a diez (10) días hábiles »; posteriormente, vencido ese periodo, el investigado tendrá 3 días hábiles para presentar sus alegatos.12 En cuarto lugar, los procesados tienen derecho a que su proceso se tramite dentro de un término razonable, que no esté sometido a dilaciones injustificadas; además, a que el procedimiento sea público y no secreto. En cuanto a los principios de legalidad, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, estos también rigen la actuación administrativa sancionatoria y operan como una garantía del investigado, pero de una manera matizada y más flexible que en el derecho

En cuanto a los principios de legalidad, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, estos también rigen la actuación administrativa sancionatoria y operan como una garantía del investigado, pero de una manera matizada y más flexible que en el derecho

9 Ibidem. 10CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEGUNDA. SUBSECCIÓN “A”. Consejero ponente: RAFAEL FRANCISC O SUÁREZ VARGAS. Sentencia del veintidós (22) de julio de dos mil veintiuno (2021). Radicación número: 18001-23-33-000-2015-00117-01(1738-18). 11 ARTÍCULO 47. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO. Los procedimientos administrativos de carácter sancionatorio no regu lados por leyes especiales o por el Código Disciplinario Único se sujetarán a las disposiciones de esta Parte Primera del Código. Los preceptos de este Código se aplicarán también en lo no previsto por dichas leyes. Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de oficio o por solicitud de cualquier persona. Cuando como resultado de averiguaciones preliminares, la autoridad establezca que existen méritos para adelantar un procedimiento sancionatorio, así lo comunicará al interesado. Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere del caso, formulará cargos mediante acto administrativo en el que señalará, con precisión y claridad, los hechos que lo originan, las personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serían procedentes Este acto administrativo deberá ser notificado personalmente a los investigados. Contra esta decisión no procede recurso.

naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serían procedentes Este acto administrativo deberá ser notificado personalmente a los investigados. Contra esta decisión no procede recurso. Los investigados podrán, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la formulación de cargos, presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que pretendan hacer valer. Serán rechazadas de manera motivada, las inconducentes, las impertinentes y las superfluas y no se atenderán las practicadas ilegalmente. PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo renumerado> Las actuaciones administrativas contractuales sancionatorias, incluyendo los recursos, s e regirán por lo dispuesto en las normas especiales sobre la materia. PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo adicionado por el artículo 3 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> En los procedimientos administrativos sancionatorios fiscales el término para presentar descargos y solicitar o aportar pruebas será de cinco (5) días. 12 Ley 1610 de 2013. ARTÍCULO 10. PERÍODO PROBATORIO. Cuando deban practicarse pruebas se señalará un término no mayor a diez (10) días hábiles. Vencido el período probatorio se dará traslado al investigado por tres (3) días hábiles para que presente los ale gatos respectivos.RADICADO: 6808133330006-2017-00168-01

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penal, lo que permite que el funcionario investigador tenga un mayor espectro de

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penal, lo que permite que el funcionario investigador tenga un mayor espectro de discrecionalidad, sin que ello signifique que la decisión pueda ser irracional.

La legalidad 13 se refiere al conocimiento previo de la conducta reprochable y su consecuencia; la tipicidad, íntimamente relacionada con la anterior, es la des