TA SAN - Sentencia 680013333-007-2015-00088-01 (14-08-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada ponente: CLAUDIA XIMENA ARDILA PÉREZ SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Bucaramanga, catorce (14) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE CONTROL REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTES

1. ANGELICA MARÍA ZAMBRANO CÉSPEDES

(víctima directa), identificada con cédula de ciudadanía No. 1.102.382.069;

2. RODOLFO ZAMBRANO PINILLA (padre),

identificado con cédula de ciudadanía No. 5.706.852;

3. ELSA MABEL C ÉSPEDES RODRÍGUEZ (madre), identificada con cédula de ciudadanía No. 63.475.208;

4. DANIELA ZAMBRANO CÉSPEDES (hermana), identificada con cédula de ciudadanía No.

1.102.370.314;

5. DORIS MARLENE RODRÍGUEZ DE CÉSPEDES

(abuela), identificada con cédula de ciudadanía 28.293.978;

6. G ÉRMAN CÉSPEDES MANTILLA (abuelo),

identificado con cédula de ciudadanía No. 5.704.839;

germanrincond@hotmail.com;

DEMANDADO NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL; identificado con NIT. 8.9999900-3

identificado con cédula de ciudadanía No. 5.704.839;

germanrincond@hotmail.com;

DEMANDADO NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL; identificado con NIT. 8.9999900-3

notificaciones.bucaramanga@mindefensa.gov.co; usuarios@mindefensa.gov.co; notificacionesjuridi@ejercito.mil.co;

MINISTERIO

PÚBLICO

XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

xmora@procuraduria.gov.co; RADICADO 680013333-007-2015-00088-01 TEMA

Falla del servicio por actuación irresponsable de miembro de la fuerza pública. Se declara la responsabilidad del Ejército Nacional por las lesiones que sufrió una menor de edad en un accidente de tránsito, cuando era transportada en una moto oficial por un militar que se ofreció a desplazarla para brindarle protección en circunstancias que no lo ameritaban y que no están contempladas en la ley . No se encuentran acreditados los eximentes de hecho de la víctima ni culpa personal del agente. En el contexto en que sucedieron los hechos, la conducta de la menor de edad no era reprochable debido a la inmadurez intelectual propia de su edad. Su conducta no era imprevisible ni irresistible para el uniformado. En el proceso disciplinario se concluye que la conducta del soldado obedeció a razones de protección y seguridad , lo que prueba el nexo causal. La tasación del daño a la salud se encuentra ajustada a los criterios establecidos por la jurisprudencia. Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala

prueba el nexo causal. La tasación del daño a la salud se encuentra ajustada a los criterios establecidos por la jurisprudencia. Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto oportunamente por la demandada, contra la sentencia proferida el 28 de febrero de 2020 por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.RADICADO: 68001333300720150008801

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I. ANTECEDENTES

A. La demanda1

1. Pretensiones La parte demandante solicita que se declare a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL responsable por los perjuicios materiales e inmateriales que le fueron causados debido a las lesiones d e la joven Angélica María Zambrano Céspedes, ocasionadas tras el accidente de tránsito sufrido el 22 de junio de 2013 , en el que estuvo involucrad a una motocicleta de propiedad del ente nacional.

Como consecuencia de lo anterior, pide que se condene a la entidad demandada al pago de $800.000.000 por los siguientes conceptos: • Perjuicio moral: $100.000.000 para cada uno de los demandantes

ente nacional. Como consecuencia de lo anterior, pide que se condene a la entidad demandada al pago de $800.000.000 por los siguientes conceptos: • Perjuicio moral: $100.000.000 para cada uno de los demandantes • Daño emergente y lucro cesante futuro : $100.000.000 para la demandante Angélica María Zambrano Céspedes (víctima directa). • Daño fisiológico: $100.000.000 para esta última.

2. Hechos La parte demandante sostiene que el 22 de junio de 2013, las hermanas Angélica María y Anie Daniela Zambrano Céspedes se dirigían hacia la estación de servicio «el Guayabal» luego de visitar la finca de sus abuelos maternos en la Mesa de los Santos, con el fin de tomar un bus hacia el municipio de Piedecuesta; cuando fueron abordadas en el sitio denominado «el Matacho» por el sargento del ejército Lleral Sánchez Ferreira y otro sujeto que portaba uniforme camuflado; quienes se ofrecieron a transportarlas hasta dicha estación.

Manifiestan que, debido a la prolongada espera de la ruta de transporte, las jóvenes fueron nuevamente interceptadas por los mismos individuos, quienes se ofrecieron a transportarlas hasta el municipio de Piedecuesta. En respuesta, la joven Angélica María Zambrano Céspedes subió a la motocicleta de placas XTZ -125, marca Yamaha, modelo 2010, color negro, de propiedad del Ejército Nacional y conducida por el Sargento Lleral Sánchez Ferreira, mientras que su acompañante, Angie Daniela Zambrano Céspedes, optó p or la otra motocicleta, conducida por el segundo individuo.

por el Sargento Lleral Sánchez Ferreira, mientras que su acompañante, Angie Daniela Zambrano Céspedes, optó p or la otra motocicleta, conducida por el segundo individuo. Apuntan que e n las coordenadas 3K + 500m de la vía Mesa de los Santos – Piedecuesta, el agente p erdió el control de la motocicleta y arrolló a la menor S.J.L.M, y como consecuencia de ello impactó contra una cuneta. En ese momento, la joven Angélica María Zambrano fue expulsada del vehículo y cayó hacia un barranco, lo que le causó lesiones en el rostro y el muslo, así como un trauma craneoencefálico. Aseveran que por lo anterior el Instituto Nacional de Medicina Legal le concedió a la demandante una incapacidad médico legal de cuarenta y cinco días por la deformidad física presentada en el rostro, cuerpo, y órgano de visión. Resaltan que, para la fecha del accidente, la joven contaba con 16 años de edad, y que por su juventud e inexperiencia aceptó el ofrecimiento del sargento para desplazarse hasta su municipio de residencia. Finalmente afirman que el sargento Lleral Sánchez Ferreira, por su condición de suboficial, tenía conocimiento de la prohibición de transportar civiles en vehículo s oficiales, en especial si se trataba de menores de edad . Aseguran que la joven le

1 Ver expediente digital cargado a OneDrive. Documento 2. Folio 1 al 12.RADICADO: 68001333300720150008801

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advirtió sobre la falta de casco para su desplazamiento, sin embargo, el uniformado hizo caso omiso de la advertencia.

B. Contestación La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional 2 se opone a las pretensiones. Sostiene que, si bien se encuentra acreditado el daño , no existe prueba de la certeza de los perjuicios reclamados. Al respecto solicita que, de configurarse su responsabilidad, se aplique la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la materia3.

Plantea la figura de culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad, ya que, conforme a la investigación disciplinaria realizada contra el agente, se demuestra de manera incontrovertible el comportamiento negligente e imprudente de la joven Angélica María Zambrano Céspedes, quien aceptó subirse a la motocicleta y permitió su desplazamiento hasta el municipio de Piedecuesta. Apunta que dicho proceso se archivó porque la autoridad disciplinaria encontró que el único interés del agente era preservar la integridad de las ciudadanas, que se cumplió con los límites de velocidad establecidos en el código de tránsito y que la pasajera accedió a subirse al vehículo de forma voluntaria. Por tal motivo, refiere que, al aceptar el ofrecimiento de transporte, la joven asumió

cumplió con los límites de velocidad establecidos en el código de tránsito y que la pasajera accedió a subirse al vehículo de forma voluntaria. Por tal motivo, refiere que, al aceptar el ofrecimiento de transporte, la joven asumió los riesgos que conlleva la actividad peligrosa, por lo cual le resulta atribuible la producción del daño , y, en consecuencia, se encuentra materializado el hecho exclusivo de la víctima. Finalmente considera que los perjuicios morales solicitados por la parte demandante son excesivos; en tal sentido, no deberían ser reconocidos.

C. La sentencia recurrida4

En sentencia proferida el 28 de febrero de 2020, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga concedió parcialmente las pretensiones, así: PRIMERO. DECLARAR ADMINISTRATIVA Y EXTRACONTRACTUALMENTE RESPONSABLE A LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL de los perjuicios irrogados a los demandantes, con ocasión del accidente de tránsito ocurrido día 22 de junio de 2013, en el que resultó lesionada

ANGÉLICA MARÍA ZAMBRANO CÉSPEDES.

SEGUNDO. CONDENAR a la NACIÓN — MINISTERIO DE DEFENSA — EJÉRCITO NACIONAL a reconocer y pagar a favor de los demandantes, por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas, expresadas en salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente

sentencia:

Demandante Calidad Monto a indemnizar

[SMLMV]

ANGÉLICA MARÍA ZAMBRANO

CÉSPEDES Victima directa 60

mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente

sentencia:

Demandante Calidad Monto a indemnizar

[SMLMV]

ANGÉLICA MARÍA ZAMBRANO

CÉSPEDES Victima directa 60

ELSA MABEL CÉSPEDES RODRÍGUEZ Madre 60

RODOLFO ZAMBRANO PINILLA Padre 60

ANIE DANIELA ZAMBRANO CÉSPEDES Hermana 30

DORIS MARLENE RODRÍGUEZ DE

CÉSPEDES Abuela materna 30

GERMÁN CÉSPEDES MANTILLA Abuelo

Materno 30

2 Ver expediente digital cargado a OneDrive. Documento 4. Folio 1 al 6. 3 Al respecto, cita sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, expedientes No. 26.251 , 27.709, y 31.172. 4 Ver expediente digital cargado a OneDrive. Documento 28. Folio 1 al 25.RADICADO: 68001333300720150008801

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TERCERO. CONDENAR a la NACI ÓN — MINISTERIO DE DEFENSA — EJÉRCITO NACIONAL a reconocer y pagar a favor de ANGÉLICA MARÍA

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

TERCERO. CONDENAR a la NACI ÓN — MINISTERIO DE DEFENSA — EJÉRCITO NACIONAL a reconocer y pagar a favor de ANGÉLICA MARÍA ZAMBRANO CÉSPEDES, por concepto de daño a la salud, la suma de OCHENTA (80) salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia. CUARTO. Sin CONDENA EN COSTAS, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. QUINTO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda. El a quo sostiene que, en el presente asunto, se encuentra n acreditados los elementos de la responsabilidad del Estado, por lo que procede la reparación de perjuicios. En primer lugar, reconoce la existencia del daño sufrido por la menor, consistente en las lesiones ocasionadas en el accidente de tránsito acaecido el 22 de junio de 2013 , cuando era transportada en una motocicleta que pertenece al Ejército Nacional, y que era conducida por un miembro activo y en servicio de la institución. Afirma que esto se encuentra probado conforme las pruebas documentales que obran en el expediente, entre ellas, la historia clínica y los dictámenes de Medicina Legal y de la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Resalta que se configura el nexo de causalidad, en la medida en que el daño a la integridad personal de la demandante se produjo con ocasión del accidente de tránsito, situación fáctica que no es negada ni desvirtuada por la parte demandada en su contestación, y que se corrobora con las pruebas recaudadas , entre ellas, la

integridad personal de la demandante se produjo con ocasión del accidente de tránsito, situación fáctica que no es negada ni desvirtuada por la parte demandada en su contestación, y que se corrobora con las pruebas recaudadas , entre ellas, la investigación disciplinaria adelantada contra el sargento Sánchez Ferreira ; la constancia de las actuaciones adelantadas por la Fiscalía General en el proceso penal por el delito de lesion es personales; el informe de policía de tránsito ; el testimonio del agente que realizó las pesquisas ; y la declaración realizada por la demandante en la audiencia de pruebas. Argumenta que, en cuanto a la imputabilidad del daño, este debe ser atribuido a la entidad bajo el régimen de riesgo excepcional, dado que actuó como órgano ejecutor y garante de las acciones que condujeron a dicho desenlace. Refiere que, en el siniestro, se vio involucrado un vehículo oficial, conducido por un miembro de la fuerza pública en servicio activo, quien expuso a dos personas ajenas a la institución, incluida una menor de edad, a un riesgo anormal y desproporcionado, lo que causó que esta última sufriera lesiones en su integridad. Apunta que no se encuentra probado el hecho exclusivo de la víctima , en razón a que la investigación disciplinaria estaba encaminada a determinar la responsabilidad del servidor público, sin que en esta se pueda analizar la conducta desplegada por la víctima del accidente. Destaca que, al tratarse de una mujer menor de edad, que es puesta en una situación de riesgo anormal y excesivo bajo el pretexto de una aparente soledad o desamparo, se reafirma la vulnerabilidad a la que están expuestas las mujeres en

Destaca que, al tratarse de una mujer menor de edad, que es puesta en una situación de riesgo anormal y excesivo bajo el pretexto de una aparente soledad o desamparo, se reafirma la vulnerabilidad a la que están expuestas las mujeres en tales circunstancias. Sostiene que, en estos escenarios, los agentes estatales, investidos de poder, interpretan una supuesta desprotección como una oportunidad para obtener ventaja, lo que va en contra de los principios fundamentales de una sociedad global que lucha por sup erar los estereotipos y las construcciones culturales que perpetúan la vulneración de los derechos de las mujeres. En ese sentido, afirma que los miembros del Ejército Nacional, como garantes de derechos fundamentales, no pueden desatender los preceptos obligacionales que les corresponden; incluso deben respetar los tratados internacionales que buscan la protección del interés superior del niño. Sostiene que se encuentra acreditado que la joven Zambrano Céspedes no intervino en la producción del daño , ya que, por su corta edad e inexperiencia, confi ó en laRADICADO: 68001333300720150008801

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supuesta protección de los uniformados, sin poder prever el riesgo al que fue expuesta. Adiciona que los miembros del ejército están debidamente entrenados y

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supuesta protección de los uniformados, sin poder prever el riesgo al que fue expuesta. Adiciona que los miembros del ejército están debidamente entrenados y cuentan con la experiencia necesaria para sortear este tipo de situaciones , por lo que no solo incumplieron su deber de cuidado y vigilancia, sino que actuaron de manera negligente. Concluye que, por lo anterior, no se configuran los supuestos de irresistibilidad, imprevisibilidad ni de exterioridad que puedan colegir una causal eximente de responsabilidad.

D. La apelación5

La parte demandada solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se denieguen las pretensiones en razón a lo siguiente: Reitera que a su criterio se encuentra configurado el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, porque la joven Angélica María Zambrano decidió de manera libre aceptar el ofrecimiento del uniformado de ser transportada sin los elementos de seguridad necesarios para evitar o minimizar las lesiones en caso de un accidente. Resalta que tanto el sargento como la menor desatendieron las normas de obligatorio cumplimiento establecidas en el Código de Tránsito, por lo que esta actuó de manera voluntaria y no bajo coacción, lo que convierte su conducta en la causa eficiente del daño sufrido. Asimismo, señala que el sargento, pese a conocer los reglamentos del Ejército Nacional y la necesidad de portar los elementos de protección para conducir la motocicleta, asumió conscientemente el riesgo de desplazarse sin ellos. Manifiesta la configuración de la causal eximente de responsabilidad denominada

los reglamentos del Ejército Nacional y la necesidad de portar los elementos de protección para conducir la motocicleta, asumió conscientemente el riesgo de desplazarse sin ellos. Manifiesta la configuración de la causal eximente de responsabilidad denominada «culpa personal del agente» . Afirma que debe tenerse en cuenta el elemento circunstancial, porque el momento y lugar en que acaeció el daño, era diferente al lugar donde el suboficial desarrollaba su actividad militar , como se observa en el plan de seguridad No. 4833 del 21 de junio de 2013 , expedido por el Batallón de Servicios y Apoyo No. 5 Mercedes Abrego; en el cual se dan las instrucciones para el apoyo de las brigadas de salud llevadas a cabo los días 22 y 23 de junio de 2013 de 6:00 a 18:00 horas. En consecuencia, sostiene que para el momento de los hechos el uniformado no estaba en el sitio designado para el ejercicio de sus actividades militares , a pesar de que este tenía pleno conocimiento de que su actuar era contrario a las instrucciones dadas por el batallón. Expone que, en caso de hallarse la configuración de cualquiera de los presupuestos para la concurrencia de culpas, esta debe aplicarse en proporción a las causas generadoras del daño. Finalmente cuestiona la tasación del daño a la salud realizada por el juez de primera instancia, y considera que se encuentra desproporcionada, porque no se ajusta al criterio jurisprudencial del Consejo de Estado sobre la materia.

E. Trámite del recurso de apelación en segunda instancia En auto del 3 de marzo de 2021 se admitió el recurso de apelación 6 y se corrió

criterio jurisprudencial del Consejo de Estado sobre la materia.

E. Trámite del recurso de apelación en segunda instancia En auto del 3 de marzo de 2021 se admitió el recurso de apelación 6 y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio público para rendir concepto. El Ministerio Público guardó silencio.

5 Ver expediente digital cargado a OneDrive. Documento 29. Folio 1 a 8. 6 Ver expediente digital cargado a OneDrive. Documento 36.RADICADO: 68001333300720150008801

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La parte demandante7 reitera lo expuesto en la demanda y en los alegatos de conclusión. Destaca que Angélica, con apenas 16 años, no podía prever el riesgo que asumía, al confiar de forma plena en un miembro del Ejército, por lo que considera infundada la causal de exclusión de responsabilidad alegada por la entidad. Señala que el militar usó su posición y bienes del Estado para coquetear con la menor, exponiéndola a un peligro inminente. Por todo ello, pid e confirmar la sentencia de primera instancia. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional8 reitera lo expuesto en la contestación de la demanda y en los alegatos de conclusión, en tanto argumenta

sentencia de primera instancia. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional8 reitera lo expuesto en la contestación de la demanda y en los alegatos de conclusión, en tanto argumenta que las lesiones ocasionadas a la demandante se atribuyen a su actuar imprudente al aceptar ser transportada sin medidas de seguridad. Recalca la culpa personal del agente y aplicación subsidiaria de la concurrencia de culpas.

II. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la competencia Conforme al artículo 153 del CPACA 9, este Tribunal es competente para conocer de las apelaciones interpuestas contra las sentencias proferidas por los juzgados administrativos de su distrito judicial.

B. Los problemas jurídicos y su resolución De acuerdo con la reseña que antecede, la Sala plant ea y resuelve los siguientes problemas jurídicos: PJ1. ¿Es procedente exonerar de responsabilidad a la entidad demandada por las lesiones ocasionadas a la menor Angélica María Zambrano Céspedes, luego de caer de un vehículo oficial, considerando la posible configuración de culpa exclusiva de la víctima o, en su defecto, la concurrencia de culpas, y la alegada culpa personal del agente?

Tesis: No.

Fundamento: Aunque el caso se podría enmarcar en el régimen de responsabilidad objetivo por actividades peligrosas, por la conducción de vehículos oficiales, en este caso la entidad demandada debe responder por la actuación de uno de sus agentes y como propietaria de la motocicleta involucrada en el siniestro, debido a una falla en el servicio, consistente en la violación de las normas de tránsito y el incumplimiento del deber de cuidado por parte del conductor del vehículo oficial.

y como propietaria de la motocicleta involucrada en el siniestro, debido a una falla en el servicio, consistente en la violación de las normas de tránsito y el incumplimiento del deber de cuidado por parte del conductor del vehículo oficial. Se comprobó, y las partes así lo reconocieron, que el conductor llevaba un pasajero civil no autorizado en el vehículo oficial, lo que demuestra una falta de cumplimiento de las normas que rigen el uso de estos vehículos. El uniformado se ofreció a desplazar a una menor de edad desde el municipio de los Santos hasta Piedecuesta, a pesar de que tenía pleno conocimiento de que se trataba de un comportamiento prohibido. La conducta de la accionante no puede considerarse como una causa eximente de responsabilidad, ya que no cumple con los requisitos de irresistibilidad, imprevisibilidad y exterioridad respecto de la demandada, pues Angélica María era legalmente menor de ed ad al momento del accidente. Esta circunstancia apareja una protección especial y el reconocimiento de su inmadurez e inimputabilidad. Por tanto, el hecho de que hubiera aceptado de manera voluntaria el ofrecimiento

7 Ver expediente digital cargado a OneDrive. Documento 38. Folio 3 a 8. 8 Ver expediente digital cargado a OneDrive. Documento 37. Folios 3 a 7. 9 ARTÍCULO 153. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN SEGUNDA INSTANCIA. Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recurso s de queja cuando no se

Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recurso s de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda.RADICADO: 68001333300720150008801

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realizado por el uniformado no puede considerarse bajo ninguna circunstancia que la joven hubiera asumido el riesgo que ello implicaba. En estos casos se espera una mayor prudencia y cuidado de los adultos, especialmente tratándose de servidores públicos que se encuentran en constante capacitación, y que ocupan posiciones de autoridad y deber de vigilancia y cuidado. Así, es la negligencia del conductor adulto la que determina el daño, no la conducta imprudente o arriesgada de una menor de edad, que es previsible y resistible. En este caso, el deber de protección hacia los menores no fue cumplida por el conductor, porq ue desatendió un contenido obligacional, consistente en la prohibición de utilizar los vehículos oficiales para fines totalmente ajenos al servicio público. En efecto, las motocicletas oficiales están destinadas para el transporte de los agentes no para el de terceros y mucho menos para arriesgar la vida de quienes

prohibición de utilizar los vehículos oficiales para fines totalmente ajenos al servicio público. En efecto, las motocicletas oficiales están destinadas para el transporte de los agentes no para el de terceros y mucho menos para arriesgar la vida de quienes deberían estar bajo una protección especial. El servicio de seguridad que pretendía brindarse a la joven se asegura a través de medios lícitos y adecuados, no exponiendo su vida e integridad. En conclusión, la evaluación conjunta de estos factores demuestra que el Ejército Nacional es responsable por las lesiones ocasionadas a la integridad de la menor Angélica María Zambrano Céspedes, sin que se configure la eximente de responsabilidad de culpa de la víctima o culpa personal del agente , así como de la concurrencia de culpas pretendida en el recurso de apelación. PJ2. ¿Debe modificarse la tasación del daño a la salud realizada por el a quo por ser desproporcionada o apartada del criterio fijado por la jurisprudencia del Consejo de Estado?

Tesis: No.

Fundamento: De conformidad con lo establecido en la Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 201410, el Consejo de Estado fijó los límites para reconocer, cuando se solicite, el perjuicio patrimonial denominado como «daño a la salud»11.

En dicha providencia, se estableció, como criterio general, su reconocimiento bajo dos componentes; (i) uno objetivo y general, determinado con base en el porcentaje de invalidez decretado y (ii) uno subjetivo y excepcional, que se aplica en casos de extrema gravedad y que permite incrementar el primer valor hasta en 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior, en ejercicio del arbitrio iudice,

de invalidez decretado y (ii) uno subjetivo y excepcional, que se aplica en casos de extrema gravedad y que permite incrementar el primer valor hasta en 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior, en ejercicio del arbitrio iudice, para lo cual se tendrá en cuenta la gravedad y las consecuencias particulares y específicas que le produjo la lesión a la persona12. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra ajustado el razonamiento efectuado por el a quo, en el sentido de reconocerle a la joven Angélica María Zambrano Céspedes una indemnización por concepto de daño a la salud, en cuantía de 80 SMLMV , tras demostrase la grave afectación a su integridad sicofísica, como consecuencia del accidente automovilístico. De igual forma, la tasación de la indemnización otorgada en favor de la demandante se acompasó con los parámetros jurisprudenciales, toda vez que (i) conforme el dictamen expedido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, las lesiones

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, C.P Enrique Gil Botero, Exp. 31.170. 11 Reiterada en jurisprudencia reciente, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2019, C.P Marta Nubia Velásquez Rico, Rad. 41001-23-31-000-2005-00883-01(51162). Así como el radicado 08001-23-31-000-2007-00585-01(48042).

12 Al respecto, el Consejo de Estado en esa sentencia precisó el elemento subjetivo bajo estos parámetros: «- La pérdida o anormalidad de la estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica (temporal o permanente). «- La anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra estructura corporal o mental. «- La exteriorización de un estado patológico que refleje perturbaciones al nivel de un órgano. «- La reversibilidad o irreversibilidad de la patología. «- La restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad normal o rutinaria. «- Excesos en el desempeño y comportamiento dentro de una actividad normal o rutinaria. «- Las limitaciones o impedimentos para el desempeño de un rol determinado. «- Los factores sociales, culturales u ocupacionales. «- La edad. «- El sexo. «- Las que tengan relación con la afectación de bienes placenteros, lúdicos y agradables de la víctima. «- Las demás que se acrediten dentro del proceso»RADICADO: 68001333300720150008801

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a su integridad redujeron su cap