TA SAN - Sentencia 680013333-015-2025-00014-01 (03-04-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada ponente: CLAUDIA XIMENA ARDILA PÉREZ

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Bucaramanga, tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

1 Se omite la identificación de la accionante con el fin de proteger su derecho fundamental a la intimidad y en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 15 de la Constitución Política, 24.3 del CPACA y 18, literal a), de la Ley 1581 de 2012

ACCIÓN: TUTELA

ACCIONANTE: JULIO ÁNGEL SUÁREZ GALINDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.958.744, en representación de su hija L.S.S.S. 1

ACCIONADOS:

DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DE LA

POLICÍA NACIONAL

desan.notificacion@policia.gov.co; notificacion.tutelas@policia.gov.co; desan.asjud@policia.gov.co;

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA

«NUSEFA» BUCARAMANGA

mebuc.nusefa-rectoria@policia.gov.co; mebuc.nusefa-rec@policia.gov.co;

MIEMBROS DEL COMITÉ FORMATIVO DE

NUSEFA BUCARAMANGA

desan.espco@policia.gov.co; desan.espco-hcl@policia.gov.co; miguel.arevalo@correo.policia.gov.co; desan.asjud@policia.gov.co;

NUSEFA BUCARAMANGA

desan.espco@policia.gov.co; desan.espco-hcl@policia.gov.co; miguel.arevalo@correo.policia.gov.co; desan.asjud@policia.gov.co; nini.rodriguez1134@correo.policia.gov.co; desan.notificacion@policia.gov.co;

MIEMBROS CONSEJO DIRECTIVO DE NUSEFA

BUCARAMANGA

desan.espco@policia.gov.co; desan.espco-hcl@policia.gov.co; miguel.arevalo@correo.policia.gov.co; desan.asjud@policia.gov.co; nini.rodriguez1134@correo.policia.gov.co; desan.notificacion@policia.gov.co;

VINCULADOS:

CLINICA REGIONAL DEL ORIENTE

desan.espco-hcl@policia.gov.co;

PERSONERÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

notificacionesjudiciales@personeriabucaramanga.go v.co; secretariageneral@personeriabucaramanga.gov.co; profesionalespecializado2@personeriabucaramanga .gov.co;

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO

DE BUCARAMANGA

notificaciones@bucaramanga.gov.co; despachoseb@bucaramanga.gov.co; RADICADO Y ENLACE DEL 680013333-015-2025-00014-01ASUNTO: SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN: TUTELA RADICADO: 680013333-015-2025-00014-01

ACCIONANTE: JULIO ANGEL SUAREZ GALINDO

ACCIONADO: NACIÓN – POLICÍA NACIONAL Y OTROS

VINCULADO: CLÍNICA REGIONAL DEL ORIENTE Y OTROS

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Se decide 2 la impugnación formulada por la parte accionante contra la sentencia proferida el 1 4 de febrero de 2025 por el Juzgado Quince Administrativo de Bucaramanga, que negó las pretensiones ; remitida al Despacho ponente el 25 de febrero de 2025, según acta de reparto, la cual se muestra en la actuación 03 del expediente digital cargado en el sistema judicial de SAMAI.3

I. ANTECEDENTES

A. El escrito de tutela4

1. Pretensiones El accionante, en representación de su hija L.S.S.S., solicita la protección de sus derechos al debido proceso, la igualdad, la educación inclusiva, la dignidad humana y la honra, los cuales considera vulnerados por la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional, el Colegio Nuestra Señora de Fátima Nusefa Bucaramanga, el

Comité Formativo Nusefa Bucaramanga y el Consejo Directivo Nusefa Bucaramanga. Esto, debido a que se le negó la renovación de su matrícula tras ser suspendida por una falta que la estudiante nunca cometió.

2. Hechos El accionante señala que su hija L.S.S.S. tiene 14 años y ha sido diagnosticada con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y Trastorno Oposicionista

2. Hechos El accionante señala que su hija L.S.S.S. tiene 14 años y ha sido diagnosticada con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y Trastorno Oposicionista Desafiante (TOD), lo cual requiere una educación inclusiva y adaptaciones pedagógicas adecuadas.

Afirma que durante el año 2024 la estudiante fue sancionada injustamente debido a que terceros la indujeron a consumir bebidas no permitidas, lo que le ocasionó problemas de salud y afectaciones emocionales.

Narra que, a pesar de que existe evidencia médica que demuestra que la adolescente no había ingerido alcohol, la institución educativa decidió suspenderla y, posteriormente, negó la renovación de su matrícula.

Sostiene que está demostrado que L.S.S.S. ha sido objeto de persecución y discriminación por parte de los miembros de la institución educativa, incluido el personal administrativo y docente.

2 Se deja constancia de que la magistrada ponente de la presente providencia, durante el período comprendido entre el reparto d e la presente acción de tutela y la presentación del proyecto, tuvo a su cargo 3 consultas de desacato, 2 recursos de insistencia, 15 acciones de tutela, 1 habeas corpus, 2 acciones de nulidad electoral, 1 proceso de pérdida de investidura y 9 acciones populares, todos con trámite preferente; también participó en 1 Sala Administrativa y 1 Sala administrativa extraordinaria, y dirigió 9 audiencias. Además, proyectó 30 sentencias ordinarias para revisión de

la Sala de Decisión (CAF - MECG) y 28 autos interlocutorios, evacuaciones de las que depende la creación del cargo de oficial mayor de descongestión. Adicionalmente, en su calidad de integrante de la Sala de Decisión correspondiente a los H. magistrados IFPM y JERS, participó en la revisión de 27 acciones constitucionales. 3 Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI. Índice 03. Documento denominado: 1ED_ActadeReparto48123pd 4 Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI. Índice 01. Documento denominado: 4Radicaciondel_TUTELAYA_DEMANDA_31_1_202515_

EXPEDIENTE

DIGITAL:

TEMAS:

NO RENOVACIÓN DE MATRÍCULA ESTUDIANTIL A MENOR DE EDAD. La institución educativa estaba habilitada para adoptar la medida y, además, garantizó el debido proceso tanto a la estudiante como a sus acudientes / Improcedencia de la acción de tutela para acceder a información frente a la cual se alega una presunta reserva legal. El recurso de insistencia es el mecanismo jurídico previsto para estos casos.ASUNTO: SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN: TUTELA RADICADO: 680013333-015-2025-00014-01

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B. Informes de las accionadas y las vinculadas

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

B. Informes de las accionadas y las vinculadas

1. El Colegio Nuestra Señora de Fátima de Bucaramanga – Dirección de Bienestar Social y Familia – Policía Nacional 5 se opone al amparo de derechos deprecado, porque no se cumple el requisito de subsidiariedad e inmediatez.

1.1. Afirma que el proceso sancionatorio mencionado en el escrito de tutela se adelantó en cumplimiento del debido proceso, con la participación de un grupo interdisciplinario de la institución, la estudiante L.S.S.S. y sus representantes legales, en este caso su padre, tal como lo establece el manual de convivencia. Señala que, además, los hechos objeto de la demanda ocurrieron hace más de seis meses, lo que, a su juicio, rompe el principio de inmediatez.

1.2. Expone que el procedimiento formativo seguido con la estudiante L.S.S.S. se realizó conforme al reglamento institucional y que todas las comunicaciones pertinentes fueron enviadas a la madre de la estudiante, la señora Maritza Sisa, quienes siempre recibieron un trato digno, respetuoso e inclusivo hacia la adolescente.

2. La Secretaría de Educación Municipio de Bucaramanga6 solicita que declare su falta de legitimación en la causa por pasiva, pues las pretensiones del accionante no son de su competencia.

2.1. Advierte que el objeto de la controversia corresponde a un proceso disciplinario adelantado por la institución educativa Nuestra Señora de Fátima, entidad autónoma, conforme al artículo 10 de la Ley 715 de 2001.

2.1. Advierte que el objeto de la controversia corresponde a un proceso disciplinario adelantado por la institución educativa Nuestra Señora de Fátima, entidad autónoma, conforme al artículo 10 de la Ley 715 de 2001.

2.2. También señala que la parte accionante no ha puesto en conocimiento al ente territorial el asunto objeto de la tutela, por lo que no existe actuación administrativa ni omisión alguna que pudiera haber causado la presunta vulneración de los derechos invocados.

2.3. Resalta que, al revisar la plataforma SIMAT, constató que la adolescente L.S.S.S. está matriculada para el año 2025 en la I.E. Colegio Santa Cruz del municipio de Girón, en la jornada de la mañana, para cursar el grado noveno de bachillerato.

3. La Dirección de Bienestar Social y Familia – Policía Nacional,7 solicita que se declare la improcedencia de la presente acción de tutela por no existir la vulneración alegada por la parte accionante.

3.1. Señala que el Colegio Nuestra Señora de Fátima de Bucaramanga es una institución educativa oficial de régimen especial, lo que implica que posee especificaciones educativas propias del régimen privado.

3.2. Narra que, al revisar el procedimiento administrativo aplicado, se evidencia que las actuaciones de la institución garantizaron el debido proceso establecido en el manual de convivencia escolar para los colegios de la Policía Nacional.

3.2.1. Expone que, frente al incumplimiento tipo I, la estudiante L.S.S.S. recibió como medida pedagógica las anotaciones correspondientes en el observador del alumno, tal como lo establece el parágrafo del artículo 59 de la norma mencionada.

medida pedagógica las anotaciones correspondientes en el observador del alumno, tal como lo establece el parágrafo del artículo 59 de la norma mencionada.

5 Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI. Índice 01. Documento denominado: 12_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda 6 Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI. Índice 01. Documento denominado: 10_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda 7 Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI. Índice 01. Documento denominado: 12_MemorialWeb_ContestaciOnDemandaGS2025014657MEBUCASUNTO: SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN: TUTELA RADICADO: 680013333-015-2025-00014-01

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander 3.2.2. Resalta que, en febrero de 2024, la estudiante incumplió la norma de comportamiento tipo III, lo que dio lugar a una medida consistente en una reflexión pedagógica de hasta cinco días, según consta en el acta AC -2024-003488, medida que se ajustó al numeral 6 del a rtículo 58 del manual de convivencia. Subraya que dicho proceso cumplió con las garantías constitucionales, legales y los parámetros internos establecidos por la Dirección de Bienestar Social y Familia, y brindó a los

que se ajustó al numeral 6 del a rtículo 58 del manual de convivencia. Subraya que dicho proceso cumplió con las garantías constitucionales, legales y los parámetros internos establecidos por la Dirección de Bienestar Social y Familia, y brindó a los representantes legales de la estudiant e la oportunidad de presentar pruebas, controvertirlas e interponer los recursos legales correspondientes a través de la comunicación oficial GS-2024-023361-MEBUG.

3.2.3. Indica que, en agosto de 2024, la estudiante reincidió en la conducta tipo III, al infringir el numeral 6 del artículo 58 del manual de convivencia ; motivo por el cual la institución procedió con el proceso formativo correspondiente, conforme al artículo 61 de la Resolución 2420 de 2023. Precisa que los acudientes fueron notificados por correo electrónico a la dirección arteyconfeccionnana@gmail.com para que presentaran su versión y/o pruebas sobre los hechos ocurridos el 1 de agosto de 2024, pero no se pronunciaron.

3.2.4. Añade que la institución llevó a cabo el proceso durante la etapa formativa con el fin de esclarecer los hechos, identificar a los responsables y notificar tanto a los estudiantes como a los padres . Precisa que, agotado el trámite, concluyó que la estudiante reiteró la conducta y decidió la no renovación de la matrícula, medida que fue legalmente notificada a los padres mediante la comunicación oficial GS -2024099855-MEBUC el 13 de agosto de 2024.

3.2.5. Resalta que, a partir de ese momento, los acudientes comenzaron a intervenir y a controvertir las decisiones de la institución, presentando recursos de reposición y,

099855-MEBUC el 13 de agosto de 2024.

3.2.5. Resalta que, a partir de ese momento, los acudientes comenzaron a intervenir y a controvertir las decisiones de la institución, presentando recursos de reposición y, en subsidio, apelación , los cuales fueron resueltos oportunamente por el Comité Formativo y el Consejo Directivo, mediante los actos AC-2024-018400-MEBUC y AC2024-016647, respectivamente, los cuales fueron notificados mediante las comunicaciones oficiales GS-2024-111785-MEBUC y GS-2024-099855-MEBUC.

3.3. Afirma que la institución no vulneró el derecho a la educación de la estudiante, pues los padres fueron notificados el 20 de septiembre de 2024 sobre la Resolución Rectoral No. 0013, la cual confirmaba la no renovación de la matrícula de la estudiante.

C. Sentencia de primera instancia8

Mediante providencia del 14 de febrero de 2025, el Juzgado Quince Administrativo de Bucaramanga negó el amparo solicitado.

El a quo observó que las actas de reunión y las anotaciones en el «observador del estudiante» demuestran que, en cumplimiento del debido proceso, se informó a la estudiante y a su madre sobre los incumplimientos al manual de convivencia, la responsabilidad del estudiante y las medidas pedagógicas aplicadas, así como los recursos disponibles para impugnar las decisiones.

Sostuvo que no se acreditó que la no renovación de la matrícula interfiriera con el derecho a la educación de la menor, ya que, según la plataforma SIMAT de la Secretaría de Educación de Bucaramanga, la joven está matriculada para el año 2025

Sostuvo que no se acreditó que la no renovación de la matrícula interfiriera con el derecho a la educación de la menor, ya que, según la plataforma SIMAT de la Secretaría de Educación de Bucaramanga, la joven está matriculada para el año 2025 en el Colegio Santa Cruz del municipio de Girón, Santander.

8 Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI. Índice 11.ASUNTO: SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN: TUTELA RADICADO: 680013333-015-2025-00014-01

ACCIONANTE: JULIO ANGEL SUAREZ GALINDO

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VINCULADO: CLÍNICA REGIONAL DEL ORIENTE Y OTROS

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander También advirtió que la parte accionante no presentó pruebas que evidenciaran la existencia de un riesgo inminente de daño irreparable, dado que no se presentó una amenaza clara, grave ni cierta, ni se demostró la irremediabilidad o inminencia de un posible daño.

D. La impugnación9

La parte accionante solicita que se revoque la decisión de primera instancia y, en su lugar, se amparen los derechos fundamentales invocados. Asimismo, solicita que se ordene la entrega de la totalidad de los documentos y pruebas utilizadas en los procesos disciplinarios, así como la continuación de los procesos pedagógicos de la adolescente L.S.S.S.

Sostiene que se le violaron los derechos al debido proceso y a la contradicción, ya

procesos disciplinarios, así como la continuación de los procesos pedagógicos de la adolescente L.S.S.S.

Sostiene que se le violaron los derechos al debido proceso y a la contradicción, ya que las actuaciones realizadas en el proceso disciplinario contra la estudiante L.S.S.S. no fueron notificadas de manera clara y precisa, conforme a lo establecido en la Resolución No. 2420 del 28 de diciembre de 2023.

Advierte que la vulneración persiste, ya que la estudiante fue sancionada por faltas que no cometió. Afirma que, en primer lugar, la bebida que consumió fue «Amper», la cual no contiene alcohol, y, en segundo lugar, cuando ingresó basura al aula, lo hizo por acatar la orden de una docente de recogerla.

Reitera que existe evidencia médica que demuestra que la estudiante no consumió ninguna bebida alcohólica, evidencia que no fue valorada ni por la institución accionada ni por el a-quo.

También indica que el colegio expuso públicamente la supuesta condición de enfermedad mental de la adolescente y sus presuntas adicciones, al punto de que fue señalada en reuniones escolares por terceros, quienes la usaron como ejemplo.

II. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la Competencia

La competencia para resolver el recurso de impugnación recae en esta Corporación, según lo dispuesto en los artículos 1° del Decreto 1382 de 2000 y 37 del Decreto 2591 de 1991, como quiera que se interpuso contra una sentencia de tutela de primera instancia proferida por un juez administrativo de esta sede judicial.

B. Los problemas jurídicos y su resolución

de 1991, como quiera que se interpuso contra una sentencia de tutela de primera instancia proferida por un juez administrativo de esta sede judicial.

B. Los problemas jurídicos y su resolución

De acuerdo con la reseña que antecede, la Sala plantea y resuelve los siguientes problemas jurídicos:

PJ1 ¿La institución educativa accionada vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la educación de la estudiante L.S.S.S. al imponerle la medida pedagógica de no renovación de matrícula?

Tesis: No.

Fundamento: Las autoridades educativas están habilitadas para establecer medidas pedagógicas y sanciones en sus manuales de convivencia, como la no renovación de la matrícula estudiantil, para lo cual deben garantizar como mínimo: (i) la

9 Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI. Índice 14. Documento denominado: 95RecepcionMemor_IMPUGNACIONALAACCIONASUNTO: SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander determinación de las faltas disciplinarias y de las sanciones respectivas; y (ii) el procedimiento a seguir previo a la imposición de cualquier sanción, en el cual se debe garantizar el derecho de defensa del estudiante.

determinación de las faltas disciplinarias y de las sanciones respectivas; y (ii) el procedimiento a seguir previo a la imposición de cualquier sanción, en el cual se debe garantizar el derecho de defensa del estudiante.

En el caso bajo estudio, el manual de convivencia del coleg io Nuestra Señora de Fátima de Bucaramanga determina como falta disciplinaria el consumo de licor y como sanción la no renovación de la matricula. Asimismo, la normativa estudiantil contempla el procedimiento que se lleva a cabo para imponer dicha medida. En este caso, las autoridades del colegio Nuestra Señora de Fátima de Bucaramanga, así como los miembros del comité y el consejo directivo de la institución, garantiz aron a la estudiante L.S.S.S. y a sus padres los derechos constitucionales al debido proce so, derecho de defensa, igualdad, dignidad humana y educación inclusiva.

Así las cosas, la sanción impuesta a la estudiante por incurrir en una falta tipificada en el manual de convivencia estudiantil no infringe sus derechos fundamentales.

PJ2 ¿La acción de tutela es procedente en los casos en que se niega el acceso a la información por parte de las autoridades, bajo el argumento de que esta se encuentra amparada por reserva?

Tesis: No.

Fundamento: No se acredita el requisito de subsidiariedad para la procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos. El recurso de insistencia es la herramienta jurídica prevista para los casos en que se niega el acceso a la información por parte de las autoridades, bajo el argumento de que esta se encuentra amparada por reserva, en tanto aquel constituye un instrumento esp ecífico, breve y eficaz para

herramienta jurídica prevista para los casos en que se niega el acceso a la información por parte de las autoridades, bajo el argumento de que esta se encuentra amparada por reserva, en tanto aquel constituye un instrumento esp ecífico, breve y eficaz para determinar la validez de la restricción a los derechos fundamentales en cuestión.

C. Marco jurídico

1. El derecho fundamental al debido proceso de cara a la facultad sancionatoria de las instituciones educativas

1.1. El derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, debe garantizarse en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, como límite al ejercicio del poder público y mecanismo de protección de la autonomía y libertad del ciudadano 10. Una de las garantías que se derivan del debido proceso, es la que impone a las autoridades el deber de adelantar sus procedimientos con el pleno respeto de las formas propias que para tal efecto ha previsto la normativa vigente 11, con el fin de evitar posibles actuaciones abusivas o arbitrarias12.

1.1.1. La actividad de las instituciones educativas, tanto oficiales como privadas, conlleva el ejercicio de autoridad y en algunos casos la aplicación de sanciones, de modo que, como ocurre con todo ejercicio de potestad sancionadora, la autoridad respectiva, pública o privada, debe respetar las garantías propias del debido proceso.

1.1.2. La Corte Constitucional ha referido que, si bien las instituciones educativas son autónomas para establecer las reglas que rigen sus relaciones internas y, por lo tanto, gozan de un amplio margen para configurar su régimen sancionatorio, dicha autonomía está sujeta a límites mínimos e insuperables . Cuando estos límites se

autónomas para establecer las reglas que rigen sus relaciones internas y, por lo tanto, gozan de un amplio margen para configurar su régimen sancionatorio, dicha autonomía está sujeta a límites mínimos e insuperables . Cuando estos límites se

10 Sentencia T-445 de 2015 11 Sentencias C980 de 2010 y T – 543 de 2017. 12 Sentencia T – 543 de 2017ASUNTO: SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN: TUTELA RADICADO: 680013333-015-2025-00014-01

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander superan, las instituciones educativas desconocen el derecho fundamental al debido proceso y, al mismo tiempo, las obligaciones previstas en la Ley General de Educación13, especialmente aquellas que promueven el respeto a los derechos humanos y el fomento de «prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación y organización ciudadana».14

1.1.3. El respeto al debido proceso debe cobijar todas las actuaciones institucionales que involucran a los miembros de la comunidad educativa. Dicha comunidad está conformada no sólo por los estudiantes, docentes, directivos y administradores, sino que, de acuerdo con lo establecido en el artícu lo 6 de la Ley 115 de 1994, incluye también a los egresados y, de manera especial para el caso bajo examen, a los

conformada no sólo por los estudiantes, docentes, directivos y administradores, sino que, de acuerdo con lo establecido en el artícu lo 6 de la Ley 115 de 1994, incluye también a los egresados y, de manera especial para el caso bajo examen, a los «padres de familia o acudientes de los estudiantes».15

1.1.4. Lo anterior guarda relación con la formación en garantías constitucionales que las instituciones educativas deben impartir a sus estudiantes y, en particular, aquellas que imparten educación básica primaria y secundaria. 16 Este espacio de formación temprana constituye, junto con la familia, el primer momento en el que los niños, niñas y adolescentes comprenden el sentido de sus derechos y deberes, se vinculan con la norma, entienden las consecuencias de su incumplimiento y se acercan a la dinámica propia de los procedimientos disciplinarios.

1.1.5. En conclusión, en el ámbito educativo, al igual que en cualquier otro en el que una persona pueda ser objeto de sanción, el respeto por las garantías propias del debido proceso es el que, finalmente, legitima la potestad sancionadora.

1.2. Los m anuales de convivencia y el derecho al debido proceso en los procedimientos sancionatorios adelantados por las instituciones educativas

1.2.1. En lo que respecta a los procesos sancionatorios adelantados por las instituciones educativas, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido clara al señalar las garantías mínimas que deben observarse en este tipo de trámites y que se resumen de la siguiente manera:17

(1) la comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se

señalar las garantías mínimas que deben observarse en este tipo de trámites y que se resumen de la siguiente manera:17

(1) la comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas pasibles de sanción; (2) la formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar (con la indicación de las normas reglamentarias que consagran las faltas) y la calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias; (3) el traslado al im putado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados; (4) la indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus descargos (de manera oral o escrita), controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos; (5) el pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un acto motivado y congruente; (6) la imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron; y (7) la posibilidad de que el encartado pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las decisiones de las autoridades competentes.

13 Ley 115 de 1994 14 Corte Constitucional. Sentencia T-132 de 2023. 15 Ley 115 de 1994. Artículo 6. Comunidad educativa. De acuerdo con el artículo 68 de la Constitución Política, la comunidad educativa participará en la dirección de los establecimientos educativos, en los términos de la presente Ley.

15 Ley 115 de 1994. Artículo 6. Comunidad educativa. De acuerdo con el artículo 68 de la Constitución Política, la comunidad educativa participará en la dirección de los establecimientos educativos, en los términos de la presente Ley. La comunidad educativa está conformada por estudiantes o educandos, educadores, padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, directivos docentes y administradores escolares. Todos ellos, según su competencia, participarán en el diseño, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional y en la buena marcha del respectivo establecimiento educativo. 16 Comité de los Derechos del Niño, Observación general N° 12 (2009) sobre el derecho del niño a ser escuchado, párr. 108. [p]ara que la enseñanza de los derechos humanos haga sentir su influencia en las motivaciones y la conducta de los niños, los derechos humanos deben practicarse en las instituciones en que el niño aprende, juega y vive junto con otros niños y adultos. 17 Corte Constitucional. Sentencia T -453 de 2022. En esta decisión, la Corte analizó el caso de una estudiante a quien la institución educativa le canceló su matrícula, como consecuencia del proceso disciplinario que se adelantó por los actos de acoso escolar presuntamente cometidos contra otra compañera, y por realizar stickers e irrespetar a los instructores de formación. La Corte amparó los derechos invocados por la accionante, pues consideró que la entidad educativa «no garantizó los presupuestos básicos del debido proceso y del derecho de defensa» de la estudiante, y ello generó «la consecuente vulneración de su derecho fundamental a la educación».ASUNTO: SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN: TUTELA RADICADO: 680013333-015-2025-00014-01

generó «la consecuente vulneración de su derecho fundamental a la educación».ASUNTO: SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN: TUTELA RADICADO: 680013333-015-2025-00014-01

ACCIONANTE: JULIO ANGEL SUAREZ GALINDO

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander 1.2.2. Asimismo, en diversas oportunidades, el alto tribunal ha señalado que los manuales de convivencia de los establecimientos educativos tienen tres dimensiones. En primer lugar, estos documentos poseen las características propias de un contrato de adhesión; e n segundo lugar, representan las reglas mínimas de convivencia escolar; y, en tercer lugar, son la expresión formal de los valores, ideas y deseos de la comunidad educativa, conformada por las directivas de la institución, sus empleados, los estudiantes y sus padres de familia.18

1.2.3. De acuerdo con lo anterior, los manuales de convivencia consagran derechos y obligaciones para los estudiantes, por lo que , según