TA SAN - Sentencia 680013333001-2015-00235-01 (14-08-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada ponente: Claudia Ximena Ardila Pérez SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Bucaramanga, catorce (14) de agosto de dos mil veinticinco (2025).

Medio de control Reparación directa Demandantes - Carmen Sofia Tamayo Ortiz , identificada con C.C. No. 57.422.039 (Esposa de la víctima) - Jorge Ortiz Tamayo , identificad o con C.C. No. 91.161.560 (Hijo de la víctima) - Elenid Ortiz Tamayo , identificada con C.C. No. 1.095.824.376 (Hija de la víctima) - Elena Ortiz Tamayo , identificada con C.C. No. 1.095.809.309 (Hija de la víctima) - Eliana Ortiz Tamayo , identificada con C.C. No. 1.095.814.481 (Hija de la víctima) guillermopulecio@hotmail.com Demandados - Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC Demandas.oriente@inpec.gov.co procesosnacionales@defensajuridica.gov.co notificaciones@inpec.gov.co

• E.S.E. Hospital Universitario de Santander – HUS

gerencia@hus.gov.co juridica@hus.gov.co notificacionesjudiciales@hus.gov.co consultorescyfsas@gmail.com claudiai.garcia@campusucc.edu.co Llamadas en garantía

• La Previsora S.A. Compañía de Seguros

notificacionesjudiciales@previsora.gov.co

notificacionesjudiciales@hus.gov.co consultorescyfsas@gmail.com claudiai.garcia@campusucc.edu.co Llamadas en garantía

• La Previsora S.A. Compañía de Seguros

notificacionesjudiciales@previsora.gov.co procesosjudiciales.mvgabogados@gmail.com

• Liberty Seguros S.A, ahora HDI Seguros

notificacionesjudiciales@libertycolombia.com notificaciones.judiciales@hdi.com.co Radicado y link de expediente digital 680013333001-2015-00235-01 Tema Muerte de persona privada de la libertad . Responsabilidad del INPEC en la custodia y vigilancia de la PPL. Responsabilidad de la atención médica de la PPL . No se probó que el INPEC haya sido negligente en el traslado del recluso a la enfermería para recibir atención médica oportuna. Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación 1, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto oportunamente por la parte demandada contra la sentencia proferida el 10 de octubre de 2017 por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga que concedió las pretensiones.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante2

1. Pretensiones Los demandantes solicitan que se declare administrativa y solidariamente responsables al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPECy a la ESE Hospital Universitario de Santander por la muerte del señor Pedro Julio Ortiz Pérez

(q.e.p.d), mientras se encontraba privado de la libertad en la Cárcel Modelo de Bucaramanga.

Hospital Universitario de Santander por la muerte del señor Pedro Julio Ortiz Pérez (q.e.p.d), mientras se encontraba privado de la libertad en la Cárcel Modelo de Bucaramanga.

1 Mediante auto del 7 de junio de 2018 se admite el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia y el 27 de junio de 2019 se corre traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto. 2 Folios 1 a 15RADICADO: 680013333-001-2015-00235-01

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTES: CARMEN SOFIA TAMAYO ORTIZ Y OTROS

DEMANDADOS: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC Y OTRO

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Pretenden que se ordene el pago de los perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante consolidado y futuro, conforme a lo que se demuestre que hubiese devengado el señor Pedro, teniendo en cuenta su edad y actividad laboral. Piden que se condene a la entidad demandada al pago de los siguientes perjuicios morales y daño a la vida en relación: Demandantes Concepto Valor Carmen Sofia Tamayo Ortiz (esposa) Perjuicios morales 150 SMLMV Daño a la vida en relación 50 SMLMV Jorge Ortiz Tamayo (hijo) Perjuicios morales 100 SMLMV Daño a la vida en relación 50 SMLMV Elenid Ortiz Tamayo (hija) Perjuicios morales 100 SMLMV

Daño a la vida en relación 50 SMLMV Jorge Ortiz Tamayo (hijo) Perjuicios morales 100 SMLMV Daño a la vida en relación 50 SMLMV Elenid Ortiz Tamayo (hija) Perjuicios morales 100 SMLMV Daño a la vida en relación 50 SMLMV Elena Ortiz Tamayo (hija) Perjuicios morales 100 SMLMV Daño a la vida en relación 50 SMLMV Eliana Ortiz Tamayo (hija) Perjuicios morales 100 SMLMV Daño a la vida en relación 50 SMLMV Solicitan el reconocimiento de intereses comerciales y moratorios, y que se condene en costas a las demandadas.

2. Fundamentos fácticos y jurídicos Los demandantes refieren que entre el 7 y el 24 de agosto de 2013 el señor Pedro Julio Ortiz Pérez estuvo privado de la libertad en las instalaciones del CAI del barrio Kennedy de Bucaramanga, hasta ser trasladado a la Cárcel de Palogordo. Agregan que a llí permaneció hasta el 24 de septiembre de 2013, fecha en la que fue reubicado en la Cárcel Modelo de Bucaramanga. Dicen que el mismo día de su traslado fue valorado por el Dr. Antonio Jaimes Cote, quien registró que requería un control urgente; no obstante, nunca recibió la atención médica.

Mencionan que desde el 10 de octubre de 2013 el señor Ortiz Pérez comenzó a experimentar malestar general y pérdida de apetito, sin que los guardias del INPEC le proporcionaran la atención médica requerida. Indican que, el 13 de septiembre, alrededor del mediodía, tras presentar síntomas como decaimiento, inconsciencia

experimentar malestar general y pérdida de apetito, sin que los guardias del INPEC le proporcionaran la atención médica requerida. Indican que, el 13 de septiembre, alrededor del mediodía, tras presentar síntomas como decaimiento, inconsciencia total, fiebre y deshidratación, y ante la insistencia de su hijo y compañero de celda, fue trasladado a la enfermería en condiciones críticas. Sostienen que los dragoneantes se negaron inicialmente a trasladarlo debido a que estaban en horario de visita y no tenían tiempo para ello, por lo cual el traslado no ocurrió hasta después de las 4 de la tarde. Consideran que el INPEC tenía la responsabilidad de custodiar y vigilar al señor Ortiz Pérez mientras se encontraba recluido en el establecimiento penitenciario, así como de prestarle el servicio de salud. Afirman que en el centro hospitalario no se le brindó una atención médica adecuada, ya que se le formuló un diagnóstico erróneo, lo que dio lugar a un tratamiento inadecuado y, como consecuencia, al agravamiento de su estado de salud.

B. Posición de las demandadas

1. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC–3 se opone a las pretensiones. Argumenta que no tiene responsabilidad administrativa ni extracontractual frente a los problemas de salud que presentó el señor Pedro Julio.

Asegura que existen pruebas claras y suficientes para concluir que su fallecimiento obedeció a causas naturales, ajenas a sus funciones y deberes institucionales. Manifiesta que en estos casos la responsabilidad del Estado se analiza bajo un régimen subjetivo, lo cual exige verificar si existió una falla en la prestación del

obedeció a causas naturales, ajenas a sus funciones y deberes institucionales. Manifiesta que en estos casos la responsabilidad del Estado se analiza bajo un régimen subjetivo, lo cual exige verificar si existió una falla en la prestación del

3 Folios 84-95.RADICADO: 680013333-001-2015-00235-01

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servicio carcelario, ya sea por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes de custodia, vigilancia y cuidado. Propone c omo excepciones de mérito: (i) falta de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que la atención médica en el establecimiento penitenciario fue prestada por CAPRECOM, en virtud del contrato de aseguramiento No. 1172 de 2009; y (ii) la inexistencia de responsabilidad por falla del servici o, al no haberse demostrado incumplimiento de sus deberes institucionales.

2. La ESE Hospital Univ ersitario de Santander – HUS4 se opone a las pretensiones.

Refiere que el fallecimiento del señor Pedro Julio Ortiz Pérez fue consecuencia de una situación de fuerza mayor, derivada de la condición clínica crítica con la que ingresó al hospital. Explica que se trataba de un adulto mayor remitido por el INPEC sin información clara sobre la evolución de su estado de salud, que presentaba un

una situación de fuerza mayor, derivada de la condición clínica crítica con la que ingresó al hospital. Explica que se trataba de un adulto mayor remitido por el INPEC sin información clara sobre la evolución de su estado de salud, que presentaba un cuadro de choque, encefalopatía y sepsis severa, que a pesar de haber recibido atención médica inmediata, con soporte intensivo y manejo especializado, su estado no mejoró y falleció dos días después. Recalca que la responsabilidad médica no implica garantizar la curación del paciente, sino actuar con diligencia, prudencia y conocimiento técnico, lo cual — según afirma — se cumplió en este caso . Añade que no existe prueba que demuestre una falla en la atención médica, por lo que el desenlace fatal no puede atribuirse a una omisión o error médico. Cita jurisprudencia del Consejo de Estado en la que se reconoce la complejidad de la relación jurídica en la atención médica , es decir, que no basta con clasificarla como una obligación de medio o de resultado, sino que es necesario evaluar todas las fases del acto médico para determinar si hubo incumplimiento y su incidencia en el daño alegado.

C. Posición de las llamadas en garantía

1. La Previsora S.A. Compañía de Seguros5 se opone a las pretensiones. Sostiene que no es posible atribuir responsabilidad al Hospital Universitario de Santander por una falla en la prestación del servicio médico, ya que no se ha demostrado que el daño antijurídico haya sido consecuencia de una actuación negligente o de una mala praxis.

Indica que el paciente ingresó en condiciones críticas, con una enfermedad de varios días de evolución, lo que redujo significativamente sus posibilidades de

daño antijurídico haya sido consecuencia de una actuación negligente o de una mala praxis. Indica que el paciente ingresó en condiciones críticas, con una enfermedad de varios días de evolución, lo que redujo significativamente sus posibilidades de recuperación, a pesar de haber recibido atención médica oportuna. Afirma que la carga de la prueba recaía sobre los demandantes, quienes no acreditaron la supuesta negligencia del personal médico ni que esta fuera la causa directa del daño reclamado. Cuestiona la cuantía solicitada por concepto de perjuicios morales, por ser desproporcionada y contraria a los parámetros jurisprudenciales del Consejo de Estado. Precisa que dichos perjuicios deben ser tasados conforme al arbitrio judicial, con base en pruebas que demuestren un dolor real y profundo. En cuanto al llamamiento en garantía, reconoce la existencia de dos pólizas de responsabilidad civil (No. 1007344 y No. 1007835). Aclara que la primera no puede ser afectada, puesto que se contrató bajo la modalidad «claims made » y la reclamación no se presentó dentro de su vigencia ; y la segunda, está sujeta a

4 Folios 176 a 187 5 Folios 241 a 248RADICADO: 680013333-001-2015-00235-01

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condiciones específicas como la demostración de responsabilidad del asegurado, los límites de cobertura, deducibles y exclusiones.

2. La aseguradora Liberty Seguros S.A.6 se opone a las pretensiones . Considera que no existe evidencia de error médico, diagnóstico equivocado o negligencia en los procedimientos realizados por el hospital. Advierte que los demandantes no probaron que la atención médica haya sido la causa del fallecimiento del paciente, por lo que no puede atribuírsele responsabilidad. Cita en su apoyo jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la exigencia de que la culpa sea imputable a la autoridad y que exista una relación directa entre esta y el daño alegado.

Recuerda que las obligaciones de los médicos y de las instituciones de salud son de medio, no de resultado, lo que implica que su deber es actuar con diligencia y cuidado sin que ello garantice la curación del paciente, por tanto, la falta de mejoría no implica la existencia de culpa. Objeta la cuantificación de los perjuicios realizada por la parte demandante, por considerarla exagerada y carente de justificación razonada. Señala que no se cumplió con el requisito del juramento estimatorio. Aclara que la póliza No. 1007344 no se puede hacer efectiva, por cuanto fue contratada bajo la modalidad claims made y la reclamación se presentó por fuera del período de vigencia. Precisa, en cuanto a la póliza No. 1007835, que su cobertura está sujeta la demostración de responsabilidad del asegurado, así como a los límites, deducibles y exclusiones pactadas.

del período de vigencia. Precisa, en cuanto a la póliza No. 1007835, que su cobertura está sujeta la demostración de responsabilidad del asegurado, así como a los límites, deducibles y exclusiones pactadas.

D. La sentencia recurrida7

En sentencia del 24 de noviembre de 2017 el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga resuelve: Primero: DECLARAR patrimonialmente responsable al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC por los perjuicios ocasionados a la p. actora, con la muerte del señor PEDRO JULIO ORTÍZ PÉREZ, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

Segundo: CONDENAR al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIOINPECa pagar a la p. actora la indemnización por concepto de perjuicios morales, las

siguientes sumas de dinero: (i) CARMEN SOFIA TAMAYO ORTIZ, el equivalente a cien salarios mínimos mensuales legales vigentes (100 SMMLV) (ii) EDITH PATRICIA ORTÍZ TAMAYO, el equivalente a cien salarios mínimos mensuales legales vigentes (100 SMMLV). (iii) JORGE ORTÍZ TAMAYO, el equivalente a cien salarios mínimos mensuales legales vigentes (100 SMMLV). (iv) ELENID ORTÍZ TAMAYO, el equivalente a cien salarios mínimos mensuales legales vigentes (100 SMMLV). (v) HELENA ORTÍZ TAMAYO, el equivalente a cien salarios mínimos mensuales legales vigentes (100 SMMLV). (vi) ELIANA ORTÍZ TAMAYO, el equivalente a cien salarios mínimos mensuales

(v) HELENA ORTÍZ TAMAYO, el equivalente a cien salarios mínimos mensuales legales vigentes (100 SMMLV). (vi) ELIANA ORTÍZ TAMAYO, el equivalente a cien salarios mínimos mensuales legales vigentes (100 SMMLV).

Tercero: Denegar las demás pretensiones de la demanda.

(…)

6 Folios 264 a 280 7 Folios 61 a 69RADICADO: 680013333-001-2015-00235-01

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Quinto: De conformidad con el artículo 188 del CPACA, CONDENAR en costas al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC, por resultar vencida en el proceso. Liquídense por secretaría.

Como fundame nto de su decisión, el a quo argumenta que se probó el daño consistente en la muerte del interno Pedro Julio Ortiz Pérez, ocurrida el 13 de octubre de 2013, luego de haber sido trasladado desde el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Bucaramanga al Hospital Universitario de Santander, mientras se encontraba bajo custodia del INPEC. Afirma que se trata de un juicio de responsabilidad objetiva por los deberes de control y vigilancia que tiene el INPEC con los reclusos y la s circunstancias de

Santander, mientras se encontraba bajo custodia del INPEC. Afirma que se trata de un juicio de responsabilidad objetiva por los deberes de control y vigilancia que tiene el INPEC con los reclusos y la s circunstancias de especial sujeción en que se encontraba la víctima . Dice que la entidad tenía la obligación de velar por la salud del interno, sin embargo, no lo hizo. Agrega que con las pruebas documentales (historia clínica e informes periciales) y testimoniales se demostró que el interno presentó síntomas graves varios días antes de su fallecimiento (fiebre alta, hipotensión, deshidratación, síncope), sin que el INPEC proporcionara una atención médica oportuna ni adecuada. Sostiene que esa demora incidió negativamente en su recuperación y tuvo relación directa con su muerte, pues, cuando el Hospital Universitario de Santander recibió al paciente, ya era demasiado tarde para evitar el resultado. Precisa que no existía prueba de que el interno presentara enfermedades previas a su ingreso, por lo que estaba en un buen estado de salud al momento de ser privado de la libertad. Advierte que la ESE Hospital Universitario de Santander no incurrió en falla del servicio, ya que la atención médica se ajustó a los protocolos médicos teniendo en cuenta el estado crítico en el que ingresó el señor Pedro Julio , lo que limitó las posibilidades de recuperación. Concluye que el INPEC es administrativa y patrimonialmente responsable , no obstante, n iega el reconocimiento de los perjuicios materiales por no estar acreditados en el expediente, así como del daño a la salud, porque solo puede ser reclamado por la víctima directa.

E. La apelación8

obstante, n iega el reconocimiento de los perjuicios materiales por no estar acreditados en el expediente, así como del daño a la salud, porque solo puede ser reclamado por la víctima directa.

E. La apelación8

El INPEC solicita que se revoque la sentencia y, en su lugar, se nieguen las pretensiones. Insiste en que el fallecimiento del señor Pedro Julio Ortiz Pérez obedeció a causas naturales, específicamente a un infarto agudo de miocardio, según consta en la historia clínica. Aduce que dicha patología es de carácter grave y de difícil detección en sus etapas iniciales, especialmente cuando el paciente no presenta síntomas claros o no los informa oportunamente a los profesionales de la salud. Argumenta que no se le puede atribuir responsabilidad por una enfermedad catastrófica que, además, posiblemente se encontraba en un estado avanzado. Enfatiza que no tiene a su cargo la prestación directa de servicios de salud a la población reclusa, dado que conforme al Decreto 1141 de 2009 esta función fue asignada a la EPS CAPRECOM EICE en liquidación. Sostiene que los médicos adscritos a dicha EPS eran los responsables de la atención médica del señor Ortiz Pérez y que fueron ellos quienes determinaron su tratamiento y posterior remisión al hospital. Señala que cumplió con su obligación de facilitar el traslado del interno al área de sanidad del establecimiento penitenciario y posteriormente al Hospital Universitario de Santander tan pronto como los médicos de CAPRECOM lo ordenaron. Destaca

8 Folios 634 a 638RADICADO: 680013333-001-2015-00235-01

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de Santander tan pronto como los médicos de CAPRECOM lo ordenaron. Destaca

8 Folios 634 a 638RADICADO: 680013333-001-2015-00235-01

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que no existe prueba suficiente que demuestre demora o negligencia en esta gestión. Cuestiona la valoración probatoria realizada por el a quo, en especial frente a la supuesta omisión en la atención médica dentro del establecimiento penitenciario. Alega que no existe prueba concluyente que demuestre que el interno permaneció varios días sin atención médica, ni que la guardia penitenciaria impidiera su traslado oportuno. Reprocha que el fallo de primera instancia haya omitido el análisis de la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva. A su juicio, dicha excepción debió prosperar, en tanto que la responsabilidad por la atención médica del interno no recaía en ella sino en la EPS contratada . Destaca que carece de competencia funcional y técnica para prestar servicios de salud y con sidera que cualquier deficiencia en la historia clínica o diagnóstico médico no puede imputársele, comoquiera que no tiene control sobre la gestión de CAPRECOM. Cita jurisprudencia sobre la responsabilidad objetiva del Estado frente a las personas privadas de la libertad, la cual, advierte, puede ser desvirtuada mediante

comoquiera que no tiene control sobre la gestión de CAPRECOM. Cita jurisprudencia sobre la responsabilidad objetiva del Estado frente a las personas privadas de la libertad, la cual, advierte, puede ser desvirtuada mediante la acreditación de una causa extraña , en este caso, la patología preexistente del interno -hipertensión arterial-, la cual fue reconocida por el interno al momento de su ingreso al establecimiento carcelario y constituyó un factor de riesgo directo para el desenlace fatal. Por último, s ugiere una eventual responsabilidad del Hospital por no haber aprovechado plenamente sus recursos técnicos y humanos para identificar oportunamente la patología del interno.

F. Trámite en segunda instancia La parte a ctora9, Liberty Seguros 10, Previsora S.A. Compañía de Seguros 11 y el INPEC12 presentaron alegatos de conclusión.

II. CONSIDERACIONES

A. Competencia Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los juzgados administrativos de su distrito judicial.

B. El problema jurídico y su resolución De acuerdo con la reseña que antecede, la Sala plant ea y resuelve el siguiente problema jurídico: ¿Debe el INPEC responder administrativamente por la muerte del recluso Pedro Julio Ortiz Pérez, ocurrida por complicaciones en su estado de salud mientras se encontraba bajo su custodia en un establecimiento penitenciario,

9 Folios 705 a 708. La parte actora sostiene que el INPEC incurrió en una omisión grave al no garantizar atención médica oportu na al señor Pedro Julio

mientras se encontraba bajo su custodia en un establecimiento penitenciario,

9 Folios 705 a 708. La parte actora sostiene que el INPEC incurrió en una omisión grave al no garantizar atención médica oportu na al señor Pedro Julio Ortíz Pérez, pese a que desde su ingreso al sistema penitenciario presentaba síntomas que requerían control urgente. Alega que hubo desidia institucional, desconocimiento del deber de custodia y una cadena de negligencias que culminaron en el fallecimiento del interno. Cuestiona la actuación del Hospital Universitario de Santander, pues el diagnóstico inicial fue equivocado y se aplicaron tratamientos para patologías que no cor respondían, lo que derivó en una pérdida de oportunidad terapéutica. Finalmente, reprocha que el fallo de primera instancia no se haya pronunciado sobre los perjuicios materiales, a pesar de estar acreditada la actividad laboral y edad que tenía el señor Pedro Julio cuando falleció. 10 Folios 690 a 694. Liberty Seguros S.A. advierte que no se probó la responsabilidad del HUS, pues la atención médica brindada fue adecuada y conforme a la lex artis. Considera que no hay lugar al pago de indemnización por fuera de los términos contractuales. Invoca la cláusula claims made de la póliza No. 1007344. Señala que la póliza No. 1007835 establece sublímites, deducibles y un tope de responsabilidad del 30% p or coaseguro. 11 Folios 695 a 699 . La Previsora S.A. Compañía de Seguros . Afirma que la atención médica brindada fue oportuna, idónea y conforme a la lex artis, a

pesar de que el paciente ingresó en estado crítico y con una historia clínica deficiente. Pide que se tengan en cuenta las excepciones contractuales planteadas en su contestación al llamamiento en garantía. 12 Folios 700 a 704 . El INPEC sostiene que el fallecimiento del señor Pedro Julio obedeció a causas naturales, un infarto del miocardio. Señala que el interno tenía antecedentes de hipertensión arterial, lo cual lo hacía propenso a un desenlace fatal. Insiste en que la prestación del servicio de salud no es de su competencia directa, sino de la EPS CAPRECOM, entidad contratada para tal fin. Asegura que cumplió con su deber de trasladar al paciente al hospital tan pronto fue ordenado por los médicos de la EPS, y que no se probó que el interno hubiera permanecido sin atención médica en el establecimiento. Finalmente, alega que no se acreditó el nexo causal entre su conducta y el fallecimiento del señor pedro, ni la existencia de un daño antijurídico que le sea atribuible.RADICADO: 680013333-001-2015-00235-01

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en atención al deber especial de custodia, cuidado y vigilancia que le asiste frente a las personas privadas de la libertad?

Tesis: No.

Fundamento: No se acreditó una falla del servicio atribuible al INPEC. En particular,

en atención al deber especial de custodia, cuidado y vigilancia que le asiste frente a las personas privadas de la libertad?

Tesis: No.

Fundamento: No se acreditó una falla del servicio atribuible al INPEC. En particular, no se demostró que dicha entidad hubiera incumplido sus deberes de custodia o de facilitación del acceso a los servicios de salud. Las pruebas dan cuenta de que el señor Ortiz Pérez fue valorado por personal médico en tres ocasiones durante el día 12 de octubre de 2013 . Posteriormente, fue remitido al hospital dentro de la hora siguiente a la orden de traslado, lo que descarta una omisión institucional en la atención. Tampoco se probó que los dragoneantes hubiesen impedido el acceso del señor Pedro al área de sanidad, ni que existieran solicitudes formales de atención que hubieran sido desatendidas, como se sugiere en la demanda.

Adicionalmente, el dictamen médico legal concluyó que la causa del fallecimiento fue una sepsis severa, de probable origen pulmonar, cuyo estado ya era irreversible al ingreso hospitalario, con una probabilidad de mortalidad superior al 80 %, incluso bajo tratamiento oportuno. Por otra parte, no obra en el expediente prueba técnica que vincule causalmente las condiciones del establecimiento con la aparición o el agravamiento del cuadro clínico y los expertos explicaron que la bacteria identificada es común en la comunidad y su activación depende de factores del huésped, no del entorno. Para resolver la controversia que plantea el caso, la Sala hará algunas precisiones sobre el régimen jurídico aplicable para estudiar la responsabilidad del Estado por los daños causados a las personas privadas de la libertad . Luego, analizará las

Para resolver la controversia que plantea el caso, la Sala hará algunas precisiones sobre el régimen jurídico aplicable para estudiar la responsabilidad del Estado por los daños causados a las personas privadas de la libertad . Luego, analizará las pruebas obrantes en el expediente para determinar si el INPEC incurrió en una omisión en la prestación del servicio de salud al señor Pedro Julio Ortiz Pérez que permita imputarle el daño alegado.

C. Marco jurídico La Ley 65 de 1993 impone al Estado el deber de garantizar a las personas privadas de la libertad, entre otros aspectos, el acceso a los servicios del sistema general de salud, la atención oportuna y adecuada de patologías físicas y mentales, así como la existencia de una unidad básica de atención en salud penitenciaria.

El artículo 104 de dicha ley13 dispone que en cada establecimiento de reclusión se debe organizar un servicio de sanidad encargado de velar por la salud de los internos, realizar el examen médico obligatorio al momento del ingreso y al egreso, adelantar campañas de prevención e higiene, y supervisar tanto la alimentación como las condiciones de salubridad del entorno. Dichos servicios pueden prestarse directamente por personal de planta o mediante contratación con entidades públicas o privadas. En reiterada jurisprudencia, el H. Consejo de Estado 14 ha señalado que la responsabilidad del Estado por los daños causados a las personas privadas de la libertad al interior del centro carcelario es objetiva, pues aquel se encuentra en una relación de especial sujeción respecto del Estado con ocasión de la l imitación de algunos de sus derechos y libertades, y la restringida autonomía para responder por su propia integridad, razón por la que se constituye en garante de todos aquellos

relación de especial sujeción respecto del Estado con ocasión de la l imitación de algunos de sus derechos y libertades, y la restringida autonomía para responder por su propia integridad, razón por la que se constituye en garante de todos aquellos derechos que no quedan restringidos por la privación de la libertad.

13 ARTÍCULO 104. SERVICIO DE SANIDAD. En cada establecimiento se organizará un servicio de sanidad para velar por la salud de lo s internos, examinarlos obligatoriamente a su ingreso al centro de reclusión y cuando se decrete su libertad; además