TA SAN - Sentencia 680013333001-2016-00121-03 (28-08-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Radicado: 680013333001-2016-00121-03

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036800123

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Demandante: Ingrid Johanna Mantilla Gómez, Juan Fernando

Lamus Camacho, Mayra Alejandra Herrera Romero Apoderado parte demandante: Juan José Culman Forero jculman@hotmail.com

Demandado: Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la

Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co Ministerio público JHON CARLOS GARCÍA PEREA jcgarcia@procuraduria.gov.co Asunto: Sentencia de segunda instancia. Modifica Tema: Bonificación judicial. La bonificación judicial debe ser reconocida como factor salarial para todos los efectos legales. Se revoca la condena en costas impuesta en primera instancia Sentencia No. 107

Magistrada ponente: Claudia Patricia Peñuela Arce

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la

todos los efectos legales. Se revoca la condena en costas impuesta en primera instancia Sentencia No. 107

Magistrada ponente: Claudia Patricia Peñuela Arce

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia del 18 de octubre de 2022 , proferida por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga .Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Ingrid Johanna Mantilla Gómez y otros

Demandado: Nación – Rama Judicial

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander La Sala es competente para resolver el recurso, de conformidad con lo previsto en el artículo 153 del CPACA, el cual fue admitido mediante auto del 11 de diciembre de 20241.

I. ANTECEDENTE S

A. Posición de la parte demandante2

1. La parte demandante solicitó declarar la nulidad de la Resolución número 4178 del 31 de julio de 2015 expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, y del acto ficto o presunto por la no contestación del recurso de apelación presentado el 23 de noviembre de 2015, mediante la cual se negó la liquidación de todas las prestaciones sociales, incluyendo como factor salarial la Bonificación

Judicial .

1.1 Formuló como pretensiones, de forma literal, las siguientes:

presentado el 23 de noviembre de 2015, mediante la cual se negó la liquidación de todas las prestaciones sociales, incluyendo como factor salarial la Bonificación Judicial .

1.1 Formuló como pretensiones, de forma literal, las siguientes:

«Que se declare la nulidad de la RESOLUCIÓN No. 4178 DE 31 de JULIO DE 2015 proferida por el DIRECTOR EJECUTIVO SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA y del ACTO ADMINISTRATIVO FICTO NEGATIVO configurado por el silencio guardado frente al recurso de apelación interpuesto contra el primer acto demandado, habiendo transcurrido los dos (2) meses indicados por el Art. 86 del CPACA.

1.- Que a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO se ordene a la

NACIÓN – RAMA JUDICIAL –DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

JUDICIAL:

2.1. RELIQUIDAR las prestaciones sociales devengadas desde el 1° de enero de 2.013 y las que se sigan devengando durante el trámite de este proceso por los servidores judiciales demandantes, como primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, bonificaciones y demás emolumentos recibidos, tomando como FACTOR SALARIAL la BONIFICACIÓN JUDICIAL creada con el Decreto 383 de 2013 del Departamento Administrativo de la Función Pública “Por el cual se crea una bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones.”.

2.2. Que en adelante se reconozca esta BONIFICACIÓN JUDICIAL , como FACTOR SALARIAL, no sólo para los descuentos destinados a la base de

Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones.”.

2.2. Que en adelante se reconozca esta BONIFICACIÓN JUDICIAL , como FACTOR SALARIAL, no sólo para los descuentos destinados a la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, como actualmente se hace.

3. Que se condene en COSTAS, ordenando como reconocimiento de: AGENCIAS EN DERECHO en porcentaje del veinte por ciento (20%) de las pretensiones conforme el numeral 3.1.2. del Art. 6° del Acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura No. 1887 de 2003 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.

1 Expediente digital de OneDrive, 008AutoOdebeceyCumple -AdmiteRecurso.docx 2 Expediente digital de OneDrive, pág. 1-19, 002ExpedienteEscaneado.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Demandado: Nación – Rama Judicial

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4. Que se ajuste la condena tomando como base el Índice de Precios al Consumidor de conformidad con el inciso final del Art. 187 del CPACA.»

1.2 Las anteriores pretensiones se fundamentaron en las siguientes afirmaciones:

1.2.1 Son servidores de la Rama Judicial en calidad de emplead os judiciales y

Consumidor de conformidad con el inciso final del Art. 187 del CPACA.»

1.2 Las anteriores pretensiones se fundamentaron en las siguientes afirmaciones:

1.2.1 Son servidores de la Rama Judicial en calidad de emplead os judiciales y devengan mensualmente la bonificación judicial creada con el Decreto No. 0383 de 2013.

1.2.2 El 16 de julio de 2015, radicaron petición ante la entidad demandada, mediante la cual solicitaron la liquidación y pago de todas las prestaciones sociales con base en la bonificación judicial como factor salarial de los valores dejados de percibir desde el 1 de enero de 2013 y las que a futuro se generen.

1.2.3 En respuesta, la demandada emitió la Resolución número 4178 del 31 de julio de 2015, en la que negó las pretensiones.

1.2.4 Inconformes con la decisión, interpus ieron recurso de apelación el 23 de noviembre de 2015.

1.3 Como fundamento de derecho y concepto de violación invocaron los artículos 2,13, 25, 53, de la Constitución Nacional, la Ley 4 de 1992, el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, y el Decreto 0383 de 2013. Indicaron que debe reconocerse la bonificación judicial para todos los efe ctos jurídicos propios del salario, dado que se percibe de manera periódica y constituye una contraprestación directa por la prestación del servicio.

B. Posición de la parte demandada

2. La Nación – Rama Judicial3 se opuso a la prosperidad de las pretensiones

en los siguientes términos:

directa por la prestación del servicio.

B. Posición de la parte demandada

2. La Nación – Rama Judicial3 se opuso a la prosperidad de las pretensiones

en los siguientes términos:

2.1 Adujo que los actos administrativos acusados tienen sustento en las disposiciones legales contenidas en el Decreto 0383 de 2013, la Ley 4 a de 1992 y en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política; además,

3 Expediente digital de OneDrive, pág. 109-116, 002ExpedienteEscaneado.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander que el único con competencia para establecer el régimen prestacional y salarial de los empleados públicos de la Rama Judicial es el Gobierno nacional.

2.2 Señaló que, por expreso mandato legal, la Bonificación Judicial constituye factor salarial únicamente para efectos de constituir la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y que hace parte de la libertad de configuración del legislador e stablecer qué parte de la remuneración de los empleados públicos constituye o no factor salarial y para qué fines.

2.3 Así mismo, refirió que los decretos por medio de los cuales el Gobierno nacional reguló los salarios y prestaciones de los funcionarios y empleados de la Rama

remuneración de los empleados públicos constituye o no factor salarial y para qué fines.

2.3 Así mismo, refirió que los decretos por medio de los cuales el Gobierno nacional reguló los salarios y prestaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial cumplieron con los estándares legales y constitucionales para su expedición y, en consec uencia, la responsabilidad sobre la inaplicabilidad de la norma salarial no puede ser asumida por la Rama Judicial.

C. Sentencia de primera instancia4

3. El juzgado de primera instancia, mediante sentencia de l 18 de octubre de

2022, resolvió:

«PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucional e ilegal, para el caso en concreto, la expresión “únicamente” contenida en el art. 1 de los Decretos 383 de 2013 y demás decretos que lo modifican, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. 4178 del 31 de julio de 2015 por medio de la cual se negó la reliquidación de las prestaciones sociales de la parte demandante, con inclusión de la Bonificación Judicial creada con el Decreto 383 de 2013, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO: DECLARAR la configuración y nulidad del acto administrativo ficto presunto negativo configurado el día 23 de enero de 2016, el cual ratificó la negativa al reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial y la reliquidación de las prestaciones sociales a la parte demandante.

CUARTO: ORDENAR, a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO

la negativa al reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial y la reliquidación de las prestaciones sociales a la parte demandante.

CUARTO: ORDENAR, a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, a título de restablecimiento del derecho, si aún no lo ha hecho, a reconocer a favor de la parte demandante INGRID JOHANNA MANTILLA GÓMEZ, MAYRA ALEJANDRA HERRERA ROMERO Y JUAN FERNANDO LAMUS CAMACHO, la bonificación judicial creada por el Decreto 383 de 2013 como

4Expediente digital de OneDrive, 17. SentenciaPrimeraInstancia.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Ingrid Johanna Mantilla Gómez y otros

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander factor salarial, desde la fecha de exigibilidad a la entidad, esto es el 01 de enero de 2013, en adelante, por el tiempo efectivamente laborado en la RAMA JUDICIAL, y hasta la terminación del vínculo laboral, reliquidando todas las prestaciones sociales devengadas por él.

QUINTO: CONDENAR, a la NAC IÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL

DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, a pagar las

QUINTO: CONDENAR, a la NAC IÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, a pagar las diferencias resultantes entre las prestaciones sociales devengadas y las que resulten de la reliquidación ordenada.

SÉXTO: DECLARAR NO probada la excepción de prescripción, de conformidad con lo establecido en la parte considerativa de esta providencia.

SÉPTIMO: Las sumas reconocidas deberán ser debidamente actualizadas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

OCTAVO: La NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, dará cumplimiento a la sentencia de conformidad con los arts. 192 y 195 del CPACA.

NOVENO: CONDENAR en costas a la entidad demandada y a favor de la parte demandante, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones de esta sentencia.».

3.1 Indicó que el Decreto 0383 de 2013 vulneró los principios constitucionales de favorabilidad e irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en la legislación laboral, al tiempo que transgredió los objetivos y principios señalados en la Ley 4 de 1992, en la medida en que desconoció los efectos salariales de la bonificación judicial.

3.2 Consideró que la bonificación judicial fue otorgada de manera continua y mensual, lo que la convierte en una remuneración fija y directa, cumpliendo

bonificación judicial.

3.2 Consideró que la bonificación judicial fue otorgada de manera continua y mensual, lo que la convierte en una remuneración fija y directa, cumpliendo características de un salario, por lo que debe ser incluida en el cálculo de las demás prestaciones sociales.

3.3 Precisó que inaplicará la parte del primer inciso del artículo 1 del Decreto 0383 de 2013 que limita el reconocimiento de la bonificación judicial solo para efectos de cotización al sistema de salud y pensiones, en el entendido de que sus disposiciones contravienen la Constitución y la ley, al no reconocer la bonificación como factor salarial para calcular todas las prestaciones sociales y salariales.

3.4 Respecto de la prescripción trienal, señaló que los demandantes , presentaron la reclamación administrativa el 16 de julio de 2015, y los derechos reclamadosNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander datan del 1 de enero de 2013 , por tanto, no existe prescripción de derechos laborales.

3.5 Finalmente condenó en costas a la parte demandada.

D. Recurso de apelación

4. La Nación-Rama Judicial5 solicitó revocar la decisión de primera instancia

con sustento en los siguientes argumentos:

4.1 La parte demandante no impugnó oportunamente los Decretos 0383 y 0384 de

4. La Nación-Rama Judicial5 solicitó revocar la decisión de primera instancia

con sustento en los siguientes argumentos:

4.1 La parte demandante no impugnó oportunamente los Decretos 0383 y 0384 de 2013 cuando fueron expedidos, y por lo tanto no puede ahora pretender su inaplicabilidad. El plazo para demandar la nulidad de estos decretos ya caducó según el artículo 138 del CPACA, por lo que la demanda debería ser desestimada.

4.2 La acción de inaplicabilidad de los decretos salariales por inconstitucionalidad no es válida en este caso, ya que los decretos siguen vigentes hasta que sean declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional. Además, dentro de las pretensione s de la demanda no se solicitó la referida inaplicabilidad.

4.3 Refirió como excepciones «inexistencia del demandado », «ineptitud de la demanda», «falta de legitimación en la causa por pasiva», y «no comprender a todos los litisconsortes necesarios». Así mismo, recalca que el juez de primera instancia ignoró que solo el Gobierno nacional puede fijar salarios y prestaciones para los servidores de la Rama Judicial. Impuso una carga excesiva y exigió algo imposible a la entidad, sin considerar la normativa que regula el pago de remuneraciones. Además, el pago de emolumentos no contemplados en las proyecciones presupuestales de la Rama Judicial debe gestionarse ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

4.4 La bonificación judicial otorgada por el Gobierno Nacional fue el resultado de una negociación o acuerdo colectivo, mediante el cual se estableció que ciertos emolumentos no tendrían carácter salarial.

y Crédito Público.

4.4 La bonificación judicial otorgada por el Gobierno Nacional fue el resultado de una negociación o acuerdo colectivo, mediante el cual se estableció que ciertos emolumentos no tendrían carácter salarial.

5 Expediente digital de OneDrive, 24RecursoApelacionDemandado.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander 4.5 Solicitó que se revoque la decisión de primera instancia de condenar en costas, puesto que los argumentos expuestos carecen de un análisis objetivo valorativo de conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con el Código General del Proceso C.G.P.

E. Pronunciamiento en segunda instancia

5. El Ministerio Público6 sostuvo que debe confirmarse la sentencia de primera instancia, al considerar que la bonificación judicial establecida en el Decreto 0383 de 2013 constituye salario, al ser percibida de manera habitual y periódica por los demandantes, como contraprestació n directa por los servicios prestados a la demandada.

5.1 Así mismo, señaló que, aunque el artículo 1° del Decreto 0383 de 2013 no ha sido derogado, existe jurisprudencia del Consejo de Estado que ha condenado a la demandada al reconocimiento y pago de dicha bonificación como factor salarial.

sido derogado, existe jurisprudencia del Consejo de Estado que ha condenado a la demandada al reconocimiento y pago de dicha bonificación como factor salarial.

5.2 Igualmente, manifestó que no resultó procedente la decisión de condenar en costas a la parte demandada.

5.3 Sin pronunciamiento de las partes demandante y demandada.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

F. Asunto previo

6. En aplicación del inciso segundo del artículo 328 del Código General del Proceso7, la Sala se pronunciará únicamente sobre los motivos de inconformidad expresados en la apelación de la demandada .

6.1 Ahora bien, se observa que en la contestación de la demanda la parte demandada no propuso las excepciones de «inexistencia del demandado », la «ineptitud de la demanda» y «no comprender a todos los litisconsortes necesarios». Estas fueron introducidas por primera vez en el recurso de apelación, y contraviene

6Expediente digital de OneDrive, 025ConceptoMinisterioPublico.pdf 7 « (...)...Cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso. (...)»Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander los principios de lealtad procesal y preclusión 8. En esa medida la Sala no emitirá pronunciamiento alguno sobre este aspecto.

Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander los principios de lealtad procesal y preclusión 8. En esa medida la Sala no emitirá pronunciamiento alguno sobre este aspecto.

6.2 Respecto de la excepción de caducidad se resolverá en esta oportunidad, al no haberse resuelto en la sentencia y sin pronunciamiento previo del juzgado de primera instancia que permita aplicar el principio de preclusividad. En ese orden, se precisa que los actos acusados, al negar prestaciones periódicas, pueden ser demandados en cualquier tiempo, conforme lo señala el Art. 164, numeral 1, literal c) de la Ley 1437 de 2011. Por lo tanto, la acción para reclamar la reliquidación de prestaciones laborales de tracto sucesivo no caduca, sino que, en su lugar, opera la prescripción de las mesadas o sumas individuales adeudadas, que se activa desde la fecha de la reclamación administrativa y solo respecto de aquellas prestaciones que estén sometidas al fenómeno prescriptivo.

G. Problemas jurídicos y tesis

7. Con el fin de establecer si procede confirmar o, por el contrario, revocar la sentencia de primera instancia, se resolverán los siguientes interrogantes que surgen de los argumentos de impugnación de la parte demandada:

7.1 P.J.1: Competencia para modificar el régimen salarial y prestacional. ¿La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial tiene competencia para modificar el régimen salarial y prestacional establecido por el Gobierno nacional en los Decretos 0383 y 0384 de 2013?

7.2 Tesis: No, si bien la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no tiene

modificar el régimen salarial y prestacional establecido por el Gobierno nacional en los Decretos 0383 y 0384 de 2013?

7.2 Tesis: No, si bien la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no tiene competencia para modificar el régimen salarial y prestacional fijado por el Gobierno nacional, sí tiene la facultad de interpretar y aplicar las normas en materia salarial dentro de los límites establecidos. Además, la inaplicación del artículo 1 del Decreto 0383 de 2013 no implica una modificación del régimen salarial, sino la correcta aplicación del principio «in dubio pro operario» en favor de los servidores judiciales, garantizando sus derechos constitucionales .

8 Ver: Sección Quinta, Consejo de Estado., sentencia del 31 de mayo de 2018. Radicación número: 05001 -2331-000-2011-01664-02, consejera ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. «[L]os fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan las considerac iones exceptivas propuestas por quien funge en el proceso como parte demandada, deben plasmarse en el memorial contestatorio(…). De allí que la apelación no se presente como la oportunidad procesal pertinente para elevar cuestionamientos que, en principio, no fueron propuestos en la contestación de la demanda. »Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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7.3 P.J.2: De la excepción de inconstitucionalidad. ¿En el caso concreto procede inaplicar los decretos salariales por considerarlos inconstitucionales, a pesar de que se encuentran vigentes , no han sido declarados inexequibles por la Corte Constitucional y no se solicitó de forma explícita en las pretensiones de la demanda?

7.4 Tesis: Sí, resulta procedente inaplicar el artículo 1 del Decreto 0383 de 2013 por inconstitucionalidad, por desatender principios de rango constitucional como la progresividad, la primacía de la realidad sobre las formas y los límites protectores señalados por el Constituyente en el artículo 53 de la Carta Política. Así mismo, l a jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional ha reconocido que el concepto de salario no depende de la denominación que le dé el empleador, sino de su naturaleza y periodicidad, lo que confirma que la bonificación judicial debe ser considerada factor salarial. Por lo tanto, su exclusión como factor salarial resulta contraria a la Constitución, a la Ley 4a de 1992, a los principios mínimos del derecho laboral y a los Tratados Internacionales.

7.5 PJ.3: Costas. ¿ Resulta procedente condenar en costas a la parte demandada?

7.6 Tesis: No, dando aplicación al criterio subjetivo, al no acreditarse temeridad o

7.5 PJ.3: Costas. ¿ Resulta procedente condenar en costas a la parte demandada?

7.6 Tesis: No, dando aplicación al criterio subjetivo, al no acreditarse temeridad o mala fe por parte de la entidad demandada, toda vez que su conducta procesal se enmarcó en el legítimo ejercicio del derecho de defensa y contradicción, sin incurrir en maniobras dilatorias o en actuaciones manifiestamente infundadas.

F. Metodología de la decisión

8. Para resolver los problemas jurídicos, la Sala estudiará los siguientes temas: i) La bonificación judicial creada mediante el Decreto 0383 de 2013; ii) Igualdad en la liquidación y pago de la bonificación; iii) Naturaleza salarial de la bonificación judicial; iv) La excepción de inconstitucio nalidad; y v) Costas en el proceso contencioso administrativo .

8.1 Por último, se analizará el caso concreto: hechos relevantes probados y su análisis crítico.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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1. Bonificación judicial creada mediante el Decreto 0383 de 2013

8.2 La Ley 4 de 1992 establece el marco normativo para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, incluyendo los de la Rama

1. Bonificación judicial creada mediante el Decreto 0383 de 2013

8.2 La Ley 4 de 1992 establece el marco normativo para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, incluyendo los de la Rama Judicial, en cumplimiento del mandato constitucional del artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política de 1991.

8.3 Por su parte, el Gobierno nacional, en desarrollo de las preceptivas y orden de nivelación salarial de la Ley 4ª de 1992, expidió el Decreto 0383 de 6 de marzo de 2013, el cual creó la bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar.

8.4 De acuerdo con el artículo 1°. del Decreto 0383 de 2013, dicho emolumento se reconoce mensual y únicamente constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y Salud, y se le excluyó como factor para liquidar otros emolumentos 9.

8.5 Uno de los objetivos centrales de la Ley 4 de 1992 fue abordar la falta de proporcionalidad en la estructura salarial del sector judicial, que se caracterizaba por marcadas disparidades entre los diferentes niveles jerárquicos. Específicamente, los artículos 14 y 15 de esta ley buscaron implementar una nivelación salarial más equitativa y comprensiva.

8.6 Así, en el artículo 14, parágrafo, se señaló: “Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la rama judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad”.

sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la rama judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad”. ii) Igualdad en la liquidación y pago de la bonificación

8.7 Es imperativ o garantizar un trato igualitario en la liquidación y pago de la bonificación judicial. Por tanto, se determina que:

a. Para los funcionarios y empleados no acogidos al régimen de los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y normas complementarias, el

9 Decreto 0383 de 2013: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=64648Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander tope de la bonificación judicial será equivalente al 100% del salario mensual devengado por sus homólogos acogidos a dicho régimen. b. La bonificación debe liquidarse y pagarse mensualmente para todos los servidores, independientemente de su régimen, asegurando así su carácter de factor salarial al ser una remuneración periódica y permanente.

1. Naturaleza salarial de la bonificación judicial

8.8 Se enfatiza que la bonificación judicial, al ser pagada de forma periódica y permanente, constit uye factor salarial para todos los efectos legales. Esta interpretación se alinea con el propósito del Constituyente y del Legislador de

8.8 Se enfatiza que la bonificación judicial, al ser pagada de forma periódica y permanente, constit uye factor salarial para todos los efectos legales. Esta interpretación se alinea con el propósito del Constituyente y del Legislador de «nivelar o reclasificar con sentido de equidad el sistema de remuneración de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial».

1. Excepción de inconstitucionalidad

8.9 La excepción de inconstitucionalidad o el control de constitucionalidad por vía de excepción deviene del imperio y fuerza vinculante de la Constitución Política, cuya vigencia y aplicación real en el ordenamiento están señalados en su artículo

4. Esta institución jurídica consiste en la inaplicación de una norma en un caso concreto ante la evidencia del desconocimiento de otra de raigambre constitucional en un contexto en particular, y por ello sus efe ctos se circunscriben únicamente al preciso asunto que se somete a conocimiento del funcionario competente.

8.10 La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han señalado que corresponde al juez oficiosamente inaplicar actos administrativos lesivos al ordenamiento superior en virtud de la denominada excepció