TA SAN - Sentencia 680013333001-2016-00199-01 (22-05-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrado Ponente: Iván Fernando Prada Macías

Bucaramanga, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado 680013333001-2016-00199-01 Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante María Deisy Salcedo Vergel Zebelinda Torres Ortega María Eugenia Silva Rodríguez Luz Mariela Rodríguez Uribe Paola Duarte García castrortizabogadas@gmail.com juridicaespecializada@outlook.com Demandado Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración judicial dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co Ministerio Público Procuraduría 159 Judicial II para Asuntos Administrativos nmgonzalez@procuraduria.gov.co Tema Bonificación judicial Decreto 383 de 2013 / Confirma sentencia

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia de primera instancia proferida el veintiocho (28) de julio de dos mil veintitrés (2023) por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga.

I. LA DEMANDA1

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., María Deisy Salcedo Vergel, Zebelinda Torres Ortega, María Eugenia Silva Rodríguez, Luz Mariela Rodríguez Uribe, Paola Duarte García interpusieron demanda contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de que se acceda a las siguientes:

1. Pretensiones.

Rodríguez Uribe, Paola Duarte García interpusieron demanda contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de que se acceda a las siguientes:

1. Pretensiones.

• Que se declare la nulidad de la Resolución Nro. 826 de 03 de febrero de 2016 proferida por el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga y el acto administrativo ficto negativo configurado por el silencio guardado frente al recurso de apelación interpuesto contra el primer acto demandado el 11 de febrero de 2016.

1 Expediente Digital Primera instancia, One Drive, archivo “ 002Demanda.PDF”Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Radicado: 680013333001 -2016-00199 -01

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• Reliquidar las prestaciones sociales devengadas anualmente por los servidores judiciales demandantes, tomando como factor salarial, la bonificación judicial con los Decretos 383 y 384 de 2013 del Departamento Administrativo de la Función Pública, “Por el cual se crea una bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y l Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones, y, “Por el cual se crea una bonificación judicial para los servidores públicos de la Dirección Ejecu tiva de Administración Judicial y de las Direcciones Seccionales de la Rama Judicial y se dictan otras disposiciones.”

• Que, en adelante, se reconozca esta bonificación judicial como factor salarial para todos los efectos legales y no sólo para los descuentos destinados a la base de cotización del Sistema General de Pensiones y Sistema General de Seguridad Social en salud, como actualmente se hace.

• Que, en adelante, se reconozca esta bonificación judicial como factor salarial para todos los efectos legales y no sólo para los descuentos destinados a la base de cotización del Sistema General de Pensiones y Sistema General de Seguridad Social en salud, como actualmente se hace.

• Condenar en costas a la parte demandada.

2. Hechos.

Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante aduce los siguientes hechos relevantes:

• Los demandantes se han desempeñado como servidoras judiciales, siendo beneficiari as de la bonificación judicial creada mediante Decreto 383 de

2013.

• Mediante petición radicada el 02 de febrero de 2016, solicitaron a la entidad demandada la reliquidación de todas las prestaciones sociales con inclusión de la bonificación judicial como factor salarial.

• La entidad demanda, mediante la Resolución Nro. 826 de 3 de febrero de 2016, negó la solicitud, frente a la cual se formuló recurso de apelación, el cual no fue resuelto configurándose el acto administrativo ficto o presunto negativo.

3. Normas violadas y concepto de violación.

Se invocan como disposiciones violadas las siguientes: De orden Constitucional: artículos 2, 4, 13, 25, 29, 53, 150 numeral 19 literal e) y 215 inciso 9°. De orden Legal: Ley 4 de 1992 artículos 2 y 10; Ley 270 de 1996 artículo 152.7; Ley 482 de 1998; Código Sustantivo del Trabajo artículos 4 y 127; Decreto 1042 de 1978 artículo 42; Decreto 1045 de 1978 artículo 5; Leyes

artículo 152.7; Ley 482 de 1998; Código Sustantivo del Trabajo artículos 4 y 127; Decreto 1042 de 1978 artículo 42; Decreto 1045 de 1978 artículo 5; Leyes 244 de 1995 y 344 de 1996 y Ley 50 de 1990 artículo 99.

Expresó que en concordancia con las normas y principios laborales referenciados, la bonificación judicial creada mediante el Decreto 383 de 2013 se paga de manera habitual, como consecuencia y contraprestación de la laborTribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Radicado: 680013333001 -2016-00199 -01

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desempeñada periódicamente, por lo que constituye salario y debe tener las mismas consecuencias jurídicas de éste, no sólo para los descuentos de seguridad social, sino también para la inclusión de la base de liquidación de las prestaciones sociales deveng adas por el servidor judicial.

En ese orden, resulta procedente inaplicar la expresión “constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud ”, contenida en la norma de creación y proceder a reliquidar y pagar todas y cada una de las prestaciones sociales con ocasión a la bonificación judicial.

II. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA2

La entidad accionada, se opone a las pretensiones de la demanda, manifestando que ha liquidado y pagado la asignación salarial y prestacional de sus servidores, con estricta sujeción a lo previsto en los Decretos expedidos por el Gobierno Nacional para cad a vigencia fiscal, pues dichos decretos,

manifestando que ha liquidado y pagado la asignación salarial y prestacional de sus servidores, con estricta sujeción a lo previsto en los Decretos expedidos por el Gobierno Nacional para cad a vigencia fiscal, pues dichos decretos, estipulan que ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido en tales normas, en concordancia con la Ley 4 de 1992 en su artículo 10º. Señala que, es cierto la entidad op era como ejecutora de los recursos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación para efectos del pago de salarios y prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de esta circunscripción territorial, también lo es, que, para cumplir dicha fu nción, la Dirección Ejecutiva se encuentra atada a los Decretos salariales que anualmente expide el Gobierno Nacional. Finalmente, plantea como excepciones las siguientes: i) falta de legitimación en la causa por pasiva, ii) la demanda no comprender a todos los litisconsortes necesarios y caducidad.

III. LA SENTENCIA APELADA 3

El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga , mediante sentencia de veintiocho (28) de julio de dos mil veintitrés (2023) resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN TRIENAL , frente a las sumas adeudadas, causadas con anterioridad al 2 de febrero de 2013.

SEGUNDO: INAPLÍQUESE por inconstitucionalidad la expresión normativa “… y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud” contenido en el artículo 1° del Decreto No.

normativa “… y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud” contenido en el artículo 1° del Decreto No. 383 de 2013, y reproducida en los Decretos No. 1269 de 2015, 246 de

2 Expediente digital primera instancia One Drive archivo “003Expediente” Pág. 28 - 45 3 Expediente digital primera instancia archivo “ 007_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA.docx”Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Radicado: 680013333001 -2016-00199 -01

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2016,1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021 y 471 de 2022 por las razones expuestas.

TERCERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución 00826 del 3 de febrero de 2016 proferida por la Dirección Ejecutiva Seccional de

Administración Judicial de Bucaramanga.

CUARTO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo ficto negativo configurado por el silencio guardado por el ente demandado frente al recurso de apelación interpuesto el 11 de febrero de 2016.

QUINTO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNESE a la

NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reliquidar y pagar a favor de MARIA DEISY SALCEDO

VERGEL, ZEBELINDA TORRES ORTEGA, MARIA EUGENIA SILVA

RODRÍGUEZ, LUZ MARIELA RODRÍGUEZ URIBE y PAOLA

JUDICIAL a reliquidar y pagar a favor de MARIA DEISY SALCEDO VERGEL, ZEBELINDA TORRES ORTEGA, MARIA EUGENIA SILVA RODRÍGUEZ, LUZ MARIELA RODRÍGUEZ URIBE y PAOLA DUARTE GARCÍA , todas las prestaciones sociales y factores salariales reconocidos, pagados y causados desde el 2 de febrero de 2013, incluyendo en la base de liquidación como factor salarial, la bonificación judicial creada mediante Decreto 383 de 2013, hasta que dure su vinculación laboral y continúe percibiendo dicho emolumento. Igualmente deberán revisarse los descuentos de ley y hacer los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social de salud y pensión, pagando las diferencias a que haya lugar, teniendo en cuenta el 100% del salario. La suma que resulte a favor de los demandantes debe ajustarse de conformidad con el artículo 192 del CPACA hasta la ejecutoria de la sentencia. La actualización ordenada se hará la aplicando la fórmula que ha sido desarrollada en la parte considerativa de esta sentencia.

SEXTO: NO CONDENAR en COSTAS ni en AGENCIAS EN

DERECHO.

SÉPTIMO: Désele cumplimiento a la presente providencia dentro de los términos establecidos para ello por el artículo 192 y 195 del

CPACA. (…)”

Como fundamento de la decisión indicó el quo que el límite advertido en la incidencia de la liquidación de las prestaciones percibidas por los empleados de la Rama Judicial, a pesar de tratarse la bonificación otorgada de una remuneración directa percibid a como contraprestación a sus servicios, constituye una restricción que va en contra de su calidad de reconocimiento

de la Rama Judicial, a pesar de tratarse la bonificación otorgada de una remuneración directa percibid a como contraprestación a sus servicios, constituye una restricción que va en contra de su calidad de reconocimiento económico de carácter habitual pagado con ocasión o causa de la labor encomendada, lo que constituye en sí mismo salario y tiene incidencia para reliquidar las demás prestaciones sociales.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Radicado: 680013333001 -2016-00199 -01

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Indicó que, siguiendo el precedente jurisprudencial emanado del máximo organismo de lo contencioso administrativo expuesto en precedencia, es posible concluir que la bonificación judicial, reviste un carácter salarial y tiene incidencia prestacional a part ir de su reconocimiento y de forma sucesiva a futuro haciendo parte de la asignación mensual, ostentando entonces el carácter permanente de la remuneración, y generando por tanto la obligación de reliquidar las prestaciones sociales y demás factores salari ales con base en la totalidad del salario devengado. De allí que en atención al precedente expuesto se determine que la misma es factor salarial y en este sentido la expresión “no constituye factor salarial”, deberá ser inaplicada por desconocer el concepto de salario en los términos señalados. Concluyó que al desconocer la entidad demandada la naturaleza salarial de la bonificación judicial creada mediante Decreto 383 de 2013 por aplicación restrictiva y desfavorable de la norma, al y omitir su reconocimiento factor salarial para liquidar todas las prestaciones sociales y los otros factores salariales percibidos por la parte demandante, vulneró derechos laborales

restrictiva y desfavorable de la norma, al y omitir su reconocimiento factor salarial para liquidar todas las prestaciones sociales y los otros factores salariales percibidos por la parte demandante, vulneró derechos laborales constitucionales y desconoció el literal a) del numeral 2 de la Ley 4ª de 1992. Como consecuencia de la inaplicación por inconstitucional de la parte final del artículo 1° del Decreto 383 de 2013 que señala “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud” , reproducida en los Decretos 1269 de 2015, 246 de 2016,1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021 y 471 de 2022, declaró la nulidad de los actos administrativos acusados y se ordenó reconocer la bonificación jud icial como factor salarial para liquidar todas las prestaciones sociales y demás factores salariales devengados por la parte demandante. En lo referente a la prescripción de los derechos laborales expresó que, la reclamación administrativa fue presentada ante la entidad el 2 de febrero de 2016, por tanto, las sumas causadas con anterioridad al 2 de febrero de 2013 se encuentran prescritas.

IV. LOS RECURSOS DE APELACIÓN

La parte demandada Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 4, formuló recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, insistiendo en la prosperidad de las excepciones de inexistencia del demandado, ineptitud de la demanda, falta de legitimación en la causa pasiva, cobro de lo no debido y caducidad del medio

sentencia de primera instancia, insistiendo en la prosperidad de las excepciones de inexistencia del demandado, ineptitud de la demanda, falta de legitimación en la causa pasiva, cobro de lo no debido y caducidad del medio de control.

Como sustento del recurso señaló que en atención a lo pretendido en la demanda en el sentido de modificar la escala de salarios prevista en el Presupuesto General de la Nación, debe ser el Gobierno Nacional, el

4 Expediente digital SAMAI primera instancia, archivo “010_RECEPCIONMEMORIALENOSJA_APELACION201600199.pdf”Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Radicado: 680013333001 -2016-00199 -01

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Ministerio de Hacienda y el Departamento Administrativo de la Función Pública los llamados a responder por estas pretensiones, aunado al hecho de que la rama judicial no cuenta con facultad de modificar o adicionar la partida presupuestal asignada y, por tanto, se configuran la falta de legitimación en la causa por pasiva de su parte y la ineptitud de la demanda.

Expresó que en caso de considerarse la prosperidad de las pretensiones de la demanda, deberá tenerse en cuenta que aquellos decretos salariales vigentes que datan desde el año 2013, no fueron atacados por la parte demandante en su momento, razón por la cual, al ser evidente que la parte actora perseguirse un restablecimiento automático de su derecho con la mal utilizada expresión “inaplicabilidad” que disfraza en el fondo una pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho, respecto de lo pretendido de sde el 2013 ya ha operado la caducidad para aquellas pretensiones de inaplicabilidad (nulidad

“inaplicabilidad” que disfraza en el fondo una pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho, respecto de lo pretendido de sde el 2013 ya ha operado la caducidad para aquellas pretensiones de inaplicabilidad (nulidad disfrazada) que pudiere pretender respecto de dichos decretos.

Consideró que el Gobierno Nacional no desconoce o lesiona los derechos reclamados, pues los derechos adquiridos son intangibles, y para el caso en estudio, la Bonificación Judicial creada en los Decretos 383 y 384 de 2013, fue el producto de una reclamación salarial a t ravés del paro judicial, que hasta ese momento, era una mera expectativa o esperanza de obtener un derecho, susceptible de ser modificada discrecionalmente por el Gobierno Nacional y que a la postre, se configuró con la expedición de la norma precitada.

Adujo que no se avizora vicio de constitucionalidad alguno en la disposición que regula la Bonificación Judicial, toda vez que, variada y reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional ha admitido que resulta ajustado a la Constitución el que el Gobierno Nacional establezca que ciertos emolumentos salariales no tengan carácter salarial, pues ello es válido dentro de su libertad de configuración, máxime porque las condiciones en que fue creada tal Bonificación surgieron a partir de un acuerdo colectivo que el Gobierno hizo con las organizaciones sindicales de la Rama Judicial.

Manifestó que no están incluidos en el presupuesto de la Rama Judicial los dineros que se requerirían para el pago de lo pretendido por la parte actora, lo cual obedece a que el rubro de gastos de personal está planeado y calculado, teniendo en cuenta las regulaciones vigentes que regulan los salarios,

dineros que se requerirían para el pago de lo pretendido por la parte actora, lo cual obedece a que el rubro de gastos de personal está planeado y calculado, teniendo en cuenta las regulaciones vigentes que regulan los salarios, prestaciones y acreencias laborales de los empleados de la Rama Judicial, por lo que de ninguna manera pueden incluirse allí mayores costos para reconocer lo pretendido por la parte actora, en tanto, no resulta acorde con las previsiones de los Decretos 383 y 384 de 2013, que establecieron el carácter salarial de la Bonificación Judicial únicamente para efectos de aportes de Seguridad Social en pensiones y salud. Aunado a ello, se generaría una alteración al Presupuesto General de la Nación.

Indicó que si bien es cierto, la entidad opera como ejecutora de los recursos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación para efectos del pago de salarios y prestaciones sociales de los funcionarios y empleados, tambiénTribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Radicado: 680013333001 -2016-00199 -01

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lo es que para cumplir esa función, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial se encuentra atada a los Decretos salariales que anualmente expide el Gobierno Nacional para liquidar el pago de estos servidores, en cumplimiento de lo estable cido en cumplimiento de lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política, en la Ley 4ª del 18 de mayo de 1992, en los Decretos 383 y 384 de 2013, en concordancia con lo previsto en los artículos 71 y 85 del Estat uto

Política, en la Ley 4ª del 18 de mayo de 1992, en los Decretos 383 y 384 de 2013, en concordancia con lo previsto en los artículos 71 y 85 del Estat uto Orgánico del Presupuesto y el artículo 103 de la Ley 270 de 1996.

Conforme los anteriores argumentos, solicitó revocar la sentencia de primer grado y en caso de confirmarse se mantenga la decisión adoptada respecto de la prescripción de los derechos adoptada.

La parte demandante 5 presentó recurso de apelación solicitando revocar el numeral Primero de la sentencia de primer grado que declaró probada la prescripción de los derechos labores causados con anterioridad a 2 de febrero de 2013 y en su lugar acceder a la totalidad de las pretensiones. Como sustento del disenso, argumentó que la prescripción sólo deberá contarse y operará a partir del momento en que exista certeza del derecho que se pretende reclamar, es decir, desde la ejecutoria de la sentencia favorable de reconocimiento del factor salarial de la bonificación judicial, pues a partir de ese momento habrá seguridad de que la bonificación judicial es salario y que, en consecuencia, las prestaciones sociales se han cancelado erróne amente desde enero 1 de 2013, debiendo ser reliquidadas y, a futuro, deberá tenerse en cuenta para el pago de las mismas.

V. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Mediante auto de 04 de marzo de 2025 el Despacho ponente dictó auto de Obedézcase y cúmplase lo resuelto por el H. Consejo de estado mediante proveído del 19 de septiembre de 2024 por medio del cual declaró fundado el impedimento para conocer del presente asunto, manifestado por los

Obedézcase y cúmplase lo resuelto por el H. Consejo de estado mediante proveído del 19 de septiembre de 2024 por medio del cual declaró fundado el impedimento para conocer del presente asunto, manifestado por los Magistrados de esta Corporación. En el mismo auto de marzo de 2025, se admitieron los recursos de apelación interpuesto s por las partes6. advirtiendo a los sujetos procesales que hasta su ejecutoria podrían pronunciarse en relación con los recursos admitidos.

En esta etapa las partes demandante y demandada guardaron silencio y el Ministerio Público no presentó concepto de fondo.

5 Expediente digital SAMAI primera instancia, archivo “013_RECEPCIONMEMORIALENOSJA_APELACIONCONTRASEN.pdf ” 6 Con la salvedad que, en decisiones previas, el Magistrado ponente manifestó impedimento para conocer de asuntos en los que se pretende el reconocimiento de la bonificación judicial dispuesta en el decreto 383 de 2013 como factor salarial, el cual fue decla rado infundado por los integrantes de la Sala.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Radicado: 680013333001 -2016-00199 -01

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VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA.

1. Aspecto procesal previo

Encontrándose el presente proceso para efectuar pronunciamiento de fondo, la H. Magistrada Claudia Ximena Ardila Pérez, integrante de la Sala de decisión, manifiesta impedimento para conocer el fondo del asunto por la causal prevista en el numeral 1° del artículo 141 del C.G.P., aplicable por remisión expresa del artículo 130 de la Ley 1437 de 2011, por existir un interés

decisión, manifiesta impedimento para conocer el fondo del asunto por la causal prevista en el numeral 1° del artículo 141 del C.G.P., aplicable por remisión expresa del artículo 130 de la Ley 1437 de 2011, por existir un interés indirecto en las resultas del proceso, en atención a que radicó demandada de nulidad y restablecimiento del derecho bajo el número 680013333 -004-201800412-00, en la que pretende el reconocimiento de la bonificación judicial y la prima especial como factor salarial.

Así, atendiendo a las manifestaciones efectuadas por la H. Magistrada, considera la Sala que para el caso bajo estudio se configura la causal de impedimento aludida atendiendo a que, tiene una expectativa similar a la de la parte demandante pues su proceso se encuentra en trámite y la reclamación del derecho no ha sido definida por el juez de conocimiento; razón por la cual la Sala estima procedent es los motivos invocados por la doctora Claudia Ximena Ardila Pérez y en ese sentido, se aceptará el impedimento manifestado, al configurarse la causal prevista en el numeral primero del artículo 141 del CGP; resolviéndose, tal y como quedará consignado en la parte resolutiva, apartar a la H. Magistrada Ardila Pérez del conocimiento del presente medio de control, en aras de preservar la imparcialidad en la función judicial.

2. Competencia.

Corresponde a esta Corporación resolver los recursos interpuestos, dada la naturaleza de la providencia apelada, de conformidad con lo establecido en los artículos 243 y 247 de la Ley 1437 de 2011.

3. Problema Jurídico.

De acuerdo con los argumentos planteados en el fallo de primera instancia y

naturaleza de la providencia apelada, de conformidad con lo establecido en los artículos 243 y 247 de la Ley 1437 de 2011.

3. Problema Jurídico.

De acuerdo con los argumentos planteados en el fallo de primera instancia y en los escritos de apelación, le corresponde a la Sala establecer si :

PJ1. ¿Resulta procedente inaplicar por inconstitucionalidad, las expresiones “únicamente” y “para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud” , contenidas en el artículo 1° del Decreto 383 de 2013 y en aquellos que ajustaron año a año los valores a reconocer por la bonificación judicial creada para los servidores públicos de la rama judicial y de la Justicia Penal Militar??

En caso afirmativo, se debe determinar, si la bonificación judicial creada mediante el Decreto 383 de 2013, constituye factor salarial para reliquidarTribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Radicado: 680013333001 -2016-00199 -01

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todas las prestaciones sociales de la s demandantes y, por tanto, hay lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos demandados.

PJ2. ¿La prescripción trienal de los derechos laborales debe contabilizarse a partir de la ejecutoria de la sentencia favorable frente a la solicitud de reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial?

4. Control de constitucionalidad del Decreto 38 3 de 2013. De la naturaleza jurídica de la bonificación judicial.

La Constitución de 1991 dejó en manos del legislador la competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los funcionarios públicos,

naturaleza jurídica de la bonificación judicial.

La Constitución de 1991 dejó en manos del legislador la competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los funcionarios públicos, correspondiéndole al Ejecutivo, en ejercicio de la potestad reglamentaria prevista en el numeral 11 del artículo 189 de la Carta Fundamental, desarrollar los parámetros fijados en Leyes Marco, como es el caso de la Ley 4ª de 19927, que señala los lineamientos generales que debe seguir el Ejecutivo Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos.

Ahora bien, conviene destacar, que la Ley 4ª de 1992, entre los objetivos centrales para el sector judicial, se dirige a lograr una nivelación adecuada y más comprensiva de los salarios, es así que en sus artículos 14 y 15, como lo ha considerado el Consej o de Estado 8, da “cuenta de la falta de proporcionalidad salarial en la pirámide salarial ya que los sueldos de los magistrados de las Cortes de cierre estaban muy distantes del segundo nivel salarial conformado por los magistrados de Tribunal y magistrados auxiliares de A ltas Cortes) y, con mayor razón, con un extendido tercer nivel salarial conformado por el resto de jueces unipersonales que atienden el grueso de la demanda judicial del país. Por ello, y con el fin de extender el beneficio salarial a todos los funcionario s y empleados de la Rama Judicial, se incluyó un parágrafo en el artículo 14 de la referida Ley 4ª, del siguiente tenor literal: “PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la rama judicial sobre la base

parágrafo en el artículo 14 de la referida Ley 4ª, del siguiente tenor literal: “PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la rama judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad”.

En todo caso, debe señalar la Sala, que en la expedición de normas de carácter salarial, se debe ser consecuente con el principio de progresividad, constitucionalmente plasmado en el artículo 53 de la Carta Política9, y la noción

7 “ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (…)

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno

para los siguientes efectos: (…) e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública...” 8 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA. Bogotá, D. C, seis (6) de abril de dos mil veintidós (2022). Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Radicación: 76001233300020180041401 (0470-2020) 9 El artículo 53 Constitucional, eleva a rango superior una gama de principios (que componen el marco axiológico, ideológico y filosófico de las normas laborales y que permiten por tanto una correcta interpretación de las normas sustantivas), entre los que se cuentan el de una remuneración vital y móvil; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos

ideológico y filosófico de las normas laborales y que permiten por tanto una correcta interpretación de las normas sustantivas), entre los que se cuentan el de una remuneración vital y móvil; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; así mismo, en losTribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Radicado: 680013333001 -2016-00199 -01

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de salario vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, atendiendo la mínima y básica realidad salarial, so pena de violar los criterios y valores establecidos en la Ley 4ª de 1992, en tanto que, como se indicó, lo pretendido tanto por el Constituyente como por el Legislador fue “nivelar o reclasificar con sentido de equidad el sistema de remuneración de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial” .

De esta manera, el Gobierno Nacional, en desarrollo de las preceptivas y orden de nivelación salarial dispuesto en la Ley 4ª de 1992, expidió el Decreto 383 de 6 de marzo de 2013, el cual creó una bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen s