TA SAN - Sentencia 680013333001-2018-00170-02 (17-07-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

RADICADO: 680013333001-2018-00170-02

LINK DEL EXPEDIENTE: https://samai.azurewebsites.net/Vistas/Casos/list _procesos.aspx?guid=680013333001201800170

026800123

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLEC IMIENTO DEL

DERECHO

DEMANDANTE: RAQUEL OJEDA QUINTERO, JUAN EDGAR

CORREA RAMÍREZ, ERIKA PAOLA TOSCANO

SEPÚLVEDA, MARÍA DEL CARMEN

GUTIÉRREZ GAMARRA, SHERLLY JEISI

OLIVEROS DURÁN, BETHY SOFÍA PEÑALOZA

SANABRIA, LAURA CECILIA ÁLVAREZ

RÚGELES, DIANA MARCELA JAIMES

CORREDOR, LIDSAY ASTRID DI AZ

MALDONADO Y DANIEL FERNANDO NEIRA

ACUÑA fabian7borja@hotmail.com

APODERADO PARTE

DEMANDANTE:

FABIAN ALBERTO BORJA PINZÓN

DEMANDADO: NACIÓN – RAMA JUDICALCONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

DEMANDADO: NACIÓN – RAMA JUDICALCONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO JHON CARLOS GARCÍA PEREA

jcgarcia@procuraduria.gov.co ASUNTO: Sentencia de segunda instancia. Modifica TEMA: Bonificación judicial . La bonificación judicial debe ser reconocida como factor salarial para todos los efectos legales. Bonificación judicial en régimen de no acogidos. Acepta desistimiento del recursoNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Diana Marcela Jaimes Corredor y otros

Demandado: Nación – Rama Judicial Radicado No. 680013333001 -2018-00170-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander de apelación presentado por la parte demandante con relación a las cesantías.

SENTENCIA No. 091

MAGISTRADA PONENTE: CLAUDIA PATRICIA PEÑUELA ARCE

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y demandada contra la sentencia de primera instancia del veintiséis (26) de junio de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga.

La Sala es competente para resolver el recurso de conformidad con lo previsto en el artículo 153 del CPACA.

I. ANTECEDENTES

Circuito Judicial de Bucaramanga.

La Sala es competente para resolver el recurso de conformidad con lo previsto en el artículo 153 del CPACA.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante1

Solicita declarar la nulidad de la Resolución número DESAJ BUR 17-4907 del 6 de septiembre de 2017 expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, y del acto ficto o presunto por la no contestación del recurso de apelación presentado el 18 de septiembre de 2017, mediante la cual se negó la liquidación de todas las prestaciones sociales, incluyendo como factor salarial la Bonificación

Judicial :

En consecuencia, solicitó:

«PRIMERA: Se declare la nulidad de los actos administrativos DESAJBUR174907 del 06 de septiembre de 2017 de la dirección ejecutiva seccional de administración judicial de Bucaramanga, y del acto ficto o presunto negativo por la no contestación del recurso de apelación presentado ante esa entidad el 18 de septiembre de 2017, mediante los cuales se les negó el reconocimiento, reliquidación y pago de los valores que por concepto de prestaciones sociales, como primas, vacaciones, bonificaciones , cesantías y demás adeuda a mis poderdantes por la no inclusión de la bonificación judicial como factor salarial.

SEGUNDA: Se declare como factor salarial para cada uno de mis poderdantes la bonificación judicial desde el año 2013 en los periodos en que se desempeñaron como empleados de la rama judicial, hasta la fecha en que se produzca efectivamente el pago.

TERCERA: Como restablecimiento del derecho ordenar la liquidación y pago de

la bonificación judicial desde el año 2013 en los periodos en que se desempeñaron como empleados de la rama judicial, hasta la fecha en que se produzca efectivamente el pago.

TERCERA: Como restablecimiento del derecho ordenar la liquidación y pago de las prestaciones con la inclusión de la bonificación judicial del decreto 383 de

1 Expediente digital de SAMAI, 03Demanda2018 -00170 -01.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Diana Marcela Jaimes Corredor y otros

Demandado: Nación – Rama Judicial Radicado No. 680013333001 -2018-00170-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander 204como factor salarial de los valores dejados de percibir desde el año 2013 para cada uno de mis poderdantes de todas las prestaciones sociales legales, devengadas tales como primas, bonificaciones, vacaciones, viáticos, cesantías, intereses a las cesantías y cualquier otra prestación en los periodos en que se desempeñaron o desempeñen como empleados de la rama judicial (….)

CUARTA ordenar que en adelante se sigan liquidando y pagando a cada uno de mis poderdantes, todas sus prestaciones sociales y demás emolumentos y derechos laborales, con la Inclusión de la bonificación judicial en los periodos en que sean designados como empleados o jueces.

QUINTA: Que la demandada sea condenada ultra y extra patita por cuanto resulte probado en el proceso.

SEXTA: Que corno consecuencia de lo anterior, la demandada sea condenada a pagar a los demandantes los valores y sumas reclamados, ajustados e

resulte probado en el proceso.

SEXTA: Que corno consecuencia de lo anterior, la demandada sea condenada a pagar a los demandantes los valores y sumas reclamados, ajustados e indexados de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor. De igual manera ordenar que la demandada de cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 178 y 178 del C.C.A., es decir que en las condenas respectivas las sumas sean actualizadas e indexadas mes a mes y prestación por prestación y con intereses de mora , (…) por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la formula se aplicara separadamente , mes por mes , por cada mesada salarial y prestacional... teniendo en cuenta que el indicie inicial es el vigente al momento de la acusación de cada uno de ellos."

SEPTIMA: Que a la providencia de fallo favorable, se ordene a la entidad accionada adoptar todas las medidas necesarias para su cumplimiento.»

Las anteriores pretensiones se fundamentaron en las siguientes afirmaciones:

Los demandantes son servidores de la Rama Judi cial en calidad de emplead os judiciales y devenga n mensualmente la bonificación judicial creada con el Decreto No. 0383 de 2013.

El 1 de septiembre de 2017 , radic aron petición ante la entidad demandada, mediante la cual solicitaron la liquidación y pago de todas las prestaciones sociales con base en la bonificación judicial como factor salarial de los valores dejados de percibir desde el 1 de enero de 2013 y las que a futuro se generen.

En respuesta, la demandada emitió la resolución número DESAJ BUR 17-4907 del 6 de septiembre de 2017, en la que negó las pretensiones.

percibir desde el 1 de enero de 2013 y las que a futuro se generen.

En respuesta, la demandada emitió la resolución número DESAJ BUR 17-4907 del 6 de septiembre de 2017, en la que negó las pretensiones.

Inconformes con la decisión, interpusieron recurso de apelación el 18 de septiembre de 2017.

Como fundamento de derecho invocaron los artículos 1, 2, 5, 12, 13, 53, 150 y 209 de la Constitución Nacional, la Ley 4 de 1992, los artículos 14 y 127 del CódigoNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Diana Marcela Jaimes Corredor y otros

Demandado: Nación – Rama Judicial Radicado No. 680013333001 -2018-00170-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Sustantivo del Trabajo, el Decreto 0383 de 2013, el Decreto Ley 1042 de 1976, los Convenio s 095 y 100 de la OIT y demás normas concordantes.

B. Posición de la parte demandada

La Nación – Rama Judicial2 se opuso a la prosperidad de las pretensiones en los siguientes términos:

Adujo que los actos administrativos acusados tienen sustento en las disposiciones legales contenidas en el Decreto 0383 de 2013 , la Ley 4 a de 1992 y en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constituc ión Política; además, que el único con competencia para establecer el régimen prestacional y salarial de los

150, numeral 19, literales e) y f) de la Constituc ión Política; además, que el único con competencia para establecer el régimen prestacional y salarial de los empleados públicos de la Rama Judicial es el Gobierno nacional.

Señaló que, por expreso mandato legal, la Bonificación Judicial constituye factor salarial únicamente para efectos de constituir la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y que hace parte de la libertad de configuración del legislador establecer qué parte de la remuneración de los empleados públicos constituye o no factor salarial y para qué fines.

Así mismo, refirió que los decretos por medio de los cuales el Gobierno nacional reguló los salarios y prestaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial cumplieron con los estándares legales y constitucionales para su expedición y, en consecuencia, la responsabilidad sobre la inaplicabilidad de la norma salarial no puede ser asumida por la Rama Judicial.

Adicionalmente, propuso la excepción de ineptitud de la demanda, inexistencia del demandado, cobro de lo no debido, falta de legitimación en la causa por pasiva , la demanda no comprende a todos los litisconsortes necesarios, la prescripción trienal de los derechos reclamados y excepción de inconstitucionalidad .

C. Sentencia de primera instancia3

2 Expedient e digital de OneDrive, 04Contestación2018 -00170-01.pdf 3Expediente digital de OneDrive, 21SentenciaPr_11SENTENCIABONIFICAC.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Diana Marcela Jaimes Corredor y otros

Demandado: Nación – Rama Judicial

3Expediente digital de OneDrive, 21SentenciaPr_11SENTENCIABONIFICAC.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Demandado: Nación – Rama Judicial Radicado No. 680013333001 -2018-00170-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander El juzgado de primera instancia, mediante sentencia de l 26 de junio de 2024 , resolvió: «PRIMERO: DECLARAR la prescripción de derechos laborales para

RAQUEL OJEDA QUINTERO, JUAN EDGAR CORREA RAMÍREZ, ERIKA

PAOLA TOSCANO SEPÚLVEDA, MARIA DEL CARMEN GUTIÉRREZ

GAMARRA, SHERLLY JEISI OLIVEROS DURÁN, BETHY SOFÍA

PEÑALOZA SANABRIA, LAURA CECILIA ALV AREZ RUGELES, LIDSAY ASTRID DIAZ MALDONADO y DANIEL FERNANDO NEIRA ACUÑA frente a las sumas causadas con anterioridad al 1 de septiembre de 2014, por las razones expuestas.

SEGUNDO: INAPLÍQUESE por inconstitucionalidad la expresión normativa “… y constit uirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud” contenido en el artículo 1° del Decreto No. 383 de 2013, y reproducida en los Decretos No. 1269 de 2015, 246 de 2016,1014 de 2017, 340 de 2018,

salud” contenido en el artículo 1° del Decreto No. 383 de 2013, y reproducida en los Decretos No. 1269 de 2015, 246 de 2016,1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 903 de 2023, 1581 de 2023 y 0299 de 2024 por las razones expuestas.

TERCERO: DECLARAR la nulidad de los siguientes actos administrativos: -Resolución DESAJ BUR 17-4907 del 6 de septiembre de 2017 proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. -Del acto administrativo ficto negativo configurado por el silencio guardado por el ente demandado frente a la interposición del recurso de apelación el 18 de septiembre de 2017.

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNESE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURADIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reliquidar y pagar a favor de los demandantes todas las prestaciones sociales y factores salariales reconocidos, pagados y causados desde el 1 de septiembre de

2014 para RAQUEL OJEDA QUINTERO, JUAN EDGAR CORREA

RAMÍREZ, ERIKA PAOLA TOSCANO SEPÚLVEDA, MARIA DEL CARMEN

GUTIÉRREZ GAMARRA, SHERLLY JEISI OLIVEROS DURÁN, BETHY

SOFÍA P EÑALOZA SANABRIA, LAURA CECILIA ALVAREZ RUGELES,

LIDSAY ASTRID DIAZ MALDONADO y DANIEL FERNANDO NEIRA

SOFÍA P EÑALOZA SANABRIA, LAURA CECILIA ALVAREZ RUGELES, LIDSAY ASTRID DIAZ MALDONADO y DANIEL FERNANDO NEIRA ACUÑA, y desde el 22 de marzo de 2017 para DIANA MARCELA JAIMES CORREDOR incluyendo en la base de liquidación como factor salarial, la bonificación judicial creada mediante Decreto 383 de 2013, hasta que dure su vinculación laboral y continúe percibiendo dicho emolumento. Igualmente deberán revisarse los descuentos de ley y hacer los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social de salud y pensión, pagando las diferencias a que haya lugar, teniendo en cuenta el 100% del salario.

La suma que resulte a favor de los demandantes debe ajustarse de conformidad con el artículo 192 del CPACA hasta la ejecutoria de la sentencia.

La actualización ordenada se hará la aplicando la fórmula que ha sido desarrollada en la parte considerativa de esta sentencia».

Indicó que el Decreto 0383 de 2013 vulneró los principios constitucionales de favorabilidad e irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en la legislación laboral, al tiempo que transgredió los objetivos y principios señalados enNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Diana Marcela Jaimes Corredor y otros

Demandado: Nación – Rama Judicial Radicado No. 680013333001 -2018-00170-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander la Ley 4 de 1992, en la medida en que desconoció los efectos salariales de la

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander la Ley 4 de 1992, en la medida en que desconoció los efectos salariales de la bonificación judicial.

Consideró que la bonificación judicial fue otor gada de manera continua y mensual, lo que la convierte en una remuneración fija y directa, cumpliendo características de un salario, por lo que debe ser incluida en el cálculo de las demás prestaciones sociales.

Precisó que inaplicará la parte del primer inciso del artículo 1 del Decreto 0383 de 2013 que limita el reconocimiento de la bonificación judicial solo para efectos de cotización al sistema de salud y pensiones, en el entendido de que sus disposiciones contravienen la Constitución y la ley, al no reconocer la bonificación como factor salarial para calcular todas las prestaciones sociales y salariales.

Respecto de la prescripción trienal, señaló que los demandantes Raquel Ojeda Quintero, Juan Edgar Correa Ramírez, Erika Paola Toscano Sepúlveda, Maria Del Carmen Gutiérrez Gamarra, Sherlly Jeisi Oliveros Durán, Bethy Sofía Peñaloza Sanabria, Laura Cecilia Alvarez Rugeles, Lidsay Astrid Diaz Maldonado y Daniel Fernando Neira Acuña , presentaron la reclamación administrativa el 1 de septiembre de 2017 , por tanto, las sumas causadas con anterioridad al 1 de septiembre de 2014 se encuentran prescritas.

Respecto de Diana Marcela Jaimes Corredor, indicó que la reclamación administrativa fue presentada el 1 de septiembre de 2017 y los derechos

septiembre de 2014 se encuentran prescritas.

Respecto de Diana Marcela Jaimes Corredor, indicó que la reclamación administrativa fue presentada el 1 de septiembre de 2017 y los derechos reclamados datan del 22 de marzo de 2017, por tanto, no existe prescripción de derechos laborales.

D. Recurso de apelación

La Nación-Rama Judicial4 solicitó revocar la decisión de primera instancia con sustento en los siguientes argumentos:

1. La parte demandante no impugnó oportunamente los Decretos 0383 y 0384 de 2013 cuando fueron expedidos, y por lo ta nto no puede ahora pretender su inaplicabilidad. El plazo para demandar la nulidad de estos decretos ya

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander caducó según el artículo 138 del CPACA, por lo que la demanda debería ser desestimada.

1. La acción de inaplicabilidad de los decretos salariales por inconstitucionalidad no es válida en este caso, ya que los decretos siguen vigentes hasta que sean declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional. Además, la demanda mezcla solicitudes de inaplicabilidad con peticiones de nulidad, lo que genera confusión.

vigentes hasta que sean declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional. Además, la demanda mezcla solicitudes de inaplicabilidad con peticiones de nulidad, lo que genera confusión.

1. Recalca nuevamente las excepciones propuestas al contestar la demanda de «inexistencia del demandado », «ineptitud de la demanda », «falta de legitimación en la causa por pasiva », y «no comprender a todos los litisconsortes necesarios ». Así mismo , recalca que el juez de primera instancia ignoró que solo el Gobierno nacional puede fijar salarios y prestaciones para los servidores de la Rama Judicial. Impuso una carga excesiva y exigió algo imposible a la entidad, sin considerar la normativa que regula el pago de remuneraciones. Además, el pago de emolumentos no contemplados en las proyecciones presupuestales de la Rama Judicial debe gestionarse ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. iii. La bonificación judicial otorgada por el Gobierno Nacional fue el resultado de una negociación o acuerdo colectivo, mediante el cual se estableció que ciertos emolumentos no tendrían carácter salarial.

1. En cuanto a la demandante Bethy Sofía Peñaloza Sanabria, según se consigna en la certificación laboral que obra en el expediente, ella no pertenece a la planta de empleados que se acogieron al Decreto 57 de 1993.

En consecuencia, no es procedente extenderle los efe ctos de las normas salariales diseñadas para dichos servidores, puesto que su situación resulta jurídicamente distinta.

La parte demandante cuestionó que el juez de primera instancia haya aplicado la prescripción trienal con base en la presentación del derecho de petición y, en

salariales diseñadas para dichos servidores, puesto que su situación resulta jurídicamente distinta.

La parte demandante cuestionó que el juez de primera instancia haya aplicado la prescripción trienal con base en la presentación del derecho de petición y, en consecuencia, haya negado la reliquidación de todas las prestaciones, incluidas las cesantías y sus intereses. Sostiene que dicha prescripción no resulta aplica ble tratándose de cesantías, de acuerdo con los criterios de unificación del Consejo de Estado vigentes al momento de la presentación de la demanda (sentencia del 25 deNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander agosto de 2016, CE-SUJ004 de 2016), pues se trata de cesantías anualizadas y no definit ivas, las cuales no prescriben y solo se tornan exigibles al momento de la terminación del contrato de trabajo, el cual permanece vigente. Por lo tanto, su reconocimiento debe ordenarse desde el año 2013.

Con fundamento en lo anterior, solicita se revoque parcialmente el numeral primero de la sentencia, solo en lo concerniente a reconocer la reliquidación como factor salarial de las cesantías e intereses desde el primero de enero del año 2013 y, en adelante por los períodos que se sigan generando.

E. Pronunciamiento en segunda instancia.

La parte demanda da5 indicó respecto de las cesantías anualizadas, que se debe

adelante por los períodos que se sigan generando.

E. Pronunciamiento en segunda instancia.

La parte demanda da5 indicó respecto de las cesantías anualizadas, que se debe aplicar la prescripción trienal, pues to que se tratan de sumas de dinero que se causan sucesivamente, tal inactividad de la parte demandante no debe generar consecuencias en contra de la Rama Judicial; por el contrario, debe sancionarse el hecho de haber permitido el transcurso del tiempo sin solic itar oportunamente el pago de la bonificación judicial como factor salarial ni presentar la demanda en un plazo razonable. Además, reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación .

Sin pronunciamiento de la parte demandante ni del ministerio público.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

F. Asunto previo

a) Desistimiento del recurso

Mediante auto del 19 de noviembre de 2024 6, el despacho admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y la parte demandada contra la sentencia

5 Expediente digital de OneDrive, 003PronunciamientoRecursoApeRama.pdf 6 Expediente Digital de SAMAI, https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/6800123/68001333300120180 01 7002/8CA545D3E337C5A16452E6574B2C79DE6AF2DA380D1D100E4A7F619153FC5D94/2Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Rama Judicial del Poder Publico

Sentencia de Segunda Instancia

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander de primera instancia del 26 de junio de 2024 7, a través de la cual el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga accedió a las pretensiones de la demanda.

No obstante, en memorial del 13 de junio de 2025 8, el apoderado de la parte demandante desiste del recurso de apelación con fundamento en lo dispuesto en el artículo 316 de la Ley 1564 de 2012.

Del escrito de desistimiento se remitió copia al correo electrónico de la parte demandada, como se muestra a continuación 9:

El desistimiento se encuentra regulado en el Capítulo II, Sección V del Código General del Proceso, y es una figura que permite a las partes solicitar la terminación anormal del proceso en aras de garantizar los principios de económica procesal y de acceso a una pronta administración de justicia.

Al respecto, el artículo 316 del mismo estatuto normativo, en lo relativo al desistimiento del recurso de apelación, precisa lo siguiente:

7 Expediente Digital de SAMAI, https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/6800133/6800133330 0120180017001/26E21D55DC2FEDF84EEED6BCD2ED8D5A50E965DD58FCB434FF56C3DDF7 0D0D30/2 8 Expediente Digital de SAMAI,

0120180017001/26E21D55DC2FEDF84EEED6BCD2ED8D5A50E965DD58FCB434FF56C3DDF7

0D0D30/2 8 Expediente Digital de SAMAI, https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPubli ca/6800123/6800133330012018001 7002/C68CF91C279AFD739E3D0EF508629595913F90430F41397CFA79319E8F9422AB/2 9 Expediente Digital de SAMAI, https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/6800123/6800133330012018001 7002/6B4C5C257D82F59C9C88C078395F5FD5FA10F07CDD64F01205348AE34DE5CE9F/2Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

«Las partes podrán desistir de los recursos interpuestos y de los incidentes, las excepciones y los demás actos procesales que hayan promovido. No podrán desistir de las pruebas practicadas.

El desistimiento de un recurso deja en firme la providencia materia del mismo, respecto de quien lo hace. Cuando se haga por fuera de audiencia, el escrito se presentará ante el secretario del juez de conocimiento si el expediente o las copias para dicho recurso no se han remitido al superior, o ante el secretario de este en el caso

respecto de quien lo hace. Cuando se haga por fuera de audiencia, el escrito se presentará ante el secretario del juez de conocimiento si el expediente o las copias para dicho recurso no se han remitido al superior, o ante el secretario de este en el caso contrario.

El auto que acepte un desisti miento condenará en costas a quien desistió, lo mismo que a perjuicios por el levantamiento de las medidas cautelares practicadas.

No obstante, el juez podrá abstenerse de condenar en costas y perjuicios en los siguientes casos:

1. Cuando las partes así lo convengan.

2. Cuando se trate del desistimiento de un recurso ante el juez que lo haya concedido.

3. Cuando se desista de los efectos de la sentencia favorable ejecutoriada y no estén vigentes medidas cautelares.

4. Cuando el demandado no se oponga al d esistimiento de las pretensiones que de forma condicionada presente el demandante respecto de no ser condenado en costas y perjuicios. De la solicitud del demandante se correrá traslado al demandado por tres (3) días y, en caso de oposición, el juez se abs tendrá de aceptar el desistimiento así solicitado. Si no hay oposición, el juez decretará el desistimiento sin condena en costas y expensas».

La Sala dispondrá ACEPTAR la solicitud de desistimiento, por cuanto en el presente asunto se acreditó que: i) fue presentado en la Secretaría de esta Corporación, encontrándose el expediente pendiente para decidir la apelación de la sentencia; ii) la parte actora, por medio de su apoderado judicial con facultad expresa para desistir, formula el desistimien to correspondiente a este pronunciamiento10; y iii) se

encontrándose el expediente pendiente para decidir la apelación de la sentencia; ii) la parte actora, por medio de su apoderado judicial con facultad expresa para desistir, formula el desistimien to correspondiente a este pronunciamiento10; y iii) se refiere al recurso de apelación presentado contra la sentencia desfavorable dictada en primera instancia, lo que conlleva la terminación del proceso para la parte.

Con relación a las costas, es del ca so señalar que el apoderado de la parte demandada, al corrérsele traslado de la solicitud de desistimiento presentada por el apoderado de la parte actora, en los términos previstos en el inciso 2º del numeral 4º del artículo 316 del C.G. del P, no realizó ningún pronunciamiento. Por consiguiente, la Sala se abstendrá de imponer condena en costas a la parte actora por no encontrarlas causadas, conforme lo establece el numeral 8 del artículo 365 del C.G.P.

b) Competencia del superior

10 Ver 03Demanda2018-00170-01.pdf , Expediente Digital de OneDrive, pág. 1-20.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander En aplicación del artículo 328 del Código General del Proceso, la Sala se limitará a pronunciarse únicamente sobre los motivos concretos de inconformidad planteados por las partes en contra de la sentencia de primera instancia, en tanto que las partes

En aplicación del artículo 328 del Código General del Proceso, la Sala se limitará a pronunciarse únicamente sobre los motivos concretos de inconformidad planteados por las partes en contra de la sentencia de primera instancia, en tanto que las partes no apelaron la totalidad de la sentencia, por lo que se resolverán exclusivamente las inconformidades planteadas.

En relación con los reparos de la parte demandada frente a las excepciones de «inexistencia del demandado », la «ineptitud de la demanda » y «no comprender a todos los litisconsortes necesarios», es preciso señalar que, mediante auto proferido el 23 de marzo de 202311, el juzgado de primera instancia las resolvió y declaró no probadas. En ese orden y dando aplicación al principio de preclusividad, no hay lugar a reabrir de nuevo el debate y en esa medida la Sala no emitirá pronunciamiento alguno sobre este aspecto.

Respecto de la excepción de caducidad, se resolverá en esta oportunidad, al no haberse resuelto en la sentencia y sin pronunciamiento previo del juzgado de primera instancia que permita aplicar el principio de preclusividad.

G. Problemas jurídicos

Con el fin de establecer si procede confirmar o, por el contrario, revocar la sentencia de primera instancia, se resolverán los siguientes interrogantes que surgen de los argumentos de impugnación de la parte demandada:

P.J.1: Caducidad. ¿Caducó la oportunidad para cuestionar la legalidad de los Decretos 0383 y 0384 de 2013, al no haberse impugnado oportunamente cuando fueron expedidos?

P.