TA SAN - Sentencia 680013333001-2018-00188-01 (13-02-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Mag. Ponente. LUISA FERNANDA FLÓREZ REYES

Bucaramanga, trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Radicado:

Exp. No. 680013333001-2018-00188-01

Parte

Demandante:

ANIBAL CADENA BARRETO con cédula de ciudadanía Núm. 91.266.395 a nombre propio y en representación de sus menores hijos

LMCS y, ASCS1

DANIEL CAMILO CADENA SUÁREZ con cédula de ciudadanía Núm. 1.098.789.599 EDNA LILIANA SUÁREZ GÓMEZ con cédula de ciudadanía Núm. 63.505.794

Correo electrónico: abogadasoniacaro@hotmail.com

Parte

Demandada:

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE

BUCARAMANGA

Correo electrónico: notificacionesjudiciales@transitobucaramanga.gov.co

Vinculado:

JOSÉ SEVERO AGUILAR AGUDELO con cédula de ciudadanía No. 91.265.852

Ministerio

Público:

PROCURADORA 158 JUDICIAL II ADMINISTRATIVO

eavillamizar@procuraduria.gov.co

Medio de

Control:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE

CARÁCTER LABORAL

Tema:

eavillamizar@procuraduria.gov.co

Medio de

Control:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE

CARÁCTER LABORAL

Tema:

Insubsistencia. Niega reintegro de empleado provisional ante los derechos de carrera del vinculado / Se confirma la sentencia de primera instancia

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida , el ocho (08) de abril de dos mil veintiuno (2021) , por el

1 Por ser menores de edad, su nombre permanece bajo reserva.Tribunal Administrativo de Santander. M .P. Luisa Fernanda Flórez Reyes. Exp. 680013333001-201800188-01 Demandante. Aníbal Cadena Barreto y otros Vs. Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Sentencia de Segunda Instancia. 2 Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga (S) , previa la siguiente reseña:

I. LA DEMANDA

(Págs. 59 a 96 archivo No. 002ExpedienteDigitalParte2)

A. Pretensiones Pretende, en síntesis, se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. 476 del 07 de septiembre de 2017 proferido por el director general de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, mediante el cual se nombró en propiedad al señor José Severo Aguilar Agudelo y declaró insubsistente al

demandante Aníbal Cadena Barreto.

Consecuencialmente, a título de restablecimiento del derecho solicita se ordene a la entidad que:

propiedad al señor José Severo Aguilar Agudelo y declaró insubsistente al demandante Aníbal Cadena Barreto.

Consecuencialmente, a título de restablecimiento del derecho solicita se ordene a la entidad que:

(i) lo reintegre al mismo cargo que desempeñaba como Agente de Tránsito código 340 grado 01 nivel Técnico o a otro de igual condición o superior categoría; (ii) se condene a pagarle la totalidad de los sueldos, primas, bonificaciones, subsidios, vacaciones, cesantías intereses a las cesantías y demás emolumentos de la asignación correspondiente al cargo que venía ocupando entre la fecha en que se produjo su desvinculación y aquella en que se produzca el reintegro; (iii) se declare que no existió solución de continuidad entre la fecha del retiro como empleado público y aquella en que se produzca el efectivo reintegro a dicha institución; (iv) se pague por concepto de perjuicios materiales la suma de $11418.785 a favor del demandante; (v) se pague por concepto de perjuicios morales la suma de 150 SMLMV para el demandante y, 100 SMLMV para cada uno de los siguientes EDNA SUAREZ GÓMEZ, SUS MENORES HIJOS LMCS Y, ASCS Y, DANIEL CAMILO CADENA

SUÁREZ.

B. Hechos Como fundamento de las pretensiones, se narran los siguientes hechos

relevantes:

1. Que, el señor Aníbal Cadena Barreto fue nombrado en provisionalidad mediante Resolución No. 165 del 14 de abril de 2015, en el cargo de Agente de Tránsito Código 340 Grado 01 Nivel Técnico de la planta de la Dirección de Tránsito de

Resolución No. 165 del 14 de abril de 2015, en el cargo de Agente de Tránsito Código 340 Grado 01 Nivel Técnico de la planta de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.Tribunal Administrativo de Santander. M .P. Luisa Fernanda Flórez Reyes. Exp. 680013333001-201800188-01 Demandante. Aníbal Cadena Barreto y otros Vs. Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Sentencia de Segunda Instancia. 3

2. El 7 de septiembre de 2017 la entidad le notificó que su vinculación provisional había finalizado, según Resolución No. 467 de 2017 que lo declaró insubsistente, porque se nombró en propiedad al señor José Severo Aguilar Agudelo. Señalan los demandantes que el mínimo vital de todo el núcleo familiar se vio afectado, porque todos dependían económicamente del mismo ingreso.

3. Advierte que con la expedición del acto demandado la entidad incurrió en una indebida identidad de cargos al pretender homologar el de Alférez III para el cual concursó el señor José Severo Aguilar Agudelo en el año 1997, con el cargo Agente de Tránsito Código 340 Grado 01 Nivel Técnico que desempeñaba el demandante en provisionalidad.

B. Normas violadas y Concepto de violación Considera que con la expedición del acto demandado se vulnera el Art. 29 de la Constitución Política y el precedente de la sentencia C-034 de 2014.

1. Falsa motivación en la expedición del acto acusado: Dice que la Dirección de Tránsito de Bucaramanga omitió tener en cuenta hechos que sí estaban

Constitución Política y el precedente de la sentencia C-034 de 2014.

1. Falsa motivación en la expedición del acto acusado: Dice que la Dirección de Tránsito de Bucaramanga omitió tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente. La entidad pretendió demostrar que el cargo de alfére z para el cual hubo concurso en el año 1997 es el mismo que ocupaba el demandante y que solamente había cambiado de nombre en virtud de varios actos administrativos citados en esa motivación. No es cierto, que s e trate del mismo cargo con diferente nombre, omitió tener en cuenta el acuerdo 004 de 2001 mediante el cual se realizó una reestructuración que suprimió el cargo de alférez para el que se había hecho concurso en el año 1997.

2. Desviación de poder: La finalidad perseguida por la entidad con el acto expedido no es el buen servicio ni la necesidad de contribuir al cumplimiento eficiente y eficaz de sus fines, sino la de reemplazar a un funcionario nombrado en provisionalidad por otra persona de sus intereses políticos y/o personales, bajo la simulación de la existen de la presunción de legalidad del acto en que fue expedido.

3. Decaimiento del acto administrativo: Por último, alega que en el presente asunto operó el decaimiento del acto administrativo, al desaparecer el fundamento jurídico que dio origen al acto acusado sentencia STC 8488 del 14 de junio de 2017, ya que dicho fallo fue declarado nulo mediante la sentencia STL 184 12 del 01 de

jurídico que dio origen al acto acusado sentencia STC 8488 del 14 de junio de 2017, ya que dicho fallo fue declarado nulo mediante la sentencia STL 184 12 del 01 de noviembre de 2017.Tribunal Administrativo de Santander. M .P. Luisa Fernanda Flórez Reyes. Exp. 680013333001-201800188-01 Demandante. Aníbal Cadena Barreto y otros Vs. Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Sentencia de Segunda Instancia. 4

II. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

A. LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BUCARAMANGA -DTBpágs. 50 a 62 archivo No. 003ExpedienteDigitalParte3 -, se opone a las pretensiones.

Considera que el acto administrativo goza de total presunción de legalidad y no está probado que haya sido expedido con desviación de poder o arbitrariedad, motivo por el cual no hay lugar ni a la declaratoria de nulidad solicitada ni a los perjuicios perseguidos.

Dice que, la desvinculación del demandante se generó por la reincorporación del personal que tenía derechos de carrera, lo cual está acorde con los fundamentos jurisprudenciales y normativos.

Sostiene que, el acto acusado fue debidamente motivado atendiendo a la prevalencia que debe otorgarse al empleado que ingresa por concurso de méritos sobre aquel que se encuentra en provisionalidad.

Pone de presente que, el señor Cadena Barreto no goza de los derechos se un empleado de carrera y así como fueron discrecionales las capacidades por las cuales se le designó, también pueden ser del mismo modo a la hora de removerlo. Finalmente propone la excepción de caducidad.

empleado de carrera y así como fueron discrecionales las capacidades por las cuales se le designó, también pueden ser del mismo modo a la hora de removerlo. Finalmente propone la excepción de caducidad.

2. El vinculado JOSÉ SEVERO AGUILAR AGUDELO , no contestó la demanda pese haber sido notificado del auto admisorio tal como se muestra en la pág. 141143 del archivo No. 003ExpedienteDigitalParte3.

III. DECISIONES RELEVANTES TOMADAS POR LA PRIMERA INSTANCIA En audiencia inicial celebrada el 06 de febrero de 2020 -págs. 166 a 169 archivo No.

003ExpedienteDigitalParte3la Juez Primera resuelve: 1. Declarar saneado el proceso, 2. Declarar no probada la excepción de caducidad propuesta por la DTB,

3. Fijar el litigio circunscribiéndolo a determinar sí el acto administrativo contenido en la Resolución No. 476 del 07 de septiembre de 2017, se encuentra viciado de nulidad bajo los cargos de falsa motivación, desviación de poder, infracción de las normas en que debía fundarse y, violación a las normas superior. Y, si hay lugar al reintegro del demand ante al cargo que desempeñaba para la fecha de la declaratoria de insubsistencia. Así mismo, se deberá determinar si el cargo del cual fue declarado insubsistente el aquí demandante corresponde al mismo cargo

ofertado en la convocatoria 001 de 1997 y, al cual optó el señor José Severo AguilarTribunal Administrativo de Santander. M .P. Luisa Fernanda Flórez Reyes. Exp. 680013333001-201800188-01 Demandante. Aníbal Cadena Barreto y otros Vs. Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Sentencia de Segunda Instancia. 5 Agudelo, y si existieron intereses políticos en su nombramiento o se desconoció el debido proceso, 4. Declarar fallida la audiencia de conciliación ante ausencia de ánimo conciliatorio, 5. Decretar pruebas documentales aportadas por la p. demandante y, demandada, 6. Decreta testimonio del señor Rafael Horacio Núñez Latorre y, 7. Fijar fecha para celebrar audiencia de pruebas. Posteriormente, en audiencia de pruebas celebrada el 04 de julio de 2020 -archivo No. 016-, se dispone:

8. Recaudar prueba testimonial del señor Rafael Horacio Núñez Latorre, 9. Cerrar etapa probatoria y, 10. Correr traslado para alegar de conclusión a las partes y, al Ministerio Público para rendir el respectivo concepto.

IV. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

(Archivo No. 023)

Textualmente se resuelve:

«PRIMERO: DENIÉNGASE las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas a la parte demandante -por resultar vencido en el procesoa favor del demandado. Liquídense por secretaria».

Como fundamento de su decisión manifestó que la falsa motivación alegada por el demandante, al considerar que la entidad incurrió en una indebida identidad de

vencido en el procesoa favor del demandado. Liquídense por secretaria». Como fundamento de su decisión manifestó que la falsa motivación alegada por el demandante, al considerar que la entidad incurrió en una indebida identidad de cargos, es una homologación que tiene sustento en la reestructuración adelantada por la Dirección de Tránsito, atendiendo a la Ley 909 de 2004 y, Ley 1310 de 2009 -que regulan la carrera administrativaen las que, las personas que se desempeñaban como Alférez cambiaron de denominación y fueron nuevamente nombrados como Agentes de Tránsito.

Advierte que el cargo en el que fue nombrado en propiedad el señor José Severo Aguilar Agudelo corresponde al que se inscribió para el concurso de méritos, y si bien los considerandos de la Resolución son claros al precisar que este no acreditaba el certificado de la capacitación o formación profesional o técnica reglamentaria, dicho requisito no se le podía exigir a aquel, por ser adicional a los establecidos para el cargo al momento en que hizo la convocatoria, de conformidad con lo dispuesto dentro del incidente de desacato por incumplimiento a la Sentencia STC8488 de 2017.

Ahora bien, el demandante manifiesta que la entidad actuó con desviación de poder debido a que la finalidad buscada por el acto demandado no fue el buen servicio, ni la necesidad de contribuir al cumplimiento eficiente y eficaz de la gestión, sinoTribunal Administrativo de Santander. M .P. Luisa Fernanda Flórez Reyes. Exp. 680013333001-201800188-01 Demandante. Aníbal Cadena Barreto y otros Vs. Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

00188-01 Demandante. Aníbal Cadena Barreto y otros Vs. Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Sentencia de Segunda Instancia. 6 remplazar a un funcionario nombrado en provisionalidad por otra persona de sus intereses políticos y personales. Frente a esta afirmación la Juez de primera instancia expone que, no existe prueba donde se evidencie que la intención de la entidad al expedir el acto administrativo acusado, fue diferente al mejoramiento del buen servicio o algún interés político porque, tal como quedó ampliamente demostrado se profirió el acto en cumplimiento a la orden de tutela proferida por la CSJ en el radicado No. STC8488 de 2017.

Seguidamente, analiza que, no existió decaimiento del acto administrativo contenido en la Resolución No. 476 de 2017 porque, se haya ordenado la nulidad del trámite dentro de la AT STC8488 de 2017 para vincular al demandante, toda vez que, luego de su vinculación se profirió nuevamente sentencia el 22 de marzo de 2018 reiterando en su totalidad la orden dada inicialmente a la DTB consistente en efectuar el nombramiento de los aspirantes inscritos en el Registro de Elegibles de la Resolución No. 1141 del 19 de junio de 2014.

Respecto de la no condena en costas, cita en su apoyo el Art. 188 del CPACA , y concluye que hay lugar a su imposición, a la p. demandante por ser la vencida en este trámite.

V. LA APELACIÓN

(Archivo No. 026 -Expediente Digital-)

El demandante, solicita revocar la sentencia y en su lugar, acceder a sus pretensiones.

este trámite.

V. LA APELACIÓN

(Archivo No. 026 -Expediente Digital-)

El demandante, solicita revocar la sentencia y en su lugar, acceder a sus pretensiones.

Hace un recuento del análisis que hace la primera instancia para tomar su decisión y señalar los motivos de su inconformidad así:

Dice que las personas que fueron vinculadas a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga por haber superado la convocatoria No. 01 de 1997, fueron desvinculadas cuando se suprimieron sus cargos en virtud del Acuerdo No.04 de 2001, pues debía aplicarse lo expresado en el numeral segundo del oficio 30054, el cual hace referencia a que: «si la decisión de desvinculación se ocasionó producto del Acuerdo No.004 de 2001, bajo el entendido que los servidores no fueron retirados producto de la Resolución No.0003 de 1998, sino por la supresión de sus empleos, correspondía a la entidad garantizar los derechos que les asistían conforme la normatividad vigente para la época (…)».Tribunal Administrativo de Santander. M .P. Luisa Fernanda Flórez Reyes. Exp. 680013333001-201800188-01 Demandante. Aníbal Cadena Barreto y otros Vs. Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Sentencia de Segunda Instancia. 7 En concordancia con lo anterior, señala que la CNSC manifestó que si los servidores públicos habían sido desvinculados como consecuencia de la expedición de la Resolución No.003 de 1998, la entidad tenía que darle aplicación a la Resolución No.1141 de 2014. No obstante, si los servidores no habían sido desvinculados con

públicos habían sido desvinculados como consecuencia de la expedición de la Resolución No.003 de 1998, la entidad tenía que darle aplicación a la Resolución No.1141 de 2014. No obstante, si los servidores no habían sido desvinculados con ocasión de la Resolución No.003 de 1998, sino como producto de la supresión de sus cargos a través del Acuerdo No.04 de 2001, la entidad debía garantizar los derechos que les asisten conform e a la normatividad vigente para la época. Así mismo, precisa que, la DTB no tuvo en cuenta al momento de expedir el acto administrativo demandado que, con el Acuerdo 04 del 30 de noviembre de 2001 se suprimen unos cargos de la planta de personal de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga de Agente de Tránsito código 505 grado 03, que era el cargo que ostentaba hasta ese momento el señor José Severo Aguilar , es decir, a partir de ese momento dicho cargo dejó de existir.

Argumenta que, el cargo para el que concursó en 1997 el señor José Severo Aguilar era el de Alférez III, código 6004, grado 02, que conforme a la Resolución No. 1149 del 29 de diciembre de 1997 fue nombrado y, posesionado en ese cargo, garantizando sus derechos de carrera. Posteriormente, la Resolución No. 003 de 1998 dejó sin efectos el concurso, pero el señor Aguilar Agudelo continúo vinculado a la DTB hasta que, el Acuerdo No. 04 del 30 de noviembre de 2001 suprimió treinta y cinco (35) cargos de Agente de Tránsito Código 505 Grado 03 entre ellos el del señor Aguilar Agudelo.

a la DTB hasta que, el Acuerdo No. 04 del 30 de noviembre de 2001 suprimió treinta y cinco (35) cargos de Agente de Tránsito Código 505 Grado 03 entre ellos el del señor Aguilar Agudelo.

Expone que, la Resolución No. 1141 del 10 de junio de 2014 resuelve un recurso de apelación contra la Resolución No. 003 de 1998 que había dejado sin efectos el concurso, resolviendo su revocatoria. En ese sentido, la CNSC mediante oficio 30054 del 22 de octubre de 2014 le señaló a la DTB las pautas que se debían seguir para dar cumplimiento a la Resolución No. 1141 en relación con los concursantes que superaron con éxito todas las etapas, por tanto, el señor Aguilar no fue desvinculado como sustento de la Resolución No. 003 de 1998 sino con el Acuerdo 004 del 17 de marzo de 2006.

Finalmente, frente a la lista de elegibles el apelante mantiene su posición al señalar que la misma no se encontraba vigente y que a pesar de esto la primera instancia no se pronunció al respecto, dejando de lado el análisis y valoración de la tesis de la parte demandante, obviando el estudio jurídico apropiado para un tema que de juicio de legalidad del acto administrativo demandado.Tribunal Administrativo de Santander. M .P. Luisa Fernanda Flórez Reyes. Exp. 680013333001-201800188-01 Demandante. Aníbal Cadena Barreto y otros Vs. Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Sentencia de Segunda Instancia. 8

VI. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

00188-01 Demandante. Aníbal Cadena Barreto y otros Vs. Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Sentencia de Segunda Instancia. 8

VI. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El proceso se reparte al Despacho ponente el 03.06.2021 -actuación No. 01 -, para ser admitido el 05.06.2023 -actuación No. 04surtiéndose las notificaciones de rigor tal como se muestra en la actuación No. 09. Reingresa al Despacho para sentencia el 05.02.2025 -actuación No. 013y, se registra proyecto de fallo el 12.02.2025 para ser aprobado por la Sala de Decisión al día siguiente.

De este trámite se destaca que, la DTB en memorial allegado el 08.06.2023actuación No. 008 -, por intermedio de apoderada judicial, refiere que, el recurso de apelación interpuesto por la p. demandante no señala un defecto, error o vicio de la sentencia de primera instancia, sino que, se limita a fundamentar un desacuerdo sobre la decisión tomando para ello los argumentos planteados en la demanda.

Sostiene que, la motivación central del acto demandado es el cumplimiento a una orden judicial, por tanto, el cargo de falsa motivación debe estar dirigido a demostrar el error de la administración, lo que, recaba no fue desvirtuado.

Refiere que, no se puede predicar una pérdida de ejecutoria de un acto que efectivamente se cumplió, se ejecutó, que configuró una situación particular y concreta en pro del reconocimiento de derechos de carrera y, procurando asegurar los intereses superiores del Estado Social de Derecho.

efectivamente se cumplió, se ejecutó, que configuró una situación particular y concreta en pro del reconocimiento de derechos de carrera y, procurando asegurar los intereses superiores del Estado Social de Derecho.

Finalmente expone que, en este asunto el debate debe centrarse en demostrar la falsa motivación y que, el análisis no puede extenderse a revisar el proceso de tutela porque basta con constatar si el acto administrativo para el momento de su expedición esta ba correctamente motivado. En ese sentido dice que, la desvinculación que es lo que afecta al demandante tiene motivación en el cumplimiento de una orden judicial, cualquier otra consideración o argumentación debería estar dirigida a demostrar que el acto no tuvo su origen en esa causa, pero es claro que la orden existió y de esa manera, las razones expuestas por la p. demandante no tienen asidero fáctico y no están llamadas a prosperar.

Ni la p. demandante ni el Ministerio Público hicieron uso de esta etapa procesal.

VII. CONSIDERACIONESTribunal Administrativo de Santander. M .P. Luisa Fernanda Flórez Reyes. Exp. 680013333001-201800188-01 Demandante. Aníbal Cadena Barreto y otros Vs. Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

Sentencia de Segunda Instancia. 9

A. Acerca de la competencia para resolver la apelación Recae en esta Corporación dada la naturaleza de la providencia apelada: Arts. 243 y 247 de la Ley 1437 de 2011.

Se deja registro en el sentido que, estando en Sala la presente providencia la H. Magistrada Claudia Patricia Peñuela Arce, manifiesta estar incursa en la causal de

y 247 de la Ley 1437 de 2011.

Se deja registro en el sentido que, estando en Sala la presente providencia la H. Magistrada Claudia Patricia Peñuela Arce, manifiesta estar incursa en la causal de impedimento consagrada en el numeral 3° del art. 130 de la Ley 1437 de 2011, porque, el señ or Julián Eduardo Arenas Rodríguez, quien es cónyuge de su hermana Luz Angela Peñuela Arce, actualmente ostenta el cargo de contratista en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga; impedimento que los restantes miembros de Sala consideran fundado, tal y com o se dirá en la parte resolutiva de este proveído; y en tal virtud, se le separa del conocimiento del asunto, por lo que la Magistrada Peñuela Arce no suscribe la presente providencia.

B. El Problema jurídico y su resolución.

Con base en la reseña que antecede, especialmente en el escrito de apelación, la

Sala lo plantea y resuelve así:

PJ. ¿Debe ser reintegrado Aníbal Cadena Barreto al cargo de Agente de Tránsito Código 340, Grado 01, Nivel Técnico el cual ocupaba en provisionalidad y por el que fue desvinculado para nombrar en carrera administrativa a una persona que se encontraba en la lista de elegibles de un concurso ocurrido en el año 1997, cuando ya el cargo para el que había concursado, había desaparecido con ocasión de la reestructuración acontecida posteriormente en la entidad, y la pérdida de fuerza de ejecutoria del acto, afect ándose la estabilidad laboral que como empleado provisional tenía?

Tesis: No.

concursado, había desaparecido con ocasión de la reestructuración acontecida posteriormente en la entidad, y la pérdida de fuerza de ejecutoria del acto, afect ándose la estabilidad laboral que como empleado provisional tenía?

Tesis: No.

Fundamento jurídico: La pé rdida de efectos de la sentencia STC8488 -2017 no implicó el decaimiento del acto demandado ni por si sol a generó la invalidez del mismo. Además, la entidad actuó en cumplimiento de la Resolución 1141 de 2011, que otorgó derechos al vinculado señor José Severo Aguilar A gudelo , quien ya había superado el periodo de prueba ostentando un derecho a ser reincorporado a la planta de la entidad, lo que le permitía ser nombrado en un empleo equivalente al que concursó, pues no existía un cambio funcional entre el cargo para el que concursó y el existente actualmente en la planta de la entidad; ante lo que laTribunal Administrativo de Santander. M .P. Luisa Fernanda Flórez Reyes . Exp. 6800133330012018-00188-01 Demandante. Aníbal Cadena Barreto y otros Vs. Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

Sentencia de Segunda Instancia. 10 estabilidad relativa del demandante debía ceder, pues solo ostentaba la condición de empleado provisional.

A la anterior conclusión se arriba con base en el siguiente:

C. Marco jurídico y jurisprudencial

1. La pérdida de ejecutoria de un acto administrativo. En la teoría del acto administrativo se estudia la existencia, validez, eficacia y ejecutoriedad del acto administrativo. Un acto administrativo existe en tanto es una declaración de voluntad

1. La pérdida de ejecutoria de un acto administrativo. En la teoría del acto administrativo se estudia la existencia, validez, eficacia y ejecutoriedad del acto administrativo. Un acto administrativo existe en tanto es una declaración de voluntad unilateral, general o individual, con capacidad para generar efe ctos jurídicos en desarrollo de una función pública.

Una vez el acto administrativo es eficaz, la voluntad de la administración produce efectos jurídicos, incluso en contra de la voluntad de los administrados; a esto, se le conoce como fuerza de ejecutoria del acto administrativo . Señala la Corte que, “en esta forma, el acto administrativo tiene carácter ejecutorio, produce sus efectos jurídicos una vez cumplidos los requisitos de publicación o notificación, lo cual faculta a la Administración a cumplirlo o a hacerlo cumplir”2.

La pérdida de la fuerza de ejecutoria o de ejecutividad de un acto administrativo es excepcional, p or regla general, un acto administrativo es de cumplimiento obligatorio, porque la pérdida de ejecutoriedad de un acto administrativo no afecta en si su validez. Por ejemplo, un acto administrativo cuya nulidad sea pretendida ante el Juez Contencioso Administrativo, no pierde su fuerza de ejecutoria, a menos que haya sido suspendido o declarado nulo en el proceso contencioso administrativo, contrario a lo señalado por los demandantes respecto de la aplicación de la Resolución 1141 de 2014. El artículo 91 del CPACA señala las causales en que excepcionalmente el acto administrativo pierde su ejecutoriedad:

«Artículo 91. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma

causales en que excepcionalmente el acto administrativo pierde su ejecutoriedad:

«Artículo 91. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligator iedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos: “1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. “2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.

2 Ibíd.Tribunal Administrativo de Santander. M .P. Luisa Fernanda Flórez Reyes . Exp. 6800133330012018-00188-01 Demandante. Aníbal Cadena Barreto y otros Vs. Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Sentencia de Segunda Instancia. 11 “3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos. “4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. “5. Cuando pierdan vigencia.»

El numeral segundo de la norma transcrita se refiere a la figura conocida como decaimiento del acto administrativo. En este fenómeno el acto administrativo pierde su fundamento de hecho y de derecho, es decir que cuando nace era lícito per o posteriormente su sustento normativo decayó y el acto se tornó ineficaz, perdiendo su fuerza de ejecutoria, ante lo cual una persona puede oponer la llamada excepción de pérdida de ejecutoria prevista en el artículo 923 del CPACA, pues es «imposible

su fuerza de ejecutoria, ante lo cual una persona puede oponer la llamada excepción de pérdida de ejecutoria prevista en el artículo 923 del CPACA, pues es «imposible exigir el cumplimiento de lo ordenado»4. Ahora, en tanto la pérdida de ejecutoria no implica que el acto sea inválido, los efectos del decaimiento de un acto administrativo no son los mismos que genera la declaración de nulidad, es decir, no se aplican retroactivamente, sino que son hacía el futuro. Al respecto, el Consejo de

Estado ha manifestado:

«El decaimiento de un acto administrativo se produce cuando las disposiciones legales o reglamentarias sobre las cuales se sustenta o se fundamenta su expedición desaparecen del ordenamiento jurídico , como consecuencia bien de la declaratoria de inexequibilidad o de la nulidad de la norma legal en la cual se sustenta el acto administrativo; este fenómeno también se presenta si los actos administrativos son anulados o suspendidos por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa; una vez ocurre el decaimiento de un acto administrativo, la consecuencia jurídica que se produce es impedir que hacia el futuro siga produciendo efectos … ‘...todos los actos administrativos, ya que la ley no establece distinciones, en principio, son susceptibles de extinguirse y, por consiguiente, perder su fuerza ejecutoria, por desaparición de un presupuesto de hecho o de derecho indispensable para la v igencia del acto jurídico’; no obstante lo anterior, también ha precisado que de presentarse el decaimiento, éste sólo produce efectos hacia el futuro, en tanto la desaparición del fundamento jurídic o del acto no afecta su validez, pues conserva su presunción de legalidad».5

precisado que de presentarse el decaimiento, éste sólo produce efectos hacia el futuro, en tanto la desaparición del fundamento jurídic o del acto no afecta su validez, pues conserva su presunción de legalidad».5

3 Ley 1437 de 2011. ARTÍCULO 92. EXCEPCIÓN DE PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD. Cuando el interesado se oponga a la ejecución de un acto administrativo alegando que ha perdido fuerza ejecutoria, quien lo produjo podrá suspenderla y deberá res