TA SAN - Sentencia 680013333001-2019-00199-01 (28-08-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Mag. Ponente IVÁN MAURICIO MENDOZA SAAVEDRA

Bucaramanga, agosto veintiocho (28) de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Expediente No. 680013333001-2019-00199-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: MARIA DENIS SALCEDO

legicon1@gmail.com

DEMANDADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES

DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP

rballesteros@ugpp.gov.co notificacionesjudicialesugpp@ugpp.gov.co

MINISTERIO PUBLICO: JESÚS RODRÍGUEZ OROZCO

PROCURADOR 47 JUDICIAL II

procjudadm47@procuraduria.gov.co

TEMA: PENSIÓN SOBREVIVIENTES

Se decide el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Bucaramanga, el día 30 de septiembre de 2022 , que denegó las súplicas de la demanda, previo los siguientes antecedentes.

De la Demanda

Pretensiones:

Con la demanda se pretende la declaratoria de la nulidad de las Resoluciones Nos. 013361 del 21 de junio de 2001; 26621 del 26 de noviembre de 2001; RDP 0350227 del 11 de septiembre de 2017; RDP 042792 del 16 de noviembre de 2017 y RDP

013361 del 21 de junio de 2001; 26621 del 26 de noviembre de 2001; RDP 0350227 del 11 de septiembre de 2017; RDP 042792 del 16 de noviembre de 2017 y RDP 044921 del 29 de noviembre de 2017 y demás proferidas, a través de las cuales la UGPP negó a la demandante el reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes, en su calidad de cónyuge supérstite del señor MANUEL ANTONIO GARCÍA GONZÁLEZ. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó que se condene a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)1 a: 1. Que se reconozca y pague una pensión de sobrevivientes a favor de la señora MARÍA DENIS SALCEDO, desde el 10 de junio de 1990, con mesadas adicionales e incrementos de ley. 2. Que se reconozca y pague la indexación de las sumas reconocidas porSentencia de segunda instancia Expediente No. 680013333001-2019-00199-01

2 tal concepto. 3. Que se condene en a la demandada.

Hechos.

El señor Manuel Antonio García González y la señora María Denis Salcedo contrajeron matrimonio el 1º de noviembre de 1986.

Posteriormente, el señor García González falleció el 10 de junio de 1990 por causas naturales, habiéndose desempeñado como servidor público en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público desde el 29 de mayo de 1984 hasta la fecha de

causas naturales, habiéndose desempeñado como servidor público en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público desde el 29 de mayo de 1984 hasta la fecha de su deceso.

La demandante ha elevado en reiteradas ocasiones la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes derivada del fallecimiento de su esposo; sin embargo, la UGPP ha negado dicha prestación bajo el argumento de que no se cumplen los requisitos exigidos. No obstante, la parte actora sostiene lo contrario, pues considera que sí se acreditaron los presupuestos previstos en el Decreto 758 de 1990, toda vez que se demostró la cotización de 150 semanas dentro de los tres años anteriores al fallecimiento.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Como fundamento del concepto de violación, se indicó que, aunque la entidad demandada acertó al sostener que la normatividad aplicable para el reconocimiento de la prestación era la prevista en las Leyes 33 de 1973 y 12 de 1975, ello no obsta para advertir que su aplicación resulta restrictiva frente a los derechos fundamentales de las personas, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia de las Altas Cortes.

De igual forma, se argumentó que no es razonable exigir un número desproporcionado de semanas de cotización para acceder a la pensión de sobrevivientes de los servidores públicos, puesto que las contingencias de vejez y muerte no pueden ser tratadas de manera equivalente. En apoyo de esta tesis, se citó la sentencia del 23 de septiembre de 2015, proferida por la Sección Segunda del Honorable Consejo de Estado, dentro del radicado 3414 -14, en la que se

muerte no pueden ser tratadas de manera equivalente. En apoyo de esta tesis, se citó la sentencia del 23 de septiembre de 2015, proferida por la Sección Segunda del Honorable Consejo de Estado, dentro del radicado 3414 -14, en la que se dispuso la aplicación de las normas del régimen privado a un caso relativo a un empleado público.

En consecuencia, se alegó la vulneración de disposiciones de rango superior y la infracción de las normas que debían servir de fundamento a los actosSentencia de segunda instancia Expediente No. 680013333001-2019-00199-01

3 administrativos demandados, toda vez que la autoridad convocada estaba en la obligación de aplicar los artículos 6º y 25 del Decreto 758 de 1990 para decidir las solicitudes pensionales.

Contestación a la Demanda

La UGPP, por intermedio de su apoderada judicial, contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad de todas las pretensiones. Como fundamento de su defensa, señaló que la demandante no tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión solicitada, pues no se cumplen los requisitos establecidos en las Leyes 33 de 1973 y 12 de 1975 , aplicables al caso del señor Manuel Antonio García González, dado que su fallecimiento ocurrió el 10 de junio de 1990.

Mencionó que dichas normas exigían, para que los beneficiarios pudieran acceder a la pensión de sobrevivientes, que el causante acreditara 20 años de servicio al Estado o, en su defecto, 26 semanas de cotización. Bajo ese marco, sostuvo que el señor García González únicamente completó 7 años y 13 meses de servicio

a la pensión de sobrevivientes, que el causante acreditara 20 años de servicio al Estado o, en su defecto, 26 semanas de cotización. Bajo ese marco, sostuvo que el señor García González únicamente completó 7 años y 13 meses de servicio y no registró cotizaciones, razón por la cual no era procedente conceder lo reclamado. Agregó que tampoco era viable aplicar la Ley 100 de 1993, al tratarse de un empleado oficial fallecido con anterioridad a su entrada en vigor.

Finalmente, propuso las excepciones de: (i) inexistencia del derecho reclamado, (ii) falta de título y causa, (iii) buena fe, (iv) prescripción y (v) genérica o innominada.

Sentencia de Primera Instancia

El Juzgado Primero Administrativo Oral de Bucaramanga denegó las pretensiones de la demanda presentada por la señora María Denis Salcedo contra la UGPP, confirmando la validez de los actos administrativos que negaron la pensión de sobrevivientes solicitada. Asimismo, condenó en costas a la parte demandante.

El despacho de primera instancia estableció que al momento del fallecimiento del señor Manuel Antonio García González (11 de junio de 1990), el régimen vigente era el de las Leyes 33 de 1973 y 12 de 1975, que exigían que el causante hubiera consolidado el derecho a pensión de jubilación (20 años de servicio o, en su defecto, el tiempo mínimo de servicios consagrado en la ley) para que sus beneficiarios accedieran a la sustitución pensional.

Se acreditó que el señor García González trabajó como empleado público desde elSentencia de segunda instancia Expediente No. 680013333001-2019-00199-01

accedieran a la sustitución pensional.

Se acreditó que el señor García González trabajó como empleado público desde elSentencia de segunda instancia Expediente No. 680013333001-2019-00199-01

4 29 de mayo de 1984 hasta el 11 de junio de 1990, es decir, 6 años y 12 días de servicio, sin alcanzar los 20 años de servicio exigidos por la ley. Además, se probó que efectuó aportes a la extinta CAJANAL y no al ISS.

El juzgado concluyó que no era procedente aplicar el Decreto 758 de 1990 (régimen del ISS), ni siquiera bajo el principio de favorabilidad, porque dicho decreto regulaba prestaciones de trabajadores del sector privado o de servidores públicos afiliados al ISS. El causante nunca estuvo afiliado a dicha entidad, sino a Cajanal, por lo que no se cumplían los supuestos normativos.

Se descartó también la aplicación de la Ley 100 de 1993, ya que esta entró en vigor en abril de 1994, es decir, con posterioridad al fallecimiento del causante. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha reiterado que debe aplicarse la normatividad vigente al momento del deceso.

El juzgado resaltó que no era posible fraccionar normas de distintos regímenes para tomar solo los aspectos más favorables, pues ello desconocería el principio de inescindibilidad de la ley . Por tanto, no podía reconocerse la pensión de sobrevivientes con base en una combinación normativa que no correspondía al caso.

El despacho determinó que el causante no cumplió los requisitos de tiempo de

inescindibilidad de la ley . Por tanto, no podía reconocerse la pensión de sobrevivientes con base en una combinación normativa que no correspondía al caso.

El despacho determinó que el causante no cumplió los requisitos de tiempo de servicio exigidos por las Leyes 33 de 1973 y 12 de 1975, no estaba afiliado al ISS (para invocar el Decreto 758 de 1990), y falleció antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993. En consecuencia, los actos administrativos demandados se ajustaban a derecho y conservaban su presunción de legalidad, razón por la cual se negaron las pretensiones.

Recurso de Apelación

El recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda, se fundamenta principalmente en los siguientes argumentos:

La parte actora aceptó que las Leyes 33 de 1973 y 12 de 1975 eran las normas aplicables al momento del fallecimiento, pero sostuvo que su aplicación resulta restrictiva de derechos fundamentales, en especial los de igualdad (art. 13 C.P.) y seguridad social (art. 48 C.P.) , por lo cual debía acudirse a una interpretación amplia y garantista.Sentencia de segunda instancia Expediente No. 680013333001-2019-00199-01

5 Argumentó que no es justo que los beneficiarios de un servidor público tengan requisitos más exigentes que los de trabajadores del sector privado para acceder a la pensión de sobrevivientes, dado que la vejez y la muerte son contingencias diferentes. En este sentido, invocó el principio de favorabilidad para que se

requisitos más exigentes que los de trabajadores del sector privado para acceder a la pensión de sobrevivientes, dado que la vejez y la muerte son contingencias diferentes. En este sentido, invocó el principio de favorabilidad para que se aplicara el Decreto 758 de 1990 en su integridad, al ser más benéfico.

Citó la sentencia del Consejo de Estado del 23 de septiembre de 2015 (Rad. 3414-14), en la que se reconoció la aplicación de un régimen más favorable a un empleado público en materia pensional. Este precedente, a juicio de la apelante, demostraba la prevalencia de los derechos fundamentales de igualdad y favorabilidad en seguridad social.

La apelación cuestionó que el juzgado limitara el análisis a una aplicación estricta de la norma vigente en 1990, desconociendo la evolución normativa y jurisprudencial posterior. Según la demandante, esta interpretación exegética afectó de manera despropo rcionada a los beneficiarios del causante, dejándolos sin amparo.

Con base en lo anterior, la parte demandante solicitó al superior revocar la decisión de primera instancia y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda, reconociendo la pensión de sobrevivientes en favor de la señora María Denis Salcedo

Trámite de Segunda Instancia

Una vez concedido el recurso de apelación, y repartido el expediente, se dispuso su admisión. Se contó en esta etapa con la intervención de la UGPP, entidad que solicitó confirmar la sentencia del Juzgado Primero Administrativo Oral de Bucaramanga del 30 de septiembre de 2022, que negó las pretensiones de la

su admisión. Se contó en esta etapa con la intervención de la UGPP, entidad que solicitó confirmar la sentencia del Juzgado Primero Administrativo Oral de Bucaramanga del 30 de septiembre de 2022, que negó las pretensiones de la demanda de la señora María Denis Salcedo, al considerar que el derecho reclamado carece de sustento constitucional, legal y jurisprudencial. La entidad expuso que el señor Manuel Antonio García González falleció el 10 de junio de 1990, luego de haber laborado como empleado público por 6 años y 12 días, efectuando aportes a la extinta CAJANAL, sin alcanzar los 20 años de servicio exigidos para consolidar el derecho a pensión de jubilación conforme a la Le y 33 de 1973 y la Ley 12 de

1975. En consecuencia, sus beneficiarios no podían acceder a la sustitución pensional. La UGPP recordó que la Ley 100 de 1993 creó la pensión de sobrevivientes, pero esta solo rige desde el 1º de abril de 1994, por lo cual no er a aplicable al caso, dado que el deceso ocurrió cuatro años antes. Además, insistióSentencia de segunda instancia

Expediente No. 680013333001-2019-00199-01

6 en que no procede aplicar el Decreto 758 de 1990, pues este regula las prestaciones de los afiliados al Instituto de Seguros Sociales (ISS) y, excepcionalmente, la de algunos servidores públicos afiliados a esa entidad, situación que no se acreditó en el proceso, pues el causante únicamente realizó aportes a CAJANAL.

La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

Competencia

el proceso, pues el causante únicamente realizó aportes a CAJANAL.

La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con lo establecido en el Art. 153 del CPACA, esta Corporación es competente para decidir el recurso de apelación propuesto.

Problema Jurídico

¿Es jurídicamente viable aplicar el principio de favorabilidad laboral y de seguridad social, consagrado en los artículos 53 de la Constitución Política, para reconocer la pensión de sobrevivientes a la señora María Denis Salcedo, con fundamento en lo previsto en el Decreto 758 de 1990 (régimen del ISS), pese a que el causante no estuvo afiliado al ISS?

Tesis: No.

Desarrollo del problema jurídico:

Pensión de sobreviviente en el sector oficial:

La Ley 6ª de 1945 estableció la pensión vitalicia de jubilación para empleados y obreros nacionales con 20 años de servicio y 50 años de edad. Posteriormente, el Decreto Ley 3135 de 1968 fijó que los empleados públicos o trabajadores oficiales tenían derecho a pensión vitalicia si acreditaban 20 años de servicio y cumplían 55 años (hombres) o 50 (mujeres), equivalente al 75% del promedio salarial del último año.

El Decreto 1848 de 1969 reglamentó lo anterior: reiteró los requisitos, permitió acumular tiempo en distintas entidades, dispuso que la pensión se pagara por la entidad de previsión correspondiente y reguló la sustitución pensional por dos años en favor de los beneficiarios si el causante ya había consolidado el derecho.Sentencia de segunda instancia

acumular tiempo en distintas entidades, dispuso que la pensión se pagara por la entidad de previsión correspondiente y reguló la sustitución pensional por dos años en favor de los beneficiarios si el causante ya había consolidado el derecho.Sentencia de segunda instancia Expediente No. 680013333001-2019-00199-01

7 Luego, la Ley 33 de 1973 amplió la sustitución pensional, permitiendo que la viuda del trabajador —público o privado — con derecho a jubilación, invalidez o vejez reclamara la pensión de manera vitalicia, prorrogando derechos previamente limitados a cinco a ños. Finalmente, la Ley 12 de 1975 otorgó ese beneficio al cónyuge supérstite o compañera permanente y a los hijos menores o inválidos, siempre que el trabajador hubiese completado el tiempo de servicios exigido aunque no la edad.

En conclusión, inicialmente la sustitución pensional solo procedía cuando el causante había consolidado el derecho a jubilación; sin embargo, con el desarrollo legislativo se extendió a los casos en los que el empleado público cumplía el tiempo de servicios, aun sin alcanzar la edad mínima para pensionarse.

RÉGIMEN PENSIONAL DEL ACUERDO 049 DE 1990: DE APLICACIÓN

EXCEPCIONAL

Abordará la Sala el estudio del Acuerdo 049 de 1990, expedido el Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios y aprobado por el Gobierno mediante Decreto 758 de 1990, mediante el cual se estableció el régimen del seguro social obligatorio de vejez, muerte e invalidez, aplicable a los particulares por re gla general , para establecer las hipótesis en las que resulta aplicable.

de 1990, mediante el cual se estableció el régimen del seguro social obligatorio de vejez, muerte e invalidez, aplicable a los particulares por re gla general , para establecer las hipótesis en las que resulta aplicable.

Conforme al artículo 1º del acuerdo, eran sujetos obligatorios del seguro social de origen no profesional:

1. En forma forzosa: a) Los trabajadores nacionales o extranjeros que presten sus servicios a patronos particulares mediante contrato de trabajo o de aprendizaje; b) Los funcionarios de seguridad social del Instituto de Seguros Sociales y, c) Los pensionados por jubilación cuyas pensiones vayan a ser compartidas con las pensiones de vejez a cargo del Instituto de Seguros Sociales o asumidas totalmente por él.

2. En forma facultativa: a) Los trabajadores independientes; b) Los sacerdotes diocesanos y miembros de las Comunidades Religiosas y, c) Los servidores de entidades oficiales del orden estatal que al 17 de julio de 1977 se encontraban registradas como patronos ante el ISS.

3. Otros sectores de población respecto de quienes se amplíe la cobertura del régimen de los seguros sociales obligatorios.Sentencia de segunda instancia

Expediente No. 680013333001-2019-00199-01

8 Así, los únicos servidores públicos que obligatoriamente estaban sometidos al régimen del seguro social obligatorio, eran aquéllos denominados funcionarios de seguridad social 1, categoría correspondiente a los servidores vinculados al ISS mediante relación legal y reglamentaria2.

Sin embargo, algunas entidades públicas facultadas, optaron por afiliar a sus empleados al ISS, a quienes por consiguiente, también les resultaba aplicable el

mediante relación legal y reglamentaria2.

Sin embargo, algunas entidades públicas facultadas, optaron por afiliar a sus empleados al ISS, a quienes por consiguiente, también les resultaba aplicable el régimen establecido en el Acuerdo 049 de 1990.

Con la entrada en vig or de la Ley 100 de 1993, se derogó el régimen pensional del Acuerdo 049 de 1990, al igual que los demás regímenes pensionales aplicables al sector público, sin perjuicio de los derechos adquiridos de quienes causaron el derecho pensional antes de la vigencia de aquélla, y del régimen de transición previsto en el artículo 36 ibídem , que prolongó su aplicación para quienes a 1º de abril de 1994 hubieren cumplido 35 o más años de edad si son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de ser vicios cotizados.

Así las cosas, se concluye que la pensión de sobrevivientes contenida en el Decreto 758 de 1990 se causa para los beneficiarios que dependan económicamente del trabajador, en la medida en que se demuestre que cotizó 150 semanas dentro de los 6 años anterio res a la fecha de su deceso o 300 en cualquier época.

En lo puntualmente relacionado con el campo de aplicación de esta normativa, se advierte que cobijaba, en forma forzosa u obligatoria, a (i) los trabajadores nacionales o extranjeros que presten sus servicios a empleadores particulares mediante contrato de trabajo o de aprendizaje, (ii) los f uncionarios de seguridad social del Instituto de Seguros Sociales y (iii) « Los pensionados por jubilación

nacionales o extranjeros que presten sus servicios a empleadores particulares mediante contrato de trabajo o de aprendizaje, (ii) los f uncionarios de seguridad social del Instituto de Seguros Sociales y (iii) « Los pensionados por jubilación

1 Los trabajadores vinculados a dicha entidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 4º del Decreto 2324 de 1948, ostentaron la condición de trabajadores particulares. Posteriormente, a través del Decreto 433 de 27 de marzo de 1971, se dispuso que el ISS era una entidad de derecho social, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio e independiente, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dicho cambio de naturaleza generó, con la expedición del Decreto 1654 de 1977, la existencia en dicha institución de una categoría especial de empleados denominados “funcionarios de la seguridad social”, correspondientes a aquellos que desempeñaran cargos asistenciales y administrativos. Posteriormente, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 413 de 1980, existió la condición de empleados públicos y funcionarios de la seguridad social. En el año 1992 se dio otro cambio fundamental en la naturaleza del Instituto, pues de conformidad con lo ordenado por el Decreto 2148 de 1992, se convirtió en una Empresa Industrial y Comercial del Estado. Esta condición determinó que luego, con ocasión del estudio de constitucionalidad del parágrafo del artículo 235 de la Ley 100 de 1993, la Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-579 de 1996, declarara la inexequibilidad de dicha categoría en

una empresa que, como se anotó, pasó a ser Industrial y Comercial del Estado, cuyo régimen determina que por regla general los servidores vinculados son trabajadores oficiales. Solo a partir de la vigencia del Decreto 1750 de 2003, los antiguos funcionarios de la seguridad social pasaron a ser empleados públicos, por cuenta de la escisión de la vicepresidencia del ISS y la creación de las ESE’s. 2 Decreto 1651 de 1977, artículo 3º. ARTICULO 3o. DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. Serán empleados públicos de libre nombramiento y remoción, el Director General del Instituto, el Secretario General, los subdirectores y los Gerentes Seccionales de la entidad. Tales empleados se sujetarán a las normas generales que rigen para los funcionarios de la Rama Ejecutiva del Poder Público. (…) Los funcionarios de seguridad social estarán vinculados a la administración por una relación legal y reglamentaria de naturaleza especial, que les confiere el derecho a celebrar colectivamente con el Instituto Convenciones para modificar las asignaciones básicas de sus cargos.Sentencia de segunda instancia Expediente No. 680013333001-2019-00199-01

9 cuyas pensiones vayan a ser compartidas con las pensiones de vejez a cargo del Instituto de Seguros Sociales o asumidas totalmente por él»; y de manera facultativa, a los trabajadores independientes, los sacerdotes diocesanos y miembros de las comunidades religiosas y los servidores de entidades oficiales que al 17 de julio de 1977 s e encontraban registradas como empleadores ante el ISS (artículo 1°).

miembros de las comunidades religiosas y los servidores de entidades oficiales que al 17 de julio de 1977 s e encontraban registradas como empleadores ante el ISS (artículo 1°).

Vale mencionar que en sentencia de 17 de julio de 2013 (radicado 44363) la Sala de Casación Laboral de la C.S.J. MP. Carlos Ernesto Molina Monsalve, reconoció una pensión de sobrevivientes a los beneficiarios de una persona que estuvo vinculada al ISS y al momento de su muerte había satisfecho el número de semanas exigidas por el Acuerdo 049 de 1990, en los siguientes términos:

“No se discute en esta litis que el causante durante su vida laboral acumuló 681,4286 semanas cotizadas, antes de la entrada en vigencia de la L. 100/1993, específicamente en el período comprendido entre el 1° de enero de 1967 y el 19 de febrero de 1981, aunque en el año inmediatamente anterior al momento de la muerte, que se produjo el 15 de octubre de 1994, no tenía ninguna semana cotizada y por tanto no reunió las 26 semanas de cotización en ese lapso, exigidas por la norma vigente para la fecha del fallecimiento, L.100/1993 Art. 46.

Sin embargo, en este asunto tiene plena cabida la denominada <condición más beneficiosa> , por razón de que esta Corporación ha adoctrinado, que un afiliado al régimen del Instituto de los Seguros Sociales , que tenga en su haber el número y densidad de semanas exigidas por el A.049/1990, Arts. 6°, 25 y 27, aprobado por el D. 758 del mismo año, tiene derecho a que se le aplique dicho principio

y densidad de semanas exigidas por el A.049/1990, Arts. 6°, 25 y 27, aprobado por el D. 758 del mismo año, tiene derecho a que se le aplique dicho principio consagrado en la C.N. Art. 53, a fin de definir su situación pensio nal respecto de sus beneficiarios, aunque fallezca en vigor de la nueva ley de seguridad social y no cumpla con el requisito de la L.100/1993, Art. 46, relativo a las 26 semanas cotizadas al sistema para el momento de la muerte o dentro del último año, como en este caso ocurre .

En lo concerniente a las dos hipótesis sobre semanas cotizadas que contiene la normatividad que antecede a la nueva ley de seguridad social (A.049/1990, Arts. 6°, 25 y 27), la Corte tiene establecido que aquella que tiene que ver con las 300 semanas cotizadas en cualquier tiempo, ese número debe estar satisfecho para el momento en que comenzó a regir la Ley 100 de 1993, o sea antes del 1° de abril de 1994; en cambio frente al otro supuesto de la norma, relativo a una densidad de semanas aportadas al ISS equ ivalente a 150 "dentro de los seis años anteriores a la muerte del afiliado", la Sala fijó el criterio consistente en que este requisito para efectos de la aplicación de la condición más beneficiosa cuando el deceso acontece en imperio de la Ley 100 de 1993, se debe considerar cumplido contabilizando esos seis años pero desde el 1° de abril de 1994 hacía atrás, es decir remontándose en el tiempo hasta el 1° de abril de

1988. Y además es menester que el asegurado también tenga en su haber esa misma densidad de semanas (150) en los seis años que anteceden al fallecimiento, en el

1988. Y además es menester que el asegurado también tenga en su haber esa misma densidad de semanas (150) en los seis años que anteceden al fallecimiento, en el entendido de que el suceso de la muerte ocurriere antes del 1° de abril de 2000

(Sentencias de la CSJ Laboral, 26 de septiembre y 4 de diciembre de 2006, Rad. 29042 y 28893, respectiva mente).”

Pese a las reformas orientadas a desmontar regímenes especiales, los afiliados al ISS beneficiarios del régimen de transición —y sus causahabientes —Sentencia de segunda instancia Expediente No. 680013333001-2019-00199-01

10 conservaron el derecho a obtener pensiones conforme al Acuerdo 049 de 1990 , en aplicación de la condición más beneficiosa .

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido que, en casos de empleados públicos afiliados al ISS (como los del SENA), puede aplicarse la regla de compartibilidad : la entidad empleadora reconoce inicialmente la pensión de jubilación bajo el régimen de transición, pero esta obligación se entiende transitoria hasta que el trabajador cumpla los requisitos del ISS, momento en el cual esa entidad asume el pago. Indicó e l máximo Tribunal de lo contencioso administrativo: “De la compartibilidad excepciona l de empleados públicos. La situación antes descrita, de pensión compartida se ha dado también de manera excepcional en el régimen de los empleados públicos, cuando la entidad ha afiliado a sus servidores al Instituto de Seguros Sociales, como ha sucedido en el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. En estos casos, en efecto, la obligación de

manera excepcional en el régimen de los empleados públicos, cuando la entidad ha afiliado a sus servidores al Instituto de Seguros Sociales, como ha sucedido en el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. En estos casos, en efecto, la obligación de reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de los servidores cobijados por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, es en principio de la entidad de seg uridad social a la cual estuvieron afiliados los empleados. No obstante, en virtud del régimen de transición del sector público, es posible que tales servidores cumplan requisitos pensionales antes de tener derecho a la pensión del Seguro Social, la entida d empleadora, en este caso el SENA, reconoce la pensión de jubilación ; pero como ha cotizado al Seguro Social, ese reconocimiento pensional se entiende condicionado hasta cuando el empleado obtenga su pensión del Seguro Social, de modo que, el Instituto la subrogara en su obligación siempre que el servidor cumpla los requisitos del reglamento del ISS y se haya expresado esta situación en el acto administrativo de reconocimiento pensional de jubilación. ”3

Por su parte, la Corte Constitucional ha avalado la acumulación de semanas cotizadas tanto en el ISS como en cajas de previsión, para completar las 1000 semanas exigidas por el Acuerdo 049 de 1990, al no existir un requisito de fidelidad en la cotización. Negar la pensión en esos casos vulner a derechos fundamentales. Lo anterior, en los siguientes términos: “…se vulneran los derechos fundamentales de las personas que, a pesar de cumplir el requisito de 1000 semanas de cotización y la edad, según la regulación del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, se les niega

fundamentales de las personas que, a pesar de cumplir el requisito de 1000 semanas de cotización y la edad, según la regulación del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, se les niega la pensión de vejez bajo el argumento de la exclusividad de cotizaciones al ISS. Así, de acuerdo con la ratio decidendi reiterada por la Corte Constitucional para decidir estos casos, es posible la acumulación de semanas cotizadas al ISS y a otras entidades de previsión social existentes antes de 1993 para otorgar pensiones de vejez bajo Acuerdo 049 de 1990, en aplicación del régimen de transición, bajo el supuesto del cumplimiento de los requisitos d e las 1000 semanas de cotización y la edad requerida” 4. En el mismo sentido, la Alta Corporación reiteró que su «[…] jurisprud