TA SAN - Sentencia 680013333001-2019-00341-02 (06-03-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrado Ponente: Iván Fernando Prada Macías

Bucaramanga, seis (06) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado 680013333001-2019-00341-02 Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante Doris Smith Jaimes Jaimes an_ge_li_ca82@hotmail.com Demandado Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co Ministerio Público Procuraduría 159 Judicial II para Asuntos Administrativos nmgonzalez@procuraduria.gov.co Tema Bonificación judicial Decreto 383 de 2013 / Confirma sentencia

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia proferida el diez (10) de noviembre del dos mil veintidós (2022) por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga.

I. LA DEMANDA1

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., instauró demanda ante esta jurisdicción por conducto de apoderado debidamente co nstituido la señora Doris Smith Jaimes Jaimes en contra de la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva seccional de administración judicial, con el fin de que se acceda a las siguientes:

1. Pretensiones.

1.1 Inaplicar por inconstitucionalidad e ilegalidad, el aparte “(…) y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General

1. Pretensiones.

1.1 Inaplicar por inconstitucionalidad e ilegalidad, el aparte “(…) y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud (…)”, contenido en el artículo primero del Decreto No. 383 de 2013.

1.2 Declarar la nulidad de la Resolución No. DESAJBUR1 8-7574 de fecha 26 de junio de 201 8 mediante la cual, la entidad demandada negó el reconocimiento y pago de la bonificación judicial como factor salarial con la consecuente reliquidación de las prestaciones sociales.

1.3. Declarar la nulidad del acto administrativo ficto o presunto que surgió con ocasión al silencio administrativo negativo derivado del recurso de

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reposición y en subsidio de apelación presentado el 25 de enero de 2019 en contra de la Resolución No. DESAJBUR18-7574.

1.4 A título de restablecimiento del Derecho, solicita se condene a la entidad demandada a reliquidar las prestaciones sociales percibidas por la demandante, con base en el salario devengado en su calidad de servidor público y beneficiario del Decreto 38 3 de 2013 y sus modificaciones ; a partir del 16 de septiembre de 2016.

1.5. Ordenar que, el cumplimiento de la condena que se imponga en esta

público y beneficiario del Decreto 38 3 de 2013 y sus modificaciones ; a partir del 16 de septiembre de 2016.

1.5. Ordenar que, el cumplimiento de la condena que se imponga en esta sentencia, se de en los términos de los artículos 187 y 192 del CPACA.

1.6 Que se ordene el pago de intereses moratorios a título de sanción al no haberse reconocido las prestaciones salariales con apego a la ley.

1.7 Que se condene en costas a la entidad demandada.

2. Hechos.

Como fundamento de las pre tensiones, la parte demandante aduce los siguientes hechos relevantes:

2.1. Se encuentra vinculada a la Rama Judicial, desde el 16 de septiembre de 2016, en calidad de empleada pública perteneciente al régimen salarial y prestaciones de acogidos dispuesto los Decretos No. 57 y 110 de 1993 y sus modificaciones.

2.2. Mediante petición radicada el día 07 de junio de 2018 solicitó a la entidad demandada entre otras, la reliquidación de todas las prestaciones sociales con inclusión de la bonificación judicial como factor salarial.

2.3 La entidad demanda, mediante la Resolución No. DESAJBUR18-7574 de fecha 26 de junio de 2018 negó la solicitud, frente a la cual el 25 de enero de 2019 se presentaron los recursos de reposición y en subsidio de apelación, los cuales no fueron resueltos configurándose el acto administrativo ficto o presunto.

3. Normas violadas y concepto de violación.

Se invocan como disposiciones violadas las siguientes: De orden

cuales no fueron resueltos configurándose el acto administrativo ficto o presunto.

3. Normas violadas y concepto de violación.

Se invocan como disposiciones violadas las siguientes: De orden Constitucional: artículos 2, 13, 25, 27, 53 y 58. De orden Legal: Ley 4 de 1992 y Código Sustantivo del Trabajo modificado por la Ley 50 de 1990.

Expresa que frente al aparte normativo señalado en los hechos y pretensiones de la demanda surge la excepción de inconstitucionalidad contenida en el artículo 4° de la Constitución Política, por cuanto la bonificación judicial constituye factor salarial y deberá tenerse e n cuenta para liquidar todas lasTribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333012-2019-00341-02

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prestaciones sociales percibidas por los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.

Indica que los actos demandados incurren en desconocimiento del bloque de constitucionalidad especialmente de la noción de remuneración señalada por los Convenios de la OIT ratificados por Colombia, el artículo 127 del C.S.T. y la sentencia 1998-480450-01 del Consejo de Estado.

Sostiene que el aparte normativo cuya inaplicación solicita, desconoce la Constitución Política y la Ley, específicamente lo relacionado con la protección del trabajo, la remuneración mínima, vital y móvil, la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales y la garantía de los derechos adquiridos y, desconoce la ley marco especialmente el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de1992.

beneficios mínimos establecidos en las normas laborales y la garantía de los derechos adquiridos y, desconoce la ley marco especialmente el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de1992.

Lo anterior, por cuanto la bonificación judicial es un incremento en la remuneración básica de los empleados y funcionarios judiciales que constituye factor salarial con incidencia en la liquidación de las prestaciones sociales.

De esta manera los actos demandados fueron expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse pues de acuerdo con la ley marco, era obligación del Gobierno Nacional garantizar la nivelación salarial de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial atendiendo a razones de equidad.

II. LA SENTENCIA APELADA2

El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga , mediante sentencia de fecha 10 de noviembre de 2022, resolvió:

“PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucional e ilegal, para el caso concreto, la expresión “únicamente” contenida en el art. 1 de los Decretos 383 de 2013 y demás decretos que lo modifican, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos contenidos en la Resolución No. DESAJBUR18 -7574 del 26 de junio de 2018 y el acto administrativo ficto o presunto , por medio de la cual se negó la reliquidación de las prestaciones sociales de la señora DORIS SMITH JAIMES JAIMES, con la inclusión de la Bonificación Judicial creada con el Decreto 383 de 2013, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

reliquidación de las prestaciones sociales de la señora DORIS SMITH JAIMES JAIMES, con la inclusión de la Bonificación Judicial creada con el Decreto 383 de 2013, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la

NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA , reconocer a favor de la señora DORIS SMITH JAIMES JAIMES la bonificación judicial creada por el Decreto 383 de 2013 como factor salarial, desde el 07 de junio de 2015, en adelante, por el tiempo efectivamente laborado en la RAMA JUDICIAL, y hasta la

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terminación del vínculo laboral, reliquidando todas las prestaciones sociales devengadas por ella.

CUARTO: CONDENAR, a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CÚCUTA, a pagar las diferencias resultantes entre las prestaciones sociales devengadas y las que resulten de la reliquidación ordenada.

QUINTO: Las sumas reconocidas deberán ser debidamente actualizadas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEXTO: DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN de las mesadas causadas con

de la reliquidación ordenada.

QUINTO: Las sumas reconocidas deberán ser debidamente actualizadas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEXTO: DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN de las mesadas causadas con anterioridad al 07 de junio de 2015 , conforme la parte motiva de esta providencia.

SÉPTIMO: La NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, dará cumplimiento a la sentencia de conformidad con los arts. 192 y 195 del CPACA.

OCTAVO: CONDENAR en costas en esta instancia, a la entidad demanda, de conformidad a la parte motiva de esta sentencia.

(…)”.

Como fundamento de la decisión y, tras desarrollar en el marco jurídico y jurisprudencial el concepto de salario, el régimen salarial y prestaciones dirigido a los empleados que se vincularon a la Rama Judicial con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 057 de 1997 y la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad al contexto particular, determinó qu e la bonificación judicial prevista en el Decreto 38 3 de 2013 sí constituye salario, contrario a lo dispuesto en dicha norma, toda vez que se trata de una retribución que se percibe habitual y periódicamente por la demandante como contraprestación directa de sus servicios prestados a la Rama Judicial ; por lo que la misma implica una violación de los principios y valores establecidos en el artículo 1° del Convenio 095 de la OIT, el artículo 53 de la Constitución

contraprestación directa de sus servicios prestados a la Rama Judicial ; por lo que la misma implica una violación de los principios y valores establecidos en el artículo 1° del Convenio 095 de la OIT, el artículo 53 de la Constitución Política y el artículo 2° de la Ley 4° de 1992 , lo que conduce a inaplicar la expresión allí contenida y reproducida en los decretos que ajustaron año a año los valores a reconocer por bonificación judicial , “…únicamente” , declarar la nulidad de los actos acusados y ordenar la reliquidación prestacional solicitada con la demandada.

III. EL RECURSO DE APELACIÓN3

El apoderado judicial de la parte demandada formula recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, insistiendo en la prosperidad de las excepciones previas y de mérito de falta de legitimación en la causa por pasiva y no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios.

Al respecto, considera que en atención a que lo que se busca con la demanda es modificar la escala de salarios prevista en el Presupuesto Genera l de la

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Nación, deben ser el Gobierno Nacional, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Administrativo de la Función Pública los llamados a responder por estas pretensiones, aunado al hecho de que la rama judicial no cuenta con facultad de modificar o adicionar la partida presupuestal asignada y, por tanto, se configuran la falta de legitimación en la causa por pasiva de su parte y la ineptitud de la demanda.

facultad de modificar o adicionar la partida presupuestal asignada y, por tanto, se configuran la falta de legitimación en la causa por pasiva de su parte y la ineptitud de la demanda.

Reitera que la actuación administrativa fue surtida conforme a la normatividad vigente, puesto que la entidad sólo se ha dedicado a dar cumplimiento a los decretos legales vigentes en los cuales expresamente se señala que la bonificación constituye factor salarial únicamente para efectos de constituir la base de cotización del Sistema General de Se guridad Social en salud y , por tanto, las imputaciones frente a los mismos deben ser asumidas por la autoridad competente y no por la Rama Judicial. Aunado a ello, considera que no es de recibo atacar su contenido a través de una acción de contenido particular y que no le es dable a la administración judicial acceder a la inaplicación por inconstitucionalidad, pues al realizarlo se modificaría el régimen salarial y prestacional de los servidores beneficiarios del Decreto 0383 de 2013 o del Decreto 0384 de 2013, competencia atribuible única y exclusivamente al Gobierno Nacional.

Sumado a lo anterior, advierte que no se avizora vicio de constitucionalidad alguno en la disposición que regula la Bonificación Judicial, toca vez que, variada y reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional ha admitido que resulta ajustado a la Constitución el que el Gobierno Nacional establezca que ciertos emolumentos salariales no tengan carácter salarial, pues ello es válido dentro de su libertad de configuración, máxime porque las condiciones en que fue creada tal Bonificación surgieron a partir de un acuerdo colectivo que el Gobierno hizo con las organizaciones sindicales de la Rama Judicial.

dentro de su libertad de configuración, máxime porque las condiciones en que fue creada tal Bonificación surgieron a partir de un acuerdo colectivo que el Gobierno hizo con las organizaciones sindicales de la Rama Judicial.

Manifiesta que no están incluidos en el presupuesto de la Rama Judicial los dineros que se requerirían para el pago de lo pretendido por la parte actora, lo cual obedece a que el rubro de gastos de personal está planeado y calculado, teniendo en cuenta las regulaciones vigentes que regulan los salarios, prestaciones y acreencias laborales de los empleados de la Rama Judicial, por lo que de ninguna manera pueden incluirse allí mayores costos para reconocer lo pretendido por la parte actora, en tanto, no resulta acorde con las previsiones de los Decretos 383 y 384 de 2013, que e stablecieron el carácter salarial de la Bonificación Judicial únicamente para efectos de aportes de Seguridad Social en pensiones y salud.

Se refiere a la excepción de caducidad asegurando que la parte demandante debió pretender la nulidad de los decretos salariales dentro del término contemplado en el artículo 138 del CPACA, de conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 137 ibidem, puesto que la parte accionante lo que pretende es el restablecimiento automático de un derecho (reliquidación d e salarios y prestaciones causados desde el 2013) y que no demandó las normas que regulan su remuneración, razón por la cual no encuentraTribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333012-2019-00341-02

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justificable que la parte accionante pueda ser excusada de no haber atacado

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justificable que la parte accionante pueda ser excusada de no haber atacado la vigencia de aquellas normas que se encuentra vigentes.

Por su parte, señala que en el presente caso ha operado la prescripción trienal de los derechos laborales pretendidos por la parte actora, que no fueron reclamados oportunamente, para tal efecto debe tenerse en cuenta que la demandante radicó la petición ante la Seccional Bucaramanga el 07 de junio de 2018, mediante la cual reclamó el reconocimiento de la bonificación decreto 383 y 384 de 2013, durante el tiempo que se desempeñó como empleada de la rama judicial; razón por la cual, las sumas reclamadas con anterioridad al 07 de junio de 2015, se encuentran prescritas.

Finalmente, se opone a la condena en costas impuesta en primera instancia al considerar que, tal decisión carece de un análisis objetivo valorativo que se requiere de conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo C.P.A.C.A., en concordancia con las precisas reglas del Código General del Proceso C.G.P.

IV. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El proceso es repartido al Despacho el 29 de junio de 202 3 formulándose impedimento para conocer del asunto; no obstante, fue declarado infundado en providencia del 12 de septiembre de 2024. Posteriormente, con auto del 28 de enero de 2025 se admitió el recurso de apelación. En la misma providencia se advirtió a los sujetos procesales que hasta su ejecutoria podrían

en providencia del 12 de septiembre de 2024. Posteriormente, con auto del 28 de enero de 2025 se admitió el recurso de apelación. En la misma providencia se advirtió a los sujetos procesales que hasta su ejecutoria podrían pronunciarse en relación con el recurso de apelación admitido.

En esta etapa las partes demandante y demandada guardaron silencio y el Ministerio Público no presentó concepto de fondo.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA.

1. Aspecto procesal previo

Encontrándose el presente proceso para efectuar pronunciamiento de fondo, la H. Magistrada Claudia Ximena Ardila Pérez, integrante de la Sala de decisión, formula impedimento para conocer el fondo del asunto por la causal prevista en el numeral 1° del artículo 141 del C.G.P., aplicable por remisión expresa del artículo 130 de la Ley 1437 de 2011, por existir un interés indirecto en las resultas del proceso, en atención a que ra dicó demandada de nulidad y restablecimiento del derecho bajo el número 680013333 -004-2018-0041200, en la que pretende el reconocimiento de la bonificación judicial y la prima especial como factor salarial.

Así, atendiendo a las manifestaciones efectuadas por la H. Magistrada, considera la Sala que para el caso bajo estudio se configura la causal de impedimento aludida atendiendo a que, tiene una expectativa similar a la deTribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333012-2019-00341-02

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la parte demandante pues su proceso se encuentra en trámite y la reclamación del derecho no ha sido definida por el juez de conocimiento;

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la parte demandante pues su proceso se encuentra en trámite y la reclamación del derecho no ha sido definida por el juez de conocimiento; razón por la cual la Sala estima procedentes los motivos invocados por la doctora Claudia Ximena Ardila Pérez y en ese sentido, se aceptará el impedimento manifestado, al configurarse la caus al prevista en el numeral primero del artículo 141 del CGP; resolviéndose, tal y como quedará consignado en la parte resolutiva, apartar a la H. Magistrada Ardila Pérez del conocimiento del presente medio de control, en aras de preservar la imparcialidad en la función judicial.

2. Competencia.

Corresponde a esta Corporación resolver los recursos interpuestos, dada la naturaleza de la providencia apelada, de conformidad con lo establecido en los Arts. 243 y 247 de la Ley 1437 de 2011.

3. Problema Jurídico.

De acuerdo con los argumentos planteados en el fallo de primera instancia y en el escrito de apelación, le corresponde a la Sala establecer si resulta procedente inaplicar por inconstitucionalidad la palabra “ únicamente” contenida en el artículo 1° del Decreto 383 de 2013 y en aquellos que ajustaron año a año los valores a reconocer por la bonificación judicial creada para los servidores públicos de la rama judicial y de la Justicia Penal Militar.

En caso afirmativo, se debe determinar, si la bonificación judicial creada mediante el Decreto 38 3 de 2013, constituye factor salarial para reliquidar todas las prestaciones sociales de la demandante desde que se vinculó a la

En caso afirmativo, se debe determinar, si la bonificación judicial creada mediante el Decreto 38 3 de 2013, constituye factor salarial para reliquidar todas las prestaciones sociales de la demandante desde que se vinculó a la entidad, hasta su retiro y, por tanto, hay lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos demandados.

4. Control de constitucionalidad del Decreto 383 de 2013. De la naturaleza jurídica de la bonificación judicial.

La Constitución de 1991 dejó en manos del legislador la competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los funcionarios públicos, correspondiéndole al Ejecutivo, en ejercicio de la potestad reglamentaria prevista en el numeral 11 del artículo 189 de la Carta Fundamental, desarrollar los parámetros fijados en Leyes Marco, como es el caso de la Ley 4ª de 19924, que señala los lineamientos generales que debe seguir el Ejecutivo Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos.

4 “ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (…)

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno

para los siguientes efectos: (…) e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública...”Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333012-2019-00341-02

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Ahora bien, conviene destacar, que la Ley 4ª de 1992, entre los objetivos

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Ahora bien, conviene destacar, que la Ley 4ª de 1992, entre los objetivos centrales para el sector judicial, se dirige a lograr una nivelación adecuada y más comprensiva de los salarios, es así que en sus artículos 14 y 15, como lo ha considerado el Consejo de Estado 5, da “cuenta de la falta de proporcionalidad salarial en la pirámide salarial ya que los sueldos de los magistrados de las Cortes de cierre estaban muy distantes del segundo nivel salarial conformado por los magistrados de Tribunal y magistrados auxiliares de Altas Cortes) y, con may or razón, con un extendido tercer nivel salarial conformado por el resto de jueces unipersonales que atienden el grueso de la demanda judicial del país. Por ello, y con el fin de extender el beneficio salarial a todos los funcionarios y empleados de la Ram a Judicial, se incluyó un parágrafo en el artículo 14 de la referida Ley 4ª, del siguiente tenor literal: “PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la rama judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad”.

En todo caso, debe señalar la Sala, que en la expedición de normas de carácter salarial, se debe ser consecuente con el principio de progresividad, constitucionalmente plasmado en el artículo 53 de la Carta Política6, y la noción de salario vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, atendiendo la mínima y básica realidad salarial, so pena de violar los criterios

constitucionalmente plasmado en el artículo 53 de la Carta Política6, y la noción de salario vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, atendiendo la mínima y básica realidad salarial, so pena de violar los criterios y valores establecidos en la Ley 4ª de 1992 , en tanto que, como se indi có, lo pretendido tanto por el Constituyente como por el Legislador fue “nivelar o reclasificar con sentido de equidad el sistema de remuneración de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial”.

De esta manera, el Gobierno Nacional, en desarrollo de las preceptivas y orden de nivelación salarial dispuesto en la Ley 4ª de 1992, expidió el Decreto 38 3 de 6 de marzo de 2013, el cual creó una bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional dispuesto en los Decretos 057 y 110 de 1993, bien porque se hubieran vinculado a partir de su entrada en vigor o, porque se hubieran acogido a él; en todo caso, en garantía del principio de la igualdad, bajo el principio de “a trabajo igual, salario igual ”, el artículo 2 del Decreto 383 de 2013 determinó, que aquellos funcionarios y empleados que “no optaron por el régimen establecido en el Decreto número 57 y 110 de 1993, 106 de 1994 y 43 de 1995 y que vienen regidos por el Decreto 848 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, de percibir en el año

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2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, de percibir en el año

5 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA. Bogotá, D. C, seis (6) de abril de dos mil veintidós (2022). Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Radicación: 76001233300020180041401 (0470-2020) 6 El artículo 53 Constitucional, eleva a rango superior una gama de principios (que componen el marco axiológico, ideológico y filosófico de las normas laborales y que permiten por tanto una correcta interpretación de las normas sustantivas), entre los que se cuentan el de una remuneración vital y móvil; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpreta ción de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; así mismo, en los incisos cuarto (4º) y quinto (5º) del artículo 53 se precisa que los convenios internacionales d el trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna; y que la ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333012-2019-00341-02

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2013 y siguientes, un ingreso total anual inferior al ingreso total anual más la bonificación judicial que se crea en el presente decreto, respect o de quien

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2013 y siguientes, un ingreso total anual inferior al ingreso total anual más la bonificación judicial que se crea en el presente decreto, respect o de quien ejerce el mismo empleo y se encuentra regido por el régimen salarial y prestacional obligatorio señalado en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994 y 43 de 1995, percibirán la diferencia respectiva a título de bonificación judicial, mientras permanezcan vinculados al servicio”.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 1 del Decreto 383 de 2013 , la bonificación judicial se reconoce de forma mensual y, constituye “únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud ”, luego no es constitutiva de factor salarial para efectos de liquidar las prestaciones legales y sociales que perciben los servidores de la Rama Judicial.

En consecuencia, al limitarse el carácter salarial de la bonificación judicial sólo al ingreso base de cotización en pensiones y salud, el Gobierno Nacional se apartó del marco de la Ley 4 de 1992 al que estaba obligado, en tanto no se dirigió a lograr la nivelación salarial, que sólo puede ser comprendida como un mejoramiento de las condiciones salariales, lo que para la Sala debe conllevar un aumento de la remuneración o retribución económica por la prestación de servicios; frente a lo cual, debe recordarse, que el artículo 127 de Código Sustantivo de Trabajo con la modificación realizada por el artículo 14 de la Ley 50 de 1990 , determina que “Constituye salario no sólo la remuneración

servicios; frente a lo cual, debe recordarse, que el artículo 127 de Código Sustantivo de Trabajo con la modificación realizada por el artículo 14 de la Ley 50 de 1990 , determina que “Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre vent as y comisiones”.

De ahí que, comprender la bonificación judicial sin carácter salarial, equivale a despojar a los servidores públicos destinatarios de la misma , de una buena parte de los beneficios salariales y prestacionales que el incremento de la remuneración representa, en la medida que al ser un factor salarial debe tenerse en cuenta para liquidar todos sus derechos económicos, como primas, vacaciones, cesantías, etc.

En este sentido, el Consejo de Estado7 indicó, que “al señalar el legislador que esa revisión se realizaría a través de la nivelación o reclasificación de los empleos de la Rama, debió el Gobierno Nacional sujetarse a ese cuadro fijado por el l egislador: nivelación o reclasificación, lo que conlleva a incremento salarial y no sólo crear una Bonificación ajena, según el Decreto que la creó, al salario, por cuanto el mismo indica que dicha Bonificación “sólo constituye factor salarial para efectos de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y en Salud””.

7 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA.

factor salarial para efectos de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y en Salud””.

7 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA.

Bogotá, D. C, seis (6) de abril de dos mil veintidós (2022). Referencia: Nulidad y R