TA SAN - Sentencia 680013333001-2020-00251-01 (24-07-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Mag. Ponente IVÁN MAURICIO MENDOZA SAAVEDRA

Bucaramanga, julio veinticuatro (24) de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Exp. No. 680013333001-2020-00251-01

MEDIO DE

CONTROL:

REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: CESAR AUGUSTO MURILLO NOVA Y OTROS

miguelangelsanchezabogado@hotmail.com

DEMANDADO: NACIÓN – RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co nurrear@cendoj.ramajudicial.gov.co;

NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA

NACIÓN

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co clara.cediel@fiscalia.gov.co;

NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –

POLICÍA NACIONAL

desan.notificacion@policia.gov.co desan.asjud@policia.gov.co leidy.alvarado1128@correo.policia.gov.co

MINISTERIO

PUBLICO:

JESÚS EDUARDO RODRIGUEZ OROZCO

PROCURADOR 47 JUDICIAL II

procjudadm47@procuraduria.gov.co

Se decide el Recurso de Apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante y la parte demandadaRama Judicial contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, el día 29 de agosto de 2022, que denegó las súplicas de la demanda.

De la Demanda

por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, el día 29 de agosto de 2022, que denegó las súplicas de la demanda.

De la Demanda

Pretensiones:

En síntesis, el demandante pretende que:

Se declare responsable administrativa y patrimonialmente a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL a la NACION-RAMA JUDICIALDIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - y a la NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN -, por la privación injusta de la libertad de CESAR AUGUSTO MURILLO NOVA durante 25,73 meses, privación que generó daños materiales, inmateriales, morales y convencionales. En consecuencia, se pide:Sentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333001-2020-00251-01 2 • Lucro cesante por un total de 34.48 meses de pérdida de ingresos ($32.795.190,84). • Indemnización por daños morales La suma de $87.780.300, por concepto de perjuicios morales a favor de cada uno de los demandantes. valorada en 600 SMMLV ($526.681.800). • Indemnización por afectación de bienes convencionales , con disculpas públicas o, en su defecto, compensación monetaria. De igual manera, se dé cumplimiento a la sentencia dentro de los términos establecidos en los arts. 192 y 195 del CPACA, y se condene en costas y agencias en derecho.

Hechos.

1. El 14 de julio de 2016, CESAR AUGUSTO MURILLO NOVA fue capturado

establecidos en los arts. 192 y 195 del CPACA, y se condene en costas y agencias en derecho.

Hechos.

1. El 14 de julio de 2016, CESAR AUGUSTO MURILLO NOVA fue capturado por miembros de la Policía Nacional en El Playón, Santander, junto con

GERMÁN AUGUSTO VELÁSQUEZ CASTRO.

2. La captura se produjo tras un presunto cruce de disparos, bajo la sospecha de portar una granada tipo IM26 cada uno.

3. La Fiscalía Local de Rionegro solicitó audiencias preliminares el 15 de julio de 2016, donde se legalizó la captura y se formuló imputación.

4. El Juzgado Promiscuo Municipal de El Playón declaró legal la captura y les impuso medida de aseguramiento por delitos relacionados con armas de fuego y explosivos.

5. La defensa apeló dicha medida, pero fue confirmada por el Juzgado Noveno

Penal del Circuito de Bucaramanga.

6. El 11 de noviembre de 2016, la Fiscalía Tercera Especializada presentó escrito de acusación.

7. El 6 de septiembre de 2018 se celebró audiencia de juicio oral y se ordenó la libertad de los acusados; la sentencia absolutoria quedó ejecutoriada el 9 de diciembre de 2018.

8. MURILLO NOVA estuvo privado de la libertad durante 25.73 meses.

9. La sentencia absolutoria se fundamentó en la aplicación del principio in dubio pro reo , ante la falta de pruebas suficientes y las contradicciones en los testimonios policiales.

Contestación a la Demanda

La NaciónMinisterio de DefensaPolicía Nacional, se opone a las pretensiones

pro reo , ante la falta de pruebas suficientes y las contradicciones en los testimonios policiales.

Contestación a la Demanda

La NaciónMinisterio de DefensaPolicía Nacional, se opone a las pretensiones formuladas en la demanda, argumentando que la actuación de sus funcionarios se enmarcó en el cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, sin que obre prueba en el expediente que permita establecer la existencia de un a falla en elSentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333001-2020-00251-01 3 servicio atribuible a esta entidad con ocasión de la medida de aseguramiento impuesta al señor CESAR AUGUSTO MURILLO NOVA.

Manifiesta que no se encuentra demostrado en el proceso el nexo causal entre la actuación de la Policía Nacional y el presunto daño alegado por la parte actora, por cuanto la privación de la libertad del señor MURILLO NOVA obedeció a una decisión judicial proferida por autoridad competente, en ejercicio legítimo de sus funciones constitucionales y legales, dentro del marco del proceso penal correspondiente.

En relación con los hechos, aclara que la captura del señor MURILLO NOVA se produjo en el contexto de un procedimiento policial en el cual los uniformados fueron atacados con arma de fuego, razón por la cual, al momento de su aprehensión, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, junto con los elementos incautados. Resalta que fue esta última entidad la encargada de valorar la procedencia de iniciar la acción penal y presentar al capturado ante la autoridad jurisdiccional.

En consecuencia, esta parte considera que no es posible atribuir responsabilidad a

incautados. Resalta que fue esta última entidad la encargada de valorar la procedencia de iniciar la acción penal y presentar al capturado ante la autoridad jurisdiccional.

En consecuencia, esta parte considera que no es posible atribuir responsabilidad a la Policía Nacional por hechos que se originan en decisiones adoptadas por el aparato judicial, las cuales escapaban al control o competencia de esta institución. Finalmente, propone como excepciones las siguientes:

1. Falta de legitimación en la causa por pasiva, al no existir vínculo directo entre la supuesta conducta generadora del daño y esta entidad; ii) Excepción innominada o genérica, para lo cual se reserva el derecho de desarrollar sus fundamentos a lo largo del proceso.

La NaciónFiscalía General de la Nación, se opone de manera integral a todas y cada una de las pretensiones formuladas en la demanda, al considerar que no existen elementos fácticos ni jurídicos en el expediente que permitan atribuirle responsabilidad patrimonial alguna a esta entidad. En relación con los hechos expuestos por la parte actora, la entidad señala expresamente que: i) No se reúnen los presupuestos necesarios para estructurar responsabilidad alguna a cargo de la Fiscalía General de la Nación, por cuanto la privación de la libertad del demandante no es atribuible a esta entidad, al tratarse de una medida adoptada por la autoridad judicial competente;

1. La investigación penal adelantada se desarrolló en el marco de la legalidad, en ejercicio legítimo de la función investigativa atribuida constitucional y legalmente a la Fiscalía, sin que se configure irregularidad o exceso en el ejercicio de dicha función;Sentencia de Segunda Instancia

Expediente No. 680013333001-2020-00251-01 4

la Fiscalía, sin que se configure irregularidad o exceso en el ejercicio de dicha función;Sentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333001-2020-00251-01 4 iii) En todo caso, opera una eximente de responsabilidad a favor de la Fiscalía, por tratarse de un hecho atribuible a un tercero, concretamente a los miembros de la Policía Nacional que realizaron la captura e hicieron entrega del capturado a la autoridad competente, con base en su propia valoración fáctica.

En cuanto a las excepciones, la Fiscalía General de la Nación propone:

1. Falta de legitimación en la causa por pasiva, conforme a la Ley 906 de 2004, al no existir una actuación propia que configure la imputación del daño alegado;

2. Ausencia de falla del servicio, toda vez que las actuaciones de la entidad se ajustaron a los parámetros legales y constitucionales;

3. Inexistencia de daño antijurídico, dado que no se acreditó un perjuicio que el demandante no estuviera en la obligación jurídica de soportar.

Asimismo, reitera que el hecho generador del presunto daño se originó exclusivamente en las actuaciones de la Policía Nacional, careciendo la Fiscalía de intervención directa en los hechos materiales que sustentan la demanda.

Respecto a los perjuicios reclamados, particularmente en lo que concierne al lucro cesante, la entidad resalta que no se allegó prueba alguna que demuestre que el señor CESAR AUGUSTO MURILLO NOVA se encontraba vinculado laboralmente al momento de su captur a. Por lo tanto, considera improcedente acceder al reconocimiento de los valores solicitados por dicho concepto, y menos aún por el

señor CESAR AUGUSTO MURILLO NOVA se encontraba vinculado laboralmente al momento de su captur a. Por lo tanto, considera improcedente acceder al reconocimiento de los valores solicitados por dicho concepto, y menos aún por el 25 % adicional invocado en la demanda a título de prestaciones sociales.

La Nación-Rama Judicial -Dirección Ejecutiva de Administración Judicial , actuando dentro del término legal, contesta la demanda, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones formuladas , por considerar que los hechos alegados no permiten configurar responsabilidad administrativa o patrimonial alguna en cabeza de esta entidad. En particular, expone:

1. Que las decisiones judiciales adoptadas en el proceso penal al que fue vinculado el demandante, fueron emitidas por autoridades jurisdiccionales en ejercicio legítimo de sus funciones, dentro del marco constitucional y legal, sin que se configure irregularidad alguna atribuible a la Dirección Ejecutiva;

1. Que los hechos relacionados con la privación de la libertad derivan de actuaciones de la Fiscalía General de la Nación, entidad que actúa como titular de la acción penal y que está constitucional y legalmente habilitada para adelantar investigaciones y solicitar medidas de aseguramiento;Sentencia de Segunda Instancia

Expediente No. 680013333001-2020-00251-01 5 iii) Que, en todo caso, se configuran eximentes de responsabilidad, como el hecho exclusivo de un tercero, lo cual excluye la imputación de cualquier conducta a la Dirección Ejecutiva.

Señala que la privación de la libertad solo puede considerarse injusta cuando es consecuencia de una actuación arbitraria, desproporcionada, irrazonable o contraria

Dirección Ejecutiva.

Señala que la privación de la libertad solo puede considerarse injusta cuando es consecuencia de una actuación arbitraria, desproporcionada, irrazonable o contraria al ordenamiento jurídico, y que, por tanto, el régimen aplicable en estos casos es el subjetivo, fundado en la falla del servicio, siendo el régimen objetivo de aplicación estrictamente excepcional y residual.

Destaca, además, que el juez contencioso puede valorar de oficio la concurrencia de eximentes de responsabilidad, como la culpa exclusiva de la víctima o la de un tercero, para determinar el verdadero causante del daño reclamado.

Precisa que la medida de aseguramiento adoptada en la etapa preliminar del proceso penal no desconoce la presunción de inocencia, pues no implica un juicio de responsabilidad penal, sino que responde a fines constitucionalmente legítimos como asegurar la c omparecencia del procesado, proteger a la víctima o evitar la obstrucción del proceso.

En respaldo de su posición, cita la sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado (2018), en la cual se aclaró que la antijuricidad del daño debe analizarse en función del cumplimiento o no de los procedimientos legales y constitucionales por parte del operador judicial. De esta forma, no toda privación de la libertad genera per se un daño antijurídico, sino que este debe derivar de una actuación judicial ilegítima o viciada de ilegalidad.

Agrega que las medidas de aseguramiento son de carácter preventivo y no sancionatorio, y que la función del juez de control de garantías no puede evaluarse con los mismos criterios que rigen al juez de conocimiento, quien es el competente

Agrega que las medidas de aseguramiento son de carácter preventivo y no sancionatorio, y que la función del juez de control de garantías no puede evaluarse con los mismos criterios que rigen al juez de conocimiento, quien es el competente para decidir sobre la responsabilidad penal del procesado.

Finalmente, propone como causal excluyente de responsabilidad el hecho exclusivo y determinante de un tercero, en tanto la privación de la libertad del señor CESAR AUGUSTO MURILLO NOVA tuvo origen en una captura en flagrancia realizada por la Policía Nacional, según consta en los respectivos informes ejecutivos elaborados por los agentes intervinientes.

Con fundamento en lo anterior, solicita al Despacho que se declare que no existe responsabilidad administrativa ni patrimonial en cabeza de la entidad.Sentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333001-2020-00251-01 6 Sentencia de Primera Instancia

Fue proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Bucaramanga el 29 de agosto de 2022 , a través de la cual se denegaron las súplicas de la demanda y no se condenó en costas , como fundamento de su decisión la A-quo señaló que, del acervo probatorio se acreditó que César Augusto Murillo Nova estuvo privado de la libertad entre el 14 de julio de 2016 y el 8 de septiembre de 2018, en virtud de la medida de aseguramiento impuesta por autoridad judicial competente, con ocasión del proceso penal adelantado por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones de uso restringido de las fuerzas armadas.

2018, en virtud de la medida de aseguramiento impuesta por autoridad judicial competente, con ocasión del proceso penal adelantado por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones de uso restringido de las fuerzas armadas.

Sin embargo, la juez concluyó que la privación de la libertad no constituyó un daño antijurídico, pues las decisiones adoptadas por la Fiscalía y los jueces de control de garantías se sustentaron en elementos probatorios suficientes, tales como el informe de captura en flagrancia, las actas de incautación de granadas y las declaraciones de los uniformados, que permitían inferir razonablemente la posible participación del demandante en los hechos investigados.

Así las cosas, al no acreditarse que la medida de aseguramiento hubiese sido arbitraria, desproporcionada o irrazonable, y teniendo en cuenta que la sentencia absolutoria se fundó en la duda razonable mas no en la inexistencia del hecho ni en una actuación errada de las autoridades, no se configuró la responsabilidad estatal bajo el régimen de falla del servicio.

Recurso de Apelación

La Parte Demandante - interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, al considerar que el fallo incurrió en errores al desconocer la responsabilidad estatal derivada de la privación injusta de la libertad sufrida por César Augusto Murillo Nova. En desarrollo de su argumentación, planteó los siguientes cargos:

1. Se señaló un indebido razonamiento jurídico, al sostener que la medida de aseguramiento fue legítima, desconociendo que la sentencia

de su argumentación, planteó los siguientes cargos:

1. Se señaló un indebido razonamiento jurídico, al sostener que la medida de aseguramiento fue legítima, desconociendo que la sentencia absolutoria acreditó la ausencia de prueba que demostrara la responsabilidad penal del actor. En tal sentido, se reprochó la omisión del precedente constitucional, en la que se exige valorar la antijuricidad del daño desde un enfoque sustancial y no meramente formal.

1. Se advirtió una indebida valoración de las investigaciones previas, alSentencia de Segunda Instancia

Expediente No. 680013333001-2020-00251-01 7 haber fundamentado la legalidad de la privación en los informes iniciales de la Policía y en actuaciones preliminares, sin considerar que estos elementos fueron desvirtuados en juicio, especialmente con la prueba sobreviniente que permitió dictar sentencia absolutoria.

1. Asimismo, se criticó una actitud de indiferencia frente a la afectación del derecho fundamental a la libertad, al no reconocer el sufrimiento injustificado padecido por el actor. Se alegó que el fallo omitió aplicar el principio de solidaridad y el deber de protección reforzada, propios de un

Estado Social de Derecho.

1. Se denunció un desbordamiento de las facultades del juez contenciosoadministrativo, quien habría incurrido en una indebida incursión en la órbita penal al calificar, con criterios propios del juez de conocimiento, la legalidad y necesidad de la medida de aseguramiento, excediendo su competencia constitucional y legal.

1. Igualmente, se expuso que la providencia apelada incurrió en un exceso

legalidad y necesidad de la medida de aseguramiento, excediendo su competencia constitucional y legal.

1. Igualmente, se expuso que la providencia apelada incurrió en un exceso del deber legal de fallar conforme al derecho, al sustituir el juicio penal con una reconstrucción oficiosa de los hechos para justificar la detención preventiva, lo que resulta contrar io a los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.

1. Finalmente, se alegó que se restringió injustificadamente la aplicación del régimen de responsabilidad objetiva, pese a que los artículos 90 de la Constitución Política y 68 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia contemplan esta modalidad para los eventos de privación injusta de la libertad, siempre que se configure un daño antijurídico, sin necesidad de acreditar una falla del servicio.

La Nación-Rama Judicial -Dirección Ejecutiva de Administración Judicial , apeló parcialmente la sentencia de primera instancia, específicamente el numeral segundo de la parte resolutiva, que negó la condena en costas a la parte demandante, a pesar de haber resultado vencida en el proceso.

Sostiene que el juez incurrió en un error de interpretación al aplicar el artículo 188 del CPACA, al supeditar la condena a costas a la existencia de mala fe o prueba de expensas. Aduce que dicho artículo establece un criterio objetivo, conforme al cual procede la condena cuando una parte resulta vencida, sin que sea necesario demostrar temeridad ni perjuicio económico. Argumenta que, aunque la entidad estuvo representada por abogados de planta, seSentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333001-2020-00251-01 8

demostrar temeridad ni perjuicio económico. Argumenta que, aunque la entidad estuvo representada por abogados de planta, seSentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333001-2020-00251-01 8 comprometieron recursos institucionales –humanos, técnicos y financieros – que justifican la imposición de costas, en cumplimiento además de los lineamientos fijados por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Manual Técnico de Defensa Judicial de la Rama Judicial.

Trámite de Segunda instancia

Una vez concedido el recurso de apelación, mediante providencia del 12 de diciembre de 2022 , se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y demandada - Rama Judicial . De dicho trámite se destaca lo que sigue:

La NaciónFiscalía General de la Nación, solicitó denegar las pretensiones de la demanda, argumentando que la privación de la libertad de César Augusto Murillo Nova fue producto de una actuación judicial legítima y no de una falla del servicio atribuible a la entidad. Señaló que actuó dentro del marco constitucional y legal de sus competencias y que el daño alegado no puede considerarse antijurídico, pues la medida de aseguramiento se basó en pruebas suficientes en su momento, sin que se demostrara una con ducta arbitraria o negligente por parte del ente investigador. En consecuencia, solicitó no declarar la responsabilidad estatal.

La Nación-Rama Judicial -Dirección Ejecutiva de Administración Judicial , solicitó confirmar la sentencia de primera instancia y negar las pretensiones de la demanda. Sostuvo que las decisiones judiciales que dieron lugar a la medida de

La Nación-Rama Judicial -Dirección Ejecutiva de Administración Judicial , solicitó confirmar la sentencia de primera instancia y negar las pretensiones de la demanda. Sostuvo que las decisiones judiciales que dieron lugar a la medida de aseguramiento contra César Augusto Murillo Nova se adoptaron conforme al marco legal y constitucional, con base en elementos probatorios suficientes. Reiteró que no se configuró un daño antijurídico imputable a la administración de justicia, por lo que no existe lugar a declarar responsabilidad estatal.

La NaciónMinisterio de Defensa - Policía Nacional , solicitó confirmar la sentencia de primera instancia y negar las pretensiones de la demanda, argumentando que la captura de César Augusto Murillo Nova fue realizada en flagrancia, conforme a la ley, y declarada legal por el juez de control de garantías. Afirmó que su actuación se limitó a la aprehensión y entrega del capturado a la Fiscalía, sin que tuviera competencia para imponer medidas de aseguramiento. Negó la existencia de falla en el servicio, señalando que no hubo nexo causal entre su actuación y el daño alegado. Por tanto, solicitó exonerarla de responsabilidad.

El Ministerio Público no rindió concepto.

CONSIDERACIONESSentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333001-2020-00251-01 9

Competencia

De conformidad con lo establecido en el Art. 153 del CPACA, esta Corporación es competente para decidir el recurso de apelación propuesto por la parte demandante y demandadaRama Judicial.

Problema Jurídico

Vistos los antecedentes fácticos del caso y el objeto del recurso de apelación

competente para decidir el recurso de apelación propuesto por la parte demandante y demandadaRama Judicial.

Problema Jurídico

Vistos los antecedentes fácticos del caso y el objeto del recurso de apelación interpuesto, corresponde a la Sala desatar el siguiente interrogante: ¿Existe responsabilidad patrimonial y extracontractual del Estado Colombiano por la privación de la libertad a la fue sometido el señor CÉSAR AUGUSTO MURILLO NOVA? Para ello, deberá establecerse si en torno del presente caso, la privación de la libertad ordenada fue injusta.

Solución al Problema Jurídico Planteado:

• Del análisis de responsabilidad en el Caso en Concreto:

Régimen de Responsabilidad

La Sección Tercera del Honorable Consejo de Estado1, en reciente pronunciamiento analizó la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación de la libertad de una persona partiendo de las consideraciones realizadas frente al tema por parte de la Corte Constitucional en las sentencias C -0372 y SU -0723, concluyendo que “…el carácter injusto de la privación de la libertad debe analizarse a la luz de los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida de aseguramiento, de ahí que se deba determinar en cada caso si existe o no mérito para proferir decisión en tal sentido.” (Se resalta por la Sala)

Agregó la Máxima Corporación de lo Contencioso Administrativo que ni la cláusula de responsabilidad contenida en el art. 90 de la Carta Política ni el establecido en el art. 68 de la Ley 270 de 1996, privilegiaron un régimen de responsabilidad

Agregó la Máxima Corporación de lo Contencioso Administrativo que ni la cláusula de responsabilidad contenida en el art. 90 de la Carta Política ni el establecido en el art. 68 de la Ley 270 de 1996, privilegiaron un régimen de responsabilidad específico que oriente el estudio de responsabilidad aplicable por privación de la libertad, de lo cual, corresponderá al Juez Administrativo realizar un análisis que le permita determinar “ si la privación de la libertad fue apropiada, razonable y/o proporcionada”4.

1 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia del 5 de marzo de 2020, C.P. MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO (E), Exp. 50264. 2 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 3 Corte Constitucional, sentencia SU 072 del 5 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas. 4 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia del 5 de marzo de 2020, C.P. MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO (E), Exp. 50264.Sentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333001-2020-00251-01 10

En concreto la Corte Constitucional precisó en las sentencias C -037 y SU-072, lo siguiente: “Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6o, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término ‘injustamente’ se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne

conviene aclarar que el término ‘injustamente’ se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención”. (Sentencia C-037)

“105. Esta Corporación comparte la idea de que en dos de los casos deducidos por el Consejo de Estado –el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípicaes posible predicar que la decisión de privar al investigado de su libertad resulta irrazonable y desproporcionada, luego, para esos eventos es factible aplicar un título de atribución de carácter objetivo en el entendido de que el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos.

“(…)

“106. Así las cosas, los otros dos eventos definidos por el Consejo de Estado como causas de responsabilidad estatal objetiva –el procesado no cometió la conducta y la aplicación del in dubio pro reo - exigen mayores esfuerzos

“(…)

“106. Así las cosas, los otros dos eventos definidos por el Consejo de Estado como causas de responsabilidad estatal objetiva –el procesado no cometió la conducta y la aplicación del in dubio pro reo - exigen mayores esfuerzos investigativos y probatorios, pues a pesar de su objetividad, requiere del Fiscal o del juez mayores disquisiciones para definir si existen pruebas que permitan vincular al investigado con la conducta punible y presentarlo como el probable autor de la misma”.

“(…)

“109. Es necesario reiterar que la única interpretación posible –en perspectiva judicial- - del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 es que el mismo no establece un único título de atribución y que, en todo caso, le exige al juez contencioso administrativo definir si la decisión que privó de la libertad a un ciudadano se apartó de los criterios que gobiernan la imposición de medidas preventivas, sin que ello implique la exigencia ineludible y para todos los casos de valoraciones del dolo o la culpa del funcionario que expidió la providencia, pues, será en aplicación del principio iura novit curia, aceptado por la propia jurisprudencia del Consejo de Estado, que se establezca cuál será el régimen que ilumine el proceso y, por ende, el deber demostrativo que le asiste al demandante” (se destaca). –Sentencia SU-072 de 2018.

De esta manera, la responsabilidad del Estado en casos de privación de la libertad no se deriva de forma automática de la existencia de una sentencia absolutoria en curso del proceso penal, pues el derecho al resarcimiento patrimonial en estos casos amerit a establecer si el daño es antijurídico, conclusión a la cual solo se

no se deriva de forma automática de la existencia de una sentencia absolutoria en curso del proceso penal, pues el derecho al resarcimiento patrimonial en estos casos amerit a establecer si el daño es antijurídico, conclusión a la cual solo se puede arribar determinando si la medida restrictiva de la libertad resultó injusta, esto es, si no fue apropiada, razonable o proporcionada, lo que lleva al estudioSentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333001-2020-00251-01 11 de la legalidad de la medida y su concordancia con lo establecido por la norma procedimental penal que orientó la actuación en esta materia.

Análisis del caso:

Bajo este contexto, la Sala deberá determinar si se encuentra demostrada la responsabilidad patrimonial del Estado en el presente caso por la privación de l a libertad a la que fue sometido el señor CÉSAR AUGUSTO MURILLO NOVA, para lo cual deberá abordarse el caso a efecto de establecer la existencia del daño antijurídico. El daño antijurídico

Para abordar integralmente la controversia planteada, esta Sala procederá a analizar la existencia del daño, el cual, además de cierto, debe revestir el carácter de antijurídico, en tanto constituye un elemento esencial dentro del régimen de responsabilidad del Estado. Conforme lo ha señalado de manera reiterada la jurisprudencia del Consejo de Estado, “sin daño no hay responsabilidad”, de modo que su acreditación es presupuesto indispensable para evaluar su imputación a una entidad pública.

En el presente caso, el daño alegado por la parte actora consiste en la privación de

que su acreditación es presup