TA SAN - Sentencia 680013333001-2021-00032-01 (30-04-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, Treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

RADICADO: 680013333001-2021-00032-01

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016800123

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

DEMANDANTE: MILTON GARCÍA BARRAGAN

dianacontreras.abogados@outook.es

DEMANDADO: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA

NACIÓN.

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO JHON CARLOS GARCÍA PEREA

jcgarcia@procuraduria.gov.co ASUNTO: Sentencia de segunda instancia . La bonificación judicial debe ser reconocida como factor salarial para todos los efectos legales. Modifica de oficio la condena en costas en primera instancia.

TEMA: Bonificación judicial

SENTENCIA No. 045

MAGISTRADA PONENTE: CLAUDIA PATRICIA PEÑUELA ARCE

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia de fecha siete (07) de septiembre de dos mil

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia de fecha siete (07) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga.

La Sala es competente para resolver el recurso de conformidad con lo previsto en el artículo 153 del CPACA.

I. ANTECEDENTESNulidad y Restablecimiento del derecho

Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: MILTON GARCÍA BARRAGAN

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Radicado No. 680013333001-2021-00032-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

A. Posición de la parte demandante1

Solicita declarar la nulidad del oficio número No. 31200 -0080 del 3 de febrero de 2020 proferido por la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental de la Fiscalía General de la Nación y la Resolución número 2 - 0650 del 15 de mayo de 2020, proferida por la Subdirección de Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación, mediante las cuales se negó el reconocimiento, reliquidación y pago de los valores por concepto de prestaciones sociales del demandante.

En consecuencia, solicitó:

«INAPLICAR POR INCONSTITUCIONAL E ILEGAL la expresión “constituye únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud” contenida en

En consecuencia, solicitó:

«INAPLICAR POR INCONSTITUCIONAL E ILEGAL la expresión “constituye únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud” contenida en el artículo primero del Decre to 382 de 2013 modificado por el Decreto 022 de 2014, ajustada a su vez por los Decretos No. 1270 de 2015, 247 de 2016, 1015 de 2017 y 341 de 2018, por vulneración de los artículos 2º, 27 y 53 de la Carta Fundamental, y la ley 4 de 1993 en su parágrafo.

2. DECLARAR LA NULIDAD del acto administrativo contenido en el oficio No. 31200-0080 DEL 3 de febrero de 2020 notificado el 13 de febrero de 2020, mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de la bonificación judicial como factor salarial y reliquidación de las prestaciones sociales.

3. DECLARAR LA NULIDAD de la resolución No. 20650 del 15 de mayo de 2020, notificada el 19 de mayo de 2020 por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación y se confirmó el oficio No. 31200-0080 del 3 de febrero de 2020 en todas sus partes.

4. Que a título de restablecimiento del derecho como consecuencia de la nulidad de los actos administrativos demandados se ordene a la NACIÒNFISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, reconocer como factor salarial y prestacional la bonificación judicial, creada mediante el Decreto 382 de 2013 modificado por el Decreto No.022 de enero 9 de 2014 y demás

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, reconocer como factor salarial y prestacional la bonificación judicial, creada mediante el Decreto 382 de 2013 modificado por el Decreto No.022 de enero 9 de 2014 y demás modificaciones, y que en tal virtud se reliquiden las prestaciones sociales y demás emolumentos devengados por mi representado como servidor o empleado de la Fiscalía General de la Nación, incluyendo la bonificación judicial como factor salarial y se proceda al pago de las diferencias causadas como consecuencia de la referida reliquidación a partir del 1 de enero de 2013 en adelante.

5. La liquidación de las anteriore s condenas deberá efectuarse mediante sumas liquidas de moneda de curso legal en Colombia, y se ajustarán dichas condenas tomando como base el índice de precios al consumidor, conforme a lo dispuesto por el artículo 192 del CPACA

(…)».

Las anteriores pretensiones se fundamentaron en las siguientes afirmaciones:

1 Expediente digital de OneDrive, 002Demanda.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: MILTON GARCÍA BARRAGAN

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Radicado No. 680013333001-2021-00032-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

El demandante es servidor de la Fiscalía General de la Nación en el cargo de Tecnico investigador IV y devenga mensualmente la bonificación judicial creada mediante el Decreto 0382 de 2013.

El demandante radicó petición el 30 de enero de 2020 ante la entidad demandada

Tecnico investigador IV y devenga mensualmente la bonificación judicial creada mediante el Decreto 0382 de 2013.

El demandante radicó petición el 30 de enero de 2020 ante la entidad demandada solicitando la liquidación y pago de todas las prestaciones sociales con base en la bonificación judicial como factor salarial de los valores dejados de percibir desde el 1 de enero de 2013 y las que a futuro se generen.

En respuesta, la demandada profirió el oficio número 31200-0080 del 03 de febrero de 2020, en la que negó las pretensiones.

Inconforme con la decisión, interpuso recurso de apelación el 14 de febrero de 2020.

Mediante Resolución No 2-650 del 15 de mayo de 2020, la demandada confirmó lo resuelto en el oficio número 31200-0362 del 13 de octubre de 2017.

Como fundamento de derecho invocó los artículos 2, 13, 25, 53 y 150, numeral 19, literales e y f de la Constitución Nacional, la Ley 4 de 1992, artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, el Decreto 1042 de 1968, el Decreto 0382 de 2013, convenios 95 y 10 de la OIT; y demás normas concordantes.

B. Posición de la parte demandada

La Nación – Fiscalía General de la Nación 2 se opuso a la prosperidad de las pretensiones en los siguientes términos:

Sostuvo que las pretensiones carecen de sustento fáctico y jurídico, ya que los actos demandados se limitaron a cumplir el deber legal impuesto por el Decreto 0382 de

pretensiones en los siguientes términos:

Sostuvo que las pretensiones carecen de sustento fáctico y jurídico, ya que los actos demandados se limitaron a cumplir el deber legal impuesto por el Decreto 0382 de 2013, el cual es plenamente válido y ajustado a la Constitución y la ley.

2 Expediente digital de OneDrive, 015ConstestaciónDemandaFiscalíaGralNación.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: MILTON GARCÍA BARRAGAN

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Radicado No. 680013333001-2021-00032-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander La entidad indicó que liquidó y pagó los salarios y prestaciones de sus funcionarios conforme a los decretos expedidos por el Gobierno nacional, los cuales prohíben modificar el régimen salarial o prestacional, en estricto cumplimiento de la Ley 4 de 1992.

Manifestó que otorgar un alcance superior a dichas disposiciones implicaría destinar recursos adicionales para cubrir necesidades no previstas, excediendo el presupuesto asignado y vulnerando el principio de sostenibilidad fiscal.

Refirió que no es posible otorgarle un alcance superior al Decreto 0382 de 2013 del que fue dispuesto por el Gobierno nacional, puesto que provocaría que se ordenara la disposición de recursos públicos adicionales para sufragar necesidades no proyectadas con anterioridad, desbordando el presupuesto destinado para solventar dicho emolumento adicional, lo que fracturaría el mandato de la sostenibilidad fiscal.

C. Sentencia de primera instancia3

proyectadas con anterioridad, desbordando el presupuesto destinado para solventar dicho emolumento adicional, lo que fracturaría el mandato de la sostenibilidad fiscal.

C. Sentencia de primera instancia3

El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga , mediante sentencia de fecha siete (07) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)., resolvió:

«PRIMERO: INAPLÍQUESE por inconstitucional la expresión “constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud” contenida en el artículo 1º del Decreto 382 de 2013 modificado por el artículo 1º del Decreto 022 de 2014.

SEGUNDO: DECLÁRASE la nulidad del administrativo contenido en el Oficio

No.31200-0080 del 3 de febrero de 2020 y la Resol ución No. 2-0650 del 15 de mayo de 2020, suscritos por la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, en lo que respecta al señor MILTON GARCÍA BARRAGAN, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN deberá reconocer a favor del señor MILTON GARCÍA BARRAGAN, la bonificación judicial como factor salarial, reliquidar las prestaciones sociales devengadas por éste desde el 1 de marzo del año 2013 y pague la diferencia resultante con la inclusión de la bonificación judicial desde el 30 de enero de 2017, por haber operado el fenómeno de la prescripción.

sociales devengadas por éste desde el 1 de marzo del año 2013 y pague la diferencia resultante con la inclusión de la bonificación judicial desde el 30 de enero de 2017, por haber operado el fenómeno de la prescripción.

CUARTO: NIÉGUENSE las demás pretensiones.

3Expediente digital de OneDrive, 020SentenciaAnticipadaPrimeraInstancia.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: MILTON GARCÍA BARRAGAN

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Radicado No. 680013333001-2021-00032-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander QUINTO: DECLÁRASE probada la excepción de prescripción frente a los valores reclamados por concepto de Bonificación Judicial anteriores al 30 de enero de 2017, conforme a lo expuesto en la parte motiva por prescripción trienal.

SEXTO: CONDENASE en costas a la demandada -por resultar vencido en el procesoa favor del demandante. Liquídense por secretaria.

SÉPTIMO: CÚMPLASE la sentencia en los términos previstos en los artículos 189 y siguientes del CPACA. Para efectos de la actualización económica o indexación de las sumas reconocida s, se aplicará la formula prevista en la parte motiva de la presente providencia.

OCTAVO: De conformidad con el artículo 188 del CPACA, se condena en costas a la parte demandada.».

Indicó que el Decreto 0382 de 2013 vulneró los principios constitucionale s de

OCTAVO: De conformidad con el artículo 188 del CPACA, se condena en costas a la parte demandada.».

Indicó que el Decreto 0382 de 2013 vulneró los principios constitucionale s de favorabilidad e irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en la legislación laboral, al tiempo que transgredió los objetivos y principios consagrados en la Ley 4 de 1992, en la medida en que desconoció los efectos salariales de la bonificación judicial.

Consideró que la bonificación judicial fue otorgada de manera continua y mensual, lo que la convierte en una remuneración fija y directa, cumpliendo características de un salario, por lo que debe ser incluida en el cálculo de las demás prestaciones sociales.

Precisó que inaplicará la expresión normativa «(…)y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud» contenida en el artículo 1° del Decreto No. 0382 de 2013 , que limita el reconocimiento de la bonificación judicial solo para efectos de cotización al sistema de salud y pensiones, en el entendido que sus disposiciones contravienen la Constitución y la ley, al no reconocer la boni ficación como factor salarial para calcular todas las prestaciones sociales y salariales.

Respecto de la prescripción trienal, señaló que el demandante presentó la reclamación administrativa el 30 de enero de 2020; por tanto, las sumas causadas con anterioridad al 30 de enero de 2017 se encuentran prescritas.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: MILTON GARCÍA BARRAGAN

Demandado: Fiscalía General de la Nación

con anterioridad al 30 de enero de 2017 se encuentran prescritas.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: MILTON GARCÍA BARRAGAN

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Radicado No. 680013333001-2021-00032-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Finalmente, se evidencia una contradicción en la sentencia, pues en la parte resolutiva se impone condena en costas a la entidad demandada, mientras que en la parte motiva se señala expresamente que no habrá lugar a su imposición. En efecto, en la parte motiva se indicó «seria del caso condenar en costas a la parte vencida dentro del presente litigio, no obstante, este Despacho se acoge a lo dispuesto por el Tribunal Admini strativo de Santander en múltiples providencias y niega su procedencia, atendiendo a que no se demostró temeridad o mal fe de la entidad demandada y sus argumentos en la contestación fueron razonables (artículo 47 Ley 2080 de 2021). Aunado a lo cual no se encuentra evidencia de causación de expensas que justifiquen la imposición de costas a la parte demandada. En consecuencia, no se condenará en costas».

D. Recurso de apelación

La Nación – Fiscalía General de la Nación4 solicitó revocar la decisión de primera instancia con sustento en los siguientes argumentos:

1. La entidad no cuenta con facultades ni atribuciones en materia de fijación de salarios y prestaciones para los servidores de la Fiscalía General de la Nación, puesto que su competencia recae únicamente en el Gobierno

instancia con sustento en los siguientes argumentos:

1. La entidad no cuenta con facultades ni atribuciones en materia de fijación de salarios y prestaciones para los servidores de la Fiscalía General de la Nación, puesto que su competencia recae únicamente en el Gobierno nacional, específicamente en la expedición del Decreto 0382 de 2013 con el objeto de establecer la bonificación judicial para esos funcionarios.

1. El decreto que se pretende inaplicar se encuentra amparado por el principio de legalidad, al no haber sido derogado, ni declarado inconstitucional.

1. No existe aparte normativo alguno a nivel nacional en el que se indique que todo lo que devengue un trabajador tenga que hacer parte de la base de liquidación de todos los factores salariales y prestacionales que el mismo reciba.

1. La bonificación judicial surgió de un acuerdo negociado entre el Gobierno nacional y los representantes sindicales de los funcionarios judiciales,

4Expediente digital de OneDrive, 023RecursoApelaciónSentencia.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: MILTON GARCÍA BARRAGAN

Demandado: Fiscalía General de la Nación

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander dentro de un marco de recursos previamente delimitado. En dicho acuerdo, se estableció que la bonificación tendría carácter salarial únicamente para efectos de cotización a los sistemas gener ales de pensiones y salud, sin afectar otros factores salariales. Por lo tanto,

acuerdo, se estableció que la bonificación tendría carácter salarial únicamente para efectos de cotización a los sistemas gener ales de pensiones y salud, sin afectar otros factores salariales. Por lo tanto, ampliar su alcance contravendría los términos negociados.

1. La decisión vulneró el mandato de sostenibilidad fiscal, toda vez que, la sentencia objeto de controversia ordena otorgarle a dicha bonificación plena naturaleza salarial, lo que impactaría directamente la liquidación de prestaciones sociales y otros pagos laborales, generando un gasto adicional no contemplado en el presupuesto del Estado.

E. Pronunciamiento en segunda instancia

Sin pronunciamiento de las partes.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

F. Problema jurídico

Valorados los hechos probados de cara al marco jurídico expuesto en esta providencia, se resolverán los siguientes interrogantes que surgen de los argumentos de impugnación de la parte demandada:

1. ¿ La Fiscalía General de la Nación, no tiene competenci a para modificar el régimen salarial y prestacional establecido por el Gobierno nacional en el Decreto 0382 de 2013?: ii) ¿La inaplicación por inconstitucionalidad del decreto mencionado no resulta procedente en este caso particular, dado que no se estableció una contradicción directa con la Constitución, la norma sigue vigente y no ha sido declarado inconstitucional por la Corte Constitucional ?; iii) ¿La ampliación del carácter salarial de la bonificación judicial contraviene los términos del acuerd o negociado entre el Gobierno nacional y los representantes sindicales ?; y iv) ¿Otorgar plena naturaleza salarial a la bonificación judicial impactaría

carácter salarial de la bonificación judicial contraviene los términos del acuerd o negociado entre el Gobierno nacional y los representantes sindicales ?; y iv) ¿Otorgar plena naturaleza salarial a la bonificación judicial impactaría negativamente la sostenibilidad fiscal?Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: MILTON GARCÍA BARRAGAN

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Radicado No. 680013333001-2021-00032-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander De oficio, la Sala estudiará sobre la incongruencia interna de la sentencia al decidir la condena en costas en primera instancia.

G. Tesis de la Sala

1. No, si bien la Fiscalía General de la Nación no tiene competencia para modificar el régimen salarial y prestacional fijado por el Gobierno nacional, sí tiene la facultad de interpretar y aplicar las normas en materia salarial dentro de los límites establecidos.

1. La inaplicación del artículo 1 d el Decreto 0382 de 2013 no implica una modificación del régimen salarial, sino la correcta aplicación del principio « in dubio pro operario» en favor de los servidores judiciales, garantizando sus derechos constitucionales. La jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional ha reconocido que el concepto de salario no depende de la denominación que le dé el empleador, sino de su naturaleza y periodicidad, lo que confirma que la bonificación judicial debe ser considerada factor salarial. Igualmente, la jurisprudencia ha establecido que la bonificación judicial cumple con los requisitos

el empleador, sino de su naturaleza y periodicidad, lo que confirma que la bonificación judicial debe ser considerada factor salarial. Igualmente, la jurisprudencia ha establecido que la bonificación judicial cumple con los requisitos de salario al ser un pago habitual en retribución al trabajo, por lo que su exclusión como factor salarial desconoce el mandato de nivelación salarial de la Ley 4 ª de 1992.

1. L a ampliación del carácter salarial de la bonificación no vulnera el acuerdo sindical, pues los derechos laborales son irrenunciables.

1. La sostenibilidad fiscal no justifica la limitación de la contraprestación de los servidores públicos, conforme al artículo 334 de la Constitución.

Por último, la Sala concluye que la primera instancia incurrió en incongruencia interna en la sentencia al decidir sobre la condena en costas , dado que, mientras en la parte motiva de forma acertada concluyó que no resulta procedente su imposición, en la resolutiva condenó a la parte vencida.

H. Metodología de la decisiónNulidad y Restablecimiento del derecho

Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: MILTON GARCÍA BARRAGAN

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Radicado No. 680013333001-2021-00032-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Para resolver los problemas jurídicos, la Sala estudiará los siguientes temas: i) La bonificación judicial creada mediante el Decreto 038 2 de 2013; ii) Igualdad en la liquidación y pago de la bonificación; iii) Naturaleza salarial de la bonificación

Para resolver los problemas jurídicos, la Sala estudiará los siguientes temas: i) La bonificación judicial creada mediante el Decreto 038 2 de 2013; ii) Igualdad en la liquidación y pago de la bonificación; iii) Naturaleza salarial de la bonificación judicial; iv) Naturaleza jurídica de los decretos que reglamentan las leyes marco; y v) La excepción de inconstitucionalidad.

Por último, se analizará el caso concreto: hechos relevantes probados y su análisis crítico. Además, se llevará a cabo el estudio oficioso de la prescripción y la condena en costas de primera instancia.

1. Bonificación judicial creada mediante el Decreto 0382 de 2013

La Ley 4 de 1992 establece el marco normativo para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, incluyendo los de la Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento del mandato constitucional del artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política de 1991.

Por su parte, el Gobierno nacional , en desarrollo de las prece ptivas y orden de nivelación salarial de la Ley 4ª de 1992, expidió el Decreto 0382 de 6 de marzo de 2013, el cual creó la bonificación judicial para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el mencionado decreto, dicho emolumento se reconoce mensual y únicamente constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y Salud, y se le excluyó como factor para liquidar otros efectos legales.

Los artículos 1 y 2 son del siguiente tenor literal:

únicamente constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y Salud, y se le excluyó como factor para liquidar otros efectos legales.

Los artículos 1 y 2 son del siguiente tenor literal:

«ARTÍCULO 1. Créase (sic) para los servidores de la Fiscalía General de la Nación a quienes se aplica el régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto 53 de 1993, y que vienen rigiéndose por el decreto 875 de 2012 y p or las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1º de enero de 2013, se percibirá mensualmente, mientras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde para cada año, al valor que se fija en la siguiente tabla:Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: MILTON GARCÍA BARRAGAN

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Radicado No. 680013333001-2021-00032-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander […]

PARÁGRAFO. La bonificación judicial creada en el presente artículo se ajustará a partir del año 2014 de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC); en consecuencia, no le aplica el incremento que fije el Gobierno nacional para las asignaciones básicas en el año 2013 y siguientes.

a partir del año 2014 de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC); en consecuencia, no le aplica el incremento que fije el Gobierno nacional para las asignaciones básicas en el año 2013 y siguientes.

A partir del año 2014 y hasta el año 2018, los valores señalados en las tablas del presente artículo contienen un ajuste equivalente a una variación proyectada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del dos por ciento (2%) respecto del valor de la bonificación judicial asignada en el año inmediatamente anterior.

En el evento en que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para las vigencias fiscales de los años 2014 a 2018 inclusive, sea diferente al dos por ciento (2%) proyectado para el valor de la bonificación judicial para los mismos años, el Gobierno nacional ajustará las tablas correspondientes para la respectiva vigencia en la diferencia que se presente.

Para el año 2019 y en adelante el valor mensual de la bonificación judicial será equivalente al valor que se perciba en el año inmediatamente anterior reajustado con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE.

ARTÍCULO 2. Los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación que no optaron por el régimen establecido en el Decreto 53 de 1993 y que continúan con el régimen del Decreto 839 de 2012 y las disposiciones que lo modifican o sustituyan, de percibir en el año 2013 y siguientes un ingreso total anual inferior al ingreso total anual más la bonificación judicial que se crea en el

continúan con el régimen del Decreto 839 de 2012 y las disposiciones que lo modifican o sustituyan, de percibir en el año 2013 y siguientes un ingreso total anual inferior al ingreso total anual más la bonificación judicial que se crea en el presente decreto, respecto de quien ejerce el mismo empleo y se encuentra regido por el régimen salarial y prestacional obligatorio señalado en el decreto 53 de 1993, percibirán la diferencia respectiva a título de bonificación judicial, mientras permanezcan vinculados al servicio.

[…]».

Uno de los objetivos centrales de la Ley 4 de 1992 fue abordar la falta de proporcionalidad en la estructura salarial del sector judicial, que se caracterizaba por marcadas disparidades entre los diferentes niveles jerárquicos. Específicamente, los artículos 14 y 15 de esta ley buscaron implementar una nivelación salarial más equitativa y comprensiva.

Así, en el artículo 14, parágrafo, se señaló:

"Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la rama judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad." Del análisis de estas normas se llega a las siguientes conclusiones relevantes: ii) Igualdad en la liquidación y pago de la bonificaciónNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: MILTON GARCÍA BARRAGAN

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Radicado No. 680013333001-2021-00032-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

Radicado No. 680013333001-2021-00032-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Es imperativo garantizar un trato igualitario en la liquidación y pago de la bonificación judicial. Por tanto, se determina que:

1. Para los funcionarios y empleados no acogidos al régimen del Decreto 53 de 1993, Decreto 839 de 2012 y normas complementarias, el tope de la bonificación judicial será equivalente al 100% del salario mensual devengado por sus homólogos acogidos a dicho régimen. ii. La bonificación debe liquidarse y pagarse mensualmente para todos los servidores, independientemente de su régimen, asegurando así su carácter de factor salarial al ser una remuneración periódica y permanente.

1. Naturaleza salarial de la bonificación judicial Se enfatiza que la bonificación judicial, al ser pagada de forma periódica y permanente, constituye factor salarial para todos los efectos legales. Esta interpretación se alinea con el propósito del Constituyente y del Legislador de "nivelar o reclasificar con sentido de equidad el sistema de remuneración de los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial". 1) Extralimitación del Gobierno nacional

El Gobierno nacional, al crear mediante el Decreto 0382 de 2013 una bonificación sin carácter salarial (excepto para cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud y en Pensiones), se apartó del marco establecido por la Ley 4 de

1992. Esta ley no realizó discriminación alguna y dispuso la nivelación o reclasificación de la remuneración de funcionarios y empleados, lo cual implica

Social en Salud y en Pensiones), se apartó del marco establecido por la Ley 4 de

1992. Esta ley no realizó discriminación alguna y dispuso l