TA SAN - Sentencia 680013333001-2022-00146-01 (15-10-2025)

Tribunal Administrativo de Santander

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Título
TA SAN - Sentencia 680013333001-2022-00146-01 (15-10-2025)
Autor
Tribunal Administrativo de Santander
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2025

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Mag. Ponente IVÁN MAURICIO MENDOZA SAAVEDRA

Bucaramanga, quince (15) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 680013333001-2022-00146-01

MEDIO DE

CONTROL:

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES

COLECTIVOS

DEMANDANTE: LUIS EMILIO COBOS MANTILLA

Luisecobosm@yahoo.com.co

DEMANDADO: MUNICIPIO DE LOS SANTOS

notificacionesjuridicas@lossantos-santander.gov.co notificacionjudicial@lossantos-santander.gov.co contactenos@lossantos.gov.co

VINCULADO: EMPRESA ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P; hoy

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.

notjudicialcelsico@celsia.com mariadelpilar840@yahoo.com

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALESANLA-.

licenciasanla@anla.gov.co notificacionesjudiciales@anla.gov.co

MINISTERIO

PÚBLICO:

JESÚS RODRÍGUEZ OROZCO

PROCURADOR 47 JUDICIAL II

procjudadm47@procuraduria.gov.co

LINK DEL

EXPEDIENTE

DIGITAL:

2022-146

Se decide RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la parte vinculada

EMPRESA ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P; hoy CELSIA COLOMBIA S.A.

E.S.P. en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo

EMPRESA ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P; hoy CELSIA COLOMBIA S.A.

E.S.P. en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga el 22 de enero de 2025 , previa la siguiente reseña:

La Demanda

Pretensiones

“Que se declare que el Municipio de Los Santos vulneró los derechos e intereses colectivos relacionados con el goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público, la defensa del patrimonio público y la realización de construcciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y en beneficio de la calidad de vida de los habitantes, por la invasión de la vía terciaria que atraviesa la vereda Rosa Blanca y conecta con la vereda La Mojarra. En consecuencia:Sentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333001-2022-00146-01

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Primero: Que se ordene al Municipio de Los Santos garantizar el goce pleno de los derechos colectivos de los residentes y transeúntes de la vereda Rosa Blanca, asegurando la utilización de la vía terciaria que pasa por el predio El Azuceno hasta los predios del señ or Libardo Rey y otros, en una longitud aproximada de 1000 metros, con un ancho de 30 metros conforme a la Ley 1228 de 2008.

Segundo: Que se disponga la adopción de medidas necesarias para garantizar el respeto del ancho de 30 metros de la vía terciaria, con el fin de proteger los derechos colectivos presuntamente infringidos.

Segundo: Que se disponga la adopción de medidas necesarias para garantizar el respeto del ancho de 30 metros de la vía terciaria, con el fin de proteger los derechos colectivos presuntamente infringidos.

Tercero: Que se condene en costas a la parte accionada.”

Fundamento Fáctico

El demandante expuso que, mediante acto administrativo de septiembre de 2019, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó licencia ambiental a la Empresa Energía del Pacífico S.A. E.S.P. para construir una planta solar en la vereda Rosa Blanca del municipio de Los Santos. En dicha licencia se dispuso respetar las vías existentes, incluidas las terciarias, con un ancho legal de 30 metros. Sin embargo, la empresa empezó a cercar con postes y alambres el tramo de la carretera que atraviesa el predio El Azuceno y conec ta con la vereda La Mojarra, reduciendo el ancho a entre 6 y 8 metros, desconociendo lo establecido en la Ley 1228 de 2008. Esta actuación, según el actor, vulnera derechos colectivos relacionados con el espacio público, el patrimonio y la calidad de vida.

Derechos Colectivos considerados vulnerados

-Goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público.

-La defensa del patrimonio público.

-La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

MUNICIPIO DE LOS SANTOSSentencia de Segunda Instancia

respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

MUNICIPIO DE LOS SANTOSSentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333001-2022-00146-01

3 Se opuso a todas las pretensiones. Alegó que los derechos colectivos invocados no se encuentran vulnerados y que el actor popular no probó la afectación alegada.

Planteó excepciones tales como: Inexistencia de derechos e intereses colectivos vulnerados por el Municipio, No satisfacción de la carga de la prueba, y falta de legitimación en la causa por pasiva.

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA Se opuso a las pretensiones, afirmando que su actuación se limitó a expedir la licencia ambiental conforme a la normatividad aplicable, incluyendo medidas de exclusión y obligaciones para proteger el medio ambiente y las vías. Señaló que la licencia es un i nstrumento de planificación que promueve el desarrollo sostenible, sin que ello implique vulneración de derechos colectivos. Propuso las excepciones de Inexistencia de responsabilidad y nexo de causalidad, Improcedencia de la acción popular, Falta de legitimación en la causa por pasiva, Insuficiencia probatoria.

EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., HOY CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. Rechazó las pretensiones señalando que la vía no está sujeta a las franjas de retiro de 30 metros de la Ley 1228 de 2008, pues esta norma aplica solo

S.A. E.S.P. Rechazó las pretensiones señalando que la vía no está sujeta a las franjas de retiro de 30 metros de la Ley 1228 de 2008, pues esta norma aplica solo cuando se da alguno de los tres supuestos: construcción de una nueva vía, ampliación de la existente o camb io de categoría. Al no configurarse ninguno de estos eventos, la regulación aplicable es la del Decreto Ley 2770 de 1953 y el EOT del municipio. Añadió que, la franja de retiro sigue siendo propiedad privada, aunque con afectación a utilidad pública, hasta que el municipio la adquiera formalmente, lo que aún no ha ocurrido. , Los cercos construidos desde 2011 no han invadido el camino existente ni han impedido la circulación, ya que están dentro de los linderos privados., El proyecto solar no se encuentra en ejecución actualmente, pero cuando lo esté, la empresa cumplirá con las franjas de exclusión establecidas en la licencia ambiental.

Sentencia de Primera Instancia

El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, el 22 de enero de dos mil veinticinco (2025 ), resolvió acceder a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos:

PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS los medios exceptivos

denominados “INEXISTENCIA DE DERECHOS E INTERESES

COLECTIVOS VULNERADOS POR EL MUNICIPIO DE LOS SANTOS”, NO SATISFACCIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACTOR POPULAR”, INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD Y NEXO DESentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333001-2022-00146-01

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POPULAR”, INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD Y NEXO DESentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333001-2022-00146-01

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CAUSALIDAD”, “IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN POPULAR POR

INEXISTENCIA DE AMENAZA O VULNERACIÓN A LOS DERECHOS

COLECTIVOS ALEGADOS, POR PARTE DE LA ANLA”, “INSUFICIENCIA

PROBATORIA EN CABEZA DEL ACCIONANTE”, alegados por el MUNICIPIO DE LOS SANTOS y la AGENCIA NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES -ANLA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADA la excepción denominada “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA”, alegada por el MUNICIPIO DE LOS SANTOS y la parte vinculada CELSIA COLOMBIA S.A.

E.S.P., por las razones expuestas en la parte motiva.

TERCERO: DECLARAR que CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P., vulneró los derechos e intereses colectivos al goce del espacio, la utilización y defensa de los bienes de uso público, la defensa del patrimonio público y la realización de las construcciones, edificaciones y des arrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, como consecuencia de la construcción de cercas y postes de cemento en predios de propiedad de la e mpresa DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., hoy CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P., en el tramo comprendido de carretera que pasa por el predio El Azuceno y

ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., hoy CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P., en el tramo comprendido de carretera que pasa por el predio El Azuceno y que conecta con la Vereda Rosa Blanca con los predios de propiedad de Libardo Rey y otras personas de la j urisdicción del Municipio de Los Santos – Santander, estructuras las cuales no cumplen con las franjas de retiro mínimas establecidas en la Ley 1228 de 2008 y demás normas concordantes sobre la materia, respecto de la vía terciaria aledaña a la propiedad.

CUARTO: ORDENAR al Representante Legal de CELSIA COLOMBIA S.A.

E.S.P. que, en el término de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, proceda a ejecutar las obras pertinentes para correr los postes y cercas instaladas en los pr edios de su propiedad, que delimitan con la vía terciaria en el tramo comprendido de carretera que pasa por el predio El Azuceno y que conecta con la Vereda Rosa Blanca con los predios de propiedad de Libardo Rey y otras personas de la jurisdicción del Municipio de Los Santos – Santander, para que cumplan con las franjas de retiro mínimas establecidas en la Ley 1228 de 2008 y demás normas concordantes sobre la materia.

QUINTO: ORDENAR al Representante Legal del MUNICIPIO DE LOS SANTOS que, en el mismo término otorgado a CELSIA COLOMBIA S.A., por su conducto, disponga que se adelanten las acciones administrativas en orden a restituir dichos elementos constitutivos del espacio público, como lo establece el artículo 9° de la Ley 1228 de 2008, al señalar que: “es deber de

su conducto, disponga que se adelanten las acciones administrativas en orden a restituir dichos elementos constitutivos del espacio público, como lo establece el artículo 9° de la Ley 1228 de 2008, al señalar que: “es deber de los alcaldes cuidar y preservar las áreas de exclusión a las que se refiere esta ley y en consecuencia, están obligadas a iniciar de inmediato las acciones de prevención de invasiones y de restitución de bines de uso público cuando sean invadidas o amenazadas”.

SEXTO: INTEGRAR el Comité de Verificación, el cual quedará conformado por: El actor Popular, El Representante Legal del Municipio de Los Santos o a quien este delegue, el Representante Legal de la empresa CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. o a quien este delegue, el Defensor del pueblo o su Delegado y la Procuradora Judicial Delegada ante este Despacho, quienes estarán en la obligación de informar lo pertinente frente al cumplimiento de las decisiones aquí tomadas, una vez se venza el término concedido para su ejecución.

SEPTIMO: CONDENAR en costas y agencias en partes iguales al MUNICIPIO DE LOS SANTOS y CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P., a favor del actor popular. Liquídense por secretaría. (…)Sentencia de Segunda Instancia

Expediente No. 680013333001-2022-00146-01

5 En el análisis del caso concreto, el aquo consideró que, el uso del espacio público prevalece sobre el interés particular y que corresponde a los alcaldes velar por su protección. Asimismo, se aborda la defensa del patrimonio público y la obligación de realizar construcciones y desarrollos urbanos respetando los planes de

prevalece sobre el interés particular y que corresponde a los alcaldes velar por su protección. Asimismo, se aborda la defensa del patrimonio público y la obligación de realizar construcciones y desarrollos urbanos respetando los planes de ordenamiento territorial y la función social y ecológica de la propiedad.

Finalmente, en el análisis del caso concreto, el juzgado destaca que, aunque la ANLA otorgó licencia ambiental para el proyecto solar, ésta no exime al Municipio de su deber de garantizar el ancho legal de las vías terciarias. Se examinan los informes técnicos, los planos y el contrato de cerramiento del predio El Azuceno, los cuales evidencian la existencia de cercas en los linderos de la vía. El despacho concluye que la controversia radica en la aplicabilidad de la Ley 1228 de 2008 frente al Decreto 2770 de 1953 y el Esquema de Ordenamiento Territorial municipal, debiendo resolverse si la actuación de la empresa y la omisión del Municipio configuraron una vulneración a los derechos colectivos invocados.

El Recurso de Apelación

CELSIA Colombia S.A. E.S.P. Solicita la revocatoria de la sentencia sosteni endo que la sentencia de primera instancia incurrió en un error al fundamentar su decisión en la Ley 1228 de 2008, pues dicha norma no resulta aplicable al caso concreto. Se argumenta que las cercas y postes existentes en el tramo de la vía objeto de la acción fueron instalados con anterioridad a la expedición de la ley y que los contratos posteriores, como el suscrito en 2011, correspondieron únicamente a labores de mantenimiento de estructuras preexistentes. Además, se recuerda que la Ley 1228 solo exige la franja

con anterioridad a la expedición de la ley y que los contratos posteriores, como el suscrito en 2011, correspondieron únicamente a labores de mantenimiento de estructuras preexistentes. Además, se recuerda que la Ley 1228 solo exige la franja de retiro de treinta metros en eventos de ampliación, cambio de categoría o construcción de nuevas vías, circunstancias que no se han presentado en el tramo en cuestión, como lo certificó la administración municipal. Por tanto, la norma aplicable sigue si endo el Decreto 2770 de 1953 y el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio, que fijan medidas cumplidas por la vía litigiosa.

En ese contexto, se enfatiza que la instalación de las cercas obedeció a la delimitación del predio de propiedad de CELSIA, sin obstaculizar el tránsito, y que resulta inconstitucional desconocer el núcleo esencial del derecho de propiedad, permitiendo úni camente una afectación proporcionada por razones de utilidad pública. Se concluye que no existe vulneración de derechos colectivos y que, en todo caso, la empresa está dispuesta a restituir la vía en caso de que se requiera alguna intervención futura. Por ello, se solicita al Tribunal revocar la decisión impugnada y negar las pretensiones del actor.Sentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333001-2022-00146-01

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Trámite en Segunda Instancia

El proceso de la referencia fue repartido al Despacho el 19 de febrero de 2025, por auto del 01 de abril de 2025 se ordenó admitir el recurso de apelación, conforme a

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Trámite en Segunda Instancia

El proceso de la referencia fue repartido al Despacho el 19 de febrero de 2025, por auto del 01 de abril de 2025 se ordenó admitir el recurso de apelación, conforme a lo establecido en el artículo 247.5 de la Ley 1437 de 2011 y, se dio aplicación a la modificación dispuesta en el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 , prescindiéndose del traslado para alegatos de conclusión.

CONSIDERACIONES Acerca de la Competencia

El Tribunal es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto dentro del proceso de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998. Problemas Jurídicos

¿Se configuró la vulneración de los derechos colectivos por parte de CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. por desconocimiento de las fajas mínimas de retiro previstas en la Ley 1228 de 2008?

Tesis: Si.

La acción popular contenida en el artículo 88 de la Constitución Política desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 1998, tiene como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos cuando éstos resulten amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo para la protección de sus derechos.

En el presente asunto, se promovió la acción popular contra el Municipio de Los

la comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo para la protección de sus derechos.

En el presente asunto, se promovió la acción popular contra el Municipio de Los Santos y la sociedad CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P., con el propósito de obtener la protección de los derechos colectivos al goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público, la realizac ión ordenada de construcciones y desarrollos urbanos y el acceso a una infraestructura vial adecuada. El actor alegó que las entidades demandadas vulneraron tales derechos al instalar cercas y postes en el terreno adyacente a la vía terciaria que atraviesa el predio El Azuceno, desconociendo las franjas mínimas de retiro establecidas en la Ley 1228 de 2008.Sentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333001-2022-00146-01

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Conforme a lo anterior, la primera instancia se acogió a las pretensiones de la demanda, al concluir que tanto el Municipio como CELSIA incurrieron en la ocupación indebida del espacio público y en la afectación de la faja vial de protección al no respetar la distancia mínima prevista en la citada norma.

El recurso de apelación de CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. centra su inconformidad en la aplicación que hizo el a quo de la Ley 1228 de 2008. Sostiene la apelante que dicha ley no resulta aplicable al caso, pues las cercas y postes existentes en el tramo de la vía que atraviesa el predio El Azuceno fueron instalados con anterioridad a la expedición de la norma, y que el contrato de 2011 obedeció únicamente a

dicha ley no resulta aplicable al caso, pues las cercas y postes existentes en el tramo de la vía que atraviesa el predio El Azuceno fueron instalados con anterioridad a la expedición de la norma, y que el contrato de 2011 obedeció únicamente a labores de reposición de una infraestructura ya existente. Sin embargo, del análisis del acervo probatorio, en particular del contrato del año 2011 alegado por la apelante , se advierte que este no se limitó a tareas de mantenimiento, sino que contempló actividades de cerramiento con instalación de postes y alambres, lo cual implica un reforzamiento y consolidación de la estructura en la franja colindante con la vía terciaria.

El objeto del contrato de obra civil para la construcción y recuperación de encerramiento en poste de concreto y alambre de pua en el predio el azuceno del municipio de los Santos 1, es el siguiente: CONSTRUCCIÓN DE 2500 METROS LINEALES Y RECUPERACIÓN DE 1350 METROS LINEALES DE ENCERRAMIENTO EN POSTE DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PUA EN EL PREDIO EL AZUCENO DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS - DPTO DE

SANTANDER.

Conforme a lo anterior, se desvirtúa la tesis de la apelante en cuanto a que no se realizaron nuevas intervenciones posteriores a la expedición de la Ley 1228 de

2008. En este contexto, corresponde precisar que la Ley 1228 de 2008 establece franjas de retiro obligatorias de treinta (30) metros para vías terciarias . Además, conforme al parágrafo 1º del artículo 3º, tales franjas deben garantizarse en los eventos de ampliación de vía, cambio de categoría o construcción de nuevas vías.

conforme al parágrafo 1º del artículo 3º, tales franjas deben garantizarse en los eventos de ampliación de vía, cambio de categoría o construcción de nuevas vías. Si bien en el expediente obra certificación de la Secretaría de Planeación Municipal en la que se señala que no existe proyecto de ampliación, cambio de categoría o nueva vía en el sector, no puede desconocerse que el contrato de 2011 comportó una actividad material de cerramiento que incidió sobre el espacio colindante a la vía, lo que necesariamente exigía observar las disposiciones de la Ley 1228.

1 SAMAI. 37_RECEPCIONMEMORIALENOSJA_2_CONTRATOOBRACIVI (pdf). NroActua12.Sentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333001-2022-00146-01

8 Por tanto, aunque es cierto que parte de la infraestructura de cerramiento era preexistente, también lo es que la empresa realizó obras posteriores a la entrada en vigencia de la Ley 1228 de 2008, circunstancia que hacía exigible el respeto de la franja mí nima de retiro establecida en dicha norma. La actuación contractual demuestra que no se trató de un simple acto de conservación de una cerca vetusta, sino de la renovación y consolidación de un cerramiento con capacidad de alterar la destinación del espaci o adyacente a la vía, lo que refuerza la pertinencia de la aplicación de la Ley 1228 por parte del juez de primera instancia.

En conclusión, a la luz de la realidad fáctica acreditada, no resulta de recibo el argumento de CELSIA relativo a la inaplicabilidad de la Ley 1228 de 2008, pues el

En conclusión, a la luz de la realidad fáctica acreditada, no resulta de recibo el argumento de CELSIA relativo a la inaplicabilidad de la Ley 1228 de 2008, pues el contrato de 2011 evidencia que se llevaron a cabo obras que debieron ajustarse a las exigencias legales en materia de franjas de exclusión vial.

En consecuencia, no es de recibo el argumento de apelación de la demanda, por lo que el Tribunal Administrativo de Santander confirmará la sentencia de primera instancia.

De la condena en costas en segunda instancia.

Las costas en la acción popular se encuentran reguladas por el artículo 38 de la Ley 472, que ordena lo siguiente:

«ARTICULO 38. COSTAS. El juez aplicará las normas de procedimiento civil relativas a las costas. Sólo podrá condenar al demandante a sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados al demandado, cuando la acción presentada sea temeraria o de mala fe. En caso de mala fe de cualquiera de las partes, el juez podrá imponer una multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales, los cuales serán destinados al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar».

Respecto de la condena en costas dentro de las acciones populares, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante sentencia de unificación de 6 de agosto de 2019, precisó el alcance del artículo citado frente a las disposiciones que regulan su reconocimiento, condena y liquidación, precisando que el artículo 38 de la Ley 472 de 1998 armonizado con el artículo 361 del Código

unificación de 6 de agosto de 2019, precisó el alcance del artículo citado frente a las disposiciones que regulan su reconocimiento, condena y liquidación, precisando que el artículo 38 de la Ley 472 de 1998 armonizado con el artículo 361 del Código General del Proceso (CGP), incluye las expensas, gastos y agencias en derecho con independencia de que la parte actora haya actuado por medio de apoderado o de manera directa.

Asimismo, conforme al artículo 365 del Código General del Proceso, su numeral 8 estipula que solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.Sentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333001-2022-00146-01

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Así las cosas, en el caso concreto, aunque el recurso de apelación interpuesto por el demandado resultó desfavorable, la Sala no impondrá condena en costas en esta segunda instancia, obedeciendo a que no se encuentran causadas.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Santander, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

Primero. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, el veintidós (22) de enero de dos mil veinticinco (2025).

Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia.

Tercero. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER por conducto de la Secretaría, el expediente al Juzgado de origen, previas las anotaciones en el Aplicativo Samai.

Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia.

Tercero. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER por conducto de la Secretaría, el expediente al Juzgado de origen, previas las anotaciones en el Aplicativo Samai.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Aprobado en Sala según Acta No. 73 /2025

Firma electrónicamente

IVÁN MAURICIO MENDOZA SAAVEDRA.

Magistrado Ponente

Firma electrónicamente

IVÁN FERNANDO PRADA MACIAS.

Magistrada

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