TA SAN - Sentencia 680013333001-2022-00310-02 (29-05-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, veintinueve (29) de mayo del dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

RADICADO: 680013333001-2022-00310-02

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MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: ZAIDA RUBIELA MENDOZA LEAL

zaida.mendoza@fiscalia.gov.co zaydarubiela@hotmail.com

DEMANDADO: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO JHON CARLOS GARCÍA PEREA

jcgarcia@procuraduria.gov.co ASUNTO: Sentencia de segunda instancia . La bonificación judicial debe ser reconocida como factor salarial para todos los efectos legales. Sin condena en costas en segunda instancia.

TEMA: Bonificación judicial.

SENTENCIA No. 060

MAGISTRADA PONENTE: CLAUDIA PATRICIA PEÑUELA ARCE

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia de fecha 23 de agosto de 2024, proferida por el

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia de fecha 23 de agosto de 2024, proferida por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga.

La Sala es competente para resolver el recurso de conformidad con lo previsto en el artículo 153 del CPACA.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante1

1 Expediente digital de OneDrive, 000ExpedienteDigitalDemanda.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Zaida Rubiela Mendoza Leal

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Radicado No. 680013333001-2022-00310-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Solicita declarar la nulidad del oficio SRAP 31200-1662 del 20 de septiembre de 2022 proferido por la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental de la Fiscalía General de la Nación y la Resolución 0739 del 26 de septiembre de 2022, mediante los cuales se n egó el reconocimiento, reliquidación y pago de los valores por concepto de prestaciones sociales de la demandante.

En consecuencia, solicitó:

«PRIMERA: INAPLICAR por inconstitucional la expresión “constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud” contenida en el artículo 1 del Decreto 382 de 2013, y demás normas que lo modifiquen año

únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud” contenida en el artículo 1 del Decreto 382 de 2013, y demás normas que lo modifiquen año a año.

SEGUNDA: Declarar la nulidad de oficio No. SRAP-31200-1662 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, “Por medio del cual se resuelve un Derecho de Petición” suscrito por la Dra. CARMEN SOFIA AYALA GUARIN en su condición de subdirectora Regional de apoyo Nororiental, en virtud de la cual la Fiscalía General de la Nación denegó la reliquidación de las prestaciones sociales de mi poderdante, e incluyendo como factor salarial la “bonificación judicial”.

TERCERA: Declarar la nulidad de la Resolución No. 0739 del 26 de septiembre de 2022 "Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y rechaza por improcedente un recurso de apelación", suscrita por la Dra. CARMEN SOFIA AYALA GUARIN en su condición de subdirectora Regional de apoyo Nororiental de la Fiscalía General de la Nación, mediante la cual decidió confirmar el Oficio No. SRAP -31200 - 1662 DEL 20 DE

SEPTIEMBRE DE 2022.

CUARTA: A título de restablecimiento del derecho, se ordene al demandado tener en cuenta la bonificación judicial como factor salarial y prestacio nal.

QUINTA: A título de restablecimiento del derecho, se ordene RELIQUIDAR las prestaciones sociales de mi poderdante, teniendo en cuenta la “bonificación judicial” que devenga en razón del Decreto 382 del 2013 y demás normas que lo modifican.

QUINTA: A título de restablecimiento del derecho, se ordene RELIQUIDAR las prestaciones sociales de mi poderdante, teniendo en cuenta la “bonificación judicial” que devenga en razón del Decreto 382 del 2013 y demás normas que lo modifican.

SEXTA: Se ordene el pago de las diferencias económicas que se generen con ocasión de la reliquidación deprecada.

SEPTIMA: Se ordene la liquidación y pago de intereses sobre el valor de los ajustes o reliquidaciones efectuadas, desde la fecha en que debieron pagarse los conceptos señalados hasta el día en que efectivamente sean cubiertos.

OCTAVA: Se ordene la actualización e indexación de los valores ajustados o reliquidados, con la aplicación del IPC desde la fecha en que se debieron pagar los conceptos señalados hasta el día en que efectivamente sean cancelados. (…)».

Las anteriores pretensiones se fundamentaron en las siguientes afirmaciones:Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Zaida Rubiela Mendoza Leal

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Radicado No. 680013333001-2022-00310-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander La demandante es servidor a de la Fiscalía General de la Nación en el cargo de profesional de gest ión II y devenga mensualmente la bonificación judicial creada mediante el Decreto 0382 de 2013.

La demandante radicó petición el 14 de septiembre de 2022 ante la entidad demandada, solicitando la liquidación y pago de todas las prestaciones sociales con

mediante el Decreto 0382 de 2013.

La demandante radicó petición el 14 de septiembre de 2022 ante la entidad demandada, solicitando la liquidación y pago de todas las prestaciones sociales con base en la bonificación judicial como factor salarial de los valores dejados de percibir desde el 1 de enero de 2013 y las que a futuro se generen.

En respuesta, la demandada profirió el oficio SRAP 31200 -1662 del 20 de septiembre de 2022, en el que negó las pretensiones.

Inconforme con la decisión, interpuso recurso de apelación el 26 de septiembre del 2022.

En respuesta, la demandada profirió el oficio 0739 del 26 de septiembre de 2022, en el cual se resuelve el recurso de reposición y se rechaza por improcedente el recurso de apelación.

Como fundamento de derecho invocó el artículo 53 de la Constitución Nacional; el Convenio 095 de la OIT, el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 4 de 1992 y demás normas concordantes.

B. Posición de la parte demandada

La Nación – Fiscalía General de la Nación 2 se opuso a la prosperidad de las pretensiones en los siguientes términos:

Sostuvo que las pretensiones carecen de sustento fáctico y jurídico, ya que los actos demandados se limitaron a cumplir el deber legal impuesto por el Decreto 0382 de 2013, el cual es plenamente válido y ajustado a la Constitución y la ley.

La entidad indicó que liquidó y pagó los salarios y prestaciones de sus funcionarios conforme a los decretos expedidos por el Gobierno nacional, los cuales prohíben

2013, el cual es plenamente válido y ajustado a la Constitución y la ley.

La entidad indicó que liquidó y pagó los salarios y prestaciones de sus funcionarios conforme a los decretos expedidos por el Gobierno nacional, los cuales prohíben modificar el régimen salarial o prestacional, en estricto cumplimiento de la Ley 4 de 1992.

2 Expediente digital de OneDrive, 019RecepcionMemorialContestacion.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Zaida Rubiela Mendoza Leal

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Radicado No. 680013333001-2022-00310-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Manifestó que otorgar un alcance superior a dichas disposiciones implicaría destinar recursos adicionales para cubrir necesidades no previstas, excediendo el presupuesto asignado y vulnerando el principio de sostenibilidad fiscal.

Finalmente, propuso como excepciones el cumplimiento de un deber legal, cobro de lo no debido, la buena fe, excepción de inconstitucionalidad y la prescripción de derechos laborales.

C. Sentencia de primera instancia3

El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga, mediante sentencia de fecha 23 de agosto de 2024, resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR la prescripción de derechos laborales para las sumas causadas con anterioridad al 14 de septiembre de 2019, po r las razones expuestas.

SEGUNDO: INAPLÍQUESE por inconstitucionalidad la expresión normativa

sumas causadas con anterioridad al 14 de septiembre de 2019, po r las razones expuestas.

SEGUNDO: INAPLÍQUESE por inconstitucionalidad la expresión normativa “… y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud” contenido en el artículo 1° del Decreto No. 382 de 2013, y reproducida en los Decretos No. 1269 de 2015, 246 de 2016,1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 903 de 2023, 1581 de 2023 y 0299 de 2024, por las razones expuestas.

TERCERO: Declarar la n ulidad de los siguientes actos administrativos: - Oficio SRAP 31200 -1662 del 20 de septiembre de 2022 proferido por la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental de la Fiscalía General de la Nación. -Resolución 0739 del 26 de septiembre de 2022 proferida po r la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental de la Fiscalía General de la

Nación.

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNESE a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a reliquidar y pagar a favor de ZAYDA RUBIELA MENDOZA LEAL, todas las pre staciones sociales y factores salariales reconocidos, pagados y causados desde el 14 de septiembre de 2019, incluyendo en la base de liquidación como factor salarial la bonificación judicial creada mediante Decreto 382 de 2013 hasta que dure su vinculación laboral y continúe percibiendo dicho emolumento.

2019, incluyendo en la base de liquidación como factor salarial la bonificación judicial creada mediante Decreto 382 de 2013 hasta que dure su vinculación laboral y continúe percibiendo dicho emolumento.

Igualmente deberán revisarse los descuentos de ley y hacer los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social de salud y pensión, pagando las diferencias a que haya lugar, teniendo en cuenta el 100% de l salario. La suma que resulte a favor del demandante debe ajustarse de conformidad con el artículo 192 del CPACA hasta la ejecutoria de la sentencia. La actualización ordenada se hará aplicando la fórmula que ha sido desarrollada en la parte considerativa de esta sentencia. QUINTO: Negar las excepciones propuestas por el ente demandado relacionadas con la constitucionalidad de la restricción del carácter salarial, aplicación del mandato normativo, legalidad, cumplimiento de un deber legal, cobro de lo no debido y buena fe, por las razones expuestas».

3Expediente digital de OneDrive, 033SentenciadePrimera.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Zaida Rubiela Mendoza Leal

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Radicado No. 680013333001-2022-00310-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

Indicó que el Decreto 0382 de 2013 vulneró los principios constitucionales de favorabilidad e irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en la legislación laboral, al tiempo que transgredió los objetivos y principios consagrados

Indicó que el Decreto 0382 de 2013 vulneró los principios constitucionales de favorabilidad e irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en la legislación laboral, al tiempo que transgredió los objetivos y principios consagrados en la Ley 4 de 1992, en la medida en qu e desconoció los efectos salariales de la bonificación judicial.

Consideró que la bonificación judicial fue otorgada de manera continua y mensual, lo que la convierte en una remuneración fija y directa, cumpliendo características de un salario, por lo que debe ser incluida en el cálculo de las demás prestaciones sociales.

Precisó que inaplicará la expresión normativa «(…) y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud » contenida en el artículo 1° del Decreto No. 382 de 2013, y reproducida en los Decretos No. 1269 de 2015, 246 de 2016, 1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 903 de 2023, 1581 de 2023 y 0299 de 2024 , que limita el reconocimiento de la bonificación judicial solo para efectos de cotización al sistema de salud y pensiones, en el entendido que sus disposiciones contravienen la Constitución y la ley, al no reconocer la bonificación como factor sal arial para calcular todas las prestaciones sociales y salariales.

Respecto de la prescripción trienal, señaló que la demandante presentó la reclamación administrativa el 14 de septiembre de 2022 ; por tanto, las sumas

sociales y salariales.

Respecto de la prescripción trienal, señaló que la demandante presentó la reclamación administrativa el 14 de septiembre de 2022 ; por tanto, las sumas causadas con anterioridad al 14 de septiembre de 2019 se encuentran prescritas.

D. Recurso de apelación

La Nación – Fiscalía General de la Nación 4 solicitó revocar la decisión de primera instancia con sustento en los siguientes argumentos:

1. La entidad no cuenta con facultades ni atribuciones en materia de fijación de salarios y prestaciones para los servidores de la Fiscalía General de la Nación, puesto que su competencia recae únicamente en el Gobierno nacional, específicamente en la expedición del Decreto 0382 de 2013, con el objeto de establecer la bonificación judicial para esos funcionarios.

4Expediente digital de OneDrive, 034MemorialRecursoApelacion.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Radicado No. 680013333001-2022-00310-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander ii) El decreto que se pretende inaplicar se encuentra ampa rado por el principio de legalidad, al no haber sido derogado ni declarado inconstitucional.

1. No existe aparte normativo alguno a nivel nacional en el que se indique que todo lo que devengue un trabajador tenga que hacer parte de la base de liquidación de todos los factores salariales y prestacionales que el mismo reciba.

1. No existe aparte normativo alguno a nivel nacional en el que se indique que todo lo que devengue un trabajador tenga que hacer parte de la base de liquidación de todos los factores salariales y prestacionales que el mismo reciba.

1. La bonificación judicial surgió de un acuerdo negociado entre el Gobierno nacional y los representantes sindicales de los funcionarios judiciales, dentro de un marco de recursos previamente delimitado. En dicho acuerdo, se estableció que la bonificación tendría carácter salarial únicamente para efectos de cotización a los sistemas generales de pensiones y salud, sin afectar otros factores salariales. Por lo tanto, ampliar su alcance contravendría los términos negociados.

1. La decisión vulneró el mandato de sostenibilidad fiscal, toda vez qu e la sentencia objeto de controversia ordena otorgarle a dicha bonificación plena naturaleza salarial, lo que impactaría directamente la liquidación de prestaciones sociales y otros pagos laborales, generando un gasto adicional no contemplado en el presupuesto del Estado.

E. Pronunciamiento en segunda instancia

El Ministerio Público 5 sostuvo que debe confirmarse la sentencia de primera instancia, al considerar que la bonificación judicial establecida en el Decreto 0382 de 2013 constituye salario, al ser percibida de manera habitual y periódica por la demandante, como contraprestación directa por los servicios prestados a la Fiscalía General de la Nación.

Así mismo, señaló que, aunque el artículo 1° del Decreto 0382 de 2013 no ha sido derogado, existe jurisprudencia del Consejo de Estado que ha condenado a la demandada al reconocimiento y pago de dicha bonificación como factor salarial.

Sin pronunciamiento de las partes.

derogado, existe jurisprudencia del Consejo de Estado que ha condenado a la demandada al reconocimiento y pago de dicha bonificación como factor salarial.

Sin pronunciamiento de las partes.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5 Expediente digital de OneDrive, 008ConceptoFondoMinisterioPublico-Procurador16.pdf.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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F. Problema jurídico

Para decidir si se debe confirmar o revocar la sentencia de primera instancia, se resolverán los siguientes interrogantes que surge n de los argumentos de impugnación de la parte demandada:

1. ¿La Fiscalía General de la Nación, no tiene competencia para modificar el régimen salarial y prestacional establecido por el Gobierno nacional en el Decreto 0382 de 2013?; ii) ¿La inaplicación por inconstitucionalidad del decreto mencionado no resulta procedente en este caso particular, dado que no se estableció una contradicción directa con la Constitución, la norma sigue vigente y no ha sido declarada inconstitucional por la Corte Constitucional ?; y iii) ¿La ampliación del carácter salarial de la bonificación judicial contraviene los términos del acuerdo negociado entre el Gobierno nacional y los representantes sindicales?

G. Tesis de la Sala

1. No, si bien la Fiscalía General de la Nación no tiene competencia para modificar

carácter salarial de la bonificación judicial contraviene los términos del acuerdo negociado entre el Gobierno nacional y los representantes sindicales?

G. Tesis de la Sala

1. No, si bien la Fiscalía General de la Nación no tiene competencia para modificar el régimen salarial y prestacional fijado por el Gobierno nacional, sí tiene la facultad de interpretar y aplicar las normas en materia salarial dentro de los límites establecidos.

1. La inaplicación del artículo 1 del Decret o 0382 de 2013 no implica una modificación del régimen salarial, sino la correcta aplicación del principio « in dubio pro operario» en favor de los servidores judiciales, garantizando sus derechos constitucionales. La jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional ha reconocido que el concepto de salario no depende de la denominación que le dé el empleador, sino de su naturaleza y periodicidad, lo que confirma que la bonificación judicial debe ser considerada factor salarial. Igualmente, la jurisprudencia ha establecido que la bonificación judicial cumple con los requisitos de salario al ser un pago habitual en retribución al trabajo, por lo que su exclusión como factor salarial desconoce el mandato de nivelación salarial de la Ley 4ª de 1992.

1. La ampliación del carácter salarial de la bonificación no vulnera el acuerdo sindical, pues los derechos laborales son irrenunciables.

H. Metodología de la decisiónNulidad y Restablecimiento del derecho

Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Zaida Rubiela Mendoza Leal

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Radicado No. 680013333001-2022-00310-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura

Demandante: Zaida Rubiela Mendoza Leal

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Radicado No. 680013333001-2022-00310-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Para resolver los problemas jurídicos, la Sala estudiará los siguientes temas: i) La bonificación judicial creada mediante el Decreto 038 2 de 2013; ii) Igualdad en la liquidación y pago de la bonificación; iii) Naturaleza salarial de la bonificación judicial; iv) Naturaleza jurídica de los decretos que reglamentan las leyes marco; y v) La excepción de inconstitucionalidad.

Por último, se analizará el caso concreto: hechos relevantes probados y su análisis crítico.

1. Bonificación judicial creada mediante el Decreto 0382 de 2013

La Ley 4 de 1992 establece el marco normativo para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, incluyendo los de la Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento del mandato constitucional del artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política de 1991.

Por su parte, el Gobierno nacional , en desarrollo de las preceptivas y orden de nivelación salarial de la Ley 4ª de 1992, expidió el Decreto 0382 de 6 de marzo de 2013, el cual creó la bonificación judicial para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el mencionado decreto, dicho emolumento se reconoce mensual y únicamente constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General

2013, el cual creó la bonificación judicial para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el mencionado decreto, dicho emolumento se reconoce mensual y únicamente constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y Salud, y se le excluyó como factor para liquidar otros efectos legales.

Los artículos 1 y 2 son del siguiente tenor literal:

«ARTÍCULO 1. Créase (sic) para los servidores de la Fiscalía General de la Nación a quienes se aplica el régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto 53 de 1993, y que vienen rigiéndose por el decreto 875 de 2012 y por las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1º de enero de 2013, se percibirá mensualmente, mientras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde para cada año, al valor que se fija en la siguiente tabla:

[…]

PARÁGRAFO. La bonificación judicial creada en el presente artículo se ajustará a partir del año 2014 de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC); en consecuencia, no le aplica el incremento que fije el Gobierno nacional para las asignaciones básicas en el año 2013 y siguientes.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Zaida Rubiela Mendoza Leal

Demandado: Fiscalía General de la Nación

para las asignaciones básicas en el año 2013 y siguientes.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Zaida Rubiela Mendoza Leal

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Radicado No. 680013333001-2022-00310-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

A partir del año 2014 y hasta el año 2018, los valores señalados en las tablas del presente artículo contienen un ajuste equivalente a una variación proyectada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del dos por ci ento (2%) respecto del valor de la bonificación judicial asignada en el año inmediatamente anterior.

En el evento en que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para las vigencias fiscales de los años 2014 a 2018 inclusive, sea diferente al dos por ciento (2%) proyectado para el valor de la bonificación judicial para los mismos años, el Gobierno nacional ajustará las tablas correspondientes para la respectiva vigencia en la diferencia que se presente.

Para el año 2019 y en adelante, el valor mensual de la bonificación judicial será equivalente al valor que se perciba en el año inmediatamente anterior, reajustado con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE.

ARTÍCULO 2. Los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación que no optaron por el régimen establecido en el Decreto 53 de 1993 y que

Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE.

ARTÍCULO 2. Los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación que no optaron por el régimen establecido en el Decreto 53 de 1993 y que continúan con el régimen del Decreto 839 de 2012 y las disposiciones que lo modifican o sus tituyan, de percibir en el año 2013 y siguientes un ingreso total anual inferior al ingreso total anual más la bonificación judicial que se crea en el presente decreto, respecto de quien ejerce el mismo empleo y se encuentra regido por el régimen salarial y prestacional obligatorio señalado en el decreto 53 de 1993, percibirán la diferencia respectiva a título de bonificación judicial, mientras permanezcan vinculados al servicio.

[…]».

Uno de los objetivos centrales de la Ley 4 de 1992 fue abordar la falta de proporcionalidad en la estructura salarial del sector judicial, que se caracterizaba por marcadas disparidades entre los diferentes niveles jerárquicos. Específicamente, los artícul os 14 y 15 de esta ley buscaron implementar una nivelación salarial más equitativa y comprensiva.

Así, en el artículo 14, parágrafo, se señaló:

"Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la rama judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación, atendiendo criterios de equidad."

Del análisis de estas normas se llega a las siguientes conclusiones relevantes:

1. Igualdad en la liquidación y pago de la bonificación

Es imperativo garantizar un trato igualitario en la liquidación y pago de la bonificación judicial. Por tanto, se determina que:

1. Igualdad en la liquidación y pago de la bonificación

Es imperativo garantizar un trato igualitario en la liquidación y pago de la bonificación judicial. Por tanto, se determina que:

1. Para los funcionarios y empleados no acogidos al régimen del Decreto 53 de 1993, Decreto 839 de 2012 y normas complementarias, el tope de laNulidad y Restablecimiento del derecho

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander bonificación judicial será equivalente al 100% del salario mensual devengado por sus homólogos acogidos a dicho régimen.

1. La bonificación debe liquidarse y pagarse mensualmente para todos los servidores, independientemente de su régimen, asegurando así su carácter de factor salarial al ser una remuneración periódica y permanente.

1. Naturaleza salarial de la bonificación judicial

Se enfatiza que la bonificación judicial, al ser pagada de forma periódica y permanente, c onstituye factor salarial para todos los efectos legales. Esta interpretación se alinea con el propósito del Constituyente y del Legislador de "nivelar o reclasificar con sentido de equidad el sistema de remuneración de los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial".

1. Extralimitación del Gobierno nacional

El Gobierno nacional, al crear mediante el Decreto 0382 de 2013 una bonificación sin carácter salarial (excepto para cotizaciones al Sistema General de Seguridad

1. Extralimitación del Gobierno nacional

El Gobierno nacional, al crear mediante el Decreto 0382 de 2013 una bonificación sin carácter salarial (excepto para cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud y en Pensiones), se apartó del marco establecido por la Ley 4 de

1992. Esta ley no realizó discriminación alguna y dispuso la nivelación o reclasificación de la remuneración de funcionarios y empleados, lo cual implica necesariamente un incremento salarial en ambos casos.

1. Conclusión

En consecuencia, se determina que la bonificación judicial debe:

1. Aplicarse a todos los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación, sin distinción de régimen.

2. Liquidarse y pagarse mensualmente.

3. Considerarse factor salarial para todos los efectos legales, incluyendo la liquidación de prestaciones sociales.

4. Tener como tope, para los no acogidos al régimen de l decreto mencionado, el 100% del salario mensual de los acogidos en cargos equivalentes.

1. Naturaleza jurídica de los decretos que reglamentan las leyes marco

La Corte Constitucional 6 concibe que es el Congreso de la República, en ejercicio de su competencia principal de hacer las leyes, el que tiene el deber constitucional

6 Corte Constitucional, sentencia C-101-2003, M.P., Jaime Córdoba TriviñoNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Zaida Rubiela Mendoza Leal

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado

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