TA SAN - Sentencia 680013333001-2023-00127-01 (21-10-2025)

Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Luis Emilio Cobos Mantilla Demandado: municipio de los Santos Radicado: 680013333001-2023-00127-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, veintiuno (21) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el municipio de los Santos, contra la sentencia de primera instancia proferida el 29 de octubre de 2024 por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, por medio de la cual se ampararon los derechos colectivos a la moralidad administrativa, el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos con garantía de las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y con prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes. MEDIO DE CONTROL Protección de los derechos e intereses colectivos EXPEDIENTE 680013333001-2023-00127-01 DEMANDANTE Luis Emilio Cobos Mantilla luisecobosm@yahoo.com DEMANDADO Municipio de los Santos notjudicial@lossantos.gov.co notificacionesjuridicas@lossantos-santander.gov.co

DEMANDANTE Luis Emilio Cobos Mantilla luisecobosm@yahoo.com DEMANDADO Municipio de los Santos notjudicial@lossantos.gov.co notificacionesjuridicas@lossantos-santander.gov.co notificacionjudicial@lossantos-santander.gov.co manuelninoabogados@gmail.com

VINCULADO Javier Antonio Pérez representado a través de curador ad litem Gilberto Moreno Ardila gmorenoar47@hotmail.com

MINISTERIO

PÚBLICO

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO Sentencia de segunda instancia TEMA Vulneración del principio de legalidad urbanística y de derechos colectivos por la expedición irregular de una licencia de parcelación «la Esperanza » de la vereda «Rosa Blanca» del municipio de Los Santos.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Luis Emilio Cobos Mantilla Demandado: municipio de los Santos Radicado: 680013333001-2023-00127-01

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1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos consagrado en el artículo 144 del CPACA, el señor Luis Emilio Cobos Mantilla formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, en orden a que se declare la vulneración de los derechos colectivos de que tratan los literales b), j) y m) del artículo 4 de la Ley 472 de

Mantilla formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, en orden a que se declare la vulneración de los derechos colectivos de que tratan los literales b), j) y m) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998.

En consecuencia, solicitó:

«PRIMERO: Que se ordene al ALCALDE MUNICIPAL DE LOS SANTOSSANTANDER, garantizar la moralidad administrativa, el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada, y dando preval encia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, como derechos e intereses colectivos consagradas en el Art. 4 numerales B., J. y M, de la ley 472 de 1.998

SEGUNDO: que como consecuencia de la declaración anterior se ordene al ALCALDE DEL MUNIC IPIO DE LOS SANTOS – SANTANDER, el restablecimiento de los derechos e intereses colectivos violados por el municipio demandado, declarándose la inaplicabilidad del acto administrativo o licencia urbanística otorgada, u ordenándose la revocatoria directa de l acto administrativo o licencia urbanística correspondiente o accionando ante la jurisdicción contenciosa administrativa, la nulidad y restablecimiento del derecho contenido en la respectiva licencia urbanística, cancelándose la respectiva escritura públi ca y su registro, o declarando lo que legalmente corresponda según criterio del señor juez, y además se le prohíba al alcalde municipal de los santos expedir licencias de construcción sobre los lotes que corresponden a la licencia de parcelación aquí deman dada y que se ejerza

corresponda según criterio del señor juez, y además se le prohíba al alcalde municipal de los santos expedir licencias de construcción sobre los lotes que corresponden a la licencia de parcelación aquí deman dada y que se ejerza control y vigilancia por planeación municipal para que no se permita hacer construcciones de vivienda en dicho loteo ilegalmente, es decir sin la licencia de construcción correspondiente.

TERCERO: Ordenar el cumplimiento inmediato de las acciones que se consideren necesarias para garantizar la defensa y protección de los intereses colectivo aquí violados, otorgando un término perentorio para tal caso.

CUARTO: Que se condene en costas a la parte demandada .» (sic en todo el texto)

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, el demandante señaló los siguientes:

1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones actuación 2 índice SAMAI, archivo 05Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Luis Emilio Cobos Mantilla Demandado: municipio de los Santos Radicado: 680013333001-2023-00127-01

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1. En la vereda «Rosa Blanca» del municipio de los Santos se construyó la parcelación «la Esperanza», con licencia urbanística otorgada por la oficina de planeación municipal, la cual fue expedida en contravención del esquema del ordenamiento territorial, que clasifica el suelo de esa vereda como rural , con usos exclusivamente agropecuarios, agroforestales, forestales y mineros.

planeación municipal, la cual fue expedida en contravención del esquema del ordenamiento territorial, que clasifica el suelo de esa vereda como rural , con usos exclusivamente agropecuarios, agroforestales, forestales y mineros.

1. El E.O.T. establece que solamente pueden realizarse parcelaciones en suelos suburbanos, lo cual no aplica para la vereda «Rosa Blanca» y, fija un área mínima de subdivisión de 2.800 hectáreas para suelo rural y de 2.500 metros cuadrados para suelo suburbano. Sin embargo, en la p arcelación «la Esperanza» se autorizaron lotes de menor tamaño, en violación del ordenamiento vigente.

1. Aunado a lo anterior, la licencia se otorgó sin exigir las certificaciones de disponibilidad de servicios públicos como agua, alcantarillado, energía y aseo.

Estas actuaciones y omisiones constituyen una violación al Esquema de Ordenamiento Territorial y afectan los derechos e interés colectivos consagrados en la Ley 472 de 1998 y relacionados con el ordenamiento urbanístico, la moralidad administrativa y el acceso adecuado a servicios públicos.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Municipio de los Santos2

Por conducto de apoderad a la mencionada entidad allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos: excepciones innominadas: «inexistencia de derechos colectivos vulnerados por el municipio» y «no satisfacción de la carga de prueba por el actor popular».

A su turno, manifestó que se opone a las pretensiones de la demanda.

1. El municipio a través de sus dependencias, ha actuado conforme a la

municipio» y «no satisfacción de la carga de prueba por el actor popular».

A su turno, manifestó que se opone a las pretensiones de la demanda.

1. El municipio a través de sus dependencias, ha actuado conforme a la Constitución Política, la ley y el Esquema de Ordenamiento Territorial.

Además, el contrato estata l mencionado por el actor popular se encuentra ejecutoriado, goza de presunción de legalidad conforme al artículo 88 del CPACA y no ha sido anulado por la autoridad competente.

1. Del análisis del material probatorio recaudado, no se evidencia ninguna vulneración real ni concreta de los derechos colectivos. Por el contrario, las actuaciones de la entidad demandada se ajustan a su competencia mediante labores de verificación y control sobre los hechos mencionados en la demanda.

2 Expediente digital, gestión en otras corporaciones actuación 10 índice SAMAI, archivo 03Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Luis Emilio Cobos Mantilla Demandado: municipio de los Santos Radicado: 680013333001-2023-00127-01

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1.2.2. Javier Antonio Pérez.3

Por conducto de curador ad litem allegó memorial de contestación de demanda en el cual solicitó la improcedencia del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos para declarar la nulidad de actos administrativos, en los siguientes términos:

1. La solicitud del actor popular resulta genérica y carece de una identificación

en el cual solicitó la improcedencia del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos para declarar la nulidad de actos administrativos, en los siguientes términos:

1. La solicitud del actor popular resulta genérica y carece de una identificación concreta del acto que generó la vulneración al derecho colectivo a la moralidad administrativa. Aunado a lo anterior, existe una contradicción entre los hechos expuestos, que se centran en la presunta ilegalidad de una parcelación y, las pretensiones, que buscan garantizar servicios públicos y la legalidad del desarrollo urbano.

1. En el caso concreto, se pretende la declaratoria de nulidad de una resolución administrativa y el restablecimiento de un derecho colectivo, lo cual resulta improcedente dentro del marco de una acción popular. El Consejo de Estado, ha señalado que el juez constitucional no tiene competencia para anular actos administrativos; no obstante, se encuentra facultado para adoptar medidas como la inaplicación, interpretación condicionada o la suspensión de los efectos del acto.

1. Además, la acción popular no procede cuando se discuten derechos particulares, incluso si son comunes a u n grupo. Dichos intereses deben reclamarse por medio de acciones de grupo u otros mecanismos judiciales. En este caso, el actor busca proteger un interés subjetivo, lo cual hace improcedente la acción popular.

1.3. La sentencia apelada4

El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante sentencia del 29 de octubre de 2024, resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR que el MUNICIPIO DE LOS SANTOS , vulneró los derechos

El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante sentencia del 29 de octubre de 2024, resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR que el MUNICIPIO DE LOS SANTOS , vulneró los derechos colectivos a la moralidad administrativa, el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia

SEGUNDO: ORDENAR al Representante Legal del MUNICIPIO DE LOS SANTOS, en el término máximo e improrrogable de seis (6) meses siguientes a la ejecutoria

3 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 24 índice SAMAI, archivo 01 4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 63 índice SAMAIProtección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Luis Emilio Cobos Mantilla Demandado: municipio de los Santos Radicado: 680013333001-2023-00127-01

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de la presente sentencia y a fin de salvaguardar los derechos objeto de amparo:

• INAPLICAR la licencia urbanística contenida en la Resolución núm. 68418-0610-2011LPC007 del 06 de octubre de 2011 para la parcelación denominada “La Esperanza” ubicada en la vereda “Rosa Blanca” del Municipio de Los

10-2011LPC007 del 06 de octubre de 2011 para la parcelación denominada “La Esperanza” ubicada en la vereda “Rosa Blanca” del Municipio de Los Santos.

• ABSTENERSE de expedir licencias de construcción sobre los lotes que corresponden a la licencia de parcelación denominada “La Esperanza” ubicada en la vereda “Rosa Blanca” del Municipio de Los Santos.

• EJERCER control y vigilancia para que no se permita hacer construcciones de vivienda en la parcelación denominada “La Esperanza” ubicada en la vereda “Rosa Blanca”, sin el cumplimiento de lo establecido en el E.O.T.

TERCERO: COMPULSAR copias de la presente sentencia a la Procuraduría Regional de Santander, así como la Fiscalía General de la Nación, para que, si a bien lo tienen, y dentro del marco de sus competencias, inicien las investigaciones del caso, en contra del funcionario del Municipio de Los Santos que expidió la licencia de construcción núm. 68418 - 06-10-2011-LPC007 del 06 de octubre de 2011 para la parcelación denominada “La Esperanza” ubicada en la vereda “Rosa Blanca” del Municipio de Los Santos.

CUARTO: EXHOTAR a la Pro curaduría Regional de Santander y/o a la Procuradora Judicial Delegada ante este despacho, para que, si a bien lo tienen, y dentro del marco de sus competencias, atendiendo a las consideraciones expuestas, demanden el acto administrativo contenido en la Licencia de Construcción Resolución núm. 68418-06-102011-LPC007 del 06 de octubre de 2011.

QUINTO: CONFORMAR el Comité de verificación, integrado por el Representante

Licencia de Construcción Resolución núm. 68418-06-102011-LPC007 del 06 de octubre de 2011.

QUINTO: CONFORMAR el Comité de verificación, integrado por el Representante Legal del Municipio de Los Santos, por intermedio de las dependencias que tenga injerencia en el cumplimiento de la orden impuesta, el (a) Personero (a) Municipal de Los Santos, la Defensoría del Pueblo y el Actor Popular, quienes deberán rendir un informe del cumplimiento de la orden proferida en el término de seis (6) meses al vencimiento del plazo otorgado.

SEXTO: CONDENAR en costas al MUNICIPIO DE LOS SANTOS y a favor del actor popular, de conformidad con lo expuesto en los Artículos 188 del C.P.A.C.A. y 365 del C.G. del P., valor que deberá liquidarse de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 366 del C.G. del P. […]».

En lo correspondiente al fondo del asunto, el a quo concedió las pretensiones de la demanda con sustentó en los siguientes argumentos:

1. En relación con la naturaleza jurídica de las licencias de construcción y su sujeción a los Planes de Ordenamiento Territorial, el artículo 99 de la Ley 388 de 1997 establece que corresponden a actos administrativos de carácter particular y concreto, que se otorgan con sujeción al Plan de Ordenamiento Territorial, planes parciales y demás normas urbanísticas que los desarrollen y complementen.

1. Para que una licencia de construcción se encuentr e ajustada al ordenamiento jurídico, esta debe cumplir con todas y cada una de las normasProtección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia

Demandante: Luis Emilio Cobos Mantilla

1. Para que una licencia de construcción se encuentr e ajustada al ordenamiento jurídico, esta debe cumplir con todas y cada una de las normasProtección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Luis Emilio Cobos Mantilla Demandado: municipio de los Santos Radicado: 680013333001-2023-00127-01

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integrantes del POT, y su contenido de derecho se encuentre definido tanto en normas de rango legal como en los instrumentos de planificación territorial que deben respetarse, de acuerdo con la jerarquía normativa que la delimita.

1. El artículo 144 del CPACA. que regula el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, respecto a la facultad del juez para anular el acto administrativo a través del cual se concede una licencia de parcelación, indica que cuando , l a vulneración de los derechos e intereses colect ivos provenga de la actividad de una entidad pública, podrá demandarse su protección, inclusive cuando la conducta vulnerante sea un acto administrativo o el contrato, sin perjuicio de que pueda adoptar las medidas necesarias para hacer cesar la amenaza o vulneración de los derechos colectivos.

1. Al juez de la acción popular no le corresponde analizar la legalidad o validez del acto administrativo; sin embargo, no puede pasar por alto o apartarse de adoptar otras medidas necesarias a fin de remediar la violación, amenaza o puesta en peligro que se logre demostrar en un caso en concreto. En ese orden de ideas, podrá optar por inaplicar el contenido del acto administrativo, cuando

adoptar otras medidas necesarias a fin de remediar la violación, amenaza o puesta en peligro que se logre demostrar en un caso en concreto. En ese orden de ideas, podrá optar por inaplicar el contenido del acto administrativo, cuando a su juicio, este sea inconstitucional o ilegal con el objeto de cesar la vulneración o amenaza de los derechos colectivos transgredidos o amenazados con su expedición.

1. El Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de los Santos establece que los suelos suburbanos aptos para parcelación se localizan exclusivamente en las veredas El Carrizal, El Verde, Tabacal (parcialmente), La Fuente (parcialmente) y El Majadal. No se incluye a la vereda «Rosa blanca», donde se ubica el proyecto «La Esperanza ». Adicionalmente, se especifica que en suelo rural solamente es posible parcelar cuando el terreno supera las 2,800 hectáreas, superficie mínima exigida como unidad agrícola familiar en el municipio.

1. En el sub examine, el bien jurídico tutelado corresponde al respeto que se debe tener por parte de todas las autorida des, frente las especificaciones y/o parámetros urbanísticos establecidos dentro de los Planes de Ordenamiento Territorial en armonía con los Esquemas de Ordenamiento Territorial.

1. Del análisis del material probatorio contenido en el expediente, y conforme con las disposiciones normativas aplicables, se evidencia que la licencia de construcción otorgada mediante la Resolución núm. 68418 -06-10-2011LPC007 al señor Javier Antonio Pérez para uso de vivienda y recreación, se expidió en contravención de la normativa legal vigente sobre parcelaciones y

construcción otorgada mediante la Resolución núm. 68418 -06-10-2011LPC007 al señor Javier Antonio Pérez para uso de vivienda y recreación, se expidió en contravención de la normativa legal vigente sobre parcelaciones y procesos constructivos. La autorización permitió una parcelación en un sector expresamente no habilitado para ello, según el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Los Santos. Además, la división de las parcelas no respetó las dimensiones ni la ubicación previstas en las normas sobre uso del suelo y veredas autorizadas. Adicionalmente, la expedición de dicha licenciaProtección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Luis Emilio Cobos Mantilla Demandado: municipio de los Santos Radicado: 680013333001-2023-00127-01

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omitió los trámites exigidos por las leyes que regulan el licenci amiento urbanístico, específicamente la Ley 388 de 1997, que modificó la Ley 9ª de 1989, así como la Ley 3ª de 1991 y sus decretos reglamentarios 507 de 1994 y 136 de 1994, junto con lo dispuesto en el POT y el EOT.

1. En el caso concreto, se demostró la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, así como a la realización de construcciones, edificaciones y desar rollos urbanos con garantía de las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y con prevalencia a la calidad de

prestación sea eficiente y oportuna, así como a la realización de construcciones, edificaciones y desar rollos urbanos con garantía de las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y con prevalencia a la calidad de vida de los habitantes, con ocasión de la expedición de la licencia núm. 6841806-10-2011-LPC007 del 06 de octubre de 2011.

1. La condena en costas en contra del municipio de los Santos es procedente en atención a lo establecido en el a rtículo 38 de la Ley 472 de 1998, en armonía con lo señalado en el artículo 188 del CPACA y el numeral 1º del artículo 365 del CGP.

1.4. El recurso de apelación

1.4.1. Municipio de los Santos5

El apoderado de la parte demandada en el recurso interpuesto solicitó revocar la decisión de primera instancia . P ara el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. El a quo no tuvo en cuenta que la licencia de construcción sobre los lotes de la parcelación «La Esperanza », ubicada en la vereda «Rosa Blanca » del municipio de los Santos, fue expedida en el año 2011, es decir, hace más de 12 años, durante los cuales distintos ter ceros han adquirido derechos reales de dominio sobre los lotes, los cuales no pueden ser desconocidos

1. La Corte Constitucional ha precisado que los derechos adquiridos son situaciones jurídicas consolidadas bajo una norma vigente, que ingresan de forma definitiva al patrimonio de sus titulares y deben respetarse frente a normas posteriores. En este caso, la licencia autorizó la división del predio en 88 lotes, cada uno con propietario distinto, por lo que su inaplicación implicaría

forma definitiva al patrimonio de sus titulares y deben respetarse frente a normas posteriores. En este caso, la licencia autorizó la división del predio en 88 lotes, cada uno con propietario distinto, por lo que su inaplicación implicaría vulnerar derechos adquiridos sin ofrecer garantías de defensa a los afectados.

1. El municipio de Los Santos no está en capacidad de cumplir con la orden del fallo sin infringir derechos de terceros, por lo que resulta aplicable el principio general del derecho según el cual nadie está obligado a lo imposible.

5 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 65 índice SAMAIProtección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Luis Emilio Cobos Mantilla Demandado: municipio de los Santos Radicado: 680013333001-2023-00127-01

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1. En el Auto 203 de 2016, dentro del trámite de cumplimiento de la Sentencia T-554 de 2009, la Corte Constitucional señaló que el juez debe garantizar el debido proceso a quien no ha cumplido con un fallo, y reconoc er que pueden existir circunstancias que hagan materialmente imposible su cumplimiento. En ese sentido, en esos eventos se ha evitado imponer órdenes que resulten inejecutables.

1.5. Trámite de segunda instancia

Por auto del 13 de diciembre de 2024 6 se admiti ó el recurso de apelación interpuesto y se ordenó la notificación personal al Ministerio Público y a las

inejecutables.

1.5. Trámite de segunda instancia

Por auto del 13 de diciembre de 2024 6 se admiti ó el recurso de apelación interpuesto y se ordenó la notificación personal al Ministerio Público y a las partes por estado. Dentro de la oportunidad prevista, las partes no presentaron alegatos y el Ministerio Público no rindió concepto.

2. Consideraciones

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación adelantada, y luego de verificar que se hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo del asunto, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia

2.1. Competencia

Conforme al artículo 16 de la Ley 472 de 1998, el Tribunal Administrativo de Santander es competente para conocer en segunda instancia de las decisiones adoptadas por los jueces administrativos de su jurisdicción, de los procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de las acciones populares originadas en actos, acciones y omisiones de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas.

2.2. Problema jurídico

De acuerdo con los argumentos planteados en el fallo de primera instancia y en el escrito de apelación, le corresponde a la Sala determinar, si se encuentra acreditada la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, así como a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos con garantía de las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y con prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes,

eficiente y oportuna, así como a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos con garantía de las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y con prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, con ocasión de la expedición de la licencia de parcelación núm. 68418-06-102011-LPC007 del 6 de octubre de 2011 proferida por el municipio de Los Santos, y, en consecuencia, si hay lugar a ordenar su inaplicación, la abstención de expedir nuevas licencias de construcción sobre los lotes que conforman la parcelación «La Esperanza» ubicada en la vereda «La Rosa»,

6 Expediente digital, actuación 7, índice SAMAI.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Luis Emilio Cobos Mantilla Demandado: municipio de los Santos Radicado: 680013333001-2023-00127-01

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así como disponer medidas de control y vigilancia que impidan la ejecución de construcciones en dicho predio sin el cumplimiento de lo establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial.

2.3. Marco normativo

2.3.1. De la acción popular

La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por la Ley 472 de 1998, tiene como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando estos resulten amenazados o vulnerados o siempre que exista peligro o agravio o un daño contingente, por

desarrollada por la Ley 472 de 1998, tiene como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando estos resulten amenazados o vulnerados o siempre que exista peligro o agravio o un daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades, o de los particulares que actúan en desarrollo de funciones públicas.

Con base en la finalidad reconocida por el ordenamiento jurídico, puede afirmarse que este medio de control constitucional persigue tres propósitos específicos: i) prevenir la ocurrencia de un daño contingente sobre los derechos e intereses colectivos, al operar con carácter anticipado frente a una situación lesiva; ii) suspen der los efectos derivados de un peligro, amenaza, vulneración o agravio ya identificado respecto de los derechos al detener su agravamiento o continuación y iii) restablecer el estado de cosas anterior a la afectación, mediante medidas que restauren el ord en jurídico vulnerado y aseguren la reparación del interés colectivo comprometido.

La Corte Constitucional se ha pronunciado en distintas ocasiones 7 acerca de la naturaleza de la acción popular y ha establecido que este mecanismo se caracteriza por:

«[…] (i) ser una acción constitucional especial, lo que significa a) que es el mecanismo dispuesto por el constituyente para la protección de un grupo específico de derechos constitucionales, los derechos colectivos, b) que el legislador ordinario no pued e suprimir esta vía judicial y c) que le aplican, particularmente, los principios constitucionales; (ii) por ser pública, en tanto dota a todas las personas, sin necesidad de obrar por intermedio de un

legislador ordinario no pued e suprimir esta vía judicial y c) que le aplican, particularmente, los principios constitucionales; (ii) por ser pública, en tanto dota a todas las personas, sin necesidad de obrar por intermedio de un apoderado judicial, de un instrumento para poner en mo vimiento al Estado en su misión de respetar, proteger y garantizar los derechos colectivos frente a las actuaciones de autoridades o de cualquier particular; (iii) por ser de naturaleza preventiva, motivo por el cual, basta que exista la amenaza o riesgo de que se produzca una vulneración para que ésta proceda, pues su objetivo es ‘precaver la lesión de bienes y derechos que comprenden intereses superiores de carácter público y que por lo tanto no pueden esperar hasta la ocurrencia del daño’; (iv) por ser t ambién de carácter restitutorio, en razón a que tiene como finalidad el restablecimiento del uso y goce de los derechos e intereses colectivos […]».8

7 Véanse las sentencias C-215 de 1999, magistrada ponente Martha Victoria Sáchica Méndez; T-466 de 2003, magistrado ponente: Alfredo Beltrán Sierra; T-443 de 2013; y T-254 de 2014, magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva. 8 Corte Constitucional, sentencia T -443 de 2013; magistrado ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.Protección de los derechos e intereses colectivos S