TA SAN - Sentencia 680013333001-2023-00184-01 (27-10-2025)

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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrado Ponente: Iván Fernando Prada Macías

Bucaramanga, veintisiete (27) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Procede la Sala a dictar sentencia de segunda instancia dentro del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos promovido por el señor Daniel Villamizar Basto contra Carmen Sofía Contreras - Establecimiento de Comercio “Restaurante el Tony” y el Municipio de Bucaramanga.

I. Antecedentes.

1. La demanda.

El ciudadano Daniel Villamizar Basto, presentó demanda en ejercicio del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos contra Carmen Sofía Contreras - Establecimiento de Comercio “Restaurante el Tony” y el Municipio de Bucaramanga para que se acceda a las siguientes:

1.1. Pretensiones.

Se solicita en la demanda:

«1). Se ordene al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA y a CARMEN SOFIA CONTRERAS, el restablecimiento del espacio público y el cumplimiento de las normas urbanísticas en forma permanente en la CARRERA 33A Nro. 33-67 Barrio El Prado de Bucaramanga, tomando las medidas necesarias para la recuperación del antejardín, la zona verde de uso público, el entorno paisajístico y las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, que hacen parte del espacio público , de modo que se garantice el libre tránsito y acceso, goce, uso y disfrute visual a la comunidad en general, incluyendo la demolición de las construcciones en contra de las normas urbanistas ilegales que invaden el espacio público, afectado para el

parte del espacio público , de modo que se garantice el libre tránsito y acceso, goce, uso y disfrute visual a la comunidad en general, incluyendo la demolición de las construcciones en contra de las normas urbanistas ilegales que invaden el espacio público, afectado para el disfrute colectivo y construidas en contra de las normas urbanísticas, con el fin de evitar el Expediente: 680013333001-2023-00184-01

Medio de control: Protección de los Derechos e Intereses Colectivos

Demandantes: Daniel Villamizar Basto

juridica.villamizar508@gmail.com

Demandado: Carmen Sofia Contreras – Establecimiento de Comercio “Restaurante el Tony”

desayunostony@yahoo.com catalinahincapiegonzalez@gmail.com Municipio de Bucaramanga notificaciones@bucaramanga.gov.co secretariaplaneacion@bucaramanga.gov.co

Ministerio Público: Procuraduría 159 Judicial II para Asuntos Administrativos

nmgonzalez@procuraduria.gov.co Tema Legitimación en la causa por pasiva del Municipio de Bucaramanga dentro de una acción popular promovida por la ocupación del antejardín y zona verde de un inmueble donde funciona un establecimiento comercial. La Sala concluye que el municipio está legitimado por su deber constitucional de protección del espacio público, aunque la ocupación material haya sido realizada por un particular. Se confirma parcialmente la existencia de una omisión administrativa al no recuperar oportunamente el espacio intervenido, pese a las actuaciones policivas iniciadas. Las órdenes impartidas al municipio para supervisar las adecuaciones del inmueble son ajustadas a derecho y proporcionales, en tanto se enmarcan dentro de sus funciones de control urbano. Se

iniciadas. Las órdenes impartidas al municipio para supervisar las adecuaciones del inmueble son ajustadas a derecho y proporcionales, en tanto se enmarcan dentro de sus funciones de control urbano. Se confirma la condena e n costas impuesta en primera instancia conforme a los artículos 38 y 39 de la Ley 472 de 1998.Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos Radicado 680013333001-2023-00184-01

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entorpecimiento al goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso púbico, la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al b eneficio de la calidad de vida de los habitantes, el goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la Ley y la disposiciones reglamentarias y la demolición y retiro de obstáculos que existan sobre el espacio público , tales como sótanos, muros, columnas vigas, escaleras, jardineras, cubrimientos, cerramientos, sobre el antejardín, endureciendo la construcción y apropiándose de la zona verde de uso público.

2. Que se condene al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA y a la señora CARMEN SOFIA CONTRERAS y a quien resulte responsable, al pago de la suma establecida en el artículo 1005 del código civil, si es necesaria la demolición o enmendarse la construcción existente, adecuando nuevas obras a efectos de permitir el servicio, uso, goce y disfrute visual y libre tránsito a la

del código civil, si es necesaria la demolición o enmendarse la construcción existente, adecuando nuevas obras a efectos de permitir el servicio, uso, goce y disfrute visual y libre tránsito a la comunidad en general y demás sanciones establecidas en esta norma, sin perjuicio de que si se castiga el delito o la negligencia con una pena pecuniaria, se adjudique al actor la mitad.

3. Se condene en costas a los demandados.»

1.2. Hechos.

El actor popular manifiesta los siguientes hechos:

1. En el inmueble ubicado en la carrera 33ª N° 33 -67 del Barrio el P rado de Bucaramanga funciona el “Restaurante Desayunos Tony”, donde se adelantó una ampliación que ocupó el antejardín y la zona verde de uso público.

2. Se construyeron escaleras, un sótano y cerramientos si contar con licencia de construcción.

3. A la fecha no ha cesado la invasión del antejardín y zona verde.

2. Trámite procesal de primera instancia.

Realizado el reparto del medio de control el día 21 de julio de 20231, correspondió al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga quien mediante auto de fecha 24 de julio de 202 32 admitió la demanda y se dispone la publicación del aviso a través de la página web de la rama judicial, según los dispuesto en la Ley 472 de 1998 y el Decreto 806 de 2020.

Efectuada la publicación del aviso 3 y surtido el traslado de la demanda, mediante providencia se dispuso la realización de la audiencia de pacto de cumplimiento el 11

Efectuada la publicación del aviso 3 y surtido el traslado de la demanda, mediante providencia se dispuso la realización de la audiencia de pacto de cumplimiento el 11 de julio del 2024, declarándose fallida4, donde posteriormente se procedió a decretar las pruebas.

Mediante auto de fecha 11 de diciembre del 20245, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y rendir concepto de fondo respectivamente.

De este trámite se destaca:

2.1. Contestación a la demanda.

1 SAMAI primera instancia índice 00001 2 SAMAI primera instancia índice 00003 3 SAMAI primera instancia índice 00009 4 SAMAI primera instancia índice 00059 5 SAMAI primera instancia índice 00090Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos Radicado 680013333001-2023-00184-01

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2.1.1. Establecimiento de Comercio “Restaurante Desayunos Tony”6

Concurre al trámite comprometiéndose a adelantaran las gestiones necesarias para garantizar la protección de los derechos e intereses colectivos, de conformidad con el artículo 88 de la Constitución Política y la Ley 478 de 1998, con el fin de garantizar la adecuación p ara cumplir con la norma urbanística y lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial, esto es, proceder con la demolición de todo el andén, de las materas fijadas en zona verde y de toda la estructura de cerramiento sobre la zona de antejardín.

Ordenamiento Territorial, esto es, proceder con la demolición de todo el andén, de las materas fijadas en zona verde y de toda la estructura de cerramiento sobre la zona de antejardín.

2.1.2 Municipio de Bucaramanga

Contestó la demanda fuera de término.

2.2. Ministerio Público.

No presentó concepto.

3. Providencia apelada.

Mediante sentencia de fecha 28 de febrero de 20257 el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga accede parcialmente a las pretensiones de la demanda planteadas por el actor popular.

«PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA alegada por el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA , conforme a los argumentos expuestos en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: DECLARAR que el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA y la SOCIEDAD CONTRERAS AYALA LTDA, representada por el señor CARLOS CONTRERAS RIVERA, esta última en su calidad de propietaria y administradora del establecimiento de comercio RESTAURANTE DESAYUNOS TONY , vulneraron los derechos colectivos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; la defensa del patrimonio público, la seguridad y salubridad pública; la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: ORDENAR al Representante Legal de la SOCIEDAD CONTRERAS AYALA LTDA., en su calidad de propietarios y administradores del establecimiento de comercio RESTAURANTE DESAYUNOS TONY que, en el término máximo e improrrogable de seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la presente sentencia, haga las respectivas adecuaciones del inmueble ubicado

en la carrera 33A Nro. 33 -67 del Barrio El Prado de Bucaramanga, dejando la fachada el antejardín conforme a la licencia de reforma Nro. 593 de 1978 otorgada por el ente Municipal, en lo que tiene que ver con el encerramiento y endurecimiento que se hizo a la misma. Tales adecuaciones serán supervisadas con la interventoría de la Secretaría de Planeación del Municipio de Bucaramanga, a efectos que, se adecuen a los lineamientos de la licencia otorgada y en general al ordenamiento legal, conforme a los argumentos expuestos en la parte motiva de esta sentencia.

CUARTO: ORDENAR al Representante Legal de la SOCIEDAD CONTRERAS AYALA LTDA., en su calidad de propietarios y administradores del establecimiento de comercio RESTAURANTE DESAYUNOS TONY que, en el término máximo e improrrogable de seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la presente sentencia, remueva las materas o jardineras construidas en la zona

verde del inmueble ubicado en la carrera 33A Nro.33 -67 del Barrio El Prado de Bucaraman ga donde funciona el establecimiento de comercio “RESTAURANTE DESAYUNOS TONY”, a fin de

verde del inmueble ubicado en la carrera 33A Nro.33 -67 del Barrio El Prado de Bucaraman ga donde funciona el establecimiento de comercio “RESTAURANTE DESAYUNOS TONY”, a fin de

6 SAMAI primera instancia índice 00015 7 Índice de samai 0098 Gestión en otros DespachosTribunal Administrativo de Santander Medio de Control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos Radicado 680013333001-2023-00184-01

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adecuar dicha zona al perfil vial del sector, adecuaciones que en todo caso deben garantizar el libre tránsito de las personas.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: CONFORMAR el Comité de verificación, integrado por el Representante Legal del Municipio de Bucaramanga, por intermedio de las dependencias que tenga injerencia en el cumplimiento de la orden impuesta, el Representante Legal o Administrador (a) del establecimiento d e comercio “ RESTAURANTE DESAYUNOS TONY ” o la persona que este delegue, el (a) Personero (a) Municipal de Bucaramanga o la persona que este delegue, la Defensoría del Pueblo o la persona que este delegue y el actor popular, quienes deberán rendir un informe del cumplimiento de la orden proferida en el término de dos (2) meses al vencimiento del plazo otorgado para la adecuación ordenada.

SEPTIMO: CONDENAR en costas al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA y a la SOCIEDAD CONTRERAS AYALA LTDA, en su calidad de propietarios y administradores del establecimiento de comercio RESTAURANTE DESAYUNOS TONY, en partes iguales y a favor del actor popular,

CONTRERAS AYALA LTDA, en su calidad de propietarios y administradores del establecimiento de comercio RESTAURANTE DESAYUNOS TONY, en partes iguales y a favor del actor popular, de conformidad con lo expuesto en los Artículos 188 del C.P.A.C.A. y 365 del C.G. del P., valor que deberá liquidarse de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 366 del C.G. del P.(…)»

Encontró el aquo que el licenciamiento para la reforma del establecimiento comercial sobre la zona del antejardín del inmueble correspondía únicamente a la intervención de aislamiento delantero o antejardín de 3 metros, sobre la fachada principal, con cubierta inclinada con columnas como elementos de apoyo; que pese a ello al revisar el material fotográfico y los demás informes se puede establecer que, a dicha fachada se le hicieron adecuaciones que exceden lo autorizado, como el encerramiento tanto lateral como frontal, violando el ordenamiento legal, ocupado el espacio público en contravía de los derechos e intereses colectivos al impedir su tránsito normal por el sector.

Respecto de la construcción del sótano, explica el juez de primera instancia que el establecimiento de comercio cuenta con licencia de construcción No. 593 de reforma con registro No. 0962 del año 1978 y planos aprobados por el Departamento de Control de Edificaciones de Planeación Municipal. Que por tanto no le resultan aplicables lo dispuesto en el Acuerdo 011 de 2014, por ser posterior al licenciamiento y porque su construcción se realizó antes de dicha norma.

En cuanto a las jardineras construidas en la zona verde frente al establecimiento de comercio Restaurante Desayunos Tony corroboro que según la resolución que

construcción se realizó antes de dicha norma.

En cuanto a las jardineras construidas en la zona verde frente al establecimiento de comercio Restaurante Desayunos Tony corroboro que según la resolución que concedió la reforma de vivienda no se advierte que en la misma se haya otorgado permiso para construcción de materas o jardineras ubicadas en las zona verde; ello por cuanto el perfil vial del sector y las fotografía aportadas junto con la demanda, así como el informe técnico allegado daban cuenta del endurecimiento en cemento y ladrillo e instalación de escaleras.

Conforme a ello sostuvo que el ente territorial no ha cumplido con su deber constitucional de garantizar el goce del espacio público para toda la colectividad del sector al no exigir a la sociedad Contreras Atala Ltda en su calidad de administradores y propietarios del establecimiento de comercio, mantener la zona verde del antejardín del inmueble. Del mismo modo señaló que a estos últimos también les asiste responsabilidad en la vulneración del derecho colectivo del goce y uso del espacio público y todos los derechos colectivos por ser los ejecutores de la obra en contravía de lo autorizado en la licencia de reforma.Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos Radicado 680013333001-2023-00184-01

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4. Recurso de apelación.8

Inconforme con la decisión de primera instancia el Municipio de Bucaramanga expresa que la vulneración de los derechos colectivos no es de la responsabilidad de la administración municipal, sino del propietario del inmueble al haber ejecutado las obras. Por lo sostiene no se prueba cual es la acción u omisión en que incurre el ente

que la vulneración de los derechos colectivos no es de la responsabilidad de la administración municipal, sino del propietario del inmueble al haber ejecutado las obras. Por lo sostiene no se prueba cual es la acción u omisión en que incurre el ente territorial y que de ella se desprenda la vulneración de derechos e intereses colectivo.

Precisa que por los hechos objeto del medio de control se apertura proceso policivo técnico No. Consecutivo 2 – GDT-202405-00036754 del 23 de mayo de 2024 de conformidad con los lineamientos establecidos por la Ley 1801 de 2016 ; no obstante, la sentencia guarda silencio en relación a la actuación administrativa proceso policivo en el sentido de suspender, terminar, seguir el trámite

Por su parte, al observar la orden impartida en el sentido de que “en el término máximo e improrrogable de seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la presente sentencia, se realicen las respectivas adecuaciones del inmueble ubicado en la CARRERA 33A No. 33-67 del Barrio El Prado de Bucaramanga”, seguida de la disposición que señala que “Tales adecuaciones serán supervisadas con la interventoría de la Secretaría de Planeación del Municipio de Bucaramanga”, advierte que el juez A -quo no solo desconoce l os postulados de la Ley 80 de 1993, sino que también desestima la actuación administrativa en curso por parte del Municipio de Bucaramanga dentro del proceso policivo.

Además, sostiene que esta decisión genera un perjuicio para la entidad, al desplazar el análisis de responsabilidad que recae sobre el propietario del inmueble , presunto infractor, y con ello, la obligación que le corresponde en cuanto a la restitución del

Además, sostiene que esta decisión genera un perjuicio para la entidad, al desplazar el análisis de responsabilidad que recae sobre el propietario del inmueble , presunto infractor, y con ello, la obligación que le corresponde en cuanto a la restitución del espacio público.

Adicionalmente, expresa que “Tales adecuaciones serán supervisadas con la interventoría de la Secretaría de Planeación del Municipio de Bucaramanga” resulta incongruente con la orden de adecuación. Esto se debe a que el Municipio de Bucaramanga, como administración central, integra todas sus secretarías y áreas, por lo que dicha instrucción carece de sentido en relación con la entidad. Pues ante una orden de adecuación, se entiende que, según el caso, la entidad puede contratar una consultoría o supervisar directamente la ejecución de la obra. Lo contrario ocurriría si el propietario del inmueble fuera quien debiera realizar las adecuaciones, en cuyo caso, naturalmente, el Municipio debe desplegar acciones de vigilancia y seguimiento respecto a la ejecución de la obra.

5. Trámite en segunda instancia.

Por auto de fecha 22 de abril de 20259 fue admitido el recurso de apelación interpuesto por el actor popular, posteriormente mediante proveído de fecha 16 de junio de 202510 se corrió traslado para que las partes alegaran de conclusión y para que el Ministerio Público emitiera concepto de fondo. Destacándose lo siguiente:

8 SAMAI primera instancia índice 00101 9 Samai índice 0004 10 Samai índice 00011Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos Radicado 680013333001-2023-00184-01

9 Samai índice 0004 10 Samai índice 00011Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos Radicado 680013333001-2023-00184-01

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5.1. Actor Popular11.

En primer lugar, el actor señaló que el A-Quo precisó que, aunque el sótano y el techo construidos sobre el antejardín son ilegales, cuentan con una licencia de construcción aprobada por la autoridad competente desde 1978, por lo que dicha licencia debe respetarse. Sin embargo, a juicio del actor, esta apreciación contradice las normas urbanísticas, ya que el Acuerdo Municipal No. 41 de 1971, expedido por el Concejo de Bucaramanga, establece de manera clara que no se permite ningún tipo de construcción o edificación en los antejardines de los inmuebles, al tratarse de un área privada no edificable.

En segundo lugar, el actor advirtió que el A-Quo no se pronunció sobre la construcción de gradas en la zona verde de uso público, ni sobre el cumplimiento de las normas de protección y manejo del espacio público, particularmente en lo relacionado con los andenes. Señaló que existen resaltos y obstáculos sobre el andén, y que los materiales utilizados en la construcción no cumplen con lo establecido en las normas urbanísticas.

Finalmente, el actor indicó que la licencia aprobada autorizaba la construcción de una cubierta inclinada con columnas como elementos de apoyo. No obstante, se construyó un techo en teja y machimbre sobre el antejardín, apoyado en columnas de ladrillo y

cubierta inclinada con columnas como elementos de apoyo. No obstante, se construyó un techo en teja y machimbre sobre el antejardín, apoyado en columnas de ladrillo y concreto con vigas, lo cual está expresamente prohibido tanto por la normativa urbanística vigente en la época como por la actual.

5.2. Municipio de Bucaramanga.

No presento alegatos de conclusión.

5.3 Establecimiento de comercio Restaurante el TONY.

No presentó alegatos de conclusión.

5.4. Ministerio Público.

No presentó concepto.

II. Consideraciones de la sala

Surtidas a cabalidad las etapas legales sin que se evidencie causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado y como quiera que los presupuestos procesales se encuentren satisfechos, procede la Sala a dictar la sentencia de segunda instancia.

1. Competencia.

Esta Corporación es competente para conocer de los recursos interpuestos, dada la naturaleza de la providencia impugnada, conforme lo dispone el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, en concordancia con el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011.

1.1 Aspecto previo

11 Samai índice 00017Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos Radicado 680013333001-2023-00184-01

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No pasa por alto la Sala que la parte actora no expresó en el escrito de apelación, sino en los alegatos de conclusión de esta segunda instancia, su inconformidad frente a lo

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No pasa por alto la Sala que la parte actora no expresó en el escrito de apelación, sino en los alegatos de conclusión de esta segunda instancia, su inconformidad frente a lo decidido por el juez de primera instancia respecto de la construcción del sótano y el techo sobre el antejardín, así como en relación con la falta de pronunciamiento sobre las gradas ejecutadas en la zona verde y los resaltos y obstáculos presentes en los andenes adyacentes.

Sobre el particular, resulta pertinente recordar que la etapa de alegatos de conclusión no constituye la oportunidad procesal para formular nuevas pretensiones, ni para introducir, ampliar o reformular los cargos del recurso de alzada, toda vez que la competencia del juez de segunda instancia se encuentra delimitada por los motivos de inconformidad expuestos en el recurso de apelación, conforme a lo previsto en el artículo 328 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA.

En consecuencia, los cuestionamientos introducidos en dicha etapa carecen de eficacia procesal para ampliar el marco del debate en esta instancia y, por tanto, no serán objeto de estudio específico, sin perjuicio de que los elementos fácticos allí referidos sean tenidos en cuenta en el marco del análisis general del asunto debatido.

2. Problemas jurídicos.

De conformidad con el recurso de apelación interpuesto por el actor popular y lo expuesto en la sentencia de primera instancia, considera la Sala que el problema jurídico a resolver consiste en establecer lo siguiente:

1.P.J ¿Se encuentra el Municipio de Bucaramanga legitimado en la causa por pasiva

expuesto en la sentencia de primera instancia, considera la Sala que el problema jurídico a resolver consiste en establecer lo siguiente:

1.P.J ¿Se encuentra el Municipio de Bucaramanga legitimado en la causa por pasiva dentro de la presente acción popular, considerando que la presunta ocupación del antejardín y la afectación del espacio público habrían sido realizadas por un particular, propietario del establecimiento de comercio “Restaurante Desayunos Tony”, y no por la entidad territorial?

Tesis. Si. El Municipio de Bucaramanga sí está legitimado en la causa por pasiva, porque aunque la ocupación material del antejardín fue realizada por un particular, corresponde a la entidad territorial garantizar la protección, vigilancia y recuperación del espacio público conforme a los artículos 82 y 315 de la Constitución, la Ley 9 de 1989, la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1504 de 1998.

La participación del particular no excluye la responsabilidad institucional de ejercer el control urbano y policivo, por lo que el municipio debe responder por acción u omisión en el cumplimiento de ese deber de protección.

2.P.J ¿Constituye una omisión administrativa atribuible al Municipio de Bucaramanga la falta de recuperación del espacio público ubicado en la carrera 33A No. 33 -67 del barrio El Prado, pese a la existencia de actuaciones urbanísticas y del proceso policivo iniciado por la administración, de manera que se configure la vulneración de los derechos colectivos al goce del espacio público, la defensa del patrimonio público, la seguridad y la salubridad pública?Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos Radicado 680013333001-2023-00184-01

seguridad y la salubridad pública?Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos Radicado 680013333001-2023-00184-01

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Tesis. Si. Las pruebas allegadas si bien dan cuenta que la administración inició actuaciones urbanísticas y policivas , también permiten concluir que no adelantó de manera oportuna y eficaz las medidas para recuperar el espacio público afectado. Para la Sala el municipio, al no hacer cumplir las normas urbanísticas ni restituir plenamente el área intervenida, incumplió parcialmente su deber de control y protección del espacio público, lo que justifica mantener las órdenes impartidas en primera instancia.

3.P.J ¿Resultan ajustadas a derecho y proporcionales las órdenes impartidas en la sentencia de primera instancia al disponer que el Municipio supervise las adecuaciones del inmueble y asuma la carga procesal de vigilancia, así como la condena en costas impuesta en su contra, a la luz de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 472 de 1998 y de las actuaciones desplegadas por la entidad para la protección del espacio público?

Tesis. Si. Las órdenes del juez de primera instancia son ajustadas a derecho y proporcionales, pues la supervisión encomendada al Municipio no impone una carga adicional, sino que reafirma sus funci ones legales de control urbano conforme a lo dispuesto en el art. 99 de la Ley 388 de 1997 . Y finalmente l a condena en costas procede válidamente al confirmarse el fallo adverso, en aplicación de los artículos 38 y 39 de la Ley 472 de 1998 y 365 del CGP, sin que se evidencie actuación temeraria

procede válidamente al confirmarse el fallo adverso, en aplicación de los artículos 38 y 39 de la Ley 472 de 1998 y 365 del CGP, sin que se evidencie actuación temeraria del actor ni exceso del juez.

3. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso concreto.

3.1. De las Acciones Populares.

La Constitución Política de 1991, en su artículo 88, desarrollado por la Ley 472 de 1998, en relación a la naturaleza de las acciones populares, establece que es un mecanismo instituido para la protección y amparo de los derechos e intereses colectivos, siendo procedente contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, teniendo como fin hacer cesar el peligro, la amenaza, vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos o restituir las cosas al estado anterior cuando fuere posible.

Sobre el particular, el Consejo de Estado ha precisado que las acciones populares tienen como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos cuando estos resulten amenazados o vulnerados, exista peligro, agravio o daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o de los particulares que actúen en desarrollo de funciones administrativas.

Se identifican por poseer un carácter altruista pues mediante su ejercicio se busca que la comunidad afectada pueda disponer de un mecanismo jurídico para la protección de los referidos derechos cuya amenaza, vulneración, existencia del peligro, agravio o daño contingente, deberá probarse necesariamente para la procedencia del amparo. Se tienen entonces, como supuestos sustanciales para la procedencia de las acciones populares los siguientes: i) una acción u omisión de la parte demandada, ii) un daño

daño contingente, deberá probarse necesariamente para la procedencia del amparo. Se tienen entonces, como supuestos sustanciales para la procedencia de las acciones populares los siguientes: i) una acción u omisión de la parte demandada, ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos; peligro o amenaza que no es en modo alguno la que proviene de todo riesgo normal de la actividad humana, y iii) la relación de causalidad que debe existir entre la acción u omisión y la señalada afectación de los derechos e intereses colectivos.Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos Radicado 680013333001-2023-00184-01

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Ahora bien, para su trámite, el artículo 144 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que:

«Antes de presentar la demanda para la protección de los derechos e intereses colectivos, el demandante debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas que adopte las medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado. Si la autoridad no atiende dicha reclamación dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la solicitud o se niega a ello, podrá acudirse ante el j