TA SAN - Sentencia 680013333002-2017-00099-02 (29-05-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, veintinueve (29) de mayo del dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

RADICADO: 680013333002-2017-00099-02

ENLACE DEL EXPEDIENTE: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/li st_procesos.aspx?guid=68001333300220170009901

6800123

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: SILVIA JULIANA OTERO PLATA

abogados@rinconperez.com

DEMANDADO: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO: JHON CARLOS GARCIA PEREA

jcgarcia@procuraduria.gov.co ASUNTO: Sentencia de segunda instancia. L a bonificación judicial debe ser reconocida como factor salarial para todos los efectos legales. Se modifica la sentencia de primera instancia.

TEMA: Bonificación judicial

SENTENCIA No. 055

MAGISTRADA PONENTE: CLAUDIA PATRICIA PEÑUELA ARCE

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la

primera instancia.

TEMA: Bonificación judicial

SENTENCIA No. 055

MAGISTRADA PONENTE: CLAUDIA PATRICIA PEÑUELA ARCE

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia de fecha ocho (08) de junio dos mil veintiuno (2021), proferida por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Bucaramanga.

La Sala es competente para resolver el recurso de conformidad con lo previsto en el artículo 153 del CPACA.

I. ANTECEDENTESNulidad y Restablecimiento del derecho

Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Silvia Juliana Otero Plata

Demandado: Nación – Rama Judicial

Radicado No. 680013333002-2017-00099-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

A. Posición de la parte demandante1

Solicita declarar la nulidad de la Resolución número 6941 del 18 de octubre de 2016, expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, mediante l a cual se negó el reconocimiento, reliquidación y pago de los valores por concepto de prestaciones sociales de la demandante.

En consecuencia, solicitó:

«1. INAPLICAR todas y cada una de las normas que, inconstitucionalmente y respecto de mi poderdante, han representado la merma y restricción de derechos laborales de mi prohijado, sustrayendo el carácter salarial de la Bonificación Judicial.

y respecto de mi poderdante, han representado la merma y restricción de derechos laborales de mi prohijado, sustrayendo el carácter salarial de la Bonificación Judicial.

2. DECLÁRESE LA NULIDAD del Acto Administrativo N° 6941 de 2016

(notificada el 10 de noviembre de 2016) proferida por la Dirección Ejecutiva de administración Judicial, mediante la cual se negó la petición elevada a favor de mi poderdante, donde se solicitaba el recono cimiento y pago de la diferencia prestacional dejada de percibir como consecuencia de la exclusión de la Bonificación Judicial como Factor Salarial para la reliquidación de las demás prestaciones sociales.

3. Como consecuencia de la anterior declaración, la Nación — Rama Judicial —Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, deberá RESTABLECERLE EL DERECHO a mi poderdante, pagándole las diferencias prestacionales dejadas de percibir con ocasión a la negativa de la entidad, en otorgarle el constitucional carácter de factor salarial a la BONIFICACIÓN JUDICIAL; Sumas las cuales deberán ser indexadas, tal como lo ordena el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 y de conformidad con la fórmula de liquidación desarrollada por el Honorable Consejo de Estado.

4. Se reconozcan los respectivos intereses corrientes y/o moratorios sobre las sumas que resulten a su favor desde que se hizo exigible el derecho.

5. En lo sucesivo y para todos los efectos legales, se liquide la nómina de mi poderdante con la inclusión d el reconocimiento prestacional objeto de este medio de control, concerniente a reconocerse el carácter salarial de la

BONIFICACIÓN JUDICIAL.»

poderdante con la inclusión d el reconocimiento prestacional objeto de este medio de control, concerniente a reconocerse el carácter salarial de la

BONIFICACIÓN JUDICIAL.»

Las anteriores pretensiones se fundamentaron en las siguientes afirmaciones:

La demandante es servidora de la Rama Judicial en calidad de empleada judicial y devenga mensualmente la bonificación judicial creada con el Decreto No. 0383 de 2013.

El 14 de septiembre de 2015, radicó petición ante la entidad demandada, mediante la cual solicitó la liquidación y pago de todas las prestaciones sociales con base en la bonificación judicial como factor salarial de los valores dejados de percibir desde el 1 de enero de 2013 y las que a futuro se generen.

1Expediente digital de OneDrive, pág. 5-14, 001 CdnoPrincipal2017-099.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Silvia Juliana Otero Plata

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En respuesta, la demandada emitió la resolución número 4614 del 17 de septiembre de 2015, en la que negó las pretensiones.

Inconforme con la decisión, interpuso recurso de apelación el día 14 de octubre de 2015.

Mediante resolución número 6941 del 18 de octubre de 2016 , la demandada confirmó lo resuelto en la resolución número 4614 del 17 de septiembre de 2015.

2015.

Mediante resolución número 6941 del 18 de octubre de 2016 , la demandada confirmó lo resuelto en la resolución número 4614 del 17 de septiembre de 2015.

Como fundamento de derecho invocó los artículos 4 y 53 de la Constitución Nacional, la Ley 4 de 1992, los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo, el Decreto 1042 de 1968, el Decreto 0383 de 2013 y demás normas concordantes.

B. Posición de la parte demandada

La Nación – Rama Judicial2 se opuso a la prosperidad de las pretensiones en los siguientes términos:

Adujo que los actos administrativos acusados tienen sustento en las disposiciones legales contenidas en el Decreto 0383 de 2013 , la Ley 4 a de 1992 y en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política; además , que el único con competencia para establecer el régimen prestacional y salarial de los empleados públicos de la Rama Judicial es el Gobierno nacional.

Señaló que, por expreso mandato legal, la Bonificación Judicial constituye factor salarial únicamente para efectos de constituir la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y que hace parte de la libertad de configuración del legislador establecer qué parte de la remuneración de los empleados públicos constituye o no factor salarial y para qué fines.

Así mismo, refirió que los decretos por medio de los cuales el Gobierno nacional reguló los salarios y prestaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial cumplieron con los estándares legales y constitucionales para su

fines.

Así mismo, refirió que los decretos por medio de los cuales el Gobierno nacional reguló los salarios y prestaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial cumplieron con los estándares legales y constitucionales para su expedición y, en consecuencia, la responsabilidad sobre la inaplicabilidad de la norma salarial no puede ser asumida por la Rama Judicial.

2 Expediente digital de OneDrive, pág. 90-102, 001 CdnoPrincipal2017-099.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Silvia Juliana Otero Plata

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Adicionalmente, propuso la excepción de falta de legitimación en la ca usa por pasiva, la demanda no comprende a todos los litisconsortes necesarios y caducidad.

C. Sentencia de primera instancia3

El juzgado de primera instancia, mediante sentencia de fecha ocho (08) de junio de dos mil veintiuno (2021), resolvió:

«PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucional e ilegal, para el caso en concreto, la expresión “únicamente” contenida en el art. 1 de los Decretos 383 de 2013 y demás decretos que lo modifican, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. 4617 del 17 de septiembre de 2015, y en la Resolución No.

expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. 4617 del 17 de septiembre de 2015, y en la Resolución No. 6941 de 18 de octubre de 2016, por medio de los cuales se negó la reliquidación de las prestaciones sociales de la demandante con inclusión de la Bonificación Judicial creada con el Decreto 383 de 2013, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO ORDENAR a la NACIÓN-RAMA JUDICIAL -CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, a título de restablecimiento del derecho, a reconocer a fa vor de la señora SILVIA JULIANA OTERO PLATA, si aún no lo ha hecho, la bonificación judicial creada por el Decreto 383 de 2013 como factor salarial, desde el 01 de enero de 2013, y en adelante, por el tiempo efectivamente laborado y hasta la finalización d e su vínculo laboral, reliquidando todas las prestaciones sociales devengadas por ella.

CUARTO: CONDENAR a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA -DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, a pagar las diferencias resultantes entre las prestaciones sociales devengadas y las que resulten de la reliquidación ordenada.

QUINTO. DECLARAR que en el presente asunto NO ha operado la prescripción trienal, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEXTO: Las sumas reconocidas deberán ser debidamente actualizadas de

QUINTO. DECLARAR que en el presente asunto NO ha operado la prescripción trienal, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEXTO: Las sumas reconocidas deberán ser debidamente actualizadas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SÉPTIMO: LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, dará cumplimiento a la sentencia de conformidad con los arts. 192 y 195 del CPACA.

OCTAVO: CONDENAR en costas a la NACIÓN -RAMA JUDICIALCONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva».

Indicó que el Decreto 0383 de 2013 vulneró los principios constitucionales de favorabilidad e irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en la

3Expediente digital de OneDrive, 09SentenciaPrimeraInstancia.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander legislación laboral, al tiempo que transgredió los objetivos y principios señalados en la Ley 4 de 1992, en la medida en que desconoció los efectos salariales de la bonificación judicial.

legislación laboral, al tiempo que transgredió los objetivos y principios señalados en la Ley 4 de 1992, en la medida en que desconoció los efectos salariales de la bonificación judicial.

Consideró que la bonificación judicial fue otorgada de manera continua y mensual, lo que la convierte en una remuneración fija y directa, cumpliendo características de un salario, por lo que debe ser incluida en el cálculo de las demás prestaciones sociales.

Precisó que inaplicará la parte del primer inciso del artículo 1 del Decreto 0383 de 2013 que limita el reconocimiento de la bonificación judicial solo para efe ctos de cotización al sistema de salud y pensiones, en el entendido que sus disposiciones contravienen la Constitución y la ley, al no reconocer la bonificación como factor salarial para calcular todas las prestaciones sociales y salariales.

Respecto de la prescripción trienal, señaló que la demandante presentó la reclamación administrativa el 14 de septiembre de 2015 y los derechos aquí reclamados datan del 1 de enero de 2013; por tanto, no existe prescripción de derechos laborales.

D. Recurso de apelación

La Nación-Rama Judicial 4 solicitó revocar la decisión de primera instancia con sustento en los siguientes argumentos:

1. La parte demandante no impugnó oportunamente los Decretos 0383 y 0384 de 2013 cuando fueron expedidos, y por lo ta nto no puede ahora pretender su inaplicabilidad. El plazo para demandar la nulidad de estos decretos ya caducó según el artículo 138 del CPACA, por lo que la demanda debería ser desestimada.

1. La entidad no cuenta con facultades ni atribuciones en materia de fijación de

caducó según el artículo 138 del CPACA, por lo que la demanda debería ser desestimada.

1. La entidad no cuenta con facultades ni atribuciones en materia de fijación de salarios y prestaciones para los servidores de la Rama Judicial, puesto que su competencia recae únicamente en el Gobierno nacional, específicamente en la expedición del Decreto 0383 de 2013 con el objeto de establecer la bonificación judicial para esos funcionarios.

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander iii. El juez de primera instancia desconoció lo anterior y le impuso una carga excesiva a la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que no está en el deber de soportar y le exigió un imposible jurídico al no tener en cuenta dicha normatividad, comoquiera que es con base en esta que se reconocen y pagan las remuneraciones en la entidad.

1. La responsabilidad recae en el Gobierno nacional y no en la Rama Judicial, por lo que el pago de emolumentos no contemplados en las proyecciones presupuestales de la Rama Judicial debe gestionarse, por mandato legal, ante el Ejecutivo, específicamente ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dicho organis mo es el que debe asignar recursos adicionales a la entidad, los cuales no están previstos en las finanzas públicas.

ante el Ejecutivo, específicamente ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dicho organis mo es el que debe asignar recursos adicionales a la entidad, los cuales no están previstos en las finanzas públicas.

1. La acción de inaplicabilidad de los decretos salariales por inconstitucionalidad no es válida en este caso, ya que los decretos siguen vigentes hasta que sean declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional. Además, la demanda mezcla solicitudes de inaplicabilidad con peticiones de nulidad, lo que genera confusión.

1. La bonificación judicial reclamada no constituye un de recho adquirido, sino que fue el resultado de una negociación que no afecta derechos prestacionales adicionales. Por lo tanto, la demandante no tiene derecho a una compensación mayor a la que ya fue reconocida.

1. Los actos administrativos impugnados fueron proferidos en cumplimiento de los decretos salariales vigentes y, por tanto, no corresponden a actos definitivos que puedan ser revisados judicialmente.

E. Pronunciamiento en segunda instancia.

Sin pronunciamiento de las partes, ni del representante del ministerio público.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

F. Asunto previo

Con relación con los reparos de la parte demandada frente a la excepción de caducidad, es preciso señalar que, mediante auto proferido el 29 de abril de 20215el juzgado de primera instancia resolvió esta excepción y concluyó que la demanda

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander fue presentada dentro del término legal, sin que operara la caducidad. En ese orden y dando aplicación al principio de preclusividad, no hay lugar a reabrir de nuevo el debate y en esa medida la Sala no emitirá pronunciamiento alguno sobre este aspecto.

G. Problemas jurídicos

Con el fin de establecer si procede confirmar o, por el contrario, revocar la sentencia de primera instancia, se resolverán los siguientes interrogantes que surgen de los argumentos de impugnación de la parte demandada:

1. ¿La Rama Judicial, específicamente la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, no tiene competencia para modificar el régimen salarial y prestacional establecido por el Gobierno nacional en los Decretos 0383 y 0384 de 2013?; y ii) ¿La inaplicación por inconstitucionalidad de estos decretos no es procedente en el caso particular, por estar vigentes y no haber sido declarados inconstitucionales por

la Corte Constitucional?

H. Tesis de la Sala

1. Si bien la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no tiene competencia para modificar el régimen salarial y prestacional fijado por el Gobierno nacional, sí tiene la facultad de interpretar y aplicar las normas en materia salarial dentro de los límites establecidos.

modificar el régimen salarial y prestacional fijado por el Gobierno nacional, sí tiene la facultad de interpretar y aplicar las normas en materia salarial dentro de los límites establecidos.

1. La inaplicación del artículo 1 del Decreto 0383 de 2013 no implica una modificación del régimen salarial, sino la correcta aplicación del principio « in dubio pro operario» en favor de los servidores judiciales, garantizando sus derechos constitucionales. La jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional ha reconocido que el concepto de salario no depende de la denominación que le dé el empleador, sino de su naturaleza y periodicidad, lo que confirma que la bonificación judicial debe ser considerada factor salarial.

I. Metodología de la decisión

Para resolver los problemas jurídicos, la Sala estudiará los siguientes temas: i) La bonificación judicial creada mediante el Decreto 0383 de 2013; ii) Igualdad en la liquidación y pago de la bonificación; iii) Naturaleza salarial de la bonificación judicial; iv) Naturaleza jurídica de los decretos que reglamentan las leyes marco; y v) La excepción de inconstitucionalidad.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

Por último, se analizará el caso concreto: hechos relevantes probados y su análisis crítico.

1. Bonificación judicial creada mediante el Decreto 0383 de 2013

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

Por último, se analizará el caso concreto: hechos relevantes probados y su análisis crítico.

1. Bonificación judicial creada mediante el Decreto 0383 de 2013

La Ley 4 de 1992 establece el marco normativo para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, incluyendo los de la Rama Judicial, en cumplimiento del mandato constitucional del artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política de 1991.

Por su parte, el Gobierno nacional, en desarrollo de las preceptivas y orden de nivelación salarial de la Ley 4ª de 1992, expidió el Decreto 0383 de 6 de marzo de 2013, el cual creó la bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar.

De acuerdo con el mencionado decreto, dicho emolumento se reconoce mensual y únicamente constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y Salud, y se le excluyó como factor para liquidar otros emolumentos.

Los artículos 1 y 2 son del siguiente tenor literal:

«ARTÍCULO 1. Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el Decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente

por el Decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1º de enero de 2013, se percibirá mensualmente mientras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde para cada año en las siguientes tablas, así: […]

PARÁGRAFO. La bonificación judicial creada en el presente artículo se ajustará a partir del año 2014 de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor (IPC) del dos por ciento (2%) r especto del valor de la bonificación asignada en el año inmediatamente anterior.

En el evento en que la variación del índice de precios al consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para las vigencias fiscales de los años 2014 a 2018 inclusive, sea diferente al dos por ciento (2%) proyectado para el valor de la bonificación judicial para los mismos años, el Gobierno nacional ajustará las tablas correspondientes para la respectiva vigencia en la diferencia que presente.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Para el año 2019 y en adelante, el valor mensual de la bonificación judicial será

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Para el año 2019 y en adelante, el valor mensual de la bonificación judicial será equivalente al valor que se perciba en el año inmediatamente anterior reajustado con la variación del índice de precios al consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.

ARTÍCULO 2. Los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar que no optaron por el régimen establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994 y 43 de 1995 y que viene regidos por el Decreto 848 de 2012 y las disposiciones que lo modifique o sustituyan, de percibir en el año 2013 y siguientes, un ingreso total anual inferior al ingreso total anual más la bonificación judicial que se crea en e l presente decreto, respecto de quien ejerce el mismo empleo y se encuentra regido por el régimen salarial y prestacional obligatorio señalado en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994 y 43 de 1995, percibirán la diferencia respectiva a título de bonif icación judicial, mientras permanezcan vinculados al servicio.

[…]».

Uno de los objetivos centrales de la Ley 4 de 1992 fue abordar la falta de proporcionalidad en la estructura salarial del sector judicial, que se caracterizaba por marcadas disparidades entre los diferentes niveles jerárquicos. Específicamente, los artículos 14 y 15 de esta ley buscaron implementar una nivelación salarial más equitativa y comprensiva.

por marcadas disparidades entre los diferentes niveles jerárquicos. Específicamente, los artículos 14 y 15 de esta ley buscaron implementar una nivelación salarial más equitativa y comprensiva.

Así, en el artículo 14, parágrafo, se señaló:

«Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la rama judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad».

Del análisis de estas normas se llega a las siguientes conclusiones relevantes:

1. Igualdad en la liquidación y pago de la bonificación

Es imperativo garantizar un trato igualitario en la liquidación y pago de la bonificación judicial. Por tanto, se determina que:

a. Para los funcionarios y empleados no acogidos al régimen de los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y normas complementarias, el tope de la bonificación judicial será equivalente al 100% del salario mensual devengado por sus homólogos acogidos a dicho régimen.

b. La bonificación debe liquidarse y pagarse m ensualmente para todos los servidores, independientemente de su régimen, asegurando así su carácter de factor salarial al ser una remuneración periódica y permanente.

1. Naturaleza salarial de la bonificación judicialNulidad y Restablecimiento del derecho

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

Radicado No. 680013333002-2017-00099-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Se enfatiza que la bonificación judicial, al ser pagada de forma periódica y permanente, constituye factor salarial para todos los efectos legales. Esta interpretación se alinea con el propósito del Constituyente y del Legislador de «nivelar o reclasificar con sentido de equidad el sistema de remuneración de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial».

1. Extralimitación del Gobierno nacional

El Gobierno nacional, al crear, mediante el Decreto 0383 de 2013, una bonificación sin carácter salarial (excepto para cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud y en Pensiones), se apartó del marco establecido por la Ley 4 de

1992. Esta ley no realizó discriminación alguna y dispuso la nivelación o reclasificación de la remuneració n de funcionarios y empleados, lo cual implica necesariamente un incremento salarial en ambos casos.

2. Conclusión

En consecuencia, se determina que la bonificación judicial debe:

1. Aplicarse a todos los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, sin distinción de régimen.

2. Liquidarse y pagarse mensualmente.

3. Considerarse factor salarial para todos los efectos legales, incluyendo la liquidación de prestaciones sociales.

4. Tener como tope, para los no acogidos al régimen de los decretos mencionados, el 100% del salario mensual de los acogidos en cargos equivalentes.

1. Naturaleza jurídica de los decretos que reglamentan las leyes marco

mencionados, el 100% del salario mensual de los acogidos en cargos equivalentes.

1. Naturaleza jurídica de los decretos que reglamentan las leyes marco

La Corte Constitucional 6 concibe que es el Congreso de la República, en ejercicio de su competencia principal de hacer las leyes, el que tiene el deber constitucional de estatuir el marco general, los objetivos y directrices que orientarán al presidente de la República para estab lecer el régimen salarial y prestacional de los distintos servidores públicos del Estado, y dentro de estos, los adscritos a la Fuerza Pública. A fin de proferir el mencionado régimen salarial y prestacional, tanto el órgano legislativo como el ejecutivo n acional desarrollan una competencia concurrente, la

6 Corte Constitucional, sentencia C-101-2003, M.P., Jaime Córdoba TriviñoNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander cual permite que el Congreso actúe, en primer término, trazando una línea general, para que luego el presidente, dentro del marco por este diseñado, lo proceda a dotar de contenido. De esta forma, a travé s de una «ley marco o cuadro» , el Congreso fija las pautas y criterios generales que guían la forma en que habrá de regularse la materia, correspondiéndole al presidente de la República el desarrollo de tales

de contenido. De esta forma, a travé s de una «ley marco o cuadro» , el Congreso fija las pautas y criterios generales que guían la forma en que habrá de regularse la materia, correspondiéndole al presidente de la República el desarrollo de tales parámetros por medio de decretos. Por tanto, los decretos expedidos en desarrollo de los preceptos y lineamientos consagrados en la Ley 4ª de 1992 tiene la naturaleza jurídica de reglamentarios de carácter ejecutivo.

En este sentido, ha sido reiterado el pronuncia