TA SAN - Sentencia 680013333002-2018-00260-01 (29-05-2025)

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: CAROLINA ARIAS FERREIRA

Bucaramanga, veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

EXPEDIENTE: 680013333002-2018-00260-01

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: QUIVEL EVARISTO RANGEL HERNANDEZ Y OTROS

lumaro@hotmail.com

DEMANDADO: DEPARTAMENTO DE SANTANDER – SECRETARIA DE

EDUCACION DEPARTAMENTAL

notificaciones@santander.gov.co sistemasasambleads@gmail.com presidencia@asambleadesantander.gov.co juridica@asambleadesantander.gov.co

MUNICIPIO DEL CARMEN DE CHUCURI - COLEGIO SAN

LUIS GONZAGA

MINISTERIO PÚBLICO: EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR

eavillamizar@procuraduria.gov.co

SENTENCIA No.: 109

TEMA: FALLA EN EL SERVICIO - MUERTE DE MENOR

ESTUDIANTE EN ACTIVIDAD RECREATIVA

EXTRACURRICULAR – CONFIRMA SENTENCIA - Otros

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia proferida el 16 de octubre de 2019 por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, que negó las pretensiones de la demanda, previa la siguiente reseña:

1. ANTECEDENTES

1.1. Hechos1

Segundo Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, que negó las pretensiones de la demanda, previa la siguiente reseña:

1. ANTECEDENTES

1.1. Hechos1

El menor Cristian Fabián Rangel Barajas, identificado en vida con la tarjeta de identidad No. 1.005.271.562, formaba parte del programa de Ciclos Lectivos Especiales Integrados CLEI del Colegio San Luis Gonzaga de Girón, Santander.

1 Expediente físico – Folios 2 a 4.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Quivel Evaristo Rangel Hernández y Otros Demandado: Departamento de Santander – Secretaría de Educación – Municipio de el Carmen de Chucuri

Radicado: 2018-00260-01

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Según la demanda, e l 18 de septiembre de 2016, el director del programa CLEI, Carlos Mario Gómez García, y el docente Nelson Ruiz Rueda, en horario de clases, trasladaron a un grupo de estudiantes de undécimo grado al sitio turístico conocido como El Topón, ubicado en el municipio de El Carmen de Chucurí, con el fin de realizar una actividad recreativa.

Durante el desarrollo de esta actividad, el estudiante Cristian Fabián Rangel Barajas perdió la vida al ahogarse en el río El Topón. Según el informe pericial de necropsia No. 2016010168235000002, la causa de la muerte fue «sumersión en agua dulce» y se determinó que la manera de la m uerte fue «violenta, probablemente accidental» , con signos generales e inespecíficos de hipoxia.

Los padres del menor manifestaron que nunca fueron informados por parte del

se determinó que la manera de la m uerte fue «violenta, probablemente accidental» , con signos generales e inespecíficos de hipoxia.

Los padres del menor manifestaron que nunca fueron informados por parte del cuerpo docente acerca de la realización de la actividad recreativa, por manera que los docentes actuaron de manera arbitraria y sin la debida autorización de los progenitores. Después de la trágica muerte de su hijo, los padres del menor evidenciaron diversas irregularidades administrativas en la organización y ejecución de la actividad.

1.2. Las pretensiones2

Con la demanda se pretendió, en síntesis, lo siguiente:

1.2.1. Que se declare administrativa y patrimonialmente a las entidades demandadas por la muerte del menor Cristian Fabian Rangel Barajas, en los hechos ocurridos el 18 de septiembre de 2016.

1.2.2. Como consecuencia de lo anterior, que se condene a las entidades demandas al pago i) de los perjuicios morales en los siguientes montos: padres 100 SMLMV; hermanos 50 SMLMV ; sobrina 25 SMLMV ; abuela 50 SMLMV y tíos 35 SMLMV . Asimismo, al pago ii ) de los perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente en la cuantía de $5.000.000.

2 Expediente físico – Folio 8.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Quivel Evaristo Rangel Hernández y Otros Demandado: Departamento de Santander – Secretaría de Educación – Municipio de el Carmen de Chucuri

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Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Quivel Evaristo Rangel Hernández y Otros Demandado: Departamento de Santander – Secretaría de Educación – Municipio de el Carmen de Chucuri

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1.2.3. Que se condene a las entidades demandadas al pago de la indexación correspondiente sobre las sumas reconocidas y que se condene en costas a las entidades demandas.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. La parte demandada, Municipio de El Carmen de Chucuri3, por medio de apoderado judicial se opuso a la totalidad de las pretensiones. Para el efecto, señaló que el s ervicio público educativo en el Municipio d e El Carmen de Chucuri es prestado directamente por el Departamento de Santander , ya que el municipio no se encuentra facultado para el manejo de dichos recursos conforme lo preceptúa la Ley 715 de 2001 ; por ende, los costos del personal docente son asumidos por el Departamento de Santander.

Asimismo, señaló que el programa Ciclos Lectivos Espaciales Integrado CLEI, es supervisado y autorizado por el Departamento de Santander, sin que el Municipio de El Carmen de Chucuri ejerza control o supervisión sobre el mismo.

Finalmente, propuso la excepción que denominó: «inexistencia de actos u omisiones imputables exclusivamente al municipio del Carmen de Chucuri en la supuesta causación del daño inferido al demandante».

1.3.2. El Departamento de Santander 4, compareció al proceso por medio de apoderado judicial, quien se opuso a la prosperidad de todas las pretensiones formuladas en la demanda. En su defensa, argumentó que dicha entidad no es la

1.3.2. El Departamento de Santander 4, compareció al proceso por medio de apoderado judicial, quien se opuso a la prosperidad de todas las pretensiones formuladas en la demanda. En su defensa, argumentó que dicha entidad no es la responsable de la administración ni supervisión de los estudiantes del Colegio San Luis Gonzaga y que, además, no se logró demostrar un nexo causal entre el hecho que originó el daño y una acción u omisión atribuible al departamento, ya se a de manera activa o pasiva.

Por contera, formuló las excepciones que denominó «falta de legitimación en la causa por pasiva», «inexistencia del nexo causal y la culpa» , «culpa exclusiva de la víctima o hechos de la víctima» y «la genérica».

3 Expediente físico – Folios 87 a 98. 4 Expediente físico – Folios 99 a 104.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Quivel Evaristo Rangel Hernández y Otros Demandado: Departamento de Santander – Secretaría de Educación – Municipio de el Carmen de Chucuri

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1.4. La sentencia apelada5

El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga en la sentencia del 16 de octubre de 2019, resolvió negar las pretensiones de la demanda y no condenar en costas a la parte demandante.

Para sustentar su decisión, el juez de primer grado sostuvo con fundamento en el material probatorio recaudado, la imposibilidad d e concluir que la actividad recreativa en la que ocurrió el fallecimiento del joven Cristian Fabián Rangel Barajas

Para sustentar su decisión, el juez de primer grado sostuvo con fundamento en el material probatorio recaudado, la imposibilidad d e concluir que la actividad recreativa en la que ocurrió el fallecimiento del joven Cristian Fabián Rangel Barajas hubiese sido organizada por l os docentes del Colegio San Luis Gonzaga, como lo afirmaron algunos testigos de la parte demandante y como lo sostuvo el Ministerio Público.

Al respecto, el a quo consideró que dicha tesis fue desvirtuada con los testimonios rendidos por los jóvenes Florián Figueredo Nieto y Julián Andrés Nieto , los cuales fueron valorados en el marco del proceso disciplinario seguido contra los profesores Carlos Mario Gómez García y Nelson Ruiz Rueda, quienes, además, declararon ante el juez de primera instancia.

Sobre el particular , señaló que las declaraciones que respaldan el argumento de una organización conjunta de la actividad entre docentes y estudiantes se limitaron a señalar que los pr ofesores fueron informados e invitados a participar en su desarrollo; pero no precisaron la existencia de una planeación formal, ni se especificaron funciones delegadas a los docentes. Es decir, las manifestaciones se redujeron a afirmar de forma genérica que «el evento había sido organizado entre alumnos y profesores », sin aportar elementos objetivos que demostraran dicha coordinación.

Asimismo, para apuntalar su decisión señaló que dentro del expediente reposan las listas de los dos grupos de participantes del «paseo de amor y amistad», en las cuales se evidenció que los t estigos Alicia Karina Cáceres y José Luis Acuña no pertenecían al mismo grupo académico de Cristian Fabián Rangel Barajas , lo que

se evidenció que los t estigos Alicia Karina Cáceres y José Luis Acuña no pertenecían al mismo grupo académico de Cristian Fabián Rangel Barajas , lo que le permitió concluir que, a pesar de una posible relación de amistad, su conocimiento sobre la organización del evento era limitado y derivado únicamente de lo que los

5 Expediente físico – folio 340 a 349.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Quivel Evaristo Rangel Hernández y Otros Demandado: Departamento de Santander – Secretaría de Educación – Municipio de el Carmen de Chucuri

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estudiantes del grupo de la víctima , entre ellos Florián Figueredo Nieto y Julián Andrés Nieto, hubieran dispuesto en su planeación.

En consecuencia, consideró que las manifestaciones de Alicia Karina Cáceres y José Luis Acuña resultaron contradictorias frente a las versiones de los compañeros que sí formaban parte del grupo de clases de Cristian Fabián Rangel Barajas.

Por lo anterior, el juez de primera instancia concluyó que, si bien los docentes tuvieron conocimiento del evento debido a la invitación realizada por los estudiantes, ello no implica ba que hubieran participado en su organización ni que exista una responsabilidad atribuible a las entidades demandadas por el simple hecho de haber aceptado dicha invitación.

En igual sentido, señaló que no se probó dentro del proceso la participación a título institucional de los docentes en la organización del «paseo de amor y amistad», ni que el mismo hubiera sido organizado y avalado por el Colegio San Luis Gonzaga o sus directivos.

Por lo tanto, el a quo estimó que no se cumplieron los requisitos necesarios para

el mismo hubiera sido organizado y avalado por el Colegio San Luis Gonzaga o sus directivos.

Por lo tanto, el a quo estimó que no se cumplieron los requisitos necesarios para atribuir responsabilidad a las entidades demandadas, ya que, por el contrario, quedó demostrado que los docentes Carlos Mario Gómez García y Nelson Ruiz Rueda asistieron al paseo en calidad de particulares, sin ejercer funciones académicas durante la actividad.

1.5. Fundamentos de la apelación6

La parte demandante solicitó que la sentencia de primera instancia sea revocada y que, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda. En sustento de su recurso, argumentó que en el caso concreto se encuentran debidamente acreditados los tres elementos constitutivos de la responsabilidad extracontractual del Estado, a saber:

1. Daño antijurídico probado: señaló que se encuentra demostrado dentro del expediente que el estudiante Cristian Fabián Rangel Barajas falleció mientras participaba en una actividad recreativa de carácter extracurricular, en horario

6 Expediente digital SAMAI Índice 23 – PDF 052.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Quivel Evaristo Rangel Hernández y Otros Demandado: Departamento de Santander – Secretaría de Educación – Municipio de el Carmen de Chucuri

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escolar y en compañía de miembros del cuerpo docente del Colegio San Luis Gonzaga.

1. Conducta activa u omisiva: la parte apelante afirmó que se evidenció una conducta omisiva por parte de los docentes y directivos del plantel educativo,

Gonzaga.

1. Conducta activa u omisiva: la parte apelante afirmó que se evidenció una conducta omisiva por parte de los docentes y directivos del plantel educativo, consistente en el incumplimiento de su deber de custodia y protección respecto de los estudiantes. En particular, reprochó el no haber advertido a los alumnos sobre los peligros inherentes en la actividad realizada ni haber prohibido su ejecución.

1. Nexo de causalidad que permite imputar el daño: esgrimió que la actividad extracurricular realizada se encontraba dentro del ámbito de vigilancia y control de la institución educativa, por lo c ual recaía sobre los docentes la obligación de abstenerse de participar y de permitirla, informar a los padres de familia acerca de su realización.

Asimismo, cuestionó la valoración probatoria efectuada por el juez de primera instancia, al considerar que otorgó credibilidad únicamente a los testimonios de los docentes involucrados, quienes en su concept o se excusaron afirmando que no tuvieron iniciativa ni participación en la organización del evento recreativo.

Adicionalmente, sostuvo que o bra en el expediente prueba de que el día 18 de septiembre de 2016 los estudiantes no asistieron a clases presenciales, debido a que, con antelación, habían acordado con el coordinador del programa académico CLEI, profesor Carlos Mario Gómez García, compensar las horas de clase mediante la realización de la mencionada actividad extracurricular, la cual se desarrollaría en el punto de encuentro conocido como el río El Topón.

A partir de lo anterior, concluyó que se encuentra configurada una falla del servic io imputable a la administración del Departamento de Santander, debido a su deber

el punto de encuentro conocido como el río El Topón.

A partir de lo anterior, concluyó que se encuentra configurada una falla del servic io imputable a la administración del Departamento de Santander, debido a su deber de seguridad y posición de garante frente a los estudiantes vinculados al programa CLEI.

Finalmente, señaló que el testigo José Luis Acuña, le había manifestado que anterior a la celebración de la audiencia de pruebas, la pareja sentimental del profesor Carlos Mario Gómez García le solicitó declarar que la actividad recreativa había sido organizada exclusivamente por los estudiantes.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Quivel Evaristo Rangel Hernández y Otros Demandado: Departamento de Santander – Secretaría de Educación – Municipio de el Carmen de Chucuri

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1.6. Trámite de segunda instancia

El proceso fue asignado en estricto reparto, el día 28 de noviembre de 2019, al Despacho 02 de esta Corporación, quien admitió el recurso de apelación mediante auto del 05 de diciembre de 2019. A su turno, a través de auto del 19 de julio de 2019, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.

Posteriormente, el 01 de junio de 2023, el proceso fue redistribuido a este Despacho en virtud del Acuerdo No. PCSJA23 -12060 del 25 de abril de 2023. En consecuencia, la Magistrada Ponente asumió el conocimiento del asunto en el estado en que se encontraba.

De este trámite se destacan los siguientes aspectos:

1. Solicitud decreto de prueba7, la parte demandante solicitó el decreto y practica

estado en que se encontraba.

De este trámite se destacan los siguientes aspectos:

1. Solicitud decreto de prueba7, la parte demandante solicitó el decreto y practica del testimonio del señor José Luis Acuña.

La parte demandante solicitó el decreto y práctica del testimonio del señor José Luis Acuña, argumentando que dicha prueba resulta fundamental para esclarecer lo s hechos objeto del proceso. En sustento de su solicitud, reiteró que el señor Acuña manifestó haber recibido una llamada telefónica por parte de la pareja sentimental del docente Carlos Mario Gómez García, en la cual se le habría solicitado declarar en audiencia que la actividad extracurricular en la que falleció el estudiante Cristian Fabián Rangel Barajas fue organizada exclusivamente por los alumnos.

Al respecto, la parte demandante sostuvo que dicha prueba es de vital importancia, pues demuestra que los docentes involucrados siempre se excusaron diciendo que la actividad extracurricular había sido organizada por los estudiantes y que ellos solo habían sido invitados.

Asimismo, reprodujo los ar gumentos planteados en la demanda y pidió que se accediera a las súplicas de la demanda.

7 Expediente digital SAMAI índice 23 – PDF 067.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Quivel Evaristo Rangel Hernández y Otros Demandado: Departamento de Santander – Secretaría de Educación – Municipio de el Carmen de Chucuri

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2. CONSIDERACIONES

2.1. Consideración previa

Procede la Sala a pronunciarse sobre la solicitud de decreto y practica del testimonio

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2. CONSIDERACIONES

2.1. Consideración previa

Procede la Sala a pronunciarse sobre la solicitud de decreto y practica del testimonio del señor José Luis Acuña, quien manifestó haber recibido una llamada telefónica por parte de la pareja sentimental del docente Carlos Mario Gómez García, en la cual se le habría solicitado declarar que la actividad de amor y amistad en la que falleció el estudiante Cristian Fabián Rangel Barajas fue organizada exclusivamente por los alumnos.

La parte demandante sustenta su solicitud argumentando que este testimonio es de vital importancia, pues considera que dicha declaración demostraría que los docentes involucrados en los hechos se excusaron al afirmar que la actividad había sido organizada por los estudiantes y que ellos solo fueron invitados.

Al respecto, el artículo 212 del C PACA, establece lo siguiente en cuanto a la admisión de pruebas en segunda instancia:

«1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan terceros diferentes al simple coadyuvante o impugnante se requerirá su anuencia.

2. Cuando fuere negado su decreto en prime ra instancia o no obstante haberse decretado se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió. En este último caso, solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento.

3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos.

4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia

3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos.

4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los numerales 3 y 4, las cuales deberán solicitarse dentro del término de ejecutoria del auto que las decreta».Reparación Directa

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De conformidad con lo anterior, considera la Sala que no se configura ninguna de las causales previstas en el artículo 212 del CPACA que justifiquen que el señor José Luis Acuña rinda su testimonio nuevamente , pues este ya se rindió en la audiencia de pruebas realizada el día 14 de marzo de 2019.

Al respecto se tiene que, en primer lugar, el testimonio fue debidamente practicado en la primera instancia, por lo que no existe justificación para su repetición. No se ha demostrado que el testimonio no se haya practicado por culpa de la parte demandante, ni que se trate de hechos ocurridos después de la oportunidad para solicitar pruebas. Tampoco se ha alegado que el testimonio no haya podido ser solicitado anteriormente por causas de fuerza mayor, caso fortuito o por la acción de la parte contraria. Además, el testimonio rendido por el señor José Luis Acuña

solicitar pruebas. Tampoco se ha alegado que el testimonio no haya podido ser solicitado anteriormente por causas de fuerza mayor, caso fortuito o por la acción de la parte contraria. Además, el testimonio rendido por el señor José Luis Acuña no aporta elementos nuevos que justifiquen su reactivación, ya que los hechos ya han sido suficientemente abordados con otros testimonios en el expediente.

En virtud de lo expu esto, la solicitud de la parte demandante de decretar nuevamente la práctica del testimonio del señor José Luis Acuña es RECHAZADA, dado que este testimonio ya fue rendido en la audiencia de pruebas. Además, no se configuran las condiciones previstas en el artículo 212 del CPACA que justificarían la admisión de esta prueba en segunda instancia.

2.2. De la competencia

De conformidad con el artículo 153 del CPACA, los Tribunales Administrativos son competentes para conocer en segunda instancia las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial. En consecuencia, la Sala procede a resolver la presente controversia en segunda instancia.

2.3. De los límites de la apelación

Para responder a los problemas jurídicos que se plantearán a continuación, la Sala, en aplicación del principio dispositivo y de congruencia, ceñirá su competencia a los argumentos expuestos p or la parte demandante en su recurso de apelación . Además, se referirá a lo probado en el proceso exclusivamente en relación con los reproches formulados.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Quivel Evaristo Rangel Hernández y Otros Demandado: Departamento de Santander – Secretaría de Educación – Municipio de el Carmen de Chucuri

reproches formulados.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Quivel Evaristo Rangel Hernández y Otros Demandado: Departamento de Santander – Secretaría de Educación – Municipio de el Carmen de Chucuri

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2.4. Problema jurídico

La Sala procede a fijar el siguiente problema jurídico teniendo en cuenta el objeto de la apelación8, el cual se circunscribe a determinar si:

¿Son administrativa y patrimonialmente responsables las entidades demandadas por el daño antijurídico sufrido por los familiares del menor Cristian Fabián R angel Barajas, derivado de su fallecimiento ocurrido el 18 de septiembre de 2016, en el marco de una actividad extracurricular, al configurarse una falla en el servicio por incumplimiento del deber de protección, vigilancia y prevención que recaía sobre los docentes y directivos de la institución educativa a la que pertenecía?

2.5. Marco normativo y jurisprudencial

2.5.1. De la Responsabilidad del Estado

Nuestra Carta Política establece como una protección a la aplicación de los derechos de los ciudadanos, que el Estado debe garantizar el resarcimiento de todo daño que le sea atribuible por sus acciones u omisiones. En efecto el artículo 90

Superior dispone:

«ARTICULO 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas [...]».

En consecuencia, todos los debates sobre la responsabilidad extracontractual del Estado deben resolverse con fundamento en esta norma, debiéndose establecer en

antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas [...]».

En consecuencia, todos los debates sobre la responsabilidad extracontractual del Estado deben resolverse con fundamento en esta norma, debiéndose establecer en cada caso si existen los elementos que exige para que surja la responsabilidad, valga decir: el daño antijurídico y la imputabilidad, comprendiendo dentro de esta última, el nexo causal.

2.5.2. Del régimen de responsabilidad jurídica aplicable – Falla en el servicio

El presente asunto se estudiará bajo el régimen general o común de la falla probada del servicio , que se presenta cuando la Administración omite su contenido

8 Art. 328 del CGP.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Quivel Evaristo Rangel Hernández y Otros Demandado: Departamento de Santander – Secretaría de Educación – Municipio de el Carmen de Chucuri

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obligacional o cuan do presta sus servicios en forma deficiente o funciona tardíamente por culpa de los agentes del Estado; pero para que este comprometa su responsabilidad no es suficiente que suceda uno de los eventos mencionados, sino que es indispensable que el servicio h aya sido defectuoso por la acción u omisión del servidor público.

En este régimen el título de imputación jurídica es subjetiva o de conducta, para lo cual, corresponde al juez determinar si se configuran los elementos que la estructuran, o sea, la conducta anormal de la Administración por acción u omisión, el daño antijurídico y el nexo causal entre este y aquella para que pueda imputársele responsabilidad en la producción del resultado dañino.

estructuran, o sea, la conducta anormal de la Administración por acción u omisión, el daño antijurídico y el nexo causal entre este y aquella para que pueda imputársele responsabilidad en la producción del resultado dañino.

Al respecto, el H. Consejo de Estado9 sobre este título de responsabilidad estatal ha precisado:

«[…] la falla del servicio ha sido en nuestro derecho, y continúa siendo, el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado; en efecto, si al Juez Administrativo le compete una labor de control de la acción administrativa del Estado y si la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación a su cargo, no hay duda de que es ella el mecanismo más idóneo para asentar l a responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual10.

También ha sostenido que el mandato que impone la Carta Política en el artículo 2º inciso 2º, consistente en que las autoridades de la República tienen el deber de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades “debe entenderse dentro de lo que normalmente se le puede exigir a la administración en el cumplimiento de sus obligaciones o dentro de lo que razonablement e se espera que hubiese sido su actuación o intervención acorde con las circunstancias tales como disposición del personal, medios a su alcance, capacidad de maniobra etc., para atender eficazmente la prestación del servicio que en un momento dado se requiera”12, así, las obligaciones que están a cargo del Estado -y por lo tanto la falla del servicio que constituye su trasgresión-, han de mirarse en concreto frente al caso particular que

eficazmente la prestación del servicio que en un momento dado se requiera”12, así, las obligaciones que están a cargo del Estado -y por lo tanto la falla del servicio que constituye su trasgresión-, han de mirarse en concreto frente al caso particular que se juzga, teniendo en consideración las circunstancias que rodearon la producción

9 Sentencia de fecha 07 de marzo de 2012, Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección A, consejera ponente, Dr. Hernán Andrade Rincón, radicación número: 25000-23-26-000 1996-03282-01(20042). 10 Sentencias del 13 de julio de 1993, expediente No. 8163 y del 10 de marzo del 2011, expediente 17.738, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Quivel Evaristo Rangel Hernández y Otros Demandado: Departamento de Santander – Secretaría de Educación – Municipio de el Carmen de Chucuri

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del daño que se reclama, su mayor o menor previsibilidad y los medios de que disponían las autoridades para contrarrestarlo11. […]

[…] la falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo. El retardo se da cuando la Administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en prestar el servicio; la irregularidad, por su parte, se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a c omo debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan y la ineficiencia se da cuando la

servicio; la irregularidad, por su parte, se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a c omo debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan y la ineficiencia se da cuando la Administración presta el servicio, pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal. Y obviamente se da la omisión o ausencia de este cuando la Administración, teniendo el deber legal de prestar el servicio, no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía12».

2.6. De las pruebas obrantes al expediente

• Registro Civil de Defunción del menor Cristian Fabián Rangel Barajas No.

917368213.

• Informe pericial de necropsia médico legal No. 201601016823500000214.

• Copia del expediente administrativo correspondiente al proceso disciplinario identificado con el radicado No. 095-18, adelantado por la Oficina de Control Disciplinario del Departamento de Santander en contra de los docentes

Carlos Mario Gómez García y Nelson Ruiz Rueda15.

• Constancia de horas extras correspondientes al mes de septiembre, relacionadas con los docentes adscritos a la Institución Educativa Colegio

San Luis Gonzaga16.

11 Sentencia del 3 de febrero de 2000, expediente No. 14.787. 12 Sentencia del 30 de noviembre de 2006, expediente No. 14.880. 13 Expediente digital SAMAI índice 23 – PDF 003 Folios 14 a 15. 14 Expediente digital SAMAI índice 23 – PDF 003 Folios 16 a 25. 15 Expediente digital SAMAI índic