TA SAN - Sentencia 680013333002-2019-00213-02 (24-04-2025)

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SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada ponente: LUISA FERNANDA FLÓREZ REYES

Bucaramanga, veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Se decide la apelación interpuesta por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Bucaramanga contra la sentencia proferida el primero (01) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024) por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Bucaramanga, previa la siguiente reseña:

I. LA DEMANDA1

A. Pretensiones

1 Índice No. 015 SAMAI Juzgado de Origen que remite a expediente OneDrive. Archivo 02.

Radicado:

680013333002-2019-00213-02

Demandante:

JUAN CARLOS ESPINOSA GONZALEZ con cédula de

ciudadanía No. 1.095.700.080

Correo electrónico: anibalcarvajalvasquez@hotmail.com

Demandado:

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

SECCIONAL BUCARAMANGA

Correo electrónico: dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

Ministerio

Público:

EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR SCHILLER, Procuradora 158 Judicial ll para Asuntos Administrativos.

Correo electrónico: eavillamizar@procuraduria.gov.co

Medio de control:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE

158 Judicial ll para Asuntos Administrativos.

Correo electrónico: eavillamizar@procuraduria.gov.co

Medio de control:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE

CARÁCTER LABORAL

Tema:

Bonificación judicial Decreto 383 de 2013 / Se confirma la sentencia de primera instanciaTribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Juan Carlos Espinosa González DEAJ. Rad. No. 680013330022019-00213-02 2

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El demandante pretende que se inaplique la expresión “constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y, al sistema general de seguridad social en salud” contenida en el art. 1 del Decreto 383 de 2013 y demás normas que lo modifiquen año a año; así mismo, solicita se declare la nulidad de la Resolución No. DESAJBUR18 -7563 del 26 de junio de 2018 que niega la reliquidación de sus prestaciones sociales con inclusión de la bonificación judicial como factor salarial, así como el acto ficto o presunto generado por su apelación contra la precitada resolución.

Como consecuencia de la declaración de nulidad de los anteriores actos administrativos, pretende que se ordene a la entidad demandada reliquidar sus prestaciones sociales con inclusión de la bonificación judicial del Decreto 383 de 2013 como factor salarial, el pago de las diferencias económicas que se generen con ocasión de la reliquidación, el pago de intereses sobre el valor de los ajustes o reliquidaciones efectuadas, así como la actualización e indexación de los valores

2013 como factor salarial, el pago de las diferencias económicas que se generen con ocasión de la reliquidación, el pago de intereses sobre el valor de los ajustes o reliquidaciones efectuadas, así como la actualización e indexación de los valores con aplicación del IPC, a su vez, depreca la condena en costas a la entidad demandada.

B. Hechos Como fundamento de las pretensiones, afirma, en síntesis, que ha estado vinculado a la Rama Judicial desde el 19 de mayo de 2016 y que, al momento de la presentación de la demanda, desempeñaba el cargo de citador III en el Juzgado

Quinto Civil Municipal de Floridablanca.

Que, en virtud del Decreto 383 de 2013 y demás decretos que lo modifican, ha recibido mes a mes el pago de una bonificación judicial que no ha sido incluida como factor salarial de las prestaciones sociales, pero sí se ha tenido en cuenta para la liquidación de aportes a pensión y salud.

Que, el 08 de junio de 2018, presentó ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bucaramanga -En adelante DEAJ - una petición con el fin de obtener la reliquidación de sus prestaciones sociales con la inclusión de la bonificación judicial que inconstitucionalmente fue excluida como factor salarial, solicitud que fue resuelta de manera negativa por la demandada median te la ResoluciónTribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Juan Carlos Espinosa González DEAJ. Rad. No. 680013330022019-00213-02 3

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DESAJBUR18-7563 del 26 de junio de 2018, notificada de manera personal el 21

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DESAJBUR18-7563 del 26 de junio de 2018, notificada de manera personal el 21 de agosto de 2018.

Pone de presente que el anterior acto administrativo fue recurrido el 29 de agosto de 2018, pero la DEAJ guardó silencio, por lo que se conf iguró el silencio administrativo negativo.

C. Normas violadas y concepto de violación

Se invocan como vulnerados el art. 53 de la Constitución Política, el parágrafo del art. 14 de la Ley 4 de 1992, el Convenio No. 095 de la OIT aprobado mediante Ley 54 de 1962, providencias proferidas por el H. Consejo de Estado el 21 de octubre de 2011 radicada al No. 52001 -23-31-000-2003-00451-01 y, el 03 de agosto de 2016 dentro del radicado 25000-23-37-000-2012-00091-01.

En desarrollo del concepto de violación, se exponen las siguientes razones: Dice que la nivelación salarial de los empleados y funcionarios de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación fue instituida en el parágrafo del art. 14 de la Ley 4 de 1992, en la que no se estableció que la bonificación salarial únicamente se tendría en cuenta para efectos de salud y pensión, excluyendo la liquidación de prestaciones sociales.

Pone de presente que la Rama Judicial tenía la obligación de inaplicar el apartado normativo del Decreto 383 de 2013 que desarrolla la Ley 4 de 1992 porque el decreto no puede restringir lo que el legislador reafirmó, a manera de garantizar que

Pone de presente que la Rama Judicial tenía la obligación de inaplicar el apartado normativo del Decreto 383 de 2013 que desarrolla la Ley 4 de 1992 porque el decreto no puede restringir lo que el legislador reafirmó, a manera de garantizar que las prestaciones sociales fueran liquidadas con inclusión de la bonificación judicial.

Resalta que, como la Rama Judicial reconoce y paga la bonificación judicial de manera periódica y habitual, debe acoplarse al Convenio No. 095 de la OIT según el cual, esa prestación constituiría salario, es decir, una retribución por sus servicios.

Señala que, los actos demandados contravienen los principios de progresividad y favorabilidad establecidos en el art. 53 de la Constitución Política que amparan los derechos laborales y que en tal sentido se ha pronunciado el H. Consejo de Estado al indicar que las primas y bonificaciones que reciben los empleados representanTribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Juan Carlos Espinosa González DEAJ. Rad. No. 680013330022019-00213-02 4

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un plus en la medida en que aumentan el valor del ingreso laboral y que, ese ingreso debe ser tenido en cuenta pa ra liquidar las prestaciones sociales de los trabajadores.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Bucaramanga -Índice No. 027 SAMAI Juzgado de Origen -, por intermedio de apoderada judicial, se opone a la prosperidad de las pretensiones. Sobre los hechos de la demanda refiere que, tiene como ciertos los períodos de

SAMAI Juzgado de Origen -, por intermedio de apoderada judicial, se opone a la prosperidad de las pretensiones. Sobre los hechos de la demanda refiere que, tiene como ciertos los períodos de vinculación, tal como lo muestra la Certificación de Tiempo de Servicios expedida por el Coordinador de Área de Talento Humano que adjunta como prueba; empero, refiere que no puede reconocerse la bonificación judicial del Decreto 383 de 2013 como factor salarial porque la norma específicamente establece que será factor prestacional únicamente para cotización de salud y pensión. Sostiene que la entidad demandada que debió ser vinculada al presente proceso no es la Rama Judicial, sino el Gobierno Nacional por sus competencias constitucionales y legales, comoquiera que se encuentran en debate normas de carácter salarial expedidas por el ejecutivo. Dice que no tiene facultades ni participa en el proceso de proferir los decretos salariales, en aras de mantener vigente el principio de separación de poderes; además, los jueces tampoco cuentan con la facultad de violentar ese principio fundamental del Estado. Recaba en que es ajena a la expedición de las normas salariales respecto de las que se demanda su «inaplicabilidad” y/o su inconstitucionalidad», dado que sus actuaciones son meros actos de ejecución y que deben permanecer incólumes en el ordenamiento jurídico, motivo por el cual no pueden ser objeto de control jurisdiccional en razón a su naturaleza, puesto que se limitan a dar cumplimiento a una decisión administrativa.

Anota que, la demanda adolece de ineptitud por cuanto no fue vinculado el poder ejecutivo ni a su representante y, en materia de competencia, de conformidad con

una decisión administrativa.

Anota que, la demanda adolece de ineptitud por cuanto no fue vinculado el poder ejecutivo ni a su representante y, en materia de competencia, de conformidad con los literales e) y f) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política, le corresponde al Congreso de la República fijar el régimen salarial y prestacional deTribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Juan Carlos Espinosa González DEAJ. Rad. No. 680013330022019-00213-02 5

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los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la fuerza pública y regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales.

Argumenta que, en virtud de lo establecido en la Ley 4 de 1992, la potestad para fijar los estipendios salariales y prestacionales de los servidores públi cos radica única y exclusivamente en el Gobierno Nacional, es decir que es éste, basado en la Constitución y la Ley, quien determina dichas asignaciones, sin que la Rama Judicial tome parte funcional en este proceso y sobre cuya expedición no tiene injerencia.

Pone de presente que cumple una función netamente ejecutora, vale decir, de acatamiento y de aplicación frente a los servidores judiciales destinatarios de los pagos de salarios y prestaciones sociales, en los términos y valores establecidos en los Decretos 0383 y 0384 de 2013 y de manera anual en cada tabla de salarios por el ejecutivo.

Precisa que, a este asunto, no resulta aplicable el Código Sustantivo del Trabajo, ni

los Decretos 0383 y 0384 de 2013 y de manera anual en cada tabla de salarios por el ejecutivo.

Precisa que, a este asunto, no resulta aplicable el Código Sustantivo del Trabajo, ni las regulaciones que en materia de relaciones de trabajo existan entre la Administración Pública y los empleados y funcionarios vinculados a la Rama Judicial, motivo por el cual no existen emolumentos que se adeuden a la parte demandante como consecuencia de su liquidación salarial y prestacional.

Sostiene que el demandante incurrió en un error al no integrar a la parte pasiva del presente proceso al Gobierno Nacional, el cual se encuentra conformado por el Presidente de la República, los Ministros del Despacho y los Directores de Departamentos Administrativos, de conformidad con el inciso 2 del artículo 115 de la Constitución Política, mandato constitucional que no puede desconocerse con la pretensión de «inaplicar» normas vigentes, toda vez que lo pretendido con la demanda es la modificación de la escala de salarios prevista en el p resupuesto general de la nación, cuyo control y custodia está también a cargo del Gobierno Nacional. Afirma que, los decretos por medio de los cuales el Gobierno Nacional reguló los salarios y prestaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicia l no cumplieron con los estándares legales y constitucionales para su expedición y, en consecuencia, la responsabilidad sobre la inaplicabilidad de la norma salarial noTribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Juan Carlos Espinosa González DEAJ. Rad. No. 680013330022019-00213-02 6

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puede ser asumida por la Rama Judicial, toda vez que es el Gobierno Nacional, quien a través de las autoridades competentes, debe pronunciarse respecto de la legalidad de sus actuaciones. Se pronuncia sobre la prescripción de los derechos prestacionales, argumentando que el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 dispone que «las prestaciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible . El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente sobre un derecho o prestación debidamente determinado interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual». En consecuencia, considera que ha operado la prescripción trienal de los derechos laborales pretendidos por el demandante, toda vez que radicó la petición a nte la Seccional Bucaramanga el 08 de junio de 2018, mediante la cual reclamó el reconocimiento de la bonificación de los decretos 383 y 384 de 2013, razón por la cual las sumas reclamadas con anterioridad al 08 de junio de 2015 se encuentran prescritas. Finalmente, alega que los Decretos 383 y 384 de 2013 y siguientes no han sido decretados nulos, razón por la cual es posible concluir que su contenido es válido y mantiene su presunción de legalidad, motivo por el cual no es posible efectuar el reconocimiento y pago pretendido, máxime cuando el demandante no demandó la legalidad de los mencionados decretos en el momento oportuno. Enfatiza que, el

mantiene su presunción de legalidad, motivo por el cual no es posible efectuar el reconocimiento y pago pretendido, máxime cuando el demandante no demandó la legalidad de los mencionados decretos en el momento oportuno. Enfatiza que, el demandante debió pretender la nulidad de los decretos salariales dentro del término contemplado en el artículo 13 8 del CPACA, de conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 137 ibídem, puesto que lo que resulta evidente de la lectura de las pretensiones formuladas es el restablecimiento automático de un derecho; no obstante, las normas que regulan esa re muneración no fueron demandadas, motivo por el cual no se encuentra justificable que la parte accionante pueda ser excusada de esa omisión.

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA2

Resuelve:

2 Índice No. 055 SAMAIJuzgado de Origen.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Juan Carlos Espinosa González DEAJ. Rad. No. 680013330022019-00213-02 7

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«PRIMERO: INAPLÍQUESE por inconstitucionalidad la expresión normativa “… y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud” contenido en el artículo 1° del Decreto No. 383 de 2013, y reproducida en los Decretos No. 1269 de 2015, 246 de 2016,1014 de 2017, 340 de 2018,

salud” contenido en el artículo 1° del Decreto No. 383 de 2013, y reproducida en los Decretos No. 1269 de 2015, 246 de 2016,1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 903 de 2023, 1581 de 2023 y 0299 de 2024 por las razones expuestas.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los siguientes actos administrativos: - Resolución DESAJ BUR 18-7563 del 26 de junio de 2018 proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. -Del acto administrativo ficto negativo configurado por el silencio guardado por el ente demandado frente a la interposición del recurso de apelación presentado el 29 de agosto de 2018.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNESE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURADIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reliquidar y pagar a favor de JUAN CARLOS ESPINOZA GONZÁLEZ todas las prestaciones sociales y factores salariales reconocidos, pagados y causados desde el 19 de mayo de 2016 incluyendo en la base de liquidación como factor salarial, la bonificación judicial creada mediante Decretos 383 de 2013, hasta que dure su vinculación laboral y continúe percibiendo dicho emolumento.

Igualmente deberán revisarse los descuentos de ley y hacer los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social de salud y pensión, pagando las diferencias a que haya lugar, teniendo en cuenta el 100% del salario.

emolumento.

Igualmente deberán revisarse los descuentos de ley y hacer los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social de salud y pensión, pagando las diferencias a que haya lugar, teniendo en cuenta el 100% del salario.

La suma que resulte a favor de los demandantes debe ajustarse de conformidad con el artículo 192 del CPACA hasta la ejecutoria de la sentencia.

La actualización ordenada se hará la aplicando la fórmula que ha sido desarrollada en la parte considerativa de esta sentencia.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Juan Carlos Espinosa González DEAJ. Rad. No. 680013330022019-00213-02 8

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CUARTO: DENEGAR las excepciones relacionadas con la prescripción de derechos laborales, cobro de lo no debido, legalidad del fundamento normativo, caducidad y excepción de constitucionalidad, por las razones expuestas.

QUINTO: NO CONDENAR en COSTAS ni en AGENCIAS EN DERECHO».

Para tomar la decisión que atrás se reseña, sostiene la Juez de primera instancia que, la bonificación judicial le ha sido cancelada en forma continua, mensual y habitual a la p. demandante, sin que esta haya sido considerada factor salarial al momento de la liquidación de las demás prestaciones sociales devengadas y reconocidas, situación que es aceptada por la entidad demandada al señalar en la respectiva contestación que el hecho de no computar los valores en la forma en que lo depreca la parte actora, obedece al estricto cumplimiento de lo dispuesto en el decreto cuando indica que este emolumento solo constituye factor salarial para la

respectiva contestación que el hecho de no computar los valores en la forma en que lo depreca la parte actora, obedece al estricto cumplimiento de lo dispuesto en el decreto cuando indica que este emolumento solo constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema G eneral de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Explica que resulta claro que, al reconocerse en forma mensual y constante la bonificación judicial, es factible concluir que dicho reconocimiento no obedece a la mera liberalidad del empleador, sino que consiste en una remuneración directa del servicio, circunstancia que permite consi derarla entonces como elemento constitutivo de salario, máxime cuando la propia norma estableció que tal bonificación constituye un pago mensual y, por lo tanto, habitual y periódico, de manera que cumple las características de ser una remuneración fija en dinero y establecida como contraprestación directa del servicio.

Recaba en que, la bonificación judicial tiene naturaleza salarial en tanto fue creada para nivelar los ingresos y reconocida como un incremento del salario de los servidores de la Rama Judi cial, pero al limitarle los efectos que ella causa en la liquidación de las demás prestaciones, constituye una disminución final del monto reconocido, por lo tanto se constituye en una desmejora en las prestaciones sociales, lo cual se vislumbra como una omisión por parte del Gobierno Nacional de cumplir con el deber contemplado en el literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Juan Carlos Espinosa González DEAJ. Rad. No. 680013330022019-00213-02 9

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Itera que, el límite advertido en la incidencia de la liquidación de las prestaciones percibidas por los servidores de la Rama Judicial, a pesar de tratarse la bonificación otorgada de una remuneración directa percibida como contraprestación a sus servicios, constituye una restricción que va en contra de su calidad de reconocimiento económico de carácter habitual pagado con ocasi ón o causa de la labor encomendada, lo que constituye en sí mismo salario y tiene incidencia para reliquidar las demás prestaciones sociales.

Concluye afirmando que la bonificación judicial reviste un carácter salarial y tiene incidencia prestacional a partir de su reconocimiento y de forma sucesiva a futuro y hace parte de la asignación mensual, motivo por el cual ostenta el carácter permanente de la remuneración y genera, por tanto, la obligación de reliquidar las prestaciones sociales y demás factores salariales con base en la totalidad del salario devengado. De allí que, en atención al precedente expuesto se determine que la misma es factor salarial y en este sentido, la expresión «no constituye factor salarial» deberá ser inaplicada por desconocer el concepto de salario en los términos señalados.

V. EL RECURSO DE APELACIÓN3

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Bucaramanga, por intermedio de apoderada judicial, solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda. Como fundamento de su solicitud expone que:

intermedio de apoderada judicial, solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda. Como fundamento de su solicitud expone que:

No cuenta con facultades ni atribuciones en materia de fijación de salarios y prestaciones para los servidores de la Rama Judicial, puesto que su competencia recae únicamente en el gobierno nacional, específicamente en la expedición de los Decretos 083 de 2013 con el objeto de establecer la bonificación judicial para esos funcionarios.

La primera instancia desconoció lo anterior porque le impuso una carga excesiva que no está en deber soportar y le exigió un imposible jurídico al no tener en cuenta dicha normatividad, comoquiera que es con base en esta que se reconocen y pagan las remuneraciones en la entidad.

3 Índice No. 056 SAMAI Juzgado de Origen.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Juan Carlos Espinosa González DEAJ. Rad. No. 680013330022019-00213-02 10

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Insiste que, el art. 103 del Decreto 270 de 1996 le asigna competencias del pago de servidores judiciales como ordenar de gasto, pero no altera o modifica el régimen legal y reglamentario de los empleados públicos ni su asignación salarial, por tanto, de acceder a lo pretendido por la parte demandante, desconocería el art. 71 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, ello porque, para el pago de emolumentos que no se encuentran contemplados en los cálculos efectuados debe acudir por

de acceder a lo pretendido por la parte demandante, desconocería el art. 71 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, ello porque, para el pago de emolumentos que no se encuentran contemplados en los cálculos efectuados debe acudir por mandato de Ley al ejecutivo, es decir, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que proceda a la asignación de recursos adicionales a la entidad que no están amparados en las finanzas públicas, lo cual, implica la alteración del Presupuesto General de la Nación. En tal virtud, insiste, debe ser vinculado el Gobierno Nacional, por ser la autoridad competente de fijar la remuneración salarial y prestacional.

Reitera que hay lugar a declarar la caducidad por cuanto los Decretos 383 y 384 de 2013 no han sido decretados nulos y no han sido atacados por la parte actora, destacando que la bonificación judicial ha sido liquidada y pagada conforme a tal normatividad, siendo estos decretos salariales cuya nulidad debió pretenderse dentro del término establecido en el Art. 138 del CPACA. Finalmente, solicita mantener la decisión de no condenar en costas porque ha planteado argumentos de defensa plausibles y no existe t emeridad en el ejercicio de la defensa de la Nación.

VI. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA El proceso es allegado al Despacho Ponente de esta providencia el 16.01.2025actuación No. 01 -. El 12.02.2025 se admite el recurso de apelación -actuación No. 005-. El 28.03.2025 -actuación No. 011reingresa el expediente al Despacho Ponente

actuación No. 01 -. El 12.02.2025 se admite el recurso de apelación -actuación No. 005-. El 28.03.2025 -actuación No. 011reingresa el expediente al Despacho Ponente para fallo, cuyo proyecto se registra el 09.04.2025 para ser aprobado por la Sala de Decisión celebrada el 24.04.2025. De trámite se destaca que la p. demandante presenta alegatos concl usivos -índice No. 010 SAMAIen los que se ratifica en los hechos y pretensiones de la demanda, argumentando que la bonificación judicial es un factor salarial que debe tenerse en cuenta para la liquidación de prestaciones sociales porque fue creada para nivelar el salario. En ese sentido, hay lugar a tomarlo como tal, lo que supone respetar elTribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Juan Carlos Espinosa González DEAJ. Rad. No. 680013330022019-00213-02 11

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convenio 095 de la OIT, que resulta vinculante al Estado colombiano y a sus autoridades. Ni la DEAJ Bucaramanga ni el Ministerio Público actuaron en esta instancia.

VII. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la competencia para conocer en segunda instancia Se trata de providencia susceptible de apelación, correspondiendo a este Tribunal en Sala desatarla. Arts. 153 y 243 Ley 1437/2011.

B. Cuestión procesal previa de la suscrita ponente en este asunto.

Se hace necesario traer a colación que en las pretensiones del escrito de demanda el señor Juan Carlos Espinosa González únicamente busca “la declaración de la

B. Cuestión procesal previa de la suscrita ponente en este asunto.

Se hace necesario traer a colación que en las pretensiones del escrito de demanda el señor Juan Carlos Espinosa González únicamente busca “la declaración de la nulidad del acto administrativo a través del cual le fue negada la bonificación judicial dispuesta en el Decreto 383 de 2013 como factor salarial y prestacional”.

A la fecha se encuentra en trámite un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que como demandante pretendo el reconocimiento de la prima especial del 30% como factor salarial, el cual, es conocido por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Bucaramanga, encontrándose en etapa de resolución de excepciones previas propuestas por esta entidad en la contestación de la demanda. Al respecto es pertinente advertir, como lo ha sostenido el Consejo de Estado, que la prima especial del 30% que devengué como Juez de la República es íntegramente diferente al régimen salarial de los empleados judiciales, por lo que nada tiene que ver este beneficio salarial con la bonificación judicial dispuesta en el Decreto 382 de 2013, tema que se debate en el presente proceso judicial.

Por otra parte, si bien presenté demanda de nulidad y restablecimiento del derecho solicitando el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial, dicho proceso tiene como radicado al No. 680013333014 -2016-00019-00 y ya culminó con sentencia de segunda instancia el 12.04.2024, encontrándose debidamente ejecutoriado. Ello significa que, si bien pudo existir un interés, este ya no es actual, toda vez que dicho proceso ya terminó. Tal como también lo ha precisado el Consejo

con sentencia de segunda instancia el 12.04.2024, encontrándose debidamente ejecutoriado. Ello significa que, si bien pudo existir un interés, este ya no es actual, toda vez que dicho proceso ya terminó. Tal como también lo ha precisado el Consejo de Estado al declarar infundados los impedimentos, en los casos en los que los procesos ya han culminado, razón por la que los devuelve para que sean conocidos por quien realizó la manifestación de impedimento. Veamos:Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Juan Carlos Espinosa González DEAJ. Rad. No. 680013330022019-00213-02 12

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En reiterada jurisprudencia, el H. Consejo de Estado al decidir en casos con hechos similares, ha declarado infundados los impedimentos. Así puede verse en auto del 12 de septiembre de 2024, radicación: 200013333002-2022-00570-01 (2358-2024), Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, consejero ponente Rafael Francisco Suárez Vargas, en el que sostuvo que las razones del juez para apartarse del conocimiento de un asunto deben ser claras, explícitas y actuales, y que debe existir correspondencia entre el hecho que las origina y el supuesto fáctico establecido por el legislador, concluyendo que : (i) respecto de la manifestación de impedimento de los magistrados Doris Pinzón Amado, José Antonio Aponte Olivella y Carlos Mario Arango Hoyos, quienes fundaron el mismo al considerar que el carácter salarial de la bonificación judicial también se podría reclamar respecto de la prima especial de

magistrados Doris Pinzón Amado, José Antonio Aponte Olivella y Carlos Mario Arango Hoyos, quienes fundaron el mismo al considerar que el carácter salarial de la bonificación judicial también se podría reclamar respecto de la prima especial de servicios y la bonificación por compensación, señaló que el interés que se pla