TA SAN - Sentencia 680013333002-2020-00224-01 (06-03-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada Ponente: Claudia Ximena Ardila Pérez SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Bucaramanga, seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO DE CARÁCTER LABORAL DEMANDANTE OLGA MARÍA ARRIETA JARABA , identificad a con cédula de ciudadanía No. 37.921.541 abogadamayerli@gmail.com

DEMANDADO MUNICIPIO DE GIRÓN

notificacionjudicial@giron-santander.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

xmora@procuraduria.gov.co

RADICADO Y LINK DEL

EXPEDIENTE DIGITAL 680013333002-2020-00224-01

TEMA TERMINACIÓN DEL NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD POR CONCURSO DE MÉRITOS. No procede el reintegro ni la reubicación de la demandante. La desvinculación obedeció a una causal objetiva. No se acreditó que ostentara la condición de prepensionada. Su edad, por sí sola, no le confiriere estabilidad reforzada. Tampoco se demostró una afectación desproporcionada a su mínimo vital.

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto opor tunamente por la parte demandante contra la sentencia proferida el 23 de marzo de 2022 1 por el Juzgado

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto opor tunamente por la parte demandante contra la sentencia proferida el 23 de marzo de 2022 1 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, que negó las pretensiones.

I. ANTECEDENTES

A. La demanda2

1. Pretensiones La demandante pretende que se declare la nulidad de la Resolución No. 001174 del 3 de junio de 2020, mediante la cual se dio por terminado su nombramiento en provisionalidad en el cargo de profesional universitario, código 219, grado 02, de la planta de personal del Municipio de Girón.

A título de restablecimiento del derec ho, solicita que se ordene a la entidad demandada su reintegro en el cargo que desempeñaba en provisionalidad o, en su defecto, a su reubicación en un empleo de igual condición.

Asimismo, pide el pago de los salarios, primas, vacaciones y demás emolumentos dejados de percibir desde su retiro hasta su reintegro, así como el reconocimiento de 100 S.M.L.M.V. por perjuicios morales.

Finalmente, solicita el cumplimiento de la sentencia, de conformidad con el artículo 192 del CPACA, junto con el pago de la indexación, los intereses correspondientes y la condena en costas a la parte demandada.

1 Expediente digital en SAMAI. Índice 00011. Carpeta zip. Documento: 052.2020 224 Sentencia de Primera Instancia.

y la condena en costas a la parte demandada.

1 Expediente digital en SAMAI. Índice 00011. Carpeta zip. Documento: 052.2020 224 Sentencia de Primera Instancia. 2 Expediente digital en SAMAI. Índice 00011. Carpeta zip. Documento: 002. DDA OLGA ARRIETA.Radicado 680013333002-2020-00224-01 Medio De Control Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante Olga María Arrieta Jaraba Demandado Municipio De Girón 2

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2. Hechos La señora Olga María Arrieta Jaraba afirma que el 21 de junio de 2012 fue nombrada en provisionalidad en el cargo de profesional universitario, código 219, grado 02,

mediante la Resolución No. 800, para desempeñar un empleo de carrera administrativa en vac ancia definitiva en la Comisaría de Familia del Municipio de Girón. Sostiene que dicho nombramiento se efectuó por un período inicial de seis meses, pero permaneció en el cargo de manera ininterrumpida. Señala que entre diciembre de 2012 y noviembre de 2013 ocupó el cargo de secretaria de Desarrollo Social del mismo ente territorial. Indica que fue trasladada a la Secretaría del Interior, y posteriormente a la Comisaría de Familia, en el cargo de profesional universitario, código 219, grado 02, en provisionalidad por vacancia definitiva, con funciones relacionadas con el trabajo social. Aduce que el cargo que ocupaba fue ofertado en el concurso de méritos –proceso

de profesional universitario, código 219, grado 02, en provisionalidad por vacancia definitiva, con funciones relacionadas con el trabajo social. Aduce que el cargo que ocupaba fue ofertado en el concurso de méritos –proceso de selección No. 464 de 2017–, en el cual participó sin obtener un puntaje suficiente para lograr la propiedad del mismo. Manifiesta que, mediante la Resolución No. 001174 del 3 de junio de 2020, la entidad demandada dio por terminada su vinculación en provisionalidad, y designó en etapa de inducción a la persona que obtuvo el nombramiento en propiedad. Indica que el 2 de octubre de 2019 cumplió 62 años de edad y es una persona soltera de la tercera edad, sin hijos ni cónyuge , ni tampoco bienes por lo que no cuenta con quien vele por su bienestar en la vejez. Asegura que su única fuente de ingresos provenía del salario que percibía como empleada en provisionalidad del Municipio de Girón.

3. Normas violadas y concepto de violación

Se citan como normas violadas los artículos 1, 2, 13, 29, 46 y 53 de la Constitución Política; la Ley 790 de 2002; los artículos 44, 137 y 138 del CPACA; y la sentencia SU-446 de 2011 de la Corte Constitucional.

Según la demandante, los actos administrativos impugnados desconocen sus derechos fundamentales, en particular la estabilidad laboral reforzada, el mínimo vital y el principio de igualdad, al omitir su condición de sujeto de especial protección constitucional por pertenecer a la tercera edad.

Señala que la Ley 790 de 2002 prevé mecanismos de estabilidad laboral para

vital y el principio de igualdad, al omitir su condición de sujeto de especial protección constitucional por pertenecer a la tercera edad.

Señala que la Ley 790 de 2002 prevé mecanismos de estabilidad laboral para trabajadores en situación de debilidad manifiesta, incluidos los adultos mayores, quienes requieren medidas de protección reforzada para garantizar una vejez digna. Sostiene que, al momento de su desvinculación, tenía 62 años, edad que, conforme a los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, la ubica dentro de este grupo. Resalta que había desempeñado su cargo en provisionalidad durante ocho años, por lo que la terminación de su nombramiento debía estar precedida de un análisis sobre su situación particular.

Afirma que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, los funcionarios vinculados en provisionalidad gozan de estabilidad laboral relativa, lo que impone la obligación de motivar adecuadamente su retiro. A segura que la Resolución No. 001174 de 2020 carece de una fundamentación suficiente sobre su condición de sujeto de especial protección constitucional, lo que vulnera el derecho al debido proceso y el principio de publicidad.Radicado 680013333002-2020-00224-01 Medio De Control Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante Olga María Arrieta Jaraba Demandado Municipio De Girón 3

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En respaldo de su postura, cita la sentencia SU -446 de 2011 de la Corte Constitucional, que establece la obligación de las entidades públicas de adoptar

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En respaldo de su postura, cita la sentencia SU -446 de 2011 de la Corte Constitucional, que establece la obligación de las entidades públicas de adoptar medidas para garantizar que los empleados en provisionalidad en condiciones de vulnerabilidad sean los últimos en ser removidos y, en la medida de lo posible, sean reubicados en cargos equivalentes. A su juicio, la administración municipal desconoció este mandato al desvincularla sin considerar su edad ni su condición de vulnerabilidad, lo que afectó direct amente su derecho a la seguridad social y su mínimo vital al privarla de su única fuente de ingresos.

B. Contestación3

El Municipio de Girón se opone a las pretensiones de la demandante, al considerar que carecen de sustento jurídico y fáctico. Afirma que los actos administrativos demandados fueron expedidos conforme a la normativa vigente y gozan de presunción de legalidad.

En su defensa, explica que la desvinculación obedeció al proceso de selección No. 464 de 2017, adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) con el propósito de proveer en propiedad los empleos vacantes del sistema de carrera administrativa. Precisa que la demandante ocupaba el cargo de profesional universitario, código 219, grado 02, en provisionalidad y que, aunque participó en el concurso de méritos, no obtuvo un puntaje suficiente para acceder al nombramiento definitivo.

Con base en la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015, sostiene que los empleos de carrera deben ser provistos mediante concursos de méritos, en virtud del principio de acceso a la función pública. Argumenta que la estabilidad relativa

Con base en la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015, sostiene que los empleos de carrera deben ser provistos mediante concursos de méritos, en virtud del principio de acceso a la función pública. Argumenta que la estabilidad relativa de los funcionarios en provisionalidad no prevalece sobre el derecho de quienes acceden al cargo en propiedad.

Manifiesta que la condición de persona de la tercera edad no otorga un derecho absoluto a permanecer en el cargo, pues la estabilidad laboral reforzada no impide la desvinculación cuando existe una causa objetiva, como la provisión del empleo mediante concurso.

En relación con el estatus de prepensionada, enfatiza que la demandante no cumple los requisitos para ser considerada dentro de esta categoría. Alude que el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 exige, para acceder a la pensión de vejez, haber cumplido 57 años si es mujer y contar con al menos 1.300 semanas cotizadas.

Señala que, aunque la demandante cumple con el requisito de edad, no ha completado el número mínimo de semanas exigido. Indica que conforme al certificado expedido por la administradora Porvenir el 3 de junio de 2020, ha cotizado 906 semanas, faltándole 374 para cumplir con la exigencia legal.

Asimismo, precisa que el artículo 2.2.12.1.1.1 del Decreto 648 de 2007 dispone que solo gozan de estabilidad laboral reforzada quienes cumplen la totalidad de los requisitos de edad y tiempo de servicio para pensionarse dentro de los tres años siguientes a su desvinculación. Considera que este no es el caso de la demandante, pues aún le restan más de siete años de aporte.

requisitos de edad y tiempo de servicio para pensionarse dentro de los tres años siguientes a su desvinculación. Considera que este no es el caso de la demandante, pues aún le restan más de siete años de aporte.

Con base en la jurisprudencia constitucional, advierte que la estabilidad laboral reforzada por condición de prepensionada debe acreditarse ante la entidad, lo que no ocurrió en este caso, por lo que no le asiste el derecho a reclamar dicha protección.

3 Expediente digital en SAMAI. Índice 00011. Carpeta zip. Documento: 002. 022. ConstestacionNulidadRestablecimientoDerecho (1) .Radicado 680013333002-2020-00224-01 Medio De Control Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante Olga María Arrieta Jaraba Demandado Municipio De Girón 4

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Finalmente, argumenta que la demandante no se encuentra en situación de desprotección económica, pues posee un bien inmueble en el municipio de Girón. Refiere que en el expediente administrativo obran registros de retiros parciales de cesantías, el último autorizado mediante la Resolución No. 609 del 21 de febrero de 2020 para mejoras locativas en dicho inmueble, lo que desvirtúa su alegada vulnerabilidad.

C. La sentencia recurrida4

El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, en sentencia del 23 de marzo de 2022, negó las pretensiones de la demanda al concluir que la demandante no acreditó el cumplimiento de los requisitos para ser

El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, en sentencia del 23 de marzo de 2022, negó las pretensiones de la demanda al concluir que la demandante no acreditó el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiaria de la estabilidad laboral reforzada y que el acto administrativo demandado se ajustó a la normativa vigente. Señala que la desvinculación obedeció a la necesidad de proveer el cargo con la persona que superó el concurso, en aplicación del principio constitucional de mérito, previsto en el artículo 125 de la Constitución Política y la Ley 909 de 2004. Destaca que el nombramiento en provisionalidad tiene carácter transitorio y cesa cuando el cargo es ocupado por quien obtuvo el derecho mediante concurso, por lo que la entidad estaba facultada para finalizar la relación laboral. Explica que, aunque la demandante adujo la existencia de una estabilidad laboral reforzada por su condición de persona de la tercera edad, no cumplía con los requisitos para ser considerada prepensionada, pues para el momento de su retiro le faltaban 374 semanas de cotización, lo que equivale a más de siete años adicionales de aportes. Resalta que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la estabilidad laboral reforzada solo protege a quienes se encuentran a menos de tres años de cumplir los requisitos para acceder a la pensión, lo que no se configuró en este caso. Adicionalmente, precisa que la demandante tampoco acreditó haber informado a la entidad sobre su situación antes de la expedición del acto administrativo demandado ni solicitó expresamente la aplicación de medidas de estabilidad reforzada. Refiere que, si bien argumentó que su jefe inmediato conocía sus

entidad sobre su situación antes de la expedición del acto administrativo demandado ni solicitó expresamente la aplicación de medidas de estabilidad reforzada. Refiere que, si bien argumentó que su jefe inmediato conocía sus condiciones personales, esta circunstancia no puede considerarse suficiente para generar una obligación legal a cargo de la administración. Finalmente, menciona que la demandante no demostró encontrarse en estado de vulnerabilidad económica, ya que posee un bien inmueble en el municipio de Girón y ha realizado retiros parciales de cesantías para mejoras locativas. Además, expone que durante el interrogatorio de parte manifestó que convive con su hermana pensionada, quien aporta ingresos al hogar, lo que desvirtúa su alegada condición de desprotección.

D. La apelación5

La demandante solicita revocar la sentencia de primera instancia y conceder las pretensiones, al considerar que el a quo omitió el análisis integral de su situación de vulnerabilidad y estabilidad laboral reforzada.

Sostiene que su demanda no se fundamentó en la condición de prepensionada, sino en la protección especial derivada de su edad y la afectación de sus derechos fundamentales, en particular la igualdad y el mínimo vital. Declara que el juzgado redujo su análisis a la inexistencia del derecho a la estabilidad reforzada por

4 Expediente digital en SAMAI. Índice 00011. Carpeta zip. Documento: 052.2020 224 Sentencia de Primera Instancia 5 Expediente digital en SAMAI. Gestión en otros despachos . Índice 00021. Documento 19_RECURSO DE APELACION CONTRA EL FALLO (.pdf)Radicado 680013333002-2020-00224-01 Medio De Control Nulidad y restablecimiento del derecho

(.pdf)Radicado 680013333002-2020-00224-01 Medio De Control Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante Olga María Arrieta Jaraba Demandado Municipio De Girón 5

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prepensión, sin evaluar la especial protección constitucional de las personas de la tercera edad.

Expone que, al momento de su desvinculación, tenía 62 años, lo que, conforme a la Organización Mundial de la Salud, la ubica dentro de la tercera edad. Considera que su edad y condiciones particulares exigían que la administración aplicara una ponderación razona ble al ejercer su facultad discrecional. A su juicio, la entidad demandada desconoció el deber de garantizar la estabilidad laboral reforzada a los sujetos de especial protección y no tuvo en cuenta la dificultad que enfrenta para reincorporarse al mercado laboral.

Cuestiona que el juzgado tampoco valoró su situación económica real. Explica que, aunque convive con una hermana pensionada, esta padece una enfermedad crónica (EPOC) y no puede asumir su sostenimiento. Añade que su vivienda se encuentra en proceso de liquidación p or insolvencia, lo que la dejará sin un lugar donde vivir. Estos factores, a su criterio, configuran un escenario de vulnerabilidad que el juzgado ignoró.

Argumenta que el derecho al mínimo vital no puede condicionarse a la existencia de familiares que eventualmente puedan prestarle ayuda, pues ello supondría trasladar la carga del Estado a terceros. Refiere que la Corte Constitucional ha

que el juzgado ignoró.

Argumenta que el derecho al mínimo vital no puede condicionarse a la existencia de familiares que eventualmente puedan prestarle ayuda, pues ello supondría trasladar la carga del Estado a terceros. Refiere que la Corte Constitucional ha establecido que la garantía de subsistencia digna no debe limitarse a un análisis de ingresos y egresos, sino que debe considerar las circunstancias particulares de cada persona.

Reprocha que la sentencia se haya centrado únicamente en la validez del concurso de méritos sin evaluar el impacto de la desvinculación en sus derechos fundamentales. Alega que la Ley 790 de 2002 contempla mecanismos de estabilidad laboral reforzada para personas en condiciones de debilidad manifiesta, incluidas aquellas de la tercera edad, por lo que la administración debió adoptar medidas de protección antes de su retiro.

Asimismo, objeta la motivación del acto administrativo demandado, pues a su juicio no expone razones objetivas que justifiquen su desvinculación sin la adopción de medidas afirmativas en su favor. Manifiesta que la jurisprudencia ha reconocido que la estabilidad laboral relativa de los empleados en provisionalidad impone el deber de justificar adecuadamente la dec isión de retiro, en especial cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional.

Finalmente, critica que el juzgado desconociera la necesidad de evaluar su situación bajo el principio de realidad sobre las formalidades, al no reconocer que su edad y condiciones de vulnerabilidad exigían un trato diferenciado.

E. Trámite del recurso de apelación en segunda instancia Mediante auto del 7 de julio de 20226, se admitió el recurso de apelación interpuesto

condiciones de vulnerabilidad exigían un trato diferenciado.

E. Trámite del recurso de apelación en segunda instancia Mediante auto del 7 de julio de 20226, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio durante el término de ejecutoria.

II. CONSIDERACIONES

A. Competencia Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los juzgados administrativos de su distrito judicial.

6 Expediente digital en SAMAI. Índice 00005. Documento: 2_AUTOADMITERECURSODEAPELACION(.pdf)Radicado 680013333002-2020-00224-01 Medio De Control Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante Olga María Arrieta Jaraba Demandado Municipio De Girón 6

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B. El problema jurídico y su resolución De acuerdo con la reseña que antecede, la Sala plantea y resuelve el siguiente problema jurídico: ¿La terminación del nombramiento en provisionalidad de la demandante, con ocasión de la provisión del cargo mediante concurso de méritos, vulneró sus derechos fundamentales, según ella, a la estabilidad laboral reforzada y su mínimo vital?

Tesis: No.

Fundamento jurídico: La desvinculación de la demandante obedeció a la provisión definitiva del cargo mediante concurso de méritos, en aplicación del principio de

mínimo vital?

Tesis: No.

Fundamento jurídico: La desvinculación de la demandante obedeció a la provisión definitiva del cargo mediante concurso de méritos, en aplicación del principio de mérito consagrado en el artículo 125 de la Constitución Política y desarrollado en la Ley 909 de 2004. Al tratarse de una causal objetiva de retiro, la entidad no estaba obligada a una motivación adicional, pues la provisión del cargo mediante concurso constituye un fundamento suficiente.

La estabilidad laboral reforzada solo opera en favor de empleados en provisionalidad que acrediten una condición especial, como prepensión, discapacidad o ser cabeza de familia. La demandante no cumplía con estos requisitos, ya que, aunque tenía la edad pa ra pensionarse, aún le faltaban más de tres años para completar las semanas de cotización exigidas, lo que la excluye de la condición de prepensionada.

Además, la edad por sí sola no confiere estabilidad reforzada. La jurisprudencia ha establecido que los adultos mayores solo acceden a esta garantía si demuestran una condición adicional de vulnerabilidad, lo que no se acreditó en este caso. Tampoco se demostró una afectación desproporcionada a su mínimo vital, pues la demandante reconoció que convive con su hermana pensionada y es propietaria de un bien inmueble. Aunque mencionó que este se encuentra en un proceso de insolvencia, no aportó prueba alguna que lo respaldara.

Para sustentar la tesis planteada, la Sala: (i) analizará el marco normativo aplicable a la carrera administrativa y la provisión de empleos en provisionalidad, con base en la Constitución, la Ley 909 de 2004 y sus disposiciones reglamentarias, con el

Para sustentar la tesis planteada, la Sala: (i) analizará el marco normativo aplicable a la carrera administrativa y la provisión de empleos en provisionalidad, con base en la Constitución, la Ley 909 de 2004 y sus disposiciones reglamentarias, con el propósito de determinar si la desvinculación obedeció a una causal objetiva; (ii) examinará los criterios de estabilidad laboral reforzada y las acciones afirmativas previstas en el Decreto 1083 de 2015 y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional para es tablecer si la demandante reunía las condiciones para acceder a medidas de protección especial; y (iii) concluirá que el acto de retiro acusado se ajustó a derecho, pues respondió al concurso de méritos y no se acreditó que la actora cumpliera los requisitos para acceder a las garantías derivadas de la estabilidad laboral reforzada , ni que su retiro hubiera vulnerado su mínimo vital.

C. Marco jurídico

1. La estabilidad relativa del nombramiento en provisionalidad en un cargo de

carrera El artículo 125 de la Constitución Política7 establece que la carrera administrativa es el mecanismo general para el ingreso y permanencia en los empleos públicos,

7 ARTICULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.Radicado 680013333002-2020-00224-01 Medio De Control Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante Olga María Arrieta Jaraba Demandado Municipio De Girón 7

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salvo las excepciones legales. Este sistema garantiza que tanto el acceso como el ascenso en los cargos de carrera se basen en el mérito, mediante procesos objetivos, transparentes y libres de discriminación. En desarrollo de este precepto, la Ley 909 de 20048 define la carrera administrativa como un sistema técnico que busca garantizar la eficiencia en la administración pública, la igualdad de oportunidades y la estabilidad laboral de los servidores públicos, siempre bajo el principio del mérito. No obstante, los artículos 24 y 25 de dicha ley prevén el nombramiento en provisionalidad como una forma excepcional para ocupar cargos de carrera en los casos en que una vacante definitiva 9 o temporal10 no haya podido proveerse mediante el encargo de un empleado de carrera administrativa. Ahora bien, frente a la primacía de los derechos a la estabilidad y movilidad de los empleados en carrera, así como de otras causales objetivas, la estabilidad laboral relativa de los servidores públicos nombrados en provisionalidad debe ceder11, máxime cuando la figura de la provisionalidad es, en esencia, transitoria, en cuanto se crea justamente para cubrir las vacancias definitivas o temporales.

En cualquiera de los casos, la terminación de un nombramiento en provisionalidad en un cargo que esté vacante definitiva o temporalmente debe motivarse. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional12 ha señalado que los empleados públicos

temporales.

En cualquiera de los casos, la terminación de un nombramiento en provisionalidad en un cargo que esté vacante definitiva o temporalmente debe motivarse. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional12 ha señalado que los empleados públicos que provisionalmente se desempeñan en cargos de carrera gozan de una estabilidad laboral relativa o intermedia que implica la motivación del acto administrativo por medio del cual se desvincule, es decir, debe contener las razones de la decisión, lo cual se erige como una garantía mínima derivada del derecho fundamental al debido proceso y del principio de publicidad de las actuaciones administrativas.

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.

El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.

En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción. PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 6 del Acto Legislativo 1 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de elección tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designado s o elegidos para ocupar tales cargos, en reemplazo por falta absoluta d e su titular, lo harán por el resto del período para el cual este fue elegido. 8 ARTÍCULO 27. CARRERA ADMINISTRATIVA. La carrera administrativa es un sistema técnico de administración de personal que tiene por

ocupar tales cargos, en reemplazo por falta absoluta d e su titular, lo harán por el resto del período para el cual este fue elegido. 8 ARTÍCULO 27. CARRERA ADMINISTRATIVA. La carrera administrativa es un sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público. Para alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia en los empleos de carrera administrativa se hará e xclusivamente con base en el mérito, mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la o bjetividad, sin discriminación alguna. <Inciso adicionado por el artículo 4 de la Ley 2418 de 2024. El nuevo texto es el siguiente:> En todos los casos será admisible el establecimiento de medidas diferenciales tendientes a garantizar la eliminación de barreras de acceso a la carrera administrativa, así como las garantías óptimas para el ejercicio del empleo en favor de las personas con discapacidad. En ningún caso las medidas podrán afectar el principio de mérito como factor esencial de la carrera administrativa. 9 Decreto 1083 de 2015. Artículo 2.2.5.2.1 Vacancia definitiva. El empleo queda vacante definitivamente, en los siguientes caso s:

1. Por renuncia regularmente aceptada.

2. Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nombramiento y remoción.

3. Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado no satisfactorio en la evaluación del desempeño

laboral de un empleado de carrera administrativa.

4. Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento provisional.

5. Por destitución, como consecuencia de proceso disciplinario.

6. Por revocatoria del nombramiento.

7. Por invalidez absoluta.

laboral de un empleado de carrera administrativa.

4. Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento provisional.

5. Por destitución, como consecuencia de proceso disciplinario.

6. Por revocatoria del nombramiento.

7. Por invalidez absoluta.

8. Por estar gozando de pensión.

9. Por edad de retiro forzoso.

10. Por traslado.

11. Por declaratoria de nulidad del nombramiento por decisión judicial o en los casos en que la vacancia se ordene judicialme nte.

12. Por declaratoria de abandono del empleo.

13. Por muerte.

14. Por terminación del período para el cual fue nombrado.

15. Las demás que determinen la Constitución Política y las leyes. 10 Decreto 1083 de 2015. Artículo 2.2.5.2.2 Vacancia temporal. El empleo queda vacante temporalmente cuando su titular se encuen tre en una

de las siguientes situaciones:

1. Vacaciones.

2. Licencia.

3. Permiso remunerado

4. Comisión, salvo en la