TA SAN - Sentencia 680013333002-2021-00139-02 (27-03-2025)

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

EXPEDIENTE: 680013333002-2021-00139-02

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: MARIELA ROSAS LOZANO

wilson.rojas10@hotmail.com fabian655@hotmail.com mariela.rosaslozan@fiscalia.gov.co

DEMANDADO: NACIÓNFISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO: EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR

eavillamizar@procuraduria.gov.co

SENTENCIA No. 70

TEMA: PRIMA ESPECIAL 30% - Laboral

MAGISTRADA PONENTE: CAROLINA ARIAS FERREIRA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, Nación – Fiscalía General de la Nación , contra la sentencia de fecha veinte (20) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Bucaramanga , por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda, previa la siguiente reseña:

1. ANTECEDENTES

1.1 La demanda

1.1.1 Hechos1

En la demanda de la referencia se expuso, en síntesis, que, la demandante se desempeña en el cargo de Fiscal Delegado ante los Jueces Municipales de

1.1 La demanda

1.1.1 Hechos1

En la demanda de la referencia se expuso, en síntesis, que, la demandante se desempeña en el cargo de Fiscal Delegado ante los Jueces Municipales de Bucaramanga.

1 Expediente digital SAMAI, primera instancia, Índice 00008, PDF 02.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Mariela Rosas Lozano

Demandado: NaciónFiscalía General de la Nación

de Administración Judicial Radicado: 680013333002-2021-00139-02

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Precisó que el 15 de febrero de 2021, solicitó ante la Fiscalía General de la Nación la reliquidación de sus prestaciones sociales sobre el 100% de su remuneración mensual y el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios. Solicitud que le fue negada mediante acto ficto que operó por el silencio administrativo.

1.1.2 Las pretensiones2

Con la demanda se pretendió lo siguiente:

«PRIMERA: Se declare la existencia del acto ficto o presunto producto del silencio administrativo negativo causado por la no respuesta a la petición de fecha del 15 de febrero de 2021 en la cual se solicitaba el pago de la prima especial.

SEGUNDA: Que mediante el trámite de nulidad y restablecimiento del derecho SE DECLARE la nulidad del acto ficto o presunto producto del silencio administrativo negativo causado por la no respuesta a la petición de fecha del 15 de febrero de

2021.

TERCERA: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho se ordene a LA NACI ÓN-FISCALIA GENERAL DE LA NACION , a

negativo causado por la no respuesta a la petición de fecha del 15 de febrero de 2021.

TERCERA: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho se ordene a LA NACI ÓN-FISCALIA GENERAL DE LA NACION , a reliquidar, reconocer y pagar a la convocante desde el momento de su vinculación y en adelante mientras ostente la calidad de Fiscal delegado ante los jueces Municipales, todas sus prestaciones sociales, salariales y laborales, prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, prima de vacaciones, cesantías, seguridad social en salud y pensión, bonificación por servicios prestados y demás prestaciones y emolumentos laborales que se puedan ver incididos y que en el futuro se establezcan y causen, teniendo como base para la liquidación, el 100% de su remuneración básica mensual legal, incluyendo por tanto, con carácter salarial el 30% de su sueldo básico, que la Fiscalía General de la Nación ha tomado de este para denominarlo prima especial sin carácter salarial.

CUARTA: Que se condene a título de restablecimiento a la demandada, a reliquidar, reconocer y pagar al actor, el valor de las diferencias salariales y prestacionales, existente entre lo liquidado y pagado hasta ahora por la Fiscalía General de la Nación con el 70% de remuneración mensual básica y la reliquidación de todas sus prestaciones y emolumentos laborales solicitadas en la pretensión anterior, que resulte teniendo como base de liquidación el 100% de la remuneración básica mensual, incluyendo con carácter salarial para la base de liquidación el 30% del sueldo básico que la Fiscalía General de la Nación ha tenido hasta ahora como prima especial sin carácter salarial.

remuneración básica mensual, incluyendo con carácter salarial para la base de liquidación el 30% del sueldo básico que la Fiscalía General de la Nación ha tenido hasta ahora como prima especial sin carácter salarial.

QUINTA: Que igualmente a título de restablecimiento del derecho, la demandada sea condenada a reconocer y pagar a la actora desde el momento de su

2 Expediente digital SAMAI, primera instancia, Índice 00008, PDF 02.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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vinculación y en adelante mientras ostento la calidad de Fiscal, la PRIMA ESPECIAL mensual sin carácter salarial, equivalente al 30% de la remuneración básica que hasta ahora no se le ha reconocido ni cancelado, como agregado, adición, incremento o sobresueldo a la remuneración mensual.

SEXTA: Que luego de la sentenc ia y en adelante, mientras ostente la calidad de Fiscal, LA NACI ÓN - FISCALIA GENERAL DE LA NACION , siga liquidando y pagándole, todas sus prestaciones sociales y demás emolumentos y derechos laborales, con base en el 100% de su remuneración básica mensua l legalmente establecida, incluyendo el 30% del sueldo básico, que hasta ahora ha tenido como prima especial sin carácter salarial.

SEPTIMA: Que sobre las sumas que resulte adeudar el ente demandado haga los ajustes de valor necesarios, conforme al índice de precios al consumidor o al por

prima especial sin carácter salarial.

SEPTIMA: Que sobre las sumas que resulte adeudar el ente demandado haga los ajustes de valor necesarios, conforme al índice de precios al consumidor o al por mayor, tal como lo autoriza al Artículo 187 del C.P.A.C.A., y que si no da cumplimiento al fallo dentro d el término legal pague los intereses comerciales y moratorios de que trata el Artículo 192 del C.P.A.C.A.

OCTAVA: Que la demandada sea condenada ultra y extra petita por cuanto resulte probado en el proceso.

NOVENA: Declarar que, si la demandada no efe ctúa el pago en forma oportuna, deberá́ liquidar intereses comerciales moratorios desde la ejecutoria de la sentencia como lo ordena el artículo 177 del C.C.A.

DECIMA: Condenar en costas a la entidad demandada.».

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Invocó como normas vulnerad as los a rtículos 2, 4, 13, 25, 29, 53 y 209 de la Constitución Política, artículos 2 y 14 de la Ley 4 de 1992, numeral 7 del articulo 152 de la Ley 270 de 1996.

Como concepto de violación, la parte actora hizo un recuento normativo y jurisprudencial sobre el tema, y señaló que el Consejo de Estado ha reiterado que la denominada prima especial del 30% que perciben mensualmente los Jueces y Magistrados de la Repúbli ca, constituye salario y debe tenerse en cuenta para la liquidación de prestaciones como prima de vacaciones, prima de navidad, bonificación por servicios prestados, cesantías, pensión, etc.Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Magistrados de la Repúbli ca, constituye salario y debe tenerse en cuenta para la liquidación de prestaciones como prima de vacaciones, prima de navidad, bonificación por servicios prestados, cesantías, pensión, etc.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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1.2 Contestación de la demanda

1.2.1. La parte demandada, Nación – Fiscalía General de la Nación 3, se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda, por considerar que los salarios y prestaciones sociales fueron pagados con sujeción a los Decretos expedidos por el Gobierno Nacional. Así mismo, señaló que la Ley 4 de 1992, en su artículo 14 estableció una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial aplicable a los funcionarios de la Fiscalía, e xceptuando a los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General.

Por lo anterior, precisó que los Fiscales no son beneficiarios de la prima especial del 30% creada por la Ley 4 de 1992.

Finalmente, propuso como excepción la que denominó, «prescripción»

1.3. La sentencia apelada4

El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga, accedió a las pretensiones de la demanda, cuya decisión fue la siguiente:

«PRIMERO: INAPLICAR POR INCONSTITUCIONALES los Decretos 53 de 1993,

El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga, accedió a las pretensiones de la demanda, cuya decisión fue la siguiente:

«PRIMERO: INAPLICAR POR INCONSTITUCIONALES los Decretos 53 de 1993, 108 de 1994; 48 de 1995 y siguientes, Decreto de aumento salarial No. 1035 de 05 de junio de 2013, por medio de los cuales la Presidencia de la República consideró como prima especial sin carácter salarial el 30% del salario básic o mensual de los fiscales, por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN TRIENAL, frente a las sumas adeudadas, causadas con anterioridad al 15 de febrero de 2018.

TERCERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo ficto negativo configurado por el silencio guardado por el ente demandado frente a la interposición del derecho de petición el 15 de febrero de 2021, por las razones expuestas.

3 Expediente digital SAMAI, primera instancia, Índice 00016. 4 Expediente digital SAMAI, primera instancia, Índice 00028.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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CUARTO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones de nulidad y a título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la FISCALÍA GENERAL DE LA

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CUARTO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones de nulidad y a título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a reconocer y pagar a favor de MARIELA ROSAS LOZANO, la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4a de 1992, en cuantía equivalente al 30% de la asignación básica mensual (sueldo, gastos de representación y bonificación judicial), entendida como un agregado o valor adicional, desde el 15 de febrero de 2018 y por el tiempo efectivamente laborado y las que se sigan causando hasta la finalización de sus vínculos laborales.

Así mismo se ordena la reliquidación de las prestaciones sociales: la prima de servicios, la prima de vacaciones, la prima de navidad, bonificación por servicios prestados, las cesantías y los intereses a las cesantías, desde el 15 de febrero de 2018 y por los periodos desempeñados como Fiscal Delegada ante los Jueces Municipales, con base en la asignación básica mensual, con la inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.

Lo anterior sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente y teniendo en cuenta que solo constituye factor salarial para aportes a pensión de jubilación.

Igualmente deberán revisarse los descuentos de ley y hacer los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social de salud y pensión, pagando las diferencias a que haya lugar, teniendo en cuenta el 100% del salario.

La suma que resulte a favor del demandante debe ajustarse de conformidad con el artículo 192 del CPACA hasta la ejecutoria de la sentencia.

diferencias a que haya lugar, teniendo en cuenta el 100% del salario.

La suma que resulte a favor del demandante debe ajustarse de conformidad con el artículo 192 del CPACA hasta la ejecutoria de la sentencia.

La actualización ordenada se hará la aplicando la fórmula que ha sido desarrollada en la parte considerativa de esta sentencia.

QUINTO: NO CONDENAR en COSTAS […]».

En cuanto al fundamento de la decisión, el Juez de primera instancia explicó que de conformidad con la Sentencia de Unificación SUJ -023-CE-S2-2020 es procedente a título de restablecimiento del derecho la reliquidación y pago de salarios y prestaciones sociales dejados de percibir por la inadecuada interpretación de la LeyNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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4 de 1992 desde el 15 de febrero de 2018, con la inclusión de la prima especial de servicio del 30% como adicional al salario por el tiempo efectivamente laborado.

Finalmente, el a quo declaró la prescripción de lo s derechos reclamos con anterioridad al 15 de febrero de 2018.

1.4. El recurso de apelación 1.4.1 La parte demandada, Nación – Fiscalía General de la Nación 5, Solicitó revocar la sentencia de primera instancia, por las siguientes razones:

Sostuvo que la sentencia de primera instancia va en contravía de lo señalado por el Consejo de Estado en la Sentencia de Unificación del 15 de diciembre de 2020,

revocar la sentencia de primera instancia, por las siguientes razones:

Sostuvo que la sentencia de primera instancia va en contravía de lo señalado por el Consejo de Estado en la Sentencia de Unificación del 15 de diciembre de 2020, puesto que, desde el año 2003 las prestaciones sociales de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación beneficiarios de la prima del 30 % son liquidadas sobre el 100 % de su salario.

Por lo anterior, precisó que el reajuste a las prestaciones sociales no es procedente. Adicionalmente, solicitó que el numeral cuarto de la sentencia de primera instancia fuera revocado respecto al reconocimiento de los aportes a pensión por fuera de la prescripción.

1.5. Trámite de segunda instancia

Por auto de fecha 13 de diciembre de 2024 se admitió el recurso de apelación, ordenándose la notificación personal del Ministerio Público y a las partes procesales.

1.5.1. La parte demandante, no hizo uso de esta etapa procesal.

1.5.2. La parte demandada, Nación – Fiscalía General de la Nación, no hizo uso de esta etapa procesal.

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1.5.3. Representante Ministerio Público, no emitió concepto en esta oportunidad procesal.

2. CONSIDERACIONES

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1.5.3. Representante Ministerio Público, no emitió concepto en esta oportunidad procesal.

2. CONSIDERACIONES

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación cumplida, y luego de verificar que se hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo de la cuestión, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia.

2.1. Cuestión previa – manifestación de impedimento de la Magistrada Luisa Fernanda Flórez Reyes

Registrado el proyecto para revisión por parte de la Sala, a través de la plataforma Teams, la magistrada Luisa Fernanda Flórez Reyes manifest ó impedimento para conocer del proceso de la referencia en calidad de miembro de la Sala.

La Magistrada Luisa Fernanda Flórez Reyes, adujo que actualmente adelanta proceso judicial en el que busca obtener idénticas pretensiones en relación con la prima especial del 30 %, motivo por el cual invocó la causal de impedimento prevista en el numeral 1º del artículo 141 del CGP.

Por lo anterior, considera la Sala que se configuran la causal alegada por la Magistrada. En tal sentido, se declarará fundado el impedimento por ella manifestado y se procederá a separarla del conocimiento del presente asunto como miembro de la Sala de decisión.

2.2. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial; razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda

conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial; razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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2.3. De los límites de la apelación

Para responder al problema jurídico que se planteará a continuación, la Sala, en aplicación del principio dispositivo y de congruencia, limitará su competencia a los argumentos expuestos por la parte demandada – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - en el recurso de apelación. Además, se referirá a lo probado en el proceso exclusivamente en relación con los reproches formulados.

2.4. Problemas jurídicos

La Sala procede a fijar el siguiente problema jurídico teniendo en cuenta el objeto de la apelación6, el cual consiste en establecer si:

P.J.01: ¿Procede la reliquidación de las prestaciones sociales de la señora Mariela Rosas Lozano , conforme las reglas establecidas por la sentencia de unificación SUJ-023 del 15 de diciembre de 2020, emitida por la Sección Segunda del Consejo de Estado?

Con el propósito de resolver el problema jurídico planteado , la Sala considera necesario referirse a los siguientes temas: (i) marco normativo y jurisprudencial, en el que se estudiarán la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la

Con el propósito de resolver el problema jurídico planteado , la Sala considera necesario referirse a los siguientes temas: (i) marco normativo y jurisprudencial, en el que se estudiarán la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, y (ii) se analizarán las pruebas de cara al planteamiento aquí señalado.

2.5. Marco normativo y jurisprudencial

2.5.1. La prima especial de servicios y forma de liquidación

La ley 4 de 1992 facultó al Gobierno Nacional para crear una prima especial de servicios no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico . El artículo 14 de dicha disposición señaló los servidores públicos que recibirían la referida prima, así:

6 Art. 328 del CGP.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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«Artículo 14. El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial, para los magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los jueces de la República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1) de enero de 1993 […]».

Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1) de enero de 1993 […]».

En efecto, la norma previó que dicha prima, no constituiría factor salarial, disposición que fue declarada exequible por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C – 279 de 1996, en la que se adujo:

«El Legislador conserva una cierta libertad para establecer, qué componentes constituyen o no salario; así como definir y desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los pagos por primas técnicas y especial no constituyen factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado Colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido con la comunidad internacional».

El Gobierno Nacional, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, estableció que el régimen salarial ordinario de los servidores públicos sujetos al Decreto 57 de 1993 consistiría en una prima especial del 30% de la remuneración mensual, la cual no tendría carácter salarial. En cuanto a los funcionarios mencionados en los artículos 5 y 7 de dicho decreto, la prima especial mensual sería equivalente al 30% de la asignación básica y los gastos de representación, también sin carácter salarial.

La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante

mensual sería equivalente al 30% de la asignación básica y los gastos de representación, también sin carácter salarial.

La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante Sentencia del veintinueve 29 de abril de 2014 7 declaró la nulidad parcial de los decretos dictados por el Gobierno Nacional entre los años 1993 a 2007, mediante los cuales se había fijado en el 30 % la prima especial creada en el artículo 14 de la

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia del 29 de abril de 2014, Conjuez Ponente: María Carolina Rodríguez Ruiz. Expediente No. 11001-03-25-000-2007-00087-00.

Actor: Pablo Cáceres CorralesNulidad y Restablecimiento del Derecho

Sentencia de Segunda Instancia

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Ley 4ª de 1992, por haberla incluido dentro del salario básico de los servidores beneficiarios de la misma, en lugar de incrementarlo en ese porcentaje.

El mencionado fallo consideró que los decretos expedidos anualmente, con el fin de reglamentar la previsión del 30 % del salario denominada prima, no fueron claros, lo que conllevó a una interpretación errada por parte de las entidades encargadas de aplicarlos, toda vez que entendieron que dicho porcentaje hacia parte del salario, es decir, que el 100 % de este se discriminaría así: 30% correspondía a prima y el 70% restante al salario; y no de la manera correcta que obedece a reconocer como

de aplicarlos, toda vez que entendieron que dicho porcentaje hacia parte del salario, es decir, que el 100 % de este se discriminaría así: 30% correspondía a prima y el 70% restante al salario; y no de la manera correcta que obedece a reconocer como prima especial el 30 % del 100 % del salario, en otras palabras, como un adicional al salario básico o asignación básica.

Así las cosas, el Gobierno Nacional con la expedi ción de tales decretos contrario los criterios establecidos en la Ley 4 de 1992, que estableció que de ninguna manera se podrían desmejorar los salarios y prestaciones sociales, toda vez que, con la aplicación de estos decretos, las entidades, disminuyeron los salarios, al liquidar el 30% como prima especial sin tenerla como un adicional al mismo.

Por lo anterior, la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, concluyó:

«Lo anterior, amerita reflexionar en torno a si asiste razón a la tesis que considera que el concepto de prima dentro de los componentes que integran la remuneración de los servidores públicos puede válidamente tener significado contradictorio, es decir, negativo a lo analizado o por lo menos, ambiguo para representar al mismo tiempo un agre gado en la remuneración y contemporáneamente una merma de efecto adverso en el valor de la misma. Prima facie, es dable afirmar que una noción que representa al tiempo contenidos contradictorios, debe disolverse por la acción de la Justicia, es decir, es carga de la Judicatura entender los alcances del ordenamiento jurídico de forma consistente a la protección de los derechos de las personas-inciso 2° del artículo 53 de la Constitución Política -, todo ello dentro del contexto de un cometido que proporciona y justifica la existencia del Estado, de

ordenamiento jurídico de forma consistente a la protección de los derechos de las personas-inciso 2° del artículo 53 de la Constitución Política -, todo ello dentro del contexto de un cometido que proporciona y justifica la existencia del Estado, de manera que, atendiendo esta mínima y básica realidad, no será posible asignar al concepto de prima usado por el Legislador en los artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992, una consecuencia diferente a la de representa r un incremento remuneratorio. Este razonamiento, además, es consecuente con el principio de progresividad, constitucionalmente plasmado en el artículo 53 de la Carta Política,Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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ya citado, pues deriva la noción de salario vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad del trabajo; justamente, hay que reconocer que la funcionalidad de las primas en la remuneración de empleados y trabajadores, desarrolla y expresa esta característica conceptual con el alcance jurídico que precisamos dentro el sistema salarial vigente.

Como resulta un contrasentido lógico, extraño al derecho, aceptar que las primas por más exentas que estén de su carácter salarial representen una merma al valor de la remuneración mensual de los servidores públicos, es consecuencia evidente de lo considerado, concluir que el artículo 7° del Decreto No. 618 de 2007, al tomar un 30% de la remuneración del funcionario para restarle su valor a título de prima

de la remuneración mensual de los servidores públicos, es consecuencia evidente de lo considerado, concluir que el artículo 7° del Decreto No. 618 de 2007, al tomar un 30% de la remuneración del funcionario para restarle su valor a título de prima especial sin carácter salarial, materialmente condensa una situación de violación a los contenidos y valores establecidos en la Ley 4ª de 1992 y por lo tanto habrá necesidad de excluirlo del ordenamiento jurídico.

El carácter negativo al valor del salario que justifica la anulación, se visualiza en el nexo que existe entre los conceptos s alariales admitidos por el ordenamiento para esquematizar el elenco de factores que lo integran y los montos prestacionales que de manera ordinaria representan consistencia y coordinación con lo estrictamente salarial. Así pues, la exclusión del artículo e n examen, demuestra además, porqué la norma demandada materializa una situación jurídica insostenible a la luz de los principios constitucionales y de la ley marco sobre el sistema y criterio de la estructura salarial de la función pública, y desde luego, a toda una tradición jurídica que consistentemente ha regulado el sistema salarial y prestacional para en su conjunto permitirle a la Sala precisar, que el alcance de las primas indicadas dentro de la Ley 4a de 1992 no puede ser otro que el aquí aludido».

Posteriormente, el Consejo de Estado, mediante Sentencia de Unificación del 2 de septiembre de 20198 precisó que:

«Se debe adicionar la prima especial allí ordenada y no sustraerla del salario básico y/ o asignación básica para darle esa denominación. En consecuencia, la asignación básica debe pagarse en un 100 % y, con base en ese porcentaje,

«Se debe adicionar la prima especial allí ordenada y no sustraerla del salario básico y/ o asignación básica para darle esa denominación. En consecuencia, la asignación básica debe pagarse en un 100 % y, con base en ese porcentaje,

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia del 2 de septiembre de 2019, Conjuez Ponente Carmen Anaya Castellanos. Expediente 41001-23-33-000-2016-00041-02(220418)Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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liquidar las prestaciones sociales, pues estas se vieron afectadas al haber reducido el salario en un 30 %».

De la misma manera , para dar mayor cla ridad en el tema , explicó que la prima especial de servicios debía ser liquidada de la siguiente manera:

«El ingreso mensual, se debe liquidar de manera que incluya el salario básico más un 30% adicional, a título de prima especial de servicios».

Salario básico: $10.000.000

Prima especial (30%): $3.000.000

Salario más primo: $13.000.000

Total, a pagar al servidor: $13.000.000

«Las prestaciones sociales se deben liquidar sobre la totalidad del salario básico, sin restar ni sumar el 30% de la prima especial de servicios».

Salario básico: $10.000.000

Prima especial (30%): $3.000.000

Base para liquidar prestaciones: $10.000.000

sin restar ni sumar el 30% de la prima especial de servicios».

Salario básico: $10.000.000

Prima especial (30%): $3.000.000

Base para liquidar prestaciones: $10.000.000

2.5.1. Reglas de unificación de la Sentencia SUJ-023 del 15 de diciembre de 2020

«UNIFICAR JURISPRUDENCIA respecto a la prima especial de que trata el artículo 14 de la ley 4ª de 1992 y su reconocimiento a aquellos Fiscales que acogieron al régimen salarial del Decreto 53 de 1993 o que se hayan vinculado de manera posterior a la entidad, en los siguientes términos: 1. La prima especial d