TA SAN - Sentencia 680013333002-2021-00236-02 (29-05-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 16 de abril de 2024 , proferida por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante la cual se concedieron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, la señora Ofelia Barrera Duarte formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso — administrativo, en orden a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Resolución DESAJ

1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 8 índice SAMAI, archivo 02 MEDIO DE CONTROL Nulidad y restablecimiento del derecho RADICADO 680013333002-2021-00236-02

DEMANDANTE

Ofelia Barrera Duarte ofeliabd60@hotmail.com dianacontreras.abogada@outlook.es .

DEMANDADO

Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

DEMANDANTE

Ofelia Barrera Duarte ofeliabd60@hotmail.com dianacontreras.abogada@outlook.es .

DEMANDADO

Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co nurrear@cendoj.ramajudicial.gov.co info@cendoj.ramajudicial.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO Sentencia de segunda instancia TEMA Bonificación Judicial Decreto 383 de 2013 perteneciente al régimen de acogidos.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Ofelia Barrera Duarte

Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Radicado: 680013333002-2021-00236-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

BUR19-5572 del 29 de abril de «2020» Sic proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bucaramanga y ii) acto ficto o presunto que configuró el silencio de la entidad demandada frente a la interposición del recurso de apelación.

En consecuencia, solicitó:

«PRIMERA: INAPLICAR POR INCONSTITUCIONAL E ILEGAL la expresión “constituye “únicamente” factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”

«PRIMERA: INAPLICAR POR INCONSTITUCIONAL E ILEGAL la expresión “constituye “únicamente” factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud” contenida en el artículo primero del No.383 de 2013 modificado por el Decreto 1269 de 2015 modificado a su vez por el Decreto 246 del 2016 y demás modificaciones, por vulneración de los artículos 2º, 27 y 53 de la Carta Fundamental, y la ley 4ta de 1993 en su parágrafo.

SEGUNDA: DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución No. DSAJBUR19-5572 del 29 de abril de 2020, notificada el 24 de julio de 2019 por correo electrónico, mediante el cual la RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA –DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA negó el reconocimiento y pago de la

BONIFICACIÓN JUDICIAL COMO FACTOR SALARIAL.

TERCERA: DECLARAR LA NULIDAD del Acto Ficto Negativo que surgió con ocasión del silencio administrativo negativo al no resolverse el recurso de apelación interpuesto el 25 de julio de 2019.

CUARTA: Que a título de restablecimiento del derecho como consecuencia de la nulidad de los actos administrativos demandados SE ORDENE a LA NACIÓN

• RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA –DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA, reconocer como factor salarial y prestacional la bonificación judicial, creada

• RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA –DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA, reconocer como factor salarial y prestacional la bonificación judicial, creada mediante el Decreto 383 de 2013 modificado por el Decreto No.1269 de 2015, modificado a su vez por el Decreto 246 de 2016 y demás modificaciones.

QUINTA: Que a título de restablecimiento del derecho como consecuencia de la nulidad de los actos administrativos demandados SE ORDENE a LA NACIÓNRAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA –DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL BUCARAM ANGA proceda a reliquidar las prestaciones sociales (prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, prima de vacaciones, cesantías, bonificación por servicios prestados, primas de productividad) y demás prestaciones y emolumentos laborales devengados por mi representada como empleada de la Rama Judicial, y se proceda al pago de las diferencias causadas como consecuencia de la referida reliquidación a partir del 1 de enero de 2013 y en adelante se reconozca y pague la diferencia causada.

SEXTA: Ordenar que las condenas se paguen mediante sumas liquidas de moneda de curso legal en Colombia debidamente indexadas.

SEPTIMA: Se ordene dar aplicación a los artículos 189, 192, 194, 195 del

CPACA.

OCTAVA: Se condene en costas a la parte demandada […]» (Sic en todo el texto)

1.1.2. Fundamentos fácticosNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

CPACA.

OCTAVA: Se condene en costas a la parte demandada […]» (Sic en todo el texto)

1.1.2. Fundamentos fácticosNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Ofelia Barrera Duarte

Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Radicado: 680013333002-2021-00236-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

Como hechos relevantes, la apoderada de la parte demandante señaló los siguientes:

1. La señora Ofelia Barrera Duarte estuvo vinculada a la Rama Judicial desde el 1 de octubre de 1986 hasta el 3 de abril de 2022, razón por la cual es beneficiaria de la bonificación judicial creada mediante el Decreto 383 de 2013 , la cual recibió de manera periódica.

1. La entidad demandada no ha incluido la bonificación judicial como factor salarial al momento de liquidar las prestaciones sociales.

1. En virtud de lo anterior, el 26 de marzo de 2019 presentó derecho de petición ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Bucaramanga, mediante la cual solicitó el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial y la consecuente reliquidación y pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos a que tiene derecho.

1. El 29 de abril de «2020» Sic, mediante Resolución DESAJ BUR19-5572, la entidad demandada dio respuesta a la petición de manera negativa.

prestaciones sociales y demás emolumentos a que tiene derecho.

1. El 29 de abril de «2020» Sic, mediante Resolución DESAJ BUR19-5572, la entidad demandada dio respuesta a la petición de manera negativa.

1. El 25 de julio de 2019, se interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, el cual no ha sido resuelto, motivo por el cual la entidad ha incurrido en silencio administrativo negativo, circunstancia que genera un acto ficto o presunto a través del cual se confirmó la decisión denegatoria.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

En el escrito de la demanda se invocaron como violados los artículos 2, 4, 13, 25, 29 y 53 de la Constitución Política; 2 de la Ley 4 de 1992 y 127 del Código Sustantivo del Trabajo.

En desarrollo del concepto de violación, el apoderado de la parte demandante expuso las siguientes razones:

1. Los actos administrativos demandados resultan violatorios a las normas nacionales y más aún a los tratados internacionales, razón por la cual se debe inaplicar la expresión «constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud», contenida en el artículo 1 del Decreto 383 de 2013.

1. Deben darse todos los efectos jurídicos de salario a la bonificación judicial, toda vez que esta se devenga en forma periódica y como contraprestación directa del servicio, tal y como se estableció por el Consejo de Estado frente al asunto relacionado con la prima especial creada por el artículo 14 de la Ley 4 de

toda vez que esta se devenga en forma periódica y como contraprestación directa del servicio, tal y como se estableció por el Consejo de Estado frente al asunto relacionado con la prima especial creada por el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, antecedente que no solo resulta pertinente y necesario, sino que deja sin argumentos cualquier negativa que en contrario intente erigirse.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Ofelia Barrera Duarte

Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Radicado: 680013333002-2021-00236-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial2

El apoderado de la parte demandada allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos: excepciones nominadas «falta de legitimación en la causa por pasiva », «la demanda no comprende a todos los litisconsortes necesarios»; «caducidad del medio de control»; «ineptitud de la demanda»; excepciones innominadas: «inexistencia del demandado»; «cobro de lo no debido al no haberse ordenado la citación de otras personas que la Ley dispone»; «prescripción» y «excepción de inconstitucio nalidad». A su turno, manifestó que se opone a las pretensiones de la demanda.

Los argumentos para solicitar la denegatoria de las pretensiones de la demanda, se sustentan de la siguiente manera:

manifestó que se opone a las pretensiones de la demanda.

Los argumentos para solicitar la denegatoria de las pretensiones de la demanda, se sustentan de la siguiente manera:

1. En el presente caso, la entidad ha liquidado y pagado la asignación salarial y prestacional de sus servidores, con estricta sujeción a lo previsto en los decretos expedidos por el Gobierno Nacional para cada vigencia fiscal, puesto que estos estipulan que ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido en tales normas, en concordancia con el artículo 10 de la Ley 4 de 1992.

1. Si bien es cierto la entidad opera como ejecutora de los recursos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación para efectos del pago de salarios y prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de esta circunscripción territorial, también lo es, que para cumplir dicha función, la Dirección Ejecutiva se encuentra atada a los Decretos salariales que anualmente expide el Gobierno Nacional.

1. La entidad se ha limitado a dar cumplimiento a la norma que crea la bonificación judicial, en razón a que no tiene facultad para interpretar las leyes e inaplicarlas, puesto que son los jueces en sus respectivos fueros, quienes a través de sentencias ostentan esta competencia.

1.3. La sentencia apelada3

El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante sentencia del 16 de abril de 2024, resolvió:

«PRIMERO: DECLÁRESE la prescripción de derechos laborales frente a las sumas reclamadas con anterioridad al 26 de marzo de 2016, por las razones expuestas.

«PRIMERO: DECLÁRESE la prescripción de derechos laborales frente a las sumas reclamadas con anterioridad al 26 de marzo de 2016, por las razones expuestas.

2 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 27 índice SAMAI, archivo 20 3 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 50 índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Ofelia Barrera Duarte

Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Radicado: 680013333002-2021-00236-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

SEGUNDO: INAPLÍQUESE por inconstitucionalidad la expresión normativa “… y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud” contenido en el artículo 1° del Decreto No. 383 de 2013, y reproducida en los Decretos No. 1269 de 2015, 246 de 2016,1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 903 de 2023, 1581 de 2023 y 0299 de 2024 por las razones expuestas.

TERCERO: DECLARAR la nulidad de los siguientes actos administrativos:

-Resolución DESAJ BUR 19-5572 del 29 de abril de «2020» Sic proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

TERCERO: DECLARAR la nulidad de los siguientes actos administrativos:

-Resolución DESAJ BUR 19-5572 del 29 de abril de «2020» Sic proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

-Del acto administrativo ficto negativo configurado por el silencio guardado por el ente demandado frente al recurso de apelación interpuesto el 25 de julio de 2019.

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNESE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURADIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reliquidar y pagar a favor de OFELIA BARRERA DUARTE todas las prestaciones sociales y factores salariales reconocidos, pagados y causados desde el 26 de marzo de 2016, incluyendo en la base de liquidación como factor salarial, la bonificación judicial creada mediante Decreto 383 de 2013, hasta que dure su vinculación laboral y continúe percibiendo dicho emolumento.

Igualmente deberán revisarse los descuentos de ley y hacer los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social de salud y pensión, pagando las diferencias a que haya lugar, teniendo en cuenta el 100% del salario.

La suma que resulte a favor de los demandantes debe ajustarse de conformidad con el artículo 192 del CPACA hasta la ejecutoria de la sentencia.

La actualización ordenada se hará la aplicando la fórmula que ha sido desarrollada en la parte considerativa de esta sentencia.

QUINTO: Negar las excepciones propuestas por el ente demandado relacionadas con la inexistencia de causa para demandar, inepta demanda,

desarrollada en la parte considerativa de esta sentencia.

QUINTO: Negar las excepciones propuestas por el ente demandado relacionadas con la inexistencia de causa para demandar, inepta demanda, cobro de lo no debido, caducidad y la innominada, por las razones expuestas.

SEXTO: NO CONDENAR en COSTAS ni en AGENCIAS EN DERECHO [,,,] »

(sic en todo el texto)

En lo correspondiente al fondo del asunto, el a quo concedió las pretensiones de la demanda con sustento en los siguientes argumentos:

1. Conforme a las pruebas allegadas, la señora Ofelia Barrera Duarte labora en la Rama Judicial y pertenece al régimen acogido toda vez que devenga mensualmente la Bonificación Judicial.

1. La bonificación judicial le ha sido cancelada en forma continua, mensual y habitual, sin que esta haya sido considerada factor salarial al momento de la liquidación de las demás prestaciones sociales devengadas y reconocidas, situación que es aceptada por la entidad demandada al señalar en la respectiva contestación que el hecho de no computar los valores en la forma en que lo depreca la parte actora, obedece al estricto cum plimiento de lo dispuesto en laNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Ofelia Barrera Duarte

Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Radicado: 680013333002-2021-00236-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

norma que regula la bonificación judicial cuando indica que este emolumento

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

norma que regula la bonificación judicial cuando indica que este emolumento solo constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

1. De conformidad con los fundamentos normativos y jurisprudenciales expuestos la providencia, resulta claro que al reconocerse en forma mensual y constante la bonificación judicial, es factible concluir que dicho reconocimiento no obedece a la mera liberalidad del empleador, sino que consiste en una remuneración directa del servicio, circunstancia que permite considerarla entonces como elemento constitutivo de salario, máxime cuando la propia norma citada estableció que tal bonificación constituye un pago mensual y por lo tanto habitual y periódico, de manera que cumple las características de ser una remuneración fija en dinero y establecida como contraprestación directa del servicio.

1. La bonificación judicial tiene naturaleza salarial en tanto fue creada para nivelar los ingresos y reconocida como un incremento del salario de los servidores de la Rama Judicial, pero al limitarle los efectos que ella causa en la liquidación de las demás prestaciones, ello constituye una disminución final del monto reconocido, por lo tanto e torna en una desmejora en las prestaciones sociales, lo cual se vislumbra como una omisión por parte del Gobierno Nacional de cumplir con el deber contemplado en el literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de

1992.

1. El límite advertido en la incidencia de la liquidación de las prestaciones percibidas por los servidores de la Rama Judicial, a pesar de tratarse la

de cumplir con el deber contemplado en el literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992.

1. El límite advertido en la incidencia de la liquidación de las prestaciones percibidas por los servidores de la Rama Judicial, a pesar de tratarse la bonificación otorgada de una remuneración directa percibida como contraprestación a sus servicios, constituye una restricción que va en contra de la calidad de reconocimiento económico de carácter habitual pagado con ocasión o causa de la labor encomendada, lo que constituye en sí mismo salario y tiene incidencia para reliquidar las demás prestaciones sociales.

1. La bonificación judicial reviste un carácter salarial y tiene incidencia prestacional a partir de su reconocimiento y de forma sucesiva a futuro y hace parte de la asignación mensual, motivo por el cual ostenta el carácter permanente de la remuneración y genera por tanto la obligación de reliquidar las prestaciones sociales y demás factores salariales con base en la totalidad del salario devengado. De allí que en atención al precedente expuesto se determine que la misma es factor salarial y, en este sentido , la expresión «únicamente» contemplada en los artículos 1 de los Decretos 383 de 2013 y 1269 de 2015 deberá ser inaplicada, deberá ser inaplicada, porque implica una violación de principios, contenidos y valores establecidos en el artículo 1 del Convenio 095 de la OIT, el artículo 53 de la Constitución Política y el artículo 2 de la Ley 4 de 1992, al desconocer el concepto de salario en los términos señalados.

1. Con la expedición del Decreto 383 de 2013, el Ejecutivo desconoció los

1992, al desconocer el concepto de salario en los términos señalados.

1. Con la expedición del Decreto 383 de 2013, el Ejecutivo desconoció los postulados internacionales y constitucionales respecto a la aplicación de losNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Ofelia Barrera Duarte

Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Radicado: 680013333002-2021-00236-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

principios de favorabilidad e irrenunciabilidad de los beneficios mínimos consagrados en las normas laborales, así como los objetivos y principios señalados en la Ley 4 de 1992, puesto que, despojó de efectos salariales a la bonificación judicial creada pa ra servidores públicos de la Rama Judicial, vinculados a partir de la expedición o acogidos al Decreto 057 de 1993.

1.4. El recurso de apelación

1.4.1. Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial4

La apoderada de la parte demandada en el recurso interpuesto solicitó revocar la decisión de primera instancia y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. La entidad no cuenta con facultades ni atribuciones en materia de fijación de salarios y prestaciones para los servidores de la Rama Judicial, puesto que su competencia recae únicamente en el Gobierno Nacional, específicamente con la expedición de los Decr etos 383 y 384 de 2013 proferidos con el objeto de

de salarios y prestaciones para los servidores de la Rama Judicial, puesto que su competencia recae únicamente en el Gobierno Nacional, específicamente con la expedición de los Decr etos 383 y 384 de 2013 proferidos con el objeto de establecer la bonificación judicial para esos funcionarios.

1. El a quo le impuso una carga excesiva a la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que no estaba en el deber soportar y le exigió un imposible jurídico al no tener en cuenta dicha normatividad comoquiera que es con base en sus dictados que se reconocen y pagan las remuneraciones en la entidad.

1. Aunado a lo anterior, dado que la responsabilidad no le asiste a la Rama Judicial y sí al Gobierno Nacional, la prosperidad de las pretensiones involucra necesariamente la inaplicación del Decreto 383 y, en consecuencia, para el pago de emolumentos que no se encuentran contemplados en los cálculos efectuados por la Rama Judicial se deberá acudir por mandato de Ley al ejecutivo, es decir, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que proceda a la asignación de recursos adicionales a la entidad que no están amparados en las finanzas públicas, lo cual implica la alteración del Presupuesto General de la Nación.

1. Frente a las excepciones de «falta de legitimación en la causa por pasiva», «la demanda no comprende a todos los litisconsortes necesarios», «caducidad del medio de control», «inexistencia del demandado» e «ineptitud de la demanda», insiste en que deben ser declaradas probadas.

1.5. Trámite de segunda instancia

Por auto del 2 de abril de 20255 se admitió el recurso de apelación interpuesto y

la demanda», insiste en que deben ser declaradas probadas.

1.5. Trámite de segunda instancia

Por auto del 2 de abril de 20255 se admitió el recurso de apelación interpuesto y se ordenó la notificación personal al Ministerio Público y a las partes por estado.

4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 52 índice SAMAI. 5 Expediente digital, actuación 34 índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Ofelia Barrera Duarte

Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Radicado: 680013333002-2021-00236-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

1.6. Alegatos de conclusión

1.6.1. Parte demandante

No presentaron

1.6.2. Parte demandada

No se presentaron.

1.6.3. Concepto del agente del Ministerio Público:

No se presentaron.

2. Consideraciones

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación adelantada, y luego de verificar que se hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo del asunto, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia.

2.1. Cuestión previa

En el presente asunto , se advierte que el acto administrativo demandado , esto es, la Resolución DESAJ BUR 19-5572 mediante el cual se dio respuest a a la

2.1. Cuestión previa

En el presente asunto , se advierte que el acto administrativo demandado , esto es, la Resolución DESAJ BUR 19-5572 mediante el cual se dio respuest a a la reclamación administrativa data del 29 de abril de 2020 ; empero, en criterio de la Sala , debería corresponder al año 2019, comoquiera que la petición fue radicada el 26 de marzo de 2019, el acto administrativo fue notificado el 24 de julio de 2019 y el recurso de apelación que originó el acto ficto se radicó el 25 de julio de 2019.

Sin perjuicio de lo anterior , la Sala mantendrá la fecha del acto administrativo para la declaratoria de nulidad.

2.2. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial, razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2.3. Problema jurídico

De acuerdo con los argumentos planteados en el fallo de primera instancia y en el escrito de apelación, le corresponde a la Sala establecer i) si la demandante tiene derecho a que se le reconozca la bonificación judicial como factor salarialNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Ofelia Barrera Duarte

Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Radicado: 680013333002-2021-00236-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura

Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Radicado: 680013333002-2021-00236-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

para la liquidación de prestaciones sociales, y, en consecuencia, si hay lugar a declarar la nulidad del acto administrativo demandado ; y ii) si es procedente la inaplicación por inconstitucionalidad las expresiones «únicamente» y «para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud», contenidas en el artículo 1 del Decreto 383 de 2013, por medio de la cual se creó la bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial.

2.4. Marco normativo

2.4.1. De la bonificación judicial

El régimen salarial y prestacional de los empleados públicos corresponde al Gobierno Nacional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 numeral 19 literal e) de la Constitución Política; dicho mandato constitucional, fue materializado en el literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992 6, según los parámetros previstos en el artículo 2 ídem.

A su turno, con base en dichas normas generales, objetivos y criterios, el presidente de la República de Colombia, mediante el Decreto 383 de 2013, creó la denominada bonificación judicial para los servidores de la Rama Judicial que se rigieran por lo establecido en el Decreto 53 de 1993, a partir del 1 de enero de 2013, con base en la escala de valores consagrada en el artículo 1 para cada cargo.

se rigieran por lo establecido en el Decreto 53 de 1993, a partir del 1 de enero de 2013, con base en la escala de valores consagrada en el artículo 1 para cada cargo.

Los artículos 1 y 2 del Decreto 383 de 2013 son del siguiente tenor literal:

«ARTÍCULO 1. Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el Decreto 874 de 2 012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1º de enero de 2013, se percibirá mensualmente, mientras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde para cada año en las siguientes tablas, así: […]

PARÁGRAFO. La bonificación judicial creada en el presente artículo se ajustará a partir del año 2014 de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor (IPC) del dos por ciento (2%) respecto del valor de la bonificación asignada en el año inmediatamente anterior.

En el evento en que la variación del índice de Precios al consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para las vigencias fiscales de los años 2014 a 2018 inclusive, sea diferente al dos

En el evento en que la variación del índice de Precios al consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para las vigencias fiscales de los años 2014 a 2018 inclusive, sea diferente al dos

6 a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales (subrayado no original)Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Ofelia Barrera Duarte

Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Radicado: 680013333002-2021-00236-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

por ciento (2%) proyectado para el valor de la bonificación judicial para los mismos años, el Gobierno Nacional ajustará las tablas correspondientes para la respectiva vigencia en la diferencia q