TA SAN - Sentencia 680013333002-2022-00009-01 (28-05-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE. FRANCY DEL PILAR PINILLA PEDRAZA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Bucaramanga, veintiocho (28) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

RADICADO: 680013333002-2022-00009-01

LINK ACCESO SAMAI: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/ list_procesos.aspx?guid=680013333002202200009

016800123

MEDIO DE CONTROL: Reparación Directa

DEMANDANTES: Luís Gabriel Guerrero Pinto, Estefanía Pinto y Erika

Tatiana Celis Pinto jhonserranof@gmail.com aperitivosoro78@hotmail.com

DEMANDADO: Departamento de Santander

notificaciones@santander.gov.co ln.equintero@santander.gov.co johanna_quintero.abog@yahoo.es melecioquinto.arias@hotmail.com

MINISTERIO PÚBLICO: Procuraduría 159 Judicial II Para Asuntos

Administrativos nmgonzalez@procuraduria.gov.co TEMA: Aprehensión de mercancía de establecimiento comercial / inactividad de la administración en la decisión de fondo del proceso administrativo por defraudación de rentas departamentales / afectación patrimonial / no devolución mercancía / perjuicios causados

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos tanto por la parte actora como

decisión de fondo del proceso administrativo por defraudación de rentas departamentales / afectación patrimonial / no devolución mercancía / perjuicios causados

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos tanto por la parte actora como por la parte demandada contra la sentencia del 19 de febrero de 2025, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga dentro del asunto de la referencia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I – ANTECEDENTES

1. Fundamentos fácticosReparación Directa 680013333002-2022-00009-01

Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:

1.1. Desde el año 2007 el señor Luis Gabriel Guerrero Pinto ejerce la producción y comercialización de aperitivos especiales («crema de whisky»; «aperitivo de vodka»; «aperitivo de whisky», entre otros productos); productos que tiene registro sanitario expedido por el INVIMA.

1.2. El día 26 de diciembre del 2017 en las instalaciones de la empresa productora de aperitivos representada por el señor Guerrero Pinto, se llevó a cabo operativo por parte de la dirección de hacienda del departamento de Santander, que culminó con «la aprehensión de mercancía e insumos compuesta por 475 unidades de producto, adicionalmente 05 bolsas de tapa dual lisa, 8 rollos de etiquetas de 375 ml y 750 ml que consta de: etiqueta metalizada de 375 ml, etiqueta metalizada en polipropileno King Mac Yas cara y dorso y etiqueta metalizada en polipropileno King Mac Yas de 750 ml cara y dorso, 5 paquetes

etiqueta metalizada en polipropileno King Mac Yas cara y dorso y etiqueta metalizada en polipropileno King Mac Yas de 750 ml cara y dorso, 5 paquetes de etiquetas de termo incogible en pet de alta retracción de aperitivo vodka de cereza y vodka de naranja (que no fueron relacionadas en el acta de aprehensión pero sí consta en los videos de seguridad de la empresa)».

1.3. El operativo tuvo una duración aproximada de 2 horas y en él se cometieron una serie de irregularidades en el procedimiento de aprehensión , invocándose como fundamento de esta la presunta comisión de infracción y/o incumplimiento a la Ordenanza 077 del 2014, en su artículo 575, conforme Acta de Aprehensión N° 2017-218, desconociendo que la empresa cumple con todos los requisitos legales y sanitarios requeridos por el Estado.

1.4. El día 6 de julio de 2018, es decir, seis meses y diez días después del operativo que dio lugar a la aprehensión de los productos e i nsumos, el señor Guerrero Pinto fue notificado del pliego de cargos contenido en la Resolución N° 09579 del 20 de junio de 2018, por presuntamente no tener registrados los productos en la Secretaría de Hacienda Departamental y no acreditar el pago de impuesto, entre otros cargos; otorgándole el plazo legal de veinte días hábiles para pronunciarse sobre el acto administrativo.

1.5. Encontrándose dentro del término legal concedido, el 6 de agosto de 2018 Luis Gabriel Guerrero Pinto radicó contestación al pliego d e cargos dirigida a la Dirección de Ingresos del Departamento, bajo el radicado 20180134387.

Gabriel Guerrero Pinto radicó contestación al pliego d e cargos dirigida a la Dirección de Ingresos del Departamento, bajo el radicado 20180134387.

1.6. Transcurrido más de un año desde la contestación al pliego de cargos, sin haber obtenido respuesta alguna por parte de la Gobernación de Santander de conformidad con la Ordenanza 077 de 2014, se iniciaron los trámites para solicitar el silencio administrativo positivo, con las siguientes actuaciones: protocolización del silencio administrativo positivo en la Notaría Tercera del Círculo de Bucaramanga a través de l a Escritura Pública 2855 del 25 de septiembre de 2019, y notificación de lo anterior a la Gobernación de Santander mediante oficio 20200009883 proceso 1705293 del 28 de enero del 2020.Reparación Directa 680013333002-2022-00009-01

1.7. Mediante Resolución 02873 de 2020 el Director de Ingresos del Departamento de Santander declaró configurado el silencio administrativo positivo y como consecuencia ordenó el archivo del proceso 003 de 2018 que dio lugar a la aprehensión de los productos e insumos; autorizó la devolución de los productos aprehendidos previa v erificación del análisis fisicoquímico que determinara si eran aptos para el consumo humano, y ordenó que los demás insumos y mercancías vigentes fueran devueltos.

1.8. El día 4 de agosto de 2020 Luis Gabriel Guerrero Pinto presentó derecho de petición vía cor reo electrónico al Departamento de Santander solicitando: «PRIMERO: Con base en el numeral 4 de la parte considerativa de la Resolución

1.8. El día 4 de agosto de 2020 Luis Gabriel Guerrero Pinto presentó derecho de petición vía cor reo electrónico al Departamento de Santander solicitando: «PRIMERO: Con base en el numeral 4 de la parte considerativa de la Resolución 02873 de 2020, solicita remisión de copia informal del auto comisorio que dio origen al acta de aprehensión No. 2017218 del 26 de diciembre de 2017, nombre y cargo de los funcionarios que realizaron el operativo de aprehensión de los productos e insumos.

SEGUNDO: Con base en el acta de aprehensión No. 2017218 del 26 de diciembre de 2017, solicita mi prohijado le remitan copia informal del formato que registró la cadena de custodia de los productos e insumos aprehendidos. TERCERO: De acuerdo con el numeral 3 de la parte resolutiva de la mencionada resolución, solicita mi prohijada acta de destrucción de los productos aprehend idos y el respectivo documento contentivo del análisis fisicoquímico el cual dio lugar a la destrucción.»

1.9. Se emitió una respuesta el 27 de agosto de 2020 que no resolvió de fondo lo peticionado, lo que motivó la interposición de una acción de tutela, tram itada bajo el radicado 2020-066, dentro de la que se amparó el derecho fundamental de petición mediante fallo del 11 de septiembre de 2020 , ofreciéndose una respuesta de fondo el día 15 de septiembre de 2020 remitiendo los siguientes documentos: «- Certificado expedido por Almagrario de mercancía aprehendida - Relación de inventario existente en el proceso 2017218 - Análisis fisicoquímico - Nueva respuesta al derecho de petición».

documentos: «- Certificado expedido por Almagrario de mercancía aprehendida - Relación de inventario existente en el proceso 2017218 - Análisis fisicoquímico - Nueva respuesta al derecho de petición».

1.10. Los documentos remitidos contienen las siguientes inconsistencias e irregularidades:

«- Inventario aperitivo: En el documento donde relacionan lo aprehendido que se encuentra almacenado en las bodegas de Almagrario indican que solo existe en aperitivos la cantidad de 461 botellas incautadas, sin embargo, en el acta de aprehensión No 2017218 y resolución de pliego de cargos No 00 - 9579 de 2018, establecen que decomisaron 475 botellas de aperitivo.

• Inventario insumos: En la misma resolución y acta No 2017218 indicaron que aprehendieron 8 rollos de etiquetas metalizadas de cara y dorso de 375 y 750 marca King Mac Yas, no obstante, en la relación de inventario de lo almacenado en Almagrario no se dice nada de esos 8 rollos […] tampoco relacionaron los 5 rollos de etiqueta pet termoencogible de alta retracción de vodka y cereza, tal como se prueba con el video aportado.

• Respuesta al derecho de petición (punto 1): […] el departamento nunca allegó el auto comisorio que dio origen al acta de aprehensión 2017218 porque según lo descrito “lo iban a conseguir”, sin embargo en la respuesta allegada aceptan que lo solicitado no está disponible en el despacho, lo que muestra nuevamente la negligencia eReparación Directa 680013333002-2022-00009-01

inoperancia de la gobernación a través de su oficina de rentas departamentales, lo que

está disponible en el despacho, lo que muestra nuevamente la negligencia eReparación Directa 680013333002-2022-00009-01

inoperancia de la gobernación a través de su oficina de rentas departamentales, lo que permite la inferencia que no existió acto administrativo que ordenara el operativo, configurándose de ese modo una vía de hecho por parte de la administración departamental la cual causó un perjuicio que debe ser resarcido.

• Respuesta al derecho de petición (punto 2): Allegan en un folio la supuesta cadena de custodia de los elementos aprehendidos pero la misma reviste de graves inconsistencias tales como: i) Un simple certificado NO es un docum ento idóneo que haga las veces de formato de cadena de custodia, máxime cuando el formato real es el que aporto como prueba y el cual se identifica con código AP-GF-RG-43 aprobado por gestión de calidad de la Gobernación.; ii) En esa certificación las bodegas de Almagrario afirman haber recibido lo aprehendido desde el mes de enero de 2019 a pesar de que el operativo se llevó a cabo el día 26 de diciembre de 2017.

• Respuesta al derecho de petición (punto 3): Afirman que no existe acta de destrucción tod a vez que los productos siguen custodiados en las bodegas de Almagrario a la espera del trámite de entrega de los mismos, lo que a todas luces contradice la respuesta del 27 de agosto en donde indicaron que los productos no son aptos para el consumo humano y por ende se deben destruir.»

1.11. La Gobernación de Santander a través de la Oficina de Ingresos fue

indicaron que los productos no son aptos para el consumo humano y por ende se deben destruir.»

1.11. La Gobernación de Santander a través de la Oficina de Ingresos fue negligente en todo su actuar, no solo por el hecho del mal procedimiento en la aprehensión sino también por no contestar las peticiones de fondo con fallo de tutela siquiera, así como por la inoperancia para llevar al final el proceso del cual se formuló pliego de cargos y que finalizó declarando el silencio administrativo positivo, ordenando también la entrega, que hasta ahora no se ha hecho, de los insumos aprehendidos que , no los devolverán porque no tienen todo lo aprehendido.

1.12. Se atentó contra los derechos de los demandantes y se menoscabó su patrimonio; el buen nombre de Luis Gabriel Guerrero Pinto y de su familia se puso en entredicho, así como el goodwill de su empresa, causando un perjuicio irremediable que a luces del artículo 90 de la Constitución Política y el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo debe ser resarcido por la administración.

2. Pretensiones.

Se sintetizan de la siguiente manera:

2.1 Declarar que la entidad demandada es administrativa y extracontractualmente responsable, por los perjuicios materiales y morales causados a los demandantes, por cuenta de la aprehensión arbitraria de mercancía e insumos del establecimiento comercial de nombre ORO 7 8 SPECIAL, con matrícula mercantil: Luis Gabriel Guerrero Pinto, el día 26 de diciembre de 2017, que a la fecha no han sido devueltos a las víctimas, hechos que derivaron en la configuración del silencio

Guerrero Pinto, el día 26 de diciembre de 2017, que a la fecha no han sido devueltos a las víctimas, hechos que derivaron en la configuración del silencio administrativo positivo el 25 de septiembre de 2019 y cuya responsabilidad seReparación Directa 680013333002-2022-00009-01

deriva de las irregularidades en el proceso de aprehensión, la resolución que abrió pliego de cargos de aprehensión de mercancía, y con posterioridad la inactividad por parte de Rentas Departamental de la Gobernación, sin emitir decisión de fondo sobre el proceso, además de no acoger la solicitud de las víctimas de devolución de mercancía en insumos, causando perjuicios morales y detrimento patrimonial.

2.1 Condenar a la entidad demandada, al pago de la indemnización de los perjuicios materiales y morales a la víctima directa (Luis Gabriel Guerrero Pinto), y de los perjuicios morales a las víctimas indirectas (Est efanía Pinto, Erika Tatiana Celis), al existir una falla probada en el procedimiento desplegado por Renta Departamental de la Gobernación, desde el día 26 de diciembre de 2017 en el operativo de apre hensión de insumos y mercancía, en la Resolución que abrió pliego de cargos de aprehensión de mercancía, y con posterioridad la inactividad por parte de la entidad , sin emitir decisión de fondo sobre el proceso, además de no acoger la solicitud de las víctimas de devolución de mercancía en insumos, hechos que derivaron en la configuración del silencio administrativo positivo; perjuicios que no estaban en la obligación de soportar por cuenta de la inoperancia

no acoger la solicitud de las víctimas de devolución de mercancía en insumos, hechos que derivaron en la configuración del silencio administrativo positivo; perjuicios que no estaban en la obligación de soportar por cuenta de la inoperancia del Estado a través de la Gobernación de Santander, quien está obligada a reconocer la suma de trecientos setenta y seis millones doscientos cuarenta y cinco mil trescientos pesos moneda corriente legal colombiana ($376.245.300).

3. Contestación de la demanda

El Departamento de Santander se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, señalando, como fundamento de su oposición:

La entidad acató sus obligaciones administrativas y adelantó los trámites pertinentes que dieron lugar a la aprehensión de la mercancía con irregularidad en registro, sin contar con el acta de producción que justificara su existencia ni la señalización correspondiente, además, de mercancía destinada a producción como bolsas de tapas y etiquetas, procediéndose a suscri bir acta de aprehensión N° 2017-218, por considerarse como una conducta infractora de la Ordenanza 077 de 2014, que fue desarrollada bajo los parámetros establecidos por la Ley, y el debido proceso.

Los presuntos daños aducidos, en caso de existir, no fu eron ni son causa de la aprehensión de mercancía realizada bajo todos los parámetros legales que se requieren para tal fin, y n o existe soporte probatorio que determine los presuntos daños; el accionante no prueba perjuicios patrimoniales a través de sopor tes contables, que determinen haber existido detrimento patrimonial, que no sea por

requieren para tal fin, y n o existe soporte probatorio que determine los presuntos daños; el accionante no prueba perjuicios patrimoniales a través de sopor tes contables, que determinen haber existido detrimento patrimonial, que no sea por causa extraña a una presunta falla en el servicio, que no existió, y que la aprehensión efectuada por el Departamento es por culpa exclusiva de la víctima, al omitir la legalidad de dicha mercancía.

El artículo 215 de la Ley 223 de 1995 impone a los productores, como para el caso, la obligación de registrarse ante la Secretaria de Hacienda Departamental, con el finReparación Directa 680013333002-2022-00009-01

de legalizar los productos que producirá y por ende, comer cializará, lo cual no se dio, al constatarse que la mercancía aprehendida no se encontraba registrada y por ende, su producción es ilegal, no habiéndose aportado acta de producción a pesar de haberse solicitado en diversas oportunidades, incluso, dentro de l operativo mismo, dentro del que se encontró la mercancía sin la señalización requerida, es decir, sin estampilla.

Como excepciones de fondo invoca las siguientes: inexistencia de responsabilidad administrativa y extracontractual; culpa exclusiva de la víctima; inexistencia de daños y genérica.

II. LA SENTENCIA APELADA

El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante sentencia del 19 de febrero de 2025, declaró la responsabilidad del Departamento de Santander – Secretaría de Hacienda Departamental por los daños causados al señor Luis Gabriel Guerrero Pinto, propietario del establecimiento de comercio

sentencia del 19 de febrero de 2025, declaró la responsabilidad del Departamento de Santander – Secretaría de Hacienda Departamental por los daños causados al señor Luis Gabriel Guerrero Pinto, propietario del establecimiento de comercio ORO 78 SPECIAL (numeral primero); condenó al Departamento de Santander – Secretaría de Hacienda Departamenta l a pagar por concepto de daño material la suma de diez millones ciento setenta y ocho mil sesenta y dos pesos con cincuenta centavos ($10.178.062.50) en favor del señor Luis Gabriel Guerrero Pinto, en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ORO 78 SPECIAL (numeral segundo); denegó las demás pretensiones de la demanda (numeral tercero); y se abstuvo de condenar en costas (numeral cuarto).

Como sustento de su decisión tuvo por acreditado que, «el Departamento de Santander incurrió en una falla en el servicio por el retardo injustificado en la adopción de la decisión del procedimiento administrativo y la confirmación o no de sus argumentos, para proceder con la destrucción de los bienes incautado s o su devolución al propietario, con ello, privó al propietario de Oro 78 Special de ejercer su actividad por un tiempo que se extendió más del necesario y le vulneró su derecho al debido proceso».

Consideró que «no resultó razonable la tardanza en que i ncurrió el Departamento de Santander para sancionar al actor o para disponer el archivo del expediente administrativo abierto en su contra, evidenciando una afectación al principio de celeridad que debe gobernar toda actuación administrativa, de lo cual se infiere que la tardanza injustificada en la resolución o definición del procedimiento llevó a que

administrativo abierto en su contra, evidenciando una afectación al principio de celeridad que debe gobernar toda actuación administrativa, de lo cual se infiere que la tardanza injustificada en la resolución o definición del procedimiento llevó a que los bienes objeto de aprehensión se perdieran y por tanto, se generó un daño que es susceptible de ser reparado por la Administración».

Tuvo por acreditada la falla en el servicio y el daño referido en la indisponibilidad directa de los bienes para proseguir con el ciclo de producción hasta su comercialización final, predicando la existencia de un daño antijurídico que el demandante no estaba en la obligación de soportar, bajo el entendido, no de la aprehensión, sino de la mora en el procedimiento de definición de la actuaciónReparación Directa 680013333002-2022-00009-01

administrativa desplegada , al incurrir la administración pública departamental de Santander en una falla en el servicio por el retardo injustificado en la decisión de fondo que está relacionado directamente con el perjuicio alegado por la parte actora, cual es, la pérdida de los bienes objeto de incautación, pues ya los mismos, a pesar de que existieren, la orden de devolución sería inocu a, pues, para la fecha de adopción de esta decisión ya han perdido sus propiedades organolépticas y demás características para servir como bebidas distribuibles para el consumo humano.

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

1. Parte demandante Interpone oportunamente el recurso de apelación, invocando como fundamentos

relevantes, los siguientes:

• La génesis de la falla del servicio en que incurrió el Departamento de Santander no

1. Parte demandante Interpone oportunamente el recurso de apelación, invocando como fundamentos

relevantes, los siguientes:

• La génesis de la falla del servicio en que incurrió el Departamento de Santander no es solo el retardo injustificado en la actuación, sino la ilicitud de la mi sma, pues, como se probó en el proceso con los testimonios y las pruebas documentales, la aprehensión carecía de justificación, como incluso fue reconocido por la entidad demandada con el mismo silencio administrativo positivo.

• El fallo recurrido indica que no se puede cuestionar la legalidad de la aprehensión por ser un simple acto preparatorio para la actuación administrativa, desconociéndose que, al interior del ordenamiento Colombiano la incautación de bienes, tales como los aperitivos alcohólicos por parte de las autoridades de control, deben estar debidamente justificadas y fundamentadas en normas legales, ya que la ausencia de estas acarrea la vulneración de los derechos fundamentales como el debido proceso e incluso la dignidad humana.

En el sub lite, se acredita, no sólo que el acta de aprehensión carece de los requisitos legales para su validez, pues incluso se observa que en la misma no se realizó el inventario completo, está llena de tachones, no se indica la causa de la aprehensión entre otros, sino que, quedó probado que no era procedente dicha incautación, toda vez que los funcionarios que realizaron el operativo desconocían la normatividad respecto de la producción de aperitivos alcohólicos; producción respaldada por la Ley 1816 de 2016, la Ordenanza 077 de 2014, el Decreto 1686 de 2012.

Está probado en el proceso que los productos incautados gozaban de permiso

Ley 1816 de 2016, la Ordenanza 077 de 2014, el Decreto 1686 de 2012.

Está probado en el proceso que los productos incautados gozaban de permiso sanitario, de lo cual se informó al personal encargado del operativo arbitrario y el cual se negó a revisar la documentación que se le presentó y manifestó al personal que presidió esta vulneración en la empresa fabricadora.

• La razón por la cual se realizó la aprehensión era porque al sentir de los funcionarios y que fue replicado durante todo el proceso por la representante de l departamento, se debía incautar dicha mercancía por no tener estampilla desconociendo que el procedimiento que debió seguirse conforme a la normatividad aplicable y como fue explicado por los testigos, teniendo en cuenta además, que se trataba de un producto que era la primera vez que se producía; procedimiento queReparación Directa 680013333002-2022-00009-01

fue desconocido por los funcionarios que realizaron el operativo y que tornaba improcedente la incautación de los elementos.

• Todos los elementos incautados tenían permiso INVIMA para producc ión y se encontraban en esa etapa de producción, por lo cual no había salido a la venta, era la primera producción de dichos productos y por ende no había iniciado la actividad de venta, por lo cual los demandantes estaban a la espera de la reacción del producto para, una vez estuviera terminado , poder asistir a la Gobernación y pedir estampillas, para lo cual, ahí sí, se hacía necesario la inscripción en el sistema maestro.

• Lo ajustado a derecho y a la práctica probatoria era declarar que la falla en el

estampillas, para lo cual, ahí sí, se hacía necesario la inscripción en el sistema maestro.

• Lo ajustado a derecho y a la práctica probatoria era declarar que la falla en el servicio se originó no solo (que también es una falla en el servicio) por no adelantar el proceso, sino por realizar la aprehensión de los elementos en un operativo cuya legalidad no fue demostrada en el proceso y en cambio sí se demostró que la misma fue arbitraria y que los funcionarios no tenían justificación para ello. - Los perjuicios materiales y morales denegados por el a -quo, se encuentran acreditados en el plenario a través de medio s de prueba que no fueron valorados, lo que cercena la práctica surtida dentro del presente trámite.

Concluye la parte actora que, la falla en el servicio se dio desde el mismo momento en el que se realizó el operativo de aprehensión, procedimiento que, aunado a la demora injustificada en el procedimiento administrativo generó perjuicios tanto materiales como morales, no solo al señor Luis Gabriel Guerrero Pinto sino también a las señoras Estefanía Pinto y Erika Tatiana Celis, por ser la empresa el único lugar del cual provenía sus ingresos y haber tenido que soportar también la aflicción producto de dicha falla en el servicio.

Solicita se revoque parcialmente la sentencia recurrida y se condena a la entidad demandada al reconocimiento de los perjuicios materiales y los perjuicios morales en los montos solicitados en la demanda.

2. Parte demandada

El Departamento de Santander recurre la sentencia de primera instancia, invocando como fundamentos relevantes, los siguientes:

• Existió una falta de congruencia entre la motivación de la decisión emitida el 19 de

2. Parte demandada

El Departamento de Santander recurre la sentencia de primera instancia, invocando como fundamentos relevantes, los siguientes:

• Existió una falta de congruencia entre la motivación de la decisión emitida el 19 de febrero de 2025 y la fijación del litigio, lo que constituye una clara, directa y grave afectación al derecho de defensa, contradicción y debido proceso de la parte demandada, a quien el fallador sorprende con una falla del servicio distinta, arguyendo que el daño deriva no de la aprehensión, sino de la mora en el procedimiento de definición de la actuación administrativa desplegada.

• A partir de los parámetros que el juez señal ó para delimitar el asunto litigioso, resultaba lógico y evidente que la defensa técnica del ente territorial se dirigiera yReparación Directa 680013333002-2022-00009-01

concentrara en debatir y desvirtuar la presunta aprehensión arbitraria, la que fue desestimada a partir de las pruebas practicadas que permiten tener por acreditado que, la inspección adelantada el 26 de diciembre de 2017 se avino al ordenamiento jurídico, en tanto se practicó por parte de funcionarios del ente territorial, al amparo de la potestad de la que está investida la administ ración departamental para aprehender y decomisar mercancías sometidas al impuesto al consumo, conforme lo reglado en los artículos 200 y 222 de la Ley 223 de 1995.

• No fueron valoradas las pruebas practicadas, a partir de las cuales se acreditó que el re gistro de contribuyentes se obtuvo varios meses después del operativo

lo reglado en los artículos 200 y 222 de la Ley 223 de 1995.

• No fueron valoradas las pruebas practicadas, a partir de las cuales se acreditó que el re gistro de contribuyentes se obtuvo varios meses después del operativo censurado por los demandantes, siendo un deber registrar ante el ente territorial los productos al inicio de la actividad. Pese a la amplia trayectoria en ese sector comercial por parte de los demandantes, optaron por no registrar los productos ante la Secretaría de Hacienda Departamental, de ahí que, al momento de efectuar el operativo del 26 de diciembre de 2017, no contaban con el registro correspondiente, configurándose la causal de a prehensión, prevista en los artículos 200 y 222 de la Ley 223 de 1995.

• No se acreditó la presunta arbitrariedad en la diligencia de aprehensión, en tanto, el decomiso de productos obedeció a una medida necesaria y procedente como consecuencia del incumplimiento a la normatividad vigente y aplicable, en tanto no estaban registrados los productos en la Secretaría de Hacienda Departamental

(dicho registro se produjo meses después el 05 de septiembre de 2018), tornándose procedente la aprehensión efectuada en la diligencia del 26 de diciembre de 2017. La afirmación sobre la condición de cuarentena de los productos, no fue acreditada por los actores, como quiera que no se aportó prueba de la existencia de orden de producción luego ha de desecharse esa teoría que pretende sostener la parte actora.

Se demostró ampliamente que los productos decomisados no cumplían con el registro exigido por las normas que regulan la materia, de ahí que se trata de aperitivos que fueron producidos sin la pl enitud de los requisitos legales que el

Se demostró ampliamente que los productos decomisados no cumplían con el registro exigido por las normas que regulan la materia, de ahí que se trata de aperitivos que fueron producidos sin la pl enitud de los requisitos legales que el ordenamiento impone, razón por la que su decomiso no implica afectación alguna a un bien jurídicamente tutelado.

• De otra parte, no existe prueba que respalde l a falla del servicio por retardo injustificado en la d ecisión de fondo a la que fue condenada la entidad , frente a lo cual el a-quo predicó que, la orden de devolución seria inocua, pues para la fecha de adopción ya han perdido sus propiedades organolépticas y demás características para servir como bebidas di stribuibles. Lo anterior, no pasa de ser una conjetura que, además, fue desconocida en la audiencia inicial y que impidió que fuese controvertida.

No devenía procedente la devolución de los productos decomisados; la administración departamental nunca admi tió que devolvería los productos decomisados; al contrario, existe pronunciamiento de fondo, visible en el oficio forest 1771773 del 26 de junio de 2020, indicando que no era procedente la devolución deprecada.Reparación Directa 680013333002-2022-00009-01

• La inactividad de la administración de cara al proceso sancionatorio, que originó el silencio administrati