TA SAN - Sentencia 680013333002-2023-00202-01 (22-10-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, veintidós (22) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 31 de marzo de 2025 por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

MEDIO DE CONTROL Protección de los derechos e intereses colectivos EXPEDIENTE 680013333002-2023-00202-01 DEMANDANTE Jaime Orlando Martinez García derechoshumanosycolectivos@gmail.com

DEMANDADO

Municipio de Bucaramanga notificaciones@bucaramanga.gov.co fajerezf@bucaramanga.gov.co

VINCULADOS

Marko Quito Dolor markoquitodolor07@gmail.com

Georgina Vesga Entralgo hospihogarltda@hotmail.com quirogaavilaabogados@gmail.com

German Torres Prieto germantp@hotmail.com

Álix Pinilla Vásquez alix.pinilla@gmail.com

Carmenza Naranjo Trujillo cnaranjot@gmail.com

MINISTERIO PÚBLICO

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co

alix.pinilla@gmail.com

Carmenza Naranjo Trujillo cnaranjot@gmail.com

MINISTERIO PÚBLICO

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO Sentencia de segunda instancia TEMA Invasión del espacio público andenes. Goce del espacio públicoProtección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: municipio de Bucaramanga Radicado: 680013333002-2023-00202-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos consagrados en el artículo 1 44 del CPACA, el señor Jaime Orlando Martínez García formuló demanda a nte la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, en orden a que se declare la vulneración de los derechos colectivos de que trata el numeral g) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998.

En consecuencia, solicitó:

«1-Se decrete mediante sentencia que el municipio de Bucaramanga o al que corresponda, se encuentra vulnerando los derechos colectivos, al no haber exigido la construcción HACIA EL INTERIOR del terreno la nueva LINEA DE PARAMENTO OFICIAL sin cerramientos de l antejardín en la fachada principal (Predio medianero) en el sitio que le corresponde por remisión expresa del Plan

exigido la construcción HACIA EL INTERIOR del terreno la nueva LINEA DE PARAMENTO OFICIAL sin cerramientos de l antejardín en la fachada principal (Predio medianero) en el sitio que le corresponde por remisión expresa del Plan de Ordenamiento Territorial, el Manual de Diseño y Construcción del Espacio Público de Bucaramanga y demás normas concordantes. (Ver inform e técnico, área de la infracción: ESPACIO PUBLICO ES DE 38,41 m2).

2-Ordénese al municipio de Bucaramanga en cabeza del señor alcalde o quien haga sus veces al momento en que se emita el FALLO de la presente acción pública, o a los posibles responsables de la vulneración de los derechos

colectivos, REALIZAR LAS OBRAS CIVILES NECESARIAS DE DEMOLICIÓN

DEL CERRAMIENTO DEL ANTEJARDIN, componente del ESPACIO PUBLICO.

(Ver informe del técnico las conclusiones).

3-Ordénese al municipio de Bucaramanga en cabeza del señor alcalde o quien haga sus veces al momento en que se emita el FALLO de la presente acción pública, o posibles responsables de la vulneración de los derechos colectivos,

REALIZAR LAS OBRAS AMBIENTALES Y/O PAISAJISMO NECESARIAS EN

EL ANTEJARDIN REC UPERANDOLO CON LA SIEMBRA DE ARBOLES,

PRADOS O MATERIAL VEGETAL CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A

LAS NORMAS CONCORDANTES SOBRE EL TEMA -Plan de Ordenamiento Territorial.

4-Ordénese al municipio de Bucaramanga en cabeza del señor alcalde o quien haga sus veces al momento en que se emita el FALLO de la presente acción pública, o a los supuestos responsables de la vulneración de los derechos

Territorial.

4-Ordénese al municipio de Bucaramanga en cabeza del señor alcalde o quien haga sus veces al momento en que se emita el FALLO de la presente acción pública, o a los supuestos responsables de la vulneración de los derechos colectivos, LA CONSTRUCCION DEL PERFIL VIAL con cada uno de los COMPONENTES EL ESPACIO PUBLICO por orden expresa del P.O.T. y como lo ordena la norma urbanística para la parte exterior de la fachada del predio, en concordancia con el Manual de Diseño Y Construcción del Espacio Público de Bucaramanga-MEPB, siendo vinculante el MEPB, igualmente como lo ordena el Decreto No.1538 de 2005, en los artículos: 2,3,8 y 13; se trascriben (Ver adjunto en PDF el citado decreto): […]

5-Que mediante sentencia al accederse a las pretensiones de la demanda, el operador judicial dé un término prudencial no mayor a un (01) mes al que corresponda, para que rinda informe escrito al despacho judicial manifestando el cumplimiento de la sentencia al terminar las obras, de no hacerse presentado al final de este término el informe dando cumplimiento de la sentencia, tomar la presente pretensión como el trámite de incumplimiento previo a la posible apertura del incidente de desacato, vencido el term ino de tiempo dado sin

1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación índice SAMAI, archivo 2, folios 2 a 26.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: municipio de Bucaramanga Radicado: 680013333002-2023-00202-01

26.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: municipio de Bucaramanga Radicado: 680013333002-2023-00202-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

cumplir las órdenes de hacer, iniciar de oficio como juez Constitucional el incidente de desacato, como expedir y trasladar con destino a la Fiscalía General de la Nación las piezas procesales idóneas para que se inicie el trámite po r un

posible FRAUDE A RESOLUCIÓN JUDICIAL.

6-Que mediante sentencia al accederse a las pretensiones de la demanda total o parcialmente, el operador judicial de un término prudencial no mayor a quince (15) días calendarios al que corresponda, para que con stituya una POLIZA DE CUMPLIMIENTO por el valor de $100.000.000,oo (Cien millones de pesos), suma de dinero concordante y proporcional de acuerdo al valor de las obras a realizarcen por concepto de demolición, construcción y recuperación-restitución del medio ambiente, para garantizar las obras dandoceleridad a ello y evitando un eventual INCIDENTE DE DESACATO, al observarse en centenares de sentencias de acciones populares que el accionado o responsable de las obras civiles no cumplen por lo general dentro del término dado y pasan años y años sin que cumplan, esperando el inicio y tramite de un posible incidente de desacato que dura en promedio uno (01) a (02) dos años después el Fallo, donde finalmente el despacho judicial desestima el desacato y no plica ninguna sanción

sin que cumplan, esperando el inicio y tramite de un posible incidente de desacato que dura en promedio uno (01) a (02) dos años después el Fallo, donde finalmente el despacho judicial desestima el desacato y no plica ninguna sanción por el incumplimiento. (Artículo 42 de la Ley No.472 de 1998 y demás normas concordantes al ser la demanda de índole Constitucional)

7-Que el operador judicial al expedir la correspondiente sentencia de respuesta de forma individual a cad a una de los numerales de las pretensiones y no en bloque.

Esta solicitud es procedente y hasta necesaria, de acuerdo a la JURISPRUDENCIA DE UNIFICACIÓN expedida por el H. CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO publicada en el Boletín No.133 del 1 de noviembre de 2013; proceso de REVISION de la acción popular No.08001 -33-31-003-2007-00073-01 (AP), consejero ponente:

ENRIQUE GIL BOTERO; Actor:YURI ANTONIO LORA ESCORCIA, ddo:

Municipio de Sabanalarga – Atlántico; Bogotá, D. C. ocho (8) de octubre de dos mil trece (2013); se trascriben apartes de la jurisprudencia aludida: […]

8-Se condene en costas y agencias en derecho al demandado y demás gastos económicos que se deriven en el transcurso del proceso por remisión expresa del artículo 38 de la Ley No.472de 1998, el Código Civil artículos 1005 y 2360, a los artículos 361 y 365 del C.G.P., al artículo 188 del C.P.A.D.A, al numeral 5

del artículo 38 de la Ley No.472de 1998, el Código Civil artículos 1005 y 2360, a los artículos 361 y 365 del C.G.P., al artículo 188 del C.P.A.D.A, al numeral 5 del Acuerdo PSAA16 -10554 de agosto 5 de2016 del Consejo Superior de la Judicatura y la SENTENCIA DE UNIFIC ACIÓN expedida por el CONSEJO DE

ESTADO, SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SALA DE

DECISIÓN ESPECIAL No. 27, MAGISTRADA: ROCIO ARAÚJO OÑATE,

Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil diecinueve (2019), Referencia:

MECANISMO DE REVISIÓN EVENTUAL -ACCIÓN POPULAR, Radicación:

15001-33-33-007-2017-00036-01, Demandante: YESID FIGUEROA GARCIA, Demandado: MUNICIPIO DE TUNJA, Temas: Acción popular. Costas procesales. Agencias en derecho; se trascriben apartes.

[…]

9-Que se condene al Municipio de Buca ramanga o vinculados condenados dentro proceso, y a quien resulte responsable, al pago de la suma establecida en el artículo 1005 del Código Civil si es necesaria la demolición o enmendarse la construcción existente, adecuando con nuevas obras civiles deconstrucción a efecto de permitir el servicio, uso, goce, disfrute visual y libre transito a la comunidad en general, y demás sanciones establecidas en esta norma, sin perjuicio de que si se castiga el delito o la negligencia, con una pena pecuniaria, se adjudique al actor la mitad; se trascribe el aludido artículo: “Artículo 1005.

comunidad en general, y demás sanciones establecidas en esta norma, sin perjuicio de que si se castiga el delito o la negligencia, con una pena pecuniaria, se adjudique al actor la mitad; se trascribe el aludido artículo: “Artículo 1005. Acciones populares o municipales 22/25. La municipalidad y cualquiera persona del pueblo tendrá en favor de los caminos, plazas u otros lugares de uso público, y para la seguridad de los que transitan por ellos, los derechos concedidos a los dueños de heredades o edificios privados. Y siempre que a consecuencia de una acción popular haya de demolerse o enmendarse una construcción, o de resarcirse un daño sufrido, se recompensará al actor, a costas del querellado,Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: municipio de Bucaramanga Radicado: 680013333002-2023-00202-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

con una suma que no baje de la décima, ni exceda de la tercera parte de lo que cueste la demolición o enmienda, o el resarcimiento del daño; sin perjuicio de que si se castiga el delito o negligencia con una pena pecuniaria, se adjudique al actor la mitad» (Sic en todo el texto)

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:

1. El propietario del lote ubicado en la carrera 23 núm. 40-06 del municipio de

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:

1. El propietario del lote ubicado en la carrera 23 núm. 40-06 del municipio de Bucaramanga se apropia de manera irregular de una porción del espacio público, la cual destina a su uso exclusivo. En ese sentido , extiende el cerramiento del predio más allá de l a línea de paramento oficial y ocupa aproximadamente la mitad del ancho del andén. El cerramiento, elaborado en material metálico y construido en todo el frente del inmueble —desde el lindero norte hasta el lindero sur—, incorpora de forma indebida parte d el andén al área privada del lote. Esta actuación incrementa de manera irregular el área total del predio y causa un daño irremediable al espacio público.

1. Consecuencia de lo anterior, se vulneran los derechos e intereses colectivos del goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, la defensa del patrimonio público y la realización de las construcciones edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, dado que dicha franja de terreno corresponde a espacio público, en el que, además, se movilizan personas con movilidad reducida o discapacidades.

1. La situación antes descrita, vulnera los derechos colectivos, especialmente, de la población en situación de discapacidad visual, física, niños, mamás con coches de bebés, adultos mayores y peatones en general. Aunado a lo anterior, supone la violación a la normativa medioambiental como el Plan de

especialmente, de la población en situación de discapacidad visual, física, niños, mamás con coches de bebés, adultos mayores y peatones en general. Aunado a lo anterior, supone la violación a la normativa medioambiental como el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio, la Ley 361 de 1997, el Decreto Reglamentario 1538 de 2005, la Ley Estatutaria 1618 de 2013, la Ley 1752 de 2015 y las Normas Técnicas Colombianas ICONTEC, todas estas relacionadas con la protección del medio ambiente.

1. Finalmente, el municipio de Bucaramanga no ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 63, 78, 79, 80 y 102 de la Constitución Política. Además, no se ha llevado a cabo la construcción del perfil vial necesario en la propiedad para permitir la creación de la nueva línea de límite oficial.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Municipio de Bucaramanga2

Por conducto de apoderad a la mencionada entidad allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos: «improcedencia de la acción popular por la no vulneración de derechos colectivos e inexiste ncia de responsabilidad del municipio de Bucaramanga», « falta de

2 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 18 índice SAMAI, archivo 22.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: municipio de Bucaramanga Radicado: 680013333002-2023-00202-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado

Demandado: municipio de Bucaramanga Radicado: 680013333002-2023-00202-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

legitimación en la causa por pasiva por no estar a cargo la protección especifica de los derechos colectivos invocados a cargo de la secretaría de planeación según su manual de funciones», «agotamiento de la jurisdicción» además, la parte demandada se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. El juez de la acción popular solo puede ordenar medidas si los hechos alegados muestran una amenaza o vulneración efectiva de derechos colectivos.

En este caso, no se acreditó tal afectación ni se demostró que el municipio de Bucaramanga haya incurrido en acción u omisión que comprometa esos derechos.

1. Por su parte, una vez verificado los artículos 164 a 269 del Acuerdo 011 de 2014, esto es, el Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga, norma que regula los andenes, antejardines, rampas vehiculares y cerramientos , se encuentra que dichas normas est ablecen las dimensiones, continuidad, materiales, accesibilidad y parámetros técnicos que deben respetar los particulares en las construcciones. De dichas normas se infiere que las adecuaciones irregulares de un inmueble son imputables a su propietario, no a la entidad territorial de la que hacen parte.

1. Adicionalmente, en el caso concreto se observa una falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio de Bucaramanga, comoquiera que según el

entidad territorial de la que hacen parte.

1. Adicionalmente, en el caso concreto se observa una falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio de Bucaramanga, comoquiera que según el Manual de Funciones de la Alcaldía (Decretos 0122 d e 2016 y 066 de 2018) , la Secretaría de Planeación Municipal solo tiene funciones de planeación, seguimiento y control urbanístico posterior, pero no posee competencia sancionatoria ni de investigación sobre infracciones urbanísticas. Su labor se limita a vigilar el cumplimiento del POT y de las licencias de construcción, razón por la cual el municipio de Bucaramanga carece de responsabilidad directa frente a los hechos demandados. De cualquier manera, en caso de presentarse una intervención irregular del espacio público —como la ampliación o alteración de un andén o antejardín — corresponde al propietario del predio asumir su responsabilidad, no a la administración municipal.

1. Finalmente, De acuerdo con la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 11 de septiembre de 2012, rad icado 41001-33-31-004-2009-0003001, magistrada ponente: Susana Buitrago Valencia, se dispuso que cuando existen acciones populares con iguales hechos, causa petendi y partes, opera la figura del agotamiento de jurisdicción, razón por la cual se impide tramitar un nuevo proceso sobre este asunto. En el sub lite en el proceso radicado 680013331004200800144 adelantado en el Juzgado Cuarto Administrativo de Bucaramanga, el 26 de marzo de 2010, se resolvió una acción popular con hechos similares sobre el estado de los andenes del municipio de Bucaramanga.

680013331004200800144 adelantado en el Juzgado Cuarto Administrativo de Bucaramanga, el 26 de marzo de 2010, se resolvió una acción popular con hechos similares sobre el estado de los andenes del municipio de Bucaramanga. Asimismo, en demanda radicado 68001333300220230021600 se resolvió el trámite mediante el cual se alegaron ir regularidades en una rampa vehicular ubicada en la Calle 49 núm. 35A -17. En consecuencia, debe rechazarse el presente proceso por agotamiento de jurisdicción, al referirse a iguales supuestos fácticos y jurídicos relacionados en los procesos en mención.

1.2.2. Marko Quito DolorProtección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: municipio de Bucaramanga Radicado: 680013333002-2023-00202-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

El vinculado, pese a que fue notificado el 24 de enero de 2025 3 guardo silencio frente a la demanda.

1.2.3. Georgina Vesga Entralgo4

Por conducto de apoderad o la vinculada allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos: «primacía de los derechos fundamentales sobre los derechos colectivos», « inexistencia de pruebas que acrediten vulneración a derechos colectivos por parte de los propietarios», «buena fe», además, la vinculada se opuso a la totalidad de las pretensiones de

fundamentales sobre los derechos colectivos», « inexistencia de pruebas que acrediten vulneración a derechos colectivos por parte de los propietarios», «buena fe», además, la vinculada se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. Los derechos fundamentales, como el derecho a la seguridad y a un ambiente sano, deben prevalecer sobre los colectivos. En el caso concreto, los

vecinos de la carrera 23 entre calles 39 y 40 instalaron una reja metálica para protegerse de problemas de inseguridad, insalubridad y ocupación del lote por habitantes de la calle, situación que afectaba directamente sus derechos fundamentales, razón por la cual la medida adoptada busca preservar su vida digna, salud y entorno seguro.

1. La Constitución Política exige una interpretación integral de los principios y derechos —individuales y colectivos—, motivo por el cual el juez debe ponderar cuál interés merece mayor protección. En este caso, la defensa del ambiente sano y la seguridad de los residentes justifican la permanencia de la reja, que refleja la voluntad de la comunidad.

1. Por otro lado, el demandante no acreditó que la reja metálica afecte el espacio público ni obstaculice el tránsito peatonal. Por el contrario, según el Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga , esto es, el Acuerdo 011 de 2014, en sus artículos 164, 165, y 253 a 269, la estructura cumple con el requisito de retroceso de un metro y respeta la franja peatonal. En consecuencia, no existe fundamento para afirmar que los propietarios hayan vulnerado derechos colectivos urbanísticos.

retroceso de un metro y respeta la franja peatonal. En consecuencia, no existe fundamento para afirmar que los propietarios hayan vulnerado derechos colectivos urbanísticos.

1. Finalmente, los propietarios del predio actuaron de manera concertada con la comunidad y en defensa del bienestar general. Su conducta se basó en el principio de buena fe, con la finalidad de r esolver problemas de seguridad y salubridad, no en beneficio individual.

1.2.4. Carmenza Naranjo Trujillo5

La vinculada contestó el medio de control, para lo cual insistió en cada uno de los argumentos propuestos en la contestación radicada por la señora Georgina Vesga Entralgo.

1.2.5. German Torres Prieto6

3 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 80 índice SAMAI, folios 17. 4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 66 índice SAMAI, folios 1 a 8. 5 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 93 índice SAMAI. 6 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 85 índice SAMAI.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: municipio de Bucaramanga Radicado: 680013333002-2023-00202-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

El vinculado contestó el medio de control, para lo cual insistió en cada uno de los argumentos propuestos en la contestación radicada por la s señoras Georgina Vesga Entralgo y Carmenza Naranjo Trujillo.

El vinculado contestó el medio de control, para lo cual insistió en cada uno de los argumentos propuestos en la contestación radicada por la s señoras Georgina Vesga Entralgo y Carmenza Naranjo Trujillo.

1.2.6. Álix Pinilla Vásquez7

Por conducto de apoderad o la vinculada allegó memorial de contestación en el cual propuso iguales argumentos a los planteados por la señora Georgina Vesga Entralgo en su escrito de contestación.

1.3. La sentencia apelada8

El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante sentencia del 31 de marzo de 2025, resolvió:

«PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, con base en lo argumentado anteriormente.

SEGUNDO: Envíese copia de la sentencia por medio digital a la Defensoría Pública, para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 80 de la Ley 472 de

1998. […]».

En lo correspondiente al fondo del asunto , el a quo sustentó la decisión en los siguientes argumentos:

1. Revisado el material probatorio se puede concluir que, el a ccionante no

logró acreditar que el cerramiento del predio ubicado entre la carrera 23 entre calle 39 y 40 del barrio Bolívar, ocupe el espacio público y , por el contrario, los informes técnicos que reposan en el expediente no cuentan con los requisitos para que sean valorados como pruebas.

1. En ese orden de ideas, es necesario hacer mención al contenido del artículo 30 de la ley 472 de 1998 que consagra que « la carga de la prueba corresponderá al demandante. Sin embargo, si por razones de orden económico

1. En ese orden de ideas, es necesario hacer mención al contenido del artículo 30 de la ley 472 de 1998 que consagra que « la carga de la prueba corresponderá al demandante. Sin embargo, si por razones de orden económico o técnico, si dicha carga no pudiere ser cumplida, el juez impartirá las órdenes necesarias para suplir la deficiencia y obtener los elementos probatorios indispensables para proferir un fallo de mérito, solicitando dichos experticios probatorios a la entida d pública cuyo objeto esté referido al tema materia de debate y con cargo a ella […]»

1. Al respecto, el Consejo de Estado9 ha señalado que:

«la Sala considera importante anotar, que la acción popular no está diseñada para acudir a ella ante cualquier violación de la ley, irregularidad o disfunción que se presente ya sea en el ámbito público o privado. Por el contrario, como se indicó al inicio de estas consideraciones, la acción popular tiene un papel preventivo y/o remedial de protección de derechos e intereses colectivos, cuando quiera que éstos se ven amenazados o están siendo vulnerados, pero en uno y otro evento, tanto la amenaza como la v ulneración, según el caso, deben ser reales y no hipotéticas, directas, inminentes, concretas y actuales, de manera tal que en realidad se perciba la potencialidad de violación del derecho

7 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 86 índice SAMAI. 8 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 86 índice SAMAI. 9 Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente AP-1499 de 2005Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia

Demandante: Jaime Orlando Martínez García

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente AP-1499 de 2005Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: municipio de Bucaramanga Radicado: 680013333002-2023-00202-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

colectivo o la verificación del mismo, aspectos todos que deben ser debidamente demostrados por el actor popular, quien conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 472 de 1998, tiene la carga de la prueba. Dado que los actores no demostraron de ninguna manera el supuesto hecho que generaba la violación de los derechos colectivos […] confirmará la Sala la sentencia proferida por el tribunal de instancia […]»

1. Por otro lado , la ausencia inicial de identificación precisa del predio no constituye un obstáculo para la validez del proceso, toda vez que la norma permite corregir errores formales en el curso del trámite. En este caso, la ubicación del inmueble quedó debidamente acreditada medi ante documentos oficiales, tales como, la licencia de construcción expedida por la autoridad competente y fue corroborada con testimonios que confirman su identificación. Por tanto, el defecto inicial fue subsanado sin afectar el derecho de defensa ni el debido proceso, razón por la cual se garantizó la transparencia y eficacia del procedimiento judicial.

1. En cuanto al fondo del asunto, no se demostró la vulneración de derechos colectivos alegados en la demanda. Las pruebas aportadas resultan insuficientes

por la cual se garantizó la transparencia y eficacia del procedimiento judicial.

1. En cuanto al fondo del asunto, no se demostró la vulneración de derechos colectivos alegados en la demanda. Las pruebas aportadas resultan insuficientes para acreditar una afectación real al espacio público, co nforme lo advirtió la Inspección de Policía Tercera de Bucaramanga, al evidenciar la falta de individualización del predio y de sus propietarios. Además, la instalación de la reja metálica respondió a un interés comunitario orientado a preservar la seguridad y la salubridad del sector ante problemas de invasión y consumo de sustancias ilícitas. En consecuencia, al no probarse la acción u omisión imputada a los demandados y en concordancia con los artículos 167 del CGP y 30 de la Ley 472 de 1998, se deben negar las pretensiones de la demanda.

1.4. El recurso de apelación

1.4.1. Parte demandante10

El demandante, en el recurso interpuesto solicitó revocar la sentencia de primera instancia conforme a los siguientes argumentos:

1. El a quo desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto a la protección reforzada de la que goza la población con discapacidad, dado que en el presente asunto, al verificar las fotografías del i nforme técnico del 30 de junio de 2023, resulta claro que la reja metálica se constituye en una barrera arquitectónica instalada sobre las losetas texturizadas del andén de manera que supone la vulneración del derecho al acceso del espacio público de las personas con discapacidad.

1. En los dos informes técnicos aportados expedidos por el municipio de

arquitectónica instalada sobre las losetas texturizadas del andén de manera que supone la vulneración del derecho al acceso del espacio público de las personas con discapacidad.

1. En los dos informes técnicos aportados expedidos por el municipio de Bucaramanga se encuentra acreditado que la reja metálica invade el espacio público dado que se encuentra por fuera de la línea de paramento oficial. En el informe técnico del 30 de junio de 2023 se aduce que hay una invasión del espacio público del 38.41 metros cuadrados.

1. De igual forma, el a quo omitió valorar que la Curaduría Urbana Segunda de Bucaramanga, en la licencia de construcción núm. 68001-2-19-0093 expedida el 29 de marzo de 2019, orden ó al propietario del bien,