TA SAN - Sentencia 680013333002-2024-00086-01 (19-06-2025)

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

EXPEDIENTE: 680013333002-2024-00086-01

MEDIO DE CONTROL: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES

COLECTIVOS

DEMANDANTE: JAIME ORLANDO MARTÍNEZ GARCÍA

derechoshumanosycolectivos@gmail.com derechoshumanosycolectivos@hotmail.com

DEMANDADO: MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

notificaciones@floridablanca.gov.co catalinagomezgarcia@hotmail.com catalinagomezgarcia1@gmail.com

UNIDAD RESIDENCIAL BONAPARTE P.H.

bonapartecomunicaciones@gmail.com celimsantos_22@hotmail.com

MINISTERIO PÚBLICO: EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR

eavillamizar@procuraduria.gov.co

SENTENCIA No.: 031

TEMA: FALTA DE ADECUADA INFRAESTRUCTURA QUE

GARANTICE ACCESO Y SALIDA PISCINA CONJUNTO

RESIDENCIAL BONAPARTE P.H. A LAS PERSONAS EN

SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD Y PERSONAS

MAYORES

MAGISTRADA PONENTE: CAROLINA ARIAS FERREIRA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha 19 de febrero de 2025, proferida por el Juzgado Segundo

MAGISTRADA PONENTE: CAROLINA ARIAS FERREIRA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha 19 de febrero de 2025, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, que denegó las súplicas de la demanda, previa la siguiente reseña:

1. ANTECEDENTESProtección de los derechos e intereses colectivos

Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: Municipio de Floridablanca y otra Radicado: 680013333002-2024-00086-01

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1.1. La demanda

1.1.1. Hechos1

El actor popular señaló que, la piscina del inmueble ubicado en la calle 5 No. 2 -51 de Floridablanca, Unidad Residencial Bonaparte P.H. el «vaso» y/o piscina no cuenta con rampa de acceso, o en su defecto, con algún sistema moderno eléctrico mecánico o sim ilar para permitir el acceso y salida de las personas sin mayor esfuerzo y seguridad.

De la misma manera, sostuvo que, no se le han realizado las obras arquitectónicas, mecánicas, eléctricas, de infraestructura para que, las personas en situación de discapacidad motriz, física, tanto temporal como permanente, puedan disfrutar en igualdad de condiciones el interior de la piscina, técnicamente llamada «vaso».

Lo anterior, por cuanto la Ley 361 de 1997 en su artículo 52 emitió una orden clara, expresa y exigible de realizar toda clase de adecuaciones para restituir a las

igualdad de condiciones el interior de la piscina, técnicamente llamada «vaso».

Lo anterior, por cuanto la Ley 361 de 1997 en su artículo 52 emitió una orden clara, expresa y exigible de realizar toda clase de adecuaciones para restituir a las personas en situación de discapacidad, motriz, física, tanto temporal como permanente sus derechos constitucionales, sus derechos colectivos.

Igualmente, aseguró que las normas Decreto No. 1538 del 17 de mayo de 2005, Ley 1618 del 27 de febrero de 2013 y Ley 1346 de 2009, no han sido cumplidos por parte de las demandadas, lo cual constituye una vulneración a los principios de progresividad e igualdad para las personas en situación de discapacidad motriz, física tengan las mismas garantías y autonomía para hacer uso y disfrute del interior del «vaso» de la piscina.

1.1.2. Las pretensiones2

Con la demanda se pretende lo siguiente:

1 Expediente digital SAMAI, índice 00003, Primera instancia expediente digital SAMAI 00001. 2 Expediente digital SAMAI, índice 00003, Primera instancia expediente digital SAMAI 00001.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: Municipio de Floridablanca y otra Radicado: 680013333002-2024-00086-01

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«1-Se decrete mediante sentencia que tanto el ente territorial, los propietarios de la piscina o el que corresponda, tiene de forma individual o en conjunto responsabilidad en los hechos de la demanda, se encuentran vulner ando los

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«1-Se decrete mediante sentencia que tanto el ente territorial, los propietarios de la piscina o el que corresponda, tiene de forma individual o en conjunto responsabilidad en los hechos de la demanda, se encuentran vulner ando los derechos colectivos de las personas en situación de discapacidad motriz, física (Con sillas de rueda y otros accesorios, aparatos, sistemas ortopédicos) al estar probado que al interior de la piscina (Técnicamente llamado “VASO”), inmersas en las leyes y normas a las personas adultas, la piscina -vaso no permite que sea disfrutada por estas personas, no posee rampa peatonal con pasamanos para su acceso y para su salida, no posee algún sistema moderno eléctrico -mecánico, no tiene escaleras de acceso en concreto, no posee ningún sistema idóneo o similar para permitir su acceso como para su salida de manera digna cumpliendo los principios Constitucionales a la IGUALDAD, PROGRESIVIDAD y AUTONOMÍA.

2-Se ordene mediante sentencia tanto al ente territorial o los propietarios de la piscina-vaso o al que corresponda, que en término no mayor a un (01) meses, se realicen todas las obras civiles idóneas para la restitución de los derechos colectivos vulnerados de las personas en situación de discapacidad motriz, física (Con sillas de rueda y otros accesorios, aparatos, sistemas ortopédicos), inmersas en las leyes y normas a las personas adultas, adecuando, instalando, construyendo los mecanismos técnicos, arquitectónicos para permitir el acceso y salida de estas personas en condiciones dignas para restituirles y facilitarles el uso

en las leyes y normas a las personas adultas, adecuando, instalando, construyendo los mecanismos técnicos, arquitectónicos para permitir el acceso y salida de estas personas en condiciones dignas para restituirles y facilitarles el uso y disfrute de la piscina-vaso, restituyéndoles sus derechos a la RECREACIÓN, al ESPARCIMIENTO de forma individual autónoma o en familia, cumpliendo la Ley No.361 de 1997, el Decreto Nac ional No.1538 de 2005, Ley No.1209 de julio 14 de 2008, Ley No.1346 de 2009, las Normas Técnicas Colombianas, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”, adoptada en Washington el 15 de junio de 2015 y demás normas concordantes.

3-Que mediante sentencia al accederse a las pretensiones de la demanda, el operador judicial dé un término prudencial no mayor a dos (02) mes al que corresponda, para que rinda informe escrito al despacho judicial manifestando el cumplimiento de la sentencia al terminar las obras, de no haberse presentado al final de este término el informe dando cumplimiento de la sentencia, tomar la presente pretensión como el trámite de incumplimiento previo a la posible apertura del incident e de desacato, vencido el termino de tiempo dado sin cumplir las órdenes de hacer iniciar de oficio como juez Constitucional el incidente deProtección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: Municipio de Floridablanca y otra Radicado: 680013333002-2024-00086-01

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desacato, también expedir y trasladar con destino a la Fiscalía General de la Nación las piezas procesales idóneas para que se inicie el trámite por un posible

FRAUDE A RESOLUCIÓN JUDICIAL.

4-Que mediante sentencia al accederse a las pretensiones de la demanda total o parcialmente, el operador judicial de un término prudencial no mayor a quince (15) días calendarios al que corresponda, para que constituya una POLIZA DE CUMPLIMIENTO por el valor de $15.000.000,oo(Quince millones de pesos), suma de dinero concordante y proporcional de acuerdo al valor de las obras a realizarcen (sic) por concepto de posible demolición, construcción, adecuación, de la piscinavaso, póliza para garantizar la efectiva realización de las obras dentro del término de tiempo dado y evitando un eventual INCIDENTE DE DESACATO, petición anterior al observarse que en centenares sentencias de acciones populares que el accionado o responsable de las obras civiles no cumplen por lo general dentro del término dado y pasan años y años sin que cumplan, esperando el inicio y tramite de un posible incidente de desacato que dura en promedio uno (01) a (02) dos años o más años después del Fallo, donde finalmente el despacho judicial desestima el desacato y no plica ninguna sanción por el incumplimiento. (Artículo 42 de la Ley No.472 de 1998 y demás normas concordantes al ser la demanda de índole Constitucional).

desestima el desacato y no plica ninguna sanción por el incumplimiento. (Artículo 42 de la Ley No.472 de 1998 y demás normas concordantes al ser la demanda de índole Constitucional).

5-Que el operador judicial al expedir la correspondiente sentencia de respuesta de forma individual a cada una de los numerales de las pretensiones y no en bloque.

Esta solicitud es procedente y hasta necesaria, de acuerdo a la JURISPRUDENCIA DE UNIFICACIÓN expedida por el H. CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO publicada en el Boletín No.133 del 1 de noviembre de 2013; proceso de REVISION de la acción popular No.08001-33-31-003-2007-00073-01 (AP), consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO; Actor: YURI ANTONIO LORA ESCORCIA, ddo: Municipio de Sabanalarga – Atlántico; Bogotá, D.C. ocho (8) de octubre de dos mil trece (2013); […]

6-Se condene en costas y agencias en derecho al demandado y/o vinculados y demás gastos económicos que se deriven en el transcurso del proceso por remisión expresa del artículo 38 de la Ley No.472de 1998, el Código Civil artículos 1005 y 2360, a los artículos 361, 365, 366 del C.G.P., al artículo 188 del C.P.A.D.A,Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: Municipio de Floridablanca y otra Radicado: 680013333002-2024-00086-01

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al numeral 5 del Acuerdo PSAA16 -10554 de agosto 5 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura y la SENTENCIA DE UNIFI CACIÓN expedida por el

CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO, SALA DE DECISIÓN ESPECIAL No. 27, MAGISTRADA:

ROCIO ARAÚJO OÑATE, Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil diecinueve

(2019), Referencia: MECANISMO DE REVISIÓN EVENTUA L-ACCIÓN

POPULAR, Radicación: 15001 -33-33007-2017-00036-01, Demandante: YESID FIGUEROA GARCIA, Demandado: MUNICIPIO DE TUNJA, Temas: Acción popular. Costas procesales. Agencias en derecho; se trascriben apartes.»

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. La parte demandada, Municipio de Floridablanca 3, se opuso a las pretensiones de la demanda, toda vez que, los hechos de la demanda recaen en cabeza de los propietarios de la piscina, esto es el Conjunto Residencial Bonaparte, al tratarse de una propiedad privada, y en ese sentido, el municipio de Floridablanca no tiene competencia para obras arquitectónicas, mecánicas, eléctricas, de infraestructura, esto considerando que, en cabeza del ente territorial recaen aquellas funciones de vigilancia y control, especialmente aquellas contempladas en

no tiene competencia para obras arquitectónicas, mecánicas, eléctricas, de infraestructura, esto considerando que, en cabeza del ente territorial recaen aquellas funciones de vigilancia y control, especialmente aquellas contempladas en la Ley 1209 de 2008 y en el Decreto 554 de 2015.

Igualmente, señaló que, lo argumentado por la parte actora no constituyen vulneración de derechos colectivos que justifiquen una acción popular contra la administración, porque en el caso concreto no se trata de una instalación que se encuentre abierta al público, sino que se trata de instalaciones de propiedad privada y que es de uso exclusivo de los propietarios de la propiedad horizontal. Por ende, expresó que, es el propietario de la propiedad horizontal el encargado de atender en un eventual caso las pretensiones.

Por lo anterior, reafirmó que este ente territorial no tiene la obligación legal de exigir a los propietarios de los propietarios diferentes conjunt os residenciales la intervención a la infraestructura de las piscinas de uso restringido como lo son las ubicadas en una propiedad horizontal, toda vez que, esa decisión depende del

3 Expediente digital SAMAI, índice 00003, Primera instancia expediente digital SAMAI 00012.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: Municipio de Floridablanca y otra Radicado: 680013333002-2024-00086-01

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propietario o copropietarios exclusivamente, sin inferir en ello la responsabilidad del municipio cuyo limite son la Ley 1209 de 2008 y el Decreto 554 de 2015.

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propietario o copropietarios exclusivamente, sin inferir en ello la responsabilidad del municipio cuyo limite son la Ley 1209 de 2008 y el Decreto 554 de 2015.

Finalmente, propuso las siguientes excepciones: «Falta de jurisdicción», «Falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio de Floridablanca», «Falta de agotamiento del requisito de procedibilidad», «Inepta demanda por inexistencia de vulneración a los derechos e intereses colectivos», «Falta de indicación el derecho o interés colectivo presuntamente vulnerado», «indebida escogencia del medio de control» y «genérica innominada».

1.2.2 La parte demandada, Bonaparte Unidad Residencial P.H4, contestó la demanda a través de la representante legal, y se opuso a todas las pretensiones de la demanda, toda vez que, ha realizado las adecuaciones necesarias para el fácil acceso y salida del «vaso», por lo que es un hecho superado respecto de la primera pretensión.

Agregó que, el principio de progresividad no se ha vulnerado, pues en las remodelaciones realizadas a la piscina, han sido en pro del fácil acceso contando con barandas de apoyo y escaleras internas dentro de la piscina «vaso» que permite acceso y salida sin mayor esfuerzo dentro de la zona húmeda.

Igualmente, sostuvo que, no se están vulnerando los derechos constitucionales a la igualdad por falta de infraestructura, pues en el censo realizado en la unidad residencial no se encontraron personas con las siguientes condiciones:

«4-1-Personas diagnosticadas con paraplejia, incluidos niños, niñas, adolescentes, adultos mayores.

residencial no se encontraron personas con las siguientes condiciones:

«4-1-Personas diagnosticadas con paraplejia, incluidos niños, niñas, adolescentes, adultos mayores.

4-2-Personas diagnosticadas con cuadriplejia, incluidos niños, niñas, adolescentes, adultos mayores.

4-3-Personas que les puede faltar una pierna, incluidos niños, niñas, adolescentes, adultos mayores.

4 Expediente digital SAMAI, índice 00003, Primera instancia expediente digital SAMAI 00014.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: Municipio de Floridablanca y otra Radicado: 680013333002-2024-00086-01

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4-4-Personas que les pueden faltar las dos piernas, incluidos niños, niñas, adolescentes, adultos mayores

4-5-Personas adultos mayores solamente por su edad.

4-6-Personas en tra tamiento de fisioterapia en casa, incluidos niños, niñas, adolescentes, adultos mayores.

4-7-Personas adultos mayores; obsérvese que dentro del derecho de petición se indica que los adultos mayores tampoco en el sitio de los hechos tienen las medidas efectivas, reales y dignas para las personas puedan ingresar fácilmente y puedan salir fácilmente.»

Destacó que, de conformidad con el manual de convivencia y reglamento interno de la unidad residencial, el uso y goce de la piscina corresponde exclusivamente a los propietarios y/o arrendatarios residentes, es decir, que no se están vulnerando los derechos constitucionales de la población «actual» del edificio.

de la unidad residencial, el uso y goce de la piscina corresponde exclusivamente a los propietarios y/o arrendatarios residentes, es decir, que no se están vulnerando los derechos constitucionales de la población «actual» del edificio.

Finalmente, concluyó que, la piscina de la unidad residencial no es técnicamente pública, pues obedece a un uso colectivo por parte de los propietarios y/o tenedores de esta, y por tanto le aplica los dispuesto en la Ley 1209 de 2008, misma norma que se cumple a cabalidad en sus aspectos técnicos y normativos que dispone sobre la seguridad que debe tener el área de la piscina para hacer el uso y goce de manera integral.

Propuso las siguientes excepciones: « Inexistencia de la vulneración a derechos colectivos», y, «el objeto que sustenta la acción de(sic) popular es un hecho superado».

1.3. La sentencia apelada5

El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga , denegó las pretensiones de la demanda. En la parte resolutiva de la sentencia se dispuso, lo siguiente:

5 Expediente digital SAMAI, índice 00003, Primera instancia expediente digital SAMAI 00059.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: Municipio de Floridablanca y otra Radicado: 680013333002-2024-00086-01

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«Primero: DENEGAR las pretensiones incoadas en la presente demanda, por las razones expuestas en precedencia.

Segundo: Sin condena en costas.

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«Primero: DENEGAR las pretensiones incoadas en la presente demanda, por las razones expuestas en precedencia.

Segundo: Sin condena en costas.

Tercero: Contra el presente fallo procede el recurso de apelación en la forma establecida en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998.

Cuarto: En firme la providencia , archívese el expediente cancelándose el radicado.».

Sostuvo el a quo que, de conformidad con el material probatorio obrante en el expediente, en especial el informe técnico realizado por la Oficina de Gestión Ambiental y Mitigación del Riesgo 6, se encuentra que la piscina de la unidad residencial cumple con la norma nacional o local que regulan las piscinas.

De la misma manera, del estudio normativo de la Ley 1209 de 2008, Decreto 2171 de 2009, Resolución 1618 de 2010, Resolución No. 1509 de 2011, Resolución 1510 de 2011 y Resolución No. 4113 de 2012, concluyó que, no existe normas que establezcan la orden de construir vasos en las piscinas como lo pretende el actor, y en ese sentido, los particulares dueños de la propiedad horizontal no tienen la obligación de realizar dicha construcción, como tampoco la entidad pública podía la construcción de estructuras que no están establecidas en las normas.

Respecto, a la aplicación a la Ley 1346 de 2009 «Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad"», adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, el juez

la "Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad"», adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, el juez de primera instancia sostuvo que, no establece en específico el tema de las piscinas, su vigencia es hacia futuro, es especifica en cuanto a los derechos fundamentales de las personas concreta. En razón a estos aspectos, consideró que no se podía realizar un control en abstracto ante posibles eventualidades donde una persona con limitaciones en un futuro utilice una piscina.

6 Expediente digital SAMAI, índice 00003, Primera instancia expediente digital SAMAI 00041.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: Municipio de Floridablanca y otra Radicado: 680013333002-2024-00086-01

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En cuanto a la aplicación del artículo 13 de la Constitución Política respecto de realizar obras tendientes a garantizar el acceso a las piscinas de las personas con movilidad reducida, el a quo señaló que la Sentencia SU132 del 13 de marzo 2013 de la Corte Constitucional estableció que la excepción de constitucionalidad se aplica es a un caso concreto y con efecto inter partes, y por consiguiente, el demandante no puede solicitar por medio de la aplicación de una norma constitucional a la comunidad en general, pues perdería la naturaleza de dicha figura jurídica.

Por lo anterior, el juez de primera instancia concluyó que no existe una norma que establezca esa obligación a los particulares o a los funcionarios del Estado y además que, es improcedente el análisis de la aplicación de la excepción de

figura jurídica.

Por lo anterior, el juez de primera instancia concluyó que no existe una norma que establezca esa obligación a los particulares o a los funcionarios del Estado y además que, es improcedente el análisis de la aplicación de la excepción de constitucionalidad y de control de convencionalidad de forma abstracta, ya que su aplicación se limita a casos concretos y por solicitud del interesado de forma directa.

1.4. El recurso de apelación

1.4.1. La parte demandante, Jaime Orlando Martínez García 7, en el recurso de apelación afirmó que, el objeto de la acción pública no es determinar si en el sitio de los hechos se cumplen o no las normas en las piscinas «hacía los bañistas», sino de la protección reforzada de que gozan las «personas en condición de discapacidad» temporal o permanente, tal como lo han hechos las Altas Cortes en sus pronunciamientos, por ejemplo la providencia de la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil., 15 de abril de 2010., M.P. Pedro Octavio Munar Cadena, radicado No. 11001-02-03-000-2010-00488-00.

Igualmente, dentro del recurso citó la jurisprudencia unificada proferida por el Consejo de Estado dentro del proceso de revisión en la acción popular No. 0800133-31-003-2007-00073-01 (AP), C.P. Dr. Enrique Gil Botero, en l a cual resaltó la responsabilidad de los jueces en el estudio de las acciones populares y los derechos de la población vulnerable por limitaciones físicas, mentales y/o sensoriales como sujetos de protección constitucional reforzada.

responsabilidad de los jueces en el estudio de las acciones populares y los derechos de la población vulnerable por limitaciones físicas, mentales y/o sensoriales como sujetos de protección constitucional reforzada.

7 Expediente digital SAMAI, índice 00003, Primera instancia, expediente digital SAMAI 00043.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: Municipio de Floridablanca y otra Radicado: 680013333002-2024-00086-01

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Respecto a la Ley 16 18 de 2013, sostuvo que la primera instancia no dio cumplimiento a la protección que allí consagra, para las «personas en situación de discapacidad o de capacidades disminuidas», pues, en dicha norma el legislador no hizo una lista especifica de las situaciones a evitar [barreras arquitectónicas], por el contrario, lo hizo de forma amplia y/o universal respecto de situaciones que no garantizan los principios de igualdad y autonomía. Lo anterior, está reiterado en la sentencia de tutela expediente No. T-4.375.942 de la Corte Constitucional.

Por otra parte, explicó que, de acuerdo con el informe técnico toda clase de edificación sin importar si es propiedad horizontal o no, deben cumplir con las leyes, decretos y demás normas concordantes que buscan garant izar los principios de igualdad y autonomía de las personas en situación de discapacidad tanto temporal como permanente tanto motriz, visual. Por ende, al no cumplirse en el sitio de los hechos con la finalidad de estas leyes sostiene que se encuentra plen amente acreditado la vulneración de los derechos colectivos, por lo tanto, solicita se

como permanente tanto motriz, visual. Por ende, al no cumplirse en el sitio de los hechos con la finalidad de estas leyes sostiene que se encuentra plen amente acreditado la vulneración de los derechos colectivos, por lo tanto, solicita se accedan a las pretensiones de la demanda.

En lo que tiene que ver con las consideraciones de la sentencia de primera instancia, manifestó que no comparte las conclusion es del a quo, dado que, «se aleja de la realidad de la vida», pues, existen diversas familias donde hacen parte personas con capacidades disminuidas bien sea por la edad, por enfermedad o por nacimiento, y por consiguiente, debe existir una inclusión socia l efectiva, la aplicación de los principios de igualdad y autonomía tanto para los que no padecen ninguna discapacidad como para las personas que padecen alguna discapacidad tanto temporal como permanente puedan disfrutar plenamente de todos los servicios sociales y comunes que oferta la propiedad horizontal. A modo de ilustración, incluyó imágenes en las cuales explicó la aplicación de rampas, escaleras, grúas, sillas o elevadores eléctricos u otros.

Por lo anterior, solicitó revocar la sentencia de pri mera instancia, y en su lugar, se accedan a las pretensiones propuestas en el escrito de la demanda.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: Municipio de Floridablanca y otra Radicado: 680013333002-2024-00086-01

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1.5. Trámite de segunda instancia

Por auto de fecha 28 de abril de 2025 se admitió el recurso de apelación8 interpuesto

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1.5. Trámite de segunda instancia

Por auto de fecha 28 de abril de 2025 se admitió el recurso de apelación8 interpuesto por la parte demandante – Jaime Orlando Martínez García, contra la sentencia de fecha 19 de febrero de 2025.

1.5.1 La parte demandante, Jaime Orlando Martínez García 9, reafirmó los argumentos expuestos en el recurso de alzada.

Agregó que, se vulneraron los principios de igualdad, autonomía y solidaridad al existir más de una barrera arquitectónica como lo son las dos (02) escaleras para poder ingresar a la zona húmeda donde se localiza la piscina y otros servicios sociales y comunales, implantados y construidos en un piso superior e independientes a los demás, hallazgos que no se deben desconocer, por ende, el Juez Constitucional al conocer estas barreras arquitectónicas que violan la Ley No. 361 de 1997, el Decreto No.1538 de 2005, la Ley No.1618 de 2013 y demás normas concordantes.

1.5.2. La parte demandada, Conjunto Residencial Bonaparte PH, no hizo uso de esta etapa procesal.

1.5.3. La parte demandada, Municipio de Floridablanca, no hizo uso de esta etapa procesal.

1.5.4. La representante del Ministerio Público, no emitió concepto en esta oportunidad procesal.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en

oportunidad procesal.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en

8 Expediente digital SAMAI, índice 00005. 9 Expediente digital SAMAI, índice 00010.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: Municipio de Floridablanca y otra Radicado: 680013333002-2024-00086-01

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primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial; razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2.2. De los límites de la apelación

Es de resaltar que en el presente caso apeló la parte demandante por lo que es necesario precisar que el ámbito de conocimiento del recurso de apelación interpuesto se limitará al estudio del contenido y alcance de la inconformidad planteada en el mismo.

2.3. Problema jurídico

La Sala procede a fijar el siguiente problema jurídico teniendo en cuenta el objeto de la apelación10, el cual consiste en establecer si:

P.J. ¿ Las entidades demandadas vulneraron los derechos colectivos invocados, con ocasión de la presunta omisión en efectuar las adecuaciones en la piscina ubicada en el Conjunto o Unidad Residencial BONAPARTE P.H., con el propósito de que cuente con elemento arq uitectónico o mecánico que permita el acceso seguro de las personas mayores o en situación de discapacidad?

en la piscina ubicada en el Conjunto o Unidad Residencial BONAPARTE P.H., con el propósito de que cuente con elemento arq uitectónico o mecánico que permita el acceso seguro de las personas mayores o en situación de discapacidad?

Con el propósito de resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala considera necesario referirse a los siguientes temas: (i) marco normativo, en el que se estudiará el régimen normativo y jurisprudencial con relación a la acción popular, de la protección de las personas mayores o en situación de discapacidad, de las piscinas no abiertas al público, y, (ii) se analizarán los hechos probados de cara a los planteamientos aquí señalados.

10 Artículo 328 del CGP.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: Municipio de Floridablanca y otra Radicado: 680013333002-2024-00086-01

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2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. De la acción popular

La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por la Ley 472 de 1998, tiene como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando estos resulten amenazados o vulnerados o siempre que exista peligro o agravio o un daño contingente, por la acción